MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DE 2026
Imbabura- Carchi

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MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DE 2026
Imbabura- Carchi

Tras un año de funciones, los cuatro asambleístas imbabureños han presentado varios proyectos de ley. Sin embargo, la calidad del trabajo legislativo va más allá del número de iniciativas presentadas. 4

Abandono de ciudadanos que denuncian la corrupción 5
SEGURIDAD
Venta de uniformes militares se coordina con Defensa 7

17 concejales analizan la reelección 9-10

Perú: Sánchez patalea al final del conteo de votos 11

LORENA BALLESTEROS
@loballesteros
La ley del mínimo esfuerzo
Sialgo me espeluzna, es la mediocridad. Cuando yo era chica recuerdo a mi madre que me decía: “no te rijas por la ley del mínimo esfuerzo”. Quizás ese ímpetu de mis padres porque yo fuera un paso más allá me sirvió para trazar mis objetivos futuros. Y no crean que no hubo sangre, sudor y lágrimas. Mi mamá arrancaba las páginas de mis cuadernos escolares si encontraba tachones. Pulcritud, ante todo. Igualmente, con la cama que tendía con supuesto esfuerzo, pero que, al levantar el cubrecama mostraba las olas de las sábanas sin estirar. Ella lo sacaba todo y la volvía tender. Hasta la fecha, un cajón desordenado, un cubierto mal lavado, una media sucia, un escritorio empolvado suelen recordarme los retos de mamá.
Con los años entendí que mi madre intentaba enseñarme que hay una diferencia entre terminar una tarea y hacerla bien Entre cumplir y comprometerse. Entre aprobar y aprender Hoy observo con preocupación la manera en que la ley del mínimo esfuerzo parece haberse convertido en una filosofía de vida. No se trata solo de estudiantes que buscan la nota mínima para aprobar, ni de lectores que prefieren un resumen a una novela de cuatrocientas páginas. Está en todas partes.
Esto no es solo de ahora. Las generaciones anteriores tenían sus propias formas de conformismo. Y ahora, con el avance de la tecnología, diseñada para ahorrarnos tiempo y esfuerzo, el reto es aún mayor.
Porque puede ser que un resumen nos proporcione el concepto general de una novela, pero jamás las emociones que se producen al leerla. Un video podrá informar los titulares más destacados del día, pero no proporcionarán un análisis de los hechos.
A veces, cuando vuelvo a tender mi cama porque quedó mal hecha o repaso un texto por tercera vez antes de enviarlo, escucho la voz de mi madre. Entonces entiendo que aquellas lecciones domésticas eran una forma de recordarme que la excelencia no es un talento extraordinario. Es la decisión cotidiana de no conformarse con lo mínimo.

JOSÉ ALVEAR
@JoseRAlvearC
El presidente del Espejo
Hayuna diferencia enorme entre gobernar un país y gobernar la imagen que uno tiene de sí mismo. El primer ejercicio exige escuchar, corregir y reconocer errores. El segundo consiste en rodearse de aplausos, construir relatos y convencerse de que la realidad es exactamente como uno la ima-
El crimen organizado tiene contra la pared a otra de sus víctimas: los servidores judiciales. El Consejo de la Judicatura y la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces alertan sobre los asesinatos de fiscales y jueces, las amenazas de muerte que reciben y los atentados contra instalaciones judiciales.
De los 8.752 funcionarios judiciales que operan en Ecuador, 127 han sido amenazados, 23 han sufrido violencia y 58 cuentan con seguridad debido al riesgo inminente. Desde 2024 se registraron 10 asesinatos de funcionarios judiciales, tres en lo que va de 2026.
Las encuestas muestran que la Justicia está entre las instituciones nacionales menos valoradas por la población. Los problemas por la falta de atención a los usuarios, demoras y trabas en los procesos, audiencias
fallidas, incluso los casos de corrupción, han erosionado su imagen y su credibilidad.
Sin embargo, no se puede generalizar y sostener que todo el sistema se ha corrompido.
Hay grandes esfuerzos, incluso con la participación de países amigos que forman y capacitan a los judiciales para enfrentar graves delitos, como la corrupción, el lavado de activos y el narcotráfico.
El cambio para la seguridad de esos operadores debe ser un esfuerzo conjunto, entre el Gobierno y la Judicatura. Los primeros pasos se orientan a establecer mecanismos de coordinación, pero requieren acelerarse de inmediato.
Los criminales se imponen cada día que se demoran en elaborar un plan para dar seguridad a los funcionarios, jueces y fiscales. Lo hacen a sangre y fuego ante quienes no se pliegan a sus caprichos.

gina. Y cuando un gobernante cae en la segunda categoría, comienza el verdadero problema. Ecuador atraviesa dificultades que ningún discurso puede ocultar. La inseguridad sigue condicionando la vida diaria de millones de ciudadanos. La salud pública continúa mostrando profundas carencias. La educación lucha contra limitaciones presupuestarias y estructurales. El empleo formal no crece al ritmo que las familias necesitan. Los emprendedores enfrentan obstáculos cada vez mayores para sobrevivir. Sin embargo, desde el poder
parece existir otra realidad. Una realidad donde los indicadores son más importantes que las personas. Donde la percepción se convierte en prioridad y los problemas concretos pasan a segundo plano. La historia está llena de gobernantes que terminaron atrapados dentro de un palacio invisible construido con aduladores, asesores complacientes y estadísticas cuidadosamente seleccionadas. Poco a poco dejaron de escuchar a quienes hacían filas en hospitales, a quienes buscaban empleo, a quienes cerraban sus negocios o a quienes tenían miedo de salir de casa.

JOSELO ANDRADE @JoseloAndrade
En2001, Carlos Alberto Montaner, escritor cubanoespañol, publicó un libro titulado Las raíces torcidas de América Latina, en el que trataba de responder ¿por qué a los latinoamericanos nos iba tan mal?
Hoy quiero sostener que a mi querido Carlos Alberto se le escapó mencionar que existe una estrecha relación entre lo que nosotros, los latinoamericanos, pensamos o suponemos sobre el papel que cumplen nuestros empresarios en la sociedad y lo mal que nos va. ¿A qué voy? Los empresarios son creadores de riqueza: aquellos que, con esfuerzo, ingenio y sacrificio, hacen más habitable el mundo en el que vivimos. Son generadores de bienestar, de empleo y de soluciones que han cambiado la manera en que hacemos las cosas.
Reflexiona sobre ello un minuto: básicamente, todo aquel que tiene un emprendimiento resuelve un problema. Basta con mirar a nuestro alrededor: ¿qué de lo que hay en nuestros hogares fue producido o fabricado por nosotros mismos? Como podrás apreciar, casi nada nos ha sido facilitado sin la actividad empresarial: tu televisor, tu teléfono, tu juego de sala o comedor, la cocina, las ventanas, tu cama, el techo de tu casa. Detrás de cada empresario hay una historia digna de orgullo e inspiración, algo que lejos de criticar debería ser materia de reconocimiento. Ellos transforman el mundo en el que vivimos y, día a día, siguen transformándolo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con aquello de que a los latinoamericanos nos va tan mal? La respuesta quizá ya esté, en este momento, en tu propio pensamiento. Claro: si tenemos un mal concepto de los creadores de riqueza, actuaremos en consecuencia. Luego, no cabe preguntarse por qué terminamos tratándolos tan mal.
En América Latina, según la izquierda, los empresarios son precisamente los sospechosos habituales: los culpables de nuestras desventuras. Así nos lo contaron y, lamentablemente, muchos han llegado a creérselo. Cambiemos esas ideas y, tal vez, uno de estos días nuestra historia empiece a cambiar.
Seguimos conversando.
No fue la oposición quien los aisló. Fueron ellos mismos. Porque el poder tiene una característica peligrosa: puede convertir el privilegio en ceguera. Pero el país real está afuera. Está en el comerciante que vende menos que hace un año. Está en la madre que no encuentra medicinas. Está en el joven que acumula títulos y no consigue trabajo. Está en el agricultor que lucha contra costos crecientes. Está en el ciudadano que cada mes debe hacer más sacrificios para mantener a su familia. Gobernar exige caminar entre esas realidades, no observarlas desde la distancia.
Quizás el mayor riesgo para cualquier presidente no sea la crítica, sino la desconexión. No son los adversarios políticos, sino la incapacidad de entender lo que viven los ciudadanos. No es la falta de popularidad, sino la pérdida de contacto con la verdad. Porque cuando un mandatario comienza a enamorarse de su propio reflejo, deja de mirar a su pueblo. Y en política, como en la vida, los espejos siempre terminan rompiéndose. La pregunta es si cuando eso ocurra todavía quedará tiempo para corregir el rumbo.

MARÍA JOSÉ PINTO Vicepresidenta de la República del Ecuador
*Columnista
invitada
No fue un llanto lo que me detuvo en ese refugio de Playas . Fue un silencio. Diana tenía 13 años y cargaba a Josué, su hijo de cinco días, sin saber bien cómo hacerlo. La miré esperando ver a una mamá. Y vi a una niña. Una niña que miraba a ese bebé con el mismo susto y la misma curiosidad con que cualquier otra niña miraría a un hermanito recién nacido.
Diana debería haber estado pensando en un examen, en una pelea con su mejor amiga, en qué quería ser cuando creciera. Pero ya era mamá. Y nadie le preguntó si estaba lista. Esa imagen no se me ha borrado. Y cada vez que pienso en por qué este tema debería importarnos a todos, pienso en Diana.
Casi siempre hablamos del embarazo adolescente con números. Y los números, aunque duelen, no cuentan toda la historia. En Ecuador, 88 niñas y adolescentes dan a luz cada día. Ochenta y ocho historias que casi siempre se parecen: una niña que deja la escuela , guarda sus sueños en un cajón, y entra de golpe a una vida que no eligió.
Una adolescente que es mamá tiene menos posibilidades de terminar el colegio. Sin colegio, es más difícil conseguir un trabajo digno . Y sin independencia económica, muchas veces queda atrapada en relaciones de violencia de las que no puede salir.
Y hay algo más, es lo que pasa con su salud mental : una niña que de pronto debe cuidar a otra persona, sin haber terminado de crecer ella misma, carga un peso enorme y casi siempre en silencio. Ese peso no se queda solo en ella, también pasa a sus hijos, que tienen más riesgo de desnutrición y de quedarse atrás en la escuela. Por eso el embarazo adolescente no es solo otra consecuencia de la pobreza. Es también una de las formas en que esa pobreza pasa de una generación a otra, casi sin que nadie se dé cuenta.
Lo que he aprendido recorriendo el país He visitado diversas comunidades en Esmeraldas, Morona Santiago y Los Ríos. He hablado con adolescentes que me han dicho cosas que no salen en ningún informe. Una me dijo que nadie le había hablado nunca de cómo cuidar su cuerpo, ni de los riesgos, ni de que esto le podía pasar a ella. Otra me contó que su mamá tampoco supo cómo hablarle del tema, porque a ella tampoco se lo explicaron antes. Y una madre, con los ojos llenos de cariño y de culpa, me dijo que solo quería que su hija “no pasara por lo mismo que ella”.
Ahí entendí algo que me cambió la forma de ver este tema: el embarazo adolescente no pasa de un día para otro. Es la suma de muchos silencios. El silencio de una escuela que no habla. El silencio de una familia que no sabe cómo hacerlo. El silencio de un sistema de salud que no siempre
sabe acompañar sin juzgar. Y además el silencio de una sociedad que prefiere mirar para otro lado. Romper esos silencios, con conversaciones reales y no solo con políticas , es quizás el paso más importante que podemos dar.
Por qué actuamos ahora, y por qué distinto Durante años, cada institución trabajó este tema por su lado: salud por aquí, educación por allá . Y aunque tuvimos avances, entre 2018 y 2025 logramos reducir los embarazos en adolescentes de 15 a 19 años, faltaba algo: trabajar de verdad en equipo. Por eso ahora ponemos en marcha una política que, por primera vez, une a todos los que deben estar en esta conversación. Salud, con atención que no juzgue a una adolescente que necesita información . Educación, asegurando que ninguna niña que ya es mamá pierda su derecho a terminar el colegio. Protección, actuando frente a la violencia sexual, que está detrás de muchos de estos embarazos, sobre todo en niñas menores de 14 años. Y, por primera vez, el área económica también está involucrada desde el inicio, porque cada dólar invertido en prevención puede regresar al país multiplicado hasta por 40. Esto no es un gasto, es la inversión más inteligente que podemos hacer. Pero más allá de todo, lo que estamos construyendo es algo simple: estar presentes. En los territorios donde más se necesita. Con adultos que acompañen sin juzgar. Con información clara y a tiempo.
Un mensaje para todos
A las adolescentes que leen esto, o a las que alguna vez se sintieron solas frente a algo que no debían enfrentar solas: no están solas. Hay personas, programas y un Estado que está ahí, de verdad, para ustedes. A los padres y madres: este tema no es incómodo, es urgente. Hablarlo a tiempo no apura nada. Lo que sí complica todo es el silencio.
Y a toda la sociedad: cada vez que una niña como Diana es mamá antes de tiempo, no solo cambia su historia. También cambia la historia que Ecuador pudo haber tenido con ella, como médica, maestra o líder, y que ahora tendrá que esperar, o tal vez nunca llegar.
Lo que quiero para Diana
Hoy pienso en Diana terminando el colegio. La imagino con Josué de la mano, caminando hacia un futuro que ella eligió, no uno que le tocó. Sé que no va a ser fácil, y sé que el camino apenas empieza.
Pero también sé que, por primera vez, no está caminando sola. Y si logramos que las próximas Dianas puedan seguir siendo niñas un poco más, soñar un poco más y elegir su propio camino, entonces sí estaremos cambiando algo de verdad: un Ecuador donde el futuro de una niña no se decida antes de que ella misma pueda imaginarlo.

para el periodo 2025-2029 cumplieron un año en funciones. Cuatro de ellos representan a la provincia de Imbabura: Fernando Jaramillo, del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN); Pablo Jurado, del movimiento Construye; Pamela Aguirre y Fernando de la Torre, del movimiento Revolución Ciudadana (RC).
Durante este primer año, los asambleístas debieron cumplir con las funciones de legislar y fiscalizar.
Pamela Aguirre y Fernando Jaramillo han presentado dos proyectos de ley cada uno; Pablo Jurado ha presentado uno; mientras que Fernando de la Torre no ha impulsado proyectos de ley ni reformas, según la información disponible en la página web de la Asamblea Nacional.
Sin embargo, la presentación de proyectos de ley no define por sí sola la calidad ni la cantidad del trabajo que realiza un legislador.
Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala que “no es mejor legislador aquel que presenta más proyectos de ley, sino aquel que presenta proyectos que han sido discutidos e impulsados con su bancada o con otros partidos políticos”, y que además generen efectos positivos en la calidad de vida de los ciudadanos.
Legisladores de Imbabura
Pamela Aguirre (RC) ya fue asambleísta en el periodo 2021-2023, que concluyó con la muerte cruzada. En 2023 se postuló nuevamente, resultó electa y completó el periodo 2023-2025. Su suplente es Sairi David Anrango Farinango. Esta es la primera vez que



Los asambleístas Pamela Aguirre y Fernando Jaramillo han presentado dos proyectos de ley cada uno; Pablo Jurado ha presentado uno; mientras que Fernando de la Torre no ha impulsado proyectos de ley ni reformas.
Fernando de la Torre es elegido como legislador provincial. También representa a RC. Su suplente es Valeria Rivadeneira Donoso.
De la Torre es dirigente indígena de la parroquia San Juan de Ilumán, en Otavalo, y se ha destacado por su defensa del acceso al agua.
Por el lado oficialista está Fernando Jaramillo. Llegó a la Asamblea con el movimiento Construye en 2023. En el actual periodo pertenece a la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN). Su suplente es Inés Gualsaqui.
Pablo Jurado representa al movimiento Construye, organización política que fue liderada por Fernando Villavicencio, candidato presidencial asesinado en agosto de 2023. Llegó a la Asamblea Nacional con Walter López Endara como suplente.
Asistencia y participación
Los asambleístas de Imbabura se encuentran entre quienes más han ocupado la curul, es decir, han asistido al Pleno para participar en las votaciones relacionadas con el trámite legislativo, la aprobación o archivo de leyes, acuerdos, resoluciones y procesos de fiscalización y control político.
Según información del Observatorio Legislativo, tres de los cuatro legisladores imbabureños superan el 90% de ocupación de curul.
Roger Celi explica que este indicador se calcula sumando las votaciones del legislador principal y las del suplente principalizado, en relación con el total de votaciones posibles de la curul.
Durante el primer año de legislatura se registraron 404 votaciones. La ocupación de curul de los representantes de Imbabura fue la siguiente:
• Pamela Aguirre: 89,55%
• Fernando de la Torre: 93,28%
• Fernando Jaramillo: 95,77%
• Pablo Jurado: 99,25%
Además, Celi señala que las ausencias suelen formar parte de estrategias políticas. “Si las curules están vacías, hay menos necesidad de negociación. Por lo tanto, los votos asistentes suelen valer más”, explica.
La gestión de RC
Durante este primer año legislativo, Pamela Aguirre presentó dos proyectos de ley. El primero ingresó el 31 de octubre de 2025 y se denomina Pro-
yecto de Ley para la Promoción del Turismo Sostenible en Geoparques. La iniciativa no fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para continuar su trámite. Según la resolución del CAL, el proyecto no cumplía con los requisitos formales establecidos en la Constitución y otras normativas vigentes.
Posteriormente, el 1 de marzo de 2026 presentó la Ley Reformatoria a la Ley de Ejercicio Profesional de las Enfermeras y Enfermeros del Ecuador. La propuesta fue remitida a la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte.
Por su parte, Fernando De la Torre no ha presentado proyectos de ley.
Según datos del Observatorio Legislativo, entre junio y septiembre de 2025, De la Torre realizó cuatro pedidos de información a instituciones públicas, los cuales fueron respondidos. Esta actividad forma parte de sus labores de fiscalización.
Las propuestas de Jaramillo Fernando Jaramillo ha presentado dos proyectos de ley sobre materia penal.
El 26 de noviembre de 2025 presentó el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al
Código Orgánico Integral Penal, que fue remitido a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.
Con un único artículo, la propuesta plantea aumentar la pena privativa de libertad para el delito de peculado de 13 a 15 años.
El segundo proyecto corresponde a la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia para el Fortalecimiento de la Responsabilidad Penal Juvenil. El CAL también calificó la iniciativa y la envió a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. En la exposición de motivos, Jaramillo señala que la reforma “tiene como objetivo combatir la delincuencia organizada, que en los últimos años ha incrementado la comisión de delitos por medio de adolescentes”. En cuanto a fiscalización, suma nueve pedidos de información a la Contraloría, Consejo de la Judicatura o el IESS.
La actividad de Pablo Jurado El 16 de diciembre de 2025, Pablo Jurado presentó el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
La iniciativa propone modificar el artículo 31 de esa normativa respecto a la absolución de consultas no vinculantes por parte de la Contraloría General del Estado. El proyecto se encuentra en trámite en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. El informe del Observatorio Legislativo destaca una tendencia a presentar proyectos de ley breves o compuestos por un solo artículo.
“Hay legisladores que han presentado proyectos para cambiar una palabra puntual de una norma, pero no tienen un efecto integral en el sistema político, económico o social”, señala Roger Celi. (MC)
Armarse de valor y compromiso social para hacer denuncias o atreverse a investigar algún hecho de presunta corrupción como ciudadano implica poner en riesgo la vida; no se evidencian mecanismos de protección estatal en Ecuador, observan analistas.

Hacer una denuncia pública sobre algún caso de corrupción en Ecuador puede acarrear consecuencias como la muerte para un ciudadano que asuma ese rol, porque no se sabe a qué tipo de poder se deberá enfrentar en el camino; ese es el mensaje que deja la muerte de la activista Monika Silva, apuntan fuentes consultadas por LA HORA.
Ciudadanos que asumen el riesgo Sofía Cordero, doctora en Estudios Políticos, observa que lo que impulsa a los ciudadanos a denunciar o a investigar son motivos subjetivos
“Son, por ejemplo, gente muy ética o que tiene un compromiso social , que es entregada a la sociedad por la experiencia de vida, por la profesión, por el carácter, por la familia, por lo que
aprendió”, menciona.
Sin embargo, asumen un riesgo, advierte: “Hay una normalización de la muerte como una de las consecuencias, eso es lo más terrible como síntoma de psicología social”.
Frente a esa situación, Cordero considera que en un escenario ideal debería haber una reacción institucional en los diferentes poderes y niveles del Estado. “Desde lo local hasta lo nacional, pasando por la Justicia, deberían asumir la tarea de fiscalizar quienes tienen competencia, llevar los procesos judiciales y demandar quienes deben hacerlo”, señala con respecto a las instituciones competentes, como Fiscalía. Pero ve que las instituciones no van en ese camino, sino que “los funcionarios y los poderes estatales se van blindando cada vez más”.
taria” en algunos medios de comunicación y en los ciudadanos que expresan su opinión públicamente.
“Pero siempre hay personas que están dispuestas a transgredir, a correr el riesgo y eso también mide la no respuesta estatal. El Estado se sigue blindando en lugar de abrirse y generar canales”, refiere.
Hay algunos casos que han captado el interés público:
· Las hijas del excandidato presidencial asesinado en agosto de 2023, Amanda y Tamia Villavicencio, mantienen presión para tratar de esclarecer el caso y han denunciado seguimientos y amenazas de muerte.
men organizado y actores del poder político”, indica. En Santa Elena hay casos emblemáticos, recuerda, debido al asesinato del periodista Robinson del Pezo en noviembre de 2025. “Él trabajaba muy de la mano con Monika Silva. Hay otros periodistas en la misma provincia que han sido seriamente amenazados , tenían por labor denunciar los posibles hechos de corrupción”, agrega.
Por eso evalúa que “la reacción de la ciudadanía será involucrarse cada vez más en este tipo de denuncias y de investigación”. Por otro lado, ve que parte de la ciudadanía reacciona de otra forma: con la autocensura
Casos que han generado interés público Cordero notó que “después del asesinato de Fernando Villavicencio hubo una gran autocensura”. Añade que este fenómeno “funciona como reacción mayori-
Fundamedios reportó que en 2025 se cometieron 114 de las agresiones hacia la libertad de expresión por parte de agentes estatales.
· Caso Mario Godoy: Gabriela Panchana , abogada y activista, ha denunciado hostigamiento digital tras exponer en 2025 que la esposa del expresidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, Dolores Vintimilla , actuaba como abogada del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan. · Caso Malvinas: el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil denunció que el 2 de junio de 2026 dos patrullas militares se presentaron en la vivienda de una de las madres de los menores fallecidos en diciembre de 2024 y lo consideraron como un acto de intimidación
· Caso Monika Silva: la activista social de origen polaco que hacía denuncias de presunta corrupción fue encontrada sin vida el 8 de junio de 2026 en su casa, en Santa Elena. Su caso está en investigación.
· Caso Progen: Edwin Romero, abogado defensor del procesado Celso Sánchez , presentó en la Fiscalía una denuncia por intimidación tras el robo de su computadora.
Mecanismos de protección
Para César Ricaurte , director ejecutivo de Fundamedios, los riesgos para los ciudadanos que denuncian presuntos casos de corrupción, como los periodistas, sí se han multiplicado en los últimos años. “Esto porque muchas veces hay complicidad entre la acción del cri-
“Monika había denunciado públicamente que tenía varias amenazas de muerte. Incluso había presentado denuncias ante la misma Fiscalía para que se investiguen esas amenazas y, por lo que sabemos, no se activó ningún mecanismo de protección por parte del Estado, pese a que por sus denuncias corría un alto riesgo”, cuestiona Ricaurte.
Considera que en ese aspecto hay debilidad por parte del Estado: “Es evidente que los mecanismos de protección que tiene el Estado ecuatoriano en este momento son insuficientes y eso debería ser un tema de enorme preocupación”.
Ricaurte hace otra observación: “Una de las cosas que más debería llamar la atención es el asesinato y las amenazas que se cometen contra fiscales y servidores de la misma Fiscalía. Los funcionarios que están investigando las acciones del crimen organizado son las primeras víctimas y no están siendo protegidos, como lo sucedido con la fiscal de Manta (Alexandra Bravo) ”.
‘Enemigos del poder’ Lolo Echeverría , analista político, explica que quienes denuncian, investigan y denuncian casos de presunta corrupción siempre corren riesgos.
“Se convierten en enemigos de los que cometen actos de corrupción que están en instituciones y ejercen un espíritu de cuerpo, que es esa protección del grupo que se considera amenazado por las denuncias o el gobierno entero. El denunciante entonces es considerado un enemigo político o enemigo del Gobierno”, resume. (KSQ)
Las provincias con mayor riesgo para los servidores judiciales son Guayas, Pichincha, Los Ríos, El Oro, Santa Elena, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.
De los 8.752 servidores judiciales del país (jueces, fiscales y secretarios), 127 han recibido amenazas, 23 han sido víctimas de violencia, y 58 servidores cuentan con seguridad, según un informe del Consejo de la Judicatura (CJ).
Las provincias donde el trabajo de los servidores judiciales registra mayores niveles de riesgo son Guayas, Pichincha, Los Ríos, El Oro, Santa Elena, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.
Entre enero de 2024 y mayo de 2026 se contabilizaron:
• 3 ataques a la infraestructura judicial: atentados confirmados, colocación de artefactos explosivos reales e incursiones armadas directas perpetradas contra las edificaciones atribuidos a grupos de delincuencia organizada.
• 11 atentados contra servidores: agresiones físicas consumadas, atentados armados, sicariatos, tentativas de asesinato y persecuciones armadas directas en el espacio público contra magistrados, fiscales o secretarios de la Función Judicial.
• 142 amenazas: amenazas de muerte, panfletos extorsivos, coacciones por plataformas digitales y asedio telefónico mediante llamadas anónimas por falsas alertas de bomba.
• Jueces piden seguridad
En un informe paralelo, la Asociación Ecuatoriana de Jueces y Magistrados (Aemaj) expresa su preocupa-

RESGUARDO. La Policía Nacional ejecuta operativos frente al auge de la delincuencia. (Foto: redes sociales)
ción de que las cifras sigan incrementando.
Alexander Barahona, vocero de la Asociación, detalló que en lo que va de 2026 han sido asesinados dos fiscales y una jueza. entre ellos Leidy Gissela Pachar, el 11 de mayo de 2026 en Machala, y Alexandra Bravo, el 14 de junio en Manta. Además, tres
jueces han reportado amenazas de muerte y se registró un atentado a la dependencia judicial de Santa Elena. “Hay casos que no se reportan a la Asociación”, afirmó.
En 2025, la Aemaj reportó la muerte de dos jueces, una de ellas María Belén Chérrez, en agosto, y la tentativa de asesinato de una jueza,
° Frente a los hechos de violencia, las direcciones provinciales del CJ implementaron medidas alternativas a fin de garantizar la continuidad del servicio de Justicia, como el teletrabajo. Asimismo, se anticipó que se impulsará un convenio con el Ministerio del Interior para garantizar la presencia permanente de policías en las dependencias judiciales.
También se promoverá un convenio con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) para habilitar espacios en los centros de rehabilitación social donde se desarrollen audiencias telemáticas de forma segura y eficiente, y se actualizará el protocolo sobre audiencias virtuales
El CJ anunció que también se han impulsado mesas técnicas con el ministerio del Interior, la Policía Nacional, la Fiscalía, la Corte Nacional de Justicia y la Aemaj.
Se prevé crear una instancia de enlace dentro del CJ para coordinar con el Gobierno los temas relacionados con la seguridad institucional. Y, también, se desarrolla una herramienta tecnológica que agilizará la atención de las solicitudes de protección presentadas por jueces y operadores de justicia, y un plan integral de protección orientado a fortalecer las condiciones de seguridad para quienes ejercen funciones en el sistema judicial.
también en Santa Elena. “En esta provincia la situación es complicada”, expresó.
En 2024, la Asociación reportó cinco asesinatos de servidores judiciales, entre ellos el del fiscal César Suárez, quien estaba a cargo de un caso de delincuencia organizada e investigaba la toma armada de TC Televisión. A la lista se sumaron funcionarios de la Fiscalía de Santa Elena y un funcionario de la Unidad Judicial de Naranjal.
“Tememos que este año se superen los atentados a funcionarios y dependencias de la administración de Justicia”, advirtió Barahona.
Inseguridad alarmante
Un informe de 2025 que la Aemaj ya elaboró en conjunto con el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), denominado ‘Seguridad de Operadores de Justicia en el Ecuador en el contexto del crimen organizado’, pone en evidencia la “alarmante situación” de la seguridad para los jueces del país.
El documento también revela, dijo Barahona, que esto incide directamente en la independencia e imparcialidad que ellos ejercen al resolver los procesos, sobre todo cuando deben fallar casos que involucran a personas relacionadas con el crimen organizado.
La Asociación reclama a la Judicatura que adopte políticas de seguridad urgentes.
Barahona mencionó que una de ellas debe ser la creación de una unidad de riesgos y evaluación permanente y progresiva, para que se analicen, sin tanta burocracia y con rapidez, los riesgos que están enfrentando los jueces, brindándoles una protección permanente.
“La vigilancia no solo debe ser de ocho horas; debe ser una atención permanente, no solo para jueces, sino para dependencias judiciales”, señaló.
“¿Qué puede ocurrir si alguien coloca un explosivo, los jueces llegan a los despachos y el explosivo detona?”, cuestionó.
Criticó, además, que no existe una evaluación de riesgos ni una implementación real de seguridad, a pesar de que la Judicatura puede tomar decisiones inmediatas para que estos hechos no vuelvan a ocurrir y, si se producen, se activen medidas inmediatas. (SC)
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TUNGURAHUA Transporte pesado vive el azote de asaltos y extorsiones en carreteras lahora.com.ec
Una nueva normativa busca combatir al crimen organizado. Especialistas señalan la medida como clave, mientras el gremio de comerciantes indicó que buscan colaborar con la seguridad del Estado.
Una reforma que busca sancionar el uso, la fabricación y la comercialización ilegal de uniformes e insignias de las fuerzas del orden fue aprobada el 9 de junio de 2026 por la Asamblea Nacional.
Con 87 votos a favor, el Pleno del Legislativo calificó la Ley Orgánica Reformatoria para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes, Insignias y Distintivos Institucionales para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, en segundo debate.
La normativa busca combatir a los grupos delictivos que usan ilegalmente el uniforme para hacerse pasar como oficiales y cometer delitos en Ecuador
El crimen se camufla
En enero de 2026, en la urbanización de la isla Mocolí, en Guayas, se registró el asesinato de tres personas, entre ellas Stalin Olivero, alias El Marino , cabecilla de los Lagartos. Durante ese crimen, 18 hombres usaron uniformes de la Policía para camuflarse y cometer el ataque armado.
Otro caso ocurrió a finales de 2025, en Pelileo (Tungurahua) , en el sector de Guadalupe, cuando ladro -

nes disfrazados de policías se robaron $6.000 en mercadería.
Escenas como esas evidencian que los uniformes de policías y militares se comercializan abiertamente y se han convertido en herramienta de infiltración y engaño.
El coronel (sp) Max Campos, coordinador nacional del Observatorio Ciudadano a la Política de Seguridad Ciudadana, dijo que con la normativa se podrá controlar el uso ilegítimo de uniformes, denominado como “delito instrumental”.
NOTARIA OCTAVA DEL CANTÓN AMBATO EXTRACTO
NOTARIA OCTAVA DEL CANTON AMBATO: Cúmpleme poner en conocimiento del público, que mediante escritura pública de liquidación de la sociedad conyugal, efectuada el día martes dieciséis de Junio del año dos mil veintiséis, otorgada ante el Doctor Ángel Augusto Palacios Cabrera, Notario Octavo del cantón Ambato, los señores: RICARDO ARTURO FREIRE OÑATE Y CARMEN ELISA URRUTIA SALAZAR, procedieron a liquidar el patrimonio de la sociedad conyugal, la misma que fuera disuelta, conforme aparece de la Razón sentada en la Partida Integra de Matrimonio.- La adjudicación del patrimonio se encuentra detallada en el texto de la referida escritura pública de liquidación de la sociedad conyugal, por lo que en aplicación a lo dispuesto en el Artículo dieciocho numeral veinte y tres, donde faculta al Notario disponer la inscripción en el Registro de la Propiedad, la escritura de liquidación de sociedad conyugal, previo el trámite previsto en dicha norma legal, pongo en conocimiento del público, mediante una publicación, el extracto de la liquidación del patrimonio de la sociedad conyugal correspondiente a los señores: RICARDO ARTURO FREIRE OÑATE Y CARMEN ELISA URRUTIA SALAZAR.- Para que en el término de veinte (20) días término a contarse desde la publicación de este extracto, las personas que eventualmente tuvieren interés en esta liquidación puedan presentar su oposición fundamentada, dentro del referido término, en la Notaria Octava ubicada en la Avenida Cevallos 16-34 y Mera, subsuelo del Edificio Mutualista Ambato.Particular que pongo en conocimiento para los fines legales correspondientes. Ambato, 16 de Junio del 2026

“Las estructuras criminales no solo emplean violencia directa, sino también un engaño institucional haciéndose pasar como policías o militares y este victimario aprovecha el prestigio de la institución”, comentó. Campos aseguró que con la normativa se atacará a la fase previa, que es la “facilitadora del delito”. Es decir, se impedirá que los delincuentes logren conseguir los uniformes para cometer ilícitos. Indicó que con ello se regula la fabricación, la importación, comercialización y la trazabilidad de los uniformes e insignias.
Añadió que esta “suplantación simbólica del Estado” le sirve a l crimen organizado para simular ser autoridad y reducir la capacidad de reacción ciudadana. “Piensan que son verdaderos policías y esto también erosiona la confianza de las instituciones públicas como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas”.
Una reforma para combatir el crimen
El abogado penalista Paúl Ocaña, quien también preside el Colegio de Aboga-
merciales con un registro en el SRI de sus actividades e inscribirse en el Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior para lineamientos. “Desde la directiva hacemos oficios a los distintos ministerios y al SRI , donde vamos a ser registrados, para que se tome en cuenta que son vendedores, comerciantes de uniformes policiales y militares ”, mencionó. Además, la próxima semana se reunirán para dar a conocer todo lo que deben hacer.
Vizcaíno recordó la propuesta que el gremio hizo a la Asamblea, en el primer debate, para que el SRI, que registra los negocios, ponga la actividad específica del local comercial y una vez se realice el registro se les otorgue un código y continuar con el trámite a los ministerios.
dos de Pichincha, explicó que esta normativa ayuda al combate contra la delincuencia organizada
“Esta reforma hace referencia a tres posibilidades que van de uno a tres años, de tres a cinco años y de cinco a siete años; y eso va a ir en función a cómo sea el uso. Teniendo en cuenta que la mayor sanción -de cinco a siete años- es cuando usen los uniformes para indicar o presumir ante la sociedad que están frente a supuestos controles policiales o militares”, puntualizó.
El jurista mencionó que con la Ley se constituye un tipo penal que tiene su propia tipicidad objetiva y subjetiva. “Al constituirse como tipo penal no es que se los ata a otro delito como agravante, sino que ya constituye un mismo delito”.
Comerciantes atentos para cumplir con la norma Pablo Vizcaíno, presidente de la Asociación de Comerciantes y Confeccionistas de artículos policiales y militares (Accamp) , dijo que tras la aprobación de la normativa deben realizar cambios en sus locales co-
El presidente de la Accamp indicó que él tiene su local comercial desde hace 36 años, y otros compañeros tienen varios años el mismo negocio, por lo que recalcó su experiencia para trabajar y aportar en la seguridad del Estado
“Pedimos que a la aprobación de esta Ley se dé una transitoria que, sugerimos sea de 120 días, para actualizar y tener la documentación que pidan. Siempre hemos trabajado legalmente y pedimos que no se criminalice nuestra actividad , porque nosotros abastecemos a la Policía y al Ejército . Nosotros vendemos uniformes para uso oficial, no para la delincuencia . Vendemos solo con credencial”, resaltó.
Recomendaciones de seguridad
Frente a los casos en que los delincuentes se hacen pasar por las fuerzas del orden, Max Campos dio algunos consejos para que la ciudadanía pueda identificar cuando está frente a un policía o militar oficial
· Fijarse en las características de los uniformes
· Revisar a la altura del pecho, pues debe constar el nombre del uniformado. · Los uniformes llevan insignias en los cuellos.
· En los hombros hay insignias de mando. (PSR)

Más de 594.000 ecuatorianos de 65 años o más siguen trabajando. Su ingreso mediano es de apenas $181 al mes, menos de la mitad de lo que recibe un joven y menos del 40% de lo que gana un adulto en edad productiva.
A los 69 años, José Guerra sale cada mañana a buscar trabajo. No recibe una pensión, nunca tuvo un empleo formal durante suficiente tiempo para jubilarse y, aunque su salud ya no es la misma, sigue dependiendo de lo que logre ganar cada día para comprar comida y medicinas.
“Llegar a los 65 no significó jubilarme, sino seguir trabajando. Nunca tuve pensión porque casi siempre trabajé en la informalidad Hoy no tengo ingresos fijos y, si no salgo a buscar trabajo como plomero, no hay para la comida ni las medicinas”, cuenta.
Su historia refleja una realidad que se repite en miles de hogares ecuatorianos . En Ecuador, cumplir 65 años no necesariamente significa acceder al retiro o disfrutar de estabilidad económica. Para una parte importante de la población, la vejez se ha convertido en una etapa en la que todavía es necesario trabajar para sobrevivir.
El grupo que menos gana Los datos de la Encues -
ta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), muestran una realidad contundente. Las personas de 65 años o más que continúan trabajando son, en promedio, las que menos ingresos reciben.
El ingreso medio mensual de este grupo alcanza apenas los $181. Esto significa que la mitad de los adultos mayores ocupados gana menos de esa cantidad y la otra mitad gana más.
La brecha es evidente cuando se compara con otros grupos de edad:
• Personas entre 30 y 64 años llegan a $463 de ingreso mediano al mes.
• Jóvenes entre 18 y 29 años llegan a $403 de ingreso mediano al mes.
En otras palabras, un adulto mayor que sigue trabajando recibe apenas el 39% de lo que gana un trabajador de entre 30 y 64 años y menos de la mitad de lo que percibe un joven ocupado.
La situación es aún más preocupante en el segmento
de menores ingresos. Uno de cada cuatro trabajadores mayores de 65 años recibe menos de $81 mensuales.
Esto equivale a cerca de 150.000 personas que continúan activas laboralmente pese a obtener ingresos que difícilmente cubren necesidades básicas.
Intertítulo
Casi 600.000 personas mayores siguen trabajando en Ecuador
Casi 600.000 siguen trabajando Según la Enemdu, 594.169 personas mayores de 65 años permanecen activas en el mercado laboral ecuatoriano. La cifra por sí sola no revela si trabajan por elección o necesidad.
Sin embargo, los niveles de ingreso ofrecen una pista importante. Para muchas personas, dejar de trabajar simplemente no es una opción. Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para los Países Andinos concluye que el 43,9% de los adultos mayores en Ecuador no recibe ingresos laborales ni pensio-
nes contributivas o no contributivas. Es decir, casi uno de cada dos adultos mayores carece de cualquier ingreso propio.
La consecuencia directa es que una parte importante de quienes aún tienen capacidad física para trabajar continúa haciéndolo para complementar ingresos o sostener completamente su subsistencia.
“A mi edad quisiera descansar y disfrutar de mis nietos, pero la realidad es otra. La pensión no alcanza para cubrir todos los gastos y, en mi caso, ni siquiera tengo una jubilación. Por eso sigo trabajando todos los días. No lo hago porque quiera mantenerme ocupado, sino porque necesito llevar dinero a la casa, comprar medicinas y pagar los servicios. Para muchos adultos mayores en Ecuador, dejar de trabajar no es una decisión, es un lujo que no podemos darnos”, explicó Alonso Villacís, 66 años y comerciante
Una vejez que llega sin pensión
La raíz del problema se encuentra décadas antes de llegar a los 65 años. La OIT identificó que los trabajadores con salarios bajos e historiales laborales marcados por la informalidad prácticamente no tienen posibilidades de cumplir los requisitos necesarios para acceder a una jubilación completa. Durante años, millones de ecuatorianos trabajaron sin afiliación, con aportes interrumpidos o con ingresos insuficientes para construir una pensión que garantice
HECHO. Tener 65 años o más no siempre es sinónimo de jubilarse y descansar en Ecuador.
tranquilidad en la vejez. Por eso, la mayoría de los adultos mayores que sigue trabajando lo hace como trabajador independiente o informal, sin contrato, sin estabilidad y sin protección social. La situación se vuelve más delicada cuando se considera el deterioro de la salud asociado al envejecimiento. Más del 54% de los adultos mayores no cuenta con ningún seguro de salud. Además, el 46% padece hipertensión, el 13,3% diabetes y casi uno de cada cinco presenta algún grado de discapacidad. En otras palabras, muchos ecuatorianos deben seguir generando ingresos justamente en la etapa de la vida en la que aumentan los problemas de salud y disminuye la capacidad física para trabajar.
El costo de envejecer aumenta La situación económica se vuelve más compleja porque los gastos tienden a incrementarse con la edad. Karina Burbano, economista e investigadora, señala que apenas el 14% de quienes llegan a la tercera edad accede a una jubilación completa del IESS. Al mismo tiempo, los costos asociados a salud, medicamentos, cuidados y atención especializada pueden aumentar más del 30% durante esta etapa de la vida. Incluso sin hospitalizaciones ni tratamientos complejos, el gasto mínimo anual en salud para una persona adulta mayor puede superar los $2.280. Por eso, mientras los ingresos disminuyen, las necesidades económicas suelen crecer. (JS)

POLÍTICA. La mayoría de concejales del Distrito Metropolitano analiza buscar un nuevo período en las elecciones de noviembre de 2026.
A cinco meses de las elecciones seccionales de noviembre de 2026, la mayoría de concejales del Distrito Metropolitano de Quito analiza participar por un nuevo período. Algunos ya confirmaron sus aspiraciones y otros esperan definiciones partidistas.
Las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026 no solo definirán quién ocupará la Alcaldía de Quito durante los siguientes cuatro años. Los ciudadanos también elegirán a los 21 concejales metropolitanos que tendrán la responsabilidad de fiscalizar la gestión municipal, aprobar ordenanzas y participar en la toma de decisiones que marcan el rumbo de la capital ecuatoriana. A poco más de cinco meses de los comicios, el panorama político dentro del Concejo Metropolitano comienza a tomar forma. Varios ediles ya han manifestado su intención de buscar la reelección, mientras otros esperan definiciones internas de sus organizaciones políticas antes de
anunciar una decisión. Actualmente, el Concejo Metropolitano está integrado por 21 concejales y el alcalde Pabel Muñoz . La composición política refleja una diversidad de fuerzas: siete representantes vinculados a la Revolución Ciudadana (RC), tres de Izquierda Democrática (ID), dos de CREO, cuatro de Pachakutik (PK) , cuatro
del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), un representante del movimiento Imparables y un representante de Democracia Sí Sin embargo, no todos podrán volver a postularse. De acuerdo con la normativa vigente, tres concejales ya cumplieron el límite permitido de períodos consecutivos en el cargo. Se trata de Analía
Elecciones seccionales se realizarán el 29 de noviembre de 2026 y el nuevo Alcalde y los concejales empezarán funciones en mayo del 2027.
Ledesma, Blanca Paucar y Bernardo Abad, quienes no podrán buscar una nueva elección para el Concejo Metropolitano.
¿Quiénes buscan continuar en el Concejo?
Entre los concejales que han expresado interés en permanecer en el Cabildo quiteño figura María Fernanda Racines, de RC , quien ha manifestado su intención de participar nuevamente en los próximos comicios.
También se encuentra Estefanía Grunauer, intención de correr por la reelección, al igual que Juan Báez, representantes de PK.
Por su parte, Michael Au-
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lestia ha señalado que buscará la reelección bajo las filas de ADN, mientras que Diego Garrido, quien anteriormente estuvo vinculado a Democracia Sí, ahora proyecta su participación desde el movimiento Futuro 20.
Otros concejales mantienen una postura favorable a una eventual candidatura, aunque condicionada a las decisiones de sus organizaciones políticas. Entre ellos están Emilio Uzcátegui y Adrián Ibarra.
Los indecisos
La lista de concejales que todavía no han tomado una decisión definitiva es amplia.
Diana Cruz, Héctor Cueva, Darío Cahueñas, Ángel Vega, Fidel Chamba, Cristina López y Andrés Campaña han señalado que aún se encuentran evaluando su futuro político o esperando definiciones partidistas. En el caso de Campaña, se espera que en las próximas semanas realice anuncios públicos respecto a su participación en las elecciones.
Los que descartan su candidatura
Entre quienes ya han descartado una nueva participación aparece Julio Noroña, quien confirmó que no buscará la reelección.
Lo que decida Wilson Merino, en cambio, genera expectativa dentro del escenario político local. Aunque su continuidad en el Concejo no está descartada, diversas fuentes políticas consideran que podría enfocar sus aspiraciones en la Alcaldía de Quito, en lugar de buscar un nuevo período como concejal.
La estrategia de RC
Uno de los bloques políticos más importantes dentro del Concejo Metropolitano es el de la Revolución Ciudadana. Dicha organización atraviesa un proceso interno de definiciones y reorganización política, ya que la suspensión del CNE les impide participar con su propio casillero electoral. Por esta razón, el movimiento anunciará este 18 de junio las alianzas que sellará con otros partidos políticos para poder competir.
Adrián Ibarra, presidente de la bancada correísta en el Concejo , explicó que se desarrolla un proceso interno de selección de perfiles y postulaciones, respetando los calendarios electorales establecidos por el Consejo Nacional Electoral.
Según indicó, la prioridad será analizar a los cuadros políticos que tienen opciones reales de elección y que han superado evaluaciones relacionadas con su desempeño durante la actual administración.
“Estoy dentro de los compañeros que pueden apelar a una reelección o también ser considerado para otros espacios”, señaló Ibarra, quien aseguró que está dispuesto a asumir cualquier responsabilidad que le asigne su organización política.
Respecto al futuro electoral del alcalde Pabel Muñoz, el concejal aseguró que dentro del bloque existe respaldo a una candidatura para la reelección
Juego de poder Más allá de las candidaturas individuales, los movimientos políticos tienen un objetivo común: conservar o ampliar su capacidad de incidencia dentro del Concejo Metropolitano.
Ibarra explicó que, durante la actual administración, el oficialismo no ha contado con una mayoría propia. Sin embargo, destacó que se han logrado acuerdos con concejales de otras organizaciones para impulsar proyectos considerados prioritarios para la ciudad.
Por ello, uno de los principales desafíos para las próximas elecciones será consolidar una representación suficiente que permita construir nuevas alianzas y garantizar gobernabilidad en el Cabildo.
La definición de candidaturas se intensificará en agosto, cuando los partidos y movimientos realicen sus procesos de primarias y oficialicen las listas que competirán en noviembre. Además, la Revolución Ciudadana anunciará con qué partido político formarán alianzas este 18 de junio, para que sus candidatos puedan participar en las seccionales. (EC)

CONCEJALES SI, ESPERA PARTIDO
Sandra Hidalgo

Analia Ledesma

Andrés Campaña

Diana Cruz

Adrián Ibarra

Emilio Uzcátegui

Bernardo Abad

Gabriel Noroña

Wilson Merino

Blanca Paucar

Héctor Cueva

María Racines

Dario Cahueñas

Ángel Vega

Diego Garrido

Fidel Chamba

Cristina López

Estefanía Grunauer

Juan Báez

Joselyn Mayorga

Michael Aulestia
Juntos por el Perú, el partido de Roberto Sánchez, convoca una marcha este viernes en Lima “en defensa del voto” a punto de acabar el recuento.
El partido Juntos por el Perú , del candidato presidencial Roberto Sánchez, ha convocado este 19 de junio de 2026 una “gran movilización” en Lima, la capital, “en defensa del voto , la victoria del pueblo y la democracia”, a medida que va finalizando el recuento de la segunda vuelta de las elecciones del 7 de junio.
“El v oto ciudadano ha sido deslegitimado ”, ha afirmado la formación, que ha pedido a los suyos que se concentren en las principales plazas de las ciudades a partir de este 17 de junio. “El derecho a la vigilancia democrática y la movilización pacífica es un derecho constitucional”, ha secundado Sánchez en redes sociales.
El partido ha denunciado “la falta de transparencia” de los organismos estatales durante el proceso electoral, así como las “ maniobras político mediáticas ” que han venido atentando contra la soberanía del pueblo. Para Juntos por el Perú existe “una clara voluntad corporativa contraria a los intereses de las mayorías”.
“El voto no será silenciado. El triunfo del pueblo será respetado”, ha remarcado Juntos por el Perú en un comunicado en el que

RECUENTO. La Oficina Nacional de Procesos Electorales realiza el escrutinio de los votos. ONPE
adelanta que el partido no aceptará “que se imponga un resultado que no refleje la voluntad popular con absoluta transparencia y sin ninguna duda ni controversias”.
Una afirmación que contrasta con las declaraciones de hace unos días de la portavoz del partido, Anahí Durand, quien aseveró

festado Sánchez, que, por un lado, ha subrayado que “la democracia se fortalece cuando se respeta irrestricto el veredicto de las urnas ”, al tiempo que ha defendido que exigir “cero controversias” y defender el debido proceso “es lo mínimo” para lograr legitimidad.
“El recuento y la transparencia no dañan la democracia sino la fortalecen, pues el poder nace del voto ciudadano, no de las maniobras políticas. Debemos terminar con una ‘democracia híbrida’”, ha escrito Sánchez, quien ha defendido el derecho del pueblo a “la vigilancia democrática y la movilización pacífica”.
La ventaja de Fujimori se ampliía
La convocatoria de Sánchez se da en momentos en que la ventaja de Fujimori se amplió en más de 35.000 votos y cuando restan por escrutarse menos de 200.000 sufragios para definir al ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú.
que “tener dudas razonables” o “presentar impugnaciones” no significa que no vayan a reconocer los resultados.
En esa línea se ha mani-
Con el 99,07% del escrutinio,, la líder de Fuerza Popular sumó el 50,09% de los sufragios, frente al 49,9% del líder del partido de izquierda Juntos por el Perú, según los resultados compartidos en la web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Fujimori recuperó el liderato a mediados de la semana pasada, impulsada por los votos del extranjero, donde obtuvo un respaldo del 63%, frente al 36% de su rival. (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señala que el acuerdo logrado en los últimos días deja “claro” que Irán “no desarrollará ni comprará” armas nucleares.
MADRID, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este 16 de junio de 2026 que el acuerdo preliminar alcanzado con Irán es “justo” y “bueno” insistiendo en que no implica inversiones ni pagos a Teherán y consolida que la República Islámica no desarrolle ni adquiera armas nucleares.
En declaraciones junto al emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, en los márgenes de la cumbre del G7, que se celebra en Évian, Francia, Trump ha indicado que el acuerdo cerrado con Irán “debería tener éxito”, subrayando que tras la firma prevista para el 19 de junio se pasará a una segunda etapa que “en realidad será más fácil”, en relación a las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.
“Tenemos un acuerdo que es justo. Es un buen acuerdo”, ha indicado, para señalar que no implica inversiones ni pagos a Irán. “Tenemos el derecho de entrar algún día y hacer algo si yo quiero hacer algo o si alguien quiere hacer algo.

Pero no estamos invirtiendo dinero. No tenemos ninguna obligación de invertir dinero en Irán”, ha argumentado. En este sentido, Trump ha vuelto a cargar contra el acuerdo alcanzado con Teherán durante la etapa de Barack Obama en la Casa Blanca. “Nosotros no pagamos por ello como hizo Obama. Él pagó miles de millones de dólares. Fue una locura”, ha añadido.
‘Irán nunca tendrá un arma nuclear’ “Lo que merece atención, lo único que realmente me importa es que Irán nunca tendrá un arma nuclear”, ha subrayado el jefe de la Casa
Blanca para insistir en que esto queda reflejado en el acuerdo de “forma clara y contundente”.
“No la van a desarrollar, no la van a comprar y no van a hacer nada relacionado con ella. Y si lo hacen las consecuencias serían increíbles”, ha explicado el dirigente norteamericano, quien ha desvelado que uno de los puntos de fricción antes de cerrar el acuerdo era que incluyera no solo el veto a desarrollar armas nucleares sino a comprarlas.
Según Trump, eso “llevó un par de días más de negociaciones”. “Finalmente acordamos que no la desarrollarán, no la adquirirán, no la comprarán ni harán ninguna otra cosa para obtener un arma nuclear. Y si lo hacen, se desatará el infierno sobre ellos”, ha avisado.
Respecto a los objetivos iniciales de la ofensiva estadounidense contra Irán, que en un primer momento se fijó el cambio de régimen en la República Islámica, el mandatario norteamericano ha incidido en que no está enfocado en eso, si bien ha defendido que ‘de facto’ se ha producido tras la muerte de la cúpula política y militar en bombardeos de Estados Unidos e Israel.
“Nunca me ha importado el cambio de régimen, nunca ha formado parte de esto. Pero supongo que se podría decir
Por pérdida se anula el siguiente título de Corporación Favorita C.A. título Nro. 46020 por 100 Acciones, con valor nominal de USD $1.00 cada una, pertenecientes a María Isabel Román Albornoz con C.C. 1707354278. 001-006-0716
que hay un cambio de régimen porque el primer grupo ya está muerto, el segundo grupo también está muerto, y una parte del tercer grupo ha desaparecido”, ha dicho sobre los líderes iraníes, para recalcar que ahora Washington trata “con personas muy racionales”.
“Fue agradable negociar

con ellos”, ha dicho sobre los interlocutores iraníes a quienes ha descrito como “personas fuertes e inteligentes”. “De hecho, creo que son más inteligentes que el primer y el segundo grupo. Pero no están radicalizados y están buscando ayudar a su país”, ha resumido. (EUROPA PRESS)

ACTA correspondiente al Juicio No. 23331202200546(28052774) REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL NOTIFICACIÓN JUDICIAL A: LOS HEREDEROS PRESUNTOS Y DESCONOCIDOS DE JORGE ENRIQUE CAMPUZANO ECHEVERRIA
JUICIO: LABORAL (SUMARIO) No. 23331-2022-00546
PARTE ACTORA: JORGE ENRIQUE CAMPUZANO ECHEVERRIA (+)
PARTE DEMANDADA: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CUANTÍA: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD $145.000,00)
“CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- Quito, martes 12 de mayo del 2026, las 13h45, VISTOS: Incorpórese al expediente el acta de inscripción de defunción del actor Jorge Enrique Campuzano Echeverría y el oficio que antecede, los cuales han sido remitidos por la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación. En lo principal, en atención al escrito presentado por el Dr. Emiliano Solórzano Moreira, abogado patrocinador de la parte accionante, a través del cual puso en conocimiento de esta Sala el fallecimiento de su representado Jorge Enrique Campuzano Echeverría, cuya condición se encuentra debidamente justificada con la fotocopia del certificado de defunción que adjuntó, así como con el acta de inscripción de defunción respectivo, se dispone de conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 del Código Orgánico General de Procesos, que dice: “Artículo 68.1. Notificación de herederos. (Agregado por el Art. 15 de la Ley s/n, R.O. 517S, 26VI2019). Si alguno de los litigantes fallece, se notificará a sus herederos para que comparezcan al proceso. A los herederos conocidos se les notificará en persona o por una sola boleta. A los herederos desconocidos o de quienes no se puede determinar su residencia, mediante una sola publicación en la forma y con los efectos señalados en el artículo 56 de este Código. La notificación se hará mediante providencia en la que se dispondrá contar con los herederos en el proceso. La publicación por la prensa contendrá únicamente un extracto de aquella.”, notificar a los herederos presuntos y desconocidos del causante mediante una sola publicación en uno de los diarios de mayor circulación del país, en la forma como prescribe la indicada norma procesal, a fin de que comparezcan a juicio y lo tomen en el estado en que actualmente se encuentra. Para realizar dicha diligencia, por medio de la Secretaría de la Sala, hágase llegar a los correos electrónicos señalados por la parte actora, el extracto de esta providencia para que efectúen su publicación. Una vez realizado, deberán presentar aquellos documentos que justifiquen el cumplimiento de lo ordenado en el presente auto. En vista de que la Dra. María Gabriela Mier Ortiz, Conjueza Nacional Ponente, se encuentra encargada del despacho de la Dra. María Consuelo Heredia Yerovi, Jueza Nacional, actúa el Dr. Iván Larco Ortuño, Conjuez Nacional, de conformidad con lo dispuesto en acta de sorteo de 4 de mayo de 2026, la cual se adjunta a este expediente. Notifíquese y envíese. fdo. Dr. Iván Larco Ortuño, Conjuez Nacional. Certifico. fdo. Ab. Cristina Pilar Valenzuela Rosero, Secretaria Relatora”
Ab. Cristina Pilar Valenzuela Rosero SECRETARIA RELATORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA


Solicitan al Gobierno establecer un valor mínimo para el grano y fortalecer los seguros agrícolas.
LOS RÍOS – Productores agrícolas de la provincia de Los Ríos solicitaron al ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Vega, la fijación de un precio oficial de sustentación para la soya y la implementación de seguros agrícolas que les permitan enfrentar las posibles afectaciones derivadas del fenómeno de El Niño. La petición fue presentada mediante un oficio dirigido
también a la directora provincial del MAGP, Tatiana Donoso, y al gobernador de Los Ríos, Galo Lara. En el documento, los agricultores exponen las dificultades económicas que atraviesa el sector y advierten que los actuales precios de mercado no cubren los costos de producción.
Plantean precio mínimo de $36
Los productores señalaron que, tras las pérdidas registradas en cultivos como el arroz, muchos agricultores optaron por sembrar soya como una alternativa para sostener sus actividades y garantizar ingresos para sus familias. Sin embargo, afirman

que los costos de producción continúan en aumento. Según el documento, entre los principales gastos constan la adquisición de semilla certificada, arriendo de tierras, preparación del suelo, control de malezas, plagas y enfermedades, además de la cosecha y transporte del producto. Estos rubros elevan significativamente la inversión que debe realizar cada agricultor por cuadra sembrada.
Ante esta realidad, los representantes del sector solicitaron al Ministerio de Agricultura que establezca un precio oficial de 36 dólares por quintal de soya. Argumentan que este valor permitiría cubrir los costos de producción, recuperar parte de la inversión y mantener la actividad agrícola.
Piden seguros agrícolas Los agricultores también expresaron su preocupación por los pronósticos climáticos relacionados con el fenómeno de El Niño. En el oficio citan información internacional que advierte una alta probabilidad de desarrollo de este evento climático en los próximos meses.
Por ello, pidieron al Gobierno Nacional fortalecer los mecanismos de protección para el sector productivo mediante seguros agrícolas accesibles y eficaces que permitan cubrir posibles pérdidas ocasionadas por inundaciones, lluvias intensas u otros eventos asociados al fenómeno climático.
Los productores consideran que contar con un se-
° Guayas y Los Ríos se encuentran entre las principales provincias productoras de soya del país; sin embargo, la producción nacional apenas alcanza las 54.000 toneladas anuales, una cifra insuficiente frente a la demanda de 980.000 toneladas requeridas por la industria pecuaria. Esta brecha obliga a Ecuador a importar cerca del 95 % del total de soya que consume, principalmente desde Argentina, Brasil y Estados Unidos. Actualmente, el quintal de soya se compra entre 30 y 32 dólares en el país.
guro agrícola les brindaría mayor estabilidad frente a los riesgos que enfrenta el campo.

BUENA FE. – La Alcaldía Ciudadana de Buena Fe, a través de la Unidad de Gestión Ambiental, desarrolló una jornada de desparasitación y vitaminización dirigida a perros y gatos del sector San Francisco Norte.
La actividad tuvo una importante participación de los habitantes del sector, quienes
acudieron junto a sus mascotas para acceder a este servicio gratuito enfocado en la prevención de enfermedades y el fortalecimiento de la salud animal.
Desde el Municipio se informó que estas jornadas continuarán desarrollándose en otros sectores del cantón, con
el objetivo de ampliar la cobertura de atención y promover el bienestar animal. Los propietarios de mascotas destacaron la importancia de esta iniciativa, al considerar que contribuye a la salud de los animales y fomentar una tenencia responsable en beneficio de toda la comunidad.
Las cifras de violencia mantienen en alerta a Santo Domingo de los Tsáchilas, que acumula 40 muertes violentas en lo que va de 2026. El Gobierno Nacional renovó el estado de excepción en la provincia por grave conmoción interna.
Santo Domingo de los Tsáchilas vuelve a estar bajo estado de excepción. La medida, decretada por el Gobierno Nacional por un periodo de 60 días, entró en vigencia el ayer, martes 16 de junio, y se suma a una serie de disposiciones similares que han marcado gran parte del 2026 en esta provincia.
El último estado de excepción estuvo vigente desde el 2 de abril y el 31 de mayo. Durante ese periodo también se aplicó un toque de queda entre el 3 y el 18 de mayo.
Santo Domingo de los Tsáchilas permanece bajo estado de excepción por 60 días mientras las cifras de violencia continúan generando preocupación.
Pese a las restricciones y operativos ejecutados durante los últimos meses, los indicadores relacionados con la inseguridad no muestran una reducción significativa. Las muertes violentas, extorsiones, robos y asaltos continúan generando preocupación entre la ciudadanía.
Violencia persiste
En lo que va de 2026, Santo Domingo de los Tsáchilas registra 40 muertes violentas. De ellas,
Muertes violentas
Mes Santo La Concordia Domingo Enero 4 4
23 ocurrieron en el cantón Santo Domingo y 17 en La Concordia.
La situación es especialmente preocupante en el cantón concordense, donde los cuatro hechos violentos más recientes se registraron en la parroquia rural Monterrey. El último caso ocurrió la noche del lunes 15 de junio, cuando un ataque armado dejó dos hombres asesinados y una mujer gravemente herida, quien permanece hospitalizada con pronóstico reservado.
Según reportes de las autoridades, en gran parte de los crímenes perpetrados en la provincia los antisociales han utilizado armas de largo alcance, entre ellas fusiles.
Alcance del decreto
Mediante el Decreto Ejecutivo N.º 423, el presidente Daniel Noboa dispuso un nuevo es-

tado de excepción por grave conmoción interna. La medida contempla la suspensión de los derechos de inviolabilidad de domicilio y de correspondencia.
El decreto rige en las provincias de Guayas, Manabí,
Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay, además de los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y La Troncal (Cañar). (LMM)
La defensa del cerro Bombolí, considerado un ícono y mirador natural de Santo Domingo, continúa movilizando a ciudadanos que buscan garantizar su conservación para las futuras generaciones. Con ese propósito, el colectivo que impulsa esta causa presentó una propuesta de reforma a la ordenanza vigente para fortalecer su protección.
María Piedad Maldonado, coordinadora de la iniciativa popular, entregó al concejo municipal la documentación requerida para dar paso al proceso. La propuesta plantea que el Municipio coordine acciones con las entidades nacionales competentes para revertir la condición privada del predio y convertirlo en un bien público mediante un proceso de expropiación.
Propuesta ciudadana
Según explicó Maldonado, la intención no es afectar los derechos de los actuales propietarios, sino que se reconozca el valor del terreno y se pague un precio justo dentro del procedimiento legal correspondiente, legitimando así la transferencia de dominio.
La dirigente señaló que, una vez presentada la iniciativa, el concejo municipal tendrá un plazo de seis meses para analizar y tram itar las reformas planteadas. En caso de no existir una respuesta dentro de ese período, los promotores de la propuesta acudirán a la Corte Constitucional para solicitar atención al pedido ciudadano y la protección del patrimonio local. Fondo para su

GESTIÓN. Integrantes del colectivo ciudadano entregaron la propuesta de reformas para fortalecer la protección y conservación del Bombolí.
conservación
Entre las reformas también se contempla la creación de un ‘Fondo Verde’, mecanismo que permitiría financiar el manejo técnico y ambiental del cerro, evitando decisiones aisladas y garantizando una planificación sostenida para su conservación. El cerro Bombolí, ubicado en el centro de la
ciudad, es uno de los referentes paisajísticos más importantes de Santo Domingo. Además de su valor natural, guarda historia y aspectos aún poco explorados, lo que incrementa el interés de diversos sectores por preservar este espacio considerado parte de la identidad local. (LMM)
El concejo municipal dispone de seis meses para tratar la propuesta de reforma presentada mediante iniciativa popular ciudadana.

¿Cuál es el término para contabilizar el abandono de los juicios individuales de trabajo?

Ponencia del profesor
Álvaro Vidal Olivares
Universidad Andina Simón Bolívar
Jornadas Derecho Civil
En los códigos civiles herederos de Andrés Bello, una mala interpretación histórica ha fusionado dos defensas contractuales distintas. Entender la diferencia dogmática entre purgar la mora y la excepción de contrato no cumplido es la clave para defenderse exitosamente frente a cumplimientos defectuosos o parciales.
El mito de “la mora purga la mora” En la tradición jurídica de los países que siguen el modelo codificador de Andrés Bello —como Chile, Colombia y Ecuador—, existe una regla tan célebre como malinterpretada. Se trata del artículo 1552 del Código Civil chileno (que tiene su equivalente exacto en las legislaciones ecuatoriana y colombiana), el cual consagra que en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte o se allane a cumplirlo. En los pasillos de los tribunales, esto
se resume bajo el aforismo: la mora purga la mora. Históricamente, la jurisprudencia y buena parte de la doctrina clásica han estirado este artículo para otorgarle una doble función. Por un lado, se utiliza para su fin natural: enervar la mora e impedir la exigibilidad de una indemnización de perjuicios. Por otro, los jueces han construido a partir de esta misma norma la “excepción de contrato no cumplido” (exceptio non adimpleti contractus), usándola para paralizar acciones de cumplimiento específico o acciones resolutorias cuando el demandante tampoco ha cumplido.
Sin embargo, la doctrina más moderna advierte que esta asimilación absoluta es dogmáticamente incorrecta y genera graves problemas a la hora de litigar.
La anatomía del error dogmático
Para desenredar esta confusión, es imperativo separar la naturaleza y la finalidad de ambas figuras:
1. La compensación de moras (El ámbito del daño) Esta figura opera en el terreno estricto de la exigibilidad de los
daños y perjuicios. La regla es matemática: si yo no he cumplido y mi contraparte tampoco, ninguno de los dos está formalmente en mora. Al no existir mora (requisito indispensable para la responsabilidad), ninguna de las partes puede demandar a la otra el pago de perjuicios moratorios ni compensatorios. Hasta aquí, la regla del artículo 1552 funciona a la perfección.
2. La excepción de contrato no cumplido (El escudo material) A diferencia de la compensación de moras, la excepción de incumplimiento no busca evitar el pago de daños, sino paralizar la pretensión misma de cumplimiento o de resolución del contrato. Es un mecanismo de defensa material que no nace del artículo 1552, sino que se funda en la interdependencia o el “sinalagma funcional” de las obligaciones en un contrato bilateral. Su lógica es simple y directa: yo me niego a cumplir porque tú no has cumplido.
Las consecuencias prácticas de la confusión judicial
El gran problema de anclar la excepción de incumplimiento exclusivamente en el artículo 1552 radica en la li-
teralidad y rigidez de dicha norma. Este precepto exige que, para que opere la purga de la mora, ambas obligaciones deben ser actualmente exigibles (es decir, deben haber vencido).
Esto deja a los litigantes en un punto ciego frente a dos escenarios muy comunes en el derecho de los negocios:
- El cumplimiento defectuoso: ¿Qué sucede si la contraparte sí cumplió, pero lo hizo de manera imperfecta o defectuosa?. Si aplicamos estrictamente el artículo 1552, el demandado no podría oponer la excepción de contrato no cumplido, porque la norma habla literalmente de “no cumplir”, ignorando el matiz de “cumplir mal”.
- El incumplimiento previsible: El artículo 1552 tampoco brinda una solución cuando la obligación de una de las partes ya es exigible, pero la obligación de la contraparte aún no lo es, a pesar de que resulta evidente que esta última no va a cumplir (lo que la doctrina comparada denomina “incumplimiento previsible”).
La solución: un nuevo asidero para la excepción de incumplimiento
Para superar estos obstáculos, la excepción de contrato
Si bien el Art. 634 del Código del Trabajo no ha sido derogado, en lo que respecta al abandono en los procesos judiciales en materia laboral que se tramitan con sujeción a la normas del Código Orgánico General de Procesos, en lo que respecta al término para contabilizar el abandono, es aplicable la disposición del Art. 245 del referido Código Orgánico Procesal, esto es, el de ochenta días contados desde la fecha de la última providencia recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos; por ser una norma posterior y además por tener el carácter de orgánica, conforme el orden jerárquico del ordenamiento jurídico nacional establecido en el Art. 425 de la Constitución de la República. Sin embargo, en todo lo demás es aplicable la disposición del Art. 634 del Código del Trabajo considerando que la misma es aplicable ante los Tribunales de Conciliación y Arbitraje para los conflictos colectivos de trabajo, que pertenecen a otra jurisdicción.
En lo que respecta al abandono de los juicios individuales de trabajo, la norma aplicable sobre el término es el Art. 245 del Código Orgánico General de Procesos, esto es ochenta días contados desde la fecha de la última providencia recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos.
no cumplido debe independizarse. Su verdadero asidero jurídico no debe buscarse en el artículo 1552, sino en la propia noción estructural del contrato bilateral, en la reciprocidad de las obligaciones y, fundamentalmente, en el principio rector de la buena fe objetiva.
Al separar ambas figuras, los tribunales obtienen ventajas prácticas invaluables:
1.Defensa frente a lo defectuoso: Se reconoce plenamente la figura de la exceptio non rite adimpleti contractus, permitiendo que una parte se defienda legítimamente frente a un cumplimiento defectuoso, siempre y cuando el defecto revista una gravedad suficiente que justifique su negativa a cumplir.
2.Juicios de proporcionalidad: Se habilita la aplicación proporcional de la excepción, impidiendo que un juez declare la resolución drástica de un contrato cuando el incumplimiento de una de las partes es mínimo o marginal en la economía general del negocio.
Impacto jurisprudencial y aplicación local
Esta evolución dogmática ya está aterrizando en los tribunales supremos de la región. La jurisprudencia reciente de la Corte Suprema en Chile, así como fallos en un sentido muy similar en Colombia, han comenzado a acoger esta distinción vital.
Hoy, estas altas cortes están señalando que un contratante incumplidor no puede solicitar la resolución del contrato, no por la aplicación mecánica del aforismo “la mora purga la mora” (Art. 1552), sino porque carece de la legitimidad sustantiva que exige la buena fe al no haber cumplido ni estar llano a cumplir sus propios compromisos.
Accionables estratégicos para litigantes
Para los abogados encargados de la defensa contractual, este cambio de paradigma exige refinar las estrategias en los escritos de contestación y reconvención:
- Diversificar la fundamentación jurídica: Al contestar una demanda de resolución o cumplimiento, no limite su defensa a invocar la compensación de moras
(Art. 1552 o sus equivalentes). Invoque expresamente la interdependencia de las obligaciones y la falta de legitimidad del actor basada en la buena fe objetiva.
- Alegar la exceptio non rite adimpleti contractus: Si el caso involucra un cumplimiento imperfecto, argumente que la excepción de contrato no cumplido tiene vida propia y procede ante cumplimientos defectuosos graves, superando la barrera literal del “no cumplir” de las normas de mora.
- Introducir el test de proporcionalidad: Si el incumplimiento de su cliente es menor comparado con el de
la contraparte, utilice la naturaleza funcional del contrato bilateral para exigir al juez un análisis de proporcionalidad, evitando así resoluciones contractuales injustas por faltas irrelevantes.
Releyendo a Andrés Bello con lentes modernos Forzar un solo artículo para que soporte el peso de toda la teoría del incumplimiento bilateral empobrece nuestras herramientas de defensa. La regla del artículo 1552 sigue siendo una norma valiosísima para delimitar la responsabilidad indemnizatoria y purgar la mora. Sin embargo, la excepción de

EXTRAСТО
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL QUE SE DENOMINARÁ AXIOMA PATRIMONIAL S.C.C.

La CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL QUE SE DENOMINARÁ AXIOMA PATRIMONIAL S.C.C., se constituyó de la siguiente manera:
1. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL QUE SE DENOMINARÁ AXIOMA PATRIMONIAL S.C.C., celebrada el siete de mayo de dos mil veintiséis, ante mí, ABOGADA MARIA LAURA DELGADO VITERI, Notaria Vigésima Primera del cantón Quito.
2. RAZON SOCIAL: AXIOMA PATRIMONIAL S.C.C.
3. DOMICILIO DE LA SOCIEDAD: El domicilio en el cantón Quito, Provincia de Pichincha, sin embargo, de lo cual podrá abrir sucursales agencias u oficinas en cualquier parte del territorio nacional o en el exterior previa resolución de la Asamblea General de Socios.
4. CAPITAL SOCIAL.- mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1.000,00).
Quito, 07 de mayo de 2026.

ABG. MARÍA LAURA DELGADO VITERI NOTARIA VIGESIMO PRIMERA DELCANTON QUITO

contrato no cumplido tiene vida propia. Reconocer que esta defensa emana del sinalagma funcional y de la buena fe es el único camino para ofrecer a los litigantes y a los jueces soluciones más justas, dinámicas y adaptables
a la compleja realidad de los negocios actuales, especialmente ante incumplimientos defectuosos o parciales.
Video completo: https:// www.facebook.com/ uasbecuador

E X T R A C Т О
NOTARIA CUADRAGESIMA TERCERA DE QUITO: Cúmpleme poner en conocimiento del público que mediante escritura pública, otorgada ante el DOCTOR FERNANDO CASTRO SALAZAR NOTARIO CUADRAGESIMO TERCERO DEL CANTON QUITO, los señores JORGE WASHINGTON VALENCIA BOADA, por sus propios y personales derechos, de estado civil casado; y, SULMA MARISOL ORTIZ MORA; por sus propios y personales de derechos, de estado civil casada, procedieron a liquidar el patrimonio de la Sociedad Conyugal, la misma que fuera disuelta mediante acta notarial de Disolución de la Sociedad Conyugal, celebrada el doce de noviembre del dos mil veinte y uno, ante la Notaria Novena del cantón Quito, legalmente inscrita en la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, con el número NUT No. 2021.150549.
Las adjudicaciones del patrimonio se encuentran detalladas en el texto de la referida escritura pública de liquidación de sociedad conyugal, por lo que en aplicación a lo dispuesto en el Art. 6 de la Ley Reformatoria a la Ley Notarial, publicada en el Registro Oficial No. 406 de 28 de Noviembre del 2006, que a su vez reforma el Art. 18 de la Ley Notarial agregando varios numerales, entre los cuales el numeral 23 faculta al Notario disponer la inscripción en los Registros de la Propiedad y Mercantiles, la escritura de liquidación de sociedad conyugal, previo el trámite previsto en dicha norma legal, pongo en conocimiento del público, mediante una publicación, el extracto de la liquidación del patrimonio de la sociedad conyugal correspondiente a los señores JORGE WASHINGTON VALENCIA BOADA Y SULMA MARISOL ORTIZ MORA, otorgada mediante escritura pública de 1 de junio del 2026 ante el suscrito Notario Mgs. DOCTOR FERNANDO CASTRO SALAZAR, NOTARIO CUADRAGESIMO TERCERO DEL CANTON QUITO. En el término de veinte (20) días a contarse desde la fecha de la publicación de este extracto, las personas que eventualmente tuvieren interés en esta liquidación pueden presentar su oposición fundamentada, dentro del referido término.
Particular que pongo en conocimiento para los fines legales correspondientes. Quito, junio 15 del 2026.



NOTA: Este extracto deberá publicarse en un periódico de mayor circulación en el domicilio principal de la SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL ORIGIN CORPORATION S.C.C.
001-005-0674

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “SELECVALLE S.A.”
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía “SELECVALLE S.A.”, a celebrarse en la oficina ubicada en la avenida General Píntag, Urbanización El Colibrí Local Nº 2, de la ciudad de Sangolquí, el sábado 27 de junio del 2026, a las 15H00, en la que se conocerá y resolverá el siguiente Orden del Día:
1. Constatación del Quorum.
2. Elección del Presidente.
3. Elección del Gerente General.
4. Elección del Comisario Principal y Suplente para el año 2026.
5. Nombramiento de los miembros Principales y Suplentes del Directorio para el período 2026-2028.
6. Resoluciones.
Se convoca en forma especial e individual a la Sra. Yngrid Navarrete Q., Comisario Principal de la Compañía.
Sangolquí, 17 de junio de 2026.
SR.
MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DE 2026
Imbabura- Carchi
El ser humano contamina el medioambiente con mercurio desde hace unos 4.000 años, según un estudio internacional con participación del CSIC y publicado en la revista Science Advances.Para llegar a esta conclusión, los expertos analizaron un núcleo de hielo de más de 1.200 metros en Groenlandia. EUROPA PRESS
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