Los Ríos: 11 de mayo, 2026

EDICIÓN DIARIA - LUNES 11 MAYO DE 2026

CIRCULACIÓN: 6921 Los Ríos

Escuadrones vuelven a vías del país

El presidente Daniel Noboa entregó equipos a la Policía en Quevedo, anunció el regreso de los escuadrones de carretera y otorgó apoyo y bonos a agricultores de Los Ríos. 3

CIUDAD Agricultores recibieron sus primeros pagos en Babahoyo 4

En el parque central se realizó programa en homenaje a las madres

ECONOMÍA

CIUDAD Guerra comercial golpea medicinas, alimentos y repuestos

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POLÍTICA

“No tenía ninguna función de los sectores estratégicos.

La única persona que trabajaba sobre esos sectores era Jorge Glas”.

LENÍN MORENO

VÍCTOR CORCOBA HERRERO corcoba@telefonica.net

DECEPCIÓN

Elproblema no es la ley, sino que violarla no tenga consecuencias. Indudablemente, hay que reforzar la rendición de cuentas y revitalizar los apegos, con espíritu consolador y entrega solidaria, cuestión que no se compra en el mercado, se cultiva internamente, en medio de las cosas del relato cotidiano. Reconozco, que no es fácil esta labor en un orbe lacerado por las guerras y la violencia.

Sin embargo, jamás nos vengamos abajo. La única primavera que nos florece, son los comienzos. Es hermoso vivir y desvivirse por vivir. Cuando falta esta sensación uno quisiera morir. Por otra parte, con demasiada frecuencia, nos olvidamos que estamos en la misma barca y que vamos hacia idéntico puerto.

Alegrémonos con los frutos ajenos, compartámoslos con los propios y hagámoslos universales, a pesar de nuestras simpatías y antipatías, de modo que tampoco nos quedemos anclados en la ambición. Desde luego, a poco que nos adentremos en nuestro hábitat, percibiremos que los desdichados son egoístas, abusivos, crueles e incapaces de comprender al otro. En consecuencia, en vez de unir, los funestos separan y no reparan. Nos toca, pues, mirar la crónica con la dicha de la alegría y el anhelo juntos, incluso cuando pasamos por tribulaciones, tenemos problemas y cuando sufrimos. Tampoco se trata de anestesiarnos, la angustia es angustia siempre, pero vivida con otro aire más efectivo y afectivo también, te abre la puerta a la euforia de un producto nuevo. Mejoremos las coyunturas, entonces; hagamos de los instantes, soplos fraternos. El alborozo nace precisamente de la gratuidad del encuentro, nunca del encontronazo. Es la auténtica cultura humanitaria, llamada a servir constantemente a la humanidad en todas sus vertientes, la que nos injerta lozanía, afán y desvelo por ser caritativos, pacientes y humildes. La arrogancia del orgulloso, nos tritura el alma de la sencillez. ¡Restemos dolor!

PACO MONCAYO GALLEGOS pmoncayog@gmail.com

Políticamente incorrecto, nacionalmente fatal

Es

sabido que Estados Unidos de Norteamérica dispone de las Fuerzas Armadas más poderosas del planeta, no solamente por la calidad y sofisticación de sus

EDITORIAL

Desactivar la guerra comercial

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) intervino en la guerra comercial por el alza indiscriminada de aranceles dispuesta por los gobiernos de Ecuador y Colombia. Ordena la desactivación hasta dentro de una semana.

La carga para los productos llega hasta el 75%, algo que mata el comercio bilateral y lastima el empleo, el tejido empresarial y al consumidor.

La CAN tomó en cuenta los pedidos del sector productivo colombiano, en especial la Asociación Nacional de Empresarios Colombianos (ANDI) y la empresa de confites Colombina, para emitir un ultimátum: los dos gobiernos deberán levantar los aranceles en los siguientes 10 días.

La resolución revela que no solo hay una afectación letal al comercio por la supuesta tasa de seguridad. Las empresas colom-

bianas expusieron que hay incrementos de costos relacionados con la nacionalización de la carga, el flete y el seguro. El proceso pasó de $2.700 a $20.300.

Y los efectos ya se sienten en la provincia del Carchi. Las bodegas se vacían, llegan menos camiones con carga y hay despidos. La asfixia empieza a desesperar en el norte.

Los $400 millones que el gobierno estima recaudar por la tasa de seguridad quedan en duda tras el freno al comercio y las pérdidas ascenderían a unos $700 millones. Además se prevé encarecimiento de medicamentos y, en el futuro, desabastecimiento de repuestos para vehículos.

No acatar la resolución de la CAN podría exponer al Ecuador a sanciones luego de dos años, pero el efecto en el empleo y en el bolsillo de muchos ecuatorianos será inmediato.

armamentos y equipos, sino por la excelencia de sus mandos y organizaciones militares. Sin embargo, oa pesar de ese poder abrumador, ha sufrido reveses catastróficos en guerras como las de Vietnam, Irak, Afganistán y, en estos mismos momentos, no logra descifrar el enigma de la resistencia iraní. En ninguno de estos casos, los infortunios son atribuibles a errores en la conducción estratégico-militar; lo que tienen en común son graves equivocaciones en la conducción política de la guerra. El reconocido tratadista, Colin

Gray, define a la gran estrategia como “la dirección y uso de todos los campos del poder de una comunidad de seguridad, incluido su instrumento militar, para los fines de la política, según lo decidido por la conducción política”. Advierte que la estrategia sirve instrumentalmente al propósito político. En Ecuador, la aplicación de estos principios básicos permitió sostener la democracia en los años ochenta, frente a la subversión comunista y enfrentar exitosamente la agresión del Perú, en 1995. Cuando el presidente Rafael Correa soslayó

FRANKLIN BARRIGA LÓPEZ f-barri@uio.satnet.net

Discriminación silenciosa

Un equipo de la Academia Nacional de Medicina, Programa Longevidad Saludable, Universidades de la Costa y de Pamplona, ante la ausencia de cifras oficiales relativas a la situación de la vejez en Colombia, se halla realizando una encuesta sobre la materia, a fin de afrontar uno de los problemas sociales más agudos: las condiciones en que se debaten las personas de la tercera edad. Al informar en torno al asunto, en un periódico bogotano la periodista Paula Torres aseveró que se ha carecido de herramientas técnicas para cuantificar el alcance de esta peliaguda cuestión.

El catedrático universitario Juan Manuel Anaya ha expresado que se trata de una medición científica prioritaria para transformar la realidad nacional con datos y leyes, a fin de que dicha exclusión no termine empobreciendo a toda la sociedad: “El edadismo es desconocido por una gran parte de la población, debido a la falta de educación sobre el tema, la carencia de datos y la ausencia de políticas públicas que lo visibilicen como un conflicto social de gran escala”.

El experto empleó el término edadismo o discriminación silenciosa para referirse al fenómeno del envejecimiento, catalogado de esta manera por la Organización Mundial de la Salud y que alcanza caracteres dramáticos en considerable porcentaje de la población de América Latina y el Caribe, por cuanto quienes han llegado a los 65 años de existencia soportan condiciones excluyentes e injustas.

En contraste, es necesario recordar lo que acontece en el Japón: en el marco de máximo respeto y alabanza, los ancianos son considerados fu entes de sabiduría y constructores de la colectividad , por ello, allí, se instauró el Keiro no Hi (encuentro con las personas mayores) que, como una de los principales días festivos se lo celebra, anualmente, con homenajes ejemplares, el tercer lunes de septiembre.

estos fundamentos, el 30 de septiembre de 2010, para controlar la sublevación policial, los resultados fueron catastróficos; igual ha sucedido con la conducción errática de los últimos gobiernos en el conflicto armado, frente al crimen organizado transnacional. Estas reflexiones surgen de la lectura de una noticia que llega de Chile, donde un grupo de senadores ha presentado un proyecto de reforma constitucional que busca establecer un Consejo Nacional para la conducción estratégica del Estado , dirigido por el presi-

dente de la República, como órgano permanente de coordinación en materias de seguridad, “capaz de enfrentar amenazas complejas como el crimen organizado o los riesgos transnacionales” . Es un tema que debería debatirse abierta y ampliamente en la sociedad ecuatoriana para impulsar cambios legales sensatos que permitan enfrentar con éxito la situación de abrumadora inseguridad que soporta nuestro país, más allá de los intereses desatinados de cualquier institución en particular.

Regresan escuadrones de carretera

Durante su visita a Quevedo, el presidente Daniel Noboa anunció la reactivación de estas unidades a nivel nacional.

QUEVEDO.- Pasado el mediodía, el presidente de la República, Daniel Noboa, cumplió agenda en los cantones Quevedo y Mocache, donde participó en actos relacionados con seguridad, programas sociales y apoyo al sector agrícola. En Quevedo, el mandatario participó en la entrega de 150 motocicletas y 544 radios de comunicación destinados a fortalecer las labores de la Policía Nacional en tránsito y seguridad vial. Durante el evento también intervino el ministro del Interior, John Reimberg, quien destacó recientes operativos ejecutados en la provincia de Los Ríos contra estructuras delictivas.

Policía refuerza control en vías

QUEVEDO.- El presidente

Reimberg informó que hace pocos días se realizaron intervenciones en Quevedo que permitieron la captura de 11 integrantes de una organización criminal vinculada al uso de explosivos y actos de terror. Además, resaltó que, después de casi 17 años, el Gobierno reactivó los escuadrones de carretera de la Policía Nacional para fortalecer la seguridad en los ejes viales y mejorar la capacidad de respuesta ante delitos en las carreteras. También indicó que en los 25 tramos priorizados del país la incidencia delictiva se redujo en un 29% y los homicidios intencionales en un 24%.

Por su parte, Noboa

aseguró que el Gobierno mantiene una lucha frontal contra las bandas criminales, las extorsiones y el narcotráfico. Señaló que en lo que va de 2026 los homicidios se redujeron cerca del 15% a escala nacional y alrededor del 20% en Los

Inauguran escuela municipal

QUEVEDO.- El alcalde Alexis Matute inauguró la nueva infraestructura de la escuela Futuros de la Patria, ubicada en el sector La Cima, de la parroquia San Cristóbal. La obra busca fortalecer la educación y mejorar las condiciones de aprendizaje para los niños del sector. La moderna edifica -

ción cuenta con aulas, laboratorio, baterías sanitarias, áreas administrativas, cerramiento y espacios recreativos. También dispone de accesos y baños para personas con discapacidad, además de un área de juegos infantiles. La inversión municipal bordea los 400 mil dólares,

según se informó. En el evento participaron la vicealcaldesa Gabriela Santamaría, el concejal Orlando Barros, funcionarios municipales, docentes y padres de familia, quienes destacaron la importancia de esta obra para la comunidad educativa de Quevedo.

no, señalando que existen actores que “no quieren que las Fuerzas Armadas estén en territorio” y que promueven cierres de vías para perjudicar la gestión gubernamental.

Apoyo a agricultores

Más tarde, el presidente llegó al coliseo de la Unidad Educativa Quevedo para participar en la entrega de bonos a cuidadores de beneficiarios del bono Joaquín Gallegos Lara. Durante su intervención, señaló que “el Ecuador empieza a construir una justicia social que durante décadas estuvo pendiente” y destacó que más de 4.500 familias reciben apoyo a través de programas sociales impulsados por el Gobierno. También reconoció el trabajo de madres, abuelas y dirigentes comunitarios que apoyan a familias en situación vulnerable.

Ríos. Asimismo, destacó la captura de 33 cabecillas de bandas y la incautación de 580 toneladas de droga. El mandatario también cuestionó a sectores políticos que, según dijo, buscan obstaculizar las acciones de seguridad del Gobier-

Posteriormente, el presidente Noboa se trasladó al sector San Antonio, en Mocache, donde participó en la entrega de bonos y ayudas destinadas a agricultores del cantón, como parte del respaldo al sector productivo de la provincia.

Daniel Noboa entregó 150 motocicletas para fortalecer a la Policía Nacional.

QUEVEDO.- La obra municipal fue entregada oficialmente durante un acto realizado el viernes.

ACTO.- Durante su intervención, el presidente Noboa destacó la reducción de los índices de violencia en Los Ríos y el país.

Agricultores recibieron sus primeros pagos en Babahoyo

La entrega la realizo el primer mandatario

Daniel Noboa

junto al ministro de Ganadería

BABAHOYO. En un evento realizado en el Coliseo de Fútbol Sala, ubicado en la ciudadela El Chofer de Babahoyo, agricultores de la provincia de Los Ríos recibieron los primeros pagos por la entrega de sus productos realizada el pasado 4 de mayo en el punto de acopio Mejía Coca.

La actividad contó con la presencia del presidente de la República, Daniel Noboa, y del ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Vega, quienes entregaron los primeros cheques a los productores beneficiados.

Intervención de autoridades

Durante su intervención,

el ministro Vega destacó la importancia del sector agrícola para el desarrollo del país y aseguró que el Gobierno continuará trabajando para brindar apoyo directo a los agricultores.

“Hoy se hacen los primeros pagos a los agricultores, de forma directa y sin intermediarios, pagados a un precio y peso justo”, expresó el funcionario. Además, indicó que el lunes 11 de mayo

se completarán los pagos para todos los agricultores que entregaron sus productos.

Uno de los beneficiarios, Alfredo Jiménez, agradeció a las autoridades por cumplir con los

compromisos asumidos con el sector agrícola.

“Cómo no voy a estar alegre y contento si el Presidente ha cumplido con lo que prometió. A nombre de todos los agricultores le agradecemos a nuestro Presidente por preocuparse por nosotros”, manifestó emocionado.

Presidente

Por su parte, el presidente Daniel Noboa resaltó el respaldo que ha recibido por parte del sector agrícola desde el inicio de su gestión y reiteró su compromiso con el aparato productivo nacional.

“Ustedes creyeron en mí desde el inicio. Vamos a seguir brindando incentivos a los productores porque el Ecuador siempre debe proteger su aparato productivo”, señaló el mandatario.

Durante la jornada también se realizó la entrega de créditos “Violeta”, otorgados por Ban-Ecuador a mujeres emprendedoras de la provincia de Los Ríos. Varias beneficiarias destacaron que, gracias a estos financiamientos, han logrado fortalecer y mantener activos sus negocios.

Presentaron oficialmente a las candidatas a Reina de Babahoyo

BABAHOYO. En un evento lleno de alegría, elegancia y glamur, desarrollado en el Salón de la Ciudad, se realizó la presentación oficial de las candidatas a Reina de Babahoyo, certamen que se llevará a cabo el próximo 24 de mayo como parte de las festividades de la capital fluminense.

Las 10 señoritas participantes fueron presentadas

ante autoridades, familiares e invitados especiales, luciendo su carisma y belleza durante una noche que estuvo marcada por el entusiasmo y el respaldo del público. Como parte de la agenda previa al certamen, las candidatas recorrerán durante 15 días diferentes localidades del cantón Babahoyo, donde participarán en actividades sociales, culturales

y comunitarias, con el objetivo de compartir con la ciudadanía y conocer más de cerca las necesidades y tradiciones de cada sector. El evento de elección y coronación de la nueva soberana promete reunir a cientos de ciudadanos que cada año disfrutan de una de las actividades más representativas de las fiestas del cantón.

PAGOS: Agricultores recibieron sus primeros pagos por sus productos

BONOS: Mujeres Babahoyense recibieron créditos “Violeta” para emprender en sus negocios

En el parque central se realizó programa en homenaje a las madres

Con música, rifas y reconocimientos celebraron a las madres en el parque Central

En un emotivo acto, la Dirección de Control Municipal y Seguridad Ciudadanía que dirige Miguel Gómez llevó a cabo un programa de homenaje a las madres en conmemoración al Día Internacional de las Madres a celebrarse este fin de semana.

El evento estuvo dirigido a comerciantes, agentes de control y personal de Quevial EP y se cumplió en el parque Central en un ambiente de lleno de alegría y confraternidad, con la animación artística de mariachis y bailes. Además, los asistentes se hicieron acreedores de hermosos obsequios mediante rifas. La designación como madres símbolos recayó en Andrea Morán y Eugenia Lozano.

El alcalde Alexis Matute y la vicealcaldesa, Gabriela Santamaría, compartieron un momento especial junto a las madres, destacando el esfuerzo de cada de ellas y el amor de las madres. También se contó con la presencia de funcionarios municipales.

Cooperativa 29 de Octubre homenajeó a las madres en su día

La entidad financiera realizó en Quevedo un emotivo acto por el Día de la Madre.

QUEVEDO.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre realizó el 8 de mayo un homenaje por el Día de la Madre dirigido a las socias de la agencia Quevedo. El acto formó parte de las actividades conmemorativas que la institución desarrolla a nivel nacional en sus 35 agencias, como reconocimiento al esfuerzo y dedicación de las madres que integran la cooperativa. El asambleísta de la cooperativa, el coronel en servicio pasivo Manuel Mena, destacó la importancia de mantener espacios de integración y reconocimiento para los socios. Señaló que la entidad desarrolla actividades especiales en fechas como el Día de la Madre, Día del Padre, Navidad y aniversarios institucionales, lo que permite fortalecer la cercanía con sus asociados.

En su intervención, Mena envió un mensaje a las madres del Ecuador: “Un saludo a todas las madres de las agencias a nivel nacional. Hoy rendimos homenaje a su amor, entrega y fortaleza, que representan la base de la familia y de la

sociedad. Nuestro agradecimiento sincero. Feliz

Día a todas las madres del mundo y de la Cooperativa 29 de Octubre”.

Origen y crecimiento

Mena recordó además que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre nació en 1972, impulsada inicialmente por paracaidistas del Ejército Ecuatoriano. Con el paso del tiempo, la institución incorporó

a miembros de la Fuerza Aérea, Marina, Policía Nacional y posteriormente a

Trayectoria militar en Quevedo

° El coronel en servicio pasivo Manuel Mena nació en 1958 en Otavalo. Se formó en la Escuela Militar “Eloy Alfaro” y alcanzó el grado de coronel tras más de 30 años de servicio. Se desempeñó en dos ocasiones como comandante del Grupo de Fuerzas Especiales N.° 26 Cenepa en Quevedo. Actualmente reside en esta ciudad. Su permanencia se consolidó tras el fallecimiento de su hijo mayor, Manuel Mena Acosta, sepultado en Quevedo. El militar murió en el accidente aéreo del 15 de marzo de 2016 en Pastaza, junto a otros 21 soldados, en la operación denominada “el vuelo a la eternidad”, hecho que marcó profundamente a su familia.

la ciudadanía en general, ampliando su cobertura a nivel nacional.

En su evolución, la cooperativa ha mantenido una estructura organizativa con participación de socios fundadores e instructores, además de consejos de administración y vigilancia. Actualmente, según se informó, cerca del 80% de la dirección ha estado integrada por personal militar en servicio pasivo y activo, así como por miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La entidad cuenta con aproximadamente 350 mil socios y se ubica en el sexto lugar dentro del sistema de calificación financiera, con una categoría doble AA, lo que refleja su crecimiento y solidez dentro del sistema cooperativo del país.

Más de 207 mil estudiantes

inician

el año lectivo 2026–2027

Con entusiasmo, compromiso y expectativas renovadas, este lunes 4 de mayo se dio inicio, de manera escalonada, al año lectivo 2026–2027 en los establecimientos educativos del régimen CostaGalápagos, en la Zona 7, que comprende las provincias de El Oro y Loja, beneficiando a más de 207 mil estudiantes.

El retorno a las aulas se desarrolla conforme a una planificación progresiva que permite garantizar un proceso ordenado y adecuado para toda la comunidad educativa. En este contexto,

autoridades zonales y distritales se han desplegado en distintos planteles educativos con el objetivo de acompañar y oficializar el inicio de las actividades escolares.

El Coordinador Zonal 7, Favio Villamizar, participó en el acto inaugural realizado en la Unidad Educativa Modesto Chávez Franco, ubicada en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, donde destacó la importancia de este nuevo ciclo académico y la adecuada organización del calendario escolar.

“La incorporación de los

estudiantes se realiza de forma paulatina: el lunes 4 de mayo ingresan los niveles de Educación Inicial, primero, segundo y tercer curso de Bachillerato; el martes 5 de mayo lo harán los estudiantes de primero, octavo, noveno y décimo de Educación General Básica; mientras que el miércoles 6 de mayo se suman los niveles de segundo a séptimo de Educación General Básica”, explicó la autoridad. En el marco de este inicio de clases, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura marca un hito signifi-

cativo al garantizar, previo al inicio del año lectivo, la entrega de 47.645 kits de uniformes escolares, con una inversión que asciende a 1.582.290 dólares, contribuyendo a la equidad y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. De igual manera, se distribuyen más de 154 mil textos escolares, con una inversión de 1.821.000 dó-

lares, asegurando que niñas, niños y adolescentes cuenten con los recursos pedagógicos necesarios desde el primer día de clases. Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno Nacional con el fortalecimiento del sistema educativo, priorizando el acceso, la calidad y la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes del país.

R. del E. UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN MOCACHE

EXTRACTO DE CITACIÓN

A: LOS HEREDEROS PRESUNTOS Y CONOCIDOS QUE PUDIESEN EXISTIR DE quien en vida se llamó VERA BUSTAMANTE ENRIQUE

MELECIO y de ELSA MARIA VERA ROMERO.

SE LE HACE SABER: Que en la Unidad Multicompetente con sede en el Cantón Mocache, se ha presentado el señor MORAN ROSADO SEVERO SEGUNDO, en contra de LOS HEREDEROS PRESUNTOS Y DESCONOCIDOS DE VERA BUSTAMANTE ENRIQUE MELECIO, demanda que también va dirigida en contra de ELSA MARIA VERA ROMERO, JOSE ENRIQUE VERA MENDOZA, JORGE ENRIQUE VERA ROMERO,

JULIO ENRIQUE VERA ROMERO y MARTHA CECILIA VERA ROMERO, FREDDY ERNESTO VERA FIGUEROA, MILSA MARIA VERA FIGUEROA, CARMEN ROSA ERA LOOR, GEORGINA RAQUEL VERA LOOR, MARISELA ADELAIDA VERA LOOR, RAQUEL CUMANDA LOOR PORRO, MIGUEL ANGEL VERA LOOR; al cual se le asignó el No. 12335-202000142, cuyo extracto es como sigue: OBJETO DE LA DEMANDA: el accionante manifiesta que, está en posesión de un bien inmueble de una superficie de 6.25 has, ubicado en la jurisdicción del Cantón Mocache, Provincia Los Ríos.-

AUTO INICIAL: VISTOS:, Mocache, miércoles 5 de agosto del 2020, las 09h20, VISTOS: Habiéndoseme reintegrado como Juez Titular a la Función Judicial, tal como

R. del E.

consta de la acción de personal N° 1998-DPLR-2019SB, y mi designación como Juez de esta Unidad Judicial, según consta en la acción de Personal N° 1999-DPLR2019-ZF, y en virtud de lo dispuesto en el Art. 171 y 234 del Código Orgánico de la Función Judicial, en mérito del sorteo de ley y por radicada la competencia, Avoco Conocimiento dentro de la causa N° 12335-202000142, en lo principal se dispone: La demanda presentada por el señor MORAN ROSADO SEVERO SEGUNDO en contra de ELSA MARIA VERA ROMERO, JOSE ENRIQUE VERA MENDOZA, JOSE ENRIQUE VERA ROMERO, JULIO ENRIQUE VERA ROMERO y MARTHA CECILIA VERA ROMERO, en sus calidades de herederos presuntos y desconocidos de quien en vida se llamó VERA BUSTAMANTE

UNIDAD JUDICIAL PRIMERA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTON QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RÍOS.

A: DIÓGENES WILFRIDO MORÁN ORTIZ

SE LE HACE SABER: Que por sorteo le correspondió conocer a esta Unidad la demanda de trámite SUMARIO del presente juicio INCIDENTE DE AUMENTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA N°12203-2017-02036, presentada por MARLENE JAKELINE IZA ZAPATA en contra de DIÓGENES WILFRIDO MORÁN ORTIZ cuyo extracto es como sigue: ACTORA: MARLENE JAKELINE IZA ZAPATA DEMANDADO: DIÓGENES WILFRIDO MORÁN ORTIZ OBJETO DE LA DEMANDA: Señora Jueza, cumpliendo con vuestra disposición, me permito adjuntar contestación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, asimismo en el caso de la contestación de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), ya se encuentra incorporado a los autos; por lo que, una vez recibidas y revisadas todas las contestaciones emitidas por las instituciones oficiadas, se advierte que no consta información precisa respecto del domicilio del demandado.

En consecuencia, se evidencia que se han agotado todas las diligencias pertinentes para determinar el domicilio real del señor Diógenes Wilfrido Morán Ortiz, portador de la cédula de ciudadanía No. 1711873313, acreditándose la imposibilidad material de establecer un lugar cierto para su localización. Por los fundamentos expuestos, y en virtud de la imposibilidad de determinar la individualidad, domicilio o residencia del demandado Diógenes Wilfrido Morán Ortiz, habiéndose agotado todas las diligencias necesarias para tratar de ubicarlo —declaración que la realizo bajo juramento—, SOLICITO: se disponga la CITACIÓN A TRAVÉS DE LA PRENSA, mediante publicaciones en un periódico de amplia circulación del lugar, conforme lo establecido en los artículos 53 y 56 del Código Orgánico General de Procesos y el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador.

Fundamento mi demanda conforme lo establece el Art. 44,45,69,1.5,,83.16 de la Constitución de la República , Convención sobre los Derechos del Niño Art 27,30,31 , ART.142,144,157,174,193,194 DEL gogep, aRT.20 Y 26 del Código de la Niñez y Adolescencia.

TRÁMITE: SUMARIO

JUEZA DE LA CAUSA: Dentro del Trámite de INCIDENTE DE AUMENTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA N.- 12203-2017-02036, presentado por MARLENE JAKELINE IZA ZAPATA en contra de DIÓGENES WILFRIDO MORÁN ORTIZ

En lo principal: a) Cítese al señor Diógenes Wilfrido Morán Ortiz, por medio de la prensa, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 56 numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos, por lo que se dispone que la Secretaría de la Unidad confiera el extracto correspondien te y se publique en uno de los Diarios de mayor circulación que se editan en esta localidad, publicación que se hará con letra tipo helvática, con tamaño de fuente No. 8 y a doble columna, previo a realizarse el extracto de la publicación que la parte accionante realice la declaración de que es imposible determinar la individualidad, el domicilio o residencia del demandado, pudiendo comparecer a esta dependencia al cualquier día y hora hábil hasta por el término de CINCO DÍAS.Lo que comunico a usted para los fines legales consiguientes, advirtiéndole la obligación que tiene de señalar casillero judicial para las notificaciones correspondientes, dentro de los veinte días posteriores a la tercera y última publicación de esta Citación, caso contrario será declarado en rebeldía. Quevedo, 28 de abril del 2026

Ab. Nadia Petita Rosado Pita.Msc. SECRETARIA DE UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER,NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTON QUEVEDO LOS RIOS-QUEVEDO

ENRIQUE MELECIO, es clara, precisa y cumple con los requisitos legales previstos en los artículos 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), por lo que se califica y admite a trámite mediante procedimiento ordinario. Previo a disponer la citación a los demandados se dispone, que el actor comparezca a reconocer bajo la gravedad de juramento el desconocimiento o individualización del domicilio de los demandados, hecho que fuere se procederá a citarlos de acuerdo a lo establecido en el art 56 numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos, y por medio del actuario del despacho se realice el extracto correspondiente., Conforme a lo dispuesto en el artículo 291 del Código Orgánico General de Procesos, se concede a los demandados el término de treinta días, para que conteste la demanda en la forma establecida en el artículo 151 del mismo cuerpo normativo. 2).- Previo a las citaciones de los demandados, inscríbase la demanda y este auto inicial, en el Registro de Propiedad del Cantón Mocache, en las respectivas matrículas inmobiliaria que se detallan en la demanda, cuya razón de inscripción, servirá el accionante presentar el recibo de su presentación en el término de 3 días.3).- Por tratarse de un Predio Rural, cuéntese con el señor Alcalde y Procurador Síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mocache, a quienes se los citará con el contenido de la demanda, auto inicial y más diligencias actuadas, para que se pronuncie o emita su criterio en cuanto a las pretensiones de los comparecientes dentro del juicio de Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio, conforme a la Disposición General Décima de la Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD. 4.- Cuéntese Con la Subsecretaria de Tierras de la ciudad de Babahoyo o de Guayaquil, asi como con el Procurador General del Estado, a quienes se lo deberá notificar para lo cual realícese el deprecatorio dirigido a uno de los Jueces de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Babahoyo y Guayaquil, respectivamente. - Agréguese la documentación aparejada a la demanda. Tómese en cuenta la autorización realizada a su defensor, así como también el correo electrónico señalado para sus notificaciones. CÍTESE Y NOTIFÍQUESE.FUNDAMENTOS DE DERECHO: La presente acción la fundamento en los Art. 142, 143, 144, 289 y 290 del COGEP; 306, 715, 2398, 2405, 2410 y 2411 del Código Civil en vigencia;TRÁMITE. - ORDINARIO. CUANTÍA. - La cuantía por su naturaleza es indeterminada.

JUEZ DE LA CAUSA.Ab. Jimmy Iza Barahona, Juez Titular de la Unidad Multicompetente con sede en el Cantón Mocache -Los Ríos. Lo que comunico a usted, para los fines legales

AVISOS LOS RÍOS

pertinentes, previniéndole de la obligación que tiene de señalar casilla judicial y/o correo electrónico, para futuras notificaciones, dentro de los veinte días posteriores a la tercera y última publicación de este extracto, caso contrario se lo considerará y se continuará el trámite en rebeldía. Mocache, Diciembre 5 del 2025.

MSC. ADALBERTO ARREAGA SORIANO SECRETARIO (E) UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN MOCACHE.P-1335-01-72

Juicio No. 12201-202600187 UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN BABAHOYO. Babahoyo, miércoles 29 de abril del 2026, a las 15h05. UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN BABAHOYO – LOS RIOS EXTRACTO DE CITACIÓN

A: HEREDEROS DESCONOCIDOS DE BARREIRO WELLINGTON JOSEFINA DEL ROCIO (+), ASÍ COMO LAS DEMÁS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO O INTERÉS DENTRO DE ESTA ACCIÓN. SE LES HACE SABER LO SIGUIENTE: PROCESO NÚMERO: 122012026-00187.

JUEZA DE LA CAUSA: ABG. SIUKIEN MARIEL WONG CRUZ.

ASUNTO: DECLARATORIA DE UNIÓN DE HECHO POST-MORTEM. ACTOR/A: VILLAMARIN LARA HUGO RAMIRO. DEMANDADO/A: JUAN ANDRES VILLAMARIN BARREIRO, CAROLINA DAJAIRA VILLAMARIN BARREIRO, JOSSELIN ESTEFANIA VILLAMARIN BARREIRO. Que en esta Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Babahoyo, se ha presentado la demanda de DECLARATORIA DE UNIÓN DE HECHO POST-MORTEM, signado con el N° 122012026-00187, propuesta por VILLAMARIN LARA HUGO RAMIRO; en mérito de lo actuado, la Sra. Jueza, de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Los Ríos en Babahoyo, Abg. Siukien Wong Cruz, avoca conocimiento de la demanda de DECLARATORIA DE UNIÓN DE HECHO POST-MORTEM, mediante Auto de Calificación  de fecha, martes 7 de abril del 2026, a las 11H52, la misma que se califica y se admite a trámite en procedimiento ORDINARIO, por reunir los requisitos legales previstos en los artículos 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos, y entre otras cosas ha dispuesto que se CITE a los herederos herederos desconocidos de BARREIRO WELLINGTON JOSEFINA DEL ROCIO (+), así como las

demás personas que se consideren con derecho o interés dentro de esta acción, con publicaciones que se realizarán en tres fechas distintas, tanto en un periódico de amplia circulación provincial, así como también en un periódico de amplia circulación nacional, esto es, en el Diario El Expreso, la publicación contendrá un extracto de la demanda y del auto de admisión a trámite, de conformidad  a la disposición contenida en los Arts. 58 y 56 del Código Orgánico General de Procesos. OBJETO DE LA DEMANDA: Sra. Jueza con la Lcda. JOSEFINA ROCIO BARREIRO WELLINGTON nos unimos en Sociedad o Unión de Hecho desde el 15 de Junio del año 1986 en la ciudad de Babahoyo, siendo nuestro primer domicilio la planta baja de una casa rentada ubicada en las calles Isaias Chopitea y Avenida 3° de la parroquia Urbana Clemente BaquerizoBabahoyo, donde radicamos un lapso aproximadamente de cinco años, luego de aquello rentamos la Villa N° 3823 manzana 1 de la Ciudadela “El Mamey” cantón Babahoyo, de propiedad por el lapso de unos siete años más o menos, posteriormente rentamos una villa ubicada en las calles García Moreno y Primer Callejón donde vivimos catorce años aproximadamente, luego obtuvimos una casa con crédito hipotecario del IESS, compramos una vivienda en la Urbanización Ciudad del Valle Manzana B, villa 6 de ésta ciudad de Babahoyo donde vivimos hasta el día del fallecimiento en ésta ciudad de mi conviviente la Lcda., Josefina Rocio Barreiro Wellington, y continuo viviendo en la actualidad.  Nuestro primer hijo Juan Andrés Villamarin nace el 3 de Agosto de 1988, nuestra hija Carolina Villamarín nació el 31 de Mayo de 1990; y, nuestra tercera hija Josselyn Villamarín el 13 de Septiembre de 1991, todos nacieron en la Clínica German de ésta ciudad de Babahoyo; Unión de hecho conformada por el lapso de treinta y nueve años aproximadamente con el propósito de formar una familia, vivir juntos, procrear y auxiliarnos mutuamente, formando por tanto una Unión estable y monogámica, tratándonos como marido y mujer tanto en nuestra vida diaria así como en las relaciones sociales con nuestras respectivas familias, amistades y vecinos, lo cual ha sido público y notorio, corroborado con la existencia de nuestros tres hijos en la actualidad todos mayores de edad. Que conforme lo tengo indicado esta convivencia de Unión de Hecho estable y monogámica, libre de vínculo matrimonial se mantuvo por el lapso aproximado de treinta y nueve años hasta que dolorosamente para el suscrito, mis hijos y demás familiares el día 22 de Julio del 2025 falleció mi conviviente JOSEFINA ROCIO BARREIRO WELLINGTON. Ante el fallecimiento de mi convi-

viente y madre de mis hijos JOSEFINA ROCIO BARREIRO WELLINGTON es necesario establecer la existencia de la Unión de Hecho Post mortem para realizar los trámites pertinentes ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de ésta manera acceder a los beneficios de montepío y viudez, por lo que desde ya acudo ante la Justicia Ordinaria (Familia) y solicitó una vez agotado el trámite que mediante sentencia o resolución se declare formalmente la existencia de la Unión de hecho que existió y se mantuvo desde el 15 de Junio del año 1986 hasta el 22 de Julio del 2025 que fue la fecha del fallecimiento de la extinta Josefina Barreiro Wellington madre de mis hijos.

PRETENSIÓN: Mi Pretensión Sra. Jueza es de que luego del trámite de Ley, en sentencia y luego del análisis de los fundamentos fácticos y jurídicos y con base a la prueba documental aportada, se declare que entre el compareciente HUGO RAMIRO VILLAMARIN LARA y la causante Sra. JOSEFINA ROCIO BARREIRO WELLINGTON se constituyó una Unión o Sociedad de hecho estable y monogámica que tiene los mismos derechos de una Unión conyugal con las condiciones y características que prevé la Ley, desde el 15 de Junio del año 1986 hasta el día 22 de Julio del año 2025 en que se suscitó el óbito de la causante y que durante ese periodo o lapso debe surtir todos los efectos personales y patrimoniales que dicha unión conlleva, rigiéndose como se tiene indicado por las disposiciones de la sociedad conyugal establecidas en el matrimonio, debiendo disponerse la inscripción de la sentencia en el Registro Civil del cantón Babahoyo, conforme lo dispone el Art 10 numeral 13 de le ley Orgánica de Gestión de identidad y Datos Civiles en vigencia. Transcurridos veinte días desde la última publicación, comenzará a discurrir el término para que los demandados presenten su contestación, propongan las excepciones previas; y, anuncien y agreguen la prueba que se estimen convenientes, conforme lo establece el Art. 151 y ss. del Código Orgánico General de Procesos (COGEP). Conforme a lo dispuesto en el artículo 291 del Código Orgánico General de Procesos, se concede a los demandados el término de treinta días, para que conteste la demanda en la forma establecida en el artículo 151 del mismo cuerpo normativo.

MARTINEZ ESTRADA JULIO CESAR SECRETARIO/A

AVISOS LOS RÍOS

Juicio No. 12203-202600033

UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN QUEVEDO. Quevedo, viernes 17 de abril del 2026, a las 08h39.

UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE QUEVEDO EXTRACTO DE CITACIÓN

A: Cítese a los herederos desconocidos de LUIS ENRIQUE ESTRELLA FABARA

SE LE HACE SABER: Que en esta Unidad Judicial se tramita

el Juicio de DECLARATORIA DE UNIÓN DE HECHO signado con el No.12203-202600033 cuyo extracto es como sigue:

ACTORA La señora: MARÍA CONCEPCIÓN RAMÓN FUENTES. -

OBJETO DE LA DEMANDA: Por reunir los requisitos establecidos en los artículos 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), se califica la demanda de clara, precisa y completa, consecuentemente, se acepta a trámite mediante PROCEDIMIENTO

ORDINARIO de conformidad con lo establecido en el Art. 289 ibídem ; la demanda de DECLARATORIA DE UNIÓN DE HECHO, presentada por la señora MARÍA CONCEPCIÓN RAMÓN FUENTES, en contra de ENRIQUE MAXIMILIANO ESTRELLA ZAMBRANO, JORGE LUIS ESTRELLA ZAMBRANO, MEYVI LILIANA ESTRELLA ZAMBRANO y LUIS MARIO ESTRELLA RAMÓN, quien está representado por la Sra. ROSA VITALIA FUENTES CARRANZA, Curadora Ad-litem; y herederos desconocidos del señor LUIS

ENRIQUE ESTRELLA FABARA , cuyo extracto dice lo siguien-

Juicio No. 12U03-2025-00402

te: Es el caso que el día 17 de mayo del 2012, contrajimos matrimonio civil con el señor Luis Enrique Estrella Fabara, y mi persona, de nuestra relación matrimonial procreamos nuestro hijo menor de edad que responde a los nombres de Luis Mario Estrella Ramón, de 13 años de edad, matrimonio que dió origen de divorcio, decidimos disolver nuestro matrimonio por problemas económicos realizando la respectiva marginación el día 29 de septiembre del 2017, continuando con nuestra convivencia estable y monogámica , en forma libre, voluntaria encontrándonos ambos divor-

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN BUENA FE. Buena Fe, lunes 9 de marzo del 2026, a las 15h01. R. del E. UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN BUENA FE, PROVINCIA DE LOS RÍOS EXTRACTO DE CITACIÓN

A: HEREDEROS DESCONOCIDOS DEL CAUSANTE: FRANKLIN VINICIO SANGACHA ROSARIO. Judicial Multicompetente con sede en el cantón Buena Fe, Provincia de Los Ríos, la demanda DECLARATORIA DE UNIÓN DE HECHO, dentro del juicio N° 12U03-2025-00402 que sigue la señora QUIÑONEZ ORDOÑEZ HEIDY MARCELA, en contra de los herederos desconocidos de la causante FRANKLIN VINICIO SANGACHA ROSARIO, cuyo extracto es como sigue:

ACTOR: QUIÑONEZ ORDOÑEZ HEIDY MARCELA. OBJETO DE LA DEMANDA: LA NARRACIÓN DE LOS HECHOS DETALLADOS Y PORMENORIZADOS QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO A MI PRETENSIÓN, SON LOS SIGUIENTES:

6.- Los fundamentos de derechos que justifican el ejercicio de esta acción los expongo con claridad y precisión, en el sentido de que esta demanda la fundamento de conformidad con el Art. 67 y 68 de la Constitución de la República del Ecuador, Art. 222, 223 y 232 del Código Civil, que regula las uniones de hecho, numerales 1 y 5 del Art. 240 del Código Orgánico de la Función Judicial; y Art. 289 del Código Orgánico General de Procesos, dando de esta manera cumplimiento a lo señalado en el Art. 142, numeral 6 del Código Orgánico General de Procesos.

5.I.- ANTECEDENTES. - Señor Juez, hago a usted del particular, esto es; que con fecha 7 de octubre del año 2021, mi persona en calidad de compareciente de estado civil soltera y el señor FRANKLIN VINICIO SANGACHA ROSARI, quien tenía su estado civil soltero decidimos, por amos formar nuestro hogar y dar por inicio nuestra relación marital mediante unión de hecho, la misma que fue publicada estable y monogámica, con el fin de vivir juntos, procrear, apoyamos y auxiliarnos mutuamente, como marido y mujer.

5.2.- Formando así nuestro hogar en nuestra vivienda ubicada en la Parroquia Patricia Pilar, jurisdicción del Cantón Buena Fe Provincia de Los Ríos, desde la fecha de inicio de nuestra relación que fue el día 7 de octubre del año 2021, hasta el dia de su fallecimiento acaecido el día 24 de abril del año 2025, a causa de A) HEMORRAGIA INTRACRANEAL, LACERACIÓN CEREBRAL FRACTURA DE CRÁNEO, TRAUMATISMO CRÁNEO ENCEFÁLICO, HERI (Ver acta de la inscripción de la defunción que adjunto).

5.3.- Beneficios a los cuales actualmente tengo derecho de recibir por parte contratante y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de acuerdo a la Ley, me corresponde en calidad de conviviente por ser viuda del extinto señor FRANKLIN VINICIO SANGACHA ROSARI, POR HABER SIDO SU CONVIVIENTE, hasta su fallecimiento. 5.4.- Producto de nuestra relación marital por más de 3 años con mi difunto conviviente señor FRANKLIN VINICIO SANGACHA ROSARI, si Procreamos un hijo en común: Señores Directores de los Diarios: Este extracto debe publicarse en un espacio no menor a dos columnas por 8 cm. de alto. Letra Helvetica, tamaño 8. CUANTÍA: INDETERMINADA. -

ACCIÓN: ORDINARIO - DECLARATORIA DE UNIÓN DE HECHO.AUTO INTERLOCUTORIO DE CALIFICACIÓN, JUEZ DE LA CAUSA: VISTOS: En vista de la razón actuarial de fecha 15 de julio del 2025, a las 11h28, la misma que se pone en conocimiento de las partes procesales; Incorpórese al proceso el escrito presentado por la parte actora. En lo principal, avoco conocimiento en legal y debida forma de la presente causa y dispongo lo siguiente: 1.- La demanda de DECLARACIÓN DE LA EXISTENCIA DE UNIÓN DE HECHO presentada por la señora HEIDY MARCELA QUIÑONEZ ORDOÑEZ, en contra de KLEBER JESUS QUIÑONEZ CANCHINGRE, por reunir los requisitos establecidos en los artículos 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), se califica de clara, completa y precisa, consecuentemente, se acepta a trámite mediante procedimiento ordinario. En tal virtud, se dispone: 1. CITACIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 y 55 del COGEP, la citación a la parte demandada señor KLEBER JESUS QUIÑONEZ CANCHINGRE, se realizará por intermedio del personal de la Oficina de Citaciones y Notificaciones de esta Unidad Judicial en el domicilio señalado por la parte actora, para cual se adjuntará la demanda, copia certificada de los documentos adjuntos y este auto inicial. 2. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. De conformidad con el inciso segundo del artículo 291 del COGEP, la parte demandada tiene el término legal máximo de treinta (30) días para contestar la demanda una vez realizada la última citación, lo que incluye señalar casilla judicial en este cantón y correo electrónico para recibir sus notificaciones conforme estipula el artículo 66 ibídem. De igual forma, la parte demandada al contestar la demanda cumplirá lo dispuesto en el artículo 151 del COGEP y, además, deberá acompañar y anunciar en su contestación todos los medios probatorios destinados a sustentar su contradicción, precisando toda información que sea necesaria para su actuación de acuerdo a lo estipulado en el artículo 152 ibídem. 3. ANUNCIO PROBATORIO. De acuerdo a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 146 del COGEP, sobre el anuncio probatorio presentado esta autoridad se pronunciará en la respectiva audiencia. 4. CUANTÍA Y PROCEDIMIENTO. La cuantía es indeterminada y el procedimiento en el que debe sustanciarse la causa es el ordinario de conformidad con lo dispuesto en el artículo 289 del COGEP. 5. AUDIENCIA PRELIMINAR. La audiencia preliminar se convocará dentro del término previsto en el artículo 292 del COGEP y se desarrollará en la forma señalada en el artículo 294 del mismo cuerpo normativo. 6. NOTIFICACIONES. La parte actora deberá ser notificada en las casillas electrónicas de la defensa que autoriza, así como en su correo electrónico personal, si fuera el caso. NOTIFÍQUESE y CÍTESE.Lo que comunico a ustedes para los fines legales consiguientes, advirtiéndoles la obligación que tienen de señalar casillero judicial electrónico para las notificaciones correspondientes. Buena Fe,Marzo 09 del 2026.-

TOSCANO

MENDOZA NARCISA MARLENE SECRETARIO/A (RT)

ciados, por amor decidimos continuar con nuestro hogar y dimos por iniciada nuestra unión de hecho estable monogámica con el fin de vivir juntos, apoyarnos y auxiliarnos mutuamente desde el 30 de septiembre del 2017 y culminó el 19 de julio del 2023, por el fallecimiento del señor Luis Estrella Fabara. viviendo en la Parroquia Nicolas Infante Diaz, barrio Los Ceibos, calle 15 de Noviembre entre la 3ra y 4ta, jurisdicción del Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos. - Los Fundamentos de derecho que justifican el ejercicio de esta acción son:art 66 numeral 28, art 68, art. 75, art. 76, art 82 de la Constitución, Art 222, 223 del Código Civil, Arts. 18, 22, 23, 27,233 Y 234, del Código Orgánico de la Función Judicial.TRÁMITE: ORDINARIO CUANTÍA: INDETERMINADA JUEZA DE LA CAUSA: Ms. Fabiola Lagos Vargas: CUARTO: CITACIÓN A HEREDEROS DESCONOCIDOS. - Cítese a los herederos desconocidos de LUIS ENRIQUE ESTRELLA FABARA, en la forma prevista en los Art. 56 y 58 del COGEP, esto es mediante publicaciones que se realizarán en tres fechas distintas, en un periódico de amplia circulación de este cantón. De no haberlo, se harán en un periódico de la capital de provincia, asimismo de amplia circulación. Si tampoco hay allí, en uno de amplia circulación nacional. La publi-

cación contendrá un extracto de la demanda o solicitud pertinente y de la providencia respectiva. Las publicaciones íntegras se agregarán al proceso. El término de los herederos desconocidos para contestar la demanda, correrá transcurridos 20 días desde la última publicación; Quevedo, 17 de Abril del 2026

GUANOPATIN MENDOZA ANGELICA JACQUELINE SECRETARIO/A P-1348-01-72

Juicio No. 12203-2026-00191

UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN QUEVEDO, Quevedo, lunes 20 de abril del 2026, a las 11h31.

UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE QUEVEDO EXTRACTO DE CITACIÓN

A: herederos desconocidos del señor TELMO GUILLERMO CAMPUSANO MERA.

SE LE HACE SABER: Que en esta Unidad Judicial se tramita el Juicio de DECLARATORIA DE UNIÓN DE HECHO signado con el No.12203-2026-00191 cuyo extracto es como sigue:

ACTORA La señora: CELSA VICTORIA AGUIRRE MORÁN. -

REPUBLICA DEL ECUADOR CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE EN EL CANTON EL EMPALME EXTRACTO DE CITACION

A: HEREDEROS DESCONOCIDOS DE LUIS ALBERTO BRIONES MUENTES

SE LE HACE SABER: Que por sorteo de ley corresponde a este Unidad Judicial Multicompetente Civil con sede en el cantón El Empalme conocer la causa de AUTORIZACIÓN DE VENTA DE BIENES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y, DE PERSONAS SOMETIDAS A GUARDA Nº 09204-202600044, cuyo extracto es como sigue:

ACTOR: FELIZA MARLENE CHAMBA VALAREZO por los derechos que representa su hijo LUIS JAVIER BRIONES CHAMBA.

DEMANDADA: ROSA ANGELICA BRIONES CHAMBA; DAYANA ELIZABETH BRIONES CHAMBA.

OBJETO DE LA DEMANDA: La parte actora solicita que en sentencia y previo al trámite correspondiente, se disponga emitir la correspondiente Autorización Judicial, para proceder con la venta de los acciones y derechos hereditarios que tienen LUIS JAVIER BRIONES CHAMBA, en relación a los bienes descritos en la presente demanda.

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE EN EL CANTON EL EMPALME. PROVINCIA DEL GUAYAS 29/04/2026 08:08 Admisión a trámite: Al amparo de los Arts. 334 y 335 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP). Se califica la demanda y admite a trámite mediante Procedimiento Voluntario. CITACIÓN: CÍTESE: A. ROSA ANGELICA BRIONES CHAMBA; DAYANA ELIZABETH BRIONES CHAMBA, con copia de la demanda, y este auto de sustanciación inicial, en el lugar en que se indica en la demanda, por medio del Citador de esta Unidad Judicial. Quienes deberán estar a lo que dispone el Art. 336 del COGEP. Hecho que sea la citación, se procederá a la convocatoria a audiencia. Una vez que haya sido citada, la accionada debe comparecer, y contestar la demanda y presentar sus anuncios probatorios en cumplimiento de los Arts. 151 y 152 del COGEP, de no hacerlo, se estará a lo que dispone el Art. 157 ibidem. CITACION. Cítese por la prensa, mediante tres publicaciones, esta deberá realizarse en uno de los diarios de mayor circulación en la capital de la provincia del Guayas, a los herederos desconocidos del causante LUIS ALBERTO BRIONES MUENTES Actúe el abogado José Antonio Zúñiga Santana, en calidad de secretario titular de este despacho. Cítese, Notifíquese y Cúmplase.

El Empalme, 29 de abril del 2026.

AB. JOSE ANTONIO ZUÑIGA SANTANA SECRETARIO

P-1345-01-72

OBJETO DE LA DEMANDA: Por reunir los requisitos establecidos en los artículos 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), se califica la demanda de clara, precisa y completa, consecuentemente, se acepta a trámite mediante PROCEDIMIENTO ORDINARIO de conformidad con lo establecido en el Art. 289 ibídem ; la demanda de DECLARATORIA DE UNIÓN DE HECHO, presentada por la señora CELSA VICTORIA AGUIRRE MORÁN, en contra de la señora VICTORIA ELIZABETH CAMPUZANO AGUIRRE y herederos desconocidos del señor TELMO GUILLERMO CAMPUSANO MERA , cuyo extracto dice lo siguiente: Cuando yo tenía 23 años de edad y Telmo Campuzano Mera, tenía 26 años, nos unimos en forma libre, voluntaria encontrándonos ambos solteros y libres de vínculo matrimonial, por amor y formamos nuestro hogar y dimos por iniciada la unión de hecho estable y monogámica, formando nuestro hogar desde el 10 de enero de 1960, desde entonces formamos nuestro hogar que lo teníamos ubicado en el Kilómetro ½ en la vía Quevedo, Empalme, lotización Carolina M2-1, en la vía Quevedo jurisdicción del Cantón Quevedo, procreamos dentro de nuestra unión de hecho una hija mayor de edad de nombres Victoria Elizabeth Campuzano Aguirre.Solicito se declare la UNIÓN DE HECHO existente entre Celsa Victoria Aguirre Morán y Telmo Guillermo Campuzano Mera, desde el 10 de enero de 1960 hasta el 12 de enero del 2026, fecha en la que él falleció.- FUNDAMENTOS DE DERECHO; Los fundamentos de derecho que justifican mi acción son: Art. 66 numeral 28, Art. 68, Art. 75, Art.76 Art. 82, Art. 222 y 223 del Código Civil, Arts. 18, 22, 23, 27, 28, 233 y 234 del Código Orgánico de la Función Judicial, y Arts. 141, 142, 143, 144, 187 y 289 del COGEP.

TRÁMITE: ORDINARIO CUANTÍA: INDETERMINADA JUEZA DE LA CAUSA: MSC. FABIOLA LAGOS VARGAS: CUARTO: CITACIÓN A HEREDEROS DESCONOCIDOS. - TERCERO: CITACIÓN A HEREDEROS DESCONOCIDOS. - Cítese a los herederos desconocidos de TELMO GUILLERMO CAMPUSANO MERA, en la forma prevista en los Art. 56 y 58 del COGEP, esto es mediante publicaciones que se realizarán en tres fechas distintas, en un periódico de amplia circulación de este cantón. De no haberlo, se harán en un periódico de la capital de provincia, asimismo de amplia circulación. Si tampoco hay allí, en uno de amplia circulación nacional. La publicación contendrá un extracto de la demanda o solicitud pertinente y de la providencia respectiva. Las publicaciones íntegras se agregarán al proceso. El término de los herederos desconocidos para contestar la demanda, correrá transcurridos 20 días desde la última publicación.Quevedo, 20 de Abril del 2026

“DECIDIMOS VOLVER CON MI ESPOSA Y DAR LA CARA”, DICE LENÍN MORENO

El exmandatario quiere confiar en la justicia y que se declare su inocencia en el caso Sinohydro, pero dice que durante el Gobierno de Rafael Correa la “burocracia” en la Función Judicial se “infló” y cree que eso contribuyó a sostener la acusación en su contra por presunto cohecho.

Lenín Moreno y su esposa Rocío González asistirán hoy, 11 de mayo de 2026, a la audiencia de juicio fijada para las 08:30 en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito

La pareja no vino solo por el llamado a juicio por el caso Sinohydro , así lo confirma en diálogo con LA HORA el propio Moreno, exvicepresidente de Ecuador entre 2007 y 2013, y expresidente de la República entre 2017 y 2021.

P. ¿Lenín Moreno y su familia asistirán de forma presencial o virtual a la audiencia de juicio?

En el caso Sinohydro la Fiscalía investigó una presunta red de corrupción , en relación con el proyecto hidroeléctrico CocaCodo Sinclair , que habría funcionado entre los años 2009 y 2018. Según la Fiscalía , se habrían pagado alrededor de $76 millones en coimas supuestamente entregadas por Sinohydro Corporation durante la contratación y ejecución del proyecto.

Se persigue un presunto delito de cohecho y entre los acusados que fueron llamados a juicio están Moreno en calidad de supuesto autor directo cuando fue vicepresidente de Correa, su esposa y su hija Irina Moreno (ambas en calidad de supuestas cómplices). David Meza es el abogado de los tres.

Moreno y González asistirán de forma presencial a la audiencia: “Claro que sí, así es, como debe ser. No se olvide que junto con todo el pueblo ecuatoriano rescatamos la institucionalidad , hay que aprender a respetar”, precisa el exmandatario. Su hija Irina Moreno asistirá por vía telemática, desde Miami, Estados Unidos “Nosotros no estamos

obligados, ni ella tampoco, a asistir en persona (a la audiencia), lo estamos haciendo únicamente para demostrar buena fe ”, expone el expresidente. Él tiene una discapacidad física y usa silla de ruedas. No contará con seguridad privada para asistir a la audiencia, no le preocupa: “No creo que necesitemos, realmente. Aspiro que la guardia que tienen allá sepa proteger a las personas que asistimos al juicio”.

Meza ratificó que la audiencia está convocada a

las 08:30 de hoy. Pero el exmandatario dice que la hora de su llegada podría variar. “Yo tengo que hacerme un tratamiento médico todos los días, la hora siempre queda un poco abierta”, anticipa.

P. Lenín Moreno regresó a Ecuador no solo por la audiencia de juicio Moreno y su esposa llegaron a Quito el 6 de mayo de 2026 desde Paraguay , donde residían. Cuenta los motivos de su retorno. · Extrañaba Ecuador: “Uno

no puede estar de forma permanente lejos de la tierra que uno quiere tanto”.

· La razón que ya no permitiría: “Pensé que ya era hora de venir al país. No tenía ninguna razón para no venir antes, que no sea el haber recibido excesivas amenazas por parte de las huestes (seguidores) correístas desde que perdieron las elecciones en el 2021. Mi WhatsApp y mi correo estaban llenos de mensajes amenazantes que fueron subiendo de tono, amenazando incluso mi vida”. Eso hizo que Moreno acepte una propuesta laboral en Estados Unidos y luego en Paraguay.

La audiencia de juicio fue el principal motivo. “Fui llamado al inicio del juicio para el día lunes (11 de mayo de 2026)”.

El retorno de Moreno no es temporal. “Yo he venido a quedarme en mi país. Aquí quiero vivir el resto de la vida que me queda”, afirma.

P. ¿Qué expectativa tiene Lenín Moreno sobre la audiencia de juicio? Moreno tiene una expectativa: “Si la justicia se acoge a las pruebas que se han presentado y a la falta de seguridad en las acusaciones, en ese momento debe declarar nuestra inocencia. De todas formas, estamos a la expectativa y siempre seremos cumplidores de cada una de las convocatorias que haga la CNJ”. Moreno recalca que no tuvo responsabilidad en el caso investigado: “Yo no tenía, en primer lugar, ninguna disposición por parte del (ex)presidente Rafael Correa de ejercer ninguna función respecto de los sectores estratégicos . La única persona que trabajaba sobre sectores estratégicos y obras emblemáticas era Jorge Glas (actualmente en prisión) ”.

EL DATO

Lenín Moreno tiene actualmente 73 años y vivió en Paraguay poco más de cuatro años.

Dice que su abogado recopiló información de las pericias de cada acusación para desmentirlas “No hay absolutamente ninguna razón para hacer una acusación”. Por eso enfatiza en su retorno: “Decidimos volver con mi esposa y dar la cara, que es lo más importante, al saber que hemos presentado todas las pruebas, que se han rebatido todas aquellas acusaciones que se forjaron por parte, en un inicio, del correísta Ronny Aleaga (exasambleísta de la Revolución Ciudadana -RC), que recibió la orden de Correa de acusarme de cohecho en el tema de Coca-Codo Sinclair”.

Aunque prefiere confiar en la justicia, Moreno no descarta la posibilidad de que haya intervenciones “extrañas”. Tiene una sospecha: “En el periodo de Correa se infló la burocracia y también la burocracia de la Fiscalía. Hay mucha gente adentro que es la que ha estado, de alguna forma, alimentando las investigaciones para que coincidan casualmente con las acusaciones que se hacían por medios digitales”.

Lenín Moreno reacciona sobre algunas declaraciones e hipótesis que surgieron alrededor de su retorno.

P. Gabriela Rivadeneira, presidenta de la RC, dijo que su retorno fue con parsimonia (tranquilidad), ¿hay algún tipo de acuerdo con el Gobierno de Daniel Noboa?

Ni con el presidente Noboa ni con sus ministros, nunca he hablado con ninguno de ellos. Son las típicas presunciones sin ningún fundamento de esta gente. Siempre está pensando mal de las cosas. Siempre han actuado con mucha siniestralidad y no veo por qué ahora sea diferente. (KSQ)

Lenín Moreno, expresidente de Ecuador, espera que al final de la audiencia de juicio sea declarado inocente. (Foto: Cortesía).

Guerra comercial con Colombia golpea autos, medicinas y alimentos

La escalada arancelaria entre Ecuador y Colombia ya provocó una caída de $117 millones en el comercio bilateral en apenas dos meses, desplomó importaciones por Rumichaca y ahora golpea a sectores clave como vehículos, repuestos, medicinas, alimentos, floricultura y manufactura.

Lo que comenzó como una “ tasa de seguridad ” para financiar el control en la frontera norte terminó convirtiéndose en una guerra comercial que ya pasa factura a empresas, consumidores y cadenas productivas de Ecuador y Colombia.

La promesa oficial era recaudar cerca de $400 millones para reforzar la seguridad fronteriza. Pero, según Roberto López, economista y experto en comercio exterior, esa meta nació con un problema de origen: mientras más alto es el arancel, menor es el comercio y, por tanto, menor la recaudación.

“La respuesta directa es no, eso es imposible económicamente”, advierte López. La razón es simple: cuando se castiga con aranceles las importaciones, el comercio cae y el Estado termina recaudando menos de lo previsto.

Eso ya está ocurriendo. En apenas dos meses de tensión comercial entre ambos países, el intercambio bilateral, sumando exportaciones e importaciones, cayó de $430 millones a $313 millones, según cifras citadas por el Ministerio de Producción y Comercio Exterior

El resultado inmediato: una pérdida de $117 millones en apenas dos meses.

Si esa tendencia se mantiene durante el resto del año, las pérdidas podrían bordear los $700 millones. Pero con aranceles del 100%, el golpe podría superar incluso los $1.000 millones o $1.500 millones.

En términos prácticos, la medida es lo mismo que “cerrar la frontera”.

Sectores ecuatorianos golpeados

Aunque Colombia respondió con aranceles escalonados, de 35%, 50% y 75%, y no con un castigo generalizado del

100%, varios sectores ecuatorianos ya están sintiendo el impacto.

Los productos que lograron salvarse de los mayores castigos fueron justamente los más importantes para Ecuador:

· Camarón. Crustáceos. Atún en conserva.

· Tableros de madera MDF . Estos cuatro rubros representan cerca del 50% de las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia; y tienen un 40% de arancel

Colombia decidió no golpear con más fuerza estos sectores porque reemplazarlos rápidamente habría generado inflación y escasez dentro de su propio mercado.

Pero otros sectores sí quedaron atrapados en la guerra comercial.

Entre los más afectados están:

Cuadernos y libretas. Libros impresos.

· Cocinas a gas. Refrigeradoras. Productos plásticos.

· Acero. Aluminio. Derivados de petróleo.

· Café.

Azúcar. Aceite de palma.

· Pinturas.

· Neumáticos.

Textiles.

· Calzado.

· Papel y cartón.

En total, cerca de 190 partidas arancelarias ecuatorianas enfrentan ahora restricciones.

El impacto no será uniforme. Para algunas industrias, Colombia representa una porción crítica de su mercado:

Productos de madera: entre 20% y 25% de sus ventas

Aceites y grasas: 45%

· Plásticos: 30%

Acero: 28%

Papel y cartón: 45%

· Calzado: 62%

Textiles: 33%

Arroz: 95%

El caso del arroz es particularmente delicado. Colombia absorbe casi todo el arroz ecuatoriano exportado. Si ese mercado se cierra, el exceso de producción provoca caída de precios internos, pérdidas para productores y nuevas tensiones sociales en la Costa.

No sería un escenario nuevo: durante la pandemia ya hubo protestas de arroceros cuando se frenó temporalmente el comercio.

Automotores y repuestos

La industria automotriz ecuatoriana también comenzó a reflejar con claridad el impacto de la disputa bilateral.

Datos de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae) muestran que las ventas de vehículos provenientes de Colombia cayeron a su nivel más bajo en al menos cinco años.

Entre enero y abril de 2026 se comercializaron apenas 1.200 unidades , frente a 2.103 vehículos vendidos en el mismo período de 2025

Eso representa una caída de 42,9%. La contracción coincide con la escalada arancelaria entre ambos países, luego de que Ecuador aplicara recargos de hasta 100% a productos colombianos. Aunque recientemente el Gobierno redujo la sobretasa al 75%, el golpe al sector ya está en marcha. Los vehículos ensamblados en Colombia tienen una

segmentos donde los modelos colombianos tenían alta participación por precio y disponibilidad.

El golpe que puede romper el bolsillo

El impacto más inmediato se siente dentro de los hogares ecuatorianos. Esto ocurre porque Ecuador depende de Colombia para cientos de productos que sirven como materia prima, insumos industriales o bienes de consumo final. Aquí aparece el problema más delicado: Ecuador sí impuso un arancel general del 100% a prácticamente todas las importaciones colombianas. Eso encarece directamente productos esenciales.

Entre los sectores más expuestos están:

1

Cosméticos e higiene.

fuerte presencia en segmentos de consumo masivo y de trabajo en Ecuador, especialmente por sus precios más accesibles.

Entre los modelos más comercializados están Renault Duster Intens y Zen, Renault Stepway, Renault Logan Zen, Renault Kwid Zen, Chevrolet Joy hatchback, Chevrolet Joy sedán y camiones Hino XZU640.

Pero el impacto no termina en la venta de autos nuevos. El mercado de repuestos también enfrenta presión porque Ecuador mantiene una dependencia importante de autopartes provenientes de Colombia, especialmente en segmentos de mantenimiento y reparación para vehículos livianos y comerciales.

Según datos del sector automotor, alrededor de entre el 20% y el 25% de ciertos repuestos y autopartes comercializados en Ecuador provienen de Colombia, especialmente baterías, filtros, piezas de suspensión, componentes plásticos y partes para vehículos ensamblados en ese país.

El periodista y analista económico independiente, Sebastián Angulo, resume el impacto: el mercado automotor se ha convertido en uno de los sectores más golpeados por la disputa entre Quito y Bogotá, porque afecta vehículos de entrada y de trabajo,

Ecuador importa alrededor de $200 millones al año en productos cosméticos e higiene desde Colombia. Eso representa cerca del 40% de las compras ecuatorianas en este segmento.

Perfumes, cremas, maquillaje y productos de cuidado personal podrían subir de precio rápidamente.

2

Plásticos para floricultura y agricultura. Ecuador importa cerca de $140 millones en productos plásticos colombianos.

Aquí aparece una alerta importante para el sector florícola: muchos plásticos utilizados en invernaderos provienen de Colombia y no se fabrican localmente.

Esto podría elevar costos para uno de los sectores exportadores más importantes del país.

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Medicamentos. Uno de los focos más sensibles. Ecuador compra aproximadamente $125 millones al año en productos farmacéuticos colombianos.

El problema no solo es el encarecimiento. Algunos medicamentos no pueden reemplazarse rápidamente con proveedores de India, China u otros mercados. Eso abre la puerta a escasez temporal, retrasos en entregas, mayores costos para hospitales, dificultades para pacientes crónicos El riesgo es especialmente delicado en tratamientos médicos continuos, como diálisis y enfermedades complejas. (JS)

ARANCELES. La relación comercial entre Ecuador y Colombia está rota.

Polémica por límites a acciones de protección

El proyecto impulsado por el movimiento oficialista ADNl para reformar la Ley de Garantías Jurisdiccionales plantea limitar el uso de acciones de protección y fijar plazos para la Corte Constitucional, lo que ha generado respaldo y críticas entre juristas y ex autoridades.

Un polémico proyecto de Ley, de iniciativa del movimiento de Gobierno ADN, orientado a fortalecer la seguridad jurídica, evitar el uso indebido de las acciones de protección y optimizar los plazos en el sistema de justicia constitucional, abrió un debate fuera de los límites de la Asamblea Nacional.

Se trata de las reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que se tramita en la Comisión de Participación Ciudadana y que, en las próximas semanas volverán al pleno del Legislativo para su aprobación final.

Las alertas apuntan a que la normativa delimita, por ejemplo, las competencias de los jueces para conocer acciones constitucionales y establece reglas para los hábeas corpus. También da

un plazo de 45 días a la Corte Constitucional (CC) para resolver consultas, con la advertencia de que, si transcurrido este lapso no existe un pronunciamiento, el organismo perderá la competencia para resolver el caso. Entre constitucionalistas , abogados y ex autoridades existen criterios diversos sobre las implicaciones que tendría el proyecto, de ser aprobado.

Luis García: “se debería dotar a la Corte de recursos para que responda dentro de los términos propuestos”

Luis García, constitucionalista y ex asesor en la CC, dijo que el Legislativo está facultado a determinar, dentro de un debate político, las reglas que se utilizarán dentro de las garantías jurisdiccionales. Pero aclaró que se deben “marcar las

líneas de juego” para que no contravenga la Constitución.

Por ejemplo, consideró que se debe reflexionar en los límites que se busca implementar. “Las reformas no pueden limitar lo establecido en la Constitución, por jerarquía normativa tienen que respetarse principios para que los derechos no sean vulnerados y entender, además, que la Corte es el máximo organismo de justicia constitucional. Por tanto, tiene una dinámica distinta a un juzgado de instancia”, afirmó.

Insistió que se debe entender, que los plazos que se establezcan tienen que responder a factores técnicos. “No es marcarles plazos o términos de 10, 15, 30 o 50 días pensando que es un número racional, sino realizar ejercicios de derecho com-

El proyecto requiere de, al menos, 77 votos para ser aprobado en el Pleno. EL DATO

titucional. “Y no como ocurre ahora que, en cualquier lugar recóndito del país se plantea una acción, quizá buscando conveniencia o el favor de una judicatura en esos lugares”.

parado o tomar en cuenta las jurisdicciones de otros países”, pidió.

Cree que, si se van a imponer plazos para que despache de manera más célere, también se le debería dotar a la CC de recursos técnicos, humanos y presupuestarios para que responda dentro de los términos propuestos.

“Una mala utilización de los términos y plazos establecidos en la ley podría volver ineficaz el ejercicio de la Corte, y este dique del poder político y los resultados desde la autoridad máxima de justicia constitucional no tendría las condiciones óptimas para poderse llevar a cabo”, señaló.

Marcelo Dueñas: “por un dolor de estómago se plantea una acción de protección”

El abogado penalista, Marcelo Dueñas, vio de manera positiva las reformas que se plantean porque se pretende agilizar, por ejemplo, los trámites de una acción de protección que a veces, en las judicaturas, demoran meses o superan el año para resolver. “Que se acorten plazos para conocer y resolver una acción en 45 días me parece muy positivo”.

También destacó la propuesta de que se fije con claridad el domicilio de acuerdo a la jurisdicción donde se vulnere el derecho cons-

También celebró que se busque limitar la facultad o el derecho que tiene el usuario de plantear la acción de protección pues se observa que de manera indiscriminada “o porque a alguien le duele el estómago se plantea una acción de protección”. Y defendió los plazos que se busca dar a la CC “porque no puede dejarse a criterio o al mal criterio, o a la subjetividad de alargar meses y meses o años (…) si ahora resuelven cronológicamente las acciones planteadas, creo que se tiene que esperar hasta tres años cuando no es de prioridad”. Sugirió que se debería ver la forma de evacuar la carga laboral.

Según cifras de la Asamblea Nacional, entre 2018 y 2022, las acciones de protección se incrementaron en 211 %, pasando de 7.927 a 21.603 casos.

Germánico Maya: “Ley debe ser ampliamente debatida” A criterio del expresidente del Consejo de la Judicatura, Germánico Maya , históricamente, la acción de protección “ha sido la sinvergüencería más grande de la que han hecho uso algunos pícaros para paralizar procesos de designación de autoridades o juicios”, expresó.

No obstante, aclaró que una normativa tan delicada como las garantías constitucionales debe actualizarse en función de la experiencia y el conocimiento “algo que en la Asamblea no hay”, dijo. Para Maya, la ley debe ser ampliamente discutida, socializada y debatida, evitando, sobre todo, que se apruebe entre “gallos y medianoche” para que tengan un efecto a largo plazo. (SC)

Diana Jácome (ADN) dialoga con el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen. (Foto: API)

Caso Ligados: la trama detrás de los siete procesados

Andrés Arauz, Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor, entre otros son los llamados a juicio. Cada uno habría colaborado para designar irregularmente a las autoridades de la Superintendencia de Bancos.

El 17 de abril de 2026, se conoció que, en el caso Ligados, la jueza Daniella Camacho llamó a juicio a siete procesados por el presunto delito de asociación ilícita.

Los investigados por la presunta trama son los ex consejeros del Consejo de Participación y Control Social (Cpccs), Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor Además de la consejera Nicole Bonifaz ; el excandidato presidencial y vicepresidencial del correísmo, Andrés Arauz ; la ex asambleísta del correísmo, Esther Cuesta ; y el exsuperintendente de Bancos, Raúl González.

Según la Fiscalía , entre 2024 y 2025, los procesados habrían pretendido tomar el control de varias instituciones del Estado a través de la designación irregular de sus autoridades, como la Superintendencia de Bancos . También, habrían implementado una estrategia para dilatar o evitar decisiones de la justicia electoral, para mantenerse en sus cargos.

La investigación se dio tras una denuncia y un allanamiento realizado el 24 de enero de 2025 en las instalaciones del Cpccs , donde se incautaron los celulares de Augusto Verduga. La información extraída de esos celulares fue incorporada como elemento de convicción para sustentar el dictamen acusatorio. ¿Qué señaló la Fiscalía de cada uno?

Andrés Arauz Habría sido el encargado de realizar direccionamientos

para hacerse del control del ente rector del Sistema Financiero Nacional, a más de las gestiones que se desarrollaron desde la Asamblea Nacional . Por lo que la Fiscalía acusó al político de tener influencia directa sobre los consejeros procesados.

Además, presuntamente dirigió y coordinó junto con Verduga las acciones a seguir para que Raúl González ejerciera como máxima autoridad de la Superintendencia de Bancos . Habría facilitado las preguntas a Verduga para que él las formule a Roberto Von Buchwald en la presentación de su plan de trabajo en el proceso de selección impulsado en el Cpccs, para perjudicarle, y quien, a cambio de otorgar ayuda a Raúl Agustín González Carrión para que ejerza como Superintendente de Bancos, le exigió la entrega de cuatro cargos de libre remoción en esa institución. Por lo que habría impulsado y direccionado la designación de perfiles para las ternas. Habría coordinado presuntos procesos de fiscalización con el Legislativo para retrasar el cronograma.

Augusto Verduga Según la Fiscalía, incidió directamente en las votaciones internas , incluso interrumpió su licencia de paternidad. Se presume que mantuvo comunicación con Raúl González, a quien le proporcionó documentos y argumentos para ser favorecido con la ratificación como máxima autoridad en la Superintendencia de Bancos.

Y, como consejero del Cpccs habría encabezado un plan al interior de la institución por lo que trasladó a Raúl González el requerimiento de Andrés Arauz de que se otorguen cuatro cargos de libre remoción.

Yadira Saltos

Habría acudido a las reuniones de coordinación realizadas en el domicilio de Verduga para organizar las gestiones en la ratificación de Raúl González. Habría solicitado a Augusto Verduga explicar a Eduardo Franco Loor el plan, para tener el voto favorable. Se presume que el 22 de enero de 2025, en la sesión del Pleno del Cpccs, actuó de manera alineada a los acuerdos llegados y presentaría su moción y voto según el acuerdo.

Eduardo Franco Loor La Fiscalía planteó que se habría alineado a los intereses de la organización, por lo que suscribió con su firma electrónica la solicitud de la convocatoria a la sesión para el 3 de enero de 2025, para que el Pleno del Cpccs trate el tema de Raúl González. Y el 22 de enero de 2025, actuaría alineado a las gestiones acordadas, y apoyó las mociones de sus compañeros.

Nicole Bonifaz

Habría coordinado las gestiones para apoyar con su voto a la ratificación de Raúl González como Superintendente de Bancos , y mantuvo contacto directo con Augusto Verduga el 26 de diciembre de 2024 y 15 de enero de 2025; para

Arauz, excandidato presidencial y vicepresidencial del correísmo. (Foto: API)

Cuesta cuando fue presidenta

coordinar acciones a través de su exasesor Wilson Gallardo, quien se reunió con Verduga.

Esther Cuesta

Al asumir la presidencia (e) de la Asamblea Nacional envió un oficio al Cpccs en el que preguntaba quién debería asumir la titularidad de la Superintendencia de Bancos , este documento habría sido previamente coordinado con Arauz. Por lo que habría aceptado enviar el oficio con la aparente consulta al Cpccs, para evitar la posesión de Roberto Von Buchwald y generar la discusión jurídica que permita al Pleno resolver sobre la ratificación de Raúl González.

Raúl González

Presuntamente, tuvo comunicación directa a través de conversaciones de chat y llamadas telefónicas con Augusto Verduga, y fue convencido para ser favorecido por la asociación para retomar su cargo como Superintendente de Bancos, por lo que habría proporcionado argumentos para defender su designación y posesión por encima de Roberto Von Buchwald, y habría compartido documentos y decisiones de la Corte Constitucional para respaldar su pedido. (DLH)

Andrés

Esther

(e) de la Asamblea. (Foto: Flickr Asamblea)

Augusto Verduga cuando era consejero del Cpccs. (Foto: Flickr Cpccs)

Raúl González en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea. (Foto: Flickr Asamblea)

Yadira Saltos en el Pleno del Cpccs. (Foto: Flickr Cpccs)

Eduardo Franco Loor en la Asamblea. (Foto: Flickr Asamblea Nacional)

Nicole Bonifaz en el Pleno del Cpccs. (Foto: Flickr Cpccs)

EE. UU: cada vez más hombres jóvenes y mayores abandonan el mercado laboral

Uno de cada tres hombres en Estados Unidos ya no trabaja ni busca empleo. Un reportaje de The Washington Post revela cómo jóvenes sin oportunidades y adultos mayores que se jubilan antes están acelerando un cambio histórico en el mercado laboral.

Estados Unidos enfrenta un cambio silencioso que ya preocupa a economistas y autoridades. Millones de hombres están desapareciendo del mercado laboral. No se trata únicamente de desempleo. Cada vez más estadounidenses dejan de trabajar y también dejan de buscar empleo, en una tendencia que ya alcanzó niveles históricos.

Un reciente reportaje de The Washington Post advierte que, en abril de 2026, uno de cada tres hombres en Estados Unidos no estaba trabajando ni buscando empleo. Es el nivel más bajo de

participación laboral masculina desde 1948, excluyendo el impacto extraordinario de la pandemia. El fenómeno refleja un cambio estructural en la economía estadounidense y golpea especialmente a dos grupos: hombres jóvenes que no logran insertarse laboralmente y hombres mayores que están abandonando el trabajo antes de tiempo.

La salida masiva de los llamados “ baby boomers ”, la generación nacida después de la Segunda Guerra Mundial, explica parte del

fenómeno. Muchos hombres mayores están optando por jubilarse anticipadamente gracias a ahorros acumulados, inversiones, pensiones o ingresos familiares estables.

A diferencia de otras épocas, una parte importante de esta generación ya no necesita seguir trabajando para sostenerse económicamente. El resultado es una reducción acelerada de la fuerza laboral masculina.

Pero el problema más complejo aparece entre los jóvenes. Miles de hombres menores de 35 años están

quedando desconectados del empleo formal . Algunos prolongan sus estudios, otros enfrentan problemas de salud o discapacidades, y muchos simplemente no encuentran oportunidades compatibles con sus habilidades.

El impacto es especialmente fuerte entre quienes no tienen título universitario

Durante décadas, millones de hombres encontraron estabilidad en sectores como manufactura, transporte, construcción industrial o logística pesada. Sin embargo, muchos de esos empleos se redujeron por la automatización, la globalización y los cambios tecnológicos.

Mientras los trabajos tradicionales desaparecen, los sectores que hoy generan más empleo en Estados Unidos son salud, educación, servicios sociales y cuidado personal , industrias donde históricamente predominan las mujeres. El resultado es un desajuste creciente: existen vacantes laborales, pero no necesariamente en áreas donde muchos hombres tienen experiencia, capacitación o interés.

Otro factor que empieza a pesar con fuerza es la salud. Cada vez más hombres reportan enfermedades o discapacidades como principal razón para mantenerse fuera del mercado laboral. El problema afecta especialmente a trabajadores provenientes de oficios físicos, donde el desgaste corporal suele acumularse tras años de trabajo pesado.

Además, los especialistas

advierten que mientras más tiempo una persona permanece fuera del empleo, más difícil se vuelve regresar. La pérdida de habilidades, la desconexión de redes laborales y el estigma empresarial terminan profundizando la exclusión.

Las consecuencias ya generan preocupación económica.

Menos hombres trabajando implica menor crecimiento, menor recaudación tributaria y más presión sobre programas públicos como seguridad social y salud . Pero el impacto también es social.

En Estados Unidos, el empleo históricamente ha estado asociado a estabilidad familiar, identidad personal y participación comunitaria. Cuando millones de hombres quedan fuera del trabajo, también aumenta el riesgo de aislamiento, dependencia económica y fragmentación social.

Lo que más inquieta a los analistas es que no parece una crisis temporal vinculada únicamente a inflación o desaceleración económica.

Detrás del fenómeno convergen varios cambios profundos: envejecimiento poblacional, transformación tecnológica, nuevas dinámicas educativas, mutación de los sectores productivos y problemas crecientes de salud laboral.

La gran interrogante ahora es si la economía estadounidense podrá adaptarse lo suficientemente rápido para reincorporar a millones de hombres antes de que esta desconexión se vuelva permanente. (JS)

CON Gabriela Vivanco

Diego Viteri EL HOMBRE, LA VIOLENCIA Y LA IRA

El mercado laboral en Estados Unidos está pasando por una transformación estructural

Hambre en Venezuela: uno de cada tres hogares no puede pagar alimentos

Aunque la pobreza extrema retrocedió en Venezuela, el hambre sigue golpeando con fuerza: uno de cada tres hogares no logra cubrir su alimentación básica, mientras persisten apagones, escasez de agua y rezago escolar.

Venezuela muestra una paradoja cada vez más evidente. los indicadores de pobreza mejoran lentamente, pero millones de familias siguen sin poder garantizar algo tan básico como comer. La más reciente Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello , revela que uno de cada tres hogares venezolanos no genera ingresos suficientes para cubrir su alimentación básica, pese a que la pobreza extrema cayó frente a los años más críticos de la crisis económica. El estudio señala que la pobreza general bajó a 68,5%, mientras que la pobreza extrema se redujo a 31,7%. Aunque ambos indicadores reflejan una mejora respecto a los años marcados por la hiperinflación y el colapso económico, el panorama sigue siendo crítico: casi siete de cada diez hogares viven en pobreza.

La leve recuperación responde a una relativa estabilidad económica tras años de turbulencia. Entre los factores aparecen una

menor inflación, el relajamiento de controles económicos, una mayor circulación de dólares en la economía y una modesta recuperación de ingresos tras la pandemia. Pero esa mejora macroeconómica no ha llegado con la misma fuerza a los hogares. Para millones de venezolanos, el problema diario sigue siendo conseguir alimentos suficientes. La reducción estadística de la pobreza no ha significado una mejora estructural en la calidad de vida.

90% sufre apagones en Venezuela y los servicios públicos son de baja calidad

La encuesta también expone el deterioro persistente de los servicios básicos. Aunque el 98% de los hogares tiene acceso a electricidad, apenas 10% asegura no sufrir apagones, mientras que 39% enfrenta cortes eléctricos todos los días.

El acceso al agua potable también sigue siendo limitado. Apenas 19% de los hogares cuenta con acceso óptimo al servicio, mientras el resto depende de alma-

cenamiento improvisado, pozos, camiones cisterna u otras fuentes alternativas para abastecerse.

A esto se suma el deterioro en la recolección de basura. La cobertura del servicio cayó de 75% en 2014 a 64% en 2025, y apenas 13% de los hogares recibe recolección diaria. Ante la falta de alternativas, 8% de las familias quema su basura.

Millones están fuera del sistema educativo y la migración ha vaciado

Venezuela

La crisis también continúa dejando huellas en la educación . Solo dos de cada tres niños entre 7 y 11 años mantienen una trayectoria escolar continua, el rezago educativo se triplicó desde

ANULACIÓN

Se pone en conocimiento del público en general, la anulación por extravío del documento póliza número 1429862373 perteneciente a López López Mayra Karina, López López Arianna Celena, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Ltda.

Particular que se comunica al público en general, para los fines pertinentes. 001-006-0655

La calidad de vida sigue siendo precaria en Venezuela.

2017 y actualmente hay 1,2 millones de niños y adolescentes fuera del sistema educativo. En paralelo, la migración sigue transformando al país. La encuesta estima que la población venezolana llegó a 28,5 millones de habitantes en 2025, muy por debajo de los más de 34 millones que se proyectaban hace una década, debido a la migración masiva, la caída

de nacimientos y el aumento de la mortalidad. El informe retrata a un país que dejó atrás sus peores años de colapso económico, pero que todavía enfrenta una crisis social profunda. En Venezuela, las cifras pueden mostrar cierta recuperación. En la vida cotidiana de millones de familias, sin embargo, el hambre sigue sin dar tregua. (JS)

Oficio Circular Nro. FDPEP-2026-062

Puyo, 11 de mayo de 2026

Señores RECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FILIALES A LA FDPEP

Presente.De nuestra consideración: Reciba un cordial y atento saludo a nombre de la Federación Deportiva Provincial Estudiantil de Pastaza. De conformidad con lo establecido en el Artículo 201 de la Ley Orgánica de Educación, Deporte y Cultura, se convoca a los Rectores y/o Directores de los establecimientos educativos filiales a la Federación Deportiva Provincial Estudiantil de Pastaza (FDPEP), a la Asamblea General de Elecciones, la misma que se llevará a cabo el día lunes 01 de junio del presente año, a partir de las 12h00, en el Gimnasio de Taekwondo de la Federación Deportiva de Pastaza, ubicado en el Coliseo Mayor Roberto Basuri (Pabellón de los Deportes), parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

La Asamblea se desarrollará bajo el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.

2. Instalación de la Asamblea.

3. Elección del Directorio de la FDPEP, período 2026–2030.

4. Toma de juramento y posesión del nuevo Directorio de la FDPEP, del período comprendido entre el 25 de junio de 2026 hasta el 25 de junio de 2030.

5. Clausura de la Asamblea.

Cabe señalar que la presente convocatoria se sustenta en lo dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y la Recreación, así como en el artículo 16 del Reglamento Sustitutivo vigente. Seguros de contar con su valiosa y puntual asistencia, anticipamos nuestro sincero agradecimiento. Atentamente, “ALTIVO EN LA DERROTA, HUMILDE EN LA VICTORIA”

Nota: El representante de cada filial deberá asistir con la respectiva credencial.

¿CÓMO CAMBIARSE EL APELLIDO EN EL ECUADOR?

CONSULTA CIVIL

¿En qué casos el juez puede suspender la audiencia para emitir después su resolución en forma oral?

RESPUESTA

En el caso propuesto en la consulta, la suspensión de la audiencia se debe a que la jueza o el juez estiman necesario suspenderla para dictar la sentencia oral debido a la complejidad del caso. De acuerdo a la norma del Art. 93 del COGEP, en el mismo momento en que se dispone la suspensión de la audiencia se deberá fijar el día y hora para su reinstalación, que no puede ser mayor al término de diez días.

Artículo 2.- Por excepción se podrá interponer recurso de apelación de la sentencia escrita o auto escrito, en forma fundamentada, dentro de! término de diez días contados a partir de la notificación, en los siguientes casos

a)Cuando una de las partes no hubiere comparecido a la audiencia respectiva, por caso fortuito o fuerza mayor calificado por el Tribunal de Apelación; y,

Autores: Mgs. Abg. Christian Alfonso

Avilés Jaramillo y Abg. César Gualberto Guadalupe Oñate

Introducción

El derecho a la identidad constituye uno de los pilares fundamentales del Estado constitucional de derechos y justicia, en tanto garantiza el reconocimiento jurídico de la persona en su dimensión individual y social. En el ordenamiento ecuatoriano, este derecho ha experimentado una profunda transformación a partir de la promulgación de la Constitución de la República del Ecuador, que en su artículo 66, numeral 28, que reconoce expresamente la facultad de toda persona de tener nombre y apellido libremente escogidos, superando así la concepción tradicional del apellido como un mero elemento de filiación o pertenencia familiar (CRE, 2008, Art. 66 num. 28). Este

giro paradigmático implicó el tránsito desde un modelo rígido, patrimonialista y formalista, propio de la legislación registral de 1976, hacia un enfoque garantista centrado en la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la autodeterminación identitaria. En este contexto, la evolución normativa y jurisprudencial del derecho a la identidad en Ecuador ha estado marcada por un proceso progresivo de constitucionalización del régimen registral, en el cual la Corte Constitucional del Ecuador ha desempeñado un rol determinante. A través de su jurisprudencia, ha redefinido el alcance del derecho a la identidad, reconociendo su carácter dinámico y su doble dimensión: afirmativa, como facultad de autoidentificación, y correctiva, como posibilidad de adecuar los datos registrales

la realidad social efectivamente vivida por la persona. Este desarrollo ha incidido directamente en la reinterpretación de figuras como la posesión notoria de apellidos, consolidándola como un mecanismo legítimo para armonizar la identidad jurídica con la identidad social.

Paralelamente, la expedición de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles del 2016 marcó un hito en la modernización del sistema registral, al trasladar el cambio de nombres y apellidos al ámbito administrativo y establecer un procedimiento más ágil y accesible. No obstante, este proceso no estuvo exento de tensiones, pues inicialmente la normativa mantuvo criterios restrictivos que fueron posteriormente corregidos por la intervención constitucional y por reformas legales recientes, particularmente la reforma de 2024, que incorporó estándares de proporcionalidad y flexibilización

probatoria en consonancia con los mandatos constitucionales.

En virtud de lo expuesto, el presente artículo tiene como finalidad analizar los fundamentos constitucionales, la evolución normativa y el procedimiento administrativo del cambio de apellidos por posesión notoria en el Ecuador, así como sus efectos jurídicos en el sistema de identificación civil. Para ello, se adoptará un enfoque dogmático-jurídico y constitucional, que permita evidenciar cómo el ordenamiento ecuatoriano ha transitado desde una concepción estática de la identidad hacia un modelo dinámico, en el que el Estado asume un rol activo como garante del reconocimiento integral de la persona. En este sentido, el análisis no solo abordará la estructura normativa vigente, sino también el impacto de la jurisprudencia constitucional en la configuración de un sistema registral

b)Cuando la sentencia o auto escrito, contenga asuntos no resueltos en audiencia o cuando éstos sean distintos a lo expresado en la decisión dictada en la misma, aspectos que deberá puntualizar expresamente.

Por tanto, si alguna de las partes no comparece a la reinstalación de la audiencia oral en la que se dictará la sentencia, pierde la oportunidad procesal de hacer valer sus derechos, que sería la posibilidad de presentar recurso de apelación.

Para el caso de suspensión de la audiencia oral prevista en el Art. 93 del COGEP, en el evento de que alguna de las partes no asistieren a su reinstalación, se deberá dictar la sentencia oral, sin declarar el abandono, por cuanto la audiencia se suspendió con ese único propósito, habiendo precluído las etapas que requieren la participación de las partes, acorde a lo establecido en el Art. 87, inciso final de ese Código.

La Hora QUITO, ECUADOR

orientado a la tutela efectiva de derechos fundamentales.

Fundamentos constitucionales y evolución normativa del derecho a la identidad y reconocimiento de apellidos en el Ecuador

La legislación ecuatoriana sostuvo durante décadas una concepción rígida del apellido, anclada en una visión patrimonialista y patrilineal propia del derecho civil clásico. Esta perspectiva, positivizada en la Ley de Registro Civil de 1976, concebía al apellido principalmente como un signo de pertenencia familiar antes que como una manifestación de la identidad individual. No obstante, con la entrada en vigor de la Constitución del 2008, se produjo un giro paradigmático en esta materia. En efecto, el artículo 66, numeral 28, reconoce el derecho a la identidad personal y colectiva, incluyendo de manera expresa la facultad de elegir libremente el nombre y apellido. Este reconocimiento constitucional de la autodeterminación nominal abrió el camino para posteriores desarrollos normativos y jurisprudenciales orientados a garantizar el ejercicio efectivo de este derecho en sede administrativa.

El derecho a la identidad personal trasciende una simple formalidad registral, proyectándose hacia dimensiones sustanciales vinculadas con la dignidad humana, la pertenencia familiar y la construcción social del individuo. En este marco, la figura jurídica de la posesión notoria de apellidos adquiere especial relevancia práctica, en tanto permite que la realidad fáctica, caracterizada por el uso continuo, público y prolongado de un apellido distinto al inscrito, sea reconocida y formalizada por el ordenamiento jurídico. De este modo, se establece una conexión directa entre la realidad social y el sistema

ANULACION DE CHEQUE

Se comunica al público, la anulación por perdida/ sustracción del cheque CHQ 2116 presentado por el girador CESAR AUGUSTO CARRILLO RODRIGUEZ Cta

Cte No. 5015003257 DE BANCO

BOLIVARIANO. 001-001-0129

registral, posibilitando que la identidad efectivamente vivida prevalezca sobre aquella meramente asignada, en consonancia con el principio de autonomía personal y el enfoque garantista del derecho a la identidad. (Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles (LOGIDC), 2016, Art. 79).

En este escenario de transformación constitucional, la Ley de Registro Civil de 1976 evidenció una progresiva incompatibilidad con el nuevo paradigma de derechos instaurado en 2008. Su derogación y posterior sustitución por la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, promulgada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No.684 de 04 de Febrero 2016, constituyó un hito en la modernización del régimen registral ecuatoriano. Esta normativa representó el primer esfuerzo legislativo sistemático por armonizar las disposiciones registrales con los mandatos constitucionales vigentes, destacándose, entre otros aspectos, el traslado de la competencia para el cambio de nombres y apellidos desde la vía judicial hacia la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, consolidando así un modelo administrativo más ágil, accesible y acorde con los principios de eficacia y tutela de derechos. (LOGIDC, 2016, Arts. 1, 9 y 79).

Para el año 2008, la CRE en el artículo 11 numeral 2 consagra los principios de igualdad y no discriminación, prohibiendo toda distinción basada, entre otros criterios, en el origen familiar o la filiación. Esta disposición constituye un eje transversal del ordenamiento constitucional, en tanto impide que las autoridades administrativas o judiciales adopten decisiones que restrinjan derechos en función

TÍTULO EXTRAVIADO

Queda anulado el título de la compañía TECOCEL S.A. ZONA FRANCA

HOSPITAL DE LOS VALLES No. 1036 No. de acciones: 1

Propietario: JENNY ALEXANDRA

QUINZO IDROVO

El título detallado será anulado de no presentarse reclamo sobre el mismo en un lapso de 30 días contados. Quito, 11 de mayo del 2026 001-006-0648

REVISTA JUDICIAL 02

de elementos identitarios vinculados al linaje o al apellido. En el contexto del caso, este principio adquiere relevancia directa, pues cualquier limitación o negativa respecto del reconocimiento de un apellido utilizado socialmente podría constituir una forma de discriminación indirecta.

En concordancia, el artículo 45 de la Carta Fundamental reconoce expresamente el derecho de niñas, niños y adolescentes a su identidad, nombre y ciudadanía, lo que evidencia que el constituyente otorga especial protección a la construcción de la identidad desde las primeras etapas de la vida. Este reconocimiento no solo tiene una dimensión formal, relativa al registro, sino también una dimensión sustancial, orientada a garantizar la coherencia entre la identidad jurídica y la identidad social efectivamente desarrollada por la persona.

Por su parte, el artículo 66 numeral 5 garantiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el cual permite a cada individuo definir y proyectar su identidad conforme a sus propias convicciones, experiencias y entorno social. Este derecho refuerza la idea de que la identidad no es estática ni meramente registral, sino dinámica y evolutiva, lo que justifica la posibilidad de adecuar los elementos identificatorios, como el apellido, a la realidad vivencial de la persona.

En este mismo artículo, el numeral 28 del artículo 66 reconoce de manera expresa el derecho a la identidad personal y colectiva, incluyendo la facultad de tener nombre y apellido debidamente registrados y libremente escogidos. Este derecho abarca, además, la posibilidad de conservar y desarrollar las características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la procedencia familiar y las manifestaciones culturales. Desde una interpretación amplia, el derecho a la identidad no se agota en el acto formal del registro civil, sino que se proyecta al reconocimiento efectivo del individuo en su entorno social. En este sentido, el uso prolongado y constante de

un apellido en la vida pública y privada constituye una manifestación legítima del derecho a la identidad, susceptible de tutela estatal. A su vez, el artículo 82 de la Constitución establece el derecho a la seguridad jurídica, el cual exige que las normas sean previas, claras, públicas y aplicadas por autoridades competentes. En el caso analizado, este principio implica que cualquier actuación administrativa relativa al reconocimiento o modificación de apellidos debe estar debidamente fundamentada, evitando interpretaciones restrictivas o discrecionales que generen incertidumbre o vulneración de derechos.

Finalmente, los artículos 226 y 227 de la Constitución desarrollan el principio de legalidad y los principios rectores de la administración pública, respectivamente. El primero establece que las instituciones del Estado deben ejercer únicamente las competencias que les han sido atribuidas por la Constitución y la ley, mientras que el segundo impone criterios de eficacia, eficiencia, calidad y respeto a los derechos de las personas. Este marco se ve reforzado por el artículo 4 del Código Orgánico Administrativo (COA), que dispone que las actuaciones administrativas deben facilitar el ejercicio de los derechos. En consecuencia, la administración pública no solo debe abstenerse de obstaculizar el reconocimiento de la identidad, sino que tiene el deber positivo de adoptar medidas que lo garanticen de manera efectiva. En el año 2014, cuando la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación emitió la Resolución No. 00104-DIGERCICDNAJ-2014, de 05 de junio de ese año, mediante la cual se estableció el instructivo de servicios de dicha institución. Este instrumento normativo, introdujo requisitos altamente restrictivos para el reconocimiento de la posesión notoria para los trámites relacionados con la identidad personal. En materia probatoria, la resolución limitó los medios de prueba admisibles a documentos exclusivamente

públicos, excluyendo de manera sistemática cualquier evidencia de carácter privado que pudiera acreditar el uso continuado de una identidad (Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, 2014) Adicionalmente, se exigía que dicho uso hubiera sido ejercido por un período no inferior a diez años, condición que resultaba desproporcionada en relación con la naturaleza del derecho que se pretendía proteger. Estas restricciones generaron, en la práctica, serias barreras de acceso al derecho a la identidad, afectando especialmente a grupos en situación de vulnerabilidad que no contaban con la documentación formal requerida. En este contexto normativo, la identidad era concebida únicamente como un dato registral estático, desvinculado de su dimensión constitucional como derecho fundamental. Esta visión formalista sería la que, poco después, la Corte Constitucional comenzaría a desmantelar de manera sistemática.

En el año 2016, el Legislativo dio un paso significativo al expedir la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles (LOGIDC), publicada el 04 de febrero de ese año, que constituyó el primer instrumento legal que reguló de forma integral y sistemática la identidad civil y los datos registrales en el Ecuador. Esta norma representó un avance importante frente al régimen administrativo precedente, en la medida en que dotó de rango legal a las regulaciones que hasta entonces dependían de resoluciones institucionales de menor jerarquía. Sin embargo, pese a este avance formal, la LOGIDC mantuvo en sus disposiciones un enfoque predominantemente formalista y restrictivo en materia de apellidos y cambio de identidad, heredando en buena medida la lógica reglamentaria que había caracterizado al período anterior.

La identidad continuaba siendo tratada como un dato que el Estado administra, más que como un derecho que la persona ejerce. La ley no incorporaba aún los es-

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tándares constitucionales que la Corte Constitucional comenzaría a desarrollar con posterioridad, lo que convirtió a la LOGIDC, en su versión original, en un instrumento insuficiente para garantizar plenamente el derecho a la identidad en toda su dimensión constitucional. El año 2017 marcó un punto de inflexión decisivo en la evolución del régimen jurídico de la identidad en Ecuador, con la emisión de la Sentencia No. 341-17-SEPCC, dictada el 11 de octubre de ese año por la Corte Constitucional. Esta decisión declaró la inconstitucionalidad del numeral 3.2.2 del Instructivo de 2014, determinando que dicha disposición violaba el derecho a la identidad garantizado por la Constitución de la República, al imponer restricciones indebidas a los medios probatorios admisibles en los trámites de reconocimiento de identidad. (Sentencia No. 341-17-SEP-CC, 2017, p.53).

La Corte estableció que el derecho a la identidad no puede ser reducido a un mero dato formal en el Registro Civil, sino que constituye una expresión del derecho a la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad, conceptos que tienen protección constitucional directa e inmediata. Mediante esta sentencia, el máximo Organismo de control constitucional introdujo una doble visión del derecho a la identidad: una dimensión afirmativa, entendida como el derecho de toda persona a autoidentificarse, y una dimensión correctiva, que comprende el derecho a modificar los elementos de la identidad que no correspondan con la realidad personal del individuo. Este pronunciamiento abrió una nueva etapa en la que el aparato administrativo del Estado quedó obligado a reformular sus procedimientos de conformidad con los estándares constitucionales fijados por la Corte, inaugurando lo que puede denominarse la fase de corrección constitucional del sistema registral ecuatoriano.

Como efecto directo y obligatorio de la Sentencia No. 341-17-SEP-CC, el año 2018 se caracterizó por la

adopción de diversas medidas normativas destinadas a dar cumplimiento a lo resuelto por la Corte Constitucional en materia de derecho a la identidad. En primer término, a través del Memorando No. DIGERCIC-CGAJ. DPN2018-0079-M de 24 de abril de 2018, se establecieron lineamientos específicos sobre la posesión notoria de apellidos, en acatamiento de lo dispuesto en la referida sentencia dictada el 11 de octubre de 2017 (Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, 2018). Posteriormente, mediante el Auto de Seguimiento de 30 de mayo de 2018, notificado el 18 de junio del mismo año, la Corte ordenó expresamente, en su numeral primer, la reforma de la Resolución N.° 00104-DIGERCIC-DNAJ-2014, con el propósito de adecuarla a los estándares constitucionales establecidos.

En atención a estas disposiciones de carácter vinculante, el Registro Civil emitió la Resolución N.° 058-DIGERCIC-CGAJ-DPyN-2018, de 01 de agosto de 2018, publicada en el Registro Oficial N.° 331 de 20 de septiembre de 2018, mediante la cual se amplió el catálogo de medios probatorios admisibles, incorporando incluso documentos de carácter privado. No obstante, se mantuvo la exigencia del plazo de diez años para demostrar el uso continuo de la identidad (Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, 2018). En este contexto, resulta evidente que las reformas implementadas durante 2018 no obedecieron a una iniciativa autónoma del legislador o de la administración, sino al cumplimiento de un mandato constitucional imperativo, lo que pone de manifiesto el rol correctivo y orientador que ejerce la Corte Constitucional sobre el ordenamiento jurídico en materia de identidad.

El año 2024 representó el momento de transformación normativa más significativa en la historia de la LOGIDC, con la publicación de la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles, publicada en el Suplemento

del Registro Oficial No. 517 el 13 de marzo de 2024, que sustituyó íntegramente el artículo 79 del texto original e incorporó los nuevos artículos 79.1 y 79.2. Esta reforma respondió de manera directa a los mandatos jurisprudenciales acumulados por la Corte Constitucional durante casi una década, y trasladó al nivel legal los estándares constitucionales que el tribunal había desarrollado progresivamente en su jurisprudencia. Entre los cambios más relevantes destaca la reducción del plazo de uso continuado de la identidad, que pasó de diez años a dos años, un cambio que constituye la expresión concreta del principio de proporcionalidad aplicado a las condiciones de acceso a los trámites de identidad. La reforma también introdujo la exigencia de un mínimo de dos medios probatorios para acreditar el uso de la identidad, equilibrando la flexibilización probatoria con la necesidad de garantizar la seguridad jurídica del sistema registral. (Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, 2024, p.: 34-36).

La figura de la posesión notoria

El Decreto Ejecutivo No. 294, emitido el 11 de junio de 2024, complementó este proceso al derogar el reglamento de 2018 y establecer un nuevo El Reglamento a la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles que regula la figura de la posesión notoria de apellido como un mecanismo administrativo que permite modificar los apellidos registrados en el acta de nacimiento, siempre que se demuestre el uso público, constante y prolongado de un apellido distinto al originalmente inscrito. El Decreto Ejecutivo, regula la posesión notoria de apellido en su Capítulo V, específicamente en los artículos 30 y 31. Esta figura jurídica permite que una persona cambie el apellido inscrito en su acta de nacimiento cuando ha usado públicamente uno distinto de manera prolongada y verificable, constituyendo así un mecanismo de adecuación entre la identidad registral y la identidad real o social de la

persona (Decreto 294, 2024). El artículo 30 establece que el cambio procede por una sola vez, ya sea mediante manifestación de voluntad del propio titular o a través de poder especial otorgado ante autoridad competente. El reglamento diferencia los requisitos temporales según la condición del solicitante. Para las personas mayores de edad, se exige acreditar el uso continuo del apellido durante al menos dos años consecutivos. Para los menores de edad, el uso debe probarse durante toda su vida, lo que resulta lógico considerando que no han tenido oportunidad de construir una trayectoria prolongada. En el caso de personas con discapacidad psicosocial o trastornos mentales que les impidan comunicarse, el reglamento exige un período mínimo de cinco años consecutivos, reconociendo la mayor dificultad probatoria en estos casos. Cuando se trate de niños, niñas y adolescentes, el trámite requiere además la autorización escrita de sus representantes legales (Decreto 294, 2024, Art.30).

En cuanto a los medios probatorios, el artículo 31 es claro en señalar que únicamente se admiten documentos públicos o privados debidamente certificados por la máxima autoridad de la institución que los emite, descartando expresamente la documentación testimonial. Esta restricción busca dotar al procedimiento de mayor certeza y objetividad, evitando que declaraciones informales o interesadas sirvan de fundamento para modificar un dato de estado civil tan relevante como el apellido. Los documentos presentados deben acreditar el uso frecuente y sostenido del apellido durante el período legalmente exigido para cada caso (Decreto 294, 2024, Art.31).

Una regla importante que introduce el reglamento es que la interrupción en el uso del apellido durante al menos uno de los años requeridos hace que los documentos presentados pierdan su efecto jurídico, lo que implica que el solicitante deberá reiniciar el cómputo del período. En contraste, la emisión o renovación de la cédula de

identidad no interrumpe el tiempo de posesión notoria, lo que protege al ciudadano de verse perjudicado por un trámite administrativo ordinario. Adicionalmente, si la Dirección General de Registro Civil ya emitió en algún momento un documento en el que conste el apellido materia de la posesión notoria, ese documento suple a los demás exigidos, sin importar cuándo fue emitido, siempre que se verifique la relación de identidad del titular.

Finalmente, es importante destacar que el cambio de apellido por posesión notoria no tiene efectos sobre la filiación del titular, es decir, no altera los vínculos jurídicos de parentesco ni los derechos y obligaciones derivados de ellos. El cambio se registra en los documentos físicos, electrónicos y en el Registro Personal Único, garantizando coherencia en todos los sistemas de identificación del Estado. El procedimiento concluye con la emisión de una Resolución Administrativa por parte del servidor público autorizado del Registro Civil, quien previamente verifica el cumplimiento de todos los requisitos establecidos.

Sobre el procedimiento administrativo del cambio de apellidos por posesión notoria

El cambio de apellidos en el Ecuador ha experimentado una transformación sustancial en su naturaleza procedimental, cuya competencia recae en la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación. Este tránsito no es casual ni meramente burocrático: responde a la modernización normativa introducida por la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles (LOGIDC), y se ancla en el reconocimiento constitucional del derecho a la identidad. En este marco, el procedimiento administrativo opera como una herramienta de concreción de derechos fundamentales, no como un simple trámite formal. El fundamento sustantivo del procedimiento descansa en dos dimensiones del derecho a la identidad que deben comprenderse de manera complementaria. La prime-

ra es la dimensión afirmativa, que reconoce la facultad de toda persona de autoidentificarse con arreglo a su realidad personal y social. La segunda es la dimensión correctiva, que habilita la modificación de los datos registrales cuando estos no reflejan fielmente la identidad efectivamente ejercida por el individuo. Ambas dimensiones parten de una premisa fundamental, la identidad no es una construcción estática ni meramente formal, sino un fenómeno dinámico que evoluciona con la persona y que el derecho tiene el deber de acompañar, no de obstaculizar.

Dentro de las causales habilitantes, la posesión notoria de apellidos constituye el mecanismo más relevante y de mayor aplicación práctica. Esta figura jurídica busca reconocer y dar cobertura legal a una realidad social previamente consolidada, el uso público, continuo y prolongado de un apellido distinto al que consta en el registro civil. Su lógica es la de armonizar la identidad jurídica con la identidad social efectivamente vivida, corrigiendo una discrepancia que, de mantenerse, vulneraría el derecho fundamental a la identidad. Cabe destacar que la reforma normativa de 2024 representó un avance significativo en este ámbito, al reducir el plazo mínimo de acreditación de uso de diez años a tan solo dos, lo que amplió considerablemente el acceso a este mecanismo y redujo las barreras históricamente impuestas a los administrados.

En cuanto al plano probatorio, el ordenamiento, influenciado de manera directa por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha flexibilizado los criterios de admisión de prueba, eliminando restricciones que resultaban desproporcionadas frente al derecho que se pretende tutelar. El administrado debe acreditar el uso del apellido mediante al menos dos medios probatorios, los cuales pueden ser tanto documentos públicos o privados, certificados, registros institucionales, contratos, certificados laborales, entre otros. Esta amplitud probatoria responde al criterio

constitucional que prohíbe imponer cargas excesivas o arbitrarias al ejercicio de derechos fundamentales, y sitúa al sistema ecuatoriano en una línea garantista coherente con los estándares contemporáneos del derecho a la identidad.

El procedimiento administrativo en sí mismo sigue una secuencia estructurada que garantiza tanto la eficacia del trámite como la seguridad jurídica del proceso. El interesado presenta su solicitud ante el Registro Civil, acompañada de la documentación de identidad, el comprobante de pago y las pruebas que acrediten el uso del apellido. La autoridad administrativa procede luego a verificar la continuidad del uso, la coherencia con la identidad social del solicitante y la concurrencia de los requisitos legales, aplicando criterios de proporcionalidad y no discriminación. Finalmente, emite una resolución motivada, que puede ser favorable o desfavorable; y, en caso positivo, actualiza tanto la partida de nacimiento como la cédula de identidad. Es importante subrayar que, en caso de que el administrado no logre satisfacer los requisitos en sede administrativa, subsiste la posibilidad de acudir a la vía judicial, lo que reafirma el carácter garantista del sistema.

Desde el punto de vista de los límites y consideraciones jurídicas, el ordenamiento establece con claridad que el cambio de apellido no altera en modo alguno la filiación, es decir, no modifica la relación jurídica del individuo con sus progenitores. Asimismo, el cambio de apellido por voluntad propia está permitido, en el caso de personas mayores de edad, una sola vez. Estos límites expresan la tensión inherente entre el derecho a la identidad y el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 82 de la Constitución, tensión que el sistema resuelve privilegiando la tutela del derecho sin sacrificar la certeza del sistema registral. Finalmente, el rol de la Corte Constitucional en la configuración del procedimiento actual merece una consideración particular. La evolución jurisprudencial ha

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sido determinante, ha eliminado restricciones probatorias rígidas, ha reconocido la identidad como derecho fundamental de contenido amplio, ha impuesto el principio de proporcionalidad como criterio rector de la actuación administrativa y ha impulsado la reducción de los plazos de acreditación. Este activismo constitucional no solo transformó el sistema registral ecuatoriano, sino que evidencia una función correctiva y constructiva de la justicia constitucional, capaz de remodelar instituciones administrativas en esencial de derechos. El resultado es un sistema que, al menos en su diseño normativo, coloca a la persona y su identidad en el centro del procedimiento, y obliga a la administración a ser un facilitador del ejercicio de derechos, nunca un obstáculo.

Sobre los efectos del cambio de apellido en Ecuador

El principal efecto del cambio de apellido radica en la adecuación de la identidad jurídica a la identidad social real de la persona. A través de este reconocimiento formal, el Estado valida el apellido que el individuo ha utilizado de manera pública y continua, consolidando el derecho a la identidad en su dimensión material y no meramente registral. Esta consecuencia no es trivial, supera la visión tradicional y rígida que concebía el apellido como un simple dato de filiación, para situarlo en el ámbito del libre desarrollo de la personalidad y de la dignidad humana, conforme a la concepción constitucional del derecho a la identidad como un derecho dinámico. En otros términos, el apellido deja de ser una etiqueta administrativa heredada e inmutable, para convertirse en un elemento vivo de la identidad personal. Desde el punto de vista estrictamente registral, el cambio produce consecuencias concretas e inmediatas en el sistema de identificación civil. La partida de nacimiento es modificada con expresa constancia del apellido anterior y del nuevo, lo que garantiza la trazabilidad histórica de la identidad del in-

P QUITO | LUNES 11/MAYO/2026

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN MEJÍA, PROVINCIA DE PICHINCHA R. del E.

CITACIÓN JUDICIAL A: HEREDEROS DESCONOCIDOS DEL SEÑOR, MOSCOSO GRANDA LUIS HERNAN

Se le hace conocer que en la Unidad Judicial Multicompetente Civil con sede en el Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, se está tramitando la siguiente demanda.

E  X  T  R  A  C  T  O

ACTOR: RUIZ MORETA MARTHA ESMERALDA

DEMANDADOS:ADRIAN ROBERTO MOSCOSO TELLO, DIANA ESTEFANIA MOSCOSO MONTESDEOCA, JUAN JOSE MOSCOSO MONTESDEOCA, HERNAN ANTONIO MOSCOSO MONTESDEOCA Y HEREDEROS DESCONOCIDOS DEL SEÑOR, MOSCOSO GRANDA LUIS HERNAN

JUICIO No: 17315-2026-00235

TRÁMITE: VOLUNTARIO

ACCIÓN: AUTORIZACIÓN DE VENTA DE BIENES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y, DE PERSONAS SOMETIDAS A GUARDA CUANTÍA: $1.461,00 (MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES AMERICANOS)

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN MEJÍA, PROVINCIA DE PICHINCHA. Mejia, miércoles 1 de abril del 2026, a las 16h39. VISTOS: Cumplida que ha sido la diligencia dispuesta en auto inmediato anterior se considera: PRIMERO.- Por reunir los requisitos contemplados en el Art. 142 del Código Orgánico General de Procesos, se admite a trámite voluntario conforme lo dispuesto en el Art. 334 numeral 6 inciso segundo del Cuerpo Normativo invocado, la demandada interpuesta por la señora RUIZ MORETA MARTHA ESMERALDA . SEGUNDO.- En los términos del artículo 335 del Código Procesal de la Materia, la celebración de la Audiencia Única, se la proveerá en el momento procesal oportuno. TERCERO.- ANUNCIO DE PRUEBA: 3.1.- Respecto de la prueba documental anunciada, de ser procedente se la tomará en cuenta en el momento procesal oportuno, bajo los lineamientos dispuestos en el Art. 160 COGEP. 3.2.- En cuanto a la prueba testimonial anunciada se dispone que los testigos anunciados, comparezcan a rendir su declaración testimonial el día que se señale la respectiva audiencia, para el efecto se les notificará en la casillero electrónico señalado por la parte actora, advirtiéndoles la obligación de comparecer y se les previene que de no hacerlo y no justificar su ausencia, serán conminados a comparecer con el apoyo de la Policía Nacional. CUARTO.- En lo principal y al haber comparecido el accionante la señora RUIZ MORETA MARTHA ESMERALDA a declarar bajo juramento lo siguiente: “…que le es imposible determinar la individualidad, el domicilio o residencia de los herederos desconocidos que tengan intereses en los bienes del señor, MOSCOSO GRANDA LUIS HERNAN que ha efectuado todas las diligencias necesarias y ha acudido a los registros públicos de acceso, para tratar de ubicarlos….”; se dispone: De conformidad a los Art. 56 y 58 del Código Orgánico General de Procesos, CÍTESE a los herederos desconocidos del señor, MOSCOSO GRANDA LUIS HERNAN por la prensa en uno de los diarios de mayor circulación que se edita en el Distrito Metropolitano de Quito, mediante tres publicaciones que se las realizara en fechas distintas. La parte accionante se acercará a la Secretaría de esta Judicatura a retirar la documentación necesaria.- CÍTESE a la parte demandada señores ADRIAN ROBERTO MOSCOSO TELLO, DIANA ESTEFANIA MOSCOSO MONTESDEOCA, JUAN JOSE MOSCOSO MONTESDEOCA y HERNAN ANTONIO MOSCOSO MONTESDEOCA con el contenido de la demanda y el presente auto en la dirección señalada en el libelo de la demanda, previniéndole de la obligación que tiene de señalar casillero judicial y correo electrónico en el Complejo Judicial del cantón Mejía.-Para efectos de la citación remítase ATENTO DEPRECATORIO VIRTUAL, a través del sistema implementado a uno de los señores JUECES DE LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY ofreciéndole reciprocidad en casos análogos, para lo cual envíese el suficiente despacho..Tómese en cuenta la autorización conferida a su Defensa Técnica, así como la casilla judicial electrónica para recibir futuras notificaciones que le corresponda. Actúe la Dra. Bélgica Guerra Guerra, en calidad de Secretaria de esta Unidad Judicial. NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.  F). DRA. WILMA IVONNE GUAIPATIN GARZÓN - JUEZA.

Lo que comunico a usted, para los fines legales consiguientes, previniéndole de la obligación que tiene  de señalar casillero judicial en la ciudad de Machachi, perteneciente al Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, caso contrario serán tenidos o declarados en rebeldía.

A T E N T A M E N T E,

REVISTA JUDICIAL

dividuo. De igual manera, se actualiza la cédula de identidad y los demás documentos oficiales, y se incorpora la resolución administrativa como respaldo jurídico del cambio. Este conjunto de efectos registrales asegura la continuidad jurídica de la persona, evitando que la modificación genere una ruptura en su historial de identificación civil y preservando la coherencia del sistema registral en su conjunto.

Uno de los aspectos de mayor relevancia jurídica es la separación categórica entre el cambio de apellido y la filiación. El ordenamiento ecuatoriano es explícito al respecto, la modificación del apellido no altera en modo alguno la relación jurídica entre el individuo y sus progenitores, ni afecta los derechos sucesorios, ni modifica las obligaciones legales derivadas del vínculo familiar. Esta distinción, reafirmada en la normativa más reciente, establece una separación clara entre identidad nominal y estado civil o filiación, evitando así que el ejercicio del derecho a la identidad pueda generar confusiones o conflictos en el ámbito del derecho de familia. La filiación, en definitiva, pertenece a un plano jurídico autónomo que el cambio de apellido no toca. En el plano de los derechos y relaciones jurídicas preexistentes, el principio rector es el de continuidad de la personalidad jurídica. El cambio de apellido no extingue ni modifica derechos adquiridos ni obligaciones contraídas con anterioridad, es decir, los contratos celebrados, los procesos judiciales en curso y las deudas vigentes se mantienen plenamente en pie. Lo que sí se exige en la práctica es la actualización del nombre en las distintas instituciones públicas y privadas, tales como, bancos, registros profesionales, contratos, entre otros; lo cual, representa una carga operativa para el administrado, pero que encuentra su fundamento en el principio de seguridad jurídica, lo que impide que el cambio de identidad nominal genere incertidumbre jurídica o afectación ilegítima a terceros. En cuanto a los efectos probatorios y administrativos, la resolución emitida por

el Registro Civil tiene plena validez jurídica y opera como documento habilitante para justificar la modificación de datos en cualquier ámbito institucional. Su expedición genera una presunción de legalidad que obliga a todas las entidades, públicas y privadas, a reconocer el nuevo apellido y a dar curso a las actualizaciones que correspondan. Este efecto se refuerza con el principio rector que obliga a la administración a facilitar el ejercicio de derechos, no a restringirlos, lo que dota de eficacia real al cambio más allá del mero ámbito registral y extiende sus consecuencias al conjunto de las relaciones jurídicas del individuo. Finalmente, desde una perspectiva constitucional amplia, el cambio de apellido trasciende su condición de acto administrativo para convertirse en una expresión concreta y material de derechos fundamentales. Materializa el derecho a la identidad personal, garantiza el libre desarrollo de la personalidad, contribuye a evitar situaciones de discriminación por origen familiar o filiación, y refuerza la coherencia entre la identidad jurídica y la realidad social vivida por el individuo.

Conclusiones

En primer lugar, la evolución del derecho a la identidad en el Ecuador evidencia un tránsito claro desde un modelo registral rígido y formalista hacia un enfoque constitucional garantista, en el cual el apellido deja de ser un mero dato de filiación para convertirse en una manifestación esencial de la personalidad. Este cambio se consolida con la Constitución de la República del Ecuador, que reconoce la autodeterminación identitaria como parte del núcleo de derechos fundamentales, obligando a reinterpretar todo el sistema registral bajo parámetros de dignidad humana, igualdad y libre desarrollo de la personalidad.

En segundo lugar, la transformación normativa impulsada por la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles permitió trasladar el cambio de apellidos a un procedimiento administrativo más ágil y

accesible. No obstante, esta modernización inicial resultó insuficiente, debido a la persistencia de criterios restrictivos que limitaban el ejercicio efectivo del derecho a la identidad. En este sentido, la normativa evidenció una tensión estructural entre seguridad jurídica y garantía de derechos, la cual fue progresivamente resuelta mediante reformas posteriores que incorporaron estándares de proporcionalidad y flexibilización en los requisitos probatorios.

En tercer lugar, el rol de la Corte Constitucional del Ecuador ha sido determinante en la reconfiguración del régimen jurídico de la identidad. A través de su jurisprudencia, este órgano no solo eliminó restricciones desproporcionadas, sino que construyó una doctrina constitucional que reconoce la identidad como un derecho dinámico, con una dimensión afirmativa (autoidentificación) y una dimensión correctiva (adecuación registral). Este activismo constitucional ha tenido un efecto directo en la producción normativa, evidenciando una función correctiva y constructiva que ha obligado tanto al legislador como a la administración a adecuar sus actuaciones a los estándares constitucionales.

En cuarto lugar, la figura de la posesión notoria de apellidos se consolida como el mecanismo más relevante para garantizar la coherencia entre la identidad jurídica y la identidad social. Su evolución, especialmente con la reducción del plazo de acreditación y la ampliación de los medios probatorios, refleja una clara orientación hacia la eliminación de barreras de acceso al derecho a la identidad, favoreciendo un sistema más inclusivo y acorde con las realidades sociales. Este mecanismo permite superar la rigidez del registro civil, reconociendo jurídicamente situaciones de hecho que constituyen manifestaciones legítimas de la identidad personal.

En quinto lugar, los efectos del cambio de apellido confirman que este acto no se limita a una modificación registral, sino que tiene im-

plicaciones jurídicas, sociales y constitucionales profundas. Si bien produce la actualización de documentos oficiales y la adecuación del sistema de identificación civil, mantiene incólume la filiación y garantiza la continuidad de derechos y obligaciones, lo que refleja un adecuado equilibrio entre el derecho a la identidad y el principio de seguridad jurídica. Esta distinción permite evitar conflictos en el ámbito del derecho de familia, preservando la estabilidad del ordenamiento jurídico. Finalmente, se concluye que el sistema ecuatoriano ha avanzado hacia la consolidación de un modelo de identidad centrado en la persona, en el cual la administración pública deja de ser un ente restrictivo para convertirse en un facilitador del ejercicio de derechos. Sin embargo, persisten desafíos en la aplicación práctica de estos estándares, especialmente en la uniformidad de criterios administrativos y en la eliminación de barreras operativas. En consecuencia, resulta necesario fortalecer la capacitación institucional y la cultura jurídica garantista, a fin de asegurar que el derecho a la identidad se materialice de manera plena, efectiva y coherente con su naturaleza constitucional.

Bibliografía

1.1.Asamblea Nacional del Ecuador. (2016). Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. Registro Oficial Suplemento No. 684, 4 de febrero de 2016. https://www. telecomunicaciones.gob.ec/ wp-content/uploads/2022/10/ LEY_ORGANICA_DE_GESTION_DE_LA_IDENTIDAD_. pdf

1.2.Asamblea Nacional del Ecuador. (2024). Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. Registro Oficial Suplemento No. 517, 13 de marzo de 2024. https://esacc. corteconstitucional.gob.ec/ storage/api/v1/10_DWL_FL/ eyJjYXJwZXRhIjoicm8iLCJ1dWlkIjoiN2ZhNDgwZDgtOTU0NS00NzY5LWE1NWMtM2Q3NWMyZmE1ZTQwLnBkZiJ9

1.3.Asamblea Nacional del Ecuador. (2017). Código Orgánico Administrativo. Registro

Oficial Suplemento No. 31, 7 de julio de 2017. https://www. gobiernoelectronico.gob.ec/ wp-content/uploads/2020/11/ COA.pdf

1.4.Asamblea Constituyente del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. https://www.defensa.gob.ec/ wp-content/uploads/downloads/2021/02/Constitucionde-la-Republica-del-Ecuador_ act_ene-2021.pdf

1.5.Corte Constitucional del Ecuador. (2017). Sentencia No. 341-17-SEP-CC (Caso No. 0047-16-EP). https://esacc.corteconstitucional.gob. ec/storage/api/v1/10_DWL_ FL/eyJjYXJwZXRhIjoidHJhbWl0ZTIwMjMiLCJ1dWlkIjoiNTFhMWI3YjMtNGY5ZC00NzczLWI1MDItMjhjYzNkYzlmZWUzLnBkZiJ9

1.6.Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación. (2014, 5 de junio). Resolución No. 00104-DIGERCIC-DNAJ-2014. Registro Oficial Suplemento No. 335, 17 de septiembre de 2014. https://www.calameo.com/ read/002284805960db448c463 1.7.Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación. (2018, 1 de agosto). Resolución N.° 058-DIGERCIC-CGAJ-DPyN-2018. Registro Oficial N.° 331, 20 de septiembre de 2018. https://esacc.corteconstitucional.gob.ec/ storage/api/v1/10_DWL_FL/ eyJjYXJwZXRhIjoicm8iLCJ1dWlkIjoiMjViMjk0YmQtMTJiOS00MTljLTkyNTItMDE4MzBkYmExZWZjLnBkZiJ9

1.8.Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación. (2018, 24 de abril). Memorando No. DIGERCICCGAJ.DPN-2018-0079-M. https://es.scribd.com/document/617087990/resolucion58-digercic-cgaj-dpyn-2018 1.9.Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación. (s. f.). Actualización por posesión notoria de apellidos. https://www.gob.ec/dgrcic/tramites/actualizacion-posesionnotoria-apellidos 1.10.Presidencia de la República del Ecuador. (2024, 11 de junio). Decreto Ejecutivo No. 294: Reglamento a la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. Registro Oficial Suplemento No. 579, 16 de junio de 2024. https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf

Cambio climático amenaza hasta al 16% de especies de plantas

Un estudio de modelización ecológica realizado por la Universidad de California David (Estados Unidos) revela que se prevé que entre el 7% y el 16% de las especies de plantas estudiadas a nivel mundial pierdan más del 90% de su área de distribución, enfrentándose a un alto riesgo de extinción para el año 2100, según las proyecciones actuales sobre el cambio climático. EUROPA PRESS/IA

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