Así va el escenario electoral en Imbabura y Carchi
Las organizaciones políticas de Carchi e Imbabura avanzan en la definición de sus candidaturas para prefecturas y alcaldías. Conozca quiénes son los aspirantes que, de ser calificados por el CNE, buscarán un cargo en las Elecciones Seccionales 2027. 3
Calificaciones estancadas en concurso para Fiscal 4
ECONOMÍA
Soltería tiene un efecto inesperado en los gastos 6
EE.UU. eleva ayuda para emergencia en Venezuela
Imbabura-Carchi
CARLOS SÁNCHEZ
BERZAÍN
Columinsta
La dictadura cubana
agoniza
Luego de más de 67 años de terrorismo de Estado, de agresiones e intervenciones a todos los países de las Américas, de expandirse y convertirse en el narcoestado jefe en el siglo 21, de someter al pueblo a la miseria, de perpetrar crímenes comunes y de lesa humanidad, la dictadura de Cuba agoniza sin ninguna condición de gobernabilidad ni posibilidad de sobrevivencia. Son los últimos días de un régimen de delincuencia organizada que no tiene pueblo, que ha perdido su narrativa de revolución, que ha liquidado la economía cubana y que no tiene opciones.
El siglo 21 en las Américas resultó siendo el de la expansión de la dictadura de Cuba que instaló su modelo dictatorial en Venezuela con Chavez/Maduro, Bolivia con Morales/Arce, Nicaragua con Ortega/Murillo y Ecuador con Correa. Controló progresivamente casi todos los países de Latinoamérica, instalando gobiernos para dictatoriales, con derrocamientos, elecciones, fraude electoral, terrorismo, financiamiento de campañas y una larga cadena de crímenes.
Hoy las Américas y el mundo conocen en tiempo real la realidad de miseria, degradación, humillación y desesperación del pueblo cubano, y el afán del régimen de falsificar cambios y presentar sofismas de apoyos. La realidad es que el repudio popular contra la dictadura representada por Diaz Canel y Raúl Castro es total, no tienen pueblo; nadie cree en la revolución cubana, probada como crimen organizado.
La detención de Nicolás Maduro con el fiasco militar sufrido por fuerzas de la dictadura cubana encargada de la seguridad del capturado, la pérdida de ingresos y petróleo que el desmantelamiento de la narcodictadura de Venezuela representa, y el ultimátum de Estados Unidos al régimen castrista con múltiples señales económicas y políticas, muestran que la fuga de la cúpula dictatorial, su captura, su neutralización, su caída, su rendición o cualquier otra forma de terminación de la dictadura ha llegado.
Abogado y Politólogo. Director del Instituto Interamericano para la Democracia.
Tomado con autorización del Instituto Interamericano para la Democracia.
PABLO GRANJA ÁVALOS granja.pablo@yahoo.com
¡No al ‘gatopardismo’ cubano!
Poco después del 10 de Agosto de 1809, luego del Primer Grito de Independencia, en las fachadas de Quito apareció una frase que reflejaba que el colonialismo español había sido sustituido
EDITORIAL
Arcom bajo ataque
El nuevo atentado terrorista en Quito revela que el país continúa atravesando uno de sus momentos más álgidos en seguridad.
En esta ocasión el ataque estuvo dirigido a la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), en el norte de la capital, que maneja el catastro minero, certificaciones, aplicación de tasas y proyectos de inversión.
La minería ilegal se ha convertido en uno de los negocios criminales más cruentos del país. El narcotráfico ha logrado invertir en este negocio y quiere que el Estado esté alejado de las zonas donde ellos pueden extraer el recurso, en especial el oro. En las zonas donde hay presencia de los delincuentes se producen varios delitos: lavado de dinero, trata de personas, tráfico de armas y asesinatos.
Ecuador no solo ha sido conta-
minado con el tráfico de drogas, sino también con la minería ilegal. Colombia y Perú, países productores de cocaína, también luchan contra la minería ilegal desde hace unos 10 años.
En el atentado de ayer, los terroristas dejaron amenazas en contra del personal de la Arcom, que ya están siendo investigadas.
El Estado no puede perder terreno. Los especialistas en minería saben perfectamente que si el Estado y las empresas privadas no explotan las zonas donde saben que hay minerales, lo hará la delincuencia. No importará que se opongan los ambientalistas más honestos. Los delincuentes se abrirán camino, como pasa en Buenos Aires, Imbabura.
Ahora, el personal de la Arcom es un objetivo de los delincuentes, luego de dos ataques. El primero fue el pasado 12 de junio, en Machala.
por las élites locales que mantenían la misma falta de libertad: “Último día de despotismo y primero de lo mismo”. Esta misma frase nos tienta evocarla en el Nuevo Ecuador, en que empiezan a verse resquicios de lo sufrido en el pasado reciente. En 1957, Tomás de Lampedusa escribió la novela ‘El Gatopardo’, narrando los cambios que terminarán con los privilegios de la aristocracia, avizorados por el Príncipe de Salina tras el desembarco de Garibaldi en Sicilia en 1860.
Políticamente, el “gatopardismo”, sirve para definir a los
gobiernos o líderes que ofrecen cambios que resultan siendo superficiales, porque mantienen las estructuras intactas. Esto se refleja en la frase que usa Tancredi para lograr el apoyo de su tío: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. En estos meses y días recientes, hemos sido testigos de gigantescos despliegues tecnológicos y militares que hacían presumir cambios radicales. La extracción de Maduro y Cilia fue impecable, pero todos sus cómplices siguen en el poder. Con Irán la destrucción del complejo nuclear se sintió
MILDRED MOLINEROS
mmolinerosg@masmediacion.law
La convivencia también se aprende
Nosenseñaron a leer, a escribir, a resolver problemas matemáticos y a comprender la historia. Aprendimos una profesión, un oficio y, con suerte, otro idioma. Sin embargo, hay una pregunta que pocas veces nos hacemos: ¿quién nos enseñó a convivir?
Convivimos todos los días. En la familia, en la escuela, en el trabajo, en el tránsito y hasta en las redes sociales. Aún así, solemos asumir que escuchar, dialogar, discrepar con respeto o construir acuerdos son habilidades que aparecen de manera natural. La experiencia demuestra que no es así.
La convivencia es una habilidad que aprendemos y practicamos todos los días.
Quizá por eso nos cuesta tanto afrontar las diferencias. Esperamos que las personas sepan trabajar en equipo, resolver conflictos o comunicarse con respeto, aunque pocas veces les enseñamos cómo hacerlo.
Durante mucho tiempo hemos concentrado nuestros esfuerzos en reaccionar cuando los problemas ya aparecieron. Intervenimos cuando un conflicto escala, cuando una relación se rompe o cuando el ambiente se deteriora. Sin embargo, dedicamos mucho menos tiempo a preguntarnos qué podemos hacer antes para fortalecer la convivencia.
La verdadera transformación comienza mucho antes del conflicto. Comienza cuando aprendemos a convivir.
Eso implica desarrollar habilidades como una comunicación efectiva y asertiva, la escucha, la empatía, el diálogo y la capacidad de gestionar las diferencias sin convertirlas en enfrentamientos. Vivimos en una sociedad que ha invertido grandes esfuerzos en resolver conflictos, pero todavía tiene una enorme oportunidad para fortalecer la prevención. Construir comunidades más respetuosas, colaborativas y capaces de dialogar no depende únicamente de responder mejor cuando aparecen los problemas. Depende, sobre todo, de preparar a las personas para relacionarse mejor antes de que esos problemas existan.
La convivencia no sucede por sí sola. Se enseña, se aprende y se construye todos los días, porque la calidad de nuestras relaciones importa
como un alivio. La eliminación de las jerarquías eclesiásticas y militares, parecía que llevarían de vuelta a la libertad por sobre la iniquidad fundamentalista; pero no, ese régimen opresivo sigue en estado de resistencia agresiva.
En Cuba, el títere del castrismo, Díaz Cannell, por fin anunció que el sistema económico ha fracasado y que se abría la economía a la empresa privada, con 176 medidas para acoger a la inversión extranjera y de la diáspora cubana, eliminar las trabas al uso de cuentas bancarias; descentralizar empresas estatales y ampliar las activi-
dades de las Mipymes; nuevos mecanismos de control y asignación de divisas; modificación del sistema de subsidios favoreciendo a las personas vulnerables y no a los productos; reformas a la comercialización agropecuaria y financiamientos para motivar la producción alimenticia. ¡Pero ni una palabra sobre eliminar la tiranía hereditaria que ha tardado 66 años para reconocer su fracaso irremediable! ¡A Cuba hay que devolverle la libertad y enterrar al comunismo! ¡Hay que decirle NO al gatopardismo cubano!
Precandidaturas toman forma en Carchi e Imbabura
Los procesos de democracia interna avanzan en Carchi e Imbabura. Varias organizaciones políticas ya definieron a sus precandidatos para prefecturas, alcaldías y concejalías, mientras otras, como ADN, aún afinan sus listas.
A cinco meses de las elecciones seccionales 2027, las principales organizaciones políticas de Carchi e Imbabura comienzan a definir las figuras que disputarán las prefecturas y alcaldías.
De acuerdo con el calendario aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), los movimientos y partidos políticos tienen hasta el 2 de julio de 2026 para realizar sus procesos de democracia interna o elecciones primarias. Durante los días 27 y 28 de junio, varias organizaciones políticas de la zona norte convocaron a sus militantes, adherentes y simpatizantes para participar en este proceso.
Tras esas jornadas se ratificaron algunos nombres que ya sonaban de manera extraoficial, otros quedaron fuera de la contienda y también aparecieron nuevos rostros en el escenario electoral.
El 29 de noviembre, los ecuatorianos elegirán 23 prefectos, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos, 457 concejales rurales, 4.131 vocales de juntas parroquiales y siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
A continuación LA HORA te presenta un panorama preliminar sobre las elecciones en la región norte del país. Quienes resulten electos ejercerán funciones durante el periodo 2027-2031.
La disputa por la Prefectura de Imbabura
Tras las elecciones primarias se confirmó que Richard Calderón Saltos, actual prefecto de Imbabura, no participará en las próximas elecciones. En 2023, Calderón ganó la Prefectura con el auspicio de Revolución
REGISTRO. Movimientos y partidos de Imbabura y Carchi ya realizaron sus procesos de democracia interna. Fotografía cortesía del movimiento político
Ciudadana (RC), al obtener el 34% de la votación. Su salida obliga a Revolución Ciudadana a renovar su liderazgo en la provincia y apostar por un nuevo binomio.
Los candidatos de Revolución Ciudadana participarán bajo el auspicio de otros movimientos políticos, debido a que la organización cumple una suspensión de nueve meses en medio de una investigación fiscal por presunto lavado de activos.
En Imbabura, RC se alió con Amigo, lista 16. El pasado fin de semana, ambas organizaciones eligieron a Juan Manuel Mantilla Echeverría como precandidato a la Prefectura y a Paolina Vercoutère Quinche como precandidata a la Viceprefectura, dignidad para la que buscará la reelección. Mantilla ha ocupado varios cargos públicos, entre ellos el de concejal de Ibarra durante el periodo 2014-2019.
Por el partido Avanza, el exalcalde de Ibarra, Mauricio Ernesto Larrea Andrade, aspira a la Prefectura. Larrea, quien dirigió el Municipio de Ibarra por dos ocasiones, entre 1996 y 2005, hará binomio con Astrid Amada Cotacachi Córdova como precandidata a la Viceprefectura.
El movimiento político local Somos Libres escogió a Jomar José Efrén Cevallos Moreno como su precandidato a la Prefectura. Actualmente, Cevallos cumple su segundo periodo como alcalde de Cotacachi. Anteriormente ejerció ese cargo entre 2014 y 2019.
El oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) aún no ha anunciado quiénes conformarán su binomio para la Prefectura de Imbabura. Sebastián Echeverría, director provincial de ADN, indicó a LA HORA
que la organización todavía afina aspectos relacionados con las edades de los precandidatos antes de oficializar los nombres.
Contienda por la Prefectura del Carchi Julio César Robles Guevara buscará la reelección como prefecto del Carchi. Fue elegido como precandidato por el Movimiento Social Conservador, lista 63. En esta ocasión participará junto a Esperanza Moreta como precandidata a la Viceprefectura.
Esperanza del Rocío Moreta Terán fue asambleísta por Carchi durante el periodo 20232025, tras las elecciones convocadas luego de la aplicación del mecanismo de la muerte cruzada por el entonces presidente Guillermo Lasso.
Otra de las organizaciones que señaló precandidatos es ADN. Ana Lucía Ruiz Guerrón fue designada como precandidata a la Prefectura. Actualmente se desempeña como directora zonal 1 del Ministerio de Agricultura y Ganadería y conformaría binomio con Jairo Rolando Argoti Martínez, director zonal 1 del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
Anteriormente, el movimiento CREO había anunciado que Arnaldo Cuacés, actual alcalde del cantón Espejo, sería precandidato a la Prefectura. Sin embargo, declinó su candidatura. Según Yaco Martínez, dirigente de CREO, la decisión se tomó para que Cuacés continúe con el cumplimiento de su plan de trabajo en Espejo hasta mayo de 2027.
Hasta el cierre de esta edición no se conocieron otros nombres de precandidatos para esta dignidad en Carchi.
Los que buscan la Alcaldía de Ibarra Lucía Posso Naranjo fue una de las primeras precandidatas en anunciar su intención de llegar a la Alcaldía de Ibarra. Posso cuenta con experiencia en cargos de elección popular: fue concejal de Ibarra y asambleísta por Imbabura con el auspicio de Avanza. Para las elecciones de 2027 buscará la Alcaldía con el movimiento político Somos Libres.
Entre las confirmaciones electorales del partido Avanza está Álvaro Daniel Castillo Monge, hijo del actual alcalde Álvaro Castillo Aguirre. De acuerdo con los registros de la Contraloría General del Estado, Castillo Monge no ha ocupado cargos públicos. Su trayectoria se ha desarrollado en el sector privado, donde dirige la Fundación Desafíos de Vida, organización sin fines de lucro dedicada al emprendimiento y al apoyo social.
Otro nombre ratificado este fin de semana es el de Juan Fernando Arias Carvajal, precandidato del movimiento Juntos por la Transformación, lista 70. Arias es ingeniero en Comercio Internacional y hasta la fecha no ha ejercido cargos públicos ni de elección popular.
Asimismo se descartó a Estéfano Bolaños, quien se perfilaba para esta dignidad. Bolaños anunció que se candidatizará a Concejal de Ibarra por el movimiento Juntos en equipo con Juan Arias.
Los aspirantes a la Alcaldía de Tulcán Andrés Ruano Paredes, actual alcalde de Tulcán, buscará la reelección. En esta ocasión será el precandidato del movimiento Futuro 20, antes denomina-
do Democracia Sí. Ruano ganó las elecciones de 2023 con el movimiento Revolución Total (RETO).
Otro aspirante a la Alcaldía es Diego Bayardo Rosero Rosero, el precandidato representa a la tienda oficialista ADN. En enero de 2026 fue designado jefe político de Tulcán y también es suplente de la asambleísta Lucía Pozo. Registra experiencia en la dirección de empresas de transporte pesado.
La alianza entre el movimiento local Somos y Unidad Popular eligió a Hugo Ernesto Sánchez Escalante como su representante para la Alcaldía. El arquitecto buscará llegar al sillón municipal por segunda ocasión. En 2023 fue candidato por Construye y obtuvo el 21% de la votación.
En Tulcán, el movimiento CREO designó como precandidata a la Alcaldía a Ángela Anahí Pilliza Estrada De acuerdo con los registros oficiales, no constan títulos académicos registrados en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y tampoco experiencia en cargos públicos.
Con la mayoría de procesos de democracia interna ya cumplidos, las organizaciones políticas se preparan para la inscripción oficial de sus candidaturas. El Consejo Nacional Electoral verificará el cumplimiento de los requisitos legales y calificará las postulaciones, un paso que definirá la papeleta con la que los ecuatorianos acudirán a las urnas el próximo 29 de noviembre. (MC)
¿El concurso para Fiscal se dilata por intereses políticos?
El concurso público para elegir a la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado está pausado desde hace tres semanas. Veedores ciudadanos sospechan que el concurso se está dilatando por intereses políticos.
El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Andrés Fantoni, está de vacaciones; Jazmín Enríquez es la presidenta subrogante, mientras el concurso para designar a la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado (FGE) está en pausa.
Según el cronograma, la designación de la autoridad para la FGE está prevista para el 23 de octubre de 2026. Sin embargo, esta fecha tambalea
¿En qué fase se encuentra el concurso?
Hasta el 29 de junio de 2026, el concurso se encontraba en la fase de méritos y recalificación , cuyo puntaje es sobre 50 puntos. La Comisión Ciudadana de Selección (CCS), encargada de ejecutar el concurso, remitió el informe final de la fase de méritos y recalificación al Pleno del Cpccs. Hay 28 postulantes: 19 hombres y 9 mujeres.
El Pleno conoció el informe en la sesión del 11 de junio, pero no fue aprobado. Solo Fantoni, Enríquez y Johanna Verdezoto votaron a favor.
Pleno espera un pronunciamiento
En la sesión del 11 de junio
Bonifaz votó en contra y dijo que “al revisar las 22 solicitudes (de recalificación), solo nueve produjeron modificaciones y 13 fueron negadas en su totalidad, existen casos que requieren una explicación más profunda por parte de la CCS”.
Cynthia Jacho, presidenta de la CCS , defendió la gestión de los comisionados en la sesión del 24 de junio. “No corresponde que exista una paralización atribuible a la CCS, nuestra responsabilidad ya concluyó con la
FUNCIONARIOS.
(Izq.), votaron a favor de aprobar el informe de recalificación de los postulantes. (Foto: Cpcca).
aprobación y la entrega del informe final”.
Aclaró que el Pleno es el encargado de conocer el informe, más no de emitir una aprobación y solo tras este acto la CCS puede proseguir con la fase de impugnación ciudadana
“El informe de reconsideración de méritos, a nuestro criterio (Cuarán y Nicole Bonifaz), no tiene una debida motivación, fue por ello que no existió mayoría para aprobar el mismo”, respondió Cuarán mediante un mensaje de WhatsApp el 29 de junio.
“La Comisión, con base en los argumentos de los consejeros, deberá ratificarse en su informe o motivar y señalar correctamente el por qué no se aceptaron los argumentos de los postulantes, para proseguir con la etapa de impugnación ciudadana, la contratación de los exper-
tos que realizará las pruebas escritas y orales, y continuar con lo que el reglamento señala”, añadió Cuarán.
¿El concurso pasó al plano político?
“Mientras el Cpccs no emita una resolución de haber avocado conocimiento del informe, el concurso está detenido”, recalca Guido Egas, coordinador de la Veeduría Ciudadana del concurso. Esta ha enviado dos oficios al Pleno para que agilicen lo que les compete y avance el concurso.
Egas tiene una lectura de lo que pasa: “Ha pasado de ser un concurso técnico a ser un concurso político y en este tiempo electoral están viendo qué es lo que ocurre y cómo se va a conformar el Cpccs para ahí ir avanzando”. La elección de las nuevas autoridades del Cpccs será en noviembre de 2026.
El presidente del Cpccs estará en uso de sus vacaciones hasta el 6 de julio de 2026. EL DATO
La Veeduría realizó una evaluación interna sobre la recalificación del puntaje de los postulantes, ese informe será presentado al final del proceso. Egas adelanta un dato: “Dentro de las observaciones que hemos concluido hay una diferencia considerable entre la puntuación de la CCS y la de la evaluación. Estaríamos hablando de que un 34% de los postulantes tienen esta diferencia”.
La excusa de las vacaciones de Fantoni “Es lamentable que lo único que se ha escuchado es que van a retomar el tema cuando Andrés Fantoni regrese de sus vacaciones”, expresa Mauricio Espinel, vocero de la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso de Fiscal. Dice que eso genera suspicacias.
“La Ley Orgánica del Cpccs les faculta a que al
menos con cuatro integrantes puedan avanzar en cualquier decisión que tome el Pleno. No hay razón alguna para que el concurso no avance”, añade Espinel al recordar la renuncia de Roberto Gilbert Espinel observa que con el estancamiento del concurso los afectados son los ciudadanos: “Nos perjudican a todos los ciudadanos al no tener una autoridad definitiva, los encargos son muy perjudiciales para la vigencia de la democracia . Eso daría como resultado que Carlos Alarcón se mantenga en el cargo actual, su presencia ha sido cuestionada, pues se afirma que estaría respondiendo a los intereses del Gobierno actual”. Espinel evalúa que se está configurando “un claro incumplimiento de la ley por parte del Cpccs por no designar al reemplazo de Diana Salazar desde el 2025”. El vocero cree necesario que la Asamblea Nacional actúe: “Debería existir un proceso de fiscalización por parte de la Asamblea Nacional por el incumplimiento de funciones de los consejeros, pero en cada uno de los intentos de fiscalización que hace la Asamblea, la mayoría oficialista los termina bloqueando”.
Riesgos de una Fiscalía sin independencia
Para Germán Rodas Chaves , coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), los concursos que provienen del Cpccs carecen de legitimidad.
“Eso es una variante de la persecución política, es una forma de impedir las libertades de opinión , de impedir que la democracia se construya y eso se vuelve muy peligroso en las sociedades contemporáneas. Por eso la CNA permanentemente ha señalado que el Cpccs no debe existir”, concluye. (KSQ)
Andrés Fantoni, presidente del Cpccs (centro), Johanna Verdezoto, consejera (Der.), y Jazmín Enríquez, vicepresidenta del Cpccs
SEGURIDAD
Violencia criminal escala con atentados en instituciones públicas
Dos atentados con bombas se han registrado en Quito con solo cuatro días de diferencia. Especialistas señalan que debe haber un fortalecimiento en inteligencia y prevención.
Ventanas rotas, paredes agrietadas, escombros en las veredas, techos desarmados e infraestructura expuesta es lo que dejaron las dos bombas que explotaron en la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y del Ministerio de Agricultura, en Quito.
La capital sufrió por el estruendo de los explosivos. Esta vez el panorama evidenció un escenario similar al de una guerra. Sucedió cuatro días después de que se colocara otro artefacto en el Complejo Judicial Norte. Los moradores del sector La Pradera, en el centro norte de la capital, se despertaron alrededor de las 03:00 por los estallidos, según comentaron en redes sociales. Quienes dejaron e hicieron detonar los explosivos llegaron en un vehículo tipo Jeep. También activaron la bomba de forma manual y se registraron dos detonaciones.
Panfleto con amenazas Entre los explosivos se encontró un panfleto con las amenazas, indicando que ese era el segundo y último aviso que iba dirigido al director de la Arcom, y seña-
laban que no pagarían el 5% de las facturas que supuestamente les habían pedido para la salida de exportación. En el panfleto referían supuestos actos de corrupción en la Arcom. La Policía indicó que no se conocía si la amenaza provenía de un grupo delictivo o de una persona, pero aseguraron que las investigaciones están en curso.
Al final de la amenaza se mencionaba que a todas las instituciones “que empiecen a robar, los van a reventar”.
Amenazas contra jueces
El 25 de junio de 2026 también se registró un artefacto explosivo con un panfleto. Este iba dirigido a los jueces, para que tomen correctivos sobre los casos que se llevan en el Complejo Judicial Norte.
El artefacto fue neutralizado por el Grupo de Intervención y Rescate (GIR). Por ello, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) destacó que han advertido reiteradamente sobre la inseguridad que enfrentan los operadores de justicia, pero que no ha habido respuestas efectivas.
EL DATO
Los homicidios intencionales en Quito aumentaron entre enero y abril de 2026, respecto al mismo periodo del año anterior. En ese lapso de 2025 se registraron 84 homicidios, mientras que entre enero y abril de 2026 fueron 86.
incertidumbre en la ciudadanía para infundir miedo y demostrar a la gente que el Estado ya no tiene control en ninguna parte”, detalló. Valarezo dijo que para combatir este tipo de amenazas se necesita un fortalecimiento de la inteligencia y de la investigación criminal.
contra la capacidad del Estado de investigar, sancionar, regular y ejercer autoridad”, puntualizó al señalar que hay una expansión de la violencia hacia espacios simbólicos e institucionales. Rivera recalcó que Quito, por ser capital política y administrativa de Ecuador, concentra funciones del Estado que deberían estar altamente protegidas. Según ella, el crimen organizado o las redes violentas buscan instalar miedo, condicionar decisiones públicas y demostrar capacidad operativa, incluso en lugares donde la presencia estatal debería ser más fuerte.
Quito es ‘blanco’ de atentados
El especialista en seguridad, Jean Paúl Pinto, dijo que estas amenazas evidencian que Quito “ya es blanco de atentados” y que los criminales consideran que pueden atacar en la capital en total impunidad y poner bombas en cualquier espacio.
Para el especialista, esta situación “es grave”, porque antes había muy pocos atentados, pero actualmente se registraron dos consecutivos. Pinto destacó que es necesario controlar la situación a tiempo, para evitar una “tragedia”.
También destacó que, pese a las medidas excepcionales tomadas contra el crimen organizado , no se evidencia una mejora en la seguridad y los grupos criminales operan incluso con las decisiones.
La criminóloga Daniela Valarezo indicó que los objetivos a los que se trata de llegar no son casuales, porque al poner bombas en dos instituciones públicas identifican el ‘blanco’ para intimidar o generar miedo.
“Se busca sembrar esta
Ataques para intimidar al Estado Blanca Rivera, magíster en seguridad y defensa nacional, aseguró que la violencia criminal ya no busca únicamente controlar territorios periféricos o disputar economías ilegales, sino enviar mensajes de intimidación a instituciones clave del Estado: la Justicia, la regulación minera y la administración pública.
“Cuando se amenaza un complejo judicial o se ataca una entidad de control como la Arcom, el mensaje no es solo contra un edificio; es
La especialista dijo que el Estado debe reaccionar con firmeza, pero criticó que aún exista una lógica reactiva basada en toques de queda, estados de excepción, operativos, allanamientos, detenciones y decomisos. Sostuvo que aunque estos pueden ser necesarios en determinados momentos, no pueden ser la única estrategia. Agregó que se necesita “una depuración real de las instituciones de seguridad y Justicia, una revisión del modelo operativo de la Policía, una Inteligencia más sólida y menos condicionada por el costo político, y una forma distinta de medir resultados”. La respuesta, argumentó, debe combinar acción e inteligencia, control y prevención, sanción y reconstrucción social. (PSR)
CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Ibarra 30 de junio de 2026
Se convoca a los socios del Club Deportivo Especializado Dedicado a la Práctica del Deporte Profesional San Antonio a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al primer trimestre del año la cual se realizará el día 22 de julio de 2026, a las 17h00 horas, en las instalaciones de la Asociación de Fútbol Profesional de Imbabura - AFI, ubicadas en la Av. Jaime Roldós Aguilera y Av. Víctor Manuel Peñaherrera, Ibarra, Ecuador de acuerdo con el siguiente orden del día: ORDEN DEL DÍA
1. Constatación del quorum e instalación de la Asamblea General Ordinaria ; 2. Conocimiento y resolución del Presidente del Directorio del año 2025
3. Conocimiento y resolución de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2025; 4. Cambio de domicilio del Club ; 5. Cambio de denominación del Club; 6. Conocer y Resolver sobre la reforma y codificación del Estatuto del Club.
TERRORISMO. Amenazas de bombas registradas en la Arcom y el Ministerio de Agricultura en Quito. (Foto: API)
Vivir solo en Ecuador: más libertad, más gastos y menos hijos
Los hogares unipersonales crecen con fuerza en Ecuador. La tendencia impulsa sectores como vivienda, tecnología y mascotas, pero también eleva el costo de vida y plantea nuevos desafíos económicos y sociales para el país.
TENDENCIA. Los hogares unipersonales aumentan en Ecuador
En el departamento de 45 metros cuadrados donde vive en el norte de Quito , Andrea, de 32 años, tiene la sensación de que cada mes todo cuesta más. El arriendo, el internet, la electricidad, la plataforma de streaming, las compras del supermercado y hasta los gastos de su gato recaen únicamente sobre ella.
“Me gusta mi independencia y no la cambiaría fácilmente, pero cuando llega fin de mes me doy cuenta de que vivir sola es mucho más caro de lo que imaginaba. No tengo con quién dividir ninguna factura”, comenta.
La historia de Andrea no es una excepción. Ecuador atraviesa una transformación silenciosa que está cambiando la forma de vivir, consumir y gastar. Lo que durante décadas fue un país dominado por familias numerosas hoy empieza a parecerse cada vez más a las sociedades urbanas de Europa y Norteamérica : hogares más pequeños, matrimonios más tardíos, menos hijos y un creciente número de personas que viven solas.
Los datos del último Censo Nacional reflejan con claridad esta transición. Los hogares unipersonales pasaron del 12,1% en 2010 al 16,7% en 2022, un crecimiento de 4,6 puntos porcentuales en apenas doce años.
En otras palabras, uno de cada seis hogares ecuatorianos está habitado por una sola persona. Al mismo tiempo, los hogares de dos integrantes crecieron del 15,9% al 20,2%, mientras que los hogares de cinco o más miembros se redujeron en 10,1 puntos porcentuales.
La transformación también se observa en el estado civil de los ecuatorianos. Según los resultados censales, los solteros ya representan el 43,5% de la población y el porcentaje continúa creciendo.
La vida en solitario gana terreno
Desde una perspectiva económica, la fragmentación de los hogares genera un efecto inmediato: multiplica el consumo
Si una pareja comparte
una vivienda, existe un solo contrato de internet, una sola refrigeradora, un solo televisor y una sola factura de electricidad. Cuando esas dos personas viven por separado, el mercado vende prácticamente todo por duplicado.
Por eso, la demanda de suites, departamentos pequeños y espacios compactos se ha disparado en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca. El propio Censo evidencia un crecimiento acelerado de esta tendencia: la proporción de ecuatorianos que vive en departamentos pasó del 11,9% en 2010 al 21,1%, prácticamente el doble.
La economía detrás de este fenómeno es sencilla. Ecuador tenía hogares con un promedio de 4,2 personas en 2001; en 2010 el promedio bajó a 3,8 y en 2022 descendió a apenas 3,2 integrantes. Esto significa que para albergar una población que creció alrededor de 17% entre 2001 y 2022, el número de hogares aumentó mucho más rápido. De hecho, el país pasó de aproximada-
mente 3,3 millones de hogares en 2001 a más de 5,2 millones en 2022, un incremento cercano al 58%. En términos prácticos, esto supone la necesidad de casi dos millones de viviendas adicionales, cada una equipada con cocina, refrigeradora, conexión a internet, muebles, electrodomésticos y servicios básicos propios. Lo que antes compartían cuatro personas hoy, cada vez más, debe ser adquirido por dos o incluso por una sola.
En otras palabras, la reducción del tamaño de los hogares impulsa la actividad económica porque crea nuevos consumidores independientes. Sin embargo, también elimina las economías de escala familiares que permitían compartir gastos.
El fenómeno también se traslada a la alimentación. Quienes viven solos suelen comprar porciones individuales, alimentos preparados o productos de menor volumen, que normalmente tienen un costo unitario superior al de las presentaciones familiares. La independencia tiene un precio.
Para David, de 38 años y residente en Cuenca, la diferencia es evidente. “Cuando vivía con mis hermanos comprábamos en volumen y todo salía más barato. Ahora gasto menos comida, pero pago más por cada producto. Al final ahorro tiempo, pero no dinero”, señala.
Según datos de telecomunicaciones, Ecuador supera los 18 millones de líneas móviles activas y registra más de 3 millones de conexiones fijas a internet . A medida que aumentan los hogares unipersonales, crece la necesidad de contratar servicios que antes eran compartidos dentro de una misma vivienda, desde conectividad hasta plataformas de entretenimiento digital.
Al dividirse las familias, desaparecen muchos de los bene ficios financieros que surgen cuando varias personas comparten gastos fijos. El resultado es paradójico: la economía vende más, pero cada individuo termina asumiendo una mayor carga de gastos. Lo que impulsa el crecimiento de sectores como vivienda, telecomunicaciones, electrodomésticos y servicios personales también reduce la capacidad de ahorro de millones de personas que viven solas.
Más mascotas, menos cunas
Mientras la natalidad muestra señales de desaceleración y cada vez más jóvenes postergan la decisión de tener hijos debido a la incertidumbre económica y laboral , los animales de compañía se han convertido en protagonistas del gasto familiar.
El propio Censo reveló que 4,1 millones de hogares ecuatorianos tienen al menos una mascota. Considerando que el país registra alrededor de 5,2 millones de hogares, esto significa que cerca de ocho de cada diez hogares conviven con perros, gatos u otros.
La explicación combina factores económicos y emocionales. Mantener una mascota implica un compromiso financiero considerable, pero sigue siendo muy inferior al costo de criar un hijo. Mientras la manutención de un perro o un gato puede representar entre $40 y $120 mensuales y acumular entre $7.000 y $22.000 durante toda su vida, criar un hijo en Ecuador hasta los 18 años puede requerir entre $80.000 y $150.000, sin incluir estudios universitarios. Al mismo tiempo, perros y gatos ofrecen compañía en una sociedad donde las redes familiares tradicionales son cada vez más pequeñas. La tendencia coincide con una caída histórica de la natalidad En 2024 nacieron solo 160.000 niños en Ecuador, la cifra más baja al menos desde 1990. Además, la tasa de natalidad continúa descendiendo respecto a años anteriores. (JS)
RIESGO. Cerca del 70% de las construcciones son informales y propensas a daños mayores durante un sismo. (FOTO: ARCHIVO)
¿Está Quito preparado para un terremoto de magnitud 7,5?
El reciente terremoto registrado en Venezuela volvió a despertar una inquietud que tarde o temprano se hacen quienes viven en Quito: ¿Está la capital preparada para enfrentar un terremoto de gran magnitud?
Ecuador se encuentra dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta, y Quito está asentada sobre un sistema de fallas geológicas activas que la convierten en una urbe con amenaza sísmica permanente. Sin embargo, el nivel de destrucción que puede provocar un terremoto no depende únicamente de la fuerza con la que se mueva la tierra. Históricamente se ha debatido sobre la resistencia de la capital ante sismos de magnitud superior a 7,5; no obstante, la estructura geológica local presenta dinámicas particulares. La ciudad se encuentra sobre una falla inversa, una fractura de la corteza terrestre causada por fuerzas de compresión, en la que un bloque de roca se desplaza hacia arriba sobre otro, en vez de hacia abajo. Esa falla tiene aproximadamente 50 kilómetros de longitud y se extiende desde Tambillo hasta
Calderón. Según datos del Proyecto TREQ (desarrollado por la Fundación GEM, la Escuela Politécnica Nacional y el Municipio de Quito), la fuente sísmica de mayor peligro es dicho sistema de fallas inversas bajo la ciudad, cuya magnitud máxima esperada se estima entre 6,0 y 6,5 (Mw). Los terremotos de magnitudes mayores (como 7,5 u 8,0) suelen estar asociados a zonas de subducción costera o a fallas de una extensión mucho mayor.
“Desde el punto de vista geológico, no es plausible que Quito experimente un terremoto originado en su propia falla con una magnitud de entre 7,2 y 7,5”, explica Hugo Yepes, exdirector y cofundador del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional y actual consultor en evaluación de peligros geológicos y mitigación de riesgos.
El especialista señala que el verdadero peligro para Qui-
za que la seguridad estructural depende de un circuito técnico completo y riguroso. Indica que desde la última actualización integral de la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15), publicada 2015, las edificaciones del país están estrictamente sujetas a parámetros de diseño sismorresistente. Ordóñez aclara que el éxito de una obra no radica solo en un buen plano, sino en la articulación de tres fases: un diseño normativo correcto, la revisión y certificación legal ante las entidades colaboradoras (requisito obligatorio en Quito desde 2013) y una ejecución de obra técnicamente impecable que respete lo aprobado.
“En la ciudad enfrentamos un problema grave: cerca del 70% de las construcciones son informales. Esto implica que se edificaron sin los permisos correspondientes y, por lo tanto, no pasaron por los procesos técnicos de regulación necesarios”, explica. Esta preocupación coincide con las conclusiones del modelo de exposición del Proyecto TREQ, el cual advierte que las tipologías constructivas predominantes en Quito poseen altos niveles de informalidad, lo que se traduce en una baja ductilidad estructural (poca capacidad de deformarse sin colapsar ante un sismo).
to no radica en alcanzar una magnitud extrema en la escala Richter, sino en la extrema cercanía de la falla con la superficie urbana. Al encontrarse prácticamente debajo de las zonas habitadas (a profundidades estimadas de apenas 8 kilómetros en los escenarios de riesgo), las ondas sísmicas llegan a las estructuras con una violencia e intensidad descomunales. Esto genera un alto potencial destructivo incluso en sismos de magnitudes moderadas (entre 6,0 y 6,5). A esto se suman factores críticos como la composición del subsuelo capitalino —formado por suelos de origen volcánico, depósitos aluviales, coluviales y suelos blandos en el sector sur—, que alteran drásticamente el comportamiento de las ondas sísmicas.
Construcciones informales son un riesgo Diego Ordóñez, presidente del Colegio de Arquitectos, enfati-
nera urgente, un tratamiento de refuerzo técnico para añadir factores de seguridad a sus estructuras”, recalca. Para el arquitecto, reducir la vulnerabilidad de Quito no pasa únicamente por levantar nuevas edificaciones con estándares sismorresistentes, sino también por evaluar el estado de inmuebles antiguos y fortalecer los controles regulatorios.
No todos los barrios enfrentarían el mismo escenario
La forma en que un terremoto afecta a una ciudad también depende del suelo sobre el que fue construida. Yepes explica que existen sectores donde las ondas sísmicas pueden amplificarse debido a las características geológicas del terreno. De hecho, las evaluaciones técnicas de microzonificación sísmica integradas en el Proyecto TREQ demuestran que existe un efecto de amplificación de ondas en prácticamente toda la ciudad. Sectores densamente poblados de la urbe se encuentran situados sobre rangos espectrales donde el suelo propaga los sismos con mayor intensidad, llegando en ciertos puntos a registrar factores de amplificación críticos de hasta cinco veces la intensidad del sismo en roca.
Respecto a las zonas geográficas con mayor vulnerabilidad, señala que es complejo determinar un sector o barrio específico debido a la gran diversidad de patologías estructurales y tipologías constructivas. Sin embargo, por lógica de exclusión, precisa que los barrios populares suelen presentar los mayores niveles de riesgo, dado que allí predomina la autoconstrucción informal y la ausencia de fiscalización o asesoría profesional.
Uno de los mayores retos de la capital, según Ordóñez, son las estructuras viejas, construidas antes de las actualizaciones más recientes de la NEC. Su comportamiento frente a un terremoto dependerá de factores como su diseño original, el mantenimiento recibido y las modificaciones estructurales realizadas a lo largo de los años.
“Un aspecto fundamental que la ciudad no ha atendido suficientemente es el reforzamiento estructural. Existen muchas construcciones antiguas que ya requieren, de ma-
“El terremoto actúa como un inspector implacable que evidencia de inmediato la mala práctica o la corrupción estructural”, indica Yepes.
El geólogo considera que el mayor desafío para Quito es el desconocimiento de la vulnerabilidad real de sus edificaciones. La escala del riesgo económico es masiva: el catastro urbano actual de la capital contiene un valor expuesto estimado en $55 millones, distribuidos en más de 280.000 puntos analizados que albergan a más de 2,1 millones de habitantes. Por ello, un sismo destructivo que afecte tan solo a una fracción de la ciudad desencadenaría pérdidas económicas multimillonarias y una crisis humanitaria sin precedentes.
“El mayor peligro que enfrenta Quito es que no se conoce a fondo la vulnerabilidad de sus estructuras frente a la amenaza sísmica”, concluye Yepes, insistiendo en la necesidad de consolidar estudios geotécnicos y estructurales permanentes dentro de la planificación urbana. (ACZ)
historial a favor de los locales, México busca imponerse en casa. Sin Ecuador llega con el impulso de la victoria ante Alemania y la firme intención de clasificar a los octavos de final de la copa del mundo.
México vs. Ecuador
Mejor resultado hasta
Estadio Azteca, en Ciudad de México
Histórico México vs. Ecuador (16vos de final) 20:00
Mejor resultado hasta ahora en el mundial 2026
Gráfico:
Colombia: negociaciones con el Clan del Golfo están bajo la lupa
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella propuso remitir a Estados Unidos las irregularidades en los diálogos del Régimen de Gustavo Petro con el Clan del Golfo.
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha propuesto remitir al Departamento de Justicia de Estados Unidos las recientes informaciones sobre las irregularidades de altos funcionarios del actual Gobierno vinculadas a los diálogos de paz con el Clan del Golfo.
La propuesta lanzada por De la Espriella incluye además las denuncias pertinentes contra los altos funcionarios señalados, entre ellos quien fuera el alto comisionado para la Paz Danilo Rueda, como parte del proceso de transición, que
ha encomendado a quien será su vicepresidente, José Manuel Restrepo.
Para De la Espriella las recientes informaciones que han ido apareciendo en la prensa acerca de los gestos que el actual Gobierno habría concedido al grupo paramilitar, entre ellos cancelar las operaciones y reducir el número de efectivos de las fuerzas de seguridad en las áreas donde actúan, son de “la mayor gravedad”.
“Exigen una respuesta jurídica inmediata, rigurosa y conforme al Estado de derecho”, ha señalado en un comunicado el futuro pre -
sidente colombiano, quien incluye en la ecuación a Estados Unidos debido a la posibilidad de que estos hechos “puedan involucrar conductas de interés dentro de su ámbito de competencia”.
En ese sentido, también ha instado a elevar, en caso de que corresponda, estos hechos a las instancias internacionales oportunas si aquello que está siendo investigado ha podido comprometer las o bligaciones del Estado colombiano para con el exterior o involucrar violaciones graves a los Derechos Humanos.
“El pueblo colombiano
nos ha confiado la responsabilidad de recuperar el monopolio legítimo de la fuerza, restablecer el orden público y garantizar que ningún servidor público permanezca al margen del escrutinio de la justicia cuando existen motivos suficientes para investigar su conducta”, ha remarcado.
Las informaciones que aparecieron por primera vez en Caracol Radio apuntan principalmente Danilo
Rueda, quien se habría encargado de plantear a la delegación del Clan del Golfo la posibilidad de ciertas concesiones a cambio de facilitar estas conversaciones de paz, extremo que ha negado.
Del mismo modo, el presidente colombiano, Gustavo Petro, salió al paso de estas afirmaciones y recordó que solo él, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, tiene autoridad para ordenar y suspender las acciones contra grupos armados. En el caso del Clan del Golfo, reiteró que “nunca” dio orden de cesar las operaciones.
Negociaciones con el Clan del Golfo
Antes de que apareciera esta nueva polémica, el Gobierno y el Clan del Golfo --autodenominado
Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)-- venían dialogando de manera formal desde septiembre de 2025 en Doha, Qatar, si bien el proceso de negociación sufrió otro revés en febrero de 2026 tras el encuentro de Petro en la Casa Blanca.
En aquella cita, Petro solicitó apoyo a Estados Unidos para capturar a algunas de las principales figuras
del conflicto armado colombiano, entre ellos el lí der del Clan del Golfo, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’.
No obstante, las conversaciones se retomaron a mediados de febrero, ya en Bogotá, después de que, según el Clan del Golfo, el Ministerio de Defensa de Colombia aceptara retirar a ‘Chiquito Malo’ de su lista de “objetivos de alto valor ”, y se avanzara en la propuesta de otorgar el grupo un estatus político.
No obstante, el Gobierno siempre ha reiterado que las operaciones contra el grupo continúan y solo se ha permitido, como parte de los diálogos y mientras avanza la negociación, el traslado a las zonas de ubicación temporal de sus integrantes sin órdenes de extradición, por lo que no beneficia a ‘Chiquito Malo’.
También conocido como ‘Javier’, ‘Chiquito Malo’ asumió el mando del Clan del Golfo después de la captura en octubre de 2021 de Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, durante años la persona más buscada en Colombia y ahora cumpliendo una condena de 45 años de prisión en Estados Unidos.
Según la Inteligencia colombiana, desde 2022, y coincidiendo con los primeros acercamientos del Gobierno para establecer un proceso de negociación, el Clan del Golfo ha ido aumentando el número de efectivos y su presencia en otros escenarios, lo que ha traído consigo enfrentamientos con otros grupos armados. EUROPA PRESS
TERRORISMO. Cúpula del Clan del Golfo. EP
Santodomingueños cargados de fe para alentar a la Tri
RESPALDO. La afición santodomingueña
con
La presencia del santodomingueño
Moisés Caicedo, figura y capitán de la selección, fortalece el entusiasmo de familiares, amigos e hinchas que alientan desde la tierra colorada.
Esta noche, Santo Domingo se paralizará para apoyar a la selección de Ecuador en el partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el que enfrentará a México
La algarabía se siente con mayor intensidad tras el triunfo 2 -1 sobre Alemania. Pese a que era la menos opcionada, clasificó a la siguiente ronda del torneo de fútbol más importante del mundo.
En cada rincón de la ciudad se siente un ambiente futbolero. Jóvenes, adultos y personas de la tercera edad hacen sus pronósticos en referencia al partido decisivo que se disputará desde las 20:00 en el estadio Azteca.
La actividad comercial también registra un importante repunte por la venta de camisetas, banderas y demás artículos que hacen referencia al equipo tricolor. “Las ventas subieron desde el jueves. Todos quieren
vestir la camiseta de nuestro equipo para respaldarlo desde esta querida tierra”, expresó Julio Cajas.
Los conductores también adquirieron vuvuzelas, convencidos de que Ecuador conseguirá la clasificación y habrá motivos para celebrar durante la noche. El entusiasmo también llegó a varias unidades educativas, donde se permitirá que los estudiantes asistan con la camiseta de la Tricolor como muestra de apoyo.
Expectativas por el partido
Ahora todos los ciudadanos creen saber algo de fútbol y hacen sus propios análisis tácticos del planteamiento que debe usar Ecuador para ganarle a México en su sede.
El concejal Julio César Calero ha combinado sus actividades legislativas con el seguimiento del Mundial. “El proceso de nuestra selección
Moi, el orgullo santodomingueño
° En Santo Domingo el partido se vive con un sentimiento especial, ya que Moisés Caicedo integra el once titular de Ecuador y en el encuentro anterior lució la cinta de capitán. Su desempeño en el mediocampo será determinante para contener los ataques de México y liderar la salida del equipo hacia el arco rival.
ha sido bueno. Casi nadie creía que podía ganarle a Alemania y demostró que está para cosas importantes. Estoy seguro que hoy ganamos”, acotó. Los periodistas deportivos también hacen sus análisis y son enfáticos en ase-
gurar que el equipo necesita ser más atrevido en ataque para conseguir un resultado favorable.
“No lo veo como un rival complicado a México, me atrevo a decir que Ecuador puede hacerle daño porque
tiene cualidades y cuando se propone plasma un excelente juego. Espero que el técnico no improvise cambios en la alineación y que el equipo aproveche cada oportunidad frente al arco rival”, manifestó Guido Segura. (JD)
celebró
entusiasmo el triunfo sobre Alemania y esta noche volverá a respaldar a la Tricolor en el duelo frente a México.
Hospital General Docente Ambato debe más de $100 mil a microempresa de limpieza
La empresa Wash and Clean exige el pago por tres meses de trabajo correspondientes a abril, mayo y junio de 2025.
La microempresa de limpieza Wash and Clean prestó sus servicios en el Hospital General Docente Ambato desde el de 20 de enero hasta el 20 de junio de 2025, de los cinco meses de labores, solo dos fueron remunerados.
Más de un año después la casa de salud aún mantiene una deuda de aproximadamente 114 mil dólares con esta empresa que también debe cancelar sueldos a más de 50 de sus excolaboradores.
Antecedentes
En abril del año anterior un grupo de trabajadores de limpieza detuvieron sus actividades parcialmente para exigir sus sueldos, en esa ocasión denunciaron varias irregularidades dentro de sus contrataciones y afiliaciones.
“Nuestras compañeras están enfermas por la sobrecarga laboral, nos estamos enfermando de la columna, del estómago, no nos parece justo que nos digan que, si no queremos trabajar que nos vayamos”, mencionó Sonia Iza.
Posteriormente, en no -
EL DATO
En 2025 el Hospital de Ambato registró inconvenientes en el pago de una empresa de seguridad, falta de insumos médicos y en el servicio de diálisis.
viembre de ese mismo año, un plantón de los perjudicados alertó que en al menos tres empresas de limpieza pasaron por la casa de salud en los últimos meses incumpliendo con el pago a sus empleados.
“Hay gente que no ha cobrado desde febrero, otros desde marzo, una de las empresas que entró pagó únicamente un mes”, aseguró en ese entonces Andrés Rivera.
Pedido
Carlos Dávila, representante legal de la empresa Wash and Clean, dijo que el último contacto que mantuvo con funcionarios del Hospital General Docente Ambato fue en noviembre del año anterior, cuando se comprometieron a cancelar la deuda lo más pronto posible.
Desde ese entonces no han existido respuestas de la casa de salud ni siquiera a las cartas enviadas al Gerente el 14 y 27 de abril de este año.
“Nosotros hemos procedido a enviar al Servicio de Contratación Pública una carta el 3 de junio sobre este asunto”, dijo Dávila, quien aseguró que según la normativa vigente se podría sancionar con una multa de 10 salarios básicos y hasta la destitución de los funcionarios involucrados en la falta
de pago.
Dávila dijo que con el dinero de la entidad logró cancelar a sus extrabajadores uno de los tres meses adeudados, sin embargo, constantemente recibe llamadas en las que le exigen completar el monto pendiente.
“Estas situaciones ya pasan por negligencia. Yo nunca he querido hacer este tipo de situaciones. Soy enemigo de estar en este tipo de casos, pero las autoridades son muy negligentes, no me
Esterilizaciones gratuitas en Ambatillo y Picaihua
Con el objetivo de promover la tenencia responsable de mascotas y controlar la sobrepoblación de animales de compañía, el Municipio de Ambato recorre la ciudad con sus unidades móviles veterinarias con la campaña de esterilización gratuita.
La atención se brinda bajo la modalidad de orden de llegada y será de uso exclusivo para los habitantes de cada localidad visitada El trabajo inicia a las 09:00,
por lo que los organizadores hacen un llamado a la ciudadanía para que se acerque temprano para que pueda beneficiarse del servicio.
Cronograma de atención
Hoy, el equipo veterinario estará en el centro parroquial de Ambatillo , mientras que, mañana visitarán Ambatillo Alto. Para el jueves 2 de julio, las unidades llegarán al caserío San Juan de la parroquia Picaihua Los requisitos indispen-
contestan las llamadas, no contestan los teléfonos”, aseguró.
Falta de respuestas
DIARIO LA HORA TUNGURAHUA solicitó una entrevista el viernes 26 de junio de 2026 a personal de comunicación del Hospital General Docente Ambato para contrastar la información emitida en esta nota, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo ninguna respuesta. (RMC)
sables para acceder a las intervenciones quirúrgicas son la copia de la cédula de identidad del propietario de la mascota y copia de una planilla de servicio básico. Además, deben llevar un esfero de color azul y una manta para cubrir al animal luego de la operación
Los brigadistas recordaron que el perro o gato debe encontrarse en estricto ayuno de por lo menos seis horas ( sin consumir agua ni alimentos sólidos).
Finalmente, se recordó que los animales deben estar en buen estado de salud para ser considerado apto para la cirugía. (NVP)
PROBLEMA. Alrededor de 50 empleados aún esperan sus sueldos pendientes. (Foto de archivo)
APOYO. El trabajo de las unidades móviles busca reducir la natalidad descontrolada de animales de compañía. (Foto archivo)
USO DEL POLÍGRAFO COMO PRUEBA DE CONFIANZA
lidades institucionales.
El art. 228 de la Constitución de la República establece la configuración de carrera administrativa sustentada en el mérito de los servidores públicos demostrable a partir de sus conocimientos, competencias y experiencia (aspectos objetivos) y de su idoneidad ética y calidad personal (aspectos subjetivos). El mérito entonces es un principio esencial en la carrera administrativa porque gracias a este se permite el acceso al servicio público y, además, se puede verificar el adecuado
servicio a la colectividad, así como también los principios de eficacia, eficiencia, moralidad, imparcialidad y transparencia que caracterizan la actuación estatal. Esto, al menos en teoría, permite satisfacer la misión esencial y deber primordial de los servidores y las autoridades públicas del Estado y de la institucionalidad que se ha creado, la cual consiste en satisfacer adecuadamente el deber concreto de protección y eficacia de los derechos de las personas que residen al interior de sus fronteras, así como también la materialización de las fina-
En este sentido, la Corte Constitucional Colombiana, en la sentencia C-826 de 2013, afirmó que: “[e]n síntesis, esta Corte ha concluido que el logro de la efectividad de los derechos fundamentales por parte de la administración pública se basa en dos principios esenciales: el de eficacia y el de eficiencia. A este respecto ha señalado que la eficacia, hace relación “…al cumplimiento de las determinaciones de la administración” y la eficiencia a “…la elección de los medios más adecuados para el cumplimiento de los objetivos.”
También en la sentencia C-479 de 1992, se consideró
CONSULTA LABORAL
¿Cuándo no existe la prohibición legal que impida al trabajador/a solicitar el desahucio aun cuando en su contra se tramite un visto bueno?
RESPUESTA
que “[e]n este aspecto, la armonización de los dos principios analizados -la eficiencia y la eficacia de la función pública- con la protección de los derechos que corresponden a los servidores estatales resulta de una carrera administrativa diseñada y aplicada técnica y jurídicamente, en la cual se contemplen los criterios con arreglo a los cuales sea precisamente el rendimiento en el desempeño del cargo de cada trabajador (el cual garantiza eficiencia y eficacia del conjunto) el que determine el ingreso, la estabilidad en el empleo, el ascenso y el retiro del servicio, tal como lo dispone el artículo 125 de la Constitución. Estos aspectos,
La indemnización por despido intempestivo prevista en el Art. 188 del Código del Trabajo y la bonificación por desahucio establecida en el Art. 185 de ese Código, son independientes pues obedecen a distintas situaciones en la relación laboral, la primera es el pago de un indemnización a favor del trabajador cuando ha sido ilegalmente privado de su puesto de trabajo, en tanto que el desahucio es una bonificación que se entrega al trabajador cuando este manifiesta su deseo de dar por terminado el contrato. En tal sentido, la ley no prohíbe o limita la posibilidad de solicitar el desahucio, aun cuando contra el mismo trabajador se esté tramitando una petición de visto bueno.
No existe prohibición legal que impida al trabajador solicitar el desahucio aun cuando en su contra se tramite un visto bueno, en todo caso lo pagado por el empleador será considerado al momento de calcular la liquidación del trabajador.
Autor: Dr. Giovani Mayorga Andaluz
en una auténtica carrera administrativa, deben guardar siempre directa proporción con el mérito demostrado objetiva y justamente. // Ello conduce a la instauración de la carrera administrativa como sistema propicio a la obtención de eficiencia y eficacia y, por tanto, como técnica al servicio de los fines primordiales del Estado Social de Derecho.”
Pese a lo anterior, el principio del mérito no es la única forma en que los ciudadanos ingresan al servicio público, pues existen otros mecanismos que permiten tal finalidad entre los cuales están el libre nombramiento (fundamentado en la consideración in tuitu personae que las funciones implican) o la elección popular según lo prevé la norma invocada, por manera que ha de entenderse que el mérito es la regla general y comprende un sistema general, y los otros mecanismos son excepcionales y configuran sistemas especiales dependiendo de las previsiones constitucionales o legales que los configuran. El mérito, como principio constitucional, proscribe los factores de selección del servidor público en base al nepotismo, al clientelismo y al favoritismo, y tiende a evitar la arbitrariedad en el acceso al servicio público.
El uso del polígrafo en el contexto laboral
Las pruebas demostrativas del mérito del postulante a la carrera administrativa tienen a establecer los aspectos objetivos (conocimientos, competencias y experiencia) y aspectos subjetivos (idoneidad ética y calidad personal), los cuales están relacionados directamente con las funciones que se van a desempeñar, así como también con las necesidades que exige el servicio. En ese contexto, el concurso público de méritos se enarbola como mecanismo constitucional previo para el acceso al servicio público, gracias al cual se verifica el principio
“Habiéndose puesto en nuestro conocimiento el extravío del certificado de depósito a plazo N° 05001DPV059654-2 emitido por el Banco Bolivariano C.A. con vencimiento 07/14/2026”. 001-001-0161
del mérito, para cuyo efecto ha de ser efectuado en base a parámetros claros, precisos, objetivos y transparentes compatibles con los derechos fundamentales, pues de otro modo la finalidad instrumental se vería desbordada. Entre las pruebas aplicables al concurso de méritos se emplean las denominadas pruebas o exámenes de confianza para el ingreso, permanencia o promoción del personal, de manera que la prueba, en este sentido, no es más que un instrumento cuya finalidad fundamental es la medición de los aspectos objetivos o subjetivos antes establecidos, o dicho de otra manera la prueba en el concurso de mérito es el instrumento que se emplea para medir los conocimientos, actitudes o aptitudes para el desempeño de un trabajo. La confianza por su parte es entendida como “la fe, la seguridad que se deposita en alguien y en cuya virtud se omiten, respecto de esa persona, las precauciones y cuidados habituales”. Una prueba de confianza, podemos definirla, como aquella que es establecida para determinar la fe o seguridad institucional del servidor público en el cumplimiento de sus funciones, que redunda en beneficio de la integridad de las decisiones públicas, pues se pretende seleccionar a personas con altos estándares de probidad y disminuir así el riesgo de corrupción y aprovechamiento ilegitimo e ilegal durante el ejercicio de la gestión pública. Se trata, en definitiva de establecer una confianza cualificada que supera a la existente entre particulares.
Entre estas pruebas constan, por ejemplo, la entrevista, la prueba psicológica, la prueba toxicológica, la prueba médica, la prueba de entorno social, la prueba de condición o situación
ANULACIÓN
Se anula por pérdida
Título # 6429
Del Camposanto
Monteolivo
REVISTA JUDICIAL
patrimonial, la prueba psicosométrica, la evaluación del desempeño, la prueba poligráfica, etc., siendo esta última la que más cuestiones problemáticas presenta por aspectos tales como el margen de error de los resultados por inexistencia de una conclusión categórica; la metodología empleada; las modalidades o técnicas de uso (así tenemos: la técnica relevante/ irrelevante o RIT, relevant/ irrelevant test, el test de preguntas de control o preguntas de comparación o CQT, control question test y el test de mentira dirigida o DLT, the directed lie test; la subjetividad de los resultados; la preparación académica, los conocimientos suficientes y la experiencia del poligrafista, y, lo que resulta más serio, la afectación a derechos fundamentales por la intromisión indebida en la intimidad de los concursantes o servidores; la instrumentalización de las personas; el estigma y exclusión ulteriores al categorizarse como personas no dignas de confianza y el trato discriminatorio que ello implica; y, la discrecionalidad en cuanto a los funcionarios que se aplican.
El polígrafo
El diccionario de la lengua española de la Real Academia Española define al polígrafo como un aparato “que registra gráficamente la medición simultánea de varias constantes psicosomáticas, como el pulso, el ritmo cardiaco, etc., y que se utiliza para contrastar la veracidad de un testimonio.”; y la Asociación Latinoamericana de Poligrafistas define al examen poligráfico como “un test psicofisiológico de decepción o reconocimiento, a veces referido como detección de mentiras. El examen poligráfico es un test estandarizado y basado en la evidencia, acerca del margen de incertidumbre o el nivel de confianza alrededor de una conclusión categórica de decepción o de la posesión de conocimiento o información acerca de un tema objetivo de evaluación.”
cardiaca, resistencia de la piel, sudor) generados en el cuerpo humano ante ciertos estímulos (cuestionarios), sin embargo, cualquier persona, ante el estado de emotividad provocado puede sentir temor de ser sometida a este instrumento y fallar en las respuestas. Además, ciertas personas que están entrenadas, aquellas personas que son hiperactivos o hiporreactivos o los psicópatas, podrían ser calificadas erróneamente como sinceras, honestas o merecedoras de confianza (falsos positivos o falsos negativos) tornando la prueba en poco fiable. En definitiva, el polígrafo o “detector de mentiras” como vulgarmente se lo conoce, no podría ser empleado como instrumento para demostrar el tan ansiado mérito que se requiere en los concursos de acceso a la carrera administrativa. En este sentido, la Resolución RESOL-202074-APN-MSG, dictada por el Ministerio de Seguridad de Argentina del año 2020 prohibió “las pruebas de polígrafos en el ámbito del Ministerio de Seguridad y de las Fuerzas Policiales y de Seguridad que le dependen.”.
parte de sus adeptos”. A pesar de que el legislador ecuatoriano haya previsto la exigencia de las pruebas de polígrafo como una prueba de confianza, aquello no implica automáticamente que las mismas alcancen un valor científico ni, peor aún, que la búsqueda de la verdad deba ser efectuada a cualquier precio y en franca vulneración de derechos fundamentales salvaguardados por la legislación doméstica e internacional. Sobre este último aspecto, se torna necesario recordar insistentemente que la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual es suscriptor el Ecuador, establece en su artículo 1.1 que los Estados Partes de la Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
001-006-0767
Aunque es generalmente aceptado que el polígrafo es un instrumento capaz de registrar los cambios fisiológicos (respiración, frecuencia
El carácter científico que se pretende atribuir a esta prueba y a la capacidad científica de determinar si una persona miente o no tiene credibilidad, sin embargo no debe asumido sin más ni más, pues es importante destacar que no todo conocimiento al que se le atribuye tal calificativo lo es en verdad: “El tradicional tópico de acuerdo con el cual cualquier cosa que tenga algún origen científico es útil y válida y, por tanto, es admisible como elemento de prueba en el proceso, está en crisis desde hace tiempo, por varias razones. Por un lado, hay ámbitos de investigación, como por ejemplo la grafología, que se presentan como ciencias o, de todos modos, como áreas de conocimiento técnico, pero que, ciertamente, no pueden aspirar al estatus de ciencia. El hecho de que los grafólogos se consideren científicos de la caligrafía no prueba nada: con el mismo criterio, también la lectura de los posos de café, o de las hojas de té para los anglófilos, se consideraría un instrumento de conocimiento válido por
El alcance de las obligaciones estatales (respetar y garantizar) antes previstas, ha sido establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia dictada en el Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, en la cual mencionó que: “Esta previsión normativa da a entender que “la protección de la ley la constituyen, básicamente, los recursos que ésta dispone para la protección de los derechos garantizados por la Convención, los cuales, a la luz de la obligación positiva que el artículo 1 contempla para los Estados, de respetarlos y garantizarlos, implica, como ya lo dijo la Corte, el deber de los Estados partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.”
Asimismo, el artículo 2 de la Convención Americana impone otra obligación al Estado porque en dicha norma
REVISTA JUDICIAL
se establece que si el ejercicio de los derechos y libertades referidos en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. La Corte Interamericana ha descrito también el alcance del artículo 2 aludido, el cual impone una obligación, que es de resultado y no solo de medios o de comportamiento, señalando que aquella comprende la adopción de medidas como: a) la supresión de normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en los instrumentos interamericanos o que desconozcan los derechos allí reconocidos u obstaculicen su ejercicio. El cumplimiento de esta obligación se satisface con la reforma, la derogación o la anulación de las normas
ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.”
Ese control, además, constituye una obligación de toda autoridad estatal y no solamente de los jueces, de manera que tienen la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana de Derechos Humanos. Que el
control sea ex officio “supone que las autoridades deben conocer el contenido de las normas de derechos humanos, y deben aplicarlas cuando sea pertinente y sin desconocer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones, para poder garantizar el efecto directo de la Convención y demás instrumentos de derechos humanos”.
Los funcionarios públicos ecuatorianos, de forma general, y particularmente aquellos que habilitan la aplicación del polígrafo y quienes valoran los “resultados” de estas pruebas, deben asumir con seriedad su función de garante genérico y garante específico de vigencia plena y eficaz los derechos fundamentales.
Autor: Dr. Giovani Mayorga Andaluz calaviccilawyers@gmail.com
1 Edgardo Alberto Donna. Derecho penal. Parte especial. Tomo 2B. Buenos Aires: Rubinzal –Culzoni, 2001. p. 298..
2 Sobre este último aspecto los sesgos
cognitivos importan aspectos no menos importantes, porque “Los sesgos influyen de manera inconsciente y afectan también a personas expertas diligentes y honestas. Precisamente por ello, según Dror y Cole (2010: 162), este tipo de errores cometidos por peritos bien intencionados son más problemáticos y peligrosos, dado que incluso la persona experta cree que las afirmaciones sesgadas son genuinamente verdaderas. El problema se enfatiza porque muchos peritos e instituciones periciales son reacios y resistentes a aceptar que su razonamiento es susceptible de caer en sesgos y, en consecuencia, no toman medidas que los protejan de ellos. De hecho, una reciente encuesta mundial sobre 403 forenses experimentados de 21 países ha permitido corroborar que hay una reticencia generalizada a aceptar estas dos cuestiones, la susceptibilidad a los sesgos y la necesidad de establecer mecanismos para minimizarlos. Aún peor, la mayoría de los encuestados considera que sus conclusiones son prácticamente infalibles, que pueden lidiar con los sesgos teniendo fuerza de voluntad y que, si hay sesgos, están en áreas que no son las suyas o en personas expertas —con menos experiencia—, que no son ellos.”
Carmen Vásquez, Guía sobre el contenido de los informes periciales y su impacto en el debido proceso, México: Escuela Federal
de Formación Judicial y Consejo de la Judicatura Federal, 2023, p. 12 . ] 3 https://www.alp-polygraph.com/wpcontent/uploads/2021/03/ESTANDARES-DE-PRACTICA-APA-1.pdf.
4 Michele Taruffo. La prueba científica en el proceso civil. Estudios sobre la prueba. México: Fontanamara, 2008.
5 Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988, Ser. C, No. 4, 1988, párrafo 166; Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Sentencia de 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, párrafo 175.
6 Corte IDH. Caso Fornerón e hija Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 27 de abril de 2012. Serie C No. 242, párr. 131.
7 Corte IDH. Caso Ibsen Cárdenas E Ibsen Peña Vs. Bolivia Sentencia de 1 de Septiembre de 2010. Reparaciones.
8 Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 20 de marzo de 2013, párrafo 66.
9 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Compendio sobre la obligación de los Estados de adecuar su normativa interna a los Estándares Interamericanos de Derechos Humanos: aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 25 de enero 2021. 2021. Pp.42.
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Descubren nuevas especies de moscas hematófagas
Un equipo científico liderado por la Estación Biológica de Doñana, en colaboración con la Universidad de Milán, ha identificado cuatro nuevas especies de ceratopogónidos del género Leptoconops, unas diminutas moscas hematófagas, es decir, que se alimentan de sangre, de apenas dos milímetros de longitud que hasta ahora eran desconocidas para la ciencia. EUROPA PRESS
MARTES 30 DE JUNIO DE 2026
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