¡Albañiles salen de la obra para competir!
El festival del Bailejo vuelve a las fiestas de Santo Domingo con retos de mampostería, adoquinado y obstáculos. Los participantes demostrarán su habilidad, rapidez y experiencia en busca de los primeros lugares. 03
Minería ilegal es la gran preocupación en Azuay
7 recomendaciones para la derecha regional
De la Espriella agradece a Colombia por su victoria
Evo Morales debe responder por bloqueos en Bolivia $480 millones para el combate de la desnutrición crónica infantil
Redacción: santodomingo@lahora.com.ec
Publicidad: mgranda@lahora.com.ec Año: XXVII No. 11.656
Para evitar el peligro climático, hay que electrificar m
Elconflicto del Golfo generó una contracción extraordinaria de los mercados de gas, petróleo y fertilizantes; y ahora es posible que un «súper» El Niño traiga consigo fenómenos meteorológicos más extremos. Es decir que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) de este año en Antalya (Turquía) encontrará a millones de personas hundidas en la pobreza energética y alimentaria y obligadas a sufrir condiciones espantosas y desastres naturales de creciente gravedad.
Estos fenómenos destacan el peligro de seguir dependiendo de combustibles fósiles importados. Alrededor del 80% de la población mundial vive en países que todavía son importadores netos de hidrocarburos; y acabamos de tener una prueba de la vulnerabilidad económica que eso implica. En todo el mundo ha habido un gran encarecimiento de los productos de primera necesidad, empeoramiento de la situación financiera y extensión del sobreendeudamiento. Esta última crisis mundial refuerza la necesidad de contar con fuentes de energía más limpias y resilientes. Hace tres años, los gobiernos presentes en la COP28 de Dubái dieron la mayor prioridad a lograr una transición justa, ordenada y equitativa hacia una economía desligada de los combustibles fósiles. Ahora debemos trazar una hoja de ruta que convierta esa visión de alto nivel en una realidad cotidiana. Por eso, mi objetivo como presidente designado de la COP31 es impulsar un debate global sobre la electrificación. Debemos pasar de la discusión abstracta a considerar las decisiones reales que enfrenta la gente. Hay que pensar en la familia puesta a decidir la compra de un vehículo eléctrico; en el dueño de una casa que instala un panel solar, una batería o una bomba de calor; en el urbanista que apuesta al autobús eléctrico; en el fabricante de papel que electrifica el proceso de producción de calor.
*Murat Kurum, ministro de ambiente, urbanización y cambio climático de Turquía, es el presidente designado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2026 (COP31). © Project Syndicate. www.project-syndicate.org
EDiTORiAL
El alto costo de la vida
Uno de los problemas más serios que viven los ecuatorianos es el costo de la vida. Esto quiere decir: alimentación, movilidad, educación, salud y ocio. Son costos que salen de los cálculos oficiales de la canasta básica, pero que se sienten a diario.
Hay un incremento sostenido del costo de los alimentos. Entre 2016 y 2026, los precios de los alimentos aumentaron hasta un 21% y el precio oficial de la canasta básica familiar pasó de $686,74 a $821,47 al mes, es decir, un 20% más.
Pero esto no es todo. El promedio de salarios en el país es de $429, entre los trabajadores formales e informales. Los precios suben y los salarios se estancan.
La asistencia estatal eterna y masiva para los ciudadanos es inviable para cualquier nación, por eso se requieren ideas renovadas para
encaminar al Estado hacia una vía que impulse la productividad privada y que se derriben las barreras que impiden al sector privado crecer, ser más competitivo y crear empleos. El primer obstáculo es la misma legislación laboral que no refleja la realidad de los trabajadores, donde más del 60% están en la informalidad. Sin cambios, poco podrá hacer el gobierno para mejorar las condiciones de empresarios y trabajadores. Además, el mundo atraviesa una nueva revolución tecnológica y el país no está preparado para debatir y procesarla. El sector privado necesita certezas para invertir y crear empleo.
Mientras esto sucede, el sector comercial se adapta a las necesidades de los ecuatorianos, asumiendo costos y bajando las utilidades, pero ese camino tampoco es sostenible en el largo plazo.
Filtros
Toda sociedad obtiene, tarde o temprano, los líderes que está dispuesta a tolerar. Por eso, la calidad de una democracia no se mide simplemente por la cantidad de candidatos que participan en una elección, sino por la capacidad de distinguir a quiénes merecen representar el interés público y quiénes nunca debieron llegar a la línea de partida.
En ese sentido, lo preocupante no es únicamente que el dinero influya en las decisiones electorales. Lo verdaderamente grave es la ausencia de filtros rigurosos para determinar quiénes son idóneos para ejercer la representación ciudadana.
Si bien la preparación, la trayectoria y la solvencia ética deberían ser requisitos esenciales, también lo es descartar a quienes han utilizado el servicio público para favorecer intereses particulares, a quienes han guardado silencio frente a la corrupción o han sido funcionarios serviles de administraciones cuestionadas. La representación popular no puede convertirse en refugio de la complacencia ni en premio a la obediencia interesada.
Los países con mayores niveles de integridad democrática comprendieron esta realidad hace décadas. En naciones como Singapur, Noruega o Suiza, los partidos funcionan como auténticas escuelas de liderazgo. Allí se procura que lleguen los mejores, con cero tolerancia a la corrupción, al clientelismo y al servilismo político.
Es momento de reflexionar sobre las consecuencias de una sociedad que renuncia a sus filtros éticos . Cuando la corrupción deja de escandalizar y comienza a normalizarse, el mérito pierde valor, la institucionalidad se debilita y el interés colectivo queda subordinado a las conveniencias de unos pocos. Pero no todo está perdido. Cada elección representa una oportunidad. La decisión es nuestra. Porque el futuro de una democracia no se define por quienes aspiran al poder, sino por la firmeza con la que una sociedad decide a quién jamás debe entregárselo
Si los términos del “memorándum de entendimiento”, para llegar a un acuerdo entre EEUU y el régimen terrorista islámico de Irán , son verdad. Comporta
una gran estupidez. Tanto esfuerzo, movilización de la Armada y gasto bélico, que debió ser utilizado en exterminar a la guardia revolucionaria y al régimen terrorista iraní, con más contundencia que la utilizada contra el militarismo japonés en 1945, porque estamos ante una ideología totalitaria de fanáticos terroristas estupidizados a favor del martirio; van a ser desperdiciados, para terminar indemnizando a los criminales
del régimen terrorista islámico iraní, que debieron eliminar. ¡Inaceptable! Además, es una aberración jurídica permitirles que cobren peaje en el estrecho de Ormuz, en abierta violación de los artículos 37, 38, 39 y 44 de la Convención del Derecho del Mar. Todo ese dinero será utilizado para construir misiles, drones, para armar, entrenar y patrocinar ataques de los terroristas de hamás, hezbolláh, yihad islámica, hutíes, contra intereses
occidentales. Me resisto a creer que sean verdad los términos contenidos en el terrorífico “memorándum de entendimiento”; porque además contradicen el objetivo inicial de la intervención militar contra el régimen terrorista islámico iraní, que fue impedir que enriquezca uranio con fines militares, que suspenda la fabricación de misiles, que se abstenga de financiar a los grupos terroristas de hamás, hezbolláh, yihad islámica, hutíes.
Salvo que sea una estrategia para hacerles creer al régimen terrorista iraní y a sus vinculados que vencieron, adormecerlos, mientras Israel concluye lo que comenzó y EEUU los remata.
Caso contrario, Occidente más temprano que tarde se va a arrepentir, por no haber actuado con firmeza contra un régimen totalitario, terrorista, islámico , al que inclusive legitimó, otorgándole el tratamiento de “República”.
DiANA Luzu R iAGA
Columnista
CIUDAD 03
Albañiles demostrarán su destreza en el segundo festival del Bailejo
La competencia reunirá a maestros, oficiales y ayudantes de la construcción en una jornada donde pondrán a prueba su rapidez, precisión y conocimientos en diferentes desafíos.
Las fiestas de cantonización continúan en Santo Domingo con una programación variada y, en muchos casos, novedosa. Entre las actividades destaca el festival del Bailejo , que por segundo año consecutivo forma parte de la agenda festiva.
El oficio de la construcción saldrá de las obras el viernes 26 de junio. Desde las 15:00, en la avenida Rodrigo León Pesantes , se desarrollará un evento que pondrá a prueba la velocidad, precisión y destrezas de maestros, oficiales y ayudantes.
La iniciativa nació en 2025 con el objetivo de reconocer el aporte de quienes participan diariamente en el crecimiento urbano de la ciudad. Julián Aguirre, director municipal de Obras Públicas, recordó que el año pasado hubo una importante participación y se premia-
ron cuatro concursos.
“En la primera edición participaron 25 personas, cifra que motivó a mantener la actividad”, precisó.
Retos de la competencia
La competencia estará conformada por tres desafíos. El primero será la construcción de una pared de mampostería, donde se evaluará la rapidez, nivelación y calidad del trabajo. El segundo consistirá en la colocación de adoquines y el tercero una gincana de obstáculos inspirada en actividades cotidianas de la construcción.
“Quien acabe antes y lo haga bien será el ganador”, explicó Aguirre.
Los participantes contarán con materiales proporcionados por la organización para garantizar igualdad de condiciones. Además, habrá jueces especializados encargados de calificar cada prueba.
Arte y fotografía en biblioteca Calazacón
° La Escuela de Filosofía de Nueva Acrópolis invita a la ciudadanía a visitar la exposición de arte y fotografía instalada en la biblioteca Calazacón del Instituto Superior Tecnológico Tsáchila. La muestra reúne obras de 13 artistas de la región y forma parte del Encuentro Nacional de Artes ‘Santo Domingo de la Cultura’, evento que se organiza cada año y que en esta ocasión celebra su décima edición. (LMM)
inscripciones abiertas Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el jueves 25 de junio, un día antes del evento, y la meta es contar con al menos 20 concursantes. La convocatoria busca que los barrios se organicen y designen a quienes los representarán.
Pedro Mero, presidente de la Federación de Barrios
y Cooperativas , destacó la importancia de la actividad.
“Santo Domingo tiene excelentes albañiles, personas que conocen su oficio y que han ayudado a construir la ciudad. Este tipo de eventos permite reconocer su trabajo y demostrar su capacidad”, manifestó.
EL DATO
En la primera edición del festival participaron 25 trabajadores de la construcción, experiencia que motivó a mantener el concurso.
Jornada
° Los organizadores prevén un evento familiar con música en vivo, exposición de empresas vinculadas al sector de la construcción y sorteos para los asistentes. Los premios contemplan 200 dólares para el primer lugar, 100 para el segundo y 50 dólares para el tercero, además de medallas, certificados y reconocimientos entregados por los auspiciantes.
Mero añadió que el campeonato también debe servir para visibilizar la mano de obra local y generar más oportunidades laborales para los trabajadores santodomingueños en futuras obras y proyectos. (DLH)
Jelentenkazo Juvenil ° La unidad educativa Veinticuatro de Mayo es una de las instituciones que ya aseguró su presencia en el concurso de coreografías Jelentenkazo Juvenil, organizado por el Patronato municipal a través del proyecto PANA. La invitación continúa abierta para estudiantes de unidades educativas, universidades, academias e institutos técnicos y tecnológicos. El evento se desarrollará el 1 de julio, a las 14:00, en el parque Jelen Tenka. (LMM)
Reunión por la vía Las Mercedes ° Las autoridades del Ministerio de Infraestructura y Transporte desarrollarán una reunión de socialización sobre el proyecto de rehabilitación definitiva de la carretera estatal Santo Domingo-Las Mercedes-Los Bancos. El encuentro está previsto para este miércoles 24 de junio, a las 11:00, en la casa comunal de Brasilia del Toachi. La convocatoria se da tras años de deterioro de la vía y la constante presión ejercida. (LMM)
DeStReZA. Maestros, oficiales y ayudantes de la construcción pondrán a prueba sus habilidades y experiencia en el oficio.
¿Cuánto tiempo puede resistir tu familia sin ingresos?
En un país donde seis de cada diez hogares viven con $513 o menos al mes, la verdadera pregunta no es cuánto ganas, sino cuánto tiempo podría resistir tu familia si mañana dejaran de tener ingresos.
Si mañana se detuvieran los ingresos de tu hogar, ¿cuánto tiempo podrían mantenerse cubiertos los gastos básicos?
La pregunta puede parecer incómoda, pero en realidad es una de las más importantes para la estabilidad financiera de cualquier familia ecuatoriana.
Porque las crisis económicas familiares muchas veces llegan sin anunciarse. Un despido, una enfermedad, una caída de ventas, una emergencia médica o una reparación inesperada pueden alterar por completo el presupuesto de un hogar.
Y en un país donde gran parte de los trabajadores vive al día, la diferencia entre una dificultad temporal y una crisis financiera suele medirse en meses de ahorro.
¿Cuánto ahorro necesita tu familia?
La principal lección es que no todas las familias necesitan el mismo fondo de emergencia.
El monto ideal no depende únicamente de cuánto gana un hogar, sino también de la estabilidad de sus ingresos. Una pareja con dos empleos formales y estables enfrenta menos riesgo financiero que un trabajador independiente cuyos ingresos varían mes a mes. Del mismo modo, una familia que depende de un único salario es más vulnerable que otra que cuenta con varias fuentes de ingreso.
Carla López, economista y consultora en finanzas personales, recomienda calcular el colchón de emergencia en función de los meses de gastos que debería cubrir una familia si sus ingresos se reducen o desaparecen temporalmente.
La necesidad de protección es aún mayor en Ecuador. Según la última encuesta de Ingresos y Empleo
elaborada por el INEC, seis de cada diez hogares viven con $513 o menos al mes, mientras que la mediana de ingresos familiares alcanza apenas $630. Solo una minoría supera los $1.500 mensuales y más de la mitad de los trabajadores se encuentra en condiciones de informalidad o empleo no adecuado
En este contexto, la pérdida del ingreso principal puede tener efectos inmediatos sobre la capacidad de cubrir gastos esenciales como alimentación, transporte, educación, arriendo o servicios básicos.
“Cuando mi esposo se quedó sin trabajo, pensamos que podríamos aguantar algunos meses. Pero en pocas semanas comenzamos a retrasarnos con el arriendo y tuvimos que usar una tarjeta de crédito para comprar alimentos”, cuenta María Andrade, una comerciante quiteña de 39 años. “Esa experiencia nos hizo entender que un fondo de emergencia no es un lujo, sino una necesidad”.
La realidad ecuatoriana muestra que muchas familias están más expuestas a los imprevistos económicos que los hogares de países con mercados laborales más estables. Por eso, construir un ahorro que permita cubrir varios meses de gastos no solo brinda tranquilidad, sino que puede marcar la diferencia entre superar una crisis temporal o caer en un problema financiero de largo plazo.
Tipos de colchón financiero
Bajo riesgo
Perfil
Persona sola o pareja sin hijos.
· Dos fuentes de ingreso estables.
· Gastos controlados.
Gasto mensual típico en
PREVISIÓN. Las familias ecuatorianas necesitan tener un colchón financiero para enfrentar imprevistos.
Ecuador
Entre $450 y $700
Colchón recomendado 6 meses de gastos
Meta aproximada
$2.700 a $4.200.
Para una persona sola o una pareja sin hijos construir un fondo de emergencia puede parecer un desafío, pero se vuelve alcanzable si se planifica con tiempo.
Si el objetivo es reunir ese colchón en dos años, habría que ahorrar entre $113 y $175 al mes. Si el plazo se extiende a tres años, el esfuerzo mensual baja a un rango de entre $75 y $117. En cambio, quienes quieran alcanzar la meta en apenas un año tendrían que destinar entre $225 y $350 mensuales. En cambio, si la meta se plantea a cinco años, el ahorro requerido se reduce a entre $45 y $70 al mes, una cifra mucho más manejable para la mayoría de los hogares.
Riesgo medio
Perfil
Pareja con hijos. Dos ingresos laborales.
Riesgo alto Perfil
· Hogar que depende de un único salario.
· Emprendedores.
· Comerciantes. Profesionales independientes.
· Trabajadores por cuenta propia.
Gasto mensual típico
Entre $700 y $1.200. Colchón recomendado Entre 12 y 18 meses. Meta aproximada
$8.400 a $21.600.
Si la meta es alcanzar el colchón financiero en apenas un año, sería necesario ahorrar al menos $700 al mes, una cifra que para muchas familias resulta difícil de lograr. Con un horizonte de dos años, el esfuerzo se reduce a como mínimo $350 mensuales.
Si el plazo se extiende a tres años, el ahorro requerido baja a como mínimo $233 al mes, mientras que una planificación a cinco años permite reducir el esfuerzo mensual como mínimo de $140.
· Arriendo o crédito de vivienda.
Gastos familiares permanentes.
Gasto mensual típico Entre $800 y $1.000. Colchón recomendado Entre 9 y 12 meses. Meta aproximada $7.200 a $12.000.
Alcanzar la meta de colchón financiero requiere planificación, pero el esfuerzo mensual varía considerablemente según el plazo que se establezca. Si la familia busca reunir el fondo en un año, tendría que ahorrar como mínimo $600 al mes. Si el objetivo es alcanzarlo en dos años, el monto baja a mínimo $300 mensuales. En un horizonte de tres años, el ahorro necesario se reduce a entre $200 y $333 al mes. Para quienes piensan en el largo plazo, construir el fondo en cinco años implica destinar entre $120 y $200 mensuales, una cifra que, aunque sigue representando un esfuerzo importante, puede incorporarse gradualmente al presupuesto familiar.
Riesgo muy alto Perfil
Emprendedores con hijos. Autónomos con créditos o hipoteca.
· Familias con ingresos muy variables.
Gasto mensual típico
Entre $800 y $1.500. Colchón recomendado Entre 18 y 24 meses. Meta aproximada $14.400 a $36.000.
Si la meta se plantea en un año, el ahorro mensual necesario sería de mínimo $1.200 al mes, una cifra que solo es viable en casos de ingresos altos y muy estables dentro del negocio.
Con un horizonte de dos años, el esfuerzo se reduce a como mínimo $600 mensuales, mientras que en tres años baja a como mínimo $400 al mes.
En un plazo de cinco años, el objetivo se vuelve más accesible, con un ahorro mensual estimado de al menos $240, lo que permite construir el fondo de forma progresiva sin asfixiar el flujo de caja del hogar o del negocio. (JS)
Azuay está amenazada por minería ilegal y reconfiguración criminal
La provincia es un punto estratégico en las rutas logísticas en cuanto a la minería ilegal. Especialistas en seguridad señalan que el crimen organizado diversifica su portafolio criminal para obtener ganancias.
Un nuevo Estado de Excepción fue oficializado el 16 de junio de 2026, a través del decreto presidencial N°423. La medida establecida por el presidente de la República, Daniel Noboa, aplica para 10 provincias y tres cantones, y tendrá vigencia por 60 días. Azuay fue una de las provincias que se tomó en cuenta para aplicar el estado de excepción. Situación que antes no ocurrió en abril de 2026.
El estado de excepción se declaró por grave conmoción interna en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay, así como en los cantones La Maná, en Cotopaxi; Las Naves, en Bolívar; y La Troncal, en Cañar.
En el documento se estableció que, según un Informe Reservado de Inteligencia, hay una reconfiguración criminal en Guayas, El Oro, Manabí, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, y panoramas de violencia de alto impacto en El Oro y Azuay.
¿Qué está pasando en Azuay?
Byron Villagomez, líder técnico del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), indicó que los informes de inteligencia revelan que en Azuay se ha identificado a grupos de crimen organizado que podrían manifestarse con acciones violentas.
Agregó que se ve una reconfiguración criminal vinculada a la minería ilegal, que tiene que ver con cuestiones logísticas y de rutas de la extracción del oro.
“Azuay puede operar como un punto de extracción en algunos cantones y también como una ruta de tránsito desde otros sectores como la Amazonía hacia
las zonas costeras o puertos de Ecuador . Estos puntos de tránsito son sumamente importantes para las organizaciones delictivas, por la facilidad para extraer, transportar y movilizarse sin que sean captados o identificados por la fuerza pública”, explicó.
Villagomez agregó que los Lobos han sacado mayor provecho de este ilícito en El Oro, zonas cercanas de Azuay y en Guayas. Por ello, el control territorial es fundamental.
El líder técnico del OECO enfatizó que la minería ilegal es fructífera para las organizaciones criminales , ya que pueden reinvertir el dinero en equipos y obtener más ganancias. Además lo-
den proveer logística, materiales, etcétera”.
MInería y lavado de dinero
Johana Espín, especialista en temas de seguridad, especificó que Azuay tiene una dinámica distinta y el énfasis está en la minería ilegal. Esta ha sido identificada como una de las problemáticas en las que el crimen organizado lava dinero, utiliza rutas para tráfico de personas, y diversifica los delitos.
Para Espín la minería ilegal no es una actividad artesanal por lo que se requiere compra de maquinaria, equipos e inversión. “Se extrae oro, y el oro es más fácil de comercializar, por lo que es otra fuente para el lavado de actividades ilícitas”.
Añadió que “ Azuay es estratégica porque es la entrada hacia la Amazonía” y porque el oro que se obtiene en esa zona tiene que lavarse en Quito o en Guayaquil. Son rutas ilícitas a través de las cuales se transporta droga. Entonces, lo que se hace es utilizar las mismas rutas para mover el oro”, dijo.
gran que ese dinero ilícito se pierda o se integre dentro de la economía legal. “Este dinero ingresa a las comunidades o al sistema financiero, a empresas o a pequeños negocios que también pue -
EL DATO
Según las cifras del Ministerio del Interior, en 2025, Azuay registró 39 muertes violentas. Mientras desde enero a mayo de 2025, en esa provincia se contabilizaron 22 homicidios intencionales.
Otros territorios como espacio del crimen Lorena Villavicencio, docente universitaria y especialista en seguridad, recordó que en mayo de 2024 se emitió un decreto en el que por primera vez se incluyó al cantón Camilo Ponce Enríquez, que pertenece a Azuay Ese territorio, desde hace dos años, ya era una zona de preocupación por la presencia de grupos armados que tienen amplios vínculos con “la minería criminal”.
“Si desde hace dos años ya venimos mostrando la situación de Camilo Ponce Enríquez, es algo que va a reflejarse hoy en día. La lógica detrás de esto es que la actividad criminal tiene una capacidad de resiliencia y adaptabilidad”, destacó. Villavicencio indicó que en Azuay hay situaciones disparejas en cuanto a seguridad y que, al colindar con Loja , donde también hay gran presencia de minería criminal, el crimen organizado actúa de acuerdo con lo que es más beneficiosos para ellos y su portafolio criminal se diversifica. (PSR)
CONTROL. Operaciones militares realizadas en Azuay contra la minería ilegal. (Foto: Ejército Ecuatoriano)
7 recomendaciones para la derecha en la región
Alejandro Peña, una voz autorizada de la derecha latinoamericana, está en Ecuador para presentar dos libros sobre cómo vencer al Foro de Sao Paulo. Conozca lo que dijo a LA HORA en una entrevista.
Alejandro Peña Esclusa es un analista político y un convencido de que la izquierda y el Foro de Sao Paulo no brindan prosperidad en los países donde han llegado al poder.
Peña no tiene miedo en mostrar la ideología de derecha en varios continentes y sus beneficios para los ciudadanos.
El venezolano advirtió, por primera vez, en 1995, lo que Hugo Chávez quería hacer en su país. De hecho, él fue el contendor del dictador Chávez en la elección de 1998. Estuvo preso en el Helicoide y debió salir de Venezuela hacia el exilio.
Actualmente, asesora la Fundación Disenso, de España, y llegó al país para presentar dos de sus libros: ‘La guerra cultural del Foro de Sao Paulo’ y ‘Los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo’.
LA HORA entrevista a Peña Esclusa sobre la coyuntura política en la región y también sobre las claves de la derecha.
Aquí siete puntos sobre la derecha en América Latina que salieron durante sus intervenciones:
1
Priorizar la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo: Es fundamental, dice Peña, que los líderes políticos tengan claro que el principal adversario a derrotar es el crimen organizado y el narcotráfico, ya que estos impiden el desarrollo de las naciones y carcomen las instituciones.
2
Integrarse al Escudo de las Américas mediante alianzas con Estados Unidos: Peña Esclusa enfatiza que los carteles operan como estructuras internacionales con presupuestos que parecen inagotables, por lo que es imposible vencerlos únicamente desde lo nacional. Recomienda forjar una alianza
ANALISTA. Alejandro Peña Esclusa es venezolano y advirtió, desde 1995, el riesgo que representaba Hugo Chávez a su país.
internacional que cuente con el apoyo de EE.UU. para aprovechar su vigilancia satelital, tecnología, armamento sofisticado e inteligencia de alto nivel.
3Dar la batalla cultural y combatir los relatos de la izquierda: Para
desmantelar los remanentes del socialismo del siglo XXI, la derecha, dice, debe enfocarse en el “mundo de las ideas”. Se debe crear un contrarrelato o contranarrativa basada en la razón y la verdad que “derrote los cuentos y falsas narrativas que la
DIPLOMACIA
izquierda ha instaurado en la educación, la cultura y los medios de comunicación”.
4
Crear un mercado común hispanoamericano: En el ámbito económico, recomienda dejar de actuar como países aislados que no logran hacer atractivas grandes inversiones, como ferrocarriles o puertos, y, en su lugar, asegura, aprovechar la afinidad cultural y el idioma compartido para formar un mercado común de 420 millones de habitantes.
5
Reivindicar la identidad hispana y occidental: Aconseja romper el relato instaurado que hace creer a los hispanoamericanos que son “culturalmente inferiores”. Destaca que el idioma español y la pertenencia a la cultura occidental otorgan un potencial universal que no debe ser fragmentado en “estados plurinacionales”.
6
Perder el miedo a definirse como de derecha: Ante el temor de muchos a reconocer su afinidad política, Peña recomienda exponer y analizar las consecuencias destructivas que ha dejado la izquierda (como en el caso de Venezuela) para demostrar que la derecha cuenta con mejores ofertas para solucionar los problemas del mundo real.
7
Actuar con determinación y pedir paciencia a la ciudadanía: Desmantelar estructuras de poder y de infiltración criminal toma tiempo, dice Peña. Por lo tanto, recomienda tener determinación, confianza y “darle tiempo a los gobiernos de derecha o de centro” que están asumiendo el poder para que logren resultados, sin caer en la trampa de la narrativa de izquierda que culpa de todo al gobierno. (DLH)
Abelardo de la Espriella responde a Daniel Noboa, ¿qué le dijo?
ECONOMÍA
Santa Bárbara en Ecuador: hallazgos de oro y cobre impulsan potencial minero
PAÍS Noboa emite decreto con el que Ecuador abandona el sistema Sucre
LIBERTAD SIP rechaza represalias contra periodista Hernán Higuera por caso Progen
JUSTICIA Caso
Sinohydro: Fiscalía solicitó al Tribunal que rechace las contradicciones hechas por los procesados
Plan contra la desnutrición crónica infantil prioriza 710 parroquias
El plan para prevenir la desnutrición crónica infantil es una de las políticas sociales que lidera la Vicepresidencia de Ecuador. La estrategia de largo plazo busca generar impacto en 710 parroquias. De ellas, 278 tienen prioridad alta.
Vicepresidencia de Ecuador).
Tener un hijo implica considerar una serie de factores para que tenga un óptimo desarrollo, desde su gestación hasta sus dos primeros años de vida.
La Vicepresidencia de Ecuador apunta a mejorar las condiciones de desarrollo del recién nacido por medio del Plan Estratégico
Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil en Ecuador (PEI-DCI 2025-2030).
La Desnutrición Crónica Infantil (DCI) es “el retraso en la talla o en el crecimiento, constituye un desafío crítico para la salud de la niñez en Ecuador , problemática que ha afectado a varias generaciones de infancias, despojándolas de un futuro de oportunidades con iguales posibilidades”, apunta el PEI-DCI.
¿En qué consiste el Plan Intersectorial?
La Vicepresidencia de Ecuador explica que el PEI-DCI fue emitido a finales de 2024
para que su implementación se ejecute desde 2025. Se trata de una propuesta estratégica orientada a la prevención y reducción de la DCI e incluye un paquete priorizado de ocho servicios
Este paquete está destinado a los primeros mil días de vida de una persona, que es el periodo crítico, considerado como “una ventana de oportunidad esencial para el desarrollo humano”.
Durante este periodo el cerebro de un bebé experimenta un rápido crecimiento, formando conexiones neuronales que son fundamentales para el desarrollo de habilidades cognitivas, lingüísticas, motoras, sociales y emocionales, subraya el Plan con base en datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) de 2021.
Los ocho servicios son:
· Controles de salud completos para niñas y niños menores de 24 meses.
Consejería familiar para familias con gestantes y me-
nores de 24 meses.
Acceso a agua y saneamiento adecuado para hogares con gestantes, menores de 24 meses en zonas rurales
Acceso a agua y saneamiento adecuado para hogares con gestantes, menores de 24 meses en zonas urbanas.
· Controles prenatales completos para gestantes, según tiempo de gestación.
Esquema de vacunación oportuno y completo para menores de 24 meses.
· Condiciones habitacionales salubres para hogares con gestantes, menores de 24 meses.
Entrega de incentivos económicos, enfocados en contribuir con la prevención de la DCI, para gestantes, menores de 24 meses en situación de pobreza.
Estos servicios actualmente se entregan a escala nacional, según la Vicepresidencia. Fueron identificados tras un diagnóstico sustentado en datos, por ejemplo, los que arroja la Encuesta Na-
mentación de la Enecsdi.
4
Consolidar la gestión y calidad de la información sobre la DCI.
5Mejorar la calidad de la atención a niños, niñas y mujeres gestantes mediante el fortalecimiento del talento humano y la repotenciación de los servicios, adaptados a las necesidades diversas de la población.
6
Afianzar la corresponsabilidad social y transparencia para la implementación de la Enecsdi.
Territorios priorizados Con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de 2024, el Plan detalla que Santa Elena y Chimborazo son las provincias donde la prevalencia de la DCI varía entre el 32,5% y el 40,1%. Pero el problema de la DCI también aparece como relevante en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Pastaza donde supera el 25%.
cional de Desnutrición Infantil (ENDI) que se realiza de forma anual, que a su vez permite evaluar el avance de la implementación del Plan.
La ENDI 2025-2026 se publicará en octubre de 2026.
Los seis ejes estratégicos
El PEI-DCI tiene un enfoque intersectorial para prevenir la DCI en Ecuador y está estructurado por seis ejes con objetivos, 23 lineamientos de política y 99 acciones.
1
Asegurar un entorno habilitador sostenible para la implementación efectiva de la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil (Enecsdi).
2Consolidar la sostenibilidad de los recursos financieros para la política integral de prevención y reducción de la DCI basada en evidencias.
3
Afianzar la articulación territorial entre los niveles de gobierno, la sociedad civil y actores comunitarios que permita una pertinente y efectiva imple-
Las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Manabí, Napo, Orellana, Bolívar, Cañar, Azuay y Morona Santiago constituyen el tercer grupo con una prevalencia de la DCI entre 17,5% y 22,3%. En el resto de las provincias la prevalencia es menor y varía entre 9,8% y 17,1%. El Oro es la provincia con la menor prevalencia de DCI del país.
Además, el Plan destaca que entre 2018 y 2024 existe una disminución de 4,3 puntos porcentuales en la DCI de niñas y niños menores de 2 años, pasando del 23,6% al 19,3% ; mientras que en menores de 5 años la DCI ha pasado del 21,7% al 17,5%.
Como parte del Plan se desarrolló una metodología de priorización de territorios en 2024. Entre las acciones relevantes del eje 1, entorno habilitador, se hizo una priorización territorial y se clasificó a los cantones y parroquias del país en prioridad alta, media y baja Esta clasificación permite identificar la vulnerabilidad del territorio para implementar acciones complementarias. Se clasificaron 710 parroquias y 133 cantones al 2024. (KSQ)
FUNCIÓN. María José Pinto, vicepresidenta de Ecuador, lidera la política social enfocada a prevenir la desnutrición crónica infantil. (Foto:
De la Espriella agradece a Colombia por su triunfo
“colombia, aquí está tu presidente”, posteó el presidente electo de colombia, Abelardo de la Espriella, tras conocer los resultados del escrutinio que ratificaron su victoria.
Político. Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia.
“Con una gratitud infinita hacia Dios y con el corazón lleno de amor por nuestra Patria, recibo el honor más grande que un colombiano puede recibir: servir a su Nación”, escribió ayer en su cuenta de X el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, tras conocer que la Registraduría Nacional del Estado Civil
ratificó oficialmente su victoria su en las elecciones presidenciales de Colombia 2026.
Con el escrutinio concluido, se confirmó que obtuvo el 49,66% de los votos frente al 48,70% de Iván Cepeda, consolidando su triunfo.
“Gracias a cada colombiano que depositó su confianza en este proyecto, a quie-
nes creyeron cuando parecía imposible, a quienes defendieron la democracia, la libertad y la esperanza. Esta victoria no le pertenece a un hombre, ni a un partido, ni a una región. Esta victoria le pertenece a Colombia”, puso en su mensaje el mandatario electo, quien ya convocó a su círculo cercano para definir su gabinete.
Según De la Espriella, en Colombia “ Triunfó la voluntad de un pueblo que decidió recuperar su destino”, por eso su mensaje también se enfocó en buscar una salida a la polarización. “A partir de este momento termina la campaña electoral, terminan las divisiones y comienza la hora suprema del servicio a la Patria”, puntualizó.
También reafimó su compromiso con la Constitución, las libertades, el Estado de derecho y los colombianos. “Seré el Presidente de quienes votaron por mí y también de quienes escogieron otro camino. No habrá retaliaciones, ni persecuciones, ni revanchas. Habrá unidad, respeto y trabajo incansable por Colombia”, remarcó en su mensaje en el que insistió en que “comienza una nueva era para nuestra Nación. Comienza la Patria Milagro”.
Cepeda asume su responsabilidad en los errores de campaña
El candidato del Pacto Histórico a la Presidencia de Colombia, Iván Cepeda, por su parte, reconoció que es el “único responsable” de los desaciertos que se han hayan podido cometer durante la campaña electoral y rechazó las “interpretaciones malintencionadas” de la prensa y los “analistas” sobre su equipo de colaboradores.
“El aparato mediático y algunos ‘analistas’ critican los ‘errores’ de la campaña, y se difunden interpretaciones malintencionadas sobre mi equipo de colaboradores”, dijo Cepeda en un mensaje en redes sociales, desde donde denunció que algunos de ellos “ya están siendo amenazados”.
“Quien tenga que hacer reclamos por cómo se dirigió la campaña, bien puede dirigirlas a mí; único responsable de eventuales desaciertos”, afirmó Cepeda. “Estoy para asumir lo que se deba”, remarcó el candidato, que se quedó a unos 250.000 votos de distancia de Abelardo de la Espriella. (AGENciAS)
GloBal
Bolivia: Evo Morales tendrá que responder ante la ley por bloqueos
El ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, dice que el expresidente Evo Morales tendrá que enfrentarse ante la ley por las declaraciones alentando a los bloqueos que iniciaron hace 50 días.
Crisis. Las protestas y los bloqueos de carreteras obligaron a que el presidente Rodrigo Paz emitiera el estado de excepción.
El ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, ha declarado este 23 de junio de 2026 que la pausa de los bloqueos anunciada por el expresidente Evo Morales no es un gesto de “generosidad”, sino más bien viene motivado por la “presión” y el “sufrimiento” de las familias.
Se trata de la primera reacción del Gobierno al anuncio de Morales y sus aliados de levantar los bloqueos de manera momentánea, en el cuarto día ya desde que se decretó el estado de excepción y cuando se cumplen ya más de 50 días desde que se establecieron por todo el país, para pro -
testa contra el presidente Rodrigo Paz. Justiniano ha destacado que se ha logrado poner freno no a la protesta sino a “un método de presión que estaba castigando a millones de bolivianos”. En ese sentido, ha señalado que “se trata de una victoria de la gente, de quienes resistieron en paz y
de quienes querían trabajar”.
El ministro de Defensa boliviano ha subrayado que durante todas estas semanas la población ha expresado su rechazo a estas medidas de presión que han afectado gravemente al transporte y al desplazamiento de trabajadores, así como al abastecimiento de productos de primera necesidad y al desarrollo económico.
Tras supervisar las labores de limpieza en la carretera que une La Paz con Copacabana , ha advertido de que el expresidente Morales tendrá que enfrentarse ante la le y por las declaraciones alentando a los bloqueos que ha venido emitiendo estos días.
“El señor Morales hizo declaraciones que han quedado registradas por la prensa. La ley tiene que actuar y buscar la responsabilidad de las personas que estuvieron a cargo de este tipo de situaciones que generaron violencia y sufrimiento para la población”, ha dicho el ministro, según recoge la cartera de Defensa en una nota.
Unas investigaciones que no solo deben apuntar hacia Morales, ha dicho, sino también contra esos “dirigentes de una consigna política”, “que financiaron esta situación que dejó a la familia boliviana sufriendo durante tantos días”.
En declaraciones a ‘El Deber’, Justiniano considera que este final “deja a todos los bolivianos contentos” y que Morales y los suyos también han acabado por comprender, “aunque fueron los últimos”, “que no se puede hacer política a costa de la
presión de los bloqueos, a costa del sufrimiento de la gente”.
Recuento de las protestas Coincidiendo con el Día Internacional del Trabajador , la Central Obrera Boliviana (COB), uno de los grandes sindicatos del país, declaró una huelga general indefinida para reclamara mejoras laborales y salariales, así como medidas efectivas para hacer frente a la falta de divisas y combustible.
Unos días después, agrupaciones campesinas de La Paz se sumaron a las protestas levantando los primeros bloqueos en las carreteras, una medida de presión que fue replicada por otros grupos, entre ellos los más afines a Morales, por todo el país, haciendo suyas estas demandas, así como la dimisión de Paz.
Durante los momentos más críticos de la protesta se registraron más de un centenar de bloqueos repartidos en siete de los nueve departamentos que conforman Bolivia. Después de varios intentos fallidos por establecer un diálogo, finalmente cuando se cumplían 50 días de bloqueos la COB y el Gobierno llegaron a un acuerdo.
Horas después de aquello, Paz decretó el estado de excepción para servirse de las Fuerzas Armadas para levantar estos bloqueos, que continuaban siendo liderados por las agrupaciones campesinas y los aliados de Morales, quien tres días después de la declaración de emergencia anunciaba “un cuarto intermedio” de los bloqueos. (EUrOPA PrEss)
SANTO DOMINGO
Imbabura suma 13 muertes violentas en cinco meses
El presunto sicariato ocurrido en Ibarra vuelve a poner en evidencia la violencia criminal en Imbabura, provincia que registra 13 delitos contra la vida en los primeros cinco meses de 2026, según el Ministerio del Interior.
El adolescente de 16 años, presunto autor de la balacera ocurrida en el centro de Ibarra el 20 de junio de 2026, cumplirá internamiento preventivo. Las autoridades informaron que el menor será investigado por el presunto delito de asesinato.
Las investigaciones continuarán para determinar la participación de otros posibles responsables del intento de sicariato que derivó en el asesinato de Britany Chávez, adolescente de 16 años, ocurrido durante un evento público al que asistió más de un centenar de personas.
El hecho violento del 20 de junio no sería un caso aislado. Las cifras oficiales muestran una tendencia sostenida de la violencia en Imbabura. En lo que va de 2026, la provincia registra 13 muertes violentas.
Delitos contra la vida
Según los datos abiertos del Ministerio del Interior, entre enero y mayo de 2026 se registraron 13 delitos contra la vida en Imbabura, entre asesinatos, femicidios y homicidios. En siete casos se usaron armas de fuego.
Al diferenciar los delitos se observa que en la provincia se han cometido 10 asesinatos, dos femicidios y un homicidio.
De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), cada delito contra la vida se investiga y sanciona bajo distintas circunstancias.
El asesinato ocurre cuando una persona mata a otra bajo determinadas circunstancias agravantes, como la indefensión de la víctima o la existencia de mayor violencia o conmoción social. Se sanciona con una pena privativa de libertad de 22 a 26 años.
El femicidio consiste en matar a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género. También se castiga con penas de entre 22 y 26 años de prisión.
En cambio, el homicidio se sanciona con penas de entre 10 y 13 años de cárcel.
Evolución de los delitos contra la vida
Ecuador enfrenta una crisis de seguridad desde hace varios años. En 2021, la situación se agravó con las masacres carcelarias, producto de las disputas entre bandas de delincuencia organizada por el control de los centros penitenciarios. Desde entonces, las muertes violentas en espacios públicos y privados han aumentado en todo el país.
Los datos abiertos del Ministerio del Interior muestran las cifras de hechos violentos ocurridos en Ecuador, desagregados por provincias. En el caso de Imbabura, entre 2021 y 2025 se registraron 143 muertes violentas , entre homicidios, asesinatos y femicidios.
El año más letal para la provincia fue 2025 , cuando se registraron 47 delitos contra la vida
INFRACTOR. El adolescente de 16 años aprehendido cumplirá internamiento preventivo. Fotografía de la Policía
Más violencia en espacios públicos
De acuerdo con el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), en 2025 la tasa de homicidios en Imbabura fue de 9,44 por cada 100.000 habitantes. En Ibarra, la capital provincial, la tasa alcanzó los 15,2 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Durante 2025, el delito más frecuente fue el asesinato, con 28 casos : 21 ocurrieron en Ibarra, cuatro en Cotacachi y uno en cada uno de los cantones Otavalo, Pimampiro y Urcuquí.
Los otros delitos registrados en 2025 fueron 16 homicidios y tres femicidios.
Según la información del Ministerio del Interior, la mayoría de estos hechos ocurrieron en espacios públicos como calles, parques, plazas
y terrenos baldíos.
Violencia criminal y uso de armas Los últimos datos del OECO muestran que en 2025 Ecuador registró una tasa de homicidios de 50,1 por cada 100.000 habitantes, “la más alta de su historia reciente”. El observatorio destaca que el tráfico de armas mantiene una estrecha relación con la violencia letal. En 2025, el 88% de los homicidios intencionales fueron cometidos con armas de fuego, tres puntos porcentuales más que en 2024.
Estas cifras se reflejan en el último hecho violento ocurrido en Ibarra, el 20 de junio, cuando el atacante disparó en varias ocasiones, causando la muerte de Brittany Chávez y dejando a seis personas heridas de
gravedad . Las autoridades señalaron que todas fueron víctimas colaterales.
En su informe de 2025, el Observatorio también advierte sobre la circulación de armas de calibre militar y de armas cortas, cuya tecnología permite su utilización sin necesidad de capacitación o conocimientos técnicos especializados.
Esta situación facilita la manipulación de armas por parte de niños, niñas y adolescentes que son reclutados por grupos criminales, especialmente en las provincias de la región Costa, señala el Observatorio.
Tras los hechos violentos de Ibarra, la Policía Nacional informó que el adolescente detenido manifestó ser oriundo de la Costa, un dato que coincide con las advertencias del OECO. (DLH)
Nacional.
ACCIÓN DE PROTECCIÓN ENTRE PARTICULARES
Resumen
La Constitución del Ecuador de 2008 en su afán de continuar con el avance normativo, superando incluso el de los países vecinos, rompe el paradigma y avanza a un modelo de Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, potenciando garantías existentes, desembocando en la creación de garantías jurisdiccionales como lo es la acción de protección, que surge como un mecanismo que permite subsanar integralmente la violación de derechos fundamentales que provengan de una autoridad pública o de personas particulares, considerándose esta acción como una herramienta de protección en caso de vulneración de los derechos consagrados en la Constitución.
La acción de Protección se monta en escena como una garantía capaz de amparar daños graves inclusive entre particulares; es decir, esta acción involucra la vulneración de los derechos, ya sea por parte de una autoridad pública o por parte de una persona privada
En este contexto el juez que conoce y sustancia el proceso constitucional, es el único facultado para determinar, si la afectación o vulneración consiste en un daño grave, en cuyo caso la declarará procedente por la vía constitucional; o, si por el contrario es un caso que se puede o se debe sustanciar por la vía ordinaria, todo esto luego del desarrollo del proceso constitucional.
El presente artículo se centra en la aplicabilidad de la acción de protección entre particulares, es decir cuando la vulneración de derechos se da en una esfera privada del derecho, para lo cual se debería analizar en primer lugar la gravedad de los daños que se ha podido ocasionar y así determinar el amparo directo y eficaz de los derechos constitucionales que se encuentren vulnerados, lo cual quedaría dentro de la esfera subjetiva del juzgador para determinar que la vulneración alegada en la relación jurídica entre particulares haya generado daños materiales o inmateriales y que dichas consecuencias requieran la necesidad imperativa de reparar ese daño y aún más allá la búsqueda y protección de todos los derechos incluidos los no alegados, ampliándose el espectro protector de derechos.
Las relaciones jurídicas que se dan entre particulares en principio son consideradas relaciones de horizontalidad, por cuanto se presume que las personas que intervienen en actos jurídicos de esta naturaleza privada, se encuentran en igualdad de condiciones, que vienen dadas en base a un principio de autonomía de la voluntad entre las partes; sin embargo de ello luego de la investigación y del análisis correspondiente se puede colegir que en algunos casos si se puede observar una relación de poder -verticalque puede impedir a la persona ejercer su voluntad propia y el ser capaz de defender sus propios derechos fundamentales.
De ahí la importancia de que la acción de protección entre particulares como garantía constitucional, la cual no debe ser analizada como improcedente a primera vista sino por el contrario debe ser analizada como un asunto de fondo por el juzgador constitucional.
Introducción En el desarrollo social, se observan interacciones de connotación jurídica que vinculan tanto a varios actores de la cotidianeidad social como son: la admi-
nistración pública con los particulares, relaciones entre instituciones de la administración pública y relaciones entre particulares; interacciones que, en su materialización, muchas veces llegan a constituirse atentatorias a derechos constitucionales de las personas.
El enfoque del presente artículo tiene por centro las acciones de protección, cuando las vulneraciones alegadas se derivan de relaciones entre particulares, buscando determinar la posibilidad de “constitucionalizar” ámbitos de derecho privado, dejando de lado muchas veces la autonomía de la voluntad privada que es el centro de este tipo de interacciones jurídicas.
Partiendo por la evolución progresiva constitucional en el Ecuador, el cambio de esquema estatal con el enfoque constitucional de derechos y justicia social, se trata de abordar el tema central a partir de la interpretación del texto contenido en el art. 88 de la Constitución de la República, lo cual se hará a partir del análisis y explicación de elementos propios de la acción de protección entre particulares como son el daño grave, servicios públicos impropios, actuación por delegación o concesión y estado de subordinación, indefensión o discriminación permitiendo señalar puntos importantes a tomar en consideración en una acción de este tipo.
En el contexto de la acción de protección entre particulares, se busca determinar los parámetros para la exigibilidad de derechos constitucionales cuando las vulneraciones alegadas provienen de relaciones privadas –entre particulares- sin que medie institución pública alguna, lo que permite establecer las necesidades de atención por parte del Estado, en busca de protección, reparación y/o restitución de derechos constitucionales.
El artículo enfatiza el deber de protección de los derechos constitucionales por parte del Estado, a través de la administración de justicia en las relaciones privadas que puedan desembocar en afectaciones a derechos constitucionales de las personas.
Antecedentes
El Ecuador ha tenido una evolución paulatina, pero progresiva en tanto a derechos de las personas que se refiere. Es importante partir de la consonancia que tiene la forma de Estado en la que se enmarca nuestro país, el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, lo que significa otorgarle total preponderancia a la Constitución de la República del Ecuador, a cuya luz se despliega todo el aparataje normativo del país; y, a la par surge un espectro garantista mucho más amplio para los derechos de las personas, a través de las garantías jurisdiccionales, dentro de ellas la acción de protección, que si bien conserva la base central, evoluciona la vieja acción de amparo constitucional establecida en la Constitución de 1998, a través de la cual se pretendía un mecanismo de tutela de derechos de los ciudadanos, a través de la administración de justicia, más la referida acción de amparo, a lo largo de su tiempo de vigencia ha permitido ver su falta de inmediatez y de cierta forma lejanía con la efectivización de los derechos de los ciudadanos, quedando más bien en un rango de recurso que si bien en ciertos casos sería capaz de cumplir sus objetivos, en muchos otros no se lograba una tutela real y efectiva de los derechos.
En un giro de ciento ochenta grados al paradigma de la Constitución, el esquema neo constitucional como se dijo en
líneas anteriores deja atrás el modelo de Estado de derecho y pasa a un tipo constitucional de derechos y justicia social; de esta manera, a partir de la Constitución del 2008, se evoluciona completamente el pensamiento de las garantías en los derechos de los ciudadanos, de tal manera que el Estado como regente de la Nación tiene deberes establecidos, enfocados precisamente a “garantizar, fortalecer, planificar, promover y proteger” los derechos de las personas y del país en general; sin dejar de lado por supuesto los deberes que también se han establecido para los ciudadanos, completando así el esquema que define a un “sujeto de derechos”.
El esquema constitucional de derechos, no puede convertirse en un catálogo que enliste derechos y garantías, sino que dichos derechos y garantías deben ser completamente aplicables y estar al alcance de las personas, es decir su puesta en escena debe ser posible a través del propio Estado –Función Judicial- efectivizando así el espectro garantista de derechos, dándole un valor real a la garantía a través de la tutela.
Es así como dentro de nuestra Constitución vigente, se puede decir que como un mecanismo de tutela de las garantías y derechos de las personas, se encuentran establecidas las denominadas garantías jurisdiccionales, que permiten a la administración de justicia ser un brazo ejecutor que materializa efectivamente los derechos de la ciudadanía, a través de distintas acciones; que en el caso del Ecuador se han establecido las siguientes: la acción de protección, la acción de habeas corpus, la acción de acceso a la información pública, la acción de habeas data, la acción por incumplimiento y la acción extraordinaria de protección, cada una con objetivos y planteamientos propios que les han caracterizado y otorgado su naturaleza jurídica inconfundible y que a la postre permiten al ciudadano poner en marcha la administración de justicia en procura de sus derechos.
En el contexto vale conceptualizar y diferenciar los derechos de las garantías, siendo los primeros desde una percepción objetiva “…las regulaciones jurídicas de las libertades del hombre”1
Por consecuencia, las garantías serán los instrumentos que permiten la efectivización de los derechos, es decir, las garantías son el camino para el ejercicio de los derechos dicho de otra manera las garantías serán el puente que vincula la norma con la realidad; por ejemplo, la seguridad jurídica es una garantía de certeza en la aplicación normativa, -se debe acotar también que la afectación a una garantía también provoca la vulneración del derecho, entonces será obligación del Estado la protección del derecho y también el cuidado de las garantías-.
En esta línea de ideas se pueden diferenciar derechos cuya protección está establecida por el derecho ordinario y ciertos derechos cuya protección el Estado la otorga a través de la vía Constitucional, de esta manera se puede afirmar que si bien todo derecho merece protección, no toda vulneración de derechos es de índole constitucional; por poner un ejemplo el acreedor que no recibe el pago en la oportunidad establecida, se verá afectado en sus derechos, por parte de su deudor, que a su vez frente a su incumplimiento adquiere una responsabilidad que lo deja en obligación de cumplir y consecuentemente faculta al acreedor a exigir judicialmente el pago, más la protección de tales derechos vendrá a partir de la justicia ordinaria –Civil-, a través de
la acción prevista en la Ley, pero dicha vulneración no puede; o, mejor dicho, no debe ser objeto de protección en esfera constitucional.
Los derechos fundamentales que emanan de la dignidad humana son por excelencia los cuales se encuentran garantizados por la administración de justicia constitucional, a través de las garantías jurisdiccionales anteriormente enunciadas. La concepción de la dignidad humana, que definida en una acepción muy simple significa el respeto que un individuo siente por sí mismo, a la par del mismo respeto que otros individuos sienten hacia el por el hecho simple de pertenecer a la especie humana, de aquí se puede afirmar que los seres humanos tienen establecidos derechos que les son inherentes, sin necesidad de declaración ni reconocimiento alguno, simplemente están ahí con la persona, formando parte integral de ésta, desde siempre y la acompañarán hasta el final de sus días, y es en dónde se asientan las garantías jurisdiccionales.
El deber de protección de los derechos constitucionales La evolución y crecimiento de la sociedad, provoca estrecha cercanía y en tantas veces colisión entre los derechos de los individuos que conforman una sociedad, muchas ocasiones ésta colisión de derechos proviene de relaciones verticales, es decir relaciones de poder que coloca a unos individuos en un estado de subordinación para con otros, sin perjuicio de que sean relaciones particulares en las que se rompa la horizontalidad que en general se presume, lo que obliga al Estado a dotar a sus ciudadanos de una vía eficaz, ágil y eficiente para encontrar protección y reparación a sus derechos, sin dejar de lado que la tutela de los derechos se torna también preventiva para cuidar derechos en eventual riesgo de vulneración, bien provengan de relaciones Estado-particulares o relaciones entre particulares, pudiendo llegar el juez constitucional incluso más allá de los derechos alegados.
La Corte Constitucional ecuatoriana ha manifestado dentro de varias sentencias que:
“el principio iura novit curia es comúnmente utilizado por las cortes constitucionales e internacionales de derechos humanos para analizar posibles vulneraciones de derechos que no hayan sido alegadas por las partes dentro del marco fáctico de un caso; por lo cual, la Corte tiene la facultad y el deber de aplicar todos los estándares jurídicos apropiados a fin de tutelar el efectivo cumplimiento de
la Constitución y su supremacía.”2
Lo que a la postre amplía el espectro de protección inclusive más allá de los derechos alegados.
Volviendo al contexto del ensayo, en esta necesidad de una vía que permita hacer efectivos los derechos surge la acción de protección, para satisfacer el deber de protección a derechos constitucionales, misma que acorde al art. 88 de la Constitución de la República del Ecuador, tiene por objeto: “…el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación.”3
Del texto citado con toda claridad se ratifica lo afirmado anteriormente, no todas las vulneraciones a derechos son susceptibles de vía constitucional, es decir que el rango de protección de derechos de esta acción es precisamente los derechos “constitucionales” que como se explicó anteriormente emanan de la dignidad humana.
Acción de protección entre particulares
El citado art. 88 de la Constitución de la República del Ecuador distingue también que la vulneración de derechos constitucionales puede provenir de autoridad pública no judicial o de una persona particular. Así es preciso establecer que las relaciones entre particulares y autoridades públicas siempre suponen subordinación del administrado al ente estatal, el cual obra en virtud de una potestad pública que le permite bajo prerrogativas exorbitantes tomar decisiones que en muchas ocasiones afectan a derechos del ciudadano administrado, por consecuencia lógica se puede decir que la institución pública –a través de su autoridad competente- tiene una posición que subordina al ciudadano a las decisiones, procesos y procedimientos, por ende hay riesgo de vulneración de derechos por la propia relación jurídica vertical existente entre la administración pública –Estadoy el administrado –particular-, de esta manera la acción de protección permite que un tercero (el juez constitucional)
La Hora Santo Domingo
Autor: Juan Pablo Mariño Tapia.
equilibre esta relación jurídica e impida, proteja o repare la vulneración de los derechos de los ciudadanos.
El caso es diferente cuando la vulneración de derechos se alega entre particulares, pues en este caso la relación no necesariamente va a suponer una posición vertical entre los particulares, como se afirmó en ciertas circunstancias la afectación de los derechos en colisión viene determinada por la subordinación de un individuo, como sucede en general en las relaciones jurídicas entre la administración pública y los particulares; más una libertad de las personas precisamente es la de contratación y en este sentido la voluntad de las personas es la que marca el contexto de la relación jurídica y no necesariamente habrá esa relación de subordinación, en este sentido cabe diferenciar cuando el derecho constitucional puede entrar a proteger derechos que emanan del derecho privado, partiendo del objeto de la acción de protección que incluye las vulneraciones que puedan surgir entre particulares.
La Constitución de la República del Ecuador establece algunos parámetros sobre los cuales se puede constitucionalizar el derecho privado mediante una acción de protección entre particulares así se pueden determinar cuatro elementos que abren la posibilidad de que la administración de justicia en sede constitucional analice los elementos de una acción de protección entre particulares “…si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación”4
En este contexto en primer lugar corresponde revisar respecto de la improcedencia de la acción de protección, así es correcto pensar que si la violación de un derecho por parte de un particular no se enmarca en los elementos señalados por la norma, se tornará improcedente, más el Juez debe tener mucho cuidado en las causales de improcedencia de la acción previstas en el art. 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que dicho sea de paso en la norma que marca las reglas del proceso constitucional, desde este punto de vista se observa que no se encuentran previstos como causal de improcedencia directamente los elementos para una acción de protección entre particulares; por lo tanto, se debe analizar dentro de la audiencia pública si existen o no los elementos para que la acción de protección entre particulares pueda prosperar, la Corte Constitucional ecuatoriana se ha pronunciado al respecto de las causales de improcedencia de la acción de protección mediante sentencia 102-13-SEPCC, en la que básicamente únicamente las causales 6 y 7 pueden ser tomadas a partir de un pronunciamiento de primera providencia, lo que deja al resto de causales a ser analizadas en el contexto de la audiencia pública y de los aportes de las partes, y en este mismo contexto buscar los elementos propios del caso concreto para analizarlos y tomar una decisión, es decir entre particulares siempre se deberá buscar en la audiencia los elementos propios para que la acción entre particulares pueda prosperar..
Daño Grave
La acción de protección cuando proviene de particulares, entonces en primer momento corresponde analizar el daño grave como elemento previsto en el Art. 88 de la Constitución de la República del Ecuador, se ha establecido que la acción de protección tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos de los ciudadanos, dicho de otra manera busca prevenir, restituir o reparar la vulneración de derechos, las acciones de protección entre particulares no son tan abundantes como las acciones contra la administración pública de ahí que hay escasa jurisprudencia al respecto, más el daño grave debe ser abordado desde las consecuencias que puede provocar, es decir provocar una vulneración grave, significa que la afectación tendrá efectos permanentes o cuantiosos, lo que eleva el riesgo de las consecuencias de la vulneración irrogada, en este contexto queda al análisis y la subjetividad del juzgador
para determinar que la vulneración alegada cuando se trata de relaciones jurídicas entre particulares debe generar gravedad independientemente si se trata de daños materiales o inmateriales, el enfoque del juzgador en una acción de protección entre particulares en primer momento debe centrarse en la consecuencia de la vulneración alegada, a fin de establecer la gravedad en la consecuencia y determinar la necesidad de reparación del daño.
No se puede dejar de lado la eficacia requerida en una acción de protección, más cuando se alegue una vulneración grave a derechos constitucionales, sin dejar de lado la premisa de que la acción proviene de aspectos de índole privado, en donde per se las personas están regidas por la autonomía de su voluntad, más la gravedad de la vulneración es la primera puerta que permite a la administración de justicia constitucional acceder al análisis de circunstancias de derechos que provienen de actos privados, se puede decir que la gravedad del daño permitirá la constitucionalización del derecho privado y por ende dejan al juez constitucional en la posibilidad de proteger, restituir y/o reparar los derechos vulnerados, inclusive dejando sin efectos jurídicos al acto del cual proviene el daño grave
Servicios públicos impropios. Delegación y concesión
Ahora, el segundo elemento que permite una acción de protección entre particulares está en dirección a los servicios que puede prestar un particular, es decir cuando una persona –particular- presta servicios públicos impropios se abre la posibilidad de una acción de protección en caso de vulneraciones o riesgos a derechos constitucionales, ya que este tipo de servicios siguen siendo públicos, por supuesto son prestados por un tercero que está regulado por la administración pública, a lo cual no hace falta mayor análisis, más bien se podría afirmar que en este caso la acción de protección si bien es entre particulares, uno de ellos está prestando un servicio público y de cierta manera actúa revestido de una u otra manera de una potestad desde luego regulada por la propia administración pública, y por ende la relación por antonomasia se torna vertical. Lo mismo sucede cuando uno de los particulares actúa con delegación o concesión, el Estado y sus instituciones pueden tener delegados para ciertas intervenciones o concesionar, es decir permitir que particulares brinden servicios públicos, más como se dijo anteriormente al final del día es el mismo Estado que actúa representado, o mejor dicho el particular actúa representando o facultado por la propia administración pública para hacerlo, lo que permite concluir que en este caso concreto existe cierta verticalidad en esta relación particular.
Subordinación, indefensión y discriminación
Finalmente, la norma establece como elemento de la acción de protección entre particulares la subordinación, indefensión o discriminación; para analizar estos elementos se partirá por decir que la acción de protección también está diseñada para equilibrar cualquier tipo de relaciones jurídicas de verticalidad, que desemboquen en la vulneración o afectación a algún derecho de los ciudadanos, sin importar que las decisiones puedan emanar de entres públicos o de personas de derecho privado.
Ahora bien, en principio las relaciones jurídicas que se dan entre particulares, son entendidas como relaciones de horizontalidad, porque se presume una igualdad; ya que, aparentemente ninguno tiene un poder de imperio sobre el otro; más bien como ya se dijo, este tipo de relaciones jurídicas vienen dadas en virtud del principio de la autonomía de la voluntad privada y la libertad de contratación, es decir los sujetos intervinientes en la relación jurídica son quienes establecen sus propias normas y reglas a las que deberán someterse, a lo que se conoce como el principio pacta sunt servanda, (el contrato es ley para las partes); más en ciertas circunstancias, previstas en la ley se torna necesaria la “constitucionalización” del derecho privado; y, surge la posibilidad o garantía de la acción de protección contra particulares, que es parte del deber de protección debido a los
derechos constitucionales, esta garantía permite al juzgador equilibrar las relaciones de los particulares cuando por alguna circunstancia dejen de ser horizontales y se vuelvan verticales, sin bien pueden aparecer en la constitución del acto jurídico como horizontales o igualitarias, en la producción de efectos o la ejecución del acto, las condiciones pueden cambiar y tornarse verticales, constituyéndose así la acción de protección en un límite, no solo al poder público sino también al poder privado, partiendo de la misma conformación del Estado ecuatoriano, como un estado constitucional de derechos y justicia social, lo que obliga a que toda regulación deba estar acorde a las disposiciones de la Constitución de la República.
La subordinación, indefensión o discriminación, son elementos que precisamente rompen totalmente el esquema horizontal en el que se desarrollan por defecto las relaciones privadas –entre particulares-. Se dice que una persona se encuentra en estado de subordinación, cuando está dependiendo de otra persona que es quien “impone” las reglas de la relación, lo que evidentemente aumenta potencialmente el riesgo de que el subordinado pueda verse afectado en sus derechos constitucionales y por consecuencia la misma posición que ocupa en la relación jurídica –por debajo- lo somete a las decisiones del otro, por más que este último obre en virtud de su propia voluntad, es decir sin investidura potestativa alguna.
La Corte Constitucional en sentencia 282-13-JP/19, hace mención que una parte de la subordinación es la existencia de una situación de desequilibrio respecto del particular, así considera, entre otras cosas, que el accionado debe encontrarse en una posición de poder frente al accionante y que ésta sea capaz de lesionar sus derechos
Una de las garantías básicas del debido proceso es el derecho a la defensa, desarrollado a partir del número 7 de art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, el cual incluye varias garantías para que se cumpla con el referido derecho a la defensa. En principio la defensa establecida como derecho de las personas, tiene un contexto más bien en lo relativo a lo procesal, más en el caso de la acción de protección entre particulares, el concepto de indefensión viene dado a partir de la propia situación jurídica de subordinación, es decir es esa relación de poder vertical que impide a la persona en principio ejercitar su voluntad propia y luego por sí misma ser capaz de defender sus derechos y evitar vulneraciones, dicho de otro modo es la parte
más débil de la relación jurídica, lo que puede desembocar en abusos de quien está en una posición de poder, se diría entonces que está indefenso frente a los posibles abusos y vulneraciones de sus derechos constitucionales, lo que abre el camino para que la administración de justicia defienda los derechos del indefenso.
Es menester acotar que se hace referencia a los derechos de índole constitucional ya que en muchas situaciones de subordinación existen vías ordinarias para garantizar los derechos de las personas, más se debe entender en el contexto constitucional que brinda la acción de protección, bien sea porque no existe otro mecanismo idóneo establecido o bien el mecanismo existente se torne insuficiente, entonces cuando se trate de derechos constitucionales cabe esta posibilidad de protección.
En tanto a la discriminación como elemento de la acción de protección entre particulares, simplemente hace falta decir que ninguna persona por derecho puede ser tratada de forma diferente por cuestiones de etnia, religión, cultura, etc., pues todas las personas merecemos un trato digno y equitativo, en caso de que en cualquier tipo de relación jurídica sea entre administración pública y particulares o entre particulares, la vulneración de los derechos constitucionales provenga de un trato discriminatorio, es evidente que la administración de justicia constitucional debe evitar, restituir y/o reparar los derechos de quien recibió un trato discriminatorio en menoscabo de sus derechos. Conclusiones. El trabajo realizado permite concluir que en el Ecuador se permite la acción de protección, con el objeto de garantizar de manera eficaz los derechos constitucionales de las personas, ante posibles vulneraciones, ya sea que dichas vulneraciones provengan de acciones u omisiones de autoridades públicas en ejercicio de sus funciones –administración pública-ya sea provengan de acciones u omisiones entre particulares.
La acción de protección entre particulares tiene sus propios elementos de procedencia establecidos por el art. 88 de la Constitución de la República del Ecuador, los cuales deben ser analizados por el juez constitucional competente en el desarrollo mismo del proceso constitucional, es decir no se puede determinar in límine la improcedencia de la acción de protección entre particulares, sino es un asunto de fondo que el juez constitucional debe analizar junto con los elementos generales de procedencia de la acción de protección.
Podemos afirmar que la constitucionalización del derecho privado, en los casos de vulneración de derechos constitucionales que no hayan podido ser evitados ni protegidos por el propio ciudadano, sin importar la forma de la relación jurídica en sí, sino los elementos que ella puede presentar, que a la postre determinarán la necesidad de protección por parte del Estado.
Finalmente podemos concluir, que un estado de justicia impera cuando los ciudadanos pueden aplicar de manera eficaz y oportuna las garantías en procura de la protección de sus derechos, como en el contexto pudiendo llegar a impedir la producción de efectos jurídicos provenientes de actos entre particulares, es decir relaciones eminentemente privadas, sin embargo la esfera constitucional en su espectro garantista limita –en ciertas ocasiones- la voluntad privada.
Bibliografía.
BADENI, Gregorio: Instituciones de Derecho Constitucional, Ad-hoc, Buenos Aires, 1997.
ÁVILA, Ramiro: Los Derechos y sus Garantías Ensayos Críticos, Quito, 2012.
SACOTO, Sonia; Sujetos de la Relación Jurídica, Loja, 2012. TAMAYO, Javier: De la Responsabilidad Civil, Bogotá, 2020. QUINTANA, Ismael: La Acción de Protección, Quito, 2020. Compendio de Anexos Derechos y Garantías Constitucionales , Compilados Dr. Jhon Espinosa Villacrés.
Sentencias: Sentencia No. 284-15-SEP-CC Sentencia No. 151-15-EP/21 Sentencia No. 051-15-SEP-CC Sentencia No. 088-13-SEP-CC. Sentencia 102-13-SEP-CC. Sentencia No. 282-13-JP/19
Normativa: Constitución de la República del Ecuador. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Código Civil.
1 BADENI, Gregorio: Instituciones de Derecho Constitucional, Ad-hoc, Buenos Aires, 1997, t. I, p. 637.
2 Sentencia No. 284-15-SEP-CC; Sentencia No. 151-15-EP/21; Sentencia No. 051-15-SEP-CC; Sentencia No. 088-13-SEPCC.
3 Art.- 88 de la Constitución de la República del Ecuador.
4 Art.- 88 de la Constitución de la República del Ecuador.
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