El Municipio de Loja prohibirá la venta de maíz en los quioscos urbanos con el objetivo de mitigar los daños patrimoniales y los riesgos sanitarios en las plazas centrales, derivados de la propagación de palomas. 3
Comerciantes revitalizar la calle
Calificaciones estancadas en concurso para 4 7
Soltería tiene un efecto inesperado en los gastos
MARTES 30 DE JUNIO DE 2026
Loja - Zamora
lojalahora @ lojalahora
CARLOS SÁNCHEZ
BERZAÍN
Columinsta Invitado
La dictadura cubana
agoniza
Luegode más de 67 años de terrorismo de Estado, de agresiones e intervenciones a todos los países de las Américas, de expandirse y convertirse en el narcoestado jefe en el siglo 21, de someter al pueblo a la miseria, de perpetrar crímenes comunes y de lesa humanidad, la dictadura de Cuba agoniza sin ninguna condición de gobernabilidad ni posibilidad de sobrevivencia. Son los últimos días de un régimen de delincuencia organizada que no tiene pueblo, que ha perdido su narrativa de revolución, que ha liquidado la economía cubana y que no tiene opciones.
El siglo 21 en las Américas resultó siendo el de la expansión de la dictadura de Cuba que instaló su modelo dictatorial en Venezuela con Chavez/Maduro, Bolivia con Morales/Arce, Nicaragua con Ortega/Murillo y Ecuador con Correa. Controló progresivamente casi todos los países de Latinoamérica, instalando gobiernos para dictatoriales, con derrocamientos, elecciones, fraude electoral, terrorismo, financiamiento de campañas y una larga cadena de crímenes.
Hoy las Américas y el mundo conocen en tiempo real la realidad de miseria, degradación, humillación y desesperación del pueblo cubano, y el afán del régimen de falsificar cambios y presentar sofismas de apoyos. La realidad es que el repudio popular contra la dictadura representada por Diaz Canel y Raúl Castro es total, no tienen pueblo; nadie cree en la revolución cubana, probada como crimen organizado.
La detención de Nicolás Maduro con el fiasco militar sufrido por fuerzas de la dictadura cubana encargada de la seguridad del capturado, la pérdida de ingresos y petróleo que el desmantelamiento de la narcodictadura de Venezuela representa, y el ultimátum de Estados Unidos al régimen castrista con múltiples señales económicas y políticas, muestran que la fuga de la cúpula dictatorial, su captura, su neutralización, su caída, su rendición o cualquier otra forma de terminación de la dictadura ha llegado. Abogado y Politólogo. Director del Instituto Interamericano para la Democracia. Tomado con autorización del Instituto Interamericano para la Democracia.
PABLO GRANJA ÁVALOS granja.pablo@yahoo.com
¡No al ‘gatopardismo’ cubano!
Pocodespués del 10 de Agosto de 1809, luego del Primer Grito de Independencia, en las fachadas de Quito apareció una frase que reflejaba que el colonialismo español había sido sustituido
EDITORIAL
Arcom bajo ataque
El nuevo atentado terrorista en Quito revela que el país continúa atravesando uno de sus momentos más álgidos en seguridad.
En esta ocasión el ataque estuvo dirigido a la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), en el norte de la capital, que maneja el catastro minero, certificaciones, aplicación de tasas y proyectos de inversión.
La minería ilegal se ha convertido en uno de los negocios criminales más cruentos del país. El narcotráfico ha logrado invertir en este negocio y quiere que el Estado esté alejado de las zonas donde ellos pueden extraer el recurso, en especial el oro. En las zonas donde hay presencia de los delincuentes se producen varios delitos: lavado de dinero, trata de personas, tráfico de armas y asesinatos.
MILDRED MOLINEROS
mmolinerosg@masmediacion.law
La convivencia
también se aprende
Nosenseñaron a leer, a escribir, a resolver problemas matemáticos y a comprender la historia. Aprendimos una profesión, un oficio y, con suerte, otro idioma. Sin embargo, hay una pregunta que pocas veces nos hacemos: ¿quién nos enseñó a convivir?
En el atentado de ayer, los terroristas dejaron amenazas en contra del personal de la Arcom, que ya están siendo investigadas.
El Estado no puede perder terreno. Los especialistas en minería saben perfectamente que si el Estado y las empresas privadas no explotan las zonas donde saben que hay minerales, lo hará la delincuencia. No importará que se opongan los ambientalistas más honestos. Los delincuentes se abrirán camino, como pasa en Buenos Aires, Imbabura.
Ahora, el personal de la Arcom es un objetivo de los delincuentes, luego de dos ataques. El primero fue el pasado 12 de junio, en Machala.
Ecuador no solo ha sido contaminado con el tráfico de drogas, sino también con la minería ilegal. Colombia y Perú, países productores de cocaína, también luchan contra la minería ilegal desde hace unos 10 años.
por las élites locales que mantenían la misma falta de libertad: “Último día de despotismo y primero de lo mismo”. Esta misma frase nos tienta evocarla en el Nuevo Ecuador, en que empiezan a verse resquicios de lo sufrido en el pasado reciente. En 1957, Tomás de Lampedusa escribió la novela ‘El Gatopardo’, narrando los cambios que terminarán con los privilegios de la aristocracia, avizorados por el Príncipe de Salina tras el desembarco de Garibaldi en Sicilia en 1860. Políticamente, el “gatopardismo”, sirve para definir a los gobiernos o líderes que ofrecen
cambios que resultan siendo superficiales, porque mantienen las estructuras intactas. Esto se refleja en la frase que usa Tancredi para lograr el apoyo de su tío: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. En estos meses y días recientes, hemos sido testigos de gigantescos despliegues tecnológicos y militares que hacían presumir cambios radicales. La extracción de Maduro y Cilia fue impecable, pero todos sus cómplices siguen en el poder. Con Irán la destrucción del complejo nuclear se sintió como un alivio. La eliminación de
las jerarquías eclesiásticas y militares, parecía que llevarían de vuelta a la libertad por sobre la iniquidad fundamentalista; pero no, ese régimen opresivo sigue en estado de resistencia agresiva.
En Cuba, el títere del castrismo, Díaz Cannell, por fin anunció que el sistema económico ha fracasado y que se abría la economía a la empresa privada, con 176 medidas para acoger a la inversión extranjera y de la diáspora cubana, eliminar las trabas al uso de cuentas bancarias; descentralizar empresas estatales y ampliar las actividades de las Mipymes; nuevos
Convivimos todos los días. En la familia, en la escuela, en el trabajo, en el tránsito y hasta en las redes sociales. Aún así, solemos asumir que escuchar, dialogar, discrepar con respeto o construir acuerdos son habilidades que aparecen de manera natural. La experiencia demuestra que no es así.
La convivencia es una habilidad que aprendemos y practicamos todos los días.
Quizá por eso nos cuesta tanto afrontar las diferencias. Esperamos que las personas sepan trabajar en equipo, resolver conflictos o comunicarse con respeto, aunque pocas veces les enseñamos cómo hacerlo.
Durante mucho tiempo hemos concentrado nuestros esfuerzos en reaccionar cuando los problemas ya aparecieron. Intervenimos cuando un conflicto escala, cuando una relación se rompe o cuando el ambiente se deteriora. Sin embargo, dedicamos mucho menos tiempo a preguntarnos qué podemos hacer antes para fortalecer la convivencia.
La verdadera transformación comienza mucho antes del conflicto. Comienza cuando aprendemos a convivir.
Eso implica desarrollar habilidades como una comunicación efectiva y asertiva, la escucha, la empatía, el diálogo y la capacidad de gestionar las diferencias sin convertirlas en enfrentamientos. Vivimos en una sociedad que ha invertido grandes esfuerzos en resolver conflictos, pero todavía tiene una enorme oportunidad para fortalecer la prevención. Construir comunidades más respetuosas, colaborativas y capaces de dialogar no depende únicamente de responder mejor cuando aparecen los problemas. Depende, sobre todo, de preparar a las personas para relacionarse mejor antes de que esos problemas existan.
La convivencia no sucede por sí sola. Se enseña, se aprende y se construye todos los días, porque la calidad de nuestras relaciones importa
mecanismos de control y asignación de divisas; modificación del sistema de subsidios favoreciendo a las personas vulnerables y no a los productos; reformas a la comercialización agropecuaria y financiamientos para motivar la producción alimenticia. ¡Pero ni una palabra sobre eliminar la tiranía hereditaria que ha tardado 66 años para reconocer su fracaso irremediable! ¡A Cuba hay que devolverle la libertad y enterrar al comunismo! ¡Hay que decirle NO al gatopardismo cubano!
Medidas sanitarias buscan reducir la sobrepoblación de aves en Laoja
El Municipio de Loja prohibirá la venta de maíz en los quioscos urbanos con el objetivo de mitigar los daños patrimoniales y los riesgos sanitarios en las plazas centrales, derivados de la propagación de palomas.
El incremento desmedido de estas aves genera graves afectaciones en la infraestructura local y la salud pública. Sus deyecciones deterioran las bancas de los parques, ensucian las aceras y dañan las fachadas de iglesias y edificios patrimoniales. Asimismo, la presencia de ácaros y la dispersión de alérgenos en el aire representan un riesgo directo para la ciudadanía, especialmente para los niños y las personas con afecciones respiratorias.
Las autoridades locales identifican el suministro continuo de comida como la causa principal de este
fenómeno. “Mientras más alimento se les dé, más palomas vamos a tener”, explicó David Maldonado Peralta, director de Gestión Económica del Municipio. El funcionario aclaró que la estrategia actual no contempla la eliminación de los animales, sino su migración natural mediante la restricción alimentaria. “Hemos tomado la decisión de prohibir la venta del maíz en los quioscos urbanos”, enfatizó.
Regulaciones comerciales y control sanitario
La Dirección de Gestión Económica aplica esta medida
amparada en la normativa vigente, ejecutando operativos articulados para garantizar el ordenamiento del espacio público.
“La resolución 034AL-2025, en su artículo 22, literal C, establece que la venta de maíz debe ser autorizada por la Dirección de Gestión Económica. A la fecha no tenemos ninguna solicitud; por lo tanto, el expendio está prohibido”, señaló el director Maldonado.
La resolución municipal 034-AL-2025 regula las actividades comerciales de los quioscos urbanos y prohíbe el expendio de productos que no estén explícitamente autorizados en sus permisos de funcionamiento.
Las comisarías de Higiene y de Ornato apoyan estos controles rutinarios para ve-
rificar que los quioscos cumplan con los registros sanitarios y ofrezcan únicamente productos aptos para el consumo humano. Paralelamente, la Dirección de Gestión Ambiental coordina un estudio técnico con las universidades locales para evaluar la situación real de la fauna urbana en el cantón.
Fiscalización y corresponsabilidad ciudadana
Desde el ámbito legislativo local se respalda el cumplimiento estricto de las orde-
nanzas que regulan el uso del suelo y el comercio. Los concejales insisten en que el éxito de la medida depende también de la conducta de los habitantes.
El concejal Yuri Yaguana calificó de notoria la sobrepoblación en las plazas y criticó la actividad informal en los puestos de comercio. “Los quioscos tienen un giro de negocio que es la venta de confitería, tarjetas SIM y boletos de lotería, mas no la venta de maíz; están infringiendo la ordenanza”, afirmó.
El edil exhortó a la ciudadanía a no adquirir estos granos y a respetar las áreas comunes, recordando que los animales pueden buscar sustento por cuenta propia en otros entornos. Finalmente, las autoridades municipales ratificaron que el proceso de control será paulatino y enfocado en la concientización social, descartando cualquier medida de exterminio.
TOME NOTA
Comerciantes plantean acciones para revitalizar tramo de la calle Lourdes
La falta de un plan de movilidad sostenible y el déficit lumínico frenan el despegue económico del corredor colonial más emblemático de Loja. Propietarios de negocios plantean una reforma urbana.
El tramo colonial de la calle Lourdes, ubicado entre las calles Bolívar y Sucre, padece un problema de diseño urbano: el automóvil desplaza al peatón. Este espacio histórico destaca por sus fachadas de colores llamativos, balcones antiguos de madera, cuadros religiosos y una variada oferta comercial. Sin embargo, la constante circulación de vehículos degrada la experiencia turística y reduce el tiempo de permanencia de los visitantes.
Los propietarios de los establecimientos señalan que el tráfico impide aprovechar el espacio público. Fernando Silva, propietario de la tien-
da orgánica Inti Vida, explicó a LA HORA que el flujo de autos dificulta que los turistas caminen con tranquilidad o tomen fotografías de la arquitectura local. La calzada estrecha y el ruido restan atractivo a un sector que, por su naturaleza, requiere un entorno calmado y caminable.
Proyectos piloto de peatonalización como solución probada Frente a este obstáculo, las experiencias previas de restricción vehicular demuestran que el cierre temporal de la calle beneficia directamente a la economía local.
Durante los diez días del Festival Internacional de Artes Vivas, la cuadra se convierte en un paseo peatonal, lo que multiplica las ventas y permite activaciones culturales con danza, música y oratoria. Diego Díaz, administrador de Carpa Adventure Store, afirma que los proyectos piloto ejecutados el año pasado confirmaron que un espacio netamente peatonal eleva de forma sustancial el volumen de las ventas. Silva coincide en que el bloqueo del tránsito dinamiza la economía circular y fomenta que los negocios se expandan hacia la acera, generando una comunidad comercial cohesionada
y resiliente.
Esta postura es respaldada por los propios visitantes. Daniela Rodríguez, ciudadana lojana, comenta: “Este lugar de la ciudad es uno de los más bonitos; los colores y la forma particular de las estructuras de las casas son las que más me llaman la atención. Además, en esta cuadra se pueden encontrar muchas cosas, pero mis favoritas son las artesanías y la gastronomía”.
Rodríguez añade que evitar el paso de vehículos en esta zona favorece tanto al comerciante como al peatón.
Oscuridad nocturna y falta de apoyo institucional
El segundo gran desafío del sector es la infraestructura de servicios básicos, específicamente el alumbrado público. Al caer la noche, la calle pierde visibilidad debido a un sistema de iluminación deficiente, lo que genera una percepción de inseguridad y desincentiva la actividad comercial nocturna. Los empresarios locales han manifestado su disposición para cofinanciar mejoras
DATO DESTACADO
° Este espacio patrimonial funciona como un centro comercial a cielo abierto que diversifica la economía de Loja. En una sola cuadra coexisten locales de artesanías tradicionales, cafeterías de especialidad, restaurantes de comida típica, peluquerías, agencias de turismo, tiendas de ropa de aventura y un gimnasio.
estéticas, pero requieren la intervención obligatoria del sector público.
Díaz enfatiza que la falta de iluminación nocturna es la principal debilidad actual de la zona. El comerciante argumenta que, mientras el Municipio de Loja aplica el proyecto “Calles Vivas” en sectores como la calle Rocafuerte, la calle Lourdes cuenta con el potencial ideal para ser declarada zona peatonal permanente. Los entrevistados concuerdan en que las autoridades deben priorizar el beneficio de la mayoría y abrir paso a un modelo urbano donde el peatón recupere el protagonismo sobre el vehículo.
MOVILIDAD. El tramo de la calle Lourdes , es uno de los espacios más llamativos y comerciales del casco céntrico.
¿El concurso para Fiscal se dilata por intereses políticos?
El concurso público para elegir a la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado está pausado desde hace tres semanas. Veedores ciudadanos sospechan que el concurso se está dilatando por intereses políticos.
El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) , Andrés Fantoni, está de vacaciones; Jazmín Enríquez es la presidenta subrogante, mientras el concurso para designar a la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado (FGE) está en pausa.
Según el cronograma, la designación de la autoridad para la FGE está prevista para el 23 de octubre de 2026 . Sin embargo, esta fecha tambalea
¿En qué fase se encuentra el concurso?
Hasta el 29 de junio de 2026, el concurso se encontraba en la fase de méritos y recalificación, cuyo puntaje es sobre 50 puntos. La Comisión Ciudadana de Selección (CCS), encargada de ejecutar el concurso, remitió el informe final de la fase de méritos y recalificación al Pleno del Cpccs. Hay 28 postulantes: 19 hombres y 9 mujeres. El Pleno conoció el informe en la sesión del 11 de junio, pero no fue aprobado. Solo Fantoni, Enríquez y Johanna Verdezoto votaron a favor.
Pleno espera un pronunciamiento
En la sesión del 11 de junio Bonifaz votó en contra y dijo que “al revisar las 22 solicitudes (de recalificación), solo nueve produjeron modificaciones y 13 fueron negadas en su totalidad, existen casos que requieren una explicación más profunda por parte de la CCS”.
Cynthia Jacho, presidenta de la CCS, defendió la gestión de los comisionados en la sesión del 24 de junio. “No corresponde que exista una paralización atribuible a la CCS, nuestra responsabilidad ya concluyó con la aprobación y la entrega del
votaron a favor de aprobar el informe de recalificación de los postulantes. (Foto: Cpcca).
informe final”.
Aclaró que el Pleno es el encargado de conocer el informe, más no de emitir una aprobación y solo tras este acto la CCS puede proseguir con la fase de impugnación ciudadana
“El informe de reconsideración de méritos, a nuestro criterio (Cuarán y Nicole Bonifaz), no tiene una debida motivación, fue por ello que no existió mayoría para aprobar el mismo”, respondió Cuarán mediante un mensaje de WhatsApp el 29 de junio.
“La Comisión, con base en los argumentos de los consejeros, deberá ratificarse en su informe o motivar y señalar correctamente el por qué no se aceptaron los argumentos de los postulantes, para proseguir con la etapa de impugnación ciudadana, la contratación de los expertos que realizará las pruebas
escritas y orales, y continuar con lo que el reglamento señala”, añadió Cuarán.
¿El concurso pasó al plano político?
“Mientras el Cpccs no emita una resolución d e haber avocado conocimiento del informe, el concurso está detenido”, recalca Guido Egas, coordinador de la Veeduría Ciudadana del concurso. Esta ha enviado dos oficios al Pleno para que agilicen lo que les compete y avance el concurso.
Egas tiene una lectura de lo que pasa: “Ha pasado de ser un concurso técnico a ser un concurso político y en este tiempo electoral están viendo qué es lo que ocurre y cómo se va a conformar el Cpccs para ahí ir avanzando”. La elección de las nuevas autoridades del Cpccs será en noviembre de 2026.
La Veeduría realizó una
El presidente del Cpccs estará en uso de sus vacaciones hasta el 6 de julio de 2026. EL DATO
menos con cuatro integrantes puedan avanzar en cualquier decisión que tome el Pleno. No hay razón alguna para que el concurso no avance”, añade Espinel al recordar la renuncia de Roberto Gilbert Espinel observa que con el estancamiento del concurso los afectados son los ciudadanos: “Nos perjudican a todos los ciudadanos al no tener una autoridad definitiva, los encargos son muy perjudiciales para la vigencia de la democracia . Eso daría como resultado que Carlos Alarcón se mantenga en el cargo actual, su presencia ha sido cuestionada, pues se afirma que estaría respondiendo a los intereses del Gobierno actual”.
Espinel evalúa que se está configurando “un claro incumplimiento de la ley por parte del Cpccs por no designar al reemplazo de Diana Salazar desde el 2025”.
evaluación interna sobre la recalificación del puntaje de los postulantes, ese informe será presentado al final del proceso. Egas adelanta un dato: “Dentro de las observaciones que hemos concluido hay una diferencia considerable entre la puntuación de la CCS y la de la evaluación. Estaríamos hablando de que un 34% de los postulantes tienen esta diferencia”.
La excusa de las vacaciones de Fantoni “Es lamentable que lo único que se ha escuchado es que van a retomar el tema cuando Andrés Fantoni regrese de sus vacaciones”, expresa Mauricio Espinel, vocero de la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso de Fiscal. Dice que eso genera suspicacias.
“La Ley Orgánica del Cpccs les faculta a que al
El vocero cree necesario que la Asamblea Nacional actúe: “Debería existir un proceso de fiscalización por parte de la Asamblea Nacional por el incumplimiento de funciones de los consejeros, pero en cada uno de los intentos de fiscalización que hace la Asamblea, la mayoría oficialista los termina bloqueando”.
Riesgos de una Fiscalía sin independencia
Para Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), los concursos que provienen del Cpccs carecen de legitimidad.
“Eso es una variante de la persecución política , es una forma de impedir las libertades de opinión , de impedir que la democracia se construya y eso se vuelve muy peligroso en las sociedades contemporáneas. Por eso la CNA permanentemente ha señalado que el Cpccs no debe existir”, con cluye. (KSQ)
FUNCIONARIOS. Andrés Fantoni, presidente del Cpccs (centro), Johanna Verdezoto, consejera (Der.), y Jazmín Enríquez, vicepresidenta del Cpccs (Izq.),
SEGURIDAD
TERRORISMO. Amenazas de bombas registradas en la Arcom y el Ministerio de Agricultura en Quito.
Violencia criminal escala con atentados en instituciones públicas
Dos atentados con bombas se han registrado en Quito con solo cuatro días de diferencia. Especialistas señalan que debe haber un fortalecimiento en inteligencia y prevención.
Ventanas rotas, paredes agrietadas, escombros en las veredas, techos desarmados e infraestructura expuesta es lo que dejaron las dos bombas que explotaron en la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y del Ministerio de Agricultura, en Quito.
La capital sufrió por el estruendo de los explosivos. Esta vez el panorama evidenció un escenario similar al de una guerra. Sucedió cuatro días después de que se colocara otro artefacto en el Complejo Judicial Norte.
Los moradores del sector La Pradera, en el centro norte de la capital, se despertaron alrededor de las 03:00 por los estallidos, según comentaron en redes sociales. Quienes dejaron e hicieron detonar los explosivos llegaron en un vehículo tipo Jeep. También activaron la bomba de forma manual y se registraron dos detonaciones.
Panfleto con amenazas
Entre los explosivos se encontró un panfleto con las amenazas, indicando que ese era el segundo y último aviso que iba dirigido al d i-
rector de la Arcom, y señalaban que no pagarían el 5% de las facturas que supuestamente les habían pedido para la salida de exportación.
En el panfleto referían supuestos actos de corrupción en la Arcom. La Policía indicó que no se conocía si la amenaza provenía de un grupo delictivo o de una persona, pero aseguraron que las investigaciones están en curso.
Al final de la amenaza se mencionaba que a todas las instituciones “que empiecen a robar, los van a reventar”.
Amenazas contra jueces
El 25 de junio de 2026 también se registró un artefacto explosivo con un panfleto. Este iba dirigido a los jueces, para que tomen correctivos sobre los casos que se llevan en el Complejo Judicial Norte.
El artefacto fue neutralizado por el Grupo de Intervención y Rescate (GIR). Por ello, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) destacó que han advertido reiteradamente sobre la inseguridad que enfrentan los operadores de justicia, pero que no ha habi-
EL DATO
Los homicidios intencionales en Quito aumentaron entre enero y abril de 2026, respecto al mismo periodo del año anterior. En ese lapso de 2025 se registraron 84 homicidios, mientras que entre enero y abril de 2026 fueron 86.
“Se busca sembrar esta incertidumbre en la ciudadanía para infundir miedo y demostrar a la gente que el Estado ya no tiene control en ninguna parte”, detalló. Valarezo dijo que para combatir este tipo de amenazas se necesita un fortalecimiento de la inteligencia y de la investigación criminal.
contra la capacidad del Estado de investigar, sancionar, regular y ejercer autoridad”, puntualizó al señalar que hay una expansión de la violencia hacia espacios simbólicos e institucionales. Rivera recalcó que Quito, por ser capital política y administrativa de Ecuador, concentra funciones del Estado que deberían estar altamente protegidas. Según ella, el crimen organizado o las redes violentas buscan instalar miedo, condicionar decisiones públicas y demostrar capacidad operativa, incluso en lugares donde la presencia estatal debería ser más fuerte.
do respuestas efectivas. Quito es ‘blanco’ de atentados
El especialista en seguridad, Jean Paúl Pinto , dijo que estas amenazas evidencian que Quito “ya es blanco de atentados” y que los criminales consideran que pueden atacar en la capital en total impunidad y poner bombas en cualquier espacio.
Para el especialista, esta situación “es grave”, porque antes había muy pocos atentados, pero actualmente se registraron dos consecutivos. Pinto destacó que es necesario controlar la situación a tiempo, para evitar una “tragedia”.
También destacó que, pese a las medidas excepcionales tomadas contra el crimen organizado , no se evidencia una mejora en la seguridad y los grupos criminales operan incluso con las decisiones.
La criminóloga Daniela Valarezo indicó que los objetivos a los que se trata de llegar no son casuales, porque al poner bombas en dos instituciones públicas identifican el ‘blanco’ para intimidar o generar miedo.
Ataques para intimidar al Estado Blanca Rivera, magíster en seguridad y defensa nacional, aseguró que la violencia criminal ya no busca únicamente controlar territorios periféricos o disputar economías ilegales, sino enviar mensajes de intimidación a instituciones clave del Estado: la Justicia, la regulación minera y la administración pública.
“Cuando se amenaza un complejo judicial o se ataca una entidad de control como la Arcom, el mensaje no es solo contra un edificio; es
La especialista dijo que el Estado debe reaccionar con firmeza, pero criticó que aún exista una lógica reactiva basada en toques de queda, estados de excepción, operativos, allanamientos, detenciones y decomisos. Sostuvo que aunque estos pueden ser necesarios en determinados momentos, no pueden ser la única estrategia
Agregó que se necesita “una depuración real de las instituciones de seguridad y Justicia, una revisión del modelo operativo de la Policía, una Inteligencia más sólida y menos condicionada por el costo político, y una forma distinta de medir resultados”. La respuesta, argumentó, debe combinar acción e inteligencia, control y prevención , sanción y reconstrucción social. (PSR)
CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Ibarra 30 de junio de 2026
Se convoca a los socios del Club Deportivo Especializado Dedicado a la Práctica del Deporte Profesional San Antonio a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al primer trimestre del año, la cual se realizará el día 22 de julio de 2026, a las 17h00 horas, en las instalaciones de la Asociación de Fútbol Profesional de Imbabura - AFI, ubicadas en la Av. Jaime Roldós Aguilera y Av. Víctor Manuel Peñaherrera, Ibarra, Ecuador de acuerdo con el siguiente orden del día: ORDEN DEL DÍA
1. Constatación del quorum e instalación de la Asamblea General Ordinaria
2. Conocimiento y resolución del Presidente del Directorio del año 2025 ;
3. Conocimiento y resolución de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2025; 4. Cambio de domicilio del Club ; 5. Cambio de denominación del Club; 6. Conocer y Resolver sobre la reforma y codificación del Estatuto del Club. La Asamblea General, en esta primera convocatoria el quórum de instalación de las Asambleas Generales se establecerá con la presencia de la mitad más uno de los socios
Vivir solo en Ecuador: más libertad, más gastos y menos hijos
Los hogares unipersonales crecen con fuerza en Ecuador. La tendencia impulsa sectores como vivienda, tecnología y mascotas, pero también eleva el costo de vida y plantea nuevos desafíos económicos y sociales para el país.
TENDENCIA. Los hogares unipersonales aumentan en Ecuador
En el departamento de 45 metros cuadrados donde vive en el norte de Quito, Andrea, de 32 años, tiene la sensación de que cada mes todo cuesta más. El arriendo, el internet, la electricidad, la plataforma de streaming, las compras del supermercado y hasta los gastos de su gato recaen únicamente sobre ella.
“Me gusta mi independencia y no la cambiaría fácilmente, pero cuando llega fin de mes me doy cuenta de que vivir sola es mucho más caro de lo que imaginaba. No tengo con quién dividir ninguna factura”, comenta.
La historia de Andrea no es una excepción. Ecuador atraviesa una transformación silenciosa que está cambiando la forma de vivir, consumir y gastar . Lo que durante décadas fue un país dominado por familias numerosas hoy empieza a parecerse cada vez más a las sociedades urbanas de Europa y Norteamérica: hogares más pequeños, matrimonios más tardíos, menos hijos y un creciente número de personas que viven solas.
Los datos del último Censo Nacional reflejan con claridad esta transición.
Los hogares unipersonales pasaron del 12,1% en 2010 al 16,7% en 2022, un crecimiento de 4,6 puntos porcentuales en apenas doce años.
En otras palabras, uno de cada seis hogares ecuatorianos está habitado por una sola persona. Al mismo tiempo, los hogares de dos integrantes crecieron del 15,9% al 20,2%, mientras que los hogares de cinco o más miembros se redujeron en 10,1 puntos porcentuales.
La transformación también se observa en el estado civil de los ecuatorianos. Según los resultados censales, los solteros ya representan el 43,5% de la población y el porcentaje continúa creciendo.
La vida en solitario gana terreno
Desde una perspectiva económica, la fragmentación de los hogares genera un efecto inmediato: multiplica el consumo
Si una pareja comparte
una vivienda, existe un solo contrato de internet, una sola refrigeradora, un solo televisor y una sola factura de electricidad. Cuando esas dos personas viven por separado, el mercado vende prácticamente todo por duplicado.
Por eso, la demanda de suites, departamentos pequeños y espacios compactos se ha disparado en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca . El propio Censo evidencia un crecimiento acelerado de esta tendencia: la proporción de ecuatorianos que vive en departamentos pasó del 11,9% en 2010 al 21,1%, prácticamente el doble.
La economía detrás de este fenómeno es sencilla. Ecuador tenía hogares con un promedio de 4,2 personas en 2001; en 2010 el promedio bajó a 3,8 y en 2022 descendió a apenas 3,2 integrantes Esto significa que para albergar una población que creció alrededor de 17% entre 2001 y 2022, el número de hogares aumentó mucho más rápido. De hecho, el país pasó de aproximadamente 3,3 millo-
nes de hogares en 2001 a más de 5,2 millones en 2022, un incremento cercano al 58%. En términos prácticos, esto supone la necesidad de casi dos millones de viviendas adicionales, cada una equipada con cocina, refrigeradora, conexión a internet, muebles, electrodomésticos y servicios básicos propios. Lo que antes compartían cuatro personas hoy, cada vez más, debe ser adquirido por dos o incluso por una sola.
En otras palabras, la reducción del tamaño de los hogares impulsa la actividad económica porque crea nuevos consumidores independientes. Sin embargo, también elimina las economías de escala familiares que permitían compartir gastos. El fenómeno también se traslada a la alimentación.
Quienes viven solos suelen comprar porciones individuales, alimentos preparados o productos de menor volumen, que normalmente tienen un costo unitario superior al de las presentaciones familiares. La independencia tiene un precio.
Para David, de 38 años y residente en Cuenca, la diferencia es evidente. “Cuando vivía con mis hermanos comprábamos en volumen y todo salía más barato. Ahora gasto menos comida, pero pago más por cada producto. Al final ahorro tiempo, pero no dinero”, señala.
Según datos de telecomunicaciones, Ecuador supera los 18 millones de líneas móviles activas y registra más de 3 millones de conexiones fijas a internet . A medida que aumentan los hogares unipersonales, crece la necesidad de contratar servicios que antes eran compartidos dentro de una misma vivienda, desde conectividad hasta plataformas de entretenimiento digital. Al dividirse las familias,
desaparecen muchos de los beneficios financieros que surgen cuando varias personas comparten gastos fijos. El resultado es paradójico: la economía vende más, pero cada individuo termina asumiendo una mayor carga de gastos. Lo que impulsa el crecimiento de sectores como vivienda, telecomunicaciones, electrodomésticos y servicios personales también reduce la capacidad de ahorro de millones de personas que viven solas.
Más mascotas, menos cunas
Mientras la natalidad muestra señales de desaceleración y cada vez más jóvenes postergan la decisión de tener hijos debido a la incertidumbre económica y laboral , los animales de compañía se han convertido en protagonistas del gasto familiar.
El propio Censo reveló que 4,1 millones de hogares ecuatorianos tienen al menos una mascota. Considerando que el país registra alrededor de 5,2 millones de hogares, esto significa que cerca de ocho de cada diez hogares conviven con perros, gatos u otros.
La explicación combina factores económicos y emocionales. Mantener una mascota implica un compromiso financiero considerable, pero sigue siendo muy inferior al costo de criar un hijo. Mientras la manutención de un perro o un gato puede representar entre $40 y $120 mensuales y acumular entre $7.000 y $22.000 durante toda su vida, criar un hijo en Ecuador hasta los 18 años puede requerir entre $80.000 y $150.000, sin incluir estudios universitarios . Al mismo tiempo, perros y gatos ofrecen compañía en una sociedad donde las redes familiares tradicionales son cada vez más pequeñas.
La tendencia coincide con una caída histórica de la natalidad En 2024 nacieron solo 160.000 niños en Ecuador, la cifra más baja al menos desde 1990. Además, la tasa de natalidad continúa descendiendo respecto a años anteriores. (JS)
historial a favor de los locales, México busca imponerse en casa. Sin Ecuador llega con el impulso de la victoria ante Alemania y la firme intención de clasificar a los octavos de final de la copa del mundo.
México vs. Ecuador
(16vos de final)
20:00
Estadio Azteca, en Ciudad de México
Histórico México vs. Ecuador
Mejor resultado hasta
resultado hasta ahora en el
Gráfico: Xavier Peña
Terremoto en Venezuela: alertas ignoradas y una factura de $10.000 millones
Años de advertencias sobre el riesgo sísmico no evitaron la tragedia que golpeó a Venezuela. Mientras continúan las labores de rescate, las pérdidas económicas podrían superar los $10.000 millones y alcanzar hasta el 7 % del PIB del país.
El devastador terremoto que sacudió Venezuela no tomó por sorpresa a la comunidad científica. Aunque nadie podía predecir la fecha exacta de un sismo, geólogos, sismólogos e instituciones especializadas habían advertido durante años que el país enfrentaba una amenaza sísmica real y permanente debido a su ubicación sobre importantes fallas tectónicas.
La tragedia, que dejó más de 1.400 fallecidos y miles de heridos y desaparecidos, abrió un intenso debate sobre por qué un país que conocía sus riesgos naturales terminó enfrentando una emergencia para la que no estaba preparado.
Terremoto en Venezuela: una amenaza conocida desde hace décadas Venezuela se encuentra en una de las zonas sísmicas más activas del norte de Sudamérica. El territorio está atravesado por sistemas de fallas como Boconó, San Sebastián y El Pilar, cuyo potencial destructivo ha sido ampliamente estudiado por especialistas y organismos científicos.
La historia también ofrecía señales claras. Caracas sufrió terremotos devastadores en 1641, 1812, 1900 y 1967. Inves-
tigaciones académicas documentaron que algunas zonas de la capital son especialmente vulnerables debido a características geológicas que amplifican las ondas sísmicas.
En septiembre de 2025, la geóloga venezolana Luiraima Salazar advirtió que la posibilidad de un terremoto superior a magnitud 7 en Venezuela no era una hipótesis remota, sino una amenaza latente derivada de la acumulación continua de esfuerzos tectónicos. La especialista hizo la advertencia a partir de su artículo El gran sismo del occidente venezolano, otra amenaza pendiente, en el que analizó la actividad del sistema de fallas Oca-Ancón y alertó sobre el potencial sísmico de la región.
Además, recordó que investigaciones previas del reconocido sismotectonista venezolano Frank Audemard ya habían identificado la posibilidad de un terremoto de hasta magnitud 7,5 en esa zona.
El terremoto expuso una deuda pendiente: prevención e infraestructura en Venezuela
Los especialistas coinciden en que Venezuela no carecía de conocimiento científico sobre el riesgo sísmico. El problema
radicaba en la brecha entre las advertencias técnicas y las acciones concretas para reducir la vulnerabilidad de la población.
Durante años se recomendó reforzar edificaciones antiguas, actualizar evaluaciones estructurales, mejorar los controles urbanísticos y fortalecer los sistemas de emergencia. Sin embargo, muchas de esas medidas no se implementaron de forma suficiente o sostenida.
La situación se agravó por el deterioro de la infraestructura pública, las limitaciones de los servicios de emergencia y la falta de recursos para organismos encargados de la gestión de riesgos. Tras el terremoto, imágenes de rescatistas y vecinos removiendo escombros con sus propias manos reflejaron las dificultades para responder a una catástrofe de gran escala.
El debate también alcanzó al sistema de vigilancia sísmica del país. Según declaraciones del geofísico venezolano Raúl Estévez, fundador de la Red Sismológica de los Andes Venezolanos, el país había perdido gran parte de su capacidad de monitoreo durante los últimos años. El experto aseguró que la red nacional llegó a contar con
GRUPOS de rescatistas internacionales permanecen horas buscando sobrevivientes entre los escombros en Venezuela
cerca de 300 estaciones, pero actualmente solo una fracción permanece operativa.
Estévez señaló que el debilitamiento institucional y la migración de especialistas redujeron la capacidad para detectar señales precursoras y emitir alertas tempranas más efectivas.
Otro de los aspectos más cuestionados tras la tragedia es la falta de una cultura de prevención comparable a la de países altamente sísmicos como Chile o Japón.
El costo de la reconstrucción: el golpe económico del terremoto en Venezuela El terremoto también amenaza con convertirse en uno de los desastres naturales más costosos de la historia reciente de Venezuela.
Las primeras estimaciones del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) indican que los daños ocasionados en viviendas, edificios públicos, infraestructura vial y servicios básicos podrían representar entre el 5 % y el 7 % del Producto Interno Bruto (PIB)
venezolano
Por otra parte, un informe inicial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calcula que los daños físicos directos ascienden a aproximadamente $6.700 millones. Esa cantidad equivale a cerca del 6 % del PIB del país y refleja la magnitud de la destrucción provocada en hogares, hospitales, escuelas, carreteras e infraestructura estratégica.
A estas estimaciones se suman los análisis de especialistas del sector reasegurador citados por Reuters, quienes prevén que las pérdidas económicas totales superarán ampliamente los $10.000 millones una vez que se incorporen los costos de reconstrucción, la interrupción de actividades productivas y los efectos indirectos sobre el empleo y el consumo Ante la magnitud de la emergencia, la presidenta interina Delcy Rodríguez anunció la creación de un fondo especial de 200 millones de dólares financiado con recursos provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI). (JS)
USO DEL POLÍGRAFO COMO PRUEBA DE CONFIANZA
El art. 228 de la Constitución de la República establece la configuración de carrera administrativa sustentada en el mérito de los servidores públicos demostrable a partir de sus conocimientos, competencias y experiencia (aspectos objetivos) y de su idoneidad ética y calidad personal (aspectos subjetivos). El mérito entonces es un principio esencial en la carrera administrativa porque gracias a este se permite el acceso al servicio público y, además, se puede verificar el
adecuado servicio a la colectividad, así como también los principios de eficacia, eficiencia, moralidad, imparcialidad y transparencia que caracterizan la actuación estatal. Esto, al menos en teoría, permite satisfacer la misión esencial y deber primordial de los servidores y las autoridades públicas del Estado y de la institucionalidad que se ha creado, la cual consiste en satisfacer adecuadamente el deber concreto de protección y eficacia
de los derechos de las personas que residen al interior de sus fronteras, así como también la materialización de las finalidades institucionales. En este sentido, la Corte Constitucional Colombiana, en la sentencia C-826 de 2013, afirmó que: “[e]n síntesis, esta Corte ha concluido que el logro de la efectividad de los derechos fundamentales por parte de la administración pública se basa en dos principios
esenciales: el de eficacia y el de eficiencia. A este respecto ha señalado que la eficacia, hace relación “…al cumplimiento de las determinaciones de la administración” y la eficiencia a “…la elección de los medios más adecuados para el cumplimiento de los objetivos.” También en la sentencia C-479 de 1992, se consideró que “[e]n este aspecto, la armonización de los dos principios analizados -la eficiencia y la eficacia de la función pública- con la protección de los derechos que corresponden a los servido-
C ONSULTA L ABORAL
¿Cuándo no existe la prohibición legal que impida al trabajador/a solicitar el desahucio aun cuando en su contra se tramite un visto bueno?
RESPUESTA
La indemnización por despido intempestivo prevista en el Art. 188 del Código del Trabajo y la bonificación por desahucio establecida en el Art. 185 de ese Código, son independientes pues obedecen a distintas situaciones en la relación laboral, la primera es el pago de un indemnización a favor del trabajador cuando ha sido ilegalmente privado de su puesto de trabajo, en tanto que el desahucio es una bonificación que se entrega al trabajador cuando este manifiesta su deseo de dar por terminado el contrato. En tal sentido, la ley no prohíbe o limita la posibilidad de solicitar el desahucio, aun cuando contra el mismo trabajador se esté tramitando una petición de visto bueno.
res estatales resulta de una carrera administrativa diseñada y aplicada técnica y jurídicamente, en la cual se contemplen los criterios con arreglo a los cuales sea precisamente el rendimiento en el desempeño del cargo de cada trabajador (el cual garantiza eficiencia y eficacia del conjunto) el que determine el ingreso, la estabilidad en el empleo, el ascenso y el retiro del servicio, tal como lo dispone
No existe prohibición legal que impida al trabajador solicitar el desahucio aun cuando en su contra se tramite un visto bueno, en todo caso lo pagado por el empleador será considerado al momento de calcular la liquidación del trabajador.
Oficio: 321-2018-P-CP JP Criterios sobre Inteligencia y Aplicación de la Ley Corte Nacional de Justicia
Director
DR. FRANCISCO VIVANCO RIOFRÍO Editor FRANCISCO LÓPEZ MURILLO Dirección: Arenas y 10 de Agosto, Edif. Vivanco, 5to. piso
La Hora LOJA, ECUADOR
MARTES, 30 DE JUNIO DE 2026
Autor: Dr. Giovani Mayorga Andaluz
el artículo 125 de la Constitución. Estos aspectos, en una auténtica carrera administrativa, deben guardar siempre directa proporción con el mérito demostrado objetiva y justamente. // Ello conduce a la instauración de la carrera administrativa como sistema propicio a la obtención de eficiencia y eficacia y, por tanto, como técnica al servicio de los fines primordiales del Estado Social de Derecho.”
Pese a lo anterior, el principio del mérito no es la única forma en que los ciudadanos ingresan al servicio público, pues existen otros mecanismos que permiten tal finalidad entre los cuales están el libre nombramiento (fundamentado en la consideración in tuitu personae que las funciones implican) o la elección popular según lo prevé la norma invocada, por manera que ha de entenderse que el mérito es la regla general y comprende un sistema general, y los otros mecanismos son excepcionales y configuran sistemas especiales dependiendo de las previsiones constitucionales o legales que los configuran. El mérito, como principio constitucional, proscribe los factores de selección del servidor público en base al nepotismo, al clientelismo y al favoritismo, y tiende a evitar la arbitrariedad en el acceso al servicio público.
El uso del polígrafo en el contexto laboral
Las pruebas demostrativas del mérito del postulante a la carrera administrativa tienen a establecer los aspectos objetivos (conocimientos, competencias y experiencia) y aspectos subjetivos (idoneidad ética y calidad personal), los cuales están relacionados directamente con las funciones que se van a desempeñar, así como también con las necesidades que exige el servicio. En ese contexto, el concurso público de méritos se enarbola como mecanismo constitucional previo para el acceso al servicio público, gracias al cual se verifica el principio del mérito, para cuyo efecto ha de ser efectuado en base a parámetros claros, precisos, objetivos y transparentes compatibles con los derechos fundamentales, pues de otro modo la finalidad instrumental se vería desbordada.
Entre las pruebas aplicables al concurso de méritos se emplean las denominadas pruebas o exámenes de confianza para el ingreso, permanencia o promoción del personal, de manera que la prueba, en este sentido, no es más que un instrumento cuya finalidad fundamental es la medición de los aspectos objetivos o subjetivos antes establecidos, o dicho de otra manera la prueba en el concurso de mérito es el instrumento que se emplea
para medir los conocimientos, actitudes o aptitudes para el desempeño de un trabajo. La confianza por su parte es entendida como “la fe, la seguridad que se deposita en alguien y en cuya virtud se omiten, respecto de esa persona, las precauciones y cuidados habituales”. Una prueba de confianza, podemos definirla, como aquella que es establecida para determinar la fe o seguridad institucional del servidor público en el cumplimiento de sus funciones, que redunda en beneficio de la integridad de las decisiones públicas, pues se pretende seleccionar a personas con altos estándares de probidad y disminuir así el riesgo de corrupción y aprovechamiento ilegitimo e ilegal durante el ejercicio de la gestión pública. Se trata, en definitiva de establecer una confianza cualificada que supera a la existente entre particulares.
Entre estas pruebas constan, por ejemplo, la entrevista, la prueba psicológica, la prueba toxicológica, la prueba médica, la prueba de entorno social, la prueba de condición o situación patrimonial, la prueba psicosométrica, la evaluación del desempeño, la prueba poligráfica, etc., siendo esta última la que más cuestiones problemáticas presenta por aspectos tales como el margen de error de los resultados por inexistencia de una conclusión categó-
rica; la metodología empleada; las modalidades o técnicas de uso (así tenemos: la técnica relevante/irrelevante o RIT, relevant/irrelevant test, el test de preguntas de control o preguntas de comparación o CQT, control question test y el test de mentira dirigida o DLT, the directed lie test; la subjetividad de los resultados; la preparación académica, los conocimientos suficientes y la experiencia del poligrafista, y, lo que resulta más serio, la afectación a derechos fundamentales por la intromisión indebida en la intimidad de los concursantes o servidores; la instrumentalización de las personas; el estigma y exclusión ulteriores al categorizarse como personas no dignas de confianza y el trato discriminatorio que ello implica; y, la discrecionalidad en cuanto a los funcionarios que se aplican.
El polígrafo
El diccionario de la lengua española de la Real Academia Española define al polígrafo como un aparato “que registra gráficamente la medición simultánea de varias constantes psicosomáticas, como el pulso, el ritmo cardiaco, etc., y que se utiliza para contrastar la veracidad de un testimonio.”; y la Asociación Latinoamericana de Poligrafistas define al examen poligráfico como “un test psicofisiológico de decepción o reconoci-
miento, a veces referido como detección de mentiras. El examen poligráfico es un test estandarizado y basado en la evidencia, acerca del margen de incertidumbre o el nivel de confianza alrededor de una conclusión categórica de decepción o de la posesión de conocimiento o información acerca de un tema objetivo de evaluación.”
Aunque es generalmente aceptado que el polígrafo es un instrumento capaz de registrar los cambios fisiológicos (respiración, frecuencia cardiaca, resistencia de la piel, sudor) generados en el cuerpo humano ante ciertos estímulos (cuestionarios), sin embargo, cualquier persona, ante el estado de emotividad provocado puede sentir temor de ser sometida a este instrumento y fallar en las respuestas. Además, ciertas personas que están entrenadas, aquellas personas que son hiperactivos o hiporreactivos o los psicópatas, podrían ser calificadas erróneamente como sinceras, honestas o merecedoras de confianza (falsos positivos o falsos negativos) tornando la prueba en poco fiable. En definitiva, el polígrafo o “detector de mentiras” como vulgarmente se lo conoce, no podría ser empleado como instrumento para demostrar el tan ansiado mérito que se requiere en los concursos de acceso a la carrera administrativa. En
este sentido, la Resolución RESOL-2020-74-APN-MSG, dictada por el Ministerio de Seguridad de Argentina del año 2020 prohibió “las pruebas de polígrafos en el ámbito del Ministerio de Seguridad y de las Fuerzas Policiales y de Seguridad que le dependen.”. El carácter científico que se pretende atribuir a esta prueba y a la capacidad científica de determinar si una persona miente o no tiene credibilidad, sin embargo no debe asumido sin más ni más, pues es importante destacar que no todo conocimiento al que se le atribuye tal calificativo lo es en verdad: “El tradicional tópico de acuerdo con el cual cualquier cosa que tenga algún origen científico es útil y válida y, por tanto, es admisible como elemento de prueba en el proceso, está en crisis desde hace tiempo, por varias razones. Por un lado, hay ámbitos de investigación, como por ejemplo la grafología, que se presentan como ciencias o, de todos modos, como áreas de conocimiento técnico, pero que, ciertamente, no pueden aspirar al estatus de ciencia. El hecho de que los grafólogos se consideren científicos de la caligrafía no prueba nada: con el mismo criterio, también la lectura de los posos de café, o de las hojas de té para los anglófilos, se consideraría un instrumento de conocimiento válido por parte de sus adeptos”.
A pesar de que el legislador ecuatoriano haya previsto la exigencia de las pruebas de polígrafo como una prueba de confianza, aquello no implica automáticamente que las mismas alcancen un valor científico ni, peor aún, que la búsqueda de la verdad deba ser efectuada a cualquier precio y en franca vulneración de derechos fundamentales salvaguardados por la legislación doméstica e internacional. Sobre este último aspecto, se torna necesario recordar insistentemente que la Convención Americana de Derechos Humanos, de
la cual es suscriptor el Ecuador, establece en su artículo 1.1 que los Estados Partes de la Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
El alcance de las obligaciones estatales (respetar y garantizar) antes previstas, ha sido establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia dictada en el Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, en la cual mencionó que: “Esta previsión normativa da a entender que “la protección de la ley la constituyen, básicamente, los recursos que ésta dispone para la protección de los derechos garantizados por la Convención, los cuales, a la luz de la obligación positiva que el artículo 1 contempla para los Estados, de respetarlos y garantizarlos, implica, como ya lo dijo la Corte, el deber de los Estados partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.”
Asimismo, el artículo 2 de la Convención Americana impone otra obligación al Estado porque en dicha norma se establece que si el ejercicio de los derechos y libertades referidos en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren ne-
cesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. La Corte Interamericana ha descrito también el alcance del artículo 2 aludido, el cual impone una obligación, que es de resultado y no solo de medios o de comportamiento, señalando que aquella comprende la adopción de medidas como:
a) la supresión de normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en los instrumentos interamericanos o que desconozcan los derechos allí reconocidos u obstaculicen su ejercicio. El cumplimiento de esta obligación se satisface con la reforma, la derogación o la anulación de las normas o prácticas que tengan los mencionados alcances, según corresponda; b) la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías lo cual obliga a los Estados a prevenir la recurrencia de violaciones a los derechos humanos y, por ello, debe adoptar todas las medidas legales, administrativas o de otra índole que sean necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro; y, c) en ciertos casos implica la obligación por parte de los Estados de tipificar delitos. En el caso Almonacid Arellano vs. Chile se describe que las obligaciones del artículo 2 se pueden además conseguir por vía del control de convencionalidad: “124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias
a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.”
Ese control, además, constituye una obligación de toda autoridad estatal y no solamente de los jueces, de manera que tienen la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana de Derechos Humanos. Que el control sea ex officio “supone que las autoridades deben conocer el contenido de las normas de derechos humanos, y deben aplicarlas cuando sea pertinente y sin desconocer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones, para poder garantizar el efecto directo de la Convención y demás instrumentos de derechos humanos”.
Los funcionarios públicos ecuatorianos, de forma general, y particularmente aquellos que habilitan la aplicación del polígrafo y quienes valoran los “resultados” de estas pruebas, deben asumir con seriedad su función de garante genérico y garante específico de vigencia plena y eficaz los derechos fundamentales.
Autor: Dr. Giovani Mayorga Andaluz calaviccilawyers@gmail.com
1 Edgardo Alberto Donna. Derecho penal. Parte especial. Tomo 2B. Buenos Aires: Rubinzal –Culzoni, 2001. p. 298..
2 Sobre este último aspecto los sesgos cognitivos importan aspectos no menos importantes, porque “Los sesgos influyen de manera inconsciente y afectan también
a personas expertas diligentes y honestas. Precisamente por ello, según Dror y Cole (2010: 162), este tipo de errores cometidos por peritos bien intencionados son más problemáticos y peligrosos, dado que incluso la persona experta cree que las afirmaciones sesgadas son genuinamente verdaderas. El problema se enfatiza porque muchos peritos e instituciones periciales son reacios y resistentes a aceptar que su razonamiento es susceptible de caer en sesgos y, en consecuencia, no toman medidas que los protejan de ellos. De hecho, una reciente encuesta mundial sobre 403 forenses experimentados de 21 países ha permitido corroborar que hay una reticencia generalizada a aceptar estas dos cuestiones, la susceptibilidad a los sesgos y la necesidad de establecer mecanismos para minimizarlos. Aún peor, la mayoría de los encuestados considera que sus conclusiones son prácticamente infalibles, que pueden lidiar con los sesgos teniendo fuerza de voluntad y que, si hay sesgos, están en áreas que no son las suyas o en personas expertas —con menos experiencia—, que no son ellos.” Carmen Vásquez, Guía sobre el contenido de los informes periciales y su impacto en el debido proceso, México: Escuela Federal de Formación Judicial y Consejo de la Judicatura Federal, 2023, p. 12 . ]
4 Michele Taruffo. La prueba científica en el proceso civil. Estudios sobre la prueba. México: Fontanamara, 2008.
5 Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988, Ser. C, No. 4, 1988, párrafo 166; Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Sentencia de 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, párrafo 175.
6 Corte IDH. Caso Fornerón e hija Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 27 de abril de 2012. Serie C No. 242, párr. 131.
7 Corte IDH. Caso Ibsen Cárdenas E Ibsen Peña Vs. Bolivia Sentencia de 1 de Septiembre de 2010. Reparaciones.
8 Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 20 de marzo de 2013, párrafo 66.
9 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Compendio sobre la obligación de los Estados de adecuar su normativa interna a los Estándares Interamericanos de Derechos Humanos: aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 25 de enero 2021. 2021. Pp.42.
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