ALONSO URRUTIA / P 2 Y

“LES INTERESA MÁS LA ESTÉTICA URBANA QUE LA GENTE” Organización denuncia prácticas de “limpieza social” en Tijuana

El ayuntamiento lleva a la fuerza a drogadictos y personas sin vivienda a centros de rehabilitación, asegura

ALONSO URRUTIA

Su foco de atención es uno de los barrios más violentos de Tijuana: Zona Norte. Ahí proliferan el turismo sexual y de drogas, antros, puntos de venta de narcóticos, adictos en la vía pública y asesinatos. En ese entorno, la organización Prevencasa despliega esfuerzos para atenuar los efectos de los excesos en el consumo de drogas y reducir, en lo posible, las enfermedades asociadas, ante la ausencia casi total de políticas públicas para enfrentar los devastadores efectos de la drogadicción.

“Es un contexto muy complejo. En Tijuana son comunes las prácticas municipales de ‘limpieza social’. Detienen a gente que vive en la calle, consuman o no drogas. La llevan forzadamente a centros de rehabilitación donde la recluyen tres o seis meses. Eso no sirve para nada, al contrario: la gente sale con mayores resentimientos y vuelve a la adicción o cae en ella. Parece que a ellos les interesa más la estética urbana que la gente”.

Habla Alfonso Chávez, responsable de una de las acciones más polémicas, pero necesarias de la organización: intercambio de jeringas. Es una medida controversial porque se le juzga como la fórmula que alienta el consumo de heroína, pero vital para evitar males asociados: la proliferación del VIH y la hepatitis C. Es inevitable, pues el consumo de esta sustancia provoca demasiada dependencia.

“Lo van a hacer con una jeringa nueva o con una que encuentren tirada en la calle. Nuestra idea es ofrecer insumos para que lo hagan de la forma más higiénica posible. Hay una lógica, porque si no, el problema de salud sería más grande”.

Prevencasa tiene casi 20 años de trabajar con personas al borde del abismo personal en Zona Norte, con paliativos para evitar, en lo posible, desenlaces letales. Al día, atienden entre 80 y 90 personas en condición de calle, deportados, trabajadores sexuales, adictos, casos graves “de gente que se está doblando” (sobredosis).

“Hemos tenido muchos decesos de personas no sólo por sobredosis, sino por falta de atención a la salud, como el tratamiento para tuberculosis. Estamos muy cerca de la frontera, es muy complejo y por otras acciones hay mucha violencia, muchos homicidios, se mezclan todos estos elementos. (...) Hay más factores de riesgo. (Por ejemplo) una mujer que usa sustancias inyectables y hace trabajo sexual. Esto hace que aumente su riesgo”.

En Tijuana, las instituciones públicas para atender la salud mental o las adicciones son casi inexistentes. En contraste, el Bando de Policía y Buen Gobierno abre la puerta a los abusos de autoridad por su capítulo de infracciones: “Transitar en cualquier medio por las vías públicas, aceras o ambulatorias de las plazas o parques públicos incurriendo en molestias a la ciudadanía”.

Y en su artículo 81 señala: “Permitir al encargado o responsable de la guarda o custodia de un enfermo mental que éste deambule libremente en lugares públicos o privados o que cause molestias a particulares”.

La disposición del gobierno complica las posibilidades de la organización para promover demandas y dar seguimiento legal a los excesos contra quienes son recluidos a la fuerza en los centros de rehabilitación.

Alfonso mismo ha enfrentado las ilegales redadas, por su aspecto físico, aunque sólo permaneció un par de horas antes de ser liberado por su pertenencia a la organización.

La “limpieza social” que denuncia ha sido más drástica con otros que terminaron en esos centros, presuntamente para el tratamiento de adicciones: “Nos han compartido muchas experiencias de abusos físicos, verbales, otros más densos, otros menos. Es muy grave, sumado a que no hay un tratamiento sustitutivo de opioides. Es

▲ Atención a personas con trastornos mentales. Foto Marco Peláez

muy peligroso, porque la gente, en lugar de que se le rehabilite o se le ayude a reintegrarse a la sociedad, como plantean estos centros, sale con muchos traumas. Es muy fácil volver al consumo”.

Ángela y Brandon: dos casos trágicos en Nuevo León

ALONSO URRUTIA

Sus vidas representan destinos encontrados que se asemejan por un pasado en común: su ingreso a un centro de rehabilitación para las adicciones y la salud mental. En febrero de 2020, internada para tratar su problema en el consumo de drogas, Ángela Saucedo encontró la muerte apenas unos días después de ingresar en un centro en Santa Catarina. En octubre de 2021, Brandon N concluyó el internamiento forzado para atender su adicción. Apenas salió, mató a toda su familia en San Pedro Garza García.

La muerte de Ángela Saucedo ha sido un caso emblemático de los abusos cometidos en los establecimientos contra las adicciones. Con 15 años cumplidos, ingresó en el Centro de Rehabilitación Jesús Salva, coordinado por dos pastores que le ayudarían a superar su problema de drogas, pero su paso por la institución sería efímero. Sólo 17 días después, sus padres serían notificados de que había fallecido por un presunto infarto agudo al miocardio.

La inverosímil versión se diluyó pronto para develar que en esos días había sido víctima de abuso sexual. Al paso del tiempo, en un largo proceso que aún no concluye, se involucró a uno de los pastores como presunto responsable de la muerte ocurrida en Santa Catarina, Nuevo León.

Apenas hace una semana se conoció otro episodio trágico asociado con estos centros: Brandon, quien había sido internado por su familia para superar su problema de adicciones, concluyó su estancia en una unidad de rehabilitación en San Pedro Garza García. Su resentimiento derivó en un desenlace mortal el mismo día que salió, 16 de octubre: al llegar a casa, mató a su esposa Mónica Campos (25 años), sus dos hijas, su madre (50 años) y a la pareja de ésta.

Directora General Carmen Lira Saade Director Fundador Carlos Payán Velver Gerente General Rosalva Aguilar González Asistente de la Dirección Guillermina Álvarez

COORDINACIONES

Información General Rosa Elvira Vargas Redacción Margarita Ramírez Mandujano Opinión Luis Hernández Navarro Arte y Diseño Francisco García Noriega Tecnología y Comunicaciones Arturo Espinosa Aldama La Jornada en línea Arturo García Hernández Publicidad Javier Loza Hernández

JEFATURAS

Economía Roberto González Amador Mundo Marcela Aldama Capital Miguel Ángel Velázquez Cultura Pablo Espinosa El Correo Ilustrado Socorro Valadez Morales

Publicación diaria editada por DEMOS Desarrollo de Medios, SA de CV Av. Cuauhtémoc 1236 Colonia Santa Cruz Atoyac Alcaldía Benito Juárez, CP 03310 Ciudad de México Teléfonos: 55-9183-0300 y 55-9183-0400 Fax: 55-9183-0356 y 55-9183-0354

INTERNET

http://www.jornada.com.mx comentarios@jornada.com.mx

IMPRESIÓN

Imprenta de Medios, SA de CV Cuitláhuac 3353 Colonia Ampliación Cosmopolita Azcapotzalco, CP 02670 Ciudad de México Teléfonos: 55-5355-6702 y 55-5355-7794 Fax: 55-5355-8573

DYCOME

Distribuidora y comercializadora de Medios SA de CV CENTRAL DE SUSCRIPCIONES

Cuitláhuac 3353 Colonia Ampliación Cosmopolita Azcapotzalco, CP 02670 Ciudad de México Teléfonos 55-5541-7701 y 55-5541-7002

Distribuido en Ciudad de México por la Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, AC, y en el interior de la República y el extranjero por DYCOME, teléfonos: 800-717-3904, 55-5541-7480 y 55-5547-3063

Licitud de título 2387 del 23/X/84 y de contenido 1616 del 8/I/85, otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación

Reserva al uso exclusivo del título La Jornada No. 04-1984000000000571-101, del 09/ XI/1984, otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor

Clínicas de adicciones: infi ernos privados

La Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) tiene registrados 266 centros privados de atención en todo el país, pero la realidad es que nadie sabe cuántas instituciones de este tipo existen. En la Ciudad de México, la Conadic reporta 24 clínicas, pero el gobierno capitalino asegura que existen 199; mientras que en Tamaulipas sólo hay una con registro oficial frente a los 50 enlistadas por las autoridades locales; es decir, que por cada centro con un mínimo de regulación podría haber medio centenar (o más) operando al borde de la clandestinidad.

La Jornada publica hoy un reportaje en el que se ofrece una mirada al infierno que viven quienes son internados en esos centros. En la mayoría de ellos, se realizan tratamientos carentes de cualquier sustento médico o científico, los cuales resultan contraproducentes y pueden equipararse a la tortura. Una vez que se ingresa, los internos son completamente incomunicados de sus familiares y de cualquier contacto exterior, y su estadía se convierte en un repertorio de violaciones a sus derechos humanos: maltratos, hacinamientos, golpes, humillaciones y violencia sexual son recurrentes allí.

Los testimonios recogidos por este diario coinciden en que la ausencia de políticas públicas y de supervisión gubernamental ha creado un terreno fértil para la proliferación de dichas “clínicas”: ante la falta de infraestructuras públicas, los familiares de personas aquejadas por alguna adicción o enfermedad mental se ven orillados a acudir a estos centros, donde son víctimas de engaños, manipulaciones y extorsiones. En muchos casos, puede hablarse incluso de secuestro, pues a los familiares se les niega verlos y se les impide retirarlos hasta que hayan pagado el tratamiento completo.

Sería erróneo suponer que esta situación afecta únicamente a los pacientes y su entorno inmediato. Por el contrario, se trata de una problemática con repercusiones en el conjunto de la sociedad: además de representar una incuantificable pérdida de talento y de capital humano, así como un incumplimiento en la garantía de derechos, la ausencia de opciones reales para el tratamiento de las adicciones alimenta el mercado de las sustancias ilícitas y deja a un número desconocido de personas a merced del crimen organizado. Esto es particularmente lamentable cuando se hacen esfuerzos oficiales para combatir el fenómeno criminal en sus causas y dejar atrás la estigmatización sobre los usuarios de drogas y quienes entran en la economía del narcotráfico movidos por la necesidad.

Para transitar de manera exitosa del paradigma policiaco en torno a las drogas a uno enfocado en la salud pública, es indispensable contar con instituciones, infraestructura y personal que atiendan a personas adictas en un ambiente de respeto a sus derechos humanos, con tratamientos fundados en las mejores prácticas médicas y sicológicas, y con métodos libres de cualquier forma de coerción. En tanto falten esas condiciones, los usuarios de estupefacientes y las personas de su entorno seguirán atrapadas entre las estructuras criminales y los no menos delictivos centros que lucran con la desesperación de quienes no saben cómo ayudar a sus seres queridos.

EL CORREO ILUSTRADO

A 63 años de la entrada de Fidel a La Habana

El primero de enero se cumplieron 63 años de la entrada de Fidel Castro a La Habana. El dictador Fulgencio Batista había huido a la República Dominicana el 31 de diciembre y las primeras columnas revolucionarias del ejército rebelde hicieron su entrada a la capital cubana al día siguiente.

Las fuerzas comandadas por Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos entraron el 2. Quien esto recuerda era el niño que en una radio de la época, en ese verano de la costa atlántica argentina, en la ciudad de Mar del Plata, escuchaba con ritmo caribeño: “Y viva Fidel/vivan los barbudos/ viva Cuba libre/viva el 26”. Era el comienzo de la revolución cubana. Fidel era un Espartaco moderno. (A partir de la nota de Gilberto López y Rivas, La Jornada 7/1/22. Miguel Socolovsky

Espera que haya autosufi ciencia en gas LP y mejor precio

agregar que gracias a las políticas actuales para el sector energético, rehabilitar seis refinerías, la compra de Deer Park, y la construcción de la de Dos Bocas, mejorará la producción de gas LP.

Todo esto implica que seremos autosuficientes y podrá el gobierno tener un mejor control de su precio... (espero). Héctor Heredia González

Se pregunta por qué la SCJN no atrae el caso de las UMA

Que gusto, este día (ayer) encuentro una nota del reportero Alejandro Alegría en la sección de Economía de La Jornada, quien nos explica con sencillez y sabiduría para qué se crearon las unidades de medida y actualización (UMA).

Nos aclara que las UMA no se hicieron para realizar el cálculo de aumentos en las pensiones (mucho menos si éstas tienen sus propios fondos, como lo son las de la ley 73 del IMSS), por eso es que en los juzgados ya se han ganado las jurisprudencias necesarias para abolir este “error”.

Creo que esto no es cosa del presidente Andrés Manuel López Obrador, simplemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación no atrae el caso y lo tiene detenido, quizá sólo espera hasta que estemos todos muertos o será que la SCJN no atrae el caso para lastimar políticamente al gobierno de la 4T.

Mientras tanto, muchas felicidades a Alejandro por su objetividad y capacidad de síntesis. Javier Aspuru Lloréns

Pensionado pide dos bonos para compensar “daños” en sus ingresos

Para compensar las afectaciones que las UMA hacen a nuestras pensiones, propongo al señor Presidente que a los jubilados se nos den dos “ bonos compensatorios de un mes de salario cada uno, el primero podría ser en mayo y el segundo en septiembre. Tomás Arellano S.

Exige a la alcaldesa de Iztapalapa efi ciente servicio de limpia

Quiero reportar la basura y cascajo que por años ha existido en la avenida José Clemente Orozco (antes avenida de Las Torres) entre Canal de Chalco y la avenida Tláhuac, en la alcaldía Iztapalapa.

Cabe mencionar que en este lugar se instalan tianguis móviles cuatro veces a la semana y que dejan muchos desperdicios. Pero la basura siempre se encuentra junto con cascajo, muebles viejos o dañados.

Nunca vemos que haya servicio de limpia, ocasionalmente acuden algún camión recolector de basura, pero la zona siempre se ve sucia.

Se han enviado reportes con evidencia fotográfica a la alcaldía Iztapalapa y se ha reportado al teléfono 55-6651-6651, por medio de WhatsApp; responden el mensaje, pero no solucionan el problema, pues el asunto de la basura continúa igual, con los riesgos de salud que ello implica.

Hace dos años yo vivo en esta inmediaciones y no me he acostumbrado a ver tanta basura; me imagino siempre que estoy en algo parecido a lo que se veía en la vieja película de Los Miserables.

Por este medio solicito que la alcaldesa Clara Brugada Molina tome acciones sobre este problema tan grave y que se apliquen políticas públicas eficientes para este lugar. María de Lourdes López Ángel

Académico solicita a la UPAV solución a sus pagos atrasados

adscrito como “asesor solidario” outsourcing en la coordinación 02 dependiente de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), donde durante ocho años presté mis servicios como docente en los niveles de educación media y superior hasta mayo pasado, cuando fui despedido de manera diplomática, por haber iniciado el trámite de pago de materias impartidas y que hasta la fecha no me han sido cubiertos, con un atraso de más de tres años.

El 10 de febrero de 2019, después de haber agotado los canales conducentes y sin brincarme las trancas, como aduce la burocracia, decidí presentarme a la rectoría de la universidad para reclamar el pago a que tengo derecho, pues el atraso va de 2017 hasta mayo de 2020 y aún sigo en espera de la solución justa a mi ejercicio profesional.

La respuesta que recibí por escrito, por parte del departamento de trámite de pago a solidarios, es que no se me da mi dinero por falta de sustento administrativo, asunto que obviamente yo no pude resolver, son soportes que realiza la coordinación 02 UPAV.

De manera “colaborativa”, envíe 53 actas de calificaciones escaneadas, firmadas por los estudiantes a mi cargo, para su cotejo, lo cual termina mi quehacer académico, pero no el pago a mis servicios académicos. Miguel Montañez Martínez

A NUESTROS LECTORES

Les rogamos que los comentarios y aclaraciones que envíen para su publicación en El Correo Ilustrado no excedan de 1,000 caracteres (con espacios) o de 14 líneas. Favor de dirigirlos a: Av. Cuauhtémoc 1236, col. Santa Cruz Atoyac, CP 03310, Benito Juárez. e-mail: svaladez@jornada.com.mx Teléfonos: 55-9183-0300 ext. 4456 y 55-9183-0315 Los textos deben incluir la dirección y teléfono del firmante, así como una copia de identificación oficial (credencial de elector o pasaporte)