Imbabura - Carchi

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Imbabura - Carchi

Juan Arias, precandidato a la Alcaldía de Ibarra, planteó posibles soluciones a varios problemas de la urbe. 3

Gobierno registra reducción del 10% de muertes violentas 5
“Daremos de baja las ordenanzas sobre el alza de pasaje”

POLÍTICA ¿La tercera vía inicia con Yaku Pérez? 4
QUITO 145 vías planificadas quedaron interrumpidas 7

Keiko Fujimori asume un Perú contra las cuerdas 9

MANUEL CASTRO M. manuelcastromurillo@hotmail.com
Los seres humanos solemos temer a lo nuevo: en la política, la ciencia y la sociedad. La abolición de la esclavitud asustó a quienes creían que algunas personas eran esclavas por naturaleza. Fue necesario construir argumentos morales, económicos, políticos y legales para aceptar la emancipación.
La Revolución Industrial también generó miedo: se anunciaban desempleo, hambre y caos. Ocurrió lo contrario: la industria se tecnificó, disminuyeron las horas de trabajo y mejoró la relación entre patronos y obreros.
La idea de que el hombre vive en un estado permanente de guerra produjo dos guerras mundiales y millones de víctimas. Después, el mundo comprendió el valor de la no violencia, como predicó Gandhi. Así, la India alcanzó su independencia. Martin Luther King defendió luego el sueño de una convivencia pacífica entre negros y blancos. Dio su vida por esa causa y su «Tengo un sueño» se convirtió, aunque incompletamente, en realidad.
El comunismo surgió como reacción a la dureza de la industrialización y dividió al mundo entre amigos y enemigos. La lucha de clases, la supresión de la propiedad privada y el partido único no demostraron ninguna ley histórica. El andamiaje marxista se derrumbó y volvió a imponerse una idea esencial: la aspiración humana es la libertad Hoy el temor se concentra en la Inteligencia Artificial. Sus detractores advierten una dictadura tecnológica de los poderosos. Olvidan que la IA es una creación humana, desarrollada en universidades y centros científicos. Puede mejorar el trabajo, ampliar el acceso a la educación y acelerar la investigación médica.
América Latina avanza más lentamente por sus limitaciones económicas y tecnológicas. Debe comprender que profesores y estudiantes siguen siendo fundamentales, y que gobiernos y ciudadanos deben participar en su aprovechamiento. La tecnología, incluida una IA que puede equivocarse, no puede reemplazar la formación de personas con ética, sentido de la justicia y conocimiento de la realidad social.

PACO MONCAYO GALLEGOS pmoncayog@gmail.com
Se calificó así en Colombia a ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos a los que los presentaron como guerrilleros caídos en combate. Se culpó del resultado a directivas del Ministerio de Defensa que exigían resultados operacionales a cambio de recompensas. El saldo: alrededor de 8 mil víc-
Ecuador ha llegado al momento en que tiene que elaborar planes serios para enfrentar el fenómeno de El Niño. El Gobierno, debido a las alertas meteorológicas, decidió elevar la alerta a naranja, lo que significa que el evento es inminente y deben activarse los planes de prevención y de respuesta.
El Niño tiene como su mayor característica las lluvias constantes que provocan inundaciones, desplazamiento de familias, trabas para el comercio y decenas de miles de estudiantes afectados porque los establecimientos están inundados o las vías para llegar a las aulas están interrumpidas. La alerta es para 17 provincias.
El país suele preocuparse de las vías, la energía eléctrica, la productividad y las pérdidas millonarias. Pero históricamente ha dado ligera relevancia a los estudiantes.
En esta ocasión hay un cambio. El Gobierno ha realizado un diagnóstico acerca de los establecimientos que pueden ser afectados con El Niño.
Son 3.873 instituciones fiscales ubicadas en zonas de riesgo, 1.100 tienen alto riesgo.
El Gobierno, a través del Ministerio de Educación, ha realizado intervenciones en 264 instituciones, incluso ha comprado 62 kits para mitigar inundaciones, que incluyen una motobomba, una hidrolavadora y un generador eléctrico.
Con esto se espera que los estudiantes regresen pronto. Pero los gobiernos locales deberán ocuparse del drenaje de calles y mantener habilitadas las vías de acceso.
El trabajo coordinado, dejando la polarización de redes sociales, debe ejecutarse. El país lo requiere.

timas documentadas y decenas de sentenciados. Lo anterior, es un riesgo que no podía descartarse en el conflicto armado interno ecuatoriano. Felizmente, el Plan de Seguridad expedido por el presidente Daniel Noboa , dispone claramente en su ‘Concepto Político de la Seguridad’ que: “… será respetuoso de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario , en estricto apego a la Constitució n de la República, la normativa legal vigente y los tratados internacionales, los cuales pro -
tegen y garantizan los derechos y libertades ciudadanas en términos de igualdad y no discriminación”.
La visión de la Seguridad como una política multidimensional del Estado se observa en la siguiente disposición del Plan: “… proveer servicios esenciales, consolidando la cobertura y calidad de los sistemas de salud, educación, inclusión y otros de bienestar social especialmente en las comunidades rurales, amazónicas e indígenas…”. Asimismo, se ratifica el compromiso nacional de erra-

FRANKLIN BARRIGA LÓPEZ f-barri@uio.satnet.net
En el año 2018, hubo estallido social en Nicaragua, en protesta por el desgobierno de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. No pocos países, al igual que respetables organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACDH) o la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), condenaron la brutal represión gubernamental que ocasionó cerca de 400 muertos, incontables heridos, numerosas detenciones arbitrarias, persecuciones, torturas y miles de personas obligadas a emigrar, especialmente a Costa Rica, Estados Unidos y España. Lo sucedido en el año mencionado, revela la naturaleza del régimen que mantiene a la patria de Rubén Darío en total opresión, por cuanto no permite el funcionamiento de partidos políticos ni opiniones divergentes a la “verdad indiscutible” que proviene de los autócratas que, para alcanzar sus incalificables fines, utilizan métodos de salvajismo, como son la intolerancia política, ideológica, religiosa y más. La prensa independiente es una de sus principales víctimas. Hace pocos días, en acto público y con la mayor desvergüenza, Ortega sentenció que no permitirá más elecciones en su país, “para evitar que la oposición, en el exilio, llegue algún día al gobierno”. Tales declaraciones, alentadas por intolerables cinismo y prepotencia, confirman lo que es deplorable realidad: la desaparición de la libertad y la democracia, por la represión -que acostumbran los totalitarios- una vez que logran apropiarse del mando de los pueblos y, obsesivamente, quieren perpetuarse en el mismo, sin importar los medios para ello, llevados por la adicción al poder absoluto. Esa dictadura familiar, ha conducido, además, a Nicaragua, a niveles insólitos de putrefacción moral: figura entre los diez países más corruptos del mundo, según Transparencia Internacional.
dicar la corrupción (detonante de la inseguridad) para lo cual: “… se impulsará el completamiento del marco regulatorio y sancionatorio que fomente la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública en todos los niveles”.
Para que lo anterior no quede en meras declaraciones se requiere de observatorios que supervisen la eficacia de la aplicación de las normas establecidas en las operaciones militares y policiales, y de un debate profundo sobre materias como el Derecho Operacional, las
Reglas de Enfrentamiento y la Obediencia Debida. Afirmó Sir Hartley Shawcross, en Núremberg, 1945: “La lealtad política, la obediencia militar son cosas excelentes, pero no exigen ni justifican la perpetración de actos manifiestamente injustificables. Llega un momento en que el ser humano debe negarse a obedecer a su jefe, si también debe obedecer a su conciencia. Ni siquiera el soldado raso que hace parte de las filas del ejército de su país está obligado a obedecer órdenes ilegales.
Juan Arias, precandidato a la Alcaldía de Ibarra por Juntos por la Transformación plantea reconstruir el mercado Amazonas que lleva más de 20 años sin una solución, además, propone generación de empleo joven con el impulso de la academia.
Juan Fernando Arias Carvajal es ingeniero en Comercio Internacional, se define como biciactivista y emprendedor. En 2023, fue candidato a la Alcaldía de Ibarra por la alianza Muévete Imbabura, Construye y Reto, obtuvo el 23% de la votación, tras el actual alcalde Álvaro Castillo Aguirre.
Actualmente, es precandidato a la Alcaldía de Ibarra por el movimiento Juntos por la transformación para las elecciones seccionales de 2026. Su propuesta se centra en modernizar la ciudad e incentivar al diálogo entre ciudadanos y autoridades.
En entrevista con LA HORA expuso diversos planteamientos sobre varios problemas de Ibarra como el servicio de agua potable, la posible reconstrucción del mercado Amazonas y otras preocupaciones ciudadanas.
P. Según la rendición de cuentas de la actual administración, se ejecutó el 39% del presupuesto, y mucho se fue para gasto corriente. De llegar a ser alcalde, ¿qué medidas tomará para que la planificación del presupuesto anual se cumpla en porcentajes mayores?
Yo creo que el desafío que tenemos primero está en la ejecución de los presupuestos, pero también en la calidad de la ejecución. Aquí tenemos grandes proyectos, regeneración de parques, in-
fraestructura vial, pero muchos de ellos se hacen solo en el centro y no se hacen en barrios periféricos donde las necesidades básicas insatisfechas todavía están en deuda, como agua potable, alcantarillado, vialidad, o no llega el bus.
Entonces, la decisión está también en que la calidad del gasto público y de la inversión pública, sea sobre un modelo de desarrollo más equitativo, que llegue también a los sectores más pobres.
Y creo que hay que continuar proyectos valiosos, que esa también será la virtud de nuestra administración, el no hacer borrón y cuenta nueva. Por ejemplo, el centro ‘Mis Abuelitos ’, en el sector de Yacucalle, es una cosa importante, que atiende a miles de personas, muchas de ellas de escasos recursos, y eso hay que sostenerlo. De hecho, hay que ampliarlo.
P. El mercado Amazonas lleva veinte años sin una solución definitiva. Se conoce que han habido proyectos de anteriores administraciones para arreglar este centro de abastos. Si usted llega a ser alcalde, ¿cuál es su posición sobre este problema?
Desde el año 2022 cuando asumimos la precandidatura, dijimos que el mercado no se va. ¿Y por qué no debe irse? Porque cuando en los sesenta pasa de la plazoleta Francisco Calderón hacia donde hoy está asentado el

mercado, nace de la mano del ferrocarril. Entonces ahí tenemos un componente cultural, histórico, comercial, patrimonial, y nosotros hemos entendido que ese espacio se tiene que modernizar, sin duda es urgente. Nuestro plan de modernización plantea un proyecto que tardará los cuatro años [de administración ]. Sentaremos las bases para un modelo de desarrollo económico, comercial y productivo en esa zona.
P. El censo municipal de marzo del 2026 señala que apenas el 12,8% de hogares en Ibarra tienen servicio de agua potable las 24 horas del día. Y más del 50% de la población sufre de interrupciones en el servicio. Si llega a la alcaldía, ¿qué va a hacer para garantizar que los ibarreños tengan agua 24 horas al día?
Necesitamos tener una calidad en el mantenimiento de los pozos, ampliar nuevos pozos, un plan maestro de agua potable, de alcantarillado, para que Ibarra se ponga las pilas, en el buen término, para enfrentar los
El problema es que hay un gobierno que le está cargando la crisis a los Gads [Gobiernos Autónomos Descentralizados] y a la gente. Pero ahora tenemos que discutirlo desde lo local, cómo lo resolvemos. He tenido la oportunidad de conversar con dirigentes del transporte, para que ellos mantengan la tarifa necesitan más pasajeros.
En Ibarra, si usted se fija, en horas pico el bus está superando su capacidad de transporte, está abarrotado de gente, pero ve a las 10 u 11 de la mañana va al 20%. Necesitamos urgente una modernización del transporte público porque 120 mil ibarreños usan el bus. 60% de la población usa bus, taxi o se mueve en un transporte alternativo. Yo ando en bicicleta buena parte del día, pero lo principal no son las ciclovías, es mejorar el transporte público, optimizar rutas.
desafíos que vienen en los próximos años. Creemos firmemente en el fondo del agua, que fue una iniciativa de la prefectura de Imbabura, no tuvo asidero en muchos cantones, pero con el acompañamiento de Ibarra, que representamos el 50% de la población de la provincia, podemos impulsar un proyecto provincial donde el fondo del agua cuide nuestros páramos, cuide nuestras quebradas, donde nace el agua.
Y lo otro es que necesitamos que la ciudad no se siga ensanchando. Si la ciudad se sigue ensanchando, es más costoso proveer servicios. Se estima que cuando una ciudad crece de forma desordenada, es cuatro veces más costoso proveer servicios básicos, agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, vialidad.
P. En 2022 fue la última vez que se actualizó el costo del pasaje, de 30 a 35 centavos. Como alcalde ¿qué propondría para que en caso de que los transportistas planteen un alza de pasajes, los ciudadanos no se vean afectados?
Yo invito a una discusión política sensata, en donde el tren sea parte de ese transporte público. Tenemos ya la infraestructura ferroviaria montada, las capitales de los principales países de Latinoamérica y del mundo tienen al tren o metro como transporte público. Es la respuesta para conectar San Antonio, el centro de Ibarra y el centro comercial de Ibarra.
P. ¿Cuáles podrían ser sus tres tareas prioritarias para la ciudad en los cuatro años en caso de llegar a ser alcalde?
Tenemos tres ejes justamente concretos. El primero es el comercio. Necesitamos modernizar el mercado Amazonas. Nuestra proyección es invertir 40 millones para modernizar toda esa zona. Punto dos, necesitamos el puente del ingreso norte de Ibarra que conecte Huertos Familiares con Yahuarcocha. Esta es una obra de interés regional. No solo para Ibarra o para Imbabura. Y el punto tres es esta vinculación con la academia. Para tener ahí un banco de proyectos y poder gestionar capital extranjero a través de multilaterales, a través de cooperación internacional para generar empleo joven. (DLH)

Yaku Pérez fue elegido por una alianza política para competir por la Alcaldía de Cuenca, el precandidato explica que hay motivos colectivos para participar, pero aún está pendiente que se concrete la inscripción en el CNE.
“La oposición es completamente válida, venga de donde venga, porque ayuda a mejorar”, dice Yaku Pérez Guartambel, el abogado de 57 años que buscará llegar a la Alcaldía de Cuenca con el respaldo de cuatro organizaciones políticas.
Pérez fue prefecto del Azuay y candidato presidencial en las elecciones de 2021 en las que se enfrentó a Guillermo Lasso , quien ganó la Presidencia. Actualmente, Pérez es coordinador de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas (FOA) del Azuay Somos Agua, Unidad Popular (UP), Futuro 20 e Izquierda Democrática (ID) lanzan la precandidatura de Pérez por la alianza Unidos por el Agua Esa decisión le tomó a Pérez algunas semanas de reflexión. En diálogo con LA HORA comenta las razones que pesaron en su decisión.
P. Usted representa a cua-
tro organizaciones políticas para la Alcaldía de Cuenca, ¿qué lo llevó a aceptar finalmente esta precandidatura?
Un tema gravitante es que Cuenca entra en una situación bastante compleja con una amenaza de extractivismo minero, si bien revocaron la licencia ambiental (del proyecto Loma Larga), la empresa minera Dundee Precious Metals no se ha ido de Cuenca. Estamos criminalizados seis dirigentes defensores del agua y Cuenca está amenazada por el extractivismo minero, tanto en Quimsacocha como en Río Blanco. Ahora hay otra concesión, estamos averiguando a qué empresa corresponde y está en Cuenca también. El otro tema gravitante es el crecimiento de la inseguridad ciudadana. Cuenca era considerada como la isla de paz, hoy empieza a proliferar robos, asaltos, asesinatos, homicidios, extorsiones. Sumado a eso, Cuenca está completamente incomuni-
cada, con inseguridad vial. Todas estas realidades difíciles que tiene Cuenca nos llevan a la decisión colectiva de algunos sectores políticos y sociales que tuvieron la confianza en proponerme esta precandidatura. Fui el último en tomar la decisión.
P. ¿Optar por la Alcaldía de Cuenca significa dejar de lado una futura candidatura para la Presidencia de Ecuador?
Si voy a la Alcaldía tengo que cumplir el periodo y después analizaría alguna eventualidad. Por ahora, tengo que cumplir como candidato, si es que me permiten inscribirme porque puede ser que no me permitan. El Consejo Nacional Electoral (CNE) está muy acucioso y selectivo en bloquear candidaturas. Caso contrario, seguiremos desde donde hemos actuado, desde el activismo, la academia y la abogacía.
P. ¿Ganar la Alcaldía de
POLÍTICO.
Yaku Pérez (en el centro), precandidato a la Alcaldía de Cuenca, durante una rueda de prensa el 21 de julio de 2026. (Foto: API).
condición insoslayable. Es decir, una tercera vía que irrumpa frente al totalitarismo , a una justicia selectiva, a la persecución, al odio, a la desidia. Tiene que marcar una diferencia y eso se puede comenzar desde lo más pequeñito, desde una comunidad, una parroquia, un cantón, una provincia.
P. Usted es una figura que encarna la oposición al Gobierno por su postura antiextractivista, ¿podría ser difícil gestionar Cuenca si gana las elecciones?
Cuenca le daría ventaja para ir a la presidencial de 2029?
Sin duda. Desde el año 2021 y 2023 (fue candidato presidencial en las elecciones anticipadas por la alianza Claro que se puede y en 2025 fue candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Amigo) hasta le fecha he conseguido un poquito más de aprendizaje, de madurez, incluso en mis estudios. Hoy tengo seis posgrados y estoy cursando un doctorado, pero las caídas también ayudan para aprender y levantarse. La experiencia no es un accidente. Si se logra hacer una buena gestión (en la Alcaldía), eso potenciaría para equivocarse menos en la administración pública . Para ser un candidato potente y potable sí se debe tener una escuela y esto posiblemente sea una escuela. Pero uno no descarta y tampoco se obsesiona por ser candidato o presidente. Mucho va a depender de las circunstancias.
P. ¿Ser alcalde puede ser un factor de peso para ir consolidando esa tercera vía sin ADN y sin la Revolución Ciudadana?
Totalmente. La tercera vía no tiene que ser solo un discurso, tiene que ser una construcción colectiva donde la honestidad vuelva a ser la regla, no la excepción, en donde el cuidado de la naturaleza, del agua, de los ríos, de la vida sea una
Con cualquier gobierno hay que sentarse a dialogar, así no haya acuerdo, pero en muchos temas creo que habría acuerdos como en la inseguridad ciudadana, inseguridad vial. En la inseguridad ecológica tal vez tengamos discrepancias y no solamente con el actual Gobierno (de Daniel Noboa), sino con muchos otros actores. Pero si hay un respeto a las posturas sin atacar a las personas, sino a los actos, creo que es factible. La oposición es completamente válida, venga de donde venga, porque ayuda a mejorar, a prevenir, a cuidar, pero cuando la oposición es sana y sin agresiones personales.
P. ¿Pero, qué tipo de relación podría establecer como alcalde con el Gobierno nacional?
Cualquier gobierno debe entender que no se pueden vulnerar los derechos que están en la Constitución . Y si no se respeta la Constitución, toca activar la movilización social Hemos aprendido que la institucionalidad se respeta solo con movilización social. Los juicios en las Cortes, por mejor abogado que sea, no se ganan si no están acompañados de la movilización social. Pero esta movilización social debe ser pacífica , propositiva, muy proactiva para evitar un desprestigio, con las acciones caóticas, ilegales o violentas no se consigue legitimidad. El mejor espejo fue lo que pasó el 16 de septiembre de 2025 en Cuenca, donde 120.000 corazones salieron a decirle al Gobierno: queremos agua y no minería. (KSQ)
La violencia en el primer semestre de 2026 contabilizó 505 casos menos de asesinatos en comparación al mismo periodo de 2025. Sin embargo, la violencia se mantiene.

Los primeros seis meses de 2026, 4.154 familias quedaron atravesadas por la violencia criminal en Ecuador . Las estadísticas del Ministerio del Interior , entre enero y junio de este año hay un descenso de la violencia frente al récord de 2025; sin embargo, estas cifras muestran que, pese a la disminución de homicidios intencionales , la violencia continúa, ha mutado y se ha desplazado en el país.
El primer semestre de 2026 mostró que se registraron 505 casos menos respecto al mismo periodo de 2025, es decir el 10,8% menos en cuanto a asesinatos. Pese a estas cifras, la violencia se mantiene concentrada en la Costa siendo Guayas la provincia más afectada, seguida por Manabí y El Oro.
Con la tercera provincia se ha evidenciado una violencia que va en ascenso. Pues, El Oro pasó de 319 homicidios intencionales
entre enero y junio de 2025 a 521 muertes violentas en el primer semestre de 2026.
Segundo semestre más alto con cifras de violencia en Ecuador Byron Villagómez, líder técnico del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) , detalló que hay que tener en cuenta que la cifra de este semestre 2026 corresponde a la segunda más alta desde que Ecuador tiene registros históricos.
“El 2025 fue el periodo total y también en ese primer semestre más alto de los registros históricos y este 2026, en este periodo, corresponde al segundo (semestre más elevado), incluso por encima del 2023, que en su momento fue el más alto”. Por lo que Villagomez puntualizó que si bien ha habido una reducción de las cifras de violencia esas estadísticas son altas, sobre
todo, al compararlas con otros periodos. Por ejemplo, en el primer semestre de 2025 hubo 4.659 homicidios intencionales; mientras que en 2023 -que en su momento fue el año más violento- hubo 3.715, y el primer semestre de 2019 fue de 575.
El líder técnico del OECO puntualizó que los decretos ejecutivos como los estados de excepción han tenido un enfoque notable en Guayas en el cantón Durán; y en Quevedo, en Los Ríos con reducciones de la violencia.
Sin embargo, en el caso de El Oro hay un crecimiento drástico de cerca del 63%, y esto se da porque el crimen organizado y las redes delincuenciales pueden trasladarse y puede un desplazamiento.
Villagomez puntualizó que hay patrones en los que se evidencia el comportamiento de la violencia. “Las masacres se trasladaron de las cárceles a las calles, so-
la violencia que vive Ecuador es la prevalencia del uso de armas de fuego para cometer los homicidios. “Es una cifra que no ha variado y que hay una lógica de control territorial y también sobre la facilidad que tienen los grupos para el acceso a armas de fuego y con eso va relacionado la baja resolución de casos que hay en los asesinatos”.
Rivera expuso que el 88% de armas de fuego usadas para los homicidios también se dio en 2025. Por lo que indicó que en 2021 ya se registró el 77% del uso de esas armas para cometer asesinatos, pero resaltó que en los últimos cuatro años ese porcentaje ha sido del 80%.
Según el investigador de crimen organizado, la forma en cómo entran las armas al país es a través de tres tipos de transporte que son vía aérea, a través de avionetas; la segunda forma es a través de partes y componentes como por courier y por medio de contenedores.
bre todo lo que ocurrió en 2022 o 2023. Un dato interesante que hemos observado es el control de armas, y en estos primeros seis meses, se observa que alrededor del 88% de los homicidios han sido cometidos con armas de fuego, lo cual obviamente también es un riesgo para que dentro de un evento criminal pueda haber mayores víctimas”.
3.671 homicidios en Ecuador cometidos con arma de fuego en el semestre de 2026 Entre enero y junio de 2026, según las cifras del Ministerio del Interio r, 3.671 muertes violentas se cometieron con arma de fuego. De estas, 1.605 se concentran en Guayas, luego está Manabí con 544, le sigue El Oro con 453 y Los Ríos con 452.
Renato Rivera, investigador senior de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, expuso que un factor importante dentro de
Hay que replantear estrategias para combatir la violencia en Ecuador Cristian Ordoñez, especialista en temas de seguridad, dijo que la reducción del 10,8% de los homicidios no es una disminución tan significativa, pese a todos los esfuerzos que se realizan.
Por lo que señaló que, incluso, esa disminución puede estar sujeta a un recrudecimiento o un rebrote estadístico desde el segundo semestre de 2026.
“Es decir, un 10% no necesariamente marca una tendencia de disminución significativa. Al momento tenemos las previsiones de que 2026 va a ser el segundo año más violento. Entonces, estos elementos no deberían ser tomados como un triunfo, sino más bien como una circunstancia que hay que tomarla con suprema cautela y ciertamente replantear las estrategias”, aseguró.
Ordoñez resaltó que no ha existido una disminución integral de la violencia en el país, por lo que el crimen organizado ha buscado un dinamismo territorial donde ejercer sus actividades delictivas (PSR)
Cerca de 4 millones de ecuatorianos siguen en pobreza monetaria. Reducirla exige un esfuerzo fiscal cercano al 4% del PIB. La clave sería generar empleo e inversión.
La pobreza en Ecuador tiene una paradoja: está bajando, pero el problema sigue siendo gigantesco.
En 2020, en plena pandemia, el 33% de la población cayó en pobreza monetaria Cinco años después, la tasa se redujo a 21,8%. La mejora es evidente. Sin embargo, detrás de ese porcentaje todavía hay cerca de 4 millones de ecuatorianos que no cuentan con ingresos suficientes para cubrir su canasta básica de alimentos y servicios. La pregunta, entonces, cambia. Ya no es solamente cuántas personas salieron de la pobreza, sino qué se necesita para que millones más puedan hacerlo de manera sostenible.
Una respuesta planteada por Máximo Damián Baldera, gerente general de Estudios Econométricos en Perú, apunta a una cifra de gran tamaño: alrededor del 4% del PIB real de Ecuador. Ese sería, según su análisis, el esfuerzo fiscal, o la inversión, que el Estado debería canalizar para reducir de manera significativa la pobreza monetaria en Ecuador. Pero el propio análisis plantea un dilema para las finanzas públicas : ¿Ecuador debe gastar más para combatir la pobreza o necesita crecer más para generar los ingresos que permitan reducirla?
La respuesta no está en escoger una sola de las dos opciones.
Economía debe crecer más de 5%
Una persona está en pobreza monetaria cuando sus ingresos no alcanzan para cubrir la canasta de alimentos y la canasta de servicios. En esta última entran gastos como transporte, educación, internet y servicios básicos.
En 2018, la pobreza monetaria en Ecuador alcanzaba al 22,3% de la población.

Con la llegada de la pandemia, la tasa saltó al 33% en 2020. En términos prácticos, cerca de 2 millones de personas adicionales pasaron a formar parte de la población pobre
Después comenzó la recuperación. La tasa bajó al 28,18% en 2021 y ahora está cerca del 22%. Sin embargo, el número de personas que todavía enfrentan pobreza monetaria sigue siendo cercano a 4 millones.
La reducción, por tanto, ha sido importante, pero lenta.
“Si el país no crece a tasas por encima de 5% como mínimo, va a ser bien complicado reducir la pobreza monetaria”, sostuvo Baldera.
Ahí aparece el primer gran problema: Ecuador necesita más recursos para atender la pobreza, pero su economía no crece con la velocidad necesaria para generar suficientes empleos e ingresos
Baldera proyecta que, sin cambios sustanciales, la economía ecuatoriana cre -
cerá a tasas inferiores al 2% en los próximos años. Si ese escenario se cumple, la economía tendría dificultades para absorber a más trabajadores, mejorar los ingresos de los hogares y reducir la pobreza a una velocidad significativa.
Recursos para reducir la pobreza El 4% del PIB no es una nueva obligación para el Estado ni significa que el Gobierno deba transferir automáticamente ese monto a los hogares. Es una estimación teórica que busca mostrar cuánto esfuerzo de financiamiento se necesitaría para reducir la pobreza monetaria. La cifra sirve para dimensionar el tamaño del reto. En 2018, ese esfuerzo equivalía al 3,6% del PIB. Durante la pandemia, en 2020, llegó al 6,1%. Para 2024, la estimación alcanzó el equivalente al 3,9% del PIB. Para este 2026, la referencia se ubica nuevamente en alrededor del 4%, lo que representa alrededor de $4.400 millones
La pregunta aparece de inmediato: ¿de dónde saldrían esos recursos?
Ecuador no puede simplemente abrir la llave del gasto público. Tiene que lidiar con el déficit, la deuda, el pago de intereses y una recaudación que debe sostenerse en el tiempo.
Por eso, el debate no se resume en “más dinero para combatir la pobreza” . El desafío es más complejo: lograr que cada dólar público ayude a una familia hoy, pero también contribuya a que esa familia necesite menos ayuda mañana.
Ayuda contra la pobreza
Un bono puede ayudar a una familia a comprar alimentos este mes. Pero no crea un empleo, una empresa o una fuente permanente de ingresos.
Por eso, la solución no es eliminar los programas sociales. Al contrario, son indispensables para proteger a los hogares más vulnerables. Pero Baldera sostiene que la política social no puede caminar separada de la política económica
La idea central es sencilla: “¿Qué se necesita? Generar empleo” , dijo Baldera. Y para eso, la inversión privada es clave.
La ruta propuesta combina cinco frentes:
1
Proteger a quienes no pueden esperar. Los hogares en pobreza extrema necesitan ayuda inmediata. Los bonos deben llegar a quienes realmente no pueden cubrir sus necesidades básicas , mientras se crean oportunidades para que generen ingresos propios.
2
Usar la inversión como una palanca. La inversión privada crea empresas y empleos. El Estado puede ayudar mejorando carreteras, infraestructura, permisos y condicio -
nes para que las empresas lleguen a las zonas más pobres, en lugar de reemplazar permanentemente a la actividad privada.
3
Llevar más recursos donde la pobreza es más profunda. El promedio nacional puede esconder realidades muy distintas. Mientras la pobreza monetaria llega al cerca del 22% en todo el país, alcanza el 74,2% en Morona Santiago y el 58,6% en Napo . Provincias como Orellana, Sucumbíos y Pastaza también requieren políticas diferenciadas.
4
Convertir el turismo en una fuente de ingresos. Una visita puede mover transporte, hoteles, restaurantes, comercio, guías y producción local. El Estado debe crear las condiciones para que la inversión llegue y las comunidades participen en actividades con encadenamientos productivos como el turismo.
5
Medir la inversión por lo que transforma, no solo por lo que gasta. Tener presupuesto no basta. Si el dinero no se convierte en carreteras, agua potable, conectividad, escuelas, salud o proyectos productivos, la pobreza permanece. Se debe evaluar el retorno efectivo de cada dólar invertido, no solo el monto total. El reto, en suma, tiene dos caras: conseguir recursos y lograr que cada dólar se convierta en oportunidades reales de empleo e ingresos. “ Ecuador necesita dejar de mirar el gasto público únicamente desde la lógica de cuánto dinero se entrega. Hay que revisar con rigor dónde se está gastando y qué resultados produce cada dólar. Los bonos deben llegar a quienes realmente los necesitan, pero con una ruta que permita que, en el mediano plazo, esas familias puedan dejar de depender de ellos”, apuntó Andrés Rodírguez Verdesoto, economista
Al mismo tiempo, el Estado debe invertir con inteligencia en infraestructura y hacerlo de la mano del sector privado, para que esa inversión se traduzca en actividad económica, empleo y nuevas fuentes de ingresos. (JS)
El Concejo Metropolitano aprobó la eliminación de 145 vías proyectadas del Plan Vial de Quito. Según el especialista en movilidad Juan Francisco Arias, la decisión evidencia que durante años no se protegieron los derechos de vía, permitiendo construcciones sobre corredores estratégicos. Calderón concentra 57 vías eliminadas y Tumbaco otras 22.
En Quito lo que durante décadas estuvo reservado en los planos para convertirse en calles y avenidas hoy, en muchos casos, está ocupado por urbanizaciones, conjuntos residenciales, viviendas o incluso zonas donde construir ya no es técnica ni ambientalmente viable.
Esa realidad llevó al Concejo Metropolitano de Quito a aprobar la eliminación de 145 vías proyectadas que formaban parte de la planificación vial del Distrito, una decisión que, para especialistas en movilidad, refleja años de falta de coordinación entre la planificación urbana y el control del crecimiento de la ciudad. La reforma fue aprobada mediante la Ordenanza Metropolitana 028-2026PV y actualiza el Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) . Los informes técnicos que sustentan la decisión concluyen que muchas de esas vías hoy atraviesan barrios consolidados, pro-
piedades privadas, quebradas protegidas o requieren expropiaciones de alto costo, por lo que dejaron de ser viables.
Sin embargo, detrás de esa actualización existe un problema de planificación que, según el especialista en movilidad Juan Francisco Arias, se arrastra desde hace varias administraciones municipales.
“Cuando existe una vía planificada, el Municipio debe proteger el derecho de vía. Es decir, no se puede permitir que se construya sobre ese corredor. Lo que ha ocurrido durante muchos años es que no se hizo respetar ese derecho”, explicó.
Calderón y Tumbaco, las zonas con más vías eliminadas
La eliminación de vías no se distribuye de forma uniforme en el Distrito. La Administración Zonal Calderón concentra el mayor número de trazados eliminados, con 57 vías, de las cuales 53 corresponden a la parroquia
Calderón y cuatro a Llano Chico.
En segundo lugar se ubica Tumbaco, donde desaparecen 22 vías proyectadas, muchas de ellas descartadas porque actualmente cruzan urbanizaciones, conjuntos habitacionales, quebradas o terrenos ya consolidados.
“Uno de los parámetros que utiliza el Municipio para eliminar estas vías es que existen edificaciones consolidadas. Pero esas edificaciones fueron aprobadas por el mismo Municipio. Hay una enorme desconexión entre la planificación vial y la planificación urbana.”
¿Qué pasó con el derecho de vía en Quito?
El especialista explica que toda vía planificada requiere un derecho de vía , un corredor que el Municipio debe preservar para evitar que futuras construcciones impidan su ejecución. Sin embargo, considera que durante años las administraciones municipales omitie -

ron proteger estos espacios, pese a que se invirtieron recursos públicos en estudios y planificación.
Mientras las vías permanecían en los planos, la ciudad siguió creciendo. Los informes técnicos muestran que varias atraviesan hoy propiedades horizontales, barrios consolidados o zonas donde su construcción exigiría importantes expropiaciones o generaría afectaciones ambientales.
Quito debe proteger sus corredores viales estratégicos ante el crecimiento urbano El crecimiento acelerado de parroquias como Tumbaco, marcado por la subdivisión de terrenos, nuevas urbanizaciones y la llegada de habitantes, modificó la planificación vial prevista décadas atrás. Para Arias, el problema no es solo la eliminación de vías, sino la pérdida de corredores que podrían ser indispensables en el futuro: cuando los lotes se subdividen y cada uno requiere un acceso, respetar el derecho de vía se vuelve prácticamente imposible.
Esta situación también puede afectar la capacidad de respuesta ante emergen-
cias. Arias recuerda la preocupación por las limitadas rutas de evacuación hacia los valles durante la amenaza del Cotopaxi y los incendios forestales en Cumbayá Por eso, considera que el Municipio debe garantizar que el crecimiento urbano esté acompañado de vías suficientes para la circulación y el desfogue. Entre los corredores que, a su juicio, deben protegerse está la Troncal Metropolitana, planificada desde las décadas de 1970 y 1980 como un segundo anillo vial paralelo a la avenida Simón Bolívar. También menciona la tercera fase de la Ruta Viva y la conexión Santa Rosa–Tababela . La ordenanza que elimina 145 vías argumenta que varios trazados afectan predios consolidados, requieren expropiaciones costosas, atraviesan quebradas o áreas protegidas, duplican conexiones o perdieron utilidad. Para Arias, sin embargo, la principal lección es que la planificación no puede limitarse a dibujar vías: debe proteger sus corredores a largo plazo, para que Quito no pierda infraestructura estratégica antes de construirla. (EC)
(SOCICOR)
(SOCICOR) Quito – Ecuador
Quito – Ecuador
CONVOCATORIA
CIVIL CÓRDOBA (SOCICOR) Quito – Ecuador
A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA De conformidad con los artículos Séptimo y Octavo del estatuto reformado de la Sociedad Civil Córdoba (SOCICOR), se convoca a los señores socios a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse:
(SOCICOR) Quito – Ecuador
Especialista advierte que la eliminación de 145 vías proyectadas refleja años de falta de control sobre los corredores viales planificados.
A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
CIVIL CÓRDOBA (SOCICOR) Quito – Ecuador
FECHA: viernes 31 de julio de 2026 HORA: 17h00
De conformidad con los artículos Séptimo y Octavo del estatuto reformado la Sociedad Civil Córdoba (SOCICOR), se convoca a los señores socios a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse:
(SOCICOR)
A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Quito – Ecuador
LUGAR: Asociación de Generales y Almirantes (ASOGENAL)
(SOCICOR) Quito – Ecuador
De conformidad con los artículos Séptimo y Octavo del estatuto reformado de la Sociedad Civil Córdoba (SOCICOR), se convoca a los señores socios a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse:
ORDEN DEL DÍA
FECHA: viernes 31 de julio de 2026 HORA: 17h00
1. Constatación del quórum reglamentario.
A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA De conformidad con los artículos Séptimo y Octavo del estatuto reformado de la Sociedad Civil Córdoba (SOCICOR), se convoca a los señores socios a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse:
A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA De conformidad con los artículos Séptimo y Octavo del estatuto reformado de la Sociedad Civil Córdoba (SOCICOR), se convoca a los señores socios a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse:
FECHA: viernes 31 de julio de 2026 HORA: 17h00
A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA De conformidad con los artículos Séptimo y Octavo del estatuto reformado de la Sociedad Civil Córdoba (SOCICOR), se convoca a los señores socios a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse:
LUGAR: Asociación de Generales y Almirantes (ASOGENAL)
FECHA: viernes 31 de julio de 2026 HORA: 17h00
(SOCICOR) Quito – Ecuador
LUGAR: Asociación de Generales y Almirantes (ASOGENAL) ORDEN DEL DÍA
LUGAR: Asociación de Generales y Almirantes (ASOGENAL)
A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA De conformidad con los artículos Séptimo y Octavo del estatuto reformado de la Sociedad Civil Córdoba (SOCICOR), se convoca a los señores socios a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse:
2. Presentación del informe de la comisión nombrada para analizar la propuesta del Sr. Roberto López Burbano y Asociados S.A., sobre el desarrollo del club en la llamada área comunal y la entrega de 222 membresías a cambio del remanente de terreno del área comunal (2,7 ha), y decisión por parte de la Asamblea.
ORDEN DEL DÍA
FECHA: viernes 31 de julio de 2026 HORA: 17h00
1. Constatación del quórum reglamentario.
FECHA: viernes 31 de julio de 2026 HORA: 17h00
1. Constatación del quórum reglamentario.
LUGAR: Asociación de Generales y Almirantes (ASOGENAL)
ORDEN DEL DÍA
LUGAR: Asociación de Generales y Almirantes (ASOGENAL)
1. Constatación del quórum reglamentario.
FECHA: viernes 31 de julio de 2026 HORA: 17h00
ORDEN DEL DÍA
1. Constatación del quórum reglamentario.
LUGAR: Asociación de Generales y Almirantes (ASOGENAL)
ORDEN DEL DÍA
A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA De conformidad con los artículos Séptimo y Octavo del estatuto reformado de la Sociedad Civil Córdoba (SOCICOR), se convoca a los señores socios a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse:
NOTA: De no haber quórum a la hora señalada, se esperará una (1) hora, transcurrida la cual la Asamblea se instalará y sesionará válidamente con los socios presentes, conforme al estatuto.
1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Presentación del informe de la comisión nombrada para analizar la propuesta del Sr. Roberto López Burbano y Asociados S.A., sobre el desarrollo del club en la llamada área comunal y la entrega de 222 membresías a cambio del remanente de terreno del área comunal (2,7 ha), y decisión por parte de la Asamblea.
2. Presentación del informe de la comisión nombrada para analizar propuesta del Sr. Roberto López Burbano y Asociados S.A., sobre desarrollo del club en la llamada área comunal y la entrega de 222 membresías a cambio del remanente de terreno del área comunal (2,7 ha), y decisión por parte de la Asamblea.
ORDEN DEL DÍA
Grad. SP Luis Burbano Dávalos PRESIDENTE – SOCICOR
1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Presentación del informe de la comisión nombrada para analizar la propuesta del Sr. Roberto López Burbano y Asociados S.A., sobre el desarrollo del club en la llamada área comunal y la entrega de 222 membresías a cambio del remanente de terreno del área comunal (2,7 ha), y decisión por parte de la Asamblea.
FECHA: viernes 31 de julio de 2026 HORA: 17h00
LUGAR: Asociación de Generales y Almirantes (ASOGENAL)
2. Presentación del informe de la comisión nombrada para analizar la propuesta del Sr. Roberto López Burbano y Asociados S.A., sobre el desarrollo del club en la llamada área comunal y la entrega de 222 membresías a cambio del remanente de terreno del área comunal (2,7 ha), y decisión por parte de la Asamblea.
2. Presentación del informe de la comisión nombrada para analizar la propuesta del Sr. Roberto López Burbano y Asociados S.A., sobre el desarrollo del club en la llamada área comunal y la entrega de 222 membresías a cambio del remanente de terreno del área comunal (2,7 ha), y decisión por parte de la Asamblea.
NOTA: De no haber quórum a la hora señalada, se esperará una (1) hora, transcurrida la cual la Asamblea se instalará y sesionará válidamente con los socios presentes, conforme al estatuto.
ORDEN DEL DÍA
2. Presentación del informe de la comisión nombrada para analizar la propuesta del Sr. Roberto López Burbano y Asociados S.A., sobre el desarrollo del club en la llamada área comunal y la entrega de 222 membresías a cambio del remanente de terreno del área comunal (2,7 ha), y decisión por parte de la Asamblea.
NOTA: De no haber quórum a la hora señalada, se esperará una (1) hora, transcurrida la cual la Asamblea se instalará y sesionará válidamente con los socios presentes, conforme al estatuto.
Grad. SP Luis Burbano Dávalos PRESIDENTE – SOCICOR
NOTA: De no haber quórum a la hora señalada, se esperará una (1) hora, transcurrida la cual la Asamblea se instalará y sesionará válidamente con los socios presentes, conforme al estatuto.
1. Constatación del quórum reglamentario.
NOTA: De no haber quórum a la hora señalada, se esperará una (1) hora, transcurrida la cual la Asamblea se instalará y sesionará válidamente con los socios presentes, conforme al estatuto.
Grad. SP Luis Burbano Dávalos PRESIDENTE – SOCICOR
NOTA: De no haber quórum a la hora señalada, se esperará una (1) hora, transcurrida la cual la Asamblea se instalará y sesionará válidamente con los socios presentes, conforme al estatuto.
Grad. SP Luis Burbano Dávalos PRESIDENTE – SOCICOR
NOTA: De no haber quórum a la hora señalada, se esperará una (1) hora, transcurrida la cual la Asamblea se instalará y sesionará válidamente con los socios presentes, conforme al estatuto.
2. Presentación del informe de la comisión nombrada para analizar la propuesta del Sr. Roberto López Burbano y Asociados S.A., sobre el desarrollo del club en la llamada área comunal y la entrega de 222 membresías a cambio del remanente de terreno del área comunal (2,7 ha), y decisión por parte de la Asamblea.
Grad. SP Luis Burbano Dávalos PRESIDENTE – SOCICOR
Grad. SP Luis Burbano Dávalos PRESIDENTE – SOCICOR
Grad. SP Luis Burbano Dávalos PRESIDENTE – SOCICOR
NOTA: De no haber quórum a la hora señalada, se esperará una (1) hora, transcurrida la cual la Asamblea se instalará y sesionará válidamente con los socios presentes, conforme al estatuto.
Grad. SP Luis Burbano Dávalos PRESIDENTE – SOCICOR
Alejandro Guevara , abogado y precandidato a la Alcaldía de Quito por el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (lista 18) , asegura que sus principales ejes de trabajo serán la movilidad, el ambiente y la seguridad. En esta entrevista con LA HORA expone sus propuestas para enfrentar algunos de los principales desafíos de la capital, como la ejecución presupuestaria, el transporte público, el manejo de residuos, el comercio informal y las vías previstas por la actual administración.
P. Hasta mediados de 2026, el Municipio registra una baja ejecución presupuestaria. Si usted llega a la Alcaldía, ¿cómo garantizará una ejecución eficiente del presupuesto? La ejecución no depende solamente del alcalde, sino de todo el aparato municipal. El primer año estará destinado a los estudios técnicos para que la preejecución esté lista y no tengamos problemas en la contratación. Desde el segundo año podremos ejecutar los proyectos . Además, las obras que ya tienen estudios y que son necesarias para la ciudad continuarán.
P. Existen alrededor de 22.000 funcionarios municipales. ¿Qué hará con la burocracia del Municipio? Hay que reducir el tamaño del Municipio, pero con criterios técnicos. Primero se debe evaluar el desempeño de cada funcionario para determinar quién puede ser reubicado y quién debe salir. No se puede despedir masivamente porque eso tendría un alto costo económico y social. Considero que Quito podría funcionar con alrededor de 15.000 servidores municipales.
P. El relleno sanitario de El Inga está a su máxima capacidad. El Municipio propone un Complejo Ambiental, pero falta presupuesto. ¿Cuál es su solución para el tratamiento de la basura? Si el presupuesto no alcanza para construir el parque ambiental, empezaremos fortaleciendo la cultura de
El precandidato a la Alcaldía de Quito por el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik plantea derogar la ordenanza del alza del pasaje y frenar la ampliación de la avenida Amazonas en el Parque Bicentenario.
ALCALDÍA.
Alejandro Guevara precandidato por el Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik.

gestión de residuos. Debemos educar a la ciudadanía para separar correctamente la basura y reducir la contaminación.
Impulsaremos una alianza público-privada para hacer viable el proyecto e implementaremos incentivos, como descuentos en el impuesto predial o en las tasas de recolección, para quienes reciclen o hagan compostaje.
Un parque ambiental puede costar más de lo previsto, pero es una prioridad. Si hay que elegir entre invertir $100 millones en un museo o en un parque ambiental, mi prioridad será el tratamiento de los residuos, porque es una necesidad vital para la ciudad.
P. Quito tiene más de 22.000 comerciantes informales. ¿Cómo enfrentaría este problema? Es una situación compleja. No podemos prohibir el comercio informal porque es el sustento de muchas fa-
milias y una consecuencia del desempleo. Buscaremos reubicar a los comerciantes en mercados y plazas de forma humana, sin quitarles su fuente de ingresos. Al mismo tiempo, debemos ordenar la ciudad. Impulsaremos ferias de empleo para conectar a quienes buscan trabajo con el sector privado. El Municipio no puede generar empleo masivo, pero sí crear oportunidades. El ordenamiento será firme y progresivo, atacando la causa de fondo: la falta de empleo.
P. El Concejo Metropolitano aprobó la compensación a los transportistas y el incremento del pasaje a 40 centavos desde enero de 2027. ¿Qué haría usted? Conmigo no habrá un alza de pasajes. Implementaremos una “caja común” para evitar los correteos y reducir los accidentes, y aplicaremos la Ordenanza 17-20-20 para avanzar en la munici-
de ampliación de la avenida Amazonas dentro del Parque Bicentenario?
Lo echaremos abajo porque eso no lo vamos a permitir bajo ninguna arista. Ese proyecto es contrario a la movilidad sostenible. La solución al tráfico no son más vías ni más puentes; eso solo genera demanda inducida y más vehículos. Nuestra propuesta es reducir el uso del vehículo privado
No permitiremos que se quiten espacios verdes. En lugar de ampliar la vía Amazonas, sembraremos más árboles y construiremos más ciclovías y espacios culturales. Si hay contratos adjudicados, buscaremos la forma legal de echarlos abajo, tal como se hizo con el proyecto del museo de Quito. Queremos un Bicentenario que sea un pulmón para la ciudad y un centro de esparcimiento cultural, no una autopista más.
palización del transporte y la implementación de una tarjeta única de ciudad. La seguridad y la movilidad deben formar parte de un mismo eje. Si una ciudad es segura, la gente utilizará el transporte público con confianza. Los transportistas han brindado un mal servicio y eso ha provocado numerosos accidentes ; mientras no mejoren la calidad del servicio, no recibirán un centavo más. Si asumimos la administración y ya existe una ordenanza que autoriza el alza, buscaremos los mecanismos legales para dejarla sin efecto si no se cumplen las exigencias de mejora.
La municipalización es posible. Si hay 20 millones para compensaciones, también hay recursos para municipalizar. Lo que ha faltado es voluntad política para tomar esa decisión sin entrar en conflictos con los gremios.
P. ¿Mantendría el proyecto
P. Quito solo trata el 5% de sus aguas residuales y el río Machángara está gravemente contaminado. ¿Qué hará al respecto? El río Machángara, lamentablemente, es prácticamente irrecuperable para el consumo humano, según los estudios técnicos. Sin embargo, debemos trabajar de manera decidida en la construcción de plantas de tratamiento, promoviendo la participación de la inversión privada. La inversión pública no puede ser la única alternativa.
Nuestro plan de trabajo se sustenta en tres ejes: recuperación de espacios ambientales , reducción de la criminalidad y disminución de los desperdicios . La recuperación de los espacios hídricos es un proceso de largo plazo, que puede tomar entre 15 y 16 años. Durante el primer año realizaremos los estudios técnicos y, en los seis meses siguientes, buscaremos inversionistas internacionales comprometidos con proyectos ambientales.
Esta es una propuesta basada en política técnica: ingenieros y abogados trabajando de manera conjunta para alcanzar un objetivo claro, más allá de las promesas populistas.
La presidenta electa asumirá el 28 de julio de 2026 con una ventaja que sus antecesores no tuvieron: suficiente respaldo parlamentario para gobernar, pero con el desafío de convertir esa estabilidad política en inversión, crecimiento y respuestas para una población golpeada por la inseguridad y la pobreza.
Keiko Fujimori llega a la Presidencia de Perú con una ventaja que sus antecesores no tuvieron: su permanencia en el cargo no parece estar en riesgo inmediato. La presidenta electa contará con una representación suficiente en el nuevo Parlamento para bloquear intentos de destitución, en un país que tuvo ocho mandatarios en la última década. Pero esa estabilidad política será puesta a prueba desde el primer día. Fujimori recibirá un país con una economía que todavía conserva fortalezas, pero que acumula desequilibrios fiscales, una creciente inseguridad y brechas de infraestructura que exigen inversión.
Su desafío no será únicamente gobernar. Será demostrar que puede convertir la estabilidad política en crecimiento y respuestas concretas para una población que reclama seguridad, empleo y mejores servicios
La nueva mandataria asumirá el poder el 28 de julio de 2026, para el periodo 2026-2031, en una ceremo-

nia a la que está previsto que asista el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.
La primera prueba de Fujimori será la llegada de El Niño a Perú El reto más inmediato será la prevención del fenómeno de El Niño Costero. Los pronósticos oficiales advierten que el aumento inusual de la temperatura del mar podría provocar lluvias torrenciales e inundaciones en la costa, con una inten-
sidad extraordinaria hacia finales de año.
Fujimori tendrá poco tiempo para ejecutar obras de prevención. Una emergencia de gran magnitud pondría a prueba no solo la capacidad operativa de su Gobierno, sino también sus cuentas públicas. El impacto económico puede ser considerable. La pesca y la agricultura, sectores especialmente vulnerables a los eventos climáticos, representan más del 5%

del PIB peruano en exportaciones. El turismo también puede resultar afectado.
Por eso, el manejo de la emergencia será una de las primeras pruebas de la promesa de Fujimori de reordenar el gasto fiscal y dirigir el crédito público hacia inversiones productivas.
La presidenta electa ha prometido duplicar hacia el final de su mandato el ritmo de crecimiento de la economía, cuyo PIB crecería 3,2% en 2026. También plantea mantener el déficit fiscal en 1% del PIB y elevar en un punto porcentual la deuda pública para financiar inversión productiva.
Perú: el banco central sirve como ancla de la economía
La transición tendrá un elemento de continuidad clave: Julio Velarde seguirá al frente del Banco Central de Reserva del Perú. El funcionario, que lleva dos décadas en el cargo y ha visto pasar a una decena de presidentes, aceptó continuar al frente de la institución.
Su permanencia representa una señal de estabilidad monetaria para los mercados y los inversionistas. Fujimori busca aprovechar esa confianza para atraer capital privado y cerrar las brechas de infraestructura.
El problema está en las finanzas públicas. Perú incumplió durante tres años consecutivos su límite de déficit y el Congreso aprobó en los últimos años leyes que incrementan el gasto público en unos $10.700 millones, equivalentes a cerca de tres puntos del PIB.
El Consejo Fiscal ha ad-
vertido que ese aumento representa un grave desorden y amenaza la sostenibilidad de las cuentas públicas. Fujimori deberá decidir si corrige el problema mediante una reducción del gasto, una reforma tributaria o una combinación de ambas. La tarea será especialmente compleja en un país con alta informalidad laboral, baja productividad y una pobreza monetaria del 25,7%, todavía superior a la registrada antes de la pandemia.
Inseguridad: Fujimori promete “ordenar” el país La seguridad será el otro gran frente. Las extorsiones contra ciudadanos, comercios y transporte público se han convertido en una de las principales preocupaciones de los peruanos.
Según datos de la Fiscalía, los ataques al transporte público vinculados con extorsiones dejaron 152 asesinatos en Lima y Callao entre agosto de 2024 y mayo de 2026.
Fujimori ha prometido “ordenar el Perú” y enfrentar a las organizaciones criminales con una estrategia de mayor presencia policial y militar en el transporte público . También plantea construir al menos cinco cárceles, incluida una de máxima seguridad. Su discurso retoma la estrategia de mano dura aplicada durante el Gobierno de su padre, Alberto Fujimori, contra Sendero Luminoso y el MRTA . Sin embargo, ese legado también está marcado por la condena de 25 años de prisión que recibió el expresidente por delitos de lesa humanidad. (JS)




Juicio No. 15951-2026-00444

UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN TENA. Tena, jueves 9 de julio del 2026, a las 14h28.
EXTRACTO
CITO: Con el contenido de la demanda, en cumplimiento de lo que estipula el Art. 56 numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos.
JUICIO: INVENTARIO DE BIENES SUCESORIOS
NUMERO: 15951-2026-00444
ACTOR: DALGO DIAZ DORIS DEBORA
DEMANDADO: DIAZ EBLI JENNI NATALIA.
TRAMITE: VOLUNTARIO
CUANTIA: INDETERMINADA
JUEZ: DR. MARCOS GUERRERO FUENTES, JUEZ ENCARGADO
SECRETARIA: ABG. MARIELA POVEDA SANTILLÁN
DEMANDA: El extracto de la referida demanda es como sigue: “…Agréguese al proceso el escrito presentado por la actora, proveyendo el mismo, por ser procedente lo solicitado y de conformidad con el Art. 130 numeral 8 del C.O.F.J, se aclara el auto de calificación de la demanda, que por un error se hizo constar: “…HELEN GUILLERMINA DÍAS…” CUANDO LO CORRECTO ES: HELEN GUILLERMITA DÍAZ, por lo tanto, se encuentra atendido su pedido, dejando los demás datos inalterables, en tal virtud se vuelve a oficiar como corresponda, conminándole a la peticionaria que deberá acercarse al complejo judicial de Tena, para brindar las facilidades del caso. 1.- Agréguese al expediente el escrito que antecede presentada por la parte actora, dando cumplimiento a lo dispuesto en providencia anterior, por lo que se califica la presente demanda de inventario presentada por DALGO DIAZ DORIS DEBORA y DIAZ EBLI JENNI NATALIA, por sus propios derechos y en calidad de apoderados de la señora HELEN GUILLERMITA DÍAZ; al reunir los requisitos de ley; por consiguiente se le admite a trámite mediante procedimiento VOLUNTARIO, conforme el Art. 334 numeral 4 y Art. 341 del COGEP.- 2) 2.1.- Cítese al señor JORGE WALDI ANIBAL DÍAZ, a la dirección señalada, mediante exhorto dirigido a la autoridad consular correspondiente en Alemania, elabórese el despacho suficiente por medio de secretaría, la parte actora dará las facilidades del caso.- 2.2.- Cítese a la señora LORENA LEONOR RUBIO DÍAZ, a la dirección señalada, mediante exhorto dirigido a la autoridad consular correspondiente en Italia, elabórese el despacho suficiente por medio de secretaría, la parte actora dará las facilidades del caso.- 2.3.- Cítese a los presuntos herederos y desconocidos, de quien en vida fue la señora MARÍA DIOCELINA DÍAZ GÁLVEZ, a través del diario de mayor circulación a nivel nacional, mediante tres publicaciones en tres días distintos, para lo cual se elaborará el correspondiente extracto de la demanda y el presente auto por medio de secretaría, la parte actora prestará las facilidades del caso…” F).- Dr. Marcos Guerrero Fuentes Juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer Niñez y Adolescencia de Napo..-CERTIFICO

El diésel caro, los apagones de hasta 70 horas y la falta de insumos obligan a agricultores cubanos a reducir sus cultivos y regresar a métodos del pasado.

En la finca La Bugambilia, en Artemisa, una provincia considerada el granero de La Habana, el tractor rojo permanece detenido bajo un cobertizo. Alexander Quesada, de 52 años, volvió a arar con bueyes el terreno que durante años trabajó con maquinaria y convirtió en una granja productiva.
El cambio resume el retroceso que vive parte del campo cubano. Quesada recibió el tractor como reconocimiento a su desempeño agrícola y llegó a producir rúcula, un cultivo de alto valor comercial que vendía a restaurantes de La Habana. Esos ingresos le permitieron sostener otros proyectos, como la producción de miel orgánica.
“Vendíamos un kilo de rúcula y con eso subsidiábamos 100 kilos tal vez de lechuga”, explica. Ese modelo dejó de funcionar.
El encarecimiento del diésel, la escasez de insumos y los cortes de electricidad han golpeado la producción. El combustible ronda los tres dólares por litro, un precio que vuelve inviable utilizar de manera continua el tractor. En algunas zonas, los apagones se prolongan hasta 70 horas y paralizan los sistemas de riego y el procesamiento de
las cosechas.
La situación se agravó después de que el presidente estadounidense Donald Trump impusiera en enero un bloqueo petrolero a Cuba, una medida que profundizó la crisis energética y golpeó también al turismo, una de las principales fuentes de ingresos de la isla.
“Ya estamos detenidos y más bien en retroceso”, admite Quesada. En lugar de rúcula y otras hortalizas de mayor margen, ahora cultiva principalmente yuca y boniato, productos más baratos que los consumidores pueden comprar, pero que dejan menos ingresos al agricultor.
El deterioro del campo ocurre en un país que importa casi todos los alimentos que consume, incluidos productos básicos como los huevos. La falta de divisas limita la compra de fertilizantes y otros insumos, mientras los subsidios estatales pierden capacidad para sostener los precios.
El paisaje agrícola de Artemisa también arrastra una historia de crisis. La zona estuvo dominada durante décadas por la caña de azúcar, pero el colapso de la Unión Soviética en los años 90 provocó el derrumbe de ese mo-
delo. Después, el Gobierno comenzó a entregar tierras estatales en usufructo para estimular la producción.
Sin embargo, los agricultores siguen denunciando obstáculos burocráticos para acceder a nuevas tierras y desarrollar sus negocios.
“Está la traba del municipio, de la provincia, de la nación, y está la traba del Ministerio de Agricultura para darte un pedazo de tierra”, reclama José Joaquín Rodríguez, de 29 años, cuya familia lleva tres generaciones trabajando el campo.
Ahora, bajo presión de Washington y en medio de una crisis económica cada vez más profunda, el Gobierno cubano presentó en junio de 2026 un amplio programa de reformas. La propuesta contempla ampliar las áreas que pueden cultivar los agricultores, permitir la creación de empresas, autorizar a las cooperativas a importar y exportar directamente y eliminar controles de precios.
La tierra, sin embargo, seguirá siendo mayoritariamente estatal.
Las reformas generan expectativas, pero también preocupación entre los pequeños productores. El economista cubano Ricardo Torres, investigador de la Universidad Americana de Washington le dijo a AFP, que considera que el panorama es “incierto”: quienes tengan capital y capacidad de organización podrían beneficiarse, mientras que los agricultores con menos recursos enfrentarían una transición más difícil.
“Nosotros no tenemos el coeficiente económico para importar un contenedor de fertilizante”, dice Rodríguez. Su temor es que la apertura termine favoreciendo a los actores con mayor capital.

Las operadoras del transporte público, con la implementación de los llamados “torniquetes” para el control de acceso y cobro a los pasajeros, vulneran los derechos constitucionales ¿a la igualdad y no discriminación de personas en condición de discapacidad o movilidad reducida?
Para resolver el problema jurídico planteado, analizaremos los siguientes tópicos: i) Personas en condición de discapacidad como sujetos de especial protección constitucional, derecho a la igualdad y prohibición de discriminación, ii) libertad de locomoción y accesibilidad física para personas en condición de discapacidad, iii) el papel del transporte público
Personas en condición de discapacidad como sujetos de especial protección constitucional, derecho a la igualdad y prohibición de discriminación.
La “Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad”, manda a los Estados parte eliminar cualquier forma de
discriminación que se presente en contra de este grupo poblacional. Dicha Convención señala que:
“a) El término “discriminación contra las personas con discapacidad” significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales.
b) No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado parte a fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no limite en sí misma el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia. En los casos en que la legislación interna prevea la figura de la declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria y apropiada para su bienestar, ésta no constituirá discriminación”
En igual sentido centró su objetivo en la eliminación de las barreras que impiden a las personas en condición de discapacidad ejercer sus derechos y lograr adaptarse a
¿Debería hacerse constar en el Art.256 del COGEP, la posibilidad de apelar únicamente de las sentencias y los autos interlocutorios?

El COGEP, establece el recurso de apelación contra las sentencias y autos interlocutorios, estos últimos cuando resuelven sobre las excepciones previas o sobre la negativa a que se practique determinada prueba. La apelación sobre excepciones previas o negativa de pruebas es siempre con efecto diferido y el proceso se elevará al superior cuando se resuelva lo principal. De esta manera se evita la suspensión sucesiva de la causa, su retraso y la presentación de recursos que tienen a dilatar el proceso.
la sociedad. Así las cosas, estableció en su artículo III los compromisos que deberían adoptar los Estados parte para lograr el cumplimiento de los objetivos definidos:
“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa: a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de administración; b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad; c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad; y d) Medidas
ANULACION DE CHEQUE
Se comunica al público, la anulación por perdida/ sustracción del cheque CHQ 380 AL 386 presentado por el girador
DANIELA SALOME
PASQUEL GUALLE Cta
Cte No. 5015025583
DE BANCO BOLIVARIANO. 001-001-0183
ANULACION DE CHEQUE
Se comunica al público, la anulación por perdida/ sustracción del cheque CHQ 423 AL 429 presentado por el girador
DANIELA SALOME
PASQUEL GUALLE Cta
Cte No. 5015025583
DE BANCO BOLIVARIANO. 001-001-0183
para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente Convención y la legislación interna sobre esta materia, estén capacitados para hacerlo. 2. Trabajar prioritariamente en las siguientes áreas: a) La prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles; b) La detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación, formación ocupacional y el suministro de servicios globales para asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida para las personas con discapacidad; y c) La sensibilización de la población, a través de campañas de educación encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra el derecho de las personas a ser iguales, propiciando de esta forma el respeto y la convivencia con las personas con discapacidad”. (lo subrayado y en negrita no consta en el texto original)
La “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, estableció en su artículo 1° el propósito de “(…) promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las

personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente (…)”. En el mismo artículo dispuso que “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.
La Constitución de la República del Ecuador su Art. 66 establece: “Se reconoce y garantizará a las personas: (…) 4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. Mientras que el Art. 47 consagra: “El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: (…) 10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las barreras arquitectónicas.” Y el Art. 341 de la Constitución señala: “El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad. (…)”
ANULACION DE CHEQUE
Se comunica al público, la anulación por perdida/ sustracción del cheque CHQ 433 AL 434 presentado por el girador
DANIELA SALOME
PASQUEL GUALLE Cta
Cte No. 5015025583
DE BANCO BOLIVARIANO. 001-001-0183
E X T R A C T O
San Rafael, 23 de julio de 2026
NOTARIA CUARTA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI: Cumplo en poner en conocimiento del público que, mediante escritura pública, otorgada ante mi Doctora Pamela Bautista Robalino. Notaria Cuarta del Cantón Rumiñahui, el veinte y tres de marzo de dos mil veinte y seis, los señores TELMO ISRAEL CONSTANTE CALERO Y DIANA
GABRIELA BASTIDAS VILLACIS, procedieron a liquidar el patrimonio de la sociedad conyugal que existió en el vínculo matrimonial que mantienen los comparecientes; de conformidad con el numeral trece del artículo dieciocho de la Ley Notarial reformada, expedida el cinco de noviembre de 1996.- Documento archivado con el número 20141421-Quito, 20 de Octubre del 2014./fr. Especie N° 0076389.
Las adjudicaciones del patrimonio se encuentran detalladas en el texto de la referida escritura pública de liquidación de sociedad conyugal, por lo que en aplicación a lo dispuesto en el Art. 6 de la Ley Reformatoria a la Ley Notarial, publicada en el Registro Oficial No. 406 de 28 de Noviembre del 2006, que a su vez reforma el Art. 18 de la Ley Notarial agregando varios numerales, entre los cuales el numeral 23 faculta al Notario disponer la inscripción en los Registros de la Propiedad y Mercantiles, la escritura de liquidación de sociedad conyugal, previo el trámite previsto en dicha norma legal, pongo en conocimiento del público, mediante la presente publicación, el extracto de la liquidación del patrimonio de la sociedad conyugal correspondiente a los señores TELMO ISRAEL CONSTANTE CALERO Y DIANA GABRIELA BASTIDAS VILLACIS, otorgada mediante escritura pública el veinte y tres de julio de dos mil veinte y seis, ante mi Doctora Pamela Bautista Robalino, Notaria Cuarta del Cantón Rumiñahui, por el término de veinte (20) días a contarse desde la fecha de la publicación de este extracto, a fin de que las personas que eventualmente tuvieren interés en esta liquidación puedan presentar su oposición fundamentada, dentro del referido término.
Particular que pongo en conocimiento para los fines legales correspondientes

constitución consagra el principio de igualdad, prohibiendo cualquier forma de discriminación y señalando que el Estado garantizará a todos sus ciudadanos el goce real y efectivo de sus derechos, en especial el de los grupos poblacionales más vulnerables que históricamente han sido excluidos por su condición social, física o económica.
Como vemos nuestra
ANULACION DE CHEQUE
Se comunica al público, la anulación por perdida/ sustracción del cheque CHQ 437 AL 450 presentado por el girador
DANIELA SALOME
PASQUEL GUALLE Cta
Cte No. 5015025583
DE BANCO BOLIVARIANO. 001-001-0183
El Estado Ecuatoriano, encaminando sus esfuerzos para lograr el cumplimiento de los tratados internacionales aprobados y ratificados por él, expidió la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD) por medio de la cual se reafirmó los derechos de las personas en condición de discapacidad, definiendo los conceptos necesarios para el entendimiento de sus mandatos y señalando los principios bajo los cuales se debe
SE ANULA POR DESTRUCCIÓN CDP
N. 002000010000047002
N. 002000010000050002
N. 002000010000070002
N. 002000010000188001
BANCO CAPITAL
REPUBLICA DEL ECUADOR
UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA
EXTRACTO
CITACIÓN JUDICIAL
Juicio Sumario No. 17371-2021-03187
Actor: WALTER OSWALDO ENRIQUEZ VACA
Cítese a: LASSO DE CAMELO CONSUELO YOLANDA, CON NOMBRE COMERCIAL TURISMO Y HOTELERÍA FOCH
Cuantía: USD 50.545,31
Iniciado: 16 de agosto de 2021
Jueza: Dra. Lucila Gómez Rodríguez
Secretaria: Ab. Anita Cecilia Peñaherrera Navas
UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA.- Quito, viernes 3 de julio del 2026, a las 16h14. VISTOS: Conforme el acta de la señora secretaria, en la que consta que la parte actora ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 56, numeral 2, inciso segundo del COGEP, por lo que se dispone que se cite a la parte demandada, señora LASSO DE CAMELO CONSUELO YOLANDA, con nombre comercial Turismo y Hotelería Foch, que funciona con RUC N° 1792747112001, por sus propios y personales derechos y en calidad de Representante Legal de la misma, citación conforme lo dispuesto en el Art. 56, numeral 1 del COGEP, esto es mediante publicaciones en un periódico de amplia circulación de esta ciudad que se realizarán en tres fechas distintas y seguidas, para lo cual por medio de secretaría remítase el extracto correspondiente, previniéndole de la obligación que tiene de señalar casillero judicial y electrónico. CONTESTACIÓN: Conforme lo establecido en el artículo 333.3 (reformado) del COGEP se concede a la parte demandada el término de 15 días contados desde la citación, a fin de que conteste la demanda en la forma determinada en los artículos 151 (reformado) y siguientes del COGEP.- Notifíquese.- f) DRA. LUCILA GOMEZ RODRIGUEZ, JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA

regir.
El Art. 60 de la LOD señala: “Accesibilidad en el transporte. - Las personas con discapacidad tienen derecho a acceder y utilizar el transporte público. Los organismos competentes en tránsito, transporte terrestre y seguridad vial en las diferentes circunscripciones territoriales, previo el otorgamiento de los respectivos permisos de operación y circulación, vigilarán, fiscalizarán y controlarán el cumplimiento obligatorio de las normas de transporte para personas con discapacidad dictadas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) y establecerán medidas que garanticen el acceso de las personas con discapacidad a las unidades de transporte y aseguren su integridad en la utilización de las mismas, sancionando su inobservancia. Se adoptarán las medidas técnicas necesarias que aseguren la adaptación de todas las unidades de los medios de transporte público y comercial que sean libres de barreras y obstáculos y medidas.” (lo subrayado y en negrita no consta en el texto original)
El Art. 61 de la LOD dice: “Unidades accesibles.- Los organismos competentes para conceder permisos de operación a organizaciones de taxis, exigirán que al menos un porcentaje de sus unidades cuenten con las adecuaciones técnicas necesarias para transportar a personas con discapacidad con movilidad reducida, en función de las necesidades de la respectiva circunscripción territorial, de conformidad con el reglamento de esta Ley.
Libertad de locomoción y accesibilidad física para personas en condición de discapacidad
El derecho a la libre locomoción o de tránsito sin restricciones, debe garantizarse a todos los ciudadanos sin importar las condiciones físicas que ostenten, por lo que el Estado deber tomar medidas tendientes a la eliminación de barreras que impidan el goce efectivo de este derecho a las personas en condición de discapacidad y a la colectividad en general. “la libertad de locomoción puede verse afectada de manera directa, como cuando alguien impone alguna restricción de acceso a las vías o al espacio público, o de manera indirecta, en atención a las condiciones y a la actividad que realiza la persona”
En referencia a la garantía de accesibilidad física, se entiende que el Estado debe proferir planes de acción, medidas y políticas que permitan a las personas en condición de discapacidad física hacer uso de sus libertades y ejercer de manera efectiva su derecho a la locomoción, permitiendo que estos desarrollen su vida diaria en condiciones de normalidad, sin obstáculos que les impida gozar de los espacios públicos, ingresar a cualquier edificación que se encuentre destinada al uso público, desplazarse usando los medios de transporte provistos para toda la comunidad e incluso disfrutar de los sistemas de las tecnologías de la información.
Cuando hacemos referencia al acceso a edificios abiertos al público, al menos uno de los accesos al interior de

Las fuentes hídricas no son recursos, son sujetos de derechos. La Constitución reconoce a la naturaleza como titular de derechos y el agua, como parte esencial de ella, merece protección integral
la edificación, debe ser construido de tal forma que permita el ingreso de personas con algún tipo de movilidad reducida y deberá contar con un ancho mínimo que garantice la libre circulación de una persona en silla de ruedas.
El concepto de accesibilidad para personas en condición de discapacidad física es: “la condición que permite en cualquier espacio o ambiente interior o exterior, el fácil desplazamiento de la población en general y el uso en formas confiable y segura de los servicios instalados en estos ambientes”
Se trasgrede el derecho a la igualdad de oportunidades, generando una discriminación hacía las personas con discapacidad física o movilidad reducida al momento que se le somete a mayores esfuerzos y riesgos para acceder al goce de un derecho de carácter fundamental, como es la movilidad o tránsito (locomoción).
Esta afirmación presupone una exigencia mayor del Estado y de la colectividad actual para que se materialicen las normas proferidas en favor de las personas en condición de discapacidad y para que se ejecuten de manera efectiva las políticas previstas para lograr la
inclusión definitiva de este grupo minoritario en la vida social.
Haciendo referencia directa a las personas en condición de discapacidad física, la jurisprudencia extranjera ha precisado que: “Frente a las personas en situación de discapacidad, se han reconocido los importantes efectos que puede generar el ambiente físico en su inclusión o exclusión social, pues “a través de la posibilidad de acceder a diversos espacios físicos, el individuo puede autónomamente elegir y trazar su plan de vida y desarrollarse libremente como persona y ciudadano”.
Afirmación de la cual se concluye que la accesibilidad física es un presupuesto indispensable para el propósito de vida de cada ciudadano y es la garantía para la materialización del derecho a la libre locomoción.
La jurisprudencia extranjera ha mantenido su postura frente a la protección de las personas en condición de discapacidad, al derecho a la libre locomoción y accesibilidad física como presupuesto de este último. “las situaciones de discapacidad tienen origen en las condiciones sociales y del entorno, que finalmente excluyen y generan barreras a las personas
CONVOCATORIA
Quito, 15 de julio del 2026
Se convoca a todos los señores accionistas de la Compañía de Taxi Ejecutivo Carapunjr S.A, a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a efectuarse el día jueves 30 de julio del presente año a las 14:00 horas en la sede de la Compañía, ubicada en la Av. Cacha y de los Fundadores, diagonal al Colegio Maurice Ravel.
ORDEN DEL DIA
1. Constatación Del Quorum
2. Lectura Y Aprobación Del Acta Anterior
3. Presentación De Balances Financieros Primer Semestre del 1 de enero al 30 de junio 2026.
4. Informe Presidente Primer Semestre del 1 de enero al 30 de junio 2026.
5. Informe Gerente Primer Semestre del 1 de enero al 30 de junio 2026.
6. Informe Comisario Fiscalizador Primer Semestre del 1 de enero al 30 de junio 2026.
7. Informe Comisario Administrativo Primer Semestre del 1 de enero al 30 de junio 2026.
por razón de sus diversidades funcionales, impidiéndoles gozar plenamente de sus derechos en condiciones de igualdad”, señalando que esa postura se corresponde con una “aproximación al modelo social de discapacidad”, base sobre la cual se ha concluido que “no son las personas en situación de discapacidad las que deben adaptarse al entorno físico que ha sido construido para las personas que gozan de plenas capacidades funcionales, sino que es la sociedad la obligada a garantizar espacios respetuosos de la diversidad y de las distintas condiciones humanas”, determinando que en el caso concreto se debían tomar medidas para quitar las barreras que le impidan al usuario ejercer su derecho a la libre locomoción. Así pues, teniendo en cuenta la temática desarrollada en líneas anteriores frente a la garantía de accesibilidad como presupuesto del derecho a la libre locomoción se concluye que la accesibilidad al trasporte público de las personas en condición de discapacidad o de movilidad reducida, es susceptible de protección constitucional en cuanto contiene un componente indispensable para el desenvolvimiento de la vida en sociedad de estos individuos, quienes debido a sus especiales condiciones requieren el reconocimiento de su diversidad.
El papel del transporte público en el derecho a la libertad de locomoción


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8. Informe Comisario De Frecuencia Primer Semestre del 1 de enero al 30 de junio 2026.
9. Informe Comisiones de Asuntos Sociales y Deportes del 1 de enero al 30 de junio 2026.
10. Varios.
Atentamente,
El Art. 394 de la Constitución del Ecuador señala: “El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias.”
El Art. 2 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece cuales son fuentes hídricas y derechos de la naturaleza


Wladimir Loachamin
Franklin Guacollante GERENTE PRESIDENTE
los principios Generales: “La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios generales: 1) Principio de equidad. - El acceso a las infraestructuras y servicios del transporte a nivel nacional se lo hará con enfoque de igualdad y con respeto a los grupos de atención prioritaria. 2) Principio de libre movilidad. - Toda persona tiene derecho a transitar libremente, priorizando su integridad física, mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley. 3) Principio de desarrollo sostenible. - El desarrollo del transporte en el país procurará un equilibrio entre los aspectos económicos, ambientales y sociales.”
Mientras que Art. 46 de la ley de Tránsito establece: “El transporte terrestre automotor es un servicio público esencial y una actividad económica estratégica del Estado, que consiste en la movilización libre y segura de personas o de bienes de un lugar a otro, haciendo uso del sistema vial nacional, terminales terrestres y centros de transferencia de pasajeros y carga en el territorio ecuatoriano. Su organización es un elemento fundamental contra la informalidad, mejorar la competitividad y lograr el desarrollo productivo, económico y social del país, interconectado con la red vial internacional.” (lo subrayado y en negritas no consta en el texto original)
El carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implicará la prelación del interés general sobre el particular, especialmente, en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios. Los diseños para la construcción y operación de las unidades donde brindan el servicio público deben contemplar sistemas o mecanismos apropiados para el control y cobro a las personas con discapacidad física o movilidad reducida.
Bajo estos parámetros es importante resaltar que el carácter de servicio público que tiene el transporte hace
que este deba tener una intervención y vigilancia constante del Estado, que debe procurar políticas que permitan que este servicio se desarrolle asegurando las mejores condiciones para sus usuarios, sin perder de vista que se erige también como un presupuesto fundamental para el goce de garantías constitucionales como la libertad de locomoción entre otras de gran importancia como el derecho al trabajo y a la educación, por cuanto es por este medio que la mayoría de la colectividad supera las barreras de distancia que pueden existir hacia el lugar en donde se desenvuelve como ser humano.
La jurisprudencia extranjera ha consideró que “el ámbito de protección de la libertad de locomoción de una persona discapacitada contempla la posibilidad de acceder al sistema de transporte público básico de una ciudad en condiciones de igualdad, es decir, sin tener que soportar limitaciones que supongan cargas excesivas”,
Bajo este criterio se ha estimado que: “(i) la libertad de locomoción es una condición para el goce efectivo de otros derechos fundamentales; (ii) su afectación se puede derivar, tanto de acciones positivas, es decir, cuando directamente se obstruye la circulación de los ciudadanos, como cuando se genera ese efecto indirectamente o por omisión en la remoción de barreras o en la creación de una infraestructura adecuada para la circulación; (iii) el servicio de transporte público es necesario para el ejercicio de la libertad de locomoción, y de los demás derechos constitucionales que dependen de la posibilidad de movilizarse, en especial, para aquellos sectores marginados de la población urbana que no cuentan con otras alternativas de transporte; y (iv) el servicio básico de transporte debe ser accesible para todos los usuarios, incluidas las personas en situación de discapacidad”, concluyendo que la faceta prestacional de este derecho necesariamente impone cargas al Estado y a algunos particulares que deben ser ejecutadas en periodos ra-
cionales, sin que ello sea óbice para que se tomen medidas efectivas que garanticen el goce del derecho a la libre locomoción, ya que “gradualmente van incurriendo en un incumplimiento cuya gravedad aumenta con el paso del tiempo”.
Se reconoce la protección especial a que tienen derecho las personas en condición de discapacidad física o de movilidad reducida, igualmente el Estado y la sociedad en general son los llamados a que a través de acciones afirmativas propicien ambientes físicos que garanticen la accesibilidad de este grupo poblacional a todas las infraestructuras existentes en el territorio nacional —sin importar su destinación— para que así puedan gozar de manera efectiva de su derecho a la libertad de locomoción.
Implementación de “torniques” La razón de instalar “torniquetes” en pleno siglo 21, en las unidades de transporte en Santo Domingo de los Tsáchilas, es con la finalidad de poder ejercer el control y el cobro respectivo a sus usuarios, lo cual puede constituir un mecanismo efectivo de control en la recaudación de pasajes para la mayoría de usuarios, pero para personas con alguna discapacidad o para personas con movilidad reducida, se les genera un esfuerzo físico excesivo, lo que evidentemente constituye una barrera para su movilidad y trato diferenciado que no les ubica en igualdad de condiciones en comparación al resto de usuarios del trasporte público, lo que conlleva a que la instalación de “torniquetes” constituya un acto discriminatorio hacia este grupo poblacional, y con más intensidad cuando en la actualidad la tecnología brinda sistemas alternativos y modernos para el control y cobro de los usuarios, como tarjetas inteligentes, sensores láser o infrarrojo que registra el cobro del pasaje a cada usuario.
El derecho a la accesibilidad física de las personas en condición de discapacidad o movilidad reducida, debe garantizarse de manera efectiva por parte del
Estado y de particulares que brinden servicios públicos como el transporte, generando políticas de inclusión que eviten la discriminación de este grupo poblacional que en razón de su diversidad, requiere un tratamiento diferencial que implica tomar acciones positivas para lograr el desarrollo de la vida en sociedad de estas personas de manera igual a los demás ciudadanos.
Asimismo, el carácter prestacional del derecho a la libre locomoción de la población en condición de discapacidad o movilidad reducida exige que por parte del Estado y de particulares que prestan servicios públicos, lleven a cabo inversiones económicas que deben desarrollarse en un tiempo prudencial, evitando así que se vulneren los derechos de estas personas, como la inversión en tecnologías para el pago y validación en el transporte público para los desplazamientos diarios, además deben adquirir unidades acondicionadas (plataforma de ascenso y descenso) para este grupo minoritario que históricamente ha sido excluido de los servicios públicos y privados.
Frente al servicio público de transporte el Estado a través de la Empresa Pública Municipal, tiene el control y vigilancia de las entidades que lleven a cabo la ejecución y prestación de este servicio para que se desarrolle conforme a los principios de regularidad y continuidad, garantizando el acceso efectivo de toda la población a este servicio y en especial generando las herramientas necesarias para que las personas en condición de discapacidad o movilidad reducida puedan tener un acceso efectivo a este servicio, garantizando de igual modo el derecho a la libre locomoción de la colectividad en general.
Por lo que la implementación de los llamados “torniquetes” vulnera el derecho constitucional a la igualdad y no discriminación por su discapacidad física y movilidad reducida de los usuarios del transporte público, previsto en el Art. 11.2, en relación con Art. 35 y Art. 47 de CRE.

Un creciente número de investigaciones que abarcan tres décadas sugiere que la trayectoria de las relaciones románticas sigue patrones predecibles y que las matemáticas pueden ayudar a las parejas a identificar señales de alerta, según datos de investigadores internacionales recopilados por el profesor Laurent Pujo-Menjouet, de la Universidad de Lyon (Francia) en su libro ‘¡Amor! ¡Valor! ¡Ecuaciones!’. EUROPA PRESS


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