Aplica al examen de admisión


MARTES 16 DE JUNIO DE 2026
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MARTES 16 DE JUNIO DE 2026
Habitantes del barrio exigen al Municipio la canalización adecuada del caudal, la fijación de horarios para los desechos y la dotación de infraestructura básica en la parada de buses. 3

SEGURIDAD
Filtraciones de datos exponen vulnerabilidad nacional 7

Judicatura tiene 6 meses para elegir nuevos jueces 5
Consorcio ajusta servicio e insiste en nueva tarifa 8
SEGURIDAD

Ejército insiste en falta de presencia militar colombiana 6
ALFREDO SUQUILANDA
VALDIVIESO alfredosuquilanda@hotmail.com.
Parapoder singularizar este acontecimiento muy importante en la vida política del Ecuador es necesario recordar acontecimientos históricos como: al fundarse la República, la Constitución de 1830 (Art. 16) establecía que para ser elector se requería haber cumplido veinte y cinco años y gozar de una renta anual que provenga de bienes raíces o del ejercicio de una profesión o industria. El requisito económico desapareció a partir de la Constitución de 1861; la edad fue rebajándose, pero en ninguna de las constituciones sucesivas, incluida la de 1906, se hacía referencia al sexo del elector. Se daba por descontado, aunque la norma hablaba genéricamente de elector, que solo podía ser un hombre. Estas normas, que no excluían en forma expresa a la mujer, planteaban la posibilidad de que se le reconociera este derecho.
Ante estas circunstancias, Matilde Hidalgo, se había distinguido por ser una estudiante de especial brillantez, fue la primera ecuatoriana en obtener una licenciatura y luego un doctorado en medicina en las Universidades de Cuenca y la Central de Quito respectivamente. Ecuador fue uno de los primeros países en América Latina en garantizar el derecho al voto de las mujeres a través de la Constitución de 1929. Esto se dio a través de un hito histórico impulsado por la Dra. Matilde Hidalgo de Prócel, quien solicitó empadronarse en la Junta Electoral de Machala para ejercer su voto en las elecciones legislativas de 1924. Finalmente, la Constitución de 1929 equiparó los derechos políticos de hombres y mujeres, a través de las siguientes normas: Art. 13: “Es ciudadano todo ecuatoriano, hombre o mujer, mayor de veintiún años, que sepa leer y escribir”; y Art. 18: “Para ser elector se requiere ser ciudadano en ejercicio y no estar comprendido en las incapacidades establecidas.
El 9 de junio de 1924, Ecuador oficializó el sufragio femenino en la Constitución expedida en Quito, el 26 de marzo de 1929. Gracias a la determinación y constancia de Matilde Hidalgo, su legado ha impulsado a varias generaciones a continuar en la lucha por el respeto y reivindicación de los derechos de las mujeres, rompiendo esquemas de desigualdad y discriminación en búsqueda de una sociedad más justa y equilibrada. Hoy la mujer ocupa un lugar preponderante en la vida del país, la igualdad de género se traduce en muchas leyes y su participación en las elecciones garantiza la paridad y el respeto en todas las acciones.
“La mujer tiene aptitudes y capacidades iguales a las del hombre; por tanto, su campo de acción, sus derechos y sus deberes deben ser idénticos.”

PABLO GRANJA ÁVALOS granja.pablo@yahoo.com
Colombia se merece alcanzar la paz
Los
colombianos vienen sufriendo el azote de la guerra interna desde hace casi un siglo. Desde 1928 hasta 1958, el enfrentamiento entre liberales y conservadores fue tan sangriento
Acinco días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, el ambiente electoral en el país vecino se enciende al máximo. Los dos finalistas, Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda, tienen posturas absolutamente opuestas sobre el combate de la inseguridad, el narcotráfico y la relación con otros países.
Ambos han dejado ver que no hay un punto medio. Mientras De la Espriella dice que fumigará las plantaciones de coca, bombardeará campamentos de los narcotraficantes y terminará los diálogos de paz; Cepeda insistirá en los diálogos con los líderes narcotraficantes, apostará por el desarrollo territorial, reducirá la pobreza y regularizará el mercado de la hoja de coca y del cannabis.
Las repercusiones serán directas en Ecuador. El país ha reclamado
mayor presencia militar al otro lado de la frontera desde hace varios años sin ser escuchado. Han existido momentos donde hay más coordinación y apoyo político, pero en los últimos cuatro años, en el gobierno de Gustavo Petro, no hay mayor interés en crear un bloqueo de la frontera para que no pase droga. Hoy, LA HORA publica que, luego de los aranceles bajo el pretexto de la seguridad, no hay cambios en la relación con Colombia. No surtieron efecto alguno. Los militares que contienen el ingreso de la droga señalan que, pese a las buenas relaciones entre jefes, falta presencia del lado colombiano.
Ecuador necesita de colaboración que esté conectada con la política y posturas conectadas con la realidad fronteriza, pero que vayan más allá de los gobiernos. La CAN es una alternativa que debe explorarse.

que a esta etapa se le conoce como “La Violencia”. En la década de 1960 en cambio florecieron las guerrillas de extrema izquierda y luego paramilitares de derecha. El peor momento ocurrió a fines del siglo pasado, en que la guerrilla optó por financiarse con el narcotráfico, la minería ilegal y los secuestros; ocasionando masacres, desapariciones, terrorismo, reclutamiento de menores, violencia sexual, desplazamientos forzados. De acuerdo al informe ‘¡Basta ya!: Colombia: memoria de guerra y dignidad’, hasta 2012, el número de muertes fue de 220.000,
de las cuales 177.037 eran civiles. En 2016 en el Gobierno del presidente Santos se firmó un acuerdo con las FARC. Uno de los puntos fue la restitución de los derechos civiles, que les facultó participar en elecciones parlamentarias y presidenciales. Para las elecciones del 2022, estaba conformada una alianza de la izquierda, el Pacto Histórico, que llevó a la presidencia al más indecoroso y cantinflesco de todos los políticos colombianos. El próximo domingo 21, los colombianos concurrirán a votar en segunda vuelta para definir entre los dos extremos: por la dere-

Lapolítica en el Perú se encuentra congelada desde hace varios años. Los políticos locales son arcaicos y enfrentan un rechazo masivo de la población. Mantienen una concepción autoritaria del poder y se oponen a las ideas de la modernidad.
En los últimos procesos electorales realizamos varias encuestas y conversamos con diversos candidatos. No contaban con equipos profesionales ni utilizaban las encuestas de manera técnica. Su forma de hacer política es la antigua; discuten entre ellos, mostrando poca o ninguna preocupación por los problemas de la gente común.
El descontento ciudadano se refleja en las urnas. En las dos últimas elecciones, la suma de los votos de los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta ni siquiera alcanzó el 30% del total.
En Perú los resultados de la segunda vuelta se deben calcular hasta con centésimas de punto. Después de que una abrumadora mayoría rechaza a todos en la primera vuelta, los ciudadanos son forzados a escoger entre dos opciones que les desagradan, lo que genera un empate inevitable.
Este año, este récord va a romperse: por el momento, Keiko Fujimori lidera con el 50,012% ante el 49,988% de Roberto Sánchez, con una distancia de 4,519 votos válidos.
Más allá de la clásica división entre izquierda y derecha, la realidad política peruana parece explicarse mejor con la identidad cultural. En el país existe un sureste –en el que Sánchez arrasó en las urnas– más semejante al Occidente boliviano que a Lima. La visión eurocéntrica de algunos analistas pinta a los habitantes de esta región como pobres, ignorantes y desconectados de la tecnología, pero esto no es real. En esas zonas, la población se comunica activamente por internet, posee teléfonos inteligentes y muchos manejan recursos económicos importantes.
El factor de la identidad es central y resulta indispensable incorporarlo al análisis político en todos nuestros países.
©Perfil.com
cha, Abelardo de la Espriella, abogado y empresario muy exitoso, con inversiones en su país y en el extranjero. Por la extrema izquierda, Iván Cepeda, filósofo, comunista por herencia –una célula de las FARC lleva el nombre de su padre – su vida ha dedicado a la defensa de los Derechos Humanos y senador por el Pacto Histórico. Las últimas encuestas dan una ventaja de 8 puntos a De la Espriella sobre Cepeda. En uno de los presuntos trances de carácter psicotrópico, Gustavo Petro llegó a afirmar que no está dispuesto a aceptar un resultado contrario a los
intereses que representa. Nada raro en los neocomunistas que utilizan los mecanismos democráticos para luego intentar perpetuarse en el poder; o por la fuerza y el engaño, también para lo mismo. Hay sectores que piensan que esta paz pactada ha servido para que la guerrilla se organice y fortalezca; siendo así, estarían preparados para enfrentar al “Tigre” De la Espriella que ha jurado acabar con ellos. Lo peor que podría pasar es que haya un resurgimiento de la violencia, y no sería justo porque ¡Colombia se merece alcanzar la paz!
Habitantes del barrio exigen al Municipio la canalización adecuada del caudal, la fijación de horarios para los desechos y la dotación de infraestructura básica en la parada de buses.
Los moradores de la ciudadela Sauces Norte enfrentan una severa crisis sanitaria y de seguridad debido a los constantes malos olores emanados de una vertiente local, el peligro inminente de inundaciones y la acumulación descontrolada de residuos sólidos en los espacios públicos. La falta de obras de canalización y la ausencia de una planificación eficiente en la recolección de desechos mantienen en vulnerabilidad a decenas de familias, entre las que se encuentran personas de la ter-
cera edad y ciudadanos con discapacidad. El principal foco de preocupación se concentra en las márgenes del río que colinda con el sector. Según denuncian los afectados, el caudal se ha transformado en una fuente permanente de contaminación y pestilencia, un problema que se agrava durante la época de verano. En contraste, la llegada de las lluvias invernales transforma el panorama en un escenario de alto riesgo, ante la constante amenaza de desbordamientos que podrían
ingresar a las viviendas y dejarlos incomunicados, teniendo en cuenta que tienen una sola vía de acceso y salida.
Inundaciones e incomunicación por falta de mantenimiento La infraestructura natural del sector ha sobrepasado su capacidad operativa. Vecinos del lugar señalan que las descargas provenientes de tanques ubicados en las zonas altas saturan el caudal, intensificando los gases nocivos que afectan la salud respiratoria de la comunidad. Esta situación se complica por la falta de limpieza de los cauces, lo que ya ha provocado obstrucciones severas en el pasado, como la caída de árboles de gran magnitud que taponan el flujo hídrico sin recibir una respuesta técnica oportuna.
“Cuando llueve durísimo, tenemos que estar siempre pendientes. Rogamos que por favor nos atiendan; han pasado muchos años y no han hecho nada. Queremos que el río se canalice para evitar desgracias”, manifestó Pablo Becerra, residente afectado del sector.
Colapso sanitario en la terminal de transporte urbano
A la problemática del río se suma el desorden socioambiental en la última parada de autobuses urbanos de la ciudadela. La carencia de mobiliario urbano básico ha
derivado en la proliferación de basura y la degradación del entorno. La falta de contenedores adecuados permite que la fauna urbana disperse las fundas de desechos en las orillas, agravando la contaminación visual y el riesgo epidemiológico en una zona que además carece de alumbrado público eficiente. Asimismo, los transportistas carecen de servicios básicos indispensables en la terminal de origen y destino de sus rutas. Ante la falta de baterías sanitarias, el espacio público circundante es utilizado de forma inadecuada, lo que incrementa los niveles de insalubridad. Dirigentes del sector del transporte coinciden en la urgencia de coordinar acciones institucionales para dotar de dignidad tanto a los trabajadores del volante como a los residentes del barrio.
Álvaro Lavanda, gerente del consorcio de Transportistas Urbanos Ciudad de Loja, reconoció la problemática: “El problema existe porque no hay recipientes y también es responsabilidad de los conductores no botar basura en el suelo. Además, se necesitan baterías sanitarias para que los choferes tengan un espacio digno donde puedan realizar sus necesidades fisiológicas y no causar molestias a los moradores”.
Incertidumbre por horarios de recolección de desechos
El manejo doméstico de los residuos también presen -
ta fallas, a pesar de que el camión recolector transita regularmente por Sauces Norte, los moradores reportan que la institución municipal modifica constantemente los recorridos sin previo aviso, fluctuando de forma imprevista entre la tarde y la noche. Esta variación impide que la ciudadanía conozca con precisión el momento idóneo para depositar sus bolsas de basura.
Jhoana Maldonado, habitante de la zona, explicó que debido a la inexistencia de un horario fijo, la exposición anticipada de las fundas facilita que los perros las destruyan, esparciendo los desperdicios en las calzadas. “Necesitamos que nos ayuden con un horario específico para que la gente sepa a qué hora tiene que sacar la basura”, enfatizó.
Ante este escenario, la comunidad de Sauces Norte hace un llamado público y formal al Municipio para que establezca un cronograma de recolección fijo y asigne los recursos técnicos necesarios para la ejecución de un proyecto integral de canalización del río. Los contribuyentes enfatizan que, a pesar de cumplir puntualmente con sus obligaciones tributarias locales, la atención a sus demandas básicas de habitabilidad y seguridad ha permanecido postergada por años.



TRANSPORTE. Los buses urbanos mantienen las rutas frecuentes en la ciudad.
El Consorcio de Transportistas Urbanos Ciudad de Loja implementó una reestructuración temporal en las frecuencias de sus rutas para el mes de junio. Esta medida responde a la marcada disminución del flujo de pasajeros provocada por el inicio del periodo de vacaciones en los establecimientos de educación básica y media del cantón. Las autoridades del gremio técnico confirmaron que los buses circularán con intervalos de tiempo ligeramente más extendidos durante las mañanas. Esta práctica operativa histórica busca mitigar el gasto logístico e impedir la sobreoferta del servicio.
Ajuste de rutas por temporalidad educativa Álvaro Labanda, gerente del consorcio, explicó a LA HORA que el servicio de transporte urbano en Loja se rige de forma estricta por cuadros de trabajo basados en la demanda real de usuarios. Al concluir las clases escolares y universitarias, la necesidad de movilización
La reducción de pasajeros durante las vacaciones estudiantiles obligó a modificar los horarios, mientras el gremio advierte que el incremento del diésel sigue afectando la sostenibilidad del servicio.
en la urbe decrece significativamente, lo que obliga a una optimización integral de los gastos operativos.”No es una reducción arbitraria; simplemente se alargó unos minutos el intervalo porque ya no se necesita la misma afluencia de buses en un tiempo tan corto. Mantener las flotas al mismo ritmo de forma irresponsable generaría pérdidas críticas”, precisó el directivo.
A esta variación horaria se suma la suspensión total del servicio en el sector de Puerto Seco. La operatividad en dicho tramo fue cancelada debido al severo deterioro de la calzada, la cual representa un peligro inminente de siniestro para las unidades de gran tonelaje. El gremio transportista hizo un llamado urgente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para coordinar convenios de intervención
vial con el Municipio de Loja y rehabilitar esta arteria estratégica.
Insostenibilidad económica y urgencia tarifaria
La crisis financiera interna del transporte lojano constituye el eje de mayor preocupación para el consorcio. De acuerdo con la gerencia, el sistema de bandas de los combustibles agravó de forma dramática los costos de operación del servicio. En menos de un mes, el precio del galón de diésel se elevó de $3,10 a $3,25, pulverizando las proyecciones técnicas previamente establecidas con los equipos municipales. Frente a esta coyuntura, los transportistas descartaron la posibilidad de mantener congelada la tarifa en los $0,30 discutida con anterioridad. Labanda calificó
de “irresponsable” la postura de ciertos miembros del Concejo Cantonal de Loja que sugieren dilatar el debate del pasaje hasta el mes de diciembre.
“El estudio tarifario anterior se calculó con un combustible a $1,80. Hoy necesitamos soluciones inmediatas y un sinceramiento real de los valores para este año, con el fin de garantizar que el sistema de transporte continúe siendo sostenible para la ciudadanía”, enfatizó.
Inversión privada bajo riesgo de financiamiento
Pese al escenario de incertidumbre económica, el consorcio presentó oficialmente en el parque central de la ciudad una flota de 16 nuevas unidades de transporte que ya se encuentran operando activamente en el
corredor central. El proceso de renovación vehicular sufrió retrasos considerables debido a inconvenientes logísticos con las empresas carroceras del país, logrando completarse este último fin de semana.
Los directivos recordaron que los socios adquirieron estos compromisos de financiamiento y créditos vehiculares meses atrás, bajo la expectativa de una pronta actualización de la tarifa de pasajes. Actualmente, existe un marcado temor de caer en la insolvencia y no poder cubrir las cuotas de los chasis si el panorama normativo local no varía.
Finalmente, el gremio extendió un exhorto formal a toda la comunidad lojana para que cuide y mantenga la limpieza de estos nuevos buses en circulación, evitando actos vandálicos o rayones en los asientos, ya que representan un patrimonio colectivo enfocado en mejorar la calidad de vida de los usuarios locales.

SESIÓN Vocales de la Judicatura y jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en una reunión del 6 de mayo de 2026. (Foto: Consejo de la Judicatura)
Mientras la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia definen las pruebas de confianza para elegir nuevos jueces, juristas advierten que la falta de tiempo y la amenaza de la politización podrían frenar el proceso de selección.
Una de las prioridades que se impuso la presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), Mercedes Caicedo , al inicio de su gestión, el 29 de abril de 2026, fue avanzar en el calendario de concursos, entre ellos el de jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
“Necesitamos elegir jueces de la CNJ, si no, en el próximo periodo nos quedaremos sin Corte Nacional”, advirtió Caicedo durante la presentación de su plan de trabajo en el Cpccs, antes de ser electa.
11 vacantes para jueces nacionales
Una de las primeras decisiones del CJ para avanzar en este objetivo ocurrió el 6 de mayo, cuando pidió a la CNJ presentar aportes sobre los elementos que deberá contener la prueba de confianza que formará parte de los concursos.
Al cierre de esta edición no trascend ió nueva infor -
mación sobre el pedido, y el tiempo para elegir a los nuevos magistrados se acorta para el CJ.
Para Caicedo, esto es “urgente” porque en febrero de 2027 la CNJ se quedará solo con cuatro jueces titulares (Alejandro Arteaga, Enma Tapia, Milton Velázquez y Rosana Morales).
En esa misma fecha culminará el periodo de nueve años de los jueces Daniella Camacho, Katherine Muñoz, Consuelo Heredia, Felipe Córdova y Marco Rodríguez , este último encargado de la presidencia de la CNJ desde enero de 2026.
Plazos para el concurso En la comunidad jurídica existe escepticismo de que el CJ pueda concluir el proceso en seis meses.
Aurelio Sánchez, abogado especialista en derecho administrativo y procesal, no cree que un concurso de jueces nacionales prospere
temporales y, a la par, avanzar en el concurso de jueces provinciales.
Otra preocupación es que, con el fin del periodo de los jueces titulares, la C NJ deberá elegir a un nuevo presidente temporal.
El factor presupuestario
Para llevar a cabo los concursos de jueces nacionales, jueces constitucionales y las evaluaciones, la presidenta del CJ calcula que se requiere alrededor de $1 millón.
Ante esto, Aurelio Sánchez y la abogada y docente universitaria, Carolina Aumala, opinaron que también se deben establecer estudios previos y técnicos de factibilidad.
Aumala enfatizó en que los tiempos de los concursos para elegir a los nuevos operadores de Justicia tienen que respetarse y estar sustentados en reglamentos.
“No se puede hablar de que sería un concurso flash”, expresó.
Agregó que la Judicatura ya debería estar analizando los mecanismos técnicos y normativos que se aplicarán para cubrir las vacantes y evitar una afectación en la resolución de causas, no solo en la CNJ, sino en las unidades judiciales a escala nacional.
en tan corto tiempo.
“Es insuficiente, irreal e inoficioso decir que este proceso concluirá en diciembre”, señaló.
El jurista expone que se requieren “procedimientos transparentes y públicos en los que la ciudadanía tenga la posibilidad de vigilar, dar tiempo a los postulantes para reunir requisitos, cumplir cada etapa (convocatoria, postulaciones, entrevistas, verificación de requisitos, pruebas escritas, orales, designación) e impugnar candidaturas de ser el caso”.
Si esto no existe, el concurso volverá a enfrentar los problemas de administraciones pasadas, que se vieron obligadas a declarar los procesos fallidos por inconsistencias. Sánchez observó que si concluye el plazo de los jueces nacionales, habrá que evitar que la CNJ quede en acefalía, por lo que la Judicatura deberá designar jueces
ECONOMÍA
¿Bajarán los precios de las gasolinas y el diésel en Ecuador tras el acuerdo entre EE.UU. e Irán?
BOLSILLO
¿Por qué la cerveza artesanal no bajará de precio?
GOBIERNO
Daniel Noboa mantuvo reunión con secretario de Defensa de EE.UU.
Recomendó que otra prioridad del CJ debe ser fortalecer el área de talento humano y gestionar desde ya los recursos financieros que permitan sostener los procesos.
‘El problema es la politización’ Desde otro punto de vista, el doctor en Jurisprudencia y especialista en Derecho Constitucional, Hugo Lara, reconoce que en el concurso se deben cumplir varios procedimientos, pero opina que el medio año que falta para que concluyan los periodos de los jueces nacionales es suficiente pa ra designar a sus reemplazos. No obstante, subrayó que, lamentablemente, el problema es la politización y, cuando esto ocurre, estos procesos técnicos no llegan a culminar y se entorpecen. “La política mete la mano y lo hace a través de acciones de protección y medidas constitucionales”, afirmó. (SC)
SEGURIDAD
Tres presuntos sicarios fueron capturados por el asesinato a un empresario
QUITO Cupos a colegios municipales: conoce las fechas de postulación
SANTO DOMINGO Santo Domingo vive su aniversario de cantonización
El Ejército Ecuatoriano intenta contener la influencia de tres grupos armados en las zonas fronterizas. Dichas estructuras criminales sostienen su economía con la minería ilegal.
Ecuador tiene dos vecinos, Colombia y Perú, en cuyos territorios se produce coca. A eso se suma la fragmentación de Grupos Armados Organizados (GAO), sobre todo en Colombia, los cuales tienen presencia en ciertas zonas fronterizas con Ecuador.
La cantidad de personas involucradas en los conflictos armados en Colombia ha aumentado, señala un informe de mayo de 2026 de la Fundación Conflict Responses. “En 2018, había 12.883 integrantes en los GAO según el conteo de la Fuerza Pública, cifra que aumenta a 15.120 en 2022 para llegar a 27.121 a diciembre de 2025”, se indica en el documento.
42% del territorio a cargo de una división
El Ejército de Ecuador cuatro divisiones. La sión de Ejército Amazonas tiene bajo su jurisdicción parte de la provincia de toda la provincia de babura, Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza y parte de rona Santiago
“Es el 42% del territorio ecuatoriano el que tenemos a cargo, es bastante extenso, sobre la zona limítrofe con Colombia y con Perú”, destaca una fuente militar de alto rango en diálogo con LA HORA.
El 12 de junio de 2026 dos de los soldados pertenecientes a esta División resultaron heridos tras un enfren tamiento en el sector de Taruka, en Sucumbíos.
Falta presencia militar en Colombia
La fuente militar asegura que la relación con el Colombia es magnífica, pues existe contacto con los coman dantes de la III División Brigada de Selva 23 po Cabal de Ipiales.
“Sí, las relaciones nuestras
son magníficas. En la parte militar, en el relacionamiento que tenemos, no inmiscuimos la política. Nuestro relacionamiento e intercambio de información nos ayuda a ambos países para mantener segura la frontera”, puntualiza.
Sin embargo, no hay una acción equivalente de los militares colombianos: “Lógicamente, sí tenemos el problema de que Colombia, en ciertas zonas, no está ejerciendo la presencia militar como lo hacemos nosotros. Ellos no tienen bases fijas en la zona de frontera, que sí es un problema”.
La fuente militar pone un ejemplo: “El caso más puntual es El Chical. Al momento tenemos un gran contingente en El Chical, provincia del Carchi. En la línea de frontera, al

El uniformado sospecha que habitantes de estos sectores estarían relacionados con la actividad ilegal: “Información de Inteligencia nos da indicios de que existen vínculos entre estos grupos ilegales, especialmente de los Comandos de la Frontera, que es un grupo de disidente de las FARC, en todo este sector de Sucumbíos, Orellana, incluso en Carchi donde también comparten territorio con las disidencias del ELN (Ejército de Liberación Nacional), específicamente en El Chical”.
También refiere que entre agosto de 2025 y junio de 2026 los militares han capturado a más de 40 personas vinculadas a los grupos ilegales armados de Colombia y otras han sido abatidas
frente, está Tallambí, una población colombiana, que tiene izada una bandera de las disidencias del ELN”.
Relata que Tallambí es un sector que se alimenta del oro que se extrae de los sectores El Chical y El Pablo: “Se conoce que ellos tienen procesadoras de oro al otro lado,

ESTAS son las provincias fronterizas en las que hay presencia de tres Grupos Armados Organizados de Colombia, que el Ejército Ecuatoriano intenta contener. (Foto: Archivo).
pero al no existir la presencia del Estado colombiano, ese material puede salir fácilmente. Por eso nosotros hemos puesto gran cantidad de gente ahí, se ha terminado el paso de material aurífero ilegal que salía desde Ecuador hacia Colombia para que sea procesado”. Esa acción de los militares ecuatorianos, dice, ha causado un ambiente tenso en la población de El Chical porque “estaba inmiscuida en esta actividad ilegal”.
Grupos que operan en la zona fronteriza La fuente militar explica que en Taruka se observó presencia de minería ilegal, así como se ha identificado en otras zonas de Orellana, en el sector Alto Punino. Con base en información de Inteligencia, dice que hay influencia de los Comandos de la Frontera en esta zona norte. “Los Comandos de la Frontera fueron los que asesinaron a los 11 soldados en el Alto Punino, justamente por estar dedicados a estas actividades de minería ilegal”, menciona al recordar el desenlace de la operación militar de la Brigada de Selva Nº 19 Napo, el 9 de mayo de 2025.
Resume el balance: “Durante este periodo fueron capturados cerca de 25 miembros del Frente Oliver Sinisterra, en 2026, en Esmeraldas. Fueron capturados cerca de 15 en el sector de Buenos Aires que también eran del Frente Oliver Sinisterra”.
Continúa: “La semana anterior (del 8 al 14 de junio de 2026) fueron capturados seis miembros de la guerrilla Comando de la Frontera en Putumayo (Sucumbíos), en una embarcación con droga. Una semana antes de eso se capturaron 1,5 kilogramos de droga perteneciente al grupo Comandos de la Frontera también”.
¿En qué consiste el nuevo plan de control fronterizo?
Durante la segunda semana de junio de 2026, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, anunció que este año se pondrá en ejecución un proyecto plurianual para fortalecer el control fronterizo.
La fuente militar indica que se trata de un lineamiento político que tiene que decantar hacia la parte estratégica militar, que es el Comando Conjunto y de este hacia las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea, con un plan operativo y táctico.
“Estamos en ese proceso, las unidades tácticas tendrán que recibir las disposiciones de los comandos operacionales para aplicar este plan e insertarlo dentro de nuestra planificación normal”, señala. Estima que ese nuevo plan tendrá coincidencias con las acciones que ya ejecutan las Fuerzas Armadas. (KSQ)

PREVENCIÓN. Imagen referencial de un ataque digital para una filtración de datos. (Foto: Archivo)
Los sistemas de datos del Registro Civil, CNE, laboratorios médicos, ministerios, entre otras instituciones públicas y privadas han sido vulnerados, según Vecert Analyzer. Para enfrentar este problema es necesario la prevención y la contención.
Ecuador está en el cuarto puesto de los países que han sufrido filtraciones de datos masivas en mayo de 2026, según Vecert Analyzer. El organismo detalló que en ese mes se registró una de las mayores olas de fugas y exposiciones de datos en Latinoamérica
Vecert Analyzer – una empresa estadounidense que se dedica al monitoreo cibernético y a la ciberseguridad – reportó que se detectaron más de 385 incidentes públicos en foros clandestinos, canales de fugas, mercados criminales y plataformas utilizadas por actores de amenazas. Estos últimos especializados en la venta de accesos, datos ciudadanos, registros médicos y sistemas gubernamentales en la región.
LA HORA analizó las alertas emitidas por Vecert Analyzer entre mayo y junio de 2026 y se contabilizaron alrededor de 12 filtraciones de datos en sitios como Registro Civil,
Consejo Nacional Electoral, Laboratorios Médicos, empresas estatales, Ministerio de Turismo, Ministerio de Producción, Presidencia de la República, entre otros.
Vecert Analyzer detalló que con las filtraciones más recientes se evidencia una evolución acelerada del ecosistema regional de cibercrimen, donde los grupos criminales ya no buscan únicamente una monetización rápida, sino que construyen repositorios masivos de identidad digital, biometría, información médica y accesos persistentes para operaciones futuras de fraude, extorsión y espionaje.
Un país muy vulnerable a estos ataques
Diana Maldonado, especialista en temas de ciberseguridad, manifestó que Vecert Analyzer indicó que, hasta el momento, se han filtrado 6,4 terabytes de información. Y es
el cuarto país en Latinoamérica perjudicado con estos ataques.
Para Maldonado, que el país esté dentro de ese ranking deja ver que las instituciones privadas y públicas no están lo suficientemente preparadas para detectar y contener los ataques. “No están teniendo los cuidados necesarios para que esta información se mantenga íntegra y segura”.
La especialista en ciberseguridad mencionó que, si bien en Ecuador se aprobó la Ley de Ciberseguridad, hay un recorte de ministerios, lo que significa que hay un déficit de personas para poder atender denuncias y peligros.
“Este déficit se demuestra y se ve en estas falencias de seguridad en los sectores, porque no estoy contratando a la gente especializada que pueda atender esto. Pues, esto no lo hace cualquier persona que trabaja en TIC’s, sino que lo tiene que
El 4 de mayo de 2026 se alertó de una filtración masiva de datos del Registro Civil. Los peligros frente a esto son los datos biométricos que quedaron expuestos.
datos, porque en el país no se hace nada una vez que ocurre y detalló que las filtraciones en su mayoría son internas, más que externas.
“Más allá de que tengamos leyes, y que las autoridades digan a las organizaciones internacionales que todo está bien, la situación es totalmente distinta”, afirmó.
hacer una persona especializada en ciberseguridad y hacking ético. Pero, además, tampoco se está dispuesto en el país a pagar a una persona especializada”, destacó.
Repunte de filtración de datos
Alfredo Velazco, director de Usuarios Digitales, indicó que se ha visto “un repunte de filtración de datos”. Sin embargo, recalcó que, frente a esta problemática, las autoridades aún no han dado una respuesta.
Velazco destacó que desde las autoridades se ha manifestado que las filtraciones son anteriores. “No hay que desestimar, porque son datos de identificación (los filtrados). Datos de identificación, por ejemplo, uno no cambia de número de cédula, no cambia de nombre, ni de fecha y lugar de nacimiento, tampoco el código dactilar o datos biométricos. Lo único que se puede cambiar en una cédula es el estado civil y cuando uno la haya sacado”, afirmó.
El director de Usuarios Digitales manifestó que el tema de las filtraciones de datos ha sido constante, incluso antes de 2019. “Hemos tenido (filtraciones) de un banco bastante grande de aquí de Ecuador, que ellos reconocieron que a través de un tercero les habían vulnerado los datos y no pasó absolutamente nada”.
El especialista añadió que en el país hay “impunidad” frente a la vulneración de los
Velazco recalcó que la filtración de datos “no es culpa del usuario, esto de aquí es culpa netamente de las instituciones”. Por lo que la ciudadanía debe reclamar a las autoridades porque son quienes deben protegernos y eso no se realiza.
Prevención y contención Ximena Cuzcano, analista en seguridad y resiliencia digital en Derechos Digitales, indicó que en un análisis realizado desde esa organización han podido evaluar que Ecuador ha sido uno de los países más afectados en el último año, según un monitoreo de casos a escala regional.
Cuzcano aseguró que las filtraciones de datos, generalmente, pasan por negligencia institucional o empresarial. La especialista señaló que una vez que hay estas alertas de vulneración de ciberseguridad se debería monitorear, evaluar si esa situación ocurrió y que se responda de forma rápida.
“Es algo que pasa mucho, incluso a nivel regional. Tanto en el sector público y privado parece que estamos en una carrera por la innovación y adoptamos cada inteligencia artificial, pero siempre sigue habiendo una filtración de datos de la ciudadanía”, resaltó. Ximena Cuzcano indicó que las instituciones deben tomar la importancia del caso y tener políticas de seguridad digital, además de un equipo profesional y preparado con protocolos de respuesta incidente frente a estos casos. (PSR)
Aunque muchos jóvenes intentan ahorrar cada mes, el costo de la vivienda, los ingresos limitados y la dificultad para acumular capital inicial hacen que tener casa propia sea una meta cada vez más lejana en Ecuador.
Durante años, el consejo para quienes soñaban con comprar una vivienda parecía sencillo. Gastar menos, ahorrar más y tener paciencia. Menos salidas. Menos compras impulsivas. Menos “lujos”.
La idea era que, con suficiente disciplina, tarde o temprano llegaría la casa propia
Pero para muchos jóvenes ecuatorianos en 2026, las matemáticas y la realidad cuentan una historia diferente.
El problema ya no pasa únicamente por cuánto se gasta en entretenimiento o tecnología
La dificultad está en que el costo de acceder a una vivienda avanza más rápido que la capacidad de ahorro de una gran parte de la población.
En otras palabras, incluso haciendo las cosas bien, llegar a comprar una casa se ha vuelto más complicado que hace una década.
El reto de acceder a una vivienda
Entre 2016 y 2026, el salario básico unificado pasó de $366 a $482. El incremento fue de $116 en diez años, equivalente a cerca del 32%.
Sin embargo, tener un salario más alto no significa automáticamente tener más posibilidades de comprar una vivienda.
La razón es simple. El acceso a una casa depende de la capacidad de ahorrar durante varios años, mantener estabilidad laboral y cumplir los requisitos para obtener un crédito hipotecario.
Y allí es donde comienzan los obstáculos. Los ingresos de los hogares ecuatorianos sí han aumentado durante la última década. Según cifras del INEC, el ingreso familiar mensual promedio pasó de $683,20 en junio de 2016 a aproximadamente $877 en 2026. Esto representa un incremento cer -
cano al 28% en diez años.
“Sin embargo, el aumento de los ingresos no necesariamente se ha traducido en una mayor facilidad para comprar vivienda. Una parte importante de ese dinero adicional se destina hoy a cubrir gastos corrientes como alimentación, transporte, salud, educación, arriendo y servicios básicos”, explicó Carla López, economista y emprendedora de 29 años.
Ingresos vs. costo de vida
A primera vista, la situación parece haber mejorado. En 2016, una familia ecuatoriana promedio generaba ingresos por $683 mensuales. Diez años después, ese valor ronda los $877. La diferencia supera los $190 mensuales.
Sin embargo, la Canasta Familiar Básica también aumentó durante ese período, pasando de $688 en 2016 a más de $812 en 2026.
Esto significa que gran parte del incremento de ingresos terminó absorbido por el mayor costo de vida
La mejora existe. De hecho, hoy una familia promedio puede cubrir la canasta básica con algo más de holgura que hace una déca- da.
Pero esa ganancia resulta insuficiente cuando el objetivo deja de ser llegar a fin de mes y pasa a ser acumular patrimonio.
Porque ahorrar para comprar una vivienda exige mucho más que cubrir los gastos cotidianos; sino que requiere disponer de excedentes importantes durante varios años consecutivos.
Para entenderlo mejor, imaginemos dos familias ecuatorianas idénticas, separadas únicamente por el tiempo.
La primera vive en 2016. Cada mes recibe $683. Después de pagar alimentación, transporte, vivienda, servicios básicos, educación y salud, prácticamente no le queda nada. De hecho, los ingresos apenas alcanzan para cubrir la canasta básica de ese momento.
La segunda vive en 2026. Sus ingresos familiares suman cerca de $877 mensuales. Aunque gana casi $200 más que la familia de 2016 también enfrenta una canasta básica más costosa, que supera los $812. Al final del mes, el excedente disponible ronda los $65.
Es una mejora real frente a la situación de hace una década. Sin embargo, ese excedente sigue siendo pequeño cuando el objetivo es comprar una vivienda.
Si esa familia lograra ahorrar esos $65 todos los meses, sin enfrentar desempleo, enfermedades, emergencias o gastos inesperados , necesitaría más de 23 años para reunir $18.000, una cantidad que suele equivaler a la entrada inicial de una vivienda de $90.000.
Ahí aparece la gran paradoja de esta generación. Los ingresos son mayores que hace diez años y las necesidades básicas se cubren con algo más de holgura, pero el tiempo necesario para construir patrimonio sigue siendo extraordinariamente largo.
Ahorrar no garantiza una vivienda Imaginemos a un joven profesional que logra ahorrar $300 al mes. Es un escenario optimista. Representa más del 60% del salario básico vigente y exige una disciplina financiera poco común en un país donde el empleo adecuado sigue siendo un desafío para millones de trabajadores.

Aún así, supongamos que lo consigue. Ese esfuerzo le permitiría acumular:
• $3.600 al año.
• $18.000 en cinco años.
• $36.000 en diez años.
Sobre el papel parece un avance importante. Pero la realidad inmobiliaria cambia rápidamente la perspectiva. En ciudades como Quito, Guayaquil o Cuenca, un departamento o vivienda de tamaño medio puede costar fácilmente entre $80.000 y $120.000, dependiendo de su ubicación y características.
Para una vivienda valorada en $90.000, las instituciones financieras suelen exigir una entrada inicial de entre el 10% y el 20%. Eso significa reunir previamente entre $9.000 y $18.000.
A esto se suman gastos de
El joven trabajador promedio en Ecuador, de entre 18 a 30 años, gana actualmente entre $390 y $410 mensuales.
escrituración, avalúos, seguros, trámites y otros costos asociados a la compra. En la práctica, el monto necesario antes de recibir las llaves puede superar ampliamente los $20.000.
Incluso para alguien que logra ahorrar $300 mensuales, alcanzar esa cifra puede tomar entre cinco y siete años. Y eso bajo una condición difícil de cumplir. No perder el empleo, no enfrentar emergencias médicas, no asumir gastos familiares extraordinarios y mantener el mismo ritmo de ahorro durante todo ese tiempo.
Las estadísticas oficiales muestran que una familia ecuatoriana promedio dispone de un margen de ahorro mucho menor.
Traducido a la vida cotidiana, significa que después de cubrir alimentación, vivienda, transporte, salud, educación y otros gastos esenciales, el excedente disponible es reducido.
Si una familia destinara íntegramente $65 al mes al ahorro, ahorraría $780 al año, o $7.800 en diez años.
Con ese ritmo, reunir $18.000 para una entrada hipotecaria tomaría más de dos décadas.
Además, en Ecuador, menos de cuatro de cada diez trabajadores tienen empleo adecuado.
Millones de personas trabajan en condiciones de informalidad, subempleo o con ingresos variables.
Para muchas entidades financieras, esto representa una barrera adicional.
Aunque una persona tenga ingresos, si estos son irregulares o difíciles de demostrar, obtener un crédito hipotecario puede resultar mucho más complicado.
Por eso, para una parte importante de los jóvenes, el problema no es únicamente ahorrar, sino también calificar para el financiamiento. (JS)
El Fondo Monetario Internacional celebra el acuerdo entre Irán y Estados Unidos, pero pide prudencia ante un posible recrudecimiento del conflicto.
MADRID. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dado la bienvenida al acuerdo provisional de paz entre Irán y Estados Unidos, aunque mantiene su alerta por la traslación de los efectos de la crisis energética a las economías nacionales, bajo los conocidos efectos de segunda ronda, ante unos acontecimientos todavía inciertos y ante un posible recrudecimiento del conflicto.
“Mucho depende de la duración e intensidad de la crisis energética. Cuanto antes se resuelva, mejor, sobre todo porque la recuperación del suministro llevará tiempo debido a los importantes daños en la infraestructura. El anuncio del alto el fuego del domingo es bienvenido. Sin embargo, si el conflicto o las interrupciones se intensifican, esto representa un claro riesgo para el crecimiento global”, ha destacado este lunes la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en el blog de la institución.
Ante esta “persistente incertidumbre”, Georgieva ha pedido “disciplina y agilidad” a los responsables políticos y monetarios para mantener la inflación controlada y preservar el equilibrio fiscal con medidas

CONFLICTO. El acuerdo
específicas y temporales que no pongan en peligro las finanzas públicas.
El acuerdo provisional
Las autoridades iraníes y estadounidenses alcanzaron un acuerdo provisional para la finalización del conflicto iniciado hace más de tres meses con el que se acaba también el bloqueo del estrecho de Ormuz, lo que ha provocado el desplome del precio del petróleo.
Sin embargo, el FMI continúa alertando de los efectos negativos que, a pesar de este acuerdo, la economía mundial sufrirá en los próximos meses, una crisis que ha rei-
La ceremonia de firma del acuerdo entre Irán y EE.UU. será el 19 de junio en Suiza.
terado que será asimétrica, aunque de manera generalizada los países han conseguido contener los efectos más graves.
Por un lado, han indicado que el precio del petróleo todavía continúa por encima de los niveles previos al conflicto, aunque las dos grandes economías mundiales, Estados Unidos y China, han conseguido mantener su resilencia gracias a la liberación de reservas y el incremento de la producción en el caso estadounidense.
No obstante, en muchas economías este repunte de los precios energéticos ha significado una tasas de inflación más elevadas, tal y como ha ocurrido en Estados Unidos y la eurozona, y el FMI también ha señalado que los gobiernos deben estar atentos a la erosión del poder adquisitivo de hogares y empresas.
“Que la economía mundial esté resistiendo hasta ahora la crisis es motivo de tranquilidad, pero no de autocomplacencia. El FMI se mantiene en alerta máxima. Asimismo, somos plenamente conscientes del daño económico que algunos de nuestros miembros ya están sufriendo. Trabajaremos con ellos para gestionar la crisis y limitar sus efectos negativos, especialmente en los más vulnerable”, ha concluido la directora del FMI.





Casi 550 personas fueron arrestadas tras una de las manifestaciones contra el G7 de 2026 en Ginebra.
MADRID. Un total de 549 personas fueron arrestadas durante la multitudinaria manifestación contra la cumbre del G7 en Ginebra, que derivó en graves enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad suizas.
Del total de personas arrestadas, hasta 28 fueron detenidas y trasladadas a
comisaría para ser interrogadas. Tres de ellas permanecen bajo custodia, según ha informado la Policía cantonal de Ginebra.
La manifestación congregó a unas 20.000 personas, según la policía; 30.000, según la coalición convocante, NoG7. Unos 600 miembros del ‘black block’, participantes en la marcha, causaron destrozos y atacaron sucursales bancarias . Un agente de policía sufrió heridas leves durante el operativo.
La consejera de Estado de Ginebra, Carole-Anne Kast, responsable del Departamento de Instituciones y Tecnología Digital (DIN), ha defendido la actuación policial. “En mi opinión, la estrategia policial fue casi
perfecta” y “muy proporcionada ”, ha apuntado en una entrevista con ‘Le Temps’. “La Policía hizo todo lo posible para minimizar el impacto sobre los manifestantes pacíficos, hasta el punto de que la vanguardia de la manifestación pudo completar casi todo el recorrido”, ha argumentado.
La manifestación estaba autorizada hasta las 22.30 horas, pero fue disuelta poco después de las 18.00 horas “para evitar que todos permanecieran reunidos en el parque Mon Repos antes de que se les unieran los alborotadores”.
El cordón policial se mantuvo hasta aproximadamente las 6.00 de la madrugada. La medida estaba diseñada
para realizar controles, pero impidió que quienes se encontraban dentro del perímetro pudieran salir. Al ser interrogada al respecto, Kast ha argumentado que “no es momento de sacar conclusiones ni hacer valoraciones”.
En cambio, la coalición NoG7 ha denunciado una intervención “totalmente desproporcionada”. “Ha habido una represión policial totalmente desproporcionada”, ha declarado la secretaria sindical del sindicato suizo SIT, Alice Lefrançois , que ha criticado la “intimidación policial”. “Los disturbios fueron agravados por la Policía, que provocó la escalada”, ha señalado en declaraciones a la cadena suiza RTS.
Trump llegó para la cumbre
El presidente estadounidense, Donald Trump , llegó este 15 de junio de 2026 a la localidad francesa de Évianles-Vains para participar en la cumbre de dirigentes del G7 , los siete países más industrializados del mundo, una cita marcada por el reciente anuncio de un acuerdo preliminar de paz entre Estados Unidos e Irán.
El ‘Air Force One’ ha aterrizado en el Aeropuerto de Ginebra-Cointrin a las 15.57 horas y desde allí Trump se ha desplazado hasta Évian en el helicóptero presidencial, el ‘Marine One’, en medio de un amplio dispositivo de seguridad. El presidente suizo, Guy Parmelin, ha recibido a Trump en la pista.
También han llegado al aeropuerto de Ginebra otros dirigentes como el primer ministro canadiense, Mark Carney , y el primer ministro británico, Keir Starmer. También estaba prevista la llegada de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz.
El anfitrión de la cumbre del G7, el presidente francés Emmanuel Macron, llegó el domingo a la ciudad francesa sin pasar por Ginebra.
También participan en la cita, aunque no pertenecen al G7, dirigentes como el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva , la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , o el presidente del Consejo Europeo, António Costa. EUROPA PRESS

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 La Hora QUITO, ECUADOR REVISTA No: 8694
Dirección: Arenas y 10 de Agosto, Edif. Vivanco, 5to. piso | Teléfonos: 2551-552/2555-431/2500-245/2552-135 | E-mail: judicial@derechoecuador.com

Abg. Mary Mar Samaniego Alcívar
En el Ecuador, el sistema penal enfrenta una realidad que resulta familiar para quienes ejercen en esta materia: agendas judiciales saturadas, audiencias constantes e incluso la necesidad de habilitar horarios extraordinarios para atender la carga procesal existente. Si bien este fenómeno
suele explicarse por el incremento de causas o la limitación de re cursos institucionales, también es necesario mirar hacia dentro del propio sistema y preguntarse si las herramientas jurídicas existentes están siendo utilizadas en toda su capacidad.
En este contexto, el concurso de infracciones previsto en el Código Orgánico Integral Penal adquiere una relevancia particular. Más allá de su función tradicional en la determinación de la pena, su correcta aplicación permite estructurar los procesos de ma-
nera más eficiente y evitar la fragmentación innecesaria de los hechos. El concurso de infracciones en el COIP
El COIP regula el concurso de infracciones en los artículos 20 y 21.
El artículo 20 establece el concurso real, que ocurre cuando una persona ejecuta varias conductas y cada una
¿Existen sanciones por haber litigado con temeridad o mala fe en materia de derecho laboral?

El Código Orgánico General de Procesos señala cuáles son las normas expresamente derogadas del Código del Trabajo, entre las cuales no se considera el Art. 588 que determina las sanciones por haber litigado con temeridad o mala fe; norma que es específica para los procesos en materia laboral. Si el legislador hubiere querido derogar esta disposición legal la habría incluido en el listado de las normas que se derogan en la Disposición Derogatoria Octava, pero claramente se aprecia que la intensión del legislador fue mantener este régimen especial para el caso de los procesos laborales.
Este artículo contiene dos tipos de sanciones: la aplicación de una multa que va de cinco a veinte remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general para aquella de las partes que hubiere litigado de mala fe; y, otra distinta es en cambio que las costas procesales y honorarios de la defensa del trabajador correrán por cuenta del empleador cuando la sentencia favorezca total o parcialmente al trabajador.
Por su parte, el Art. 284 del COGEP, es una norma general aplicable para todos los procesos en materias no penales, y establece exclusivamente la sanción en costas procesales para quienes litigaren con temeridad o mala fe.
El Art. 588 del Código del Trabajo está vigente y es la norma especial aplicable en los procesos laborales para el caso de sanciones de multa y costas procesales.
Oficio: 321-2018-P-CP JP Criterios sobre Inteligencia y Aplicación de la Ley Corte Nacional de Justicia
constituye un delito autónomo. En estos casos, el legislador dispone la acumulación de penas hasta el límite legal correspondiente.[1]
Por su parte, el artículo 21 regula el concurso ideal, que se presenta cuando una sola conducta encuadra en varios tipos penales, aplicándose en ese caso la pena del delito más grave.[2]
Sin embargo, para comprender el concurso no basta con identificar si existen uno o varios delitos. El punto central está en determinar cómo ocurrieron los hechos en la realidad.
La doctrina penal ha sido clara en este sentido. Para Bacigalupo, el concurso ideal requiere unidad de acción y pluralidad de tipos penales, mientras que el concurso real exige pluralidad de acciones y pluralidad de delitos.[3] En la misma línea, Mir Puig señala que el concurso real responde a la existencia de varios hechos diferenciables, mientras que el ideal se justifica por la existencia de un solo hecho.[4]
Esto permite establecer una idea clave para estudiantes: el concurso no depende de cuántos delitos se identifiquen, sino de si existe una sola conducta o varias conductas relacionadas. En la práctica, esto significa que el derecho penal reconoce que ciertos fenómenos no ocurren de manera aislada, sino como parte de una misma dinámica. El concurso permite justamente analizar esos hechos de manera conjunta, evitando tratarlos como realidades completamente independientes.
Aplicación práctica: análisis de los casos “Triple A” y “Goleada” Esta lógica puede comprenderse mejor a partir de un análisis práctico de los casos conocidos como “Triple A” y “Goleada”, vinculados al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
En el caso “Triple A”, la investigación se centra en la presunta comercialización ilícita de derivados de hidrocarburos. Se trata de una actividad económica que, por su naturaleza, implica múltiples operaciones, contratos y decisiones que se desarrollan de manera continua en el tiempo.
Por otro lado, en el caso “Goleada”, se investiga la posible existencia de una estructura de delincuencia organizada orientada a actividades como el lavado de activos y la defraudación tributaria, lo que supone la existencia de una organización con una finalidad económica común.[5]
Desde un punto de vista jurídico, la cuestión relevante no es si los delitos son distintos, porque claramente lo son, sino si los hechos que los sustentan son independientes o están conectados.
Si la hipótesis investigativa sostiene que el dinero que se intenta legitimar en “Goleada” proviene de la actividad económica analizada en “Triple A”, entonces existe una relación directa entre ambos casos.
En ese escenario, no se trataría de dos realidades aisladas, sino de una secuencia: una actividad que genera recursos y una estructura que busca administrarlos, ocultarlos o legi-
timarlos.
Desde esta perspectiva, es posible sostener, al menos en términos académicos, que existe una base para analizar estos hechos bajo la figura del concurso real de infracciones, conforme al artículo 20 del COIP, en la medida en que existen varias conductas diferenciadas, pero vinculadas por una misma lógica económica y probatoria.
Esto no implica afirmar una única solución procesal, pero sí permite evidenciar que el concurso constituye una herramienta válida para evitar la fragmentación de fenómenos que, en la realidad, se encuentran conectados.
Especialización de la Fiscalía: organización interna y análisis del hecho En la práctica, una de las razones por las cuales el concurso no siempre se aplica tiene relación con la especialización de la Fiscalía General del Estado.
En Ecuador, las investigaciones se distribuyen en unidades especializadas por tipo de delito, como delincuencia organizada, fe pública o administración pública, lo que responde a criterios de eficiencia institucional.
Sin embargo, es importante precisar que esta distribución no opera en los mismos términos que la competencia jurisdiccional.
A diferencia de los jueces, cuya competencia por materia se encuentra legalmente delimitada, la Fiscalía actúa como un órgano único. Así lo establece la Constitución de la República del Ecuador, cuyo artículo 195 dispone
que la Fiscalía dirige la investigación penal con unidad de actuación.[6]
Esto implica que, aunque existan unidades especializadas, la investigación responde a una misma función institucional.
En consecuencia, la especialización constituye una forma de organización interna, pero no altera la naturaleza jurídica de los hechos ni impide que, cuando exista conexión entre ellos, puedan ser analizados bajo las reglas del concurso de infracciones.
El concurso como herramienta de descongestión judicial
A partir de lo expuesto, es posible advertir que el concurso de infracciones no solo cumple una función dogmática en la determinación de la pena, sino que también tiene un impacto en la forma en que se estructura el proceso penal.
Cuando hechos conectados se tramitan en procesos separados, el sistema reproduce varias veces la misma actividad: se repiten audiencias, se vuelve a presentar prueba y se analiza de manera fragmentada una realidad que, en esencia, es una sola.
En un sistema con alta carga procesal, esto tiene efectos directos en la duración de los procesos y en el uso de recursos institucionales.
En este contexto, el concurso puede operar como una herramienta que permite organizar mejor los casos, concentrar la actividad probatoria y evitar la multiplicación innecesaria de procesos.
Reflexión final
El concurso de infracciones, previsto en los artículos 20 y 21 del Código Orgánico Integral Penal, permite comprender que el derecho penal no siempre enfrenta hechos simples, sino realidades complejas que requieren un análisis integral. Los casos analizados evidencian que no siempre es sencillo determinar cuándo los hechos deben tratarse de manera conjunta o separada. Sin embargo, también muestran que el ordenamiento jurídico cuenta con herramientas suficientes para abordar esa complejidad sin necesidad de fragmentarla innecesariamente.
En ese sentido, el desafío para estudiantes y operadores jurídicos no está únicamente en identificar los delitos, sino en comprender la estructura del hecho.
Porque, en definitiva, la eficiencia del sistema penal no depende solo de cuántos procesos se tramitan, sino de cómo se estructuran jurídicamente desde el inicio.
Referencias
[1] Código Orgánico Integral Penal, art. 20.
[2] Código Orgánico Integral Penal, art. 21.
[3] BACIGALUPO, Enrique. Derecho Penal. Parte General. Buenos Aires: Hammurabi, 1999.
[4] MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal. Parte General. Madrid: Edisofer, 2016. [5] Código Orgánico Integral Penal, art. 369. [6] Constitución de la República del Ecuador, art. 195



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Es lógico pensar que, si un árbol realiza la fotosíntesis, también está creciendo, pero no siempre es así, tal y como ha desvelado un trabajo de la Escuela del Clima de Columbia (Estados Unidos). En concreto, la nueva investigación indica que, en el futuro, los árboles podrían almacenar menos carbono de lo esperado. Eso, a su vez, implica que pueden darse mayores variaciones climáticas. EUROPA PRESS