EDUARDO MURILLO

ASTILLERO ¿Litio en sierra de San Miguelito? // Secretaría de Economía explora // PRI y PAN, recelos mutuos // Pío: INE seguirá indagando

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

CASI TRES SEMANAS después de que el tema de la sierra de San Miguelito había llegado a la mañanera conferencia presidencial de prensa, la Secretaría de Economía, mediante la Gerencia Regional Centro del Sistema Geológico Mexicano, informó que se realizarían actividades del Proyecto Exploración por Litio en Suspiro Picacho, área que comprende el Cerro Grande en la sierra de San Miguelito, con un lote minero denominado Esperanza Silver, título 17730.

EL ANUNCIO SE hizo por medio del oficio GRC/020/2021, con el ingeniero José María Vélez Basurto a cargo de los trabajos. El juez auxiliar de la comunidad a explorar, Saúl Gaspar Hernández, señaló por escrito al funcionario la existencia del proyecto de declaratoria de área natural protegida, publicado para consulta el 29 de enero de 2021 por la titular de Semarnat, María Luisa Albores González. Luego, de forma directa y por escrito, se informó a Semarnat de dicha cuestión (https://bit.ly/3lkijB4 ).

POR OTRA PARTE, Carlos y Marcelo de los Santos, hijos de un ex gobernador panista de San Luis Potosí, fueron incluidos en los Pandora Papers, con inversiones relacionadas con políticos relevantes de Colombia (https:// bit.ly/3DdnCYW). Cuando menos uno de esos empresarios ha sido mencionado como parte de los inversionistas del proyecto de desarrollo inmobiliario Las Cañadas, al cual se oponen los Guardianes de la Sierra de San Miguelito, ambicionada zona de recursos naturales y, ahora, de exploración en busca de litio.

DESEOSOS DE OCULTAR los indicios de fracturas políticas y la fundada desconfianza mutua, los dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) salieron ayer al foro, electrizado por la propuesta amlista de reforma en temas de energía (ElectroLit), a asegurar de dientes hacia afuera que sigue firme su coalición electoral, ahora legislativa, denominada Va por México. LO CIERTO ES que en el panismo hay más que recelo ante las declaraciones y posturas del previsiblemente colaboracionista Alejandro Moreno, aunque con oposición de voces como la de Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari (¿de qué lado se pondrá la senadora, hija del ex gobernador José Francisco, de los mismos apellidos: salinismo o cardenismo?)

Y NO SE crea que en el PRI se tropiezan por sostener alianza con un panismo que no ofrece nada inmediato al pragmatismo mercantil tricolor, mientras desde Palacio Nacional les perfilan hasta un esbozo de redención histórica, más otras conveniencias menos etéreas.

DE ROMPERSE, DECLARADA o implícitamente, esa coalición formada en su origen por PAN, PRI y los residuos del PRD, el camino electoral de Morena hacia 2024 parecería despejado. El PAN quedaría solo con las escurriduras del PRD; Movimiento Ciudadano, consigo mismo, y Morena con los partidos del Trabajo, Verde Ecologista y, ¿por qué no?, con las hermandades recuperadas del priísmo que se “redimiera” en 2021 votando en favor de la reforma ElectroLit.

SEIS DE SIETE magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación votaron en favor de que el Instituto Nacional Electoral continúe con las indagaciones relacionadas con Pío López Obrador, quien fue videograbado cuando recibía dinero en efectivo que, según el entregador, David León Romero, provenía de una “recolección” de “recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades”. ESO HABRÍA SUCEDIDO, dijo León Romero, unos cinco años antes de que el video fuera difundido en agosto de 2020. También en 2015 hubo otra entrega de dinero a Martín Jesús, otro hermano del Presidente de la República. León Romero era “consultor” de Manuel Velasco Coello, entonces gobernador de Chiapas cuyo abuelo ya fallecido, Manuel Velasco Suárez, será reconocido hoy con la medalla Belisario Domínguez, junto con la economista Ifigenia Martínez. ¡Hasta mañana!

MÉXICO, OPCIÓN PARA HAITIANOS Deslinda Zaldívar al PJF de alargamiento en el caso Ayotzinapa

Tema de Estado en el que los tres poderes deben cumplir, subraya

EDUARDO MURILLO

El caso Ayotzinapa es un asunto de Estado, y para resolverlo los tres poderes de la Unión deben cumplir con responsabilidad, advirtió el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Aclaró que el Poder Judicial de la Federación (PJF) no tiene responsabilidad en el alargamiento de estas investigaciones, ya que “muchas de las cosas que hoy se están atorando y no se pueden resolver se deben a cuestiones que en el pasado no se hicieron adecuadamente”.

Recordó, por ejemplo, que los detenidos por este asunto denunciaron que fueron objeto de tortura para inculparse, y los jueces deben aclarar este señalamiento, lo que ha retrasado los fallos.

“Entiendo que por lo complejo del tema y el tiempo que ha pasado, para el Estado mexicano este es un reto que no está sencillo; es un asunto en el cual debemos estar comprometidos todos los poderes para resolverlo. Es un tema de justicia que requiere sanar una herida profunda en la nación”, añadió.

Sobre el fallo que declara inconstitucional castigar penalmente a las mujeres que abortan, Zaldívar reconoció que ha sido “un mes tortuoso” por las dificultades que han enfrentado para que el Instituto Federal de Defensoría Pública pueda ayudar a las personas imputadas por esta conducta.

“Nos hemos topado con obstáculos para acceder a la información, ya que es un tema tabú en muchos lugares donde no se quiere dar información sobre quiénes están en esta condición, no hay suficiente transparencia en la mayoría de los poderes judiciales para poder detectar estos asuntos; entonces, les puedo decir que ha sido un mes tortuoso en este tema, pero vamos avanzando.” Aclaró que durante la discusión de este tema y el relacionado con la objeción de conciencia, no recibieron presiones indebidas.

Sobre el caso de los ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología acusados de peculado, señaló que en la reunión con un grupo de los presuntos responsables de este delito no hubo ningún compromiso de su parte.

Finalmente, Zaldívar confió en que se cumplan los tiempos para el nombramiento de quien sustituirá al ministro Fernando Franco González Salas, cuyo periodo constitucional concluirá el 11 de diciembre. “Hasta el momento, el presidente López Obrador ha cubierto las vacantes oportunamente, en colaboración con el Senado; no creo que haya ningún problema”, expuso.

Niega la Corte amparo a soldados que se quejaron por hacer trabajos de albañil

EDUARDO MURILLO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la facultad del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para reclasificar a su criterio a los elementos del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, al negar amparo a un grupo de soldados que fue reasignado de tareas como policías militares u oficinistas, a labores de albañilería.

Por unanimidad, la segunda sala del máximo tribunal desechó el juicio promovido por los militares, quienes se quejaban por estos cambios o porque se les trasladó de una entidad a otra.

Argumentaron que su reclasificación es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se establece que la garantía al trabajo implica el desarrollo de una actividad “lícita y libremente escogida o aceptada”, lo cual se violaría al cambiarlos a una tarea diferente a la que desempeñaban en un principio.

Sin embargo, los cinco ministros de la sala aprobaron el proyecto presentado por Yasmín Esquivel Mossa, donde se sostiene que esta reclasificación no genera detrimento al derecho al trabajo de los miembros de las fuerzas armadas.

“A juicio de esta segunda sala, el artículo 164, fracción V de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana no contraviene el derecho humano a la libertad de trabajo, reconocido en el artículo 5 de la Constitución federal”, señala el proyecto aprobado; añade que la Carta Magna define expresamente que los miembros del Ejército se regirán por sus propias leyes.

Por ello, se establece que no existe una relación laboral en términos del artículo 123 constitucional, sino que “firmaron un contrato manifestando su conformidad para permanecer en las fuerzas armadas por un tiempo determinado.”

Fortalecer capacidades para hacer efectivo el derecho de las víctimas, pide ONU-DH a México

JESSICA XANTOMILA

La Comisión Nacional de Búsqueda representa uno de los principales esfuerzos que el Estado mexicano ha hecho para incrementar su capacidad de respuesta al problema de la desaparición, pero su accionar “no logra todavía alcanzar las expectativas de muchas familias de las víctimas”, advirtió el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Guillermo Fernández-Maldonado.

En la presentación de un estudio sobre comisiones de este tipo en América Latina, llamó a seguir fortaleciendo las capacidades institucionales, jurídicas, científicas y presupuestarias para hacer efectivo el derecho a la búsqueda de desaparecidos, de la mano con las necesidades de las víctimas.

Indicó que también es preciso avanzar ante los persistentes desafíos para lograr una efectiva coordinación interinstitucional, “esencial para la búsqueda efectiva de las personas”, y para ello, dijo, “no sólo hacen falta normas, sino también voluntad”.

Fernández-Maldonado agregó que de igual manera es imprescindible que las víctimas estén en el centro de la estrategia de las autoridades. “Ello no sólo significa utilizar todos los recursos disponibles para la búsqueda inmediata y eficaz, sino incluso transformar aquellas estructuras estatales que permiten llevar a la inacción, la revictimización y la impunidad”.

El estudio Comisiones de búsqueda en Lationamérica, de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ, por sus siglas en alemán), destaca que hasta ahora la Comisión Nacional de Búsqueda y sus delegaciones locales “son las únicas instituciones extraordinarias” que se han creado en la región para el rastreo inmediato de nuevos casos, y además se ha centrado en la localización de personas en fosas y otros sitios.

El documento elaborado por los investigadores Verónica Hinestroza, Iris Jave y Rainer Huhle, en el que también se estudiaron casos de Colombia, Perú y El Salvador, advierte sobre las dificultades que enfrentan las comisiones en el trabajo conjunto con otras instituciones. “Esta relación compleja resulta uno de los grandes retos para una búsqueda efectiva en todos los países considerados”.

La colaboración interinstitucional es esencial para el rastreo de los no localizados

HAY 92,844 DESAPARECIDOS, SUBRAYA KARLA QUINTANA Se resisten las fi scalías a ayudar en la búsqueda de personas: comisionada

VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, denunció en el Senado la resistencia de las fiscalías General de la República (FGR) y estatales, así como de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia a colaborar con ese organismo, responsable de la localización de personas desaparecidas, que hasta el pasado lunes sumaban 92 mil 844.

La FGR “no quiere sentarse en las reuniones del Sistema Nacional de Búsqueda. Dice que hagamos el trabajo y cuando tengamos todo hecho, a ver si se sienta, expuso durante un encuentro con la Comisión de Derechos Humanos del Senado, en el que demandó a los legisladores que le otorguen mayores facultades, a fin de poder realizar cateos e identificación de restos humanos.

Señaló que a la crisis de desaparecidos y a la forense se suma una de justicia, por lo que hay alta impunidad en la ausencia de personas. Asimismo, advirtió que hay una tendencia preocupante, porque “se está desapareciendo a la juventud, a hombres de entre 20 y 40 años, y a mujeres de entre 15 y 25”.

Detalló que las hipótesis que se investigan al respecto son que se trata de “reclutamiento forzado” a manos de la delincuencia organizada, trata de personas, secuestro y desaparición perpetrados por particulares”. Aunado a ello, precisó, del total de 92 mil 844 desaparecidos, 16 por ciento corresponde a niñas, niños y adolescentes.

Quintana Osuna explicó que de la cifra total, 25 por ciento son mujeres, pero si sólo consideramos a los menores de 18 años, las niñas y adolescentes representan 55 por ciento”. Detalló que se tiene el registro de 4 mil 806 fosas clandestinas, en las que se han encontrado 8 mil 202 cuerpos.

Precisó que estado de México, la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Veracruz y Guerrero son las entidades con el mayor número de mujeres desaparecidas o no localizadas.

En su exposición ante los senadores, la funcionaria insistió en que se requiere una reforma integral que aborde estos tres niveles, porque de lo contrario no se podrá impactar y resolver de manera central la crisis.

Pidió a los legisladores impulsar modificaciones para fortalecer a las comisiones Nacional de Búsqueda y a las estatales en materia de rastreo inmediato, así como para solicitar órdenes de cateo y crear un sistema de beneficios por colaboración eficaz.

Ante la crisis en materia forense, subrayó que se debe legislar para que las fiscalías y los gobiernos locales lleven a cabo la identificación humana con un enfoque masivo, a fin de exhumar y reconocer a las decenas de miles de cuerpos que hay en las fosas comunes del país

Abundó que en materia de desaparición forzada sólo existen 35 sentencias de jueces federales y estatales, y más de 98 por ciento de casos se encuentra en la impunidad.

Si bien es cierto, dijo, que se hacen esfuerzos muy importantes en materia de búsqueda de personas, se puede concluir que hay “impunidad total, que va desde la investigación hasta la emisión de la sentencia”.

Señaló que a partir de 2006 se registró el repunte de las desapariciones, pero hasta 2018 el gobierno de México tomó medidas y asumió como su responsabilidad y prioridad la búsqueda de personas.

Reclutamiento forzado del crimen organizado, hipótesis ante la elevada desaparición de jóvenes, señala