Transportistas esperan decisión del Gobierno
El gremio del transporte mantiene apertura al diálogo, pero advierte que el alza del combustible presiona sus costos. En Santo Domingo respaldan la revisión de tarifas si no continúan las compensaciones. 03
¿Cuál es la eficacia del toque de queda en el país? 07
La clase media es muy frágil en Ecuador
Lo que hace bien Daniel Noboa según las encuestas
ADN y correísmo coinciden en revivir el caso EMCO
Colombia: Delegación pide al ELN liberar a funcionarios condenados
Prevalencia del principio de favorabilidad 05 08 06 09 04 11-12
EE.UU. pasa de las sanciones al asesoramiento en Venezuela
So FíA
co RDERo Po N c E
@sofirula
Eso que el poder ha perdido
Hayperiodistas que persiguen declaraciones de poderosos y hay otros que buscan las voces de los que nunca son escuchados. Svetlana Alexiévich pertenece a estos últimos. Su obra, reconocida con el Premio Nobel de Literatura en 2015, y ahora también con el Premio Ortega y Gasset de Periodismo, se construyó escuchando a madres, soldados, huérfanos, sobrevivientes, ancianos, mujeres y hombres anónimos atrapados en las tragedias soviéticas y post soviéticas. Ella transmite una lección ética y humana que deberíamos imitar. Alexiévich advirtió en su discurso durante la ceremonia de premiación: “en este mundo se ha acumulado tanto odio, y tenemos que ser sinceros y reconocer que no nos hemos dado cuenta cómo ha pasado esto”. Vale sumarle que, del odio, hemos pasado al desprecio y la deshumanización. La política se ha convertido en propaganda y espectáculo, mientras la vida de las personas desaparece detrás de discursos de guerra, seguridad o patriotismo. Por eso resulta tan poderosa otra de sus afirmaciones: “La violencia ha pasado a tener derecho de existir”. Cuando la violencia adquiere legitimidad, el poder deja de mirar a las personas a los ojos. Eso ocurre en el Ecuador de hoy. Los padres de los niños de Las Malvinas, por ejemplo, nunca fueron realmente escuchados. Lo mismo sucede con padres que ven cómo sus hijos son absorbidos por las mafias, con los jóvenes sin futuro, con barrios convertidos en escenarios de militarización y propaganda. El territorio se ha transformado en escenario sin gente. Los gobernantes llegan rodeados de cámaras y discursos épicos, pero sin testigos reales. Han inventado una guerra que solo puede entenderse desde drones, estadísticas y cadenas nacionales.
Frente a eso, Alexiévich nos recuerda una obligación moral: “Tenemos que buscar y transmitir testimonios, tenemos que ir en busca de esos testigos allí donde ellos estén, porque quizá nadie comprenda del todo esta locura, pero alguien tiene que dejarla escrita”. Hacerlo exige recuperar algo que el poder ha perdido: empatía.
Ro DR i G o co Nt ERo PEÑAF i EL rcontero@gmail.com
La imposición del interés personal
Eldiálogo es una práctica fundamental que permite a las personas conocerse a sí mismas, cuestionar creencias irracionales y modificar actitudes que pueden resultar perjudiciales para la convivencia social. Comprenderse a uno
Editor General: Jean Cano
Editor Regional: Lorena Melo Mieles
Redacción: santodomingo@lahora.com.ec
Publicidad: mgranda@lahora.com.ec
Año: XXVII No. 11.623
EDitoRiAL
Proteger la clase media
La clase media es un grupo de personas que goza de buena salud financiera y estabilidad laboral, que puede solventar sus gastos sin mayores inconvenientes. Además, tiene gran capacidad de crear deuda para vivienda, autos, educación o negocios; un contexto en el que una familia puede respirar tranquila. Es un grupo de personas que está entre la clase baja y la alta. Pero en Ecuador es vulnerable. Y esta fragilidad hace que pueda pasar a clase baja rápidamente.
Las autoridades no han hecho lo suficiente para fortalecer la clase media que existe e impulsar su crecimiento hacia la clase alta, que es uno de los logros económicos de un país.
Proteger la clase media es un mandato implícito para todas las autoridades políticas, que, en el caso de Ecuador, no se cumple. De hecho, un estudio del Banco
Mundial sobre la región establece que el país no cuida a ese segmento y que es débil ante un golpe económico y la pérdida de empleo o un aumento de los precios.
Este segmento, al que pertenecen 3 de cada 10 personas, está muy lejos de la realidad de Chile, Uruguay y Panamá.
Fortalecerla llega con transformaciones desde las cuentas nacionales. El Estado debe gastar menos, ser eficiente con lo que tiene y debe dedicarse a tareas que estén alejadas de negocios que puede manejar la ciudadanía para evitar subidas de impuestos.
También ayudar a las empresas pequeñas y medianas para que no cierren las puertas y sobrevivan. Asimismo, cambiar las leyes laborales para que los trabajadores puedan encontrar empleo.
Esta tarea debe ser suficiente para que los políticos de todas las tendencias se pongan de acuerdo.
mismo ayuda a enfrentar la realidad con mayor madurez, aceptar errores y prevenir conflictos presentes y futuros. Mientras más claridad se tenga sobre un tema, mayor será la capacidad de actuar con responsabilidad y sensatez. Conocerse a sí mismo es uno de los mayores desafíos que toda persona debe asumir, especialmente quienes ejercen funciones públicas o privadas, o quienes, de alguna manera, influyen en la vida de los demás. Ejercer liderazgo sin autoconocimiento es una tarea compleja, por-
que quien no ha aprendido a reflexionar sobre su conducta difícilmente podrá orientar a otros con justicia y equilibrio. La mente, muchas veces, conduce por caminos equivocados, mientras la conciencia intenta advertir y proteger de decisiones impulsivas o sentimientos destructivos.
En ocasiones, la mente desvía la atención de aquello que incomoda al ego. La conciencia cumple la función de alertar, pero no siempre se la escucha. Esto provoca que ciertas personas eviten asumir respon-
Sin miedo al fracaso
Nohay duda que el fracaso es una píldora amarga y difícil de tragar, pero si lo negamos y tratamos de esconderlo no aprenderemos de la experiencia.
Es innato el tratar de evitar el fracaso a toda costa. Nos enseñaron, directa o indirectamente, que equivocarse es sinónimo de incapacidad, que fallar es retroceder y que solo los resultados exitosos merecen reconocimiento. Y entonces, así, sin darnos cuenta, comenzamos a moldear una vida prudente, correcta… pero profundamente limitada. Y nos rehusamos a entender que nadie construye una vida significativa sin equivocarse. Vivir sin miedo al fracaso no significa actuar sin pensar ni ignorar las consecuencias. No es alguien invencible, sino alguien que entendió que el error no lo define, lo forma. Significa tomar decisiones con conciencia, pero sin quedar atrapados en la necesidad de tener todo bajo control. Es entender que la incertidumbre es parte del proceso y que el error no es una sentencia, sino una etapa.
Aquí cabe un ejercicio que deberíamos practicar: Debemos de dejar de juzgarnos con dureza cuando las cosas no salen bien y empezar a mirarnos con honestidad y responsabilidad. No para justificarnos, sino para aprender. Porque quien no se permite fallar, no se permite evolucionar.
El éxito real se mide en los fracasos de los que has salido con más aprendizaje, resiliencia, perseverancia y humildad… Al final, la pregunta no es si vas a fracasar, porque eventualmente, en algún momento ocurrirá, sino qué vas a hacer con aquello. La respuesta en realidad es, que puedes convertirlo en una excusa para detenerte o en una herramienta para avanzar con más claridad, pues siempre saldrás con algo valioso: experiencia, claridad o fortaleza. Fracasar no nos hace fracasados, nos hace valientes porque por lo menos lo estamos intentando. Porque el verdadero riesgo no está en fracasar. Está en nunca intentarlo.
Es fácil lucir perfectos, cuando no hemos hecho nada…
sabilidades y prefieran culpar a otros de sus propios errores. No aceptan críticas, rechazan la realidad que los demás perciben y se consideran perfectos, dueños absolutos de la verdad y la sabiduría. En política , esta conducta suele convertirse en una práctica frecuente. Muchos llamados “líderes” solo se observan a sí mismos y jamás a los demás. Viven atrapados en una nube de superioridad, fantasía y prepotencia. Su prioridad no es servir, sino conservar el poder, proteger privilegios y garanti-
zar impunidad. Un liderazgo orientado únicamente al beneficio propio nunca logra identificarse con la población. Sus intereses no están en resolver necesidades sociales, sino en mantener estructuras de conveniencia dentro de organizaciones políticas o económicas. Para evitar el rechazo, recurren a discursos vacíos, promesas repetidas y falsas apariencias. La deslealtad hacia la ciudadanía termina convirtiéndose en norma, mientras la confianza pública se debilita cada vez más.
CIUDAD 03
Transportistas abiertos al diálogo, pero insisten en revisar tarifas
El gremio del transporte espera una decisión del Gobierno y advierte que el alza del combustible impacta sus costos operativos.
Los dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip) aseguran que mantienen apertura al diálogo con el Gobierno, que ha planteado extender por dos meses más las compensaciones económicas. El gremio espera alcanzar consensos que permitan sostener la operatividad del sector.
Desde Santo Domingo de los Tsáchilas, la cooperativa de transporte Zaracay, respalda las decisiones que adopten los representantes nacionales. Así lo indicó su presidente, José Luis Uriarte, quien señaló que las tarifas se mantienen sin cambios desde hace varios años y que, ante la falta de compensaciones, es necesario revisarlas para equilibrar los costos operativos. A su criterio, el ajuste podría alcanzar hasta un 65% sobre la tarifa vigente.
La preocupación del sector se centra en el incremento progresivo del precio del
Impulsan Expoterneras
EL DATO
El alcalde Wilson Erazo descartó un incremento en la tarifa del transporte urbano en Santo Domingo.
combustible. Según estimaciones, para el 11 de mayo se prevé un nuevo ajuste de entre el 3 y 5%, lo que elevaría el valor por encima de los 3,12 dólares. Frente a este escenario, los transportistas esperan una decisión gubernamental que brinde estabilidad. Uriarte también mencionó que la actividad ha sido golpeada por la inseguridad y la informalidad. Explicó que el servicio de transporte puerta a puerta se ha expandido en varias provincias, lo que resta usuarios al transporte formal, especialmente en horarios nocturnos, cuando existe temor de circular por las carreteras. No obstante, reconoció que las
° Con el objetivo de fortalecer las capacidades productivas y técnicas de los ganaderos de la provincia, personal del Gobierno Provincial trabaja en la organización de la ‘Expoterneras San Gabriel – Julio Moreno 2026’. Como parte de este proceso, el viernes 8 de mayo se desarrollará una jornada de socialización dirigida a los ganaderos de ambos sectores. La actividad será en la hostería Shaymoon, a las 16:00. (LMM)
SItuACIÓn. José Luis Uriarte, presidente de la cooperativa de transporte Zaracay, indicó que mantienen expectativa frente a las decisiones del Gobierno.
acciones de control han permitido reducir los asaltos y mejorar la percepción de seguridad en los viajes.
Compensación en evaluación
Desde la Fenacotip se in-
formó que la compensación económica se encuentra cubierta hasta el 15 de abril, mientras que el último desembolso previsto culmina el 15 de mayo.
Esta medida se implementó en septiembre de
Feria ‘Detalles para Mamá’
° El jueves 7 y viernes 8 de mayo se desarrollará la feria de emprendimientos ‘Detalles para Mamá’, en los bajos del Municipio, en horario de 08:00 a 20:00. Se invita a la ciudadanía a apoyar el talento local mientras elige un detalle especial por el Día de la Madre, que se conmemora el domingo 10. Emprendedoras ofertarán una diversidad de productos elaborados especialmente para esta ocasión. (LMM)
2025, tras la eliminación del subsidio al diésel durante el gobierno de Daniel Noboa. Hasta este mes, el monto de la compensación se ha fijado entre 400 y 550 dólares, dependiendo del tipo de transportista. (LMM)
‘Eco de Huesos’ llega a La Concordia ° El Ministerio de Educación, la Compañía Nacional de Danza, el Museo de la Memoria y el Municipio presentan la obra de danza ‘Eco de Huesos’, como parte de las medidas de reparación simbólica dispuestas en la sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso Furukawa. La presentación se realizará el jueves 14 de mayo en la unidad educativa Joaquín Gallegos Lara, en la parroquia Monterrey. (LMM)
La clase media ecuatoriana es débil y vulnerable
América Latina entró al año 2026 con una verdad incómoda: el crecimiento económico existe, pero no lo suficiente para expandir la clase media, que sigue frenada por la informalidad, la baja productividad y un ingreso per cápita que progresa con lentitud.
América Latina llega al año 2026 con un diagnóstico claro del Banco Mundial: la región crece, pero no transforma. El Panorama Económico de América Latina y el Caribe 2026 confirma que el PIB regional avanzará alrededor del 2,1%, un ritmo que permite estabilidad, pero no movilidad social. El resultado es una clase media que se estanca o retrocede, dependiendo del país.
El Índice de Fortaleza de la Clase Media 2026 funciona como una radiografía completa de la salud social y económica de cada país. No mide solo ingresos, sino que combina cinco variables estructurales: ingreso per cápita, empleo formal, pobreza, desigualdad y estabilidad macroeconómica. Esto para mostrar qué tan sólida es realmente la clase media y cuán preparada está para resistir crisis.
Cuando se observa el mapa regional, el resultado es inequívoco. Latinoamérica está profundamente fragmentada Hay países con clases medias robustas y estables, otros que avanzan con dificultad y un grupo que permanece atrapado en la vulnerabilidad.
Ecuador aparece justo en ese segmento frágil, con 46,8 puntos, lejos de los líderes y apenas por encima de las economías más rezagadas. Es una señal de alerta porque revela que, aunque muchos hogares se consideran “clase media”, en realidad viven en una delgada línea: un ‘shock’ económico, una pérdida de empleo o un aumento del costo de vida puede empujarlos nuevamente a la pobreza.
En términos simples: Ecuador no tiene una clase media consolidada, sino una clase media vulnerable. Y eso significa que el país no está logrando transformar crecimiento económico en movilidad social real.
FRAGILIDAD. La clase media ecuatoriana no está preparada para afrontar crisis.
Clase media frágil en un entorno desigual
Con un 46,8%, Ecuador se ubica en el grupo de “clase media vulnerable”, por debajo del promedio regional y lejos de las economías que han logrado consolidar una base social más estable.
Comparación regional 2026:
• Liderazgo regional (clase media fuerte): Chile (75,8%), Uruguay (71,2%), Panamá (68,3%), Costa Rica (64,7%). Estos países combinan ingresos altos, baja pobreza y mayor formalidad laboral.
• Clase media en expansión (media alta): Estos países se ubican en el rango 50–60 puntos, lo que refleja una clase media en crecimiento, pero aún con vulnerabilidades estructurales.
• México – 60,1%
• Brasil – 57,3%
• Perú – 55,5%
• Argentina – 55,5%
• Colombia – 54,2%
• República Dominicana –51,4%
Este grupo representa a las economías que avanzan, pero
sin lograr todavía la solidez institucional, laboral y distributiva de los países líderes (Chile, Uruguay, Panamá, Costa Rica).
• Clase media vulnerable (media baja): Este grupo reúne a los países donde la clase media es frágil, altamente expuesta a retrocesos y marcada por informalidad, baja productividad y limitada movilidad social.
• Ecuador – 46,8%
• Guatemala – 45,1%
• Honduras – 43,5%
• El Salvador – 42,3%
• Paraguay – 41,7%
Estos países comparten un patrón: crecimiento moderado, alta informalidad laboral y una clase media que puede caer en pobreza ante cualquier golpe económico.
• Baja consolidación: Aquí se ubican las economías con mayor fragilidad estructural: pobreza elevada, informalidad extrema, inestabilidad institucional o deterioro macroeconómico.
• Bolivia – 38,6%
• Nicaragua – 33,6%
• Venezuela – 33,0%
• Haití – 30,2%
Este grupo representa a los
países donde la clase media es mínima o prácticamente inexistente, y donde la movilidad social está severamente limitada.
Ecuador se ubica en el puesto 11 de 19, en la mitad baja del ranking, y muy lejos de los países que han logrado construir una clase media sólida.
Las vulnerabilidades
El índice del Banco Mundial asigna peso a cinco factores clave. En Ecuador, tres de ellos muestran rezagos estructurales:
1. Informalidad persistente (25% del índice). La informalidad laboral supera el 63% de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que limita ingresos estables, acceso a crédito y protección social. Es el principal freno para que los hogares asciendan y permanezcan en la clase media.
2. Ingreso per cápita estancado (30% del índice). El crecimiento económico de la última década ha sido irregular, afectado por ‘shocks’ externos, crisis fiscales y baja inversión. El crecimiento real de la economía ecuatoriana entre 2015 y 2024 promedió el 1,15% anual. Es decir, por debajo del crecimiento de la población del 1,5%.
“En esos 10 años se profundizaron los problemas del país. En el segundo boom petrolero, entre 2007 y 2014, se gastó hasta tres veces más por año (el gasto público llegó a superar el 40% del PIB), pero no se cambió estructuralmente la economía ni la productividad. Luego hemos tenido, de 2015 a 2024, un círculo vicioso de falta de inversión, deuda pesada por pagar (herencia del boom), baja producción y reformas a medias o mínimas”, puntualizó Verónica Romero, economista.
EL DATO
Ecuador crecerá a un máximo del 2,5% entre 2026 y 2029, pero necesitaría crecimientos de 5% o más para consolidar su clase media.
A la par, el ingreso per cápita avanza, pero a un ritmo insuficiente para sostener movilidad social. Así, la economía ecuatoriana actualmente produce $499,92 al mes. Esto impide que se paguen salarios más altos.
3. Vulnerabilidad ante la pobreza (20% del índice). Una parte significativa de la población que se considera “clase media” es en realidad clase media vulnerable, es decir, hogares que pueden caer en pobreza ante un ‘shock’ económico, sanitario o laboral. En otras palabras, no tienen colchón ni reservas ante emergencias.
4. Desigualdad estructural (15% del índice). Aunque Ecuador ha tenido avances, la desigualdad sigue siendo alta en comparación con países líderes como Uruguay o Chile.
5. Estabilidad macroeconómica (10% del índice). La dolarización aporta estabilidad, pero la fragilidad fiscal y la baja inversión pública reducen la capacidad del Estado para impulsar movilidad social. En promedio, el déficit fiscal en Ecuador supera los $5.000 millones al año. Eso representa un Estado sin capacidad de inversión y que se endeuda para pagar deudas.
¿Cómo fortalecer a la clase media?’
El país enfrenta un desafío doble: crecer más y crecer mejor. Las recomendaciones del Banco Mundial apuntan a tres frentes:
1. Impulsar productividad y diversificación. Más inversión, más innovación y más sectores capaces de generar empleo formal.
2. Reducir la informalidad. Reformas laborales, incentivos a la formalización y simplificación regulatoria.
3. Mejorar la calidad institucional. Estabilidad política, reglas claras y políticas públicas sostenidas en el tiempo. (JS)
Noboa: ¿puede mejorar su gestión y recobrar la confianza ciudadana?
Las encuestas reflejan niveles de calificación y desaprobación sobre la gestión del presidente de la República, Daniel Noboa, eso aún no significa una percepción de rechazo ciudadano, pero podría llegar a serlo si no rectifica errores, advierten expertos.
Resultados consolidados de variables durante lo que va de 2026
Enero
Agrado Confianza
El presidente de la República, Daniel Noboa, aún está a tiempo de mejorar su gestión porque todavía no se ha consolidado un rechazo ciudadano, señalan tres expertos consultados por LA HORA.
Pero advierten que Noboa debe hacer algunos ajustes para generar confianza en la ciudadanía, de lo contrario podría experimentar un impacto en las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026.
Seccionales, una ‘prueba de fuego’ Santiago Coronel, consultor político del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (Ciees), aclara que la encuestadora no ha medido la variable del rechazo a la gestión de Noboa. “Lo que hay es una baja calificación de la gestión presiden-
cial”, puntualiza.
Coronel indica que esa baja calificación podría transformarse en una “resistencia” de la ciudadanía.
¿De qué manera? La ciudadanía puede expresarse cada vez con una calificación más pequeña y eso puede reflejarse en las variables emocionales como una ciudadanía más indignada, más fatigada alrededor de la gestión pública y eso puede expresarse electoralmente, según evalúa el consultor.
“Una de las pruebas de fuego del Gobierno en su gestión política, por ejemplo, será la elección de noviembre de este año, que puede ser eventualmente una derivación de ese rechazo que potencialmente se estaría fraguando, si no hay una evolución a través de ciertos indicadores”, advierte y detalla:
La contracción de expectativa y realidad: “Hay una contracción entre la expectativa y los resultados de la gestión de la política pública del inicio de mayo de 2025 y los resultados de la gestión política actual que se está entregando en 2026”.
· La capacidad de vocería: “Estos elementos de calificación están siendo altamente presionados por esa gestión deficitaria en el ámbito de la credibilidad, Noboa tiene discursos escuetos y apalancados en redes sociales”.
· El plan del Gobierno: “Marcar la agenda es una de las cosas principales que tiene que hacer un gobernante”.
Sin embargo, Coronel subraya que hay resultados no tan negativos. El Ciees hizo una pregunta de profundidad: ¿para usted qué es lo mejor que ha hecho Daniel Noboa?
un rechazo como tal hacia el Gobierno de Noboa. “Pero hay un inicial descontento de la ciudadanía. No podemos hablar de rechazo porque estamos viviendo en un contexto político muy polarizado. Si rechazo a Noboa significa que mi otra opción es Rafael Correa o sus representantes. Y eso a gran parte del ciudadano ecuatoriano que votó por Noboa no le conviene”, evalúa la experta.
Tiene una hipótesis sobre lo que podría suceder en las seccionales: que parte del electorado podría “votar por el mal menor”, es decir que voten por los candidatos de ADN o por los que Noboa apoye en ese momento.
Endara señala que el elemento más relevante que tuvo que haber llamado la atención a Noboa es el resultado de la consulta popular de noviembre de 2025, porque fue un “voto castigo”. Ahora se suman al descontento ciudadano los casos de presunta corrupción, como Progen y los demorados cambios de ministros, añade.
“Allí encontramos que el 22%, por ejemplo, respondió el trabajo sobre seguridad y luego un agregado de alrededor del 11% que habla de los bonos, becas y ayudas sociales”, indica. Por eso refiere que hay problemas y desafíos en la comunicación del Gobierno para que tenga sentido el manejo de seguridad.
¿Desaprobación equivale a un rechazo?
Un 54,68% desaprueba la gestión de Noboa, mientras que un 41,20% la aprueba, según la encuesta de abril de Click Report
Un 56,1% desaprueba la labor que hace Noboa, frente a un 37,8% que la aprueba, de acuerdo a la encuesta de abril de Imasen.
Andrea Endara, analista política de Guayaquil, coincide en que aún no se configura
¿El Gobierno necesita una autocrítica? Juan Manuel Fuertes, analista político y exsubsecretario de Gobernabilidad, considera que hay motivos por los que la percepción ciudadana se ve reflejada en las encuestas: el caso Progen, el conflicto comercial con Colombia, errores en la comunicación gubernamental para desmarcarse cuando surgen problemas en alguna institución pública. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de revertir el camino hacia el rechazo, menciona. “Pero eso depende del grado de madurez emocional que tenga el gobernante y de la capacidad de gobierno que exista. Es decir, del recurso humano con el que cuenta el Gobierno liderado por Noboa, pero esto a su vez necesita un ejercicio de autocrítica y apertura a la crítica para, en función de eso, adoptar los correctivos del caso”. Fuertes advierte que no toda la gestión se debe circunscribir a las fallas de orden comunicacional porque a veces en la gestión concreta no existe el sustento necesario. (KSQ)
Febrero Marzo Abril
Fuente: CIEES
ASAMBLEA. ADN y RC coincidieron en fiscalizar la extinta Empresa Coordinadora de Empresas Públicas . (Foto: Asamblea Nacional)
Correístas y ADN coinciden en fiscalizar gestión de EMCO
En la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea, el correísmo respaldó con sus votos el inicio de un proceso de fiscalización a la extinta Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO-EP).
La Revolución Ciudadana (RC), en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, respaldó con sus votos una solicitud de cambio del orden del día y se aprobó la incorporación de una moción para investigar la gestión de la extinta Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO-EP). El inicio del proceso, de iniciativa del gobiernista Acción Democrática Nacional (ADN), busca esclarecer presuntos manejos irregulares ocurridos durante la administración de Hernán Luque Lecaro, quien fue designado durante el Gobierno de Guillermo Lasso. El cambio de orden del día fue aprobado por unanimidad con los votos de los asambleístas de ADN: Ferdinan Álvarez, Ana Tapia, Fabiola Sanmartín, Luigi García, María Paula Villacrés, así como los de la Revolución Ciudadana: Janeth Bustos, Nanki Saant, Fricson George y Ana Herrera (Revolución Ciudadana). La moción, que fue planteada por el legislador
oficialista Luigi García, también tuvo el respaldo de José Nango (exPackakutik, actual aliado de ADN).
La decisión de ADN de fiscalizar, con el apoyo correísta, surge tras la reactivación del caso Encuentro, que investiga una presunta red de corrupción que habría operado desde EMCO. La extradición de Luque Lecaro desde Argentina llevó al Legislativo a retomar el caso.
“Ya se ha dado paso al proceso de extradición desde Argentina del señor Luque, pieza clave en la presunta trama de corrupción, en la presunta red de corrupción del denominado caso Encuentro y esta Comisión no puede callar, no puede darle la espalda a hechos que reabren preguntas graves sobre supuestos hechos de corrupción y el posible cometimiento de delitos de exfuncionarios del sector público”, dijo García al sustentar el pedido. Según la hipótesis de ADN, en la gestión de EMCO se habría configurado una red de corrupción que incluiría:
• Presiones indebidas en el
nombramiento de altas autoridades.
• Injerencia en la administración de contratos de alta cuantía.
• Intromisión del crimen organizado en el sector público.
• Vinculación de altos funcionarios y personas cercanas al poder Ejecutivo con estructuras internacionales de l narcotráfico.
• ADN también sospecha que dentro de esta trama de corrupción se vieron involucradas empresas de sectores estratégicos como CNEL, C elec, Petroecuador, Flopec, BanEcuador y la Aduana. “Son hechos sumamente graves, son hechos de conmoción nacional, debemos transparentar lo sucedido y establecer precedentes que prevengan la repetición de estos esquemas de corrupción en el sector público, caiga quien caiga”, dijo García.
La postura de la Revolución Ciudadana
La l egisladora correísta
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Ana Herrera declaró que su movimiento no se opone a la fiscalización. “Ojalá no sea conveniencia política, y no sea solo una cortina de humo de lo que está pasando en el país”, afirmó Herrera, quien dijo que también se debería investigar el caso Progen. Sobre el caso EMCO recordó la existencia de algunas actuaciones en el ámbito judicial. Mencionó que la extradición de Luque Lecaro solo depende del Gobierno de Argentina. Herrera, quien espera que con esto se pueda develar si hubo o no una red de corrupción en el Gobierno de Lasso, pidió incluir a autoridades como Diana Salazar, que “seguramente tendrá información, pues fue en su periodo cuando ella era Fiscal y ahora es embajadora en Argentina”. Para Herrera, el país merece transparencia de los hechos que ocurrieron con EMCO. “En eso me parece que vamos a coincidir”, afirmó.
Liliana Durán, de la bancada de la RC, declaró que le parece bien que se vaya a convocar a Lasso, a Luque y a todos los que intervinieron en la administración de aquel Gobierno, pero consideró que sería más importante que la Comisión priorice la fiscalización a Progen, o el caso de la empresa Austral Technical Management (ATM). (SC)
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Toque de queda, una medida reactiva
Pese a que hay una reducción en los homicidios intencionales en el primer trimestre de 2026, el nuevo toque de queda es cuestionado. Especialistas advierten que se ha convertido en una medida común y plantean una planificación para atacar al crimen.
Desde esta semana, de 23:00 a 05:00, solo policías y militares pueden transitar las calles en nueve provincias y cuatro cantones de Ecuador, debido al toque de queda decretado por el Gobierno de Daniel Noboa. La medida rige del 3 de mayo al 18 de mayo de 2026 en las provincias de G uayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos. También para los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal. El Gobierno impuso el segundo toque de queda de 2026 en la lucha contra el
crimen organizado, que ha generado una ola creciente de violencia en el país. Pero hay cuestionamientos.
Medidas restrictivas ya no son una excepción
Byron Villagómez, líder técnico del Observatorio del Crimen Organizado , destacó que en Ecuador se vive en un estado de excepción que “ya se ha considerado permanente”, especialmente desde 2024, tras el atentado a TC Televisión.
“En este 2026 sí llama la atención que se vuelva a emitir un Estado de excepción y que se imponga estas medidas (como toque de queda),
porque las cifras que maneja el propio Estado, y lo que hemos visto nosotros como datos del Observatorio de Seguridad de Quito, es que en el primer trimestre de este año se han reducido los homicidios intencionales”.
Villagomez añadió que en los decretos ejecutivos se citan notas de prensa de homicidios, atentados y capturas de miembros de grupos organizados, pero aclaró que eso “no refleja una tendencia estadística”, explicó.
Para este analista, el país se encuentra en una situación de control y manejo de varias zonas en las que hay grupos de delincuencia organizada. Esa es una realidad que no ha cambiado drásticamente desde 2024, como para que se justifique un toque de queda.
La medida establecida como toque de queda se justifica en el Decreto Ejecutivo 370 con “la finalidad de mitigación del riesgo, al constituir una medida idónea para reducir la exposición de la población civil, disminuir la probabilidad de daños colaterales y reforzar los mecanismos de control y trazabilidad”.
El crimen puede repuntar “Los ejes viales nacionales son utilizados como vías de paso para el tráfico de dro-
gas, armas, municiones y explosivos. Esta dinámica, sumada al desplazamiento de integrantes criminales hacia otras jurisdicciones, posiciona a las provincias de la Sierra como un corredor clave dentro de las redes delictivas , incrementando el riesgo de articulación con estructuras de crimen organizado transnacional ”, se plantea en la página 22 del Decreto 370, con el que se formalizó el toque de queda.
Para la criminóloga Daniela Valarezo, los estados de excepción son una herramienta para generar impacto en la ciudadanía, y se suspenden los derechos para un bien mayor como el de la seguridad.
“No es necesario el abuso de esto”, aclara la criminóloga, quien considera que el toque de queda ha dejado de
EL DATO
En el primer trimestre de de 2025 se registraron 2.407 homicidios intencionales. En el mismo periodo de 2026 se han contabilizado 2.086, según datos del Ministerio del Interior.
ser una excepcionalidad y se ha convertido en una regla. Agrega que el crimen puede repuntar una vez las medidas concluyan, pues puede haber una migración o mutación del delito Explica que tal como ocurre con las organizaciones criminales , que se reajustan o reacomodan cuando caen sus líderes, las actividades delictivas y los territorios que ocupan también cambian dependiendo de la situación, porque “son empresas criminales y su objetivo es ganar dinero”, señaló.
En el caso del toque de queda, detalló que se ha demostrado, con datos de Policía Nacional, que “en lugar de cometer delitos de 23:00 a 05:00, los están cometiendo a plena luz del día, con complicidad y corrupción”.
Política contra el crimen es necesaria Cristian Ordoñez, especialista en temas de seguridad, aseguró que las medidas restrictivas son reactivas y no hay una planificación de seguridad, ni tampoco hay una planificación estratégica de cárceles.
Ordoñez dijo que es necesario atender las necesidades básicas de la población y no politizar las medidas de seguridad.
Además, indicó que en estas medidas se han perdido la naturaleza de excepcionalidad porque son acciones que se han reiterado y normalizado.
Daniela Valarezo manifestó que se pueden focalizar las intervenciones , donde se sabe que están los cabecillas, sin restringir derechos para luchar contra el crimen organizado con los datos de la Policía Judicial y la cooperación internacional.
Además, planteó intervenir en el flujo económico de las organizaciones criminales, porque es el dinero lo que sostiene a las bases de la delincuencia organizada. Si no se les ataca de esa manera, sostuvo que se mantendrán en la cooptación a personas, corromperán a funcionarios, seguirán reclutando a niños y adolescentes e incrementarán sus nichos de negocio. (PSR)
CONTROL. Segundo toque de queda que inició en mayo de 2026. (Foto: Policía Nacional)
Colombia: delegación de paz pide al ELN liberar a funcionarios condenados
la delegación de paz del Gobierno pide al ejército de liberación Nacional que libere a funcionarios condenados como “gesto humanitario”.
MaDriD. La delegación de paz del Gobierno de Colombia ha rechazado este 6 de mayo de 2026 la decisión de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de imponer condenas de hasta cinco años de “prisión revolucionaria” a dos funcionarios secuestrados desde mayo de 2025 y ha instado al grupo a su liberación como “gesto humanitario”.
“De nuevo solicitamos al ELN un gesto humanitario para que no solo respete la vida de los funcionarios, sino que los libere sin condiciones. Nuestra delegación continuará trabajando y utilizará los canales posibles para buscar la liberación”, ha
indicado la delegación en un breve comunicado publicado en sus redes sociales.
La delegación ha recordado que ha realizado numerosas gestiones para su liberación “en diversas estancias”, incluyendo la comunidad internacional y la Iglesia Católica. “Hemos estado en permanente comunicación con las familias”, ha precisado.
En la misma línea, la Fiscalía colombiana ha instado al ELN a liberar a los servidores judiciales y los agentes de la Policía Nacional secuestrados “sin condicionamiento alguno” y “como muestra de voluntad de paz por parte de esa organización
ilegal armada”.
“El uso repetido de prácticas como el secuestro, prohibidas en Colombia y en el mundo, daña la confianza de la sociedad en los esfuerzos por superar la violencia. La experiencia de años de conflicto armado ha demostrado que el secuestro solo causa más daño y deja consecuencias permanentes en las víctimas, sus familias y el país”, ha precisado en un comunicado.
La Fiscalía ha recordado que “el respeto por la vida, la integridad y la libertad de los colombianos es un principio básico del Estado de derecho”.
Detalles de la condena
Esto se produce después de que miembros del Frente de Guerra Oriental del ELN anunciaran que Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada --dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía de Colombia-- han sido condenados a 60 y 55 meses de “prisión revolucionaria”, respectivamente.
En concreto, el grupo armado ha encontrado a ambos funcionarios “autores materiales” de “delitos de pertenencia a un organismo del Estado dedicado a la comisión de crímenes de lesa humanidad” por “desarrollar acciones de espionaje contra el ELN, vinculando a la pobla-
ción civil y menores de edad” y por la “ejecución de montajes o falsos positivos judiciales contra la población civil”.
A las ‘condenas’ de Pacheco y López, secuestrados en el departamento de Arauca, en el este del país, se han sumado las de dos agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), secuestrados también en Arauca en julio de 2025.
Se trata de Franki Esley Hoyos y Yordin Fabián Pérez, quienes han sido hallados “culpables” de los delitos de “espionaje y perfidia contra el pueblo y el ELN”, teniendo por ello que permanecer en “prisión revolucionaria” durante 36 y 32 meses, respectivamente, esto es, hasta tres años. eurOPa PreSS
Juicio No. 15301-2025-00484
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN TENA. Tena, martes 16 de diciembre del 2025, a las 16h35.
EXTRACTO CITACION JUDICIAL
A: A los presuntos y desconocidos herederos del causante OROZCO ARGUELLO GLORIA MARIA LILIAN BEATRIZ VIUDA DE GUSTAVO FALCONI
ACTOR: TREJO CHILA LINO AURELIO
DEMANDADO: FALCONI OROZCO IVONNE GEOVANA, FALCONI OROZCO
DIEGO FERNANDO Y OTROS
JUICIO: ORDINARIO
ASUNTO: PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO
CAUSA NO.- 15301-2025-00484
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN TENA. UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN TENA. Tena, lunes 24 de noviembre del 2025, a las 14h08. VISTOS: Agréguense los escritos presentados y dado el estado de la causa se dispone: PRIMERO: Por cuanto la demanda presentada cumple con los requisitos previstos en los artículos 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP); se la ADMITE a trámite en Procedimiento Ordinario, establecido en el artículo 289 del Código Orgánico General de Procesos. SEGUNDO. - CITACIÓN. – CÍTESE: 2.2 ) A los presuntos y desconocidos herederos del causante OROZCO ARGUELLO GLORIA MARIA LILIAN BEATRIZ VIUDA DE GUSTAVO FALCONI se los citará por medio de publicaciones en tres fechas distintas, así como lo señala el numeral 1 del Art. 56 del COGEP, para lo cual se entregará el extracto respectivo; previniéndoles de la obligación que tienen de comparecer y señalar casillero judicial o correo electrónico;..- TERCERO: CONTESTACIÓN.- Conforme lo establecido en el artículo 291 del COGEP se concede a la parte demandada el término de 30 días, concordantemente con lo dispuesto en el Art. 56 numeral 2 penúltimo inciso del COGEP, esto es “Transcurridos veinte días desde la última publicación o transmisión del mensaje radial comenzará el término para contestar la demanda”, a fin de que conteste la demanda en la forma determinada en los artículos 151 y siguientes del COGEP y anunciando la prueba respectiva como manifiesta el artículo 152 ejusdem; una vez calificada la contestación, se aplicará lo dispuesto en el artículo 151 inciso tercero del COGEP de ser necesario, y se señalará día y hora, a fin de que se lleve a efecto la audiencia única, salvo aplicación de la disposición contemplada en el artículo 157 de ser el caso , previniéndole de la obligación que tienen de señalar casilla judicial y correo electrónico para recibir notificaciones.- Cúmplase con la publicación en la página web del Consejo de la Judicatura, a través de los medios electrónicos y tecnológicos de los que disponga la Función Judicial, conforme lo dispuesto en el inciso final del Art. 53 del COGEP.- CUARTO.- PRUEBA DE LA PARTE ACTORA.- Considérese el anuncio de los medios probatorios señalados en la demanda, situación que se estará a lo previsto en los artículos 160, 161, 294.7 literal d), sobre la admisibilidad y práctica de prueba en la respectiva Audiencia Preliminar. QUINTO.- INSCRIPCIÓN.- Conforme a lo determinado en el inciso quinto del Art. 146 del COGEP, previo a citar a la parte accionada, inscríbase la demanda en el Registro de la Propiedad de este cantón, para lo cual confiérase el oficio respectivo dirigido al señor Registrador de la Propiedad y Mercantil Municipal del Cantón Tena, electrónicos señalados para recibir notificaciones y téngase en cuenta la autorización conferida a su abogado defensor.- Actúa como secretario el Ab. Carlos Cajas Moya. - NOTIFÍQUESE.
Lo que se comunica para los fines legales consiguientes, advirtiéndoles de la obligación que tienen de señalar casillero judicial, para futuras notificaciones.-
EE.UU. pasa de sancionar a asesorar a Venezuela
El Gobierno de Estados Unidos relajó las sanciones en favor de la reestructuración de la deuda de Venezuela y su petrolera estatal
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ARRENDAMIENTOS PREDIOS Y SERVICIOS S.A. APRESA.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto de Compañía, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía ARRENDAMIENTOS PREDIOS Y SERVICIOS S.A. APRESA., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se realizará el día martes 26 de mayo del 2026, a las 10H00, vía telemática; con el objeto de tratar el siguiente orden del día
1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerencia correspondiente al ejercicio económico del período fiscal de enero a diciembre del 2025.
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario de la Compañía para el ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2025.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros) del ejercicio económico del período fiscal de enero a diciembre del 2025.
4. Conocer sobre los Resultados de la Compañía y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del periodo fiscal de enero a diciembre del 2025.
5. Conocer y resolver sobre el Nombramiento de Comisario Principal, para el periodo del ejercicio fiscal 2026 y fijación de sus remuneraciones.
Los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2025), y los informes del Administrador y Comisario están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía (Av. Gonzales Suarez y García Moreno ), sin perjuicio de que dichos documentos hayan sido remitidos a los señores accionistas adjuntos a la convocatoria realizada por correo electrónico.
Se convoca especial e individualmente al Comisario Principal, señor Marco Zúñiga, al correo electrónico asesoria.maz.consultoria@gmail.com.
Sin perjuicio que la Junta de Accionistas será efectuada de manera presencial en las instalaciones de la Compañía, se brindarán las facilidades necesarias para la comparecencia por medios telemáticos a los accionistas que así lo consideren pertinente. De conformidad con el artículo 233 de Ley de Compañías y el artículo 19 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones, de Economía Mixta y Sociedades por Acciones Simplificadas, solicitamos que los accionistas que requieran comparecer por medios telemáticos (plataforma ZOOM) envíen un correo electrónico a la siguiente dirección: apresa.sa@hotmail.com, a fin de dejar constancia de su comparecencia por esta vía y por motivos de confidencialidad hacerle llegar directamente las claves de acceso respectivas.
El derecho a incluir información e incluir puntos en el orden del día se ejercerá en los plazos de conformidad con el artículo 13 de Reglamento antes mencionado. Si aplicare la emisión del voto a distancia el mismo será consignado al correo electrónico siguiente: apresa.sa@hotmail.com.
Los instrumentos de representación por medio del cual se encargue a otra persona que represente al accionista en la Junta General podrá ser remitido al correo electrónico siguiente: apresa.sa@hotmail.com.
Cuenca, 06 de mayo del 2026
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha informado de la concesión de una licencia que permitirá a algunas entidades legales asesorar al Gobierno venezolano y a la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) sobre una posible reestructuración de su deuda.
Así lo ha dispuesto el Departamento del Tesoro norteamericano en una licencia en la cual ha dado por “autorizadas” transacciones anteriormente prohibidas que sean “habitualmente inherentes y necesarias para la prestación de servicios jurídicos, de asesoramiento financiero y de consultoría” al Ejecutivo central venezolano, así como a Pdvsa y “cualquier entidad en la cual Pdvsa posea, directa o indirectamente, una participación del 50% o superior” de cara a una posible reestructuración de la deuda.
Tales servicios, según reza la licencia general 58 que recoge esta disposición, también contemplan la “evaluación, el desarrollo o la preparación de opciones de reestructuración de la deuda, propuestas y materiales de apoyo relacionados”. No obstante, no autoriza “la reestructuración, transfe -
rencia o liquidación” de la deuda ni las negociaciones directas entre Miraflores, Pdvsa y sus subsidiarias, y los acreedores.
Tampoco incluye condiciones de pago por los servicios prestados al amparo de esta licencia general “que no sean comercialmente razonables, que impliquen canjes de deuda o pagos en oro , o que estén denominadas en moneda digital, monedas digitales o tokens digitales emitidos por, para o en nombre del Gobierno de Venezuela, incluido el petro”, criptomoneda cuya preventa fue lanzada en enero de 2018, estando esta respaldada por las riquezas naturales del país.
Sanciones que se mantienen En esa misma línea, el Tesoro norteamericano seguirá sancionando toda transacción realizada por
personas ubicadas en Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba, China o “cualquier entidad propiedad o controlada por dichas personas”. También cualquier transacción en la que participen personas físicas o jurídicas incluidas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la OFAC. Esa decisión se produce semanas después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciara la reanudación de sus relaciones con Caracas, tras más de siete años de suspensión. No obstante, la disposición estadounidense sigue sin permitir operaciones relacionadas con la renegociación, transferencia o quita de deuda con el Gobierno del país y la petrolera estatal, ni tampoco de reestructuración de los déficits de sus cuentas públicas. EUROPA PRESS
Estados Unidos permitirá a algunas entidades legales asesorar al Gobierno venezolano y a Pdvsa.
Juan Ignacio Aguirre PRESIDENTE
AYUDA.
Minería ilegal: explosivos de Perú se usan en Imbabura y Carchi
Una investigación de siete meses permitió desarticular una red que ingresaba explosivos desde Perú, para abastecer la minería ilegal en Imbabura y Carchi.
IMBABURA & CARCHI.- El desmantelamiento de una red que movía explosivos desde Perú hasta el norte de Ecuador deja al descubierto una de las piezas menos visibles de la minería ilegal: la logística que sostiene el abastecimiento de insumos para la extracción de oro en zonas como Buenos Aires, en Imbabura, y El Chical, en Carchi, donde el uso de material explosivo es clave para mantener un millonario negocio que financia estructuras criminales, como lo ha reportado LA HORA. La operación policial, denominada ‘Fénix 196 –Emulnor’, ejecutada a finales de abril de 2026, permitió desarticular una estructura dedicada al tráfico ilícito de explosivos, tras siete meses de investigaciones que incluyeron seguimientos y allanamientos en varias provincias del país.
“Tras siete meses de gestión investigativa, bajo la dirección jurídica de la Fiscalía General del Estado y el apoyo de grupos tácticos, se realizaron seis allanamientos simultáneos en las provincias de Imbabura, Carchi, Loja y El Oro”, informaron.
Rutas para abastecer explosivos
El esquema identificado revela una ruta organizada y
sostenida. Según la Policía, los explosivos ingresaban de forma clandestina desde Perú, eran almacenados en la provincia de El Oro y luego distribuidos hacia distintos puntos del país mediante envíos en transporte público, lo que permitía mover el material sin levantar mayores sospechas.
Según la investigación, el destino final de estos insumos respondía a zonas específicas donde la minería ilegal mantiene operaciones activas y de gran escala, como Imbabura y Carchi.
“Según las investigaciones el material explosivo era destinado principalmente a actividades de minería ilegal
evIDenCIAs. Los explosivos eran ingresados desde Perú y distribuidos hacia zonas de minería ilegal en el norte del país. (Foto: Policía Nacional)
en sectores críticos como Buenos Aires (Imbabura), Chical (Carchi), Zaruma y Piñas (El Oro)”, afirmaron desde la Policía.
Además, enfatizaron en que el volumen de material incautado en los allanamientos evidencia la magnitud de la operación, donde se decomisaron
En Carchi, en recientes operativos en zonas mineras, se han detectado sistemas de poleas, con miles de metros de cables de acero, que conectan directamente las minas ilegales de Ecuador con sitios de Colombia.
3.550 cartuchos de emulsión, 4.000 metros de cable explosivo, 3.500 detonadores eléctricos, 17 sacos de nitrato de amonio y una caneca con peróxido de hidrógeno, además de dinero en efectivo y dispositivos móviles. Los agentes afirman que este tipo de insumos no solo alimenta la extracción ilegal, sino que permite sostener operaciones continuas en territorios donde la actividad minera se ha expandido pese a intervenciones estatales, incluidas acciones militares de alto nivel en zonas como Buenos Aires o El Chical.
La Policía sostiene que el impacto del operativo va más allá de las detenciones, al afectar directamente la estructura económica que sostiene estas redes y que perjudica al Estado.
El Ministerio del Interior también se refirió en sus redes sociales a este caso, puntualizando que cinco personas fueron detenidas, dos mujeres y tres hombres, añadiendo que el perjuicio estimado al Estado supera el millón de dólares, con indicios de incremento patrimonial injustificado en los implicados. (DLH)
PRoBLeMA Zonas como Buenos Aires y Chical concentran operaciones donde el uso de explosivos es parte clave de la minería ilegal. (Foto: Archivo)
PREVALENCIA DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD
En La wEb
derechoecuador.com
El principio de favorabilidad, dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano se constituye como una garantía básica del debido proceso, establecido así en el artículo 76 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador el cual de forma expresa indica: “En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que con-
templen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora”. (Constitución,2008).
Dicha garantía incorporada en el texto constitucional brinda una esencia enmarcada al garantismo dentro de nuestro ordenamiento jurídico. De forma taxativa, la norma suprema goza de un carácter general y sus derechos reconocidos en ella son de directa e inmediata aplicación para todos los pro -
cesos. En consecuencia, no solo resulta aplicable la garantía de favorabilidad con relación a los procesos penales, sino también se vincula en todos aquellos procesos de índole sancionador determinados en la normativa ecuatoriana.
Utilización del principio de favorabilidad
Refiriéndome concretamente a la utilización del prin-
CONSULTA CiviL
¿En qué consiste la solicitud de retasa de los bienes embargados?
RESPUESTA
el código orgánico General de Procesos determina: art. 405.- retasa y embargo de otros bienes. en el caso en que no haya postores, la o el acreedor podrá solicitar la retasa de los bienes embargados y se reanudará el proceso de remate con el nuevo avalúo o pedir que se embarguen y rematen otros bienes liberando los bienes anteriormente embargados. si el valor ofrecido al contado no alcanza a cubrir el crédito de la o del ejecutante o el de la o del tercerista, podrán pedir, a su arbitrio, que se rematen como créditos los dividendos a plazo. de acuerdo con lo previsto en el art. 405 del coGeP, en caso de no haber existido posturas, aquello se entiende que ha ocurrido en los dos señalamientos, se podrá solicitar la retasa de los bienes embargados para que se reanude el proceso de remate con un nuevo avalúo o pedir el embargo de otros bienes. Por lo tanto, la petición de retasa se le debe realizar luego de que el segundo señalamiento haya resultado fallido.
La Hora Santo Domingo
JUEVES, 07 De maYo De 2026
Autor: Abg. Ecler Heráclito Alcívar Ferrín.
cipio de favorabilidad que además se encuentra incorporado en el artículo 5 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, es importante destacar que esta garantía básica del debido proceso no está sujeta a condiciones específicas para su empleo dentro de los procesos penales. Concretamente se considera suficiente para la aplicación de esta garantía que existan dos normas: La denominada norma “A” sobre la cual se está sustanciando el proceso, se encuentra un derecho sometido o en disputa; y, la norma “B” como una normativa vigente que contiene disposiciones referentes a la sanción contenida en la norma “A”.
Como consecuencia de la comparación entre la norma “A” y la norma “B”; resulta que una de estas dos normas jurídicas tiene el efecto de ser la menos rigurosa; y, en tal sentido, se convierte en la llamada “norma más favorable” sobre la cual se está sustanciando un proceso penal o se pretende determinar una sanción para la persona infractora.
Considerando la naturaleza y la forma en la cual se encuentra constituido el derecho penal ecuatoriano, el principio de favorabilidad se instaura como un razonamiento que no se encuentra subsumido a una labor minuciosa, en lo relativo a la búsqueda normativa de tal instrumento jurídicogarantista. Debido a que, en nuestro ordenamiento jurídico, las sanciones penales se encuentran determinadas únicamente en el Código Orgánico Integral Penal como ley de la materia, teniendo como consecuencia que, en el caso de las penas privativas de libertad, resulte complejo alegar la existencia de otra ley más benigna; en atención a lo orgánico y específico de la norma que limita la búsqueda de sanciones diferentes en otros cuerpos normativos, por encontrarse incorporadas en un único estatuto penal. Existen escenarios naturalmente orientados a la aplicación de este principio, como ocurre en el caso de las reformas o en el tiempo de vigencia de la ley. Por ejemplo, si una persona comete un delito en un tiempo de-
terminado, pero en ese momento la ley contemplaba por tal infracción una sanción de tres a cinco años de pena privativa de libertad. Sin embargo, en lo posterior producto de una reforma se modifica la pena y se establece sobre el mismo delito una sanción de cinco a siete años. Sobre la base del principio de favorabilidad, este escenario en particular reúne las condiciones necesarias para la procedencia de la aplicación de esta figura jurídica (en esencia puramente garantista), ante la existencia de un conflicto entre: a) La norma del momento de cometimiento del delito; y, b) La misma norma posteriormente reformada. Por lo tanto, en observancia a las bases que sustentan este principio, existe una norma que resulta indudablemente menos rigurosa; y, en consecuencia, favorable para el infractor de la ley penal. Al realizar un análisis al caso ut supra, no obstante de estar determinada la pena en la norma, puede existir la particularidad de que la misma determine sanciones diferentes en virtud de las reformas surgentes a través de tiempo, por tal motivo, pese a encontrase tipificada la misma conducta, existe un conflicto en dicha norma al establecer sanciones diferentes; y, en ese sentido será aplicable el principio de favorabilidad siempre y cuando ambas disposiciones estén vigentes y se encuentren vinculadas al caso en concreto. Por cuanto la ley no goza de retroactividad, es decir, estrictamente solo se podrá alegar favorabilidad teniendo como base una disposición derogada si la misa se encuentra vigente en relación con el tiempo en el cual se cometió el delito. Esto en cumplimento al ámbito temporal de aplicación de la norma determinado en el artículo 16 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal el cual textualmente indica: “Toda infracción será juzgada y sancionada con arreglo a las leyes vigentes al momento de su comisión.”
En consecuencia, al vincularse a este escenario el principio de favorabilidad, predomina para la imposición de una pena aquella
disposición legal vigente que determine la sanción menos rigurosa. Brindando de este modo prevalencia al principio de favorabilidad, por ser un derecho determinado así en la Constitución de la República del Ecuador. Tal principio sucintamente no requeriría ser alegado por la defensa; aunque en la práctica sea estrictamente necesario. Llegado a este punto, es imprescindible que por parte del juzgador se realice un análisis orientado a determinar la procedibilidad de la aplicación del principio de favorabilidad.
Dicha evaluación, concretamente debe estar direccionada a determinar la existencia de un conflicto entra la norma “A” en contraste con la norma “B”; y, que dichas normas gocen de plena vigencia para poder considerar la existencia de un conflicto entre ellas. De tal forma, esta garantía de favorabilidad acompaña todo el proceso penal y puede ser alegada en distintas etapas tales como: al momento del cometimiento del delito; en lo referente a la norma en la cual se debe procesar a la persona; o, el momento en el que el derecho fue solicitado (garantías penitenciarias).
La norma constitucional es clara al determinar que la favorabilidad es procedente cuando existe un conflicto de normas “aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción”, texto que refleja el espíritu de irretroactividad de la ley, sin que esto pueda entenderse como la extinción de derechos adquiridos; por ser una persona procesada con una norma que por ejemplo en lo posterior fue derogada, pero tal norma contenía un determinado derecho o una sanción menos rigurosa. Este derecho no se extingue con la vigencia de una nueva ley, sino más bien prevalece en función del principio de favorabilidad.
Criterios de la Corte Constitucional principio de favorabilidad
Para la aplicación del principio de favorabilidad, no se requiere la realización de un análisis profundo, técnico o minucioso por parte del juzgador, en virtud de que
en materia de garantías y de principios; basta con la existencia de una duda razonable para que la favorabilidad sea aplicada. Dicho particular se evidencia con la actuación del legislador al incluir dentro del mismo artículo de la Constitución el cual se refiere al respecto de la garantía del principio de favorabilidad; la garantía de que en caso de duda se aplique por regla general la sanción menos rigurosa. Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado en determinadas ocasiones sobre este principio al sostener que: “La favorabilidad tiene el alcance de poder beneficiar a los procesados o a los sentenciados sin limitación alguna. Sostener lo contrario, constituiría una restricción ilegítima del debido proceso en la garantía de favorabilidad”. (Corte Constitucional, 2020)
De ahí que, es posible también interpretar el principio de favorabilidad contenido en el artículo 76 numeral 5 de la Constitución en el sentido de que éste no se limita a cuestiones sustantivas relacionadas con la conducta punible o la sanción, sino que “[…] su alcance trasciende a aspectos procesales y de ejecución” 30 (énfasis añadido). En consecuencia, también cabe la aplicación del principio de favorabilidad en el caso de dos disposiciones que se encuentren vigentes al mismo tiempo, pero que contengan una regulación distinta respecto de un determinado aspecto sustantivo, procesal o de ejecución. (Corte Constitucional, 2021)
Lo expuesto por la más alta corte del ordenamiento jurídico ecuatoriano en sus reiterados pronunciamientos al respecto de este principio, no hacen más que sustentar y brindar validez a la tesis expuesta en el presente trabajo. La cual se fundamenta en que la aplicación del principio de favorabilidad no debe estar sujeta en ningún caso a condiciones, restricciones o limitaciones de ninguna naturaleza. Bastando como mecanismo para su aplicación la demostración de la existencia de normas jurídicas vigentes que contemplen sanciones diferentes; obligando a los
jueces a emplear en todos los casos la norma menos rigurosa, teniendo además su alcance a todas y cada una de las etapas del proceso e inclusive en la ejecución de sentencia, prevaleciendo así el principio de favorabilidad.
Conclusión
En síntesis, referirse al respecto de la prevalencia del principio de favorabilidad, significa la más alta ponderación de esta garantía en la sustanciación de los procesos. Brindando así un espíritu garantista al asegurar al procesado sus derechos adquiridos; o que puedan surgir en un futuro en función de una ley más benigna sean aplicados dentro del proceso penal del cual está siendo sujeto. De este modo, la prevalencia de esta garantía significa en esencia la vinculación de un principio pro homine el cual sitúa a las personas y sus derechos por encima de cualquier norma jurídica, procurando de este modo, que en el evento de existir sanciones diferentes sobre un mismo hecho sea aplicada siempre las menos rigurosa, en respeto a los derechos reconocidos normativa y constitucionalmente al justiciable.
Bibliografía
- Constitución de la República del Ecuador, 2008.
- Código Orgánico Integral Penal,2014.
- Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 2344-19-EP/20 de 24 de junio de 2020, párr. 36.
- Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 339317-EP/21 de 22 de septiembre de 2021, párr. 48.
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JUEVES 07 de MAYO de 2026
Santo Domingo