Loja: 12 Octubre, 2026

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Loja - Zamora

LUNES 12 DE OCTUBRE DE 2026

Veeduría pide anular el concurso a Fiscal La veeduría ciudadana, cuyos miembros fueron escogidos por el mismo Consejo de Participación, buscan la anulación del concurso a fiscal general del Estado. El argumento central, no vinculante, hay opacidad y anomalías en la etapa de impugnación. 5

CIUDAD

Comicios en Loja: candidaturas, debates y fechas clave 3

ECONOMÍA

Crear un empleo formal exige un promedio de $48.700 7 CIUDAD

Loja acogerá el Festival Internacional Aura Impronta 4

GLOBAL

Izquierda: ¿Lula dejará sola Sheinbaum? 8

SOCIEDAD

Cómo los universitarios pueden aprovechar la IA8 GLOBAL

Colombia investiga presunto narcoescándalo 10 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

QUITO

Medio de comunicación liberal, laico, agnóstico e inclusivo. Respetuoso y defensor de los Derechos Humanos, el Estado de Derecho y la Democracia.

ALFREDO SUQUILANDA VALDIVIESO

alfredosuquilanda@hotmail.com

Reformar la Ley Orgánica de Educación Superior

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on buen criterio y predisposición la Asamblea Nacional ha planteado la necesidad de reformar la Ley Orgánica de Educación Superior Loes, por lo que me voy a referir a algunas reformas que se están discutiendo, haciendo un llamado cordial a las universidades y escuela politécnicas a participar activamente en este proyecto para mejorar la educación superior del Ecuador. Promueve una sólida vinculación entre los institutos tecnológicos y el sector empresarial, integrando teoría y práctica para mejorar de inmediato la empleabilidad de los jóvenes. Se prohíbe explícitamente ejercer cargos directivos o de autoridad dentro de cualquier institución de educación superior a personas con sentencias ejecutoriadas por delitos sexuales, violencia de género, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Se promueven mecanismos de concursos públicos de méritos objetivos para los docentes e investigadores del sistema nacional. En el contexto del debate de reformas a la LOES, la autonomía académica y financiera es el eje central de las discusiones entre los asambleístas, rectores y gremios docentes. Las propuestas buscan transformar radicalmente cómo las universidades gestionan sus recursos y planes de estudio. El debate se enfoca en liberar a las instituciones del “control inquisitorio” o burocrático, dándoles mayor capacidad de autodeterminación. Se propone que las universidades y escuelas politécnicas puedan crear carreras, programas de posgrado, sedes y extensiones de forma directa y sin requerir la aprobación previa obligatoria de los entes de control estatales (como el CES), siempre bajo un principio de autonomía responsable. Es hora de recuperar íntegramente la autonomía universitaria, volviendo a tomar en cada centro de educación superior las pruebas para el ingreso, retomar la integración del Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup) que fue el organismo autónomo de derecho público encargado de planificar, regular y coordinar el Sistema Nacional de Educación Superior, reemplazado por el actual Consejo de Educación Superior (CES) bajo la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), el cual debe desaparecer. Mejorar e incrementar, el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico, Fopedeupo, la principal fuente de ingresos y el mecanismo técnico de asignación presupuestaria del Estado para las universidades y escuelas politécnicas públicas en Ecuador que financia el sostenimiento de la gestión, infraestructura, tecnología, innovación y el fortalecimiento de la autonomía de la educación superior pública. Reformar la educación superior es abrir las puertas del futuro para miles de jóvenes ecuatorianos que sueñan con transformar el país. Apoyar esta reforma es creer en el talento, la innovación y el potencial de nuestra juventud, una nueva ley de educación superior es el puente hacia un Ecuador más competitivo, justo y lleno de oportunidades.

PACO MONCAYO GALLEGOS

pmoncayog@gmail.com

Gestión de riesgos, un pendiente de los GAD

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n los años setenta, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó la Oficina de Coordinación en casos de desastres (Undro); en los años noventa, la ONU proclamó la Década Internacional para

Directora Nacional Gabriela Vivanco Salvador Editor General: Jean Cano Editor Regional: Franklin Maldonado Publicidad: mcarrion@lahora.com.ec Año: XXVIII

Los escritos de los colaboradores solo comprometen a sus autores y no reflejan el pensamiento del medio, que se expresa en su Editorial.

OPINIÓN 02 O LOJA | LUNES 12/OCTUBRE/2026

EDITORIAL

SANTIAGO LEÓN santiagoleon86@hotmail.com

Solidaridad con diario Expreso en su nueva etapa digital

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esde su fundación en agosto de 1982, Diario LA HORA tuvo como amigos a Galo Martínez Merchán, fundador de Expreso, a su hijo Galo Martínez Leisker y a su familia. Martínez Merchán fundó LA HORA en Quito nueve años después de crear Expreso, en 1973, y la vendió dos años después. Tras 53 años, Expreso deja una importante huella en el periodismo ecuatoriano. Junto con Extra, ambos de Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), ejercieron la libertad de prensa en su mayor expresión. Aunque competimos por lectores y anunciantes, compartimos ideales, proyectos y luchas. Circunstancias similares a las que llevaron al cierre de la edición impresa de Expreso provocaron el cierre de Revista Vanguardia, proyecto conjunto de Expreso y LA HORA que destacó por su periodismo de investigación

la Reducción de los Desastres Naturales 1990-1999 (DIRDN); el 19 de diciembre de 1991, adoptó el Criterio Integrado para el Manejo de desastres y la creación de una cultura mundial de prevención. La Undro fue reemplazada por el Departamento de Asuntos Humanitarios (DHA). Un hito fundamental en este proceso fue la Conferencia sobre la Reducción de los Desastres Naturales, celebrada entre el 23 y 27 de mayo de 1994, en Yokohama, Japón. En esa reunión se resolvió adoptar un enfoque integral de gestión, que considere la existencia de amenazas múltiples, la posible

durante el correísmo, hasta 2013. La misma suerte corrieron cinco de las 12 ediciones regionales de LA HORA. Los medios independientes que, aunque debilitados, sobrevivieron a los sistemáticos ataques del gobierno de Rafael Correa, se enfrentaron luego a la pandemia, que transformó el periodismo para siempre. El cambiante panorama tecnológico nos exige innovar con responsabilidad y eficiencia. Expreso hizo lo propio y aspiramos a continuar creando espacios de colaboración con todos quienes ejercen el periodismo con libertad e independencia. LA HORA se solidariza con Granasa, con la valiente decisión de actuar conforme a sus principios y apelar a las autoridades a que, en un gesto de madurez civil, no obstaculicen la liquidación de sus activos necesaria para cumplir sus obligaciones.

relación entre éstas y las derivadas consecuencias sociales, económicas, culturales y ambientales. Esos criterios quedaron recogidos en la Estrategia de Yokohama para un Mundo más Seguro: Lineamientos para la Prevención, Preparación y Mitigación de los desastres naturales. En aquella ocasión se aprobó también el respectivo Plan de Acción. Posteriormente, en 2005, se sancionó el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015. Todos esos aportes son válidos para este momento. En 2 0 0 7, se r e a l izó la Conferencia por una Gobernabilidad Ecológica

Mundial. Al final, Jacques Chirac, dio lectura al documento ‘Llamamiento de París’ que advertía: “… Hoy, sabemos que la humanidad está destruyendo, a una velocidad aterradora, los recursos y equilibrios que han permitido su desarrollo y que determinan su futuro[…] hemos llegado al límite de lo irreversible, de lo irreparable[...], ya no podemos permitirnos esperar; cada día que transcurre agrava los riesgos y los peligros.” Penosamente, tantos compromisos y advertencias han caído en el vacío. Europa, con todos sus avances científicos y tecnológicos no puede proteger a su población

¡POR LAS NUBES!

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stuvimos a un piti de vivir un terrible accidente aéreo. Sí, le cuento que hace poquitas horas una avioneta que venía desde Guayaquil aterrizó con toda la viada en el aeropuerto de Cuenca, pero, por razones desconocidas, se pasó de la pista y cayó sobre una ladera. Por suerte, se quedó ahí. De lo contrario, se estampaba contra la avenida que pasa por cerca y estaríamos hablando de otro tema. Es que, a ver, no es la primera vez que ocurre algo así. Hace algunos años, un avión comercial proveniente de Quito perdió pista y se fue de largo. Gracias al Creador, la aeronave quedó atrapada en las trampas de arena. Una de las alas quedó afuera del aeropuerto y fue un tremendo susto. Los pasajeros contaron que vivieron momentos de terror. Todo el protocolo aeroportuario se desplegó para atender una emergencia que, por fortuna, no dejó más que un susto. Algunos expertos en aviación han dicho que la pista del aeropuerto de Cuenca es corta y que esa es una de las razones que obliga a las autoridades a buscar un nuevo terreno para construir otra terminal aérea. Y cierto ha de ser, porque algunas veces hemos visto, especialmente cuando llueve o hay mal clima, que ciertos vuelos regresan a su lugar de origen o se mantienen en el aire hasta que mejoren las condiciones para aterrizar. Claro, entiendo que, en la época en que construyeron el aeropuerto de Cuenca, este calzaba justo con las características de la ciudad. Pero hoy estamos siendo testigos de una transformación hacia una ciudad intermedia con grandes proyecciones. Hay muchas personas que utilizan el transporte aéreo para sus distintas actividades y Cuenca se ha convertido en un punto importante de conexión con otras ciudades, especialmente por el turismo que ofrece. Así que las autoridades deben estar vivos, vivos, alzando el pelito, porque esto no puede demorar más. En noviembre de este año se prevé que Cuenca tenga conexión aérea directa con Perú. Pero no podemos esperar a que ocurran accidentes similares para tomar decisiones. Así que, tratándose de que estamos en precampaña, los candidatos ahí tienen un temita por resolver. Acá hay una necesidad real que necesita ser atendida.

de incendios e inundaciones cada vez más catastróficos. Y lo que ha sucedido en Ecuador es incalificable. Las principales vulnerabilidades frente a estas amenazas se presentan en las ciudades y se derivan de deficiencias en el control. Los asentamientos ilegales son siempre los más vulnerables. Este debe ser un tema principal de los debates entre los candidatos a dirigir los gobiernos locales, como responsables de proteger la ‘primera trinchera’ en defensa de la población frente a los riesgos naturales.

03 CIUDAD LOJA | LUNES 12/OCTUBRE/2026 I

Loja define 500 listas y más de 3.500 candidatos para los comicios ELECCIONES. La provincia de Loja dejó en firme las candidaturas que participarán en la próxima contienda electoral.

La Delegación Provincial Electoral de Loja dejó en firme un total de 500 listas para las próximas elecciones territoriales. En la provincia se registró la inscripción inicial de 504 listas en el sistema informático; sin embargo, tras el proceso de revisión y calificación, cuatro de ellas resultaron descalificadas. Con este paso, más de 3.500 candidatos competirán formalmente por las distintas dignidades de elección popular.

Cifras y autoridades por elegir

La ciudadanía lojana elegirá prefecto/a, viceprefecto/a, 16 alcaldes, 50 concejales urbanos, 36 concejales rurales y 390 vocales de juntas parroquiales. A estas dignidades se sumarán tres papeletas correspondientes a la elección nacional del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). En total, los electores de las zonas urbanas recibirán seis papeletas, mientras que los votantes del sector rural recibirán siete. “Nuestra provincia fue una de las que más listas recibió a nivel nacional. Tuvi-

mos un total de 504 inscritas dentro del sistema informático”, afirmó Byron Vivanco, director de la delegación provincial del CNE en Loja.

Debates institucionales en la UTPL

El organismo electoral organizará dos debates de carácter obligatorio entre el 12 y el 26 de noviembre, los cuales se llevarán a cabo en el Centro de Convenciones de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). El primer encuentro reunirá a los aspirantes a la Prefectura de Loja, mientras que el segundo confrontará las propuestas de los candidatos a la Alcaldía del cantón. Actualmente, cuatro binomios aspiran a la Prefectura: Mario Mancino con Julisa Celi, Darío Loja con Laura Torres, Kelvin Sigcho con Roxy Soto, y Oswaldo Román con Paulina Espinoza. Asimismo, ocho candidatos disputarán la Alcaldía de Loja: Jorge Reyes, Daniel Aguirre, Patricia Picoita, Jesús Cárdenas, Henry Carrión, Patricio Valdivieso, José Castillo y Franco Quezada.

Capacitación a miembros de junta y simulacros

La entidad designó a 9.184 ciudadanos como miembros de las juntas receptoras del voto. Hasta el momento se ha notificado al 86 % de los seleccionados y se registra un avance cercano al 60 % en las jornadas de formación. Asistir a estas sesiones es obligatorio; incumplir el proceso conlleva una multa equivalente al 10 % del salario básico unificado. “Si los 9.184 miembros de las juntas receptoras no participan en la capacitación, incurrirán en la sanción correspondiente del 10 % del salario básico”, advirtió Vivanco. Paralelamente, el CNE programó dos simulacros nacionales para el 1 y el 15 de noviembre con el fin de evaluar el sistema informático y la capacidad de respuesta operativa ante eventuales imprevistos.

Organizaciones políticas descalificadas

Entre las listas que quedaron fuera de la contienda figuran la del Partido Sociedad Patriótica (Lista 3) en la Junta Parroquial 12 de Diciembre (Pindal), el movimiento Convocatoria (Lista 62) para la Alcaldía de Paltas, y el Partido Innovación Democrática (Lista 4) en la Junta Parroquial de Casanga (Paltas).

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Cuatro de las 504 listas inscritas quedaron descalificadas. El calendario electoral en la provincia incluye debates obligatorios, simulacros nacionales y la capacitación de los miembros de junta.

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QUITO

Loja acogerá el Festival Internacional Aura Impronta El certamen proyectará más de 25 películas de 15 países en funciones gratuitas y pagadas, además de ofrecer talleres y una gala de inauguración entre el 14 y el 23 de octubre. Loja acogerá la segunda edición del Festival Internacional de Cine Contemporáneo Aura Impronta 002 del 14 al 23 de octubre de 2026. La convocatoria se oficializó mediante una rueda de prensa en el Auditorio Pablo Palacio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Loja, con la presencia del fundador y director José Suing Mendieta, la directora creativa Sofía Jiménez y el representante institucional Pablo Vivanco. El encuentro exhibirá más de 25 obras cinematográficas de más de 15 naciones, incluyendo producciones de Ecuador, Argentina y México. La agenda contempla 17 funciones organizadas en dos turnos diarios, a las 17:00 y a las 19:00, distribuidas en tres sedes locales: el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi, la Alianza Francesa de Loja y el Teatro Bolívar.

Apertura oficial e itinerario ga; y Carmela y los caminantes, de Esteban Coloma. La audiovisual La gala inaugural iniciará el miércoles 14 de octubre a las 19:00 en el Teatro Segundo Cueva Celi. La proyección de apertura será El diablo fuma, ópera prima del cineasta mexicano Ernesto Martínez Bucio, largometraje estrenado en la Berlinale y acreedor del premio en la sección Perspectives. El argumento narra la historia de un grupo de niños abandonados en una vivienda de Ciudad de México durante una epidemia de cólera, bajo el cuidado de una abuela con demencia. La organización seleccionó esta obra por su capacidad de generar inquietud y cuestionamientos directos en la audiencia. La muestra nacional destaca títulos reconocidos internacionalmente como Rotacismo, de Ricardo Ruales; La ruta de la sal (Kachi Ñambi), de Eriberto Gualin-

V Seminario de Economía de la Cultura La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) será la sede presencial de la quinta edición del Seminario Iberoamericano de Economía de la Cultura, un evento internacional de investigación orientado al diálogo y la reflexión sobre el sector creativo. La cita convoca a estudiantes, gestores municipales, diseñadores, arquitectos, emprendedores y hacedores de políticas públicas.

Líneas de investigación y participación externa

El seminario estructuró su agenda en ocho ejes académicos: marcos teóricos; me-

dición e indicadores; industrias culturales y economía creativa; transformación tecnológica e inteligencia artificial; políticas culturales y gobernanza; patrimonio, identidad y sostenibilidad; trabajo y mercados culturales; y turismo para el desarrollo territorial. De las 115 ponencias receptadas en la convocatoria, el comité evaluador aprobó 102 trabajos, de los cuales el 68 % corresponde a investigadores extranjeros. “Este seminario es un espacio de investigación y de compartimiento de experiencias en el que existe un diálogo y una reflexión críti-

programación integrará una curaduría especial a cargo de la especialista argentina Ana Contreras, quien presentará películas de Palestina y una sección Perspectiva enfocada en el realizador Sebastián Arreya, acompañada de un taller formativo internacional. Por su parte, la jornada del sábado 17 de octubre en el Teatro Bolívar incluirá las proyecciones gratuitas de La noche está marchándose ya, de Ramiro Sonzini, a las 17:00, y Rotacismo, a las 19:00. “Nos interesan películas que acerquen la mirada a cuestionarnos, a hacernos preguntas políticas, sensibles y necesarias en la situación que vivimos hoy en día”, manifestó Sofía Jiménez, directora creativa del festival.

CIUDAD 04

A I LOJA | LUNES 12/OCTUBRE/2026

FESTIVAL. El encuentro cinematográfico tendrá 10 días de exhibición, con producciones nacionales e internacionales.

Modelo independiente y respaldo institucional

Aura Impronta nació en Loja en abril de 2024 como una propuesta cinematográfica independiente y local. El modelo del evento opera sin categorías competitivas ni entrega de galardones, orientando sus recursos a la formación de audiencias y a la difusión cultural continua mediante su programa anual Visiones Extendidas. El enfoque temático para esta edición se titula “Volver a mirar, volver a nacer”, el cual busca promover el análisis crítico desde la visión territorial de la ciudad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja facilita las sedes físicas para la inauguración y las actividades, reafirmando su política de cooperación con los gestores independientes del sector audiovisual. “Estas propuestas, nacidas de jóvenes profesionales apasionados por lo que hacen, nos llenan del compromiso de seguir alimentando los presupuestos necesarios para respaldar este tipo de proyectos que, de manera

indudable, necesitan recursos”, ratificó Pablo Vivanco, representante de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja.

Costos y acceso a entradas

En la Alianza Francesa de Loja, las funciones tienen un costo general de USD 4 y una tarifa preferencial de USD 2,50. Asimismo, la organización dispone de un pase completo por USD 20 para acceder a todas las películas y un abono de 3 funciones por USD 10. Adicionalmente, el festival ofrecerá tres funciones gratuitas: la jornada inaugural en el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi (miércoles 14 de octubre, 19:00) y dos proyecciones especiales en el Teatro Bolívar (sábado 17 de octubre, a las 17:00 y 19:00). Para obtener las entradas o solicitar información, el público puede contactarse con Cocodrilo Radio o escribir a la cuenta de Instagram @auraimpronta También se podrán adquirir los boletos directamente en la taquilla de cada sede antes de las funciones.

ca acerca del tema cultural”, afirmó Ronny Correa, docente del Departamento de Economía de la UTPL.

Expositores y delegaciones internacionales

La agenda académica contempla dos conferencias magistrales. El Dr. Juan Ignacio Pulido abordará el impacto económico de las empresas culturales en el turismo, mientras que el Dr. Luis César Herrero Prieto presentará las nuevas tendencias en la oferta cultural regional. Adicionalmente, mesas de trabajo reunirán a especialistas de Argentina, Brasil, Chile, Portugal, Francia, Perú, Colombia y México para analizar el fomento de las políticas públicas. “El seminario es neta-

SEMINARIO. El seminario académico reunirá a ponentes de carácter nacional e internacional en el campus de la UTPL.

mente presencial. Esas son las consideraciones que ha establecido el comité científico internacional para el desarrollo de este evento”, puntualizó Correa.

Costos y modalidades de registro

El costo de inscripción para estudiantes de grado y posgrado es de $25 sin ponencia y $35 con ponencia o póster.

Para profesionales, la tarifa es de $55 sin ponencia y $60 con ponencia. Docentes de la UTPL e integrantes de las redes ACEI y RECIR disponen de un valor preferencial de $45 sin ponencia y $50 con ponencia. El periodo de pronto pago estará disponible hasta el 31 de octubre, lo que dará paso a la tarifa completa a partir del 1 de noviembre.

05 POLÍTICA LOJA | LUNES 12/OCTUBRE/2026 I

El Consejo de Participación Ciudadana es la entidad que lleva adelante los concursos para autoridades estatales (Foto:cortesía)

¿Favoritismo en la Fiscalía? Piden anular concurso tras descalificación masiva La Veeduría Ciudadana que ha realizado un monitoreo al proceso de selección del titular de la Fiscalía General denunció una “serie de irregularidades” en la fase de impugnación y solicitó formalmente la anulación del concurso, así como la salida de los comisionados titulares. De 75 candidatos iniciales, solo 5 permanecen habilitados. Desde el Cpccs afirman que están abiertos a todos los actores sociales, pero piden precisiones. La Veeduría Ciudadana que monitorea la selección del titular de la Fiscalía General del Estado solicitó la anulación del concurso. Lo lleva adelante una Comisión Ciudadana de Selección, pero bajo el paraguas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que es la entidad que por mandato constitucional tiene, entre sus atribuciones, la de liderar la designación de autoridades, seleccionadas a tra-

vés de procesos inclusivos y transparentes. De las seis etapas del concurso ya concluyeron tres: · Convocatoria y postulación. · Admisibilidad y reconsideración. · Calificación de méritos y recalificación. La fase de escrutinio público e impugnación sigue en fase de ejecución, y las otras dos: oposición y recali-

ficación y designación de las autoridades aún están pendientes. De 75 aspirantes para fiscales en nómina solo cinco siguen en carrera con observaciones de Veeduría Para el concurso hubo 75 aspirantes inscritos cuando esa fase se cerró en marzo pasado. A la etapa de escrutinio público e impugnación llegaron 26, pero quedaron 5 tras 21 descalificaciones. Su salida, sin embargo, no está

en firme, pues aún tienen la posibilidad de apelar ante el pleno del Cpccs, integrado por siete consejeros. Según Guido Egas, coordinador de la Veeduría Ciudadana, entregaron un informe parcial cuando terminó la etapa de admisibilidad y están habilitados para entregar documentos finales, parciales, de mayoría, de minoría o individuales de aquellos veedores que fueron calificados. Sostuvo que también pueden entregar oficios con observaciones, alertas de lo que ocurre dentro del proceso. Precisó que hacen un control social de los procesos, pero sus informes, no son considerados vinculantes. Tras las resoluciones que descalificaron a 21 postulantes, remitieron oficios al pleno de Cpccs en las que expresaban su malestar con la actuación de la comisión. Egas señaló que esa instancia, que lleva adelante el concurso, debe siempre notificarlos de las reuniones y avalar lo que ellos actúan. En la fase de impugnación, mencionó, no recibieron esa notificación por lo que –acotó- no conocen bajo qué parámetros o qué mé-

todos utilizaron para decidir qué impugnación pasó o no. Se realizaron 38 de las 41 audiencias programadas en contra de 26 candidatos; las tres restantes se archivaron por inasistencia de los impugnantes. A juicio de Egas, hubo un “desequilibrio” en la aceptación de las impugnaciones. Adujo que en contra de Daniella Camacho, jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y quien va primero en el puntaje con 48 sobre 50 puntos, e Inés Romero, jueza provincial que está en segundo puesto con 47,25 puntos sobre 50, hubo 14 objeciones. En tanto en contra de Carlos Alarcón, fiscal (e), tercero en el puntaje con 46 sobre 50 puntos solo se calificó una. Romero recibió 8 impugnaciones y fue descalificada tras la aceptación de tres cuestionamientos, en tanto que para Camacho hubo 6 y se aceptó una con lo que quedó inhabilitada. Hubo audiencias en las cuales se presentaron alegatos a favor y en contra. El veedor opinó que algunas objeciones tenían sustento, pero otras parecían cuestiones personales contra los postulantes. La Comisión Ciudadana de Selección ha actuado para Egas “fuera del procedimiento”. En uno de los documentos remitidos al Cpccs manifiesta que por la serie de “irregularidades” detectadas en la fase de impugnación ciudadana, “retiraban su aval” y pidieron que se anule el concurso en base al reglamento del mismo y a las facultades que amparan a ese organismo. Otro pedido de la veeduría es la cesación de los integrantes titulares de la comisión. Expresó que su participación tiene un tiempo de duración de cuatro meses con una extensión de dos meses, pero ese lapso ha pasado por lo que la alternativa es que se principalicen los suplentes y darles dos meses para que concluyan el proceso. El coordinador de la veeduría solicitó además que sean recibidos en comisión general por el pleno del Cpccs para exponer sus inquietudes. (JGP)

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QUITO

SEGURIDAD 06

Nacen milicias ciudadanas para ‘exterminar’ bandas rivales

A I LOJA | LUNES 12/OCTUBRE/2026

Existe una alerta sobre la conformación de grupos armados o paramilitares que estarían formándose en Guayas: dueños de tierras que se unen a criminales para acabar con la banda dominante. La Fiscalía detalla que entre un 40% a 50% de detenidos por extorsiones o intimidación no registran antecedentes penales, se presume que son ciudadanos que hacen alianza con bandas. y resalta que es ahí cuando el ciudadano encuentra una falsa protección en un grupo criminal. Alerta por surgimiento de agrupaciones de corte paramilitar En este alarmante contexto, la incorporación forzada o desesperada de ciudadanos a bandas criminales en Ecuador para evitar extorsiones refleja la grave crisis de seguridad pública que atraviesa el país. El miedo a las represalias, la quiebra de pequeños negocios han empujado a algunos ciudadanos a colaborar o afiliarse a estas estructuras criminales en busca de una falsa “protección” o inmunidad ante bandas rivales. En particular, existen alertas cualitativas de que en poblaciones como Pueblo Nuevo en Guayas y sectores de la Amazonía han comenzado a configurarse dinámicas de corte paramilitar, es decir, ciudadanos que se asocian con bandas de menor rango para luchar de forma conjunta contra la organización criminal hegemónica que lidera las amenazas y extorsiones en sus localidades. LA HORA accedió al testimonio de Pablo T., un poblador de Pueblo Nuevo y dos moradoras de El Empalme – Tamara R., y Daniela (nombre protegido)- quienes alertan que en estos poblados “se están organizado para formar grupos paramilitares” y “exterminar a las bandas dominantes”. La Policía Nacional dice no tener registro de estos grupos, pero detalla que Tiguerones y Lobos pelean estos territorios. De hecho, en 2025 hubo una masacre en El Empalme y, según las habitantes de esta zona, a raíz de esto “los papás de algunas víctimas y

Dueños de locales reciben papeles con amenazas. (Foto: Ministerio del Interior)

algunos dueños de fincas se reúnen para hace contrapeso, o sea, ellos mismos exterminar a estas bandas que nos extorsionan hasta con el agua del tanquero”. Sobre este peligroso fenómeno, la socióloga e investigadora Sara Maldonado advierte que esto nace de la idea de la justicia por mano propia: “Cuando el Estado no logra garantizar la seguridad ni la supervivencia económica en el territorio, la población cruza la línea del desespero. El verdadero riesgo sociológico que hoy enfrentamos es que los ciudadanos cansados de la extorsión terminen conformando o integrando verdaderos grupos paramilitares y milicias de autodefensa; una dinámica de justicia por mano propia que no detiene el delito, sino que institucionaliza la barbarie y multiplica las violencias”. El impacto en el sector rural: ganaderos acorralados y el

repunte del porte de armas La violencia extorsiva no se limita a las áreas urbanas; en el sector rural, los

· Alza de solicitudes de porte de armas: Tras la flexibilización de requisitos para el porte de armas de fuego de uso civil destinada a ganaderos y camaroneros, el Ministerio de Defensa y el Departamento de Control de Armas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas registraron un incremento exponencial en los trámites. Se estima que miles de solicitudes (superando los 10.000 trámites en proceso e ingresos al sistema) han sido ingresadas por productores rurales que buscan armarse legalmente para repeler las incursiones armadas de los extorsionadores. (AVV)

AUTOCONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FUNCACION “LA VIDA EN MOVIMIENTO”. De conformidad a lo dispuesto en el capítulo IX artículo 42 del Estatuto Social de la FUNCACION, se autoconvoca a los miembros Martín Miguel Trujillo Chulde, Germania Domilita Huanca Ramírez. Luis Alejandro Taipe Trujillo, Oswaldo Filimón Enríquez Trujillo. a la asamblea General. Extraordinaria. Que se llevara a cabo en la calle Luis Cordero y pasaje Antonio Conforte lote número 6, barrio Castillo del Valle sector Conocoto -Quito. El día lunes 19 de octubre del 2026 alas 18horas para tratar los siguientes puntos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Instalación de la asamblea Constatación del quórum Conocimiento y resolución sobre la situación de los miembros ausentes. Conocimiento y resolución de la inclusión de nuevos miembros. Elección de nuevos miembros del directorio. Aprobación del plan de trabajo Clausura de la asamblea

En casa de no existir el Quorum reglamentario a la hora señalada, se procederá conforme a lo establecido en el capitulo X, Art 43 del Estatuto Social de la FUNDACION

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Cuando el miedo se convierte en la única constante diaria, la línea entre la víctima y el victimario empieza a desdibujarse. En los barrios y zonas rurales más castigados por la delincuencia en Ecuador, la desesperación por sobrevivir, proteger a la familia y evitar la quiebra absoluta está llevando a ciudadanos comunes a tomar una decisión límite: unirse, colaborar o buscar refugio en las mismas estructuras criminales que los asedian, convirtiéndose gradualmente en un engranaje más de la violencia. Sobre la raíz psicológica de este comportamiento, la psicóloga clínica e investigadora en trauma social Andrea Benítez explica cómo la indefensión aprendida y la amenaza constante alteran el comportamiento humano: “Cuando una persona vive bajo un estado prolongado de terror y desprotección, el cerebro activa mecanismos extremos de adaptación. La asociación con el agresor no nace de la afinidad delictiva, sino de una respuesta de supervivencia conocida en psicología como ‘identificación con el agresor’ o sometimiento coercitivo. Ante la percepción de que el Estado no puede protegerte y que la violencia es inevitable, el individuo busca alinearse con quien ostenta el poder en el territorio para recuperar una falsa sensación de control, inmunidad y seguridad sobre su propia vida”. El coronel Mario Pazmiño, exjefe de Inteligencia Militar, dice que este fenómeno se define como una gobernanza criminal. “Los grupos de delincuencia organizada van asumiendo competencias constitucionales”, dice Pazmiño,

ganaderos y agricultores enfrentan un acoso sistemático caracterizado por cuotas de “vacunación” sobre sus predios, robos masivos de ganado (abigeato) y amenazas constantes de secuestro (a finales de 2025, en Manabí, un ganadero de 80 años fue liberado de su secuestro por la Unase. Pedían $40.000 de rescate). Ante la desprotección en extensiones de difícil acceso, el gremio agropecuario ha recurrido masivamente a la autoprotección formal:

07 ECONOMÍA LOJA | LUNES 12/OCTUBRE/2026 I

Crear un empleo formal cuesta $48.700 en Ecuador Abrir una nueva plaza laboral requiere desde $6.500 en servicios hasta más de $254.000 en minería. Conozca el esfuerzo económico detrás de cada puesto y la hoja de ruta que necesita el país para transformar su realidad laboral. Generar un empleo formal en Ecuador va mucho más allá de pagar un salario a fin de mes. Requiere de una inversión inicial importante en activos (como maquinaria, herramientas y adecuaciones físicas) y de un capital de trabajo suficiente para cubrir al menos los primeros tres meses de sueldo y beneficios de ley. Para el año 2026, con un Salario Básico Unificado (SBU) de $482 y un costo laboral real para el empleador que suma entre un 35% y 42% adicional (por IESS, décimos y fondos de reserva), el esfuerzo financiero varía drásticamente según la actividad económica. El costo de crear un empleo Según estimaciones elaboradas por Juan Fernando Carpio, economista, investigador económico, consultor y formador, a partir de información oficial y referencias de proyectos recientes, la inversión inicial para crear un empleo formal es la siguiente en cada sector: · Servicios: $6.500 – $21.750. (Setup de $4.000– $18.000 en equipos + $2.500–$3.750 de costo laboral trimestral). · Comercio: $7.250 – $23.000. (Setup de $5.000– $20.000 + $2.250–$3.000 de costo laboral). · Construcción e inmobiliario: $17.250 – $43.250. (Equipos por $15.000– 40.000 + $2.250–3.250 de costo laboral). · Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca: $10.000 – $27.800. (Activos por $8.000–$25.000 + $2.000–$2.800 de costo laboral). · Industria manufacturera: $27.500 – $63.500. (Maquinaria por $25.000– 60.000 + $2.500–$3.500 de costo laboral). · Minería, petróleo y canteras: $83.000 –

DESARROLLO. Ecuador necesita atraer más inversión local y extranjera para crear más empleo formal.

$ 254.500+. (E quipos pesados por $80.000– $250.000+ + $3.000–$4.500 de costo laboral). “Imagine que crear un empleo formal es como armar el escenario perfecto antes de que empiece la función: no basta con prometer pagar el sueldo a fin de mes, primero tienes que comprar la silla, la computadora o el tractor, y además tener un colchoncito de dinero guardado para cubrir los tres primeros meses de sueldo”, explicó Andrés Rodríguez Verdesoto, economista. Si analizamos cuánto se necesita para crear 10, 100 y 1.000 puestos formales, se entiende mejor la dimensión del reto: · Servicios (promedio $14.100 por puesto): Crear 10 empleos requiere unos $141.000; para 100 empleos se necesitan $1,41 millones; y para 1.000 empleos, la cifra sube a $14,1 millones. · Comercio (promedio $15.100 por puesto): Abrir 10 plazas exige $151.000; 100 plazas demandan $1,51 millones; y 1.000 plazas alcanzan los $15,1 millones. · Agricultura y pesca (promedio $18.900 por

puesto): 10 plazas exigen $189.000; 100 plazas requieren $1,89 millones; y 1.000 plazas suman $18,9 millones. · Construcción (promedio $30.250 por puesto): Generar 10 puestos cuesta $302.500; 100 puestos exigen $3,02 millones; y 1.000 puestos demandan $30,2 millones. · Manufactura (promedio $45.500 por puesto): Poner en marcha 10 empleos industriales cuesta $455.000; 100 empleos requieren $4,55 millones; y 1.000 empleos escalan a $45,5 millones. · Minería y petróleo (promedio ~$168.700 por puesto): Crear apenas 10 empleos en este sector demanda $1,68 millones; para 100 empleos se necesitan $16,8 millones; y para 1.000 puestos la inversión se dispara a $168,7 millones. Si proyectamos estos números al panorama nacional, donde existen más de 5 millones de personas laborando en la informalidad, la factura total revela la urgencia de atraer capital masivo. Considerando el costo promedio general de la economía de $48.700 por puesto

de trabajo, formalizar a toda esa fuerza laboral requeriría una inversión acumulada de aproximadamente $243.500 millones (más del doble de todo el Producto Interno Bruto anual del Ecuador). Incluso si todos esos empleos se crearan en los sectores de menor costo, la inversión mínima requerida superaría los $75.000 millones. De ahí que transformar el mercado laboral ecuatoriano no sea cuestión de decretos, sino de construir un entorno atractivo para la inversión privada de largo plazo. ¿Un plan realizable a 14 años? Si nos trazamos la meta de reducir la informalidad en al menos un 5% cada año desde hoy hasta 2040, el desafío toma una forma muy concreta: significa formalizar a unas 250.000 personas anualmente de esos 5 millones que hoy están desprotegidos. Considerando el costo promedio por puesto, el país necesita movilizar un estimado de $12.175 millones anuales en nuevas inversiones. A lo largo de estos 14 años, este esfuerzo requiere una combinación estratégica y agresiva de capitales locales y extranjeros.

Para lograrlo, Ecuador debe sostener su disciplina fiscal y potenciar las mejoras en su credibilidad internacional, reflejadas en la caída del riesgo país y una Inversión Extranjera Directa (IED) que despuntó a $1.299 millones en 2025. El plan exige que la IED se multiplique, aportando unos $4.000 millones anuales. Los $8.175 millones restantes deben venir del músculo local: reinversión de utilidades empresariales, dinamización del mercado de valores y expansión del crédito del sistema financiero tradicional. ¿Qué se necesita? Para multiplicar las plazas de trabajo y superar una informalidad que frena el crecimiento económico del país, los planes de desarrollo, como la Agenda 2024, y acuerdos sociales trazan una hoja de ruta clara enfocada en la competitividad y la equidad: · Seguridad jurídica e inversión: Es fundamental consolidar un “Estado habilitador” que reduzca los costos institucionales y genere confianza. La inversión privada y extranjera requiere marcos regulatorios estables. Además, se debe potenciar el modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP) para proyectos de infraestructura. · Modernización contractual: Se necesita promover la diversificación de modalidades contractuales adaptadas a las dinámicas de cada sector. Esto implica reconocer la estacionalidad, los ciclos biológicos y las jornadas especializadas en áreas como el turismo, la minería y la agricultura. · Cierre de brechas territoriales: El modelo de desarrollo debe enfocarse en la descentralización para combatir las inequidades. Actualmente, la pobreza en el área rural alcanza el 41,7%, una cifra que casi triplica el 15,7% del área urbana. Para revertir esto, es vital fortalecer la Agricultura Familiar y Campesina (AFC). Se debe garantizar su acceso a tierra, crédito productivo y tecnología. (JS)

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QUITO

SOCIEDAD 08

90% de los universitarios usan IA. Su uso plantea nuevos retos para docentes y estudiantes. Especialistas proponen cambiar las evaluaciones, establecer límites para la IA y comprobar los conocimientos más allá de los trabajos escritos. La inteligencia artificial (IA) puede redactar ensayos, resolver problemas y desarrollar trabajos universitarios en pocos segundos. Pero un resultado correcto no siempre significa que el estudiante haya aprendido. Esta situación plantea un reto para las universidades: ¿cómo comprobar qué conocimientos tiene realmente un alumno y qué parte de su trabajo realizó una herramienta? Ricardo Hidalgo Ottolenghi, canciller de la Universidad UTE y autor del libro Rediseñar la Universidad: Integración curricular de la inteligencia artificial en grado y posgrado, considera que el principal problema es la falta de decisiones institucionales sobre el uso de estas tecnologías. Según las cifras que recoge en su investigación, más del 90% de los estudiantes universitarios utiliza IA, mientras que apenas una de cada cinco instituciones cuenta con una política formal para orientar su uso. Para Hidalgo, las universidades deben definir qué capacidades necesitan desarrollar los estudiantes por sí mismos y cuáles pueden trabajar con apoyo tecnológico. ¿Cuándo la inteligencia artificial ayuda a aprender? Utilizar IA para completar una actividad no significa necesariamente que el estudiante haya comprendido el contenido. Hidalgo identifica dos formas de usarla: · Uso complementario: el estudiante utiliza la herramienta como apoyo, pero mantiene el razonamiento, verifica la información y toma decisiones propias · Uso sustitutivo: la IA realiza el trabajo intelectual y

el alumno presenta un resultado que no necesariamente comprende “Si al terminar sabe hacer algo que antes no sabía, la IA ayudó; si solo tiene un resultado que no podría defender, lo reemplazó”, explica. El especialista cita una investigación en la que un asistente de IA mejoró el desempeño de los estudiantes durante las prácticas. Sin embargo, quienes utilizaron la herramienta sin medidas de protección obtuvieron resultados un 17% inferiores en una evaluación posterior. Esto muestra que obtener respuestas correctas con inteligencia artificial no garantiza que el conocimiento se mantenga cuando el estudiante debe trabajar sin ella. ¿Cómo deben cambiar los exámenes universitarios? Los trabajos escritos y las investigaciones han sido utilizados para evaluar conocimientos. Sin embargo, la IA ahora puede producir parte de esos resultados sin que el estudiante necesariamente haya desarrollado el mismo proceso de aprendizaje. “Hay que dejar de evaluar el producto y evaluar el proceso, porque hoy el producto puede existir sin el proceso”, sostiene Hidalgo. Para comprobar qué sabe realmente un alumno, propone incorporar mecanismos como: · Defensas orales: explicar y justificar los argumentos de un trabajo · Exámenes presenciales: demostrar determinadas capacidades sin utilizar IA · Seguimiento del proceso: documentar cómo se realizó una actividad y qué información se verificó Según Hidalgo, una de-

La inteligencia artificial plantea cambios en las tareas, exámenes y métodos de evaluación de las universidades. (Foto: referencial)

fensa oral de cinco minutos puede revelar si un estudiante domina el tema o si únicamente presentó un texto que no puede explicar. Pero esto no implica que todas las evaluaciones deban realizarse sin inteligencia artificial. ¿En qué evaluaciones se debería permitir la IA? El libro propone un modelo denominado evaluación de dos carriles, que diferencia los momentos destinados a comprobar conocimientos de aquellos en los que se busca desarrollar nuevas habilidades. Carril seguro: la IA queda fuera o se utiliza de manera controlada para comprobar que el estudiante domina una competencia Carril abierto: se permite utilizar la herramienta como parte del proceso de aprendizaje Por ejemplo, un alumno podría utilizar IA para explorar información durante una actividad, pero después tendría que demostrar por sí mismo que comprende el tema. La propuesta busca que las universidades enseñen a utilizar estas tecnologías sin dejar de comprobar las capacidades individuales de sus

estudiantes. ¿Prohibir la inteligencia artificial es la solución? Hidalgo considera que prohibir completamente la inteligencia artificial puede provocar que los estudiantes continúen utilizándola sin informar a sus profesores. Sin embargo, permitir su uso en todas las actividades también puede afectar el aprendizaje. “Prohibirlo todo empuja a la clandestinidad, permitirlo todo vacía el aprendizaje”, señala. Por eso, plantea establecer reglas claras para cada actividad: · Uso no permitido: cuando se necesita evaluar una capacidad sin asistencia · Uso limitado: cuando la IA puede apoyar determinadas partes del trabajo · Uso amplio: cuando se

autoriza utilizarla, pero el estudiante debe declarar cómo la empleó Estas condiciones deberían responder a políticas institucionales, en lugar de depender únicamente de cada docente. ¿Qué papel tienen los profesores frente a la IA? La incorporación de estas herramientas también plantea cambios para los docentes, especialmente cuando sus estudiantes tienen mayor experiencia utilizándolas. Para Hidalgo, el profesor no necesita manejar mejor la tecnología que sus alumnos. Su función es comprobar la validez de la información, evaluar los argumentos y determinar si el estudiante desarrolló las capacidades esperadas. “El docente no tiene que ganarle al alumno en el manejo de la herramienta, tiene que hacer lo que la herramienta no hace: juzgar”, afirma. El especialista considera que la capacitación docente debe ser una prioridad. En la Universidad UTE, señala que cuentan con el CIIS-IA, un centro dedicado a formar, acompañar y dar seguimiento en el uso de estas tecnologías. La discusión sobre la inteligencia artificial en la educación superior, no se limita a detectar si un estudiante utilizó una herramienta para completar su trabajo. También implica revisar cómo se enseña, qué se evalúa y qué conocimientos deben demostrarse sin asistencia tecnológica. “La inteligencia artificial llegó para quedarse, que forme mejores profesionales o títulos vacíos depende de una sola cosa: que la universidad siga enseñando a pensar”, concluye Hidalgo. (PVC)

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IA: ¿cómo saber cuánto aprenden los estudiantes?

A I LOJA | LUNES 12/OCTUBRE/2026

09 GLOBAL LOJA | LUNES 12/OCTUBRE/2026 I

Elecciones en Brasil definirán balanza política en la región

Las elecciones del 29 de octubre de 2026 en Brasil definirán si ese país cambia de presidente y de tendencia política; mientras tanto, algunos analistas evalúan los impactos que habría si se ratifica a Lula da Silva o gana Flávio Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro, candidato presidencial del Partido Liberal; Lula da Silva, candidato por el Partido de los Trabajadores. (Foto: Archivo).

Flávio Bolsonaro, candidato por el Partido Liberal (derecha), obtuvo el 47% de votos en las elecciones para la Presidencia de Brasil el 4 de octubre de 2026 y Lula da Silva, actual mandatario y candidato del Partido de los Trabajadores (PT, progresista), alcanzó el 45% de votos. Analistas consultados evalúan los escenarios que se generarían si Bolsonaro logra una victoria en segunda vuelta o se reelige al actual presidente. Brasil es el país con mayor extensión territorial de Sudamérica y limita con la mayoría de los países de la región, excepto con Chile y Ecuador. El informe del Latinobarómetro, difundido el 2 de octubre de 2026, clasificó a los gobiernos de 18 países de América Latina. ¿Qué probabilidad hay de que Flávio Bolsonaro derrote a Lula da Silva? La segunda vuelta electoral será el 29 de octubre de 2026. Luis Verdesoto, PhD en Ciencias Sociales y analista político, evalúa que Bolsonaro se presenta como el “gran favorito” porque se benefició del voto sorpresa. “Bolsonaro acumuló la transferencia del voto del padre (Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, de derecha), acumuló el voto útil de los brasileños que buscaron una reacción antigubernamental de Lula durante las últimas dos

décadas en Brasil”, expone. Santiago Carranco, decano de la Escuela de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), dice que es complejo que la región andina comprenda la realidad de Brasil. “Es extenso, tiene 26 estados y un distrito federal con lógicas completamente diferentes, tiene centros productivos y financieros desarrollados, pero también favelas donde no existe ley”. Lester Cabrera, profesor de relaciones internacionales de la Universidad San Francisco de Quito, considera que la probabilidad de que Bolsonaro gane es grande, en comparación a su contendor porque el capital político de la familia Bolsonaro pasó al hijo. ¿Qué reconfiguraciones generaría el cambio de gobierno en Brasil? A inicios de octubre de 2026, el presidente de Argentina, Javier Milei, publicó en su cuenta de Instagram dos mapas de Sudamérica para comparar los gobiernos en 2023 y cómo sería en noviembre de 2026 si Bolsonaro resulta electo. Para Verdesoto, el mapa de 2026 de Milei muestra solamente a los ganadores: “No deja ver el otro lado, que existe una América Latina polarizada, que hay un perdedor que está cerca del 50%, que

el ganador no es un ganador neto. También deja ver una nueva reconfiguración de las derechas en América Latina en torno a distintas formas de pragmatismo”. Ese pragmatismo, según el analista, es la forma con la que la derecha nueva en América Latina está tomando curso: “Son derechas reformuladas, pragmatizadas, aparecen como la reacción antisistema, como las encarnaciones del cuestionamiento, como portadoras de dos instrumentos básicos: el miedo y la ira contra el sistema por la insatisfacción, por la ineficiencia en la solución de problemas”. Por todo eso, resume que hay una situación de transición en la región, que aún no está claro si se trata de una transición estratégica, un giro de péndulo entre la izquierda y la derecha o si en esa transición la derecha tendrá nuevas formas. “Hay una situación gris”.

· En Ecuador el sufragio de las elecciones seccionales será el 29 de noviembre de 2026. ¿Cuál es el escenario para la región y para el continente si gana Lula da Silva? Lula da Silva ejerce su tercer periodo presidencial, antes de él gobernó Jair Bolsonaro. “En su inicio, Lula fue parte justamente del Foro de Sao Paulo y creyente del socialismo del si-

glo XXI. Pero en este último periodo ya no le interesó que Brasil sea la punta de lanza de los gobiernos socialistas, ha estado centrado en sus problemas internos. Negocia con Estados Unidos (EE.UU.), con China porque tiene un mercado grande”, expone Carranco. En ese contexto, duda que haya un cambio radical porque Brasil es pragmático. “No habrá mucha diferencia entre si gana Lula o Bolsonaro. En los últimos períodos, tanto en el de Bolsonaro como en el de Lula, no existió ninguna diferencia. No veo grandes cambios en la región andina”, sostiene. Sin embargo, dice que habría un impacto diferenciador: “Lula mantendría el financiamiento a fundaciones vinculadas con el medio ambiente, derechos de la mujer, derechos de personas indígenas. Pero, Bolsonaro sí quitaría completamente el financiamiento a estos temas”. · El Partido Liberal obtuvo la mayoría de escaños en el Congreso de Diputados y en el Senado en las elecciones del 4 de octubre. Por su parte, Cabrera recuerda que “muchos de los ministros de Lula renunciaron para ser candidatos al Congreso y un número limitado de ellos resultó electo”, lo que complicaría al Ejecutivo en una reelección. “Lula se en-

contraría con una oposición fuerte del bolsonarismo, que lo podría obligar a negociar ciertos aspectos, por ejemplo, una disminución de la retórica antiestadounidense de la política exterior de Brasil”, añade. Continúa: “El escenario para la región con Lula sería ver a Brasil como un líder del espectro político de izquierda, con la excepción de Uruguay, pero sería un líder sumamente mermado”. Con Flávio Bolsonaro Brasil podría integrarse al Escudo de las Américas Milei también publicó en Instagram un gráfico de Claudia Sheinbaum, presidenta de México (de izquierda), sentada sola en una mesa redonda. “Solo es cuestión de tiempo. Estamos limpiando el continente”, añadió. Verdesoto refiere que México depende sobre todo del comercio de EE.UU. por lo que un cambio de tendencia política en Brasil no le afectaría. Carranco coincide. Si Bolsonaro gana habría un acercamiento claro hacia EE.UU., sobre todo por el tema de la seguridad y el combate del crimen organizado, estima Cabrera. “Se podría solidificar la posición de Brasil como un líder regional dentro de un esquema regional hemisférico con su vinculación al Escudo de las Américas. Pero hay un elemento a considerar, más allá de la potencial cercanía ideológica, no importa el color político del gobierno nuevo, Brasil siempre ha tenido una agenda propia en política exterior”, subraya. Muestra de eso es que Brasil siguió siendo parte de los BRICS durante el periodo de Jair Bolsonaro. · Los BRICS son un grupo de cinco países con economías emergentes: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Carranco menciona que las elecciones del 3 de noviembre en EE.UU. serán relevantes: “Si se reafirman los republicanos Donald Trump tendrá el apoyo del Legislativo para completar todo su plan. Pero si ganan los demócratas, habrá un proceso de ingobernabilidad, lo cual puede afectar no solamente a EE.UU., sino a toda esta región”. (KSQ)

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GLOBAL 10 A I LOJA | LUNES 12/OCTUBRE/2026

Colombia investiga flete de drogas en aviones oficiales

El presidente colombiano ordenó investigar denuncias sobre una presunta red de narcotráfico y traslado de capitales desde Venezuela que habría utilizado aviones oficiales. que habría utilizado aviones oficiales denunciada por una exconsejera del Gobierno del expresiden-

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exhaustiva” sobre una supuesta red delictiva desde Venezuela para el traslado de capitales y narcotráfico

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha ordenado este sábado una “investigación

El presidente colombiano pidió investigar las denuncias sobre el presunto uso de aeronaves oficiales para el traslado de capitales y drogas.

EXTRACTO NOTARIA SEXTA DEL CANTON QUITO: Cúmpleme poner en conocimiento del público que, mediante escritura pública, otorgada ante mí Tamara Garcés Almeida, notaria Sexta del cantón Quito, el 08 de octubre del año 2026, los ex conyuges Frank Fidel Velepucha Taco y Daylín González González, procedieron a liquidar el patrimonio de la sociedad conyugal.

EXTRACTО

Las adjudicaciones del patrimonio se encuentran detalladas en el texto de la referida escritura pública de liquidación de sociedad conyugal, por lo que en aplicación a lo dispuesto en el Artículo 6 de la Ley Reformatoria a la Ley Notarial, publicada en el Registro Oficial No. 406 de 28 de Noviembre del 2006, que a su vez reforma el Artículo 18 de la Ley Notarial agregando varios numerales, entre los cuales el numeral 23 faculta al Notario disponer la inscripción en los Registros de la Propiedad y Mercantiles, la escritura de liquidación de sociedad conyugal, previo el trámite previsto en dicha norma legal, pongo en conocimiento del público, mediante una publicación, en un diario de circulación nacional, el extracto de la liquidación del patrimonio de la sociedad conyugal correspondiente a los ex conyuges Frank Fidel Velepucha Taco y Daylín González González, otorgada mediante escritura pública de fecha 08 de octubre del año 2026 ante mí Tamara Garcés Almeida, notaria Sexta del cantón Quito, por el término de veinte (20) días a contarse desde la fecha de la publicación de este extracto, a fin de que las personas que eventualmente tuvieren interés en esta liquidación puedan presentar su oposición fundamentada, dentro del referido término.

NOTARIA TERCERÀ DEL CANTÓN LAGO AGRIO Se hace saber que los señores PAREDES DURAN ROSARIO ALEJANDRA y GAVILANEZ CHACON DIEGO ESTHEBAN, convienen en celebrar la LIQUIDACIÓN Y PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL DE BIENES. Avalúo: ($159.190.05) Por escritura pública celebrada el treinta de septiembre del dos mil veintiséis, ante el Doctor MARCELO RODRIGUEZ BOZA, NOTARIO TERCERO DEL CANTON LAGO AGRIO, COMPARECEN los señores PAREDES DURAN ROSARIO ALEJANDRA у GAVILANEZ CHACON DIEGO ESTHEBAN, quienes procedieron a liquidar el patrimonio de la ex Sociedad Conyugal que mantiene entre sí. Las adjudicaciones del patrimonio se encuentran detalladas en el texto de la escritura de Liquidación de la ex Sociedad, celebrada en la Notaria Tercera del cantón Lago ante el doctor Marcelo Rodríguez Boza Notario Público con matriz 20262101003P03999. En aplicación a lo dispuesto en el artículo Sexto de la Ley Reformatoria a la Ley Notarial, publicada en el Registro Oficial número Cuatrocientos seis de fecha veinte y ocho de noviembre del dos mil seis, que faculta a los Notarios del país disponer la inscripción en los Registro de la Propiedad y Mercantiles correspondientes la escritura de liquidación de la ex sociedad conyugal, previo trámite previsto en dicha norma legal, mediante una sola publicación, en uno de los periódicos de Circulación nacional, el extracto de la liquidación del patrimonio de la sociedad ex conyugal correspondiente a los señores PAREDES DURAN ROSARIO ALEJANDRA y GAVILANEZ CHACON DIEGO ESTHEBAN, quienes procedieron a liquidar el patrimonio de la ex Sociedad Conyugal que mantiene otorgada mediante la escritura pública antes referida, por el término de veinte (20) días, a fin de que las personas que eventualmente tuvieren interés en esta liquidación puedan presentar su oposición fundamentada, dentro del referido término, particular que pongo en conocimiento para los fines legales correspondientes.

Particular que pongo en conocimiento para los fines legales correspondientes.

Quito, D.M. 08 de octubre de 2026.

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Nueva Loja, 30 de septiembre de 2026

te Gustavo Petro. En una entrevista concedida a la revista ‘Semana’, la exconsejera presidencial y exasesora personal de la exprimera dama, la española Eva Ferrer, ha acusado al anterior Gobierno de Petro y a su mujer, la exprimera dama Verónica Alcocer, de aprovechar el poder presidencial para coordinar negocios ilícitos en los últimos cuatro años. Según el testimonio de Ferrer, personas del entorno cercano a la exprimera dama ingresaron al país $2.5 millones procedentes de Venezuela para financiar la campaña política de su primo, el exsenador Mario Fernández Alcocer. La española, ha involucrado además en la trama al catalán Manuel Grau y al senador Agmeth Escaf, sugiriendo la existencia de imágenes que vinculan a Alcocer con el transporte de drogas en el equipaje oficial. De la Espriella se ha pronunciado sobre el caso y le ha pedido a las Fuerzas Aéreas colombianas una “investigación exhaustiva” sobre las acusaciones de Ferrer, debido a que esta mencionó la posible utilización de aeronaves oficiales. El mandatario también ha solicitado a la Fiscalía abrir una investigación y a autoridades de Estados Unidos asumir el caso. “Como presidente, solicito también a la Fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia, a la Procuraduría y a las autoridades de Estados Unidos tomar atenta nota de la información periodística y adelantar, dentro de sus competencias, las investigaciones a que haya lugar”, ha concluido. Hasta el momento, ni Alcocer ni Petro se han pronunciado al respecto, aunque sí lo ha hecho Escaf, quien ha acusado a Ferrer de atribuirle “delitos gravísimos sin presentar públicamente pruebas que los sustenten” y de pretender involucrarle en “conflictos y venganzas personales”. (EP)

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JUDICIAL QUITO

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VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 La Hora QUITO, ECUADOR REVISTA No: 8694 LUNES, 12 DE OCTUBRE DE 2026 Editor Director FRANCISCO LÓPEZ MURILLO Hora LOJA, ECUADOR DR. FRANCISCO La VIVANCO RIOFRÍO

ES UNA EDICIÓN DE DIARIO LA HORA http//www.derechoecuador.com

ES UNA EDICIÓN DE DIARIO LA HORA

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Dirección: Arenas y 10 de Agosto, Edif. Vivanco, 5to. piso | Teléfonos: 2551-552/2555-431/2500-245/2552-135 | E-mail: judicial@derechoecuador.com

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CONSULTA LABORAL ¿En qué consiste la inadecuada asistencia legal?

RESPUESTA

Autor: Yandry M. Loor Loor, Mgt.

Introducción El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) se erige como uno de los pilares normativos e institucionales más robustos y dinámicos para salvaguardar la dignidad humana a nivel global. En el núcleo operativo de este sistema se encuentra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Crea-

da en 1959 (Alexy, 2007), la CIDH comparte con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la altísima responsabilidad de vigilar, promover y defender los derechos fundamentales en el hemisferio occidental (Alexy, 2007). Analizar la estructura orgánica de la Comisión, la naturaleza dogmática y operativa de sus procedimientos y el impacto sustancial de sus informes temáticos, de país y de fondo, resulta de enorme relevancia e importancia en la época contemporánea.

EN LA WEB derechoecuador.com Este artículo no es un mero ejercicio de exégesis legal formalista; por el contrario, es una necesidad imperiosa para comprender cómo las categorías del derecho internacional público se intersectan con el diseño y la ejecución de las políticas públicas locales, reconfigurando materialmente las condiciones de vida de las poblaciones históricamente vulneradas. A lo largo de las últimas décadas, Sudamérica ha ex-

perimentado un fenómeno jurídico-político denominado “constitucionalismo transformador” (Alexy, 2007). Este paradigma se caracteriza por una profunda metamorfosis de los ordenamientos jurídicos nacionales, donde las constituciones políticas dejan de ser simples pactos de organización del poder estatal para convertirse en verdaderas normas programáticas dotadas de un denso contenido axiológi-

Un alto porcentaje de abogados que litigan en materia laboral, por desconocimiento en muchas ocasiones no asisten adecuadamente a sus clientes, por lo que sería procedente una norma específica que al detectar estos casos los jueces por el principio de inmediación puedan suspender las diligencias garantizando los derechos de los trabajadores. Pero el juzgador no puede intervenir directamente calificando la ineficiente defensa del abogado defensor de alguna de las partes, suspendiendo una diligencia, ni aun a pretexto de precautelar los derechos del trabajador, por el principio de inmediación que tiene otro sentido, la relación directa del juez con la causa. El juzgador debe mantener su imparcialidad en la causa, por lo que mal podría favorecer a una de las partes, suspendiendo una diligencia, sin que exista alguna de las razones expresamente determinadas en el Art.82 del COGEP. Criterios sobre Inteligencia y Aplicación de la Ley Corte Nacional de Justicia

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LUNES 12 DE OCTUBRE DE 2026 La Hora, LOJA ECUADOR

co, orientadas a erradicar las desigualdades estructurales. En este proceso de mutación jurídica, la influencia de la CIDH y del bloque de convencionalidad ha sido decisiva. La jurisprudencia interamericana y el soft law derivado de los informes de la Comisión han catalizado reformas legislativas, han redireccionado el gasto público y han condicionado la hermenéutica de las altas cortes nacionales de la región. El impacto en el ordenamiento jurídico de la República del Ecuador es paradigmático en este sentido. La Constitución ecuatoriana de 2008, autopromulgada como un texto garantista y neoconstitucional (Lozada, 2019), reconoce explícitamente a los grupos de atención prioritaria y consagra el principio de aplicación directa de los instrumentos internacionales de derechos humanos (Lozada, 2019). Así, la simbiosis entre el derecho ecuatoriano y el SIDH demuestra una transición sustancial hacia la materialización de los derechos colectivos e individuales de las mujeres, pueblos indígenas, personas de la comunidad LGTBIQ+, niños, niñas y adolescentes, y personas privadas de la libertad. (Lozada, 2019) Análisis estructural y procedimental de la CIDH: Desafíos, vacíos y la fuerza de las medidas cautelares. Relevancia del análisis orgánico e institucional Estudiar la estructura y las competencias de la CIDH es indispensable porque este órgano actúa como primer filtro y el principal motor del SIDH. Composición Su composición – siete miembros independientes elegidos a título personal por la Asamblea General de la OEA – busca garantizar una representatividad moral e intelectual desprovista de sesgos

estatales explícitos. Los informes de la CIDH (ya sean anuales, de país o temáticos) son los principales diagnósticos radiográficos de la salud democrática de la región. El impacto de estos informes radica en su capacidad para fijar los estándares de derechos fundamentales que los Estados están obligados a respetar. Estos documentos construyen una narrativa de rendición de cuentas que despoja a los Estados de la opacidad de sus políticas internas, obligándolos a justificar sus conductas legislativas y judiciales bajo el Pacto de San José. La idoneidad de la estructura de la CIDH se encuentra actualmente bajo una severa tensión debido a la naturaleza mutante de las violaciones de derechos humanos. Mientras que en las décadas de 1970 y 1980 el órgano combatía dictaduras militares caracterizadas por la desaparición forzada y la tortura sistemática ordenada desde el aparato estatal, hoy en día se enfrenta a democracias liberales, erosiones institucionales internas, violencia generalizada provocada por el crimen organizado transnacional y crisis migratorias masivas (Alexy, 2007). Existen profundos vacíos normativos e institucionales que obstaculizan la labor de la CIDH. El principal de ellos es el endémico retraso procesal, donde un caso sometido al sistema de peticiones individuales puede tardar más de una década entre la etapa de admisibilidad, el informe de fondo y el eventual sometimiento ante la Corte IDH. Normativamente, el sistema de peticiones individuales está diseñado para una revisión casuística que a menudo desatiende la sistematicidad de las violaciones contemporáneas. (Quiroga, 2018) Desde la perspectiva de las limitaciones políticas, la CIDH se encuentra en una posición de vulnerabilidad permanente ante los Estados que financian a la OEA. Gobiernos de distin-

tas orientaciones ideológicas han recurrido históricamente a la asfixia presupuestaria o a la amenaza de denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como mecanismo de chantaje político ante informes desfavorables. (Quiroga, 2018) La CIDH depende en gran medida de fondos específicos y donaciones externas (procedentes de la Unión Europea u organizaciones filantrópicas), lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad institucional y la autonomía política a largo plazo de un órgano encargado de fiscalizar a los propios donantes indirectos del sistema global. (Quiroga, 2018) Medidas cautelares Uno de los debates más intensos en el derecho internacional americano gira en torno a si las medidas cautelares dictadas por la CIDH – bajo el amparo del artículo 25 de su Reglamento – (Humanos., 2022) tienen carácter vinculante para los Estados soberanos. Los Estados que defienden una soberanía de corte clásico argumentan que, al estar contenidas en el Reglamento de la Comisión y no expresamente consagradas con carácter imperativo en el texto de la Convención Americana la cual solo regula las medidas provisionales de la Corte IDH en su artículo 63.2 (Humanos., 2022), las medidas cautelares constituyen meras recomendaciones o exhortaciones de carácter político y no mandatos judiciales estrictos. Sin embargo, la doctrina jurídica contemporánea y la jurisprudencia de la propia Corte IDH han desmantelado esta postura formalista. Se sostiene que las medidas cautelares son intrínsecamente obligatorias en virtud del principio de buena fe y las obligaciones generales de garantía y protección contenidas en el artículo 1.1 de la Convención Americana (Humanos., 2022), en concordancia con el artículo 106 de la Carta

de la OEA (Humanos., 2022). Si un Estado desconoce una medida cautelar destinada a evitar un daño irreparable a la vida o integridad de una persona, vacía de contenido práctico el objeto y fin del tratado internacional (effet utile). Por ende, la fuerza vinculante de las medidas cautelares no deviene exclusivamente de la jerarquía formal del texto reglamentario, sino de la naturaleza misma del compromiso internacional asumido por los Estados de salvaguardar los derechos humanos en sus territorios. El pensamiento del filósofo alemán Robert Alexy es medular a través de su célebre Teoría de los Derechos Fundamentales. Alexy propone concebir a los derechos fundamentales no como reglas absolutas, sino como “mandatos de optimización” (Alexy, 2007), es decir, principios que exigen ser realizados en la mayor medida posible, de acuerdo con las posibilidades fácticas y jurídicas concurrentes (Alexy, 2007). Bajo este planteamiento, cuando la CIDH emite un informe o fija un estándar sobre grupos de atención prioritaria, está redefiniendo el peso específico de estos principios dentro del tejido constitucional de los Estados. La resolución de antinomias y conflictos entre derechos soberanos y derechos convencionales se canaliza mediante la aplicación metodológica del principio de proporcionalidad y su correspondiente subexamen de ponderación. La labor de la CIDH consiste en recordar a los operadores jurídicos locales que los derechos de las poblaciones vulnerables poseen un peso abstracto elevado que debe prevalecer frente a políticas públicas utilitaristas o mayoritarias. Por su parte, Manuel Atienza aporta una visión pragmática y pragmático-argumentativa del fenómeno jurídico. Desde la perspectiva de su teoría de la argumentación

jurídica, Atienza sostiene que el derecho no es simplemente un conjunto de enunciados normativos latentes, sino una práctica social compleja consistente en argumentar (Atienza., 2006). En este sentido, el SIDH dota a los jueces constitucionales de la región de un nuevo inventario de razones y premisas normativas. Las recomendaciones de la CIDH operan como razones justificativas de autoridad que refuerzan la motivación de las sentencias locales. Un juez que fundamenta su decisión en un estándar interamericano no solo aplica el derecho positivo nacional, sino que participa activamente en una red intertextual de argumentación racional orientada a la justicia material. (Atienza., 2006) Miguel Carbonell, como uno de los principales difusores del neoconstitucionalismo en América Latina, analiza cómo este modelo teórico ha reconfigurado la práctica judicial. Para Carbonell, el neoconstitucionalismo implica la invasión del derecho por parte de la moral, la existencia de constituciones densas invasivas de la política y el desplazamiento de la supremacía de la ley por la supremacía de la constitución y los tratados internacionales de derechos humanos (Carbonell., 2008). La CIDH es un catalizador del neoconstitucionalismo en Sudamérica; sus interpretaciones progresivas actúan como un motor que dinamita las lecturas formalistas y exegéticas del derecho civil tradicional, forzando a los Estados a asumir una postura activista en la tutela judicial efectiva de los desprotegidos. (Carbonell., 2008) En el contexto ecuatoriano, Alí Lozada examina críticamente las estructuras de argumentación jurídica y el control de constitucionalidad. Lozada desmenuza cómo el modelo garantista ecuatoriano requiere de un rigor metodológico estricto para evitar que la aplicación directa de los

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principios constitucionales degenere en una discrecionalidad judicial caótica o en un activismo judicial desprovisto de justificación racional. (Lozada, 2019) Las decisiones e informes de la CIDH proporcionan un anclaje normativo e interpretativo objetivo que asiste a la Corte Constitucional del Ecuador en la delimitación del contenido esencial de los derechos, sirviendo de brújula analítica para evitar la arbitrariedad argumentativa. (Lozada, 2019) Frente a este entusiasmo neoconstitucional y convencional, se erige la postura crítica e institucional del jurista ecuatoriano Rafael Oyarte. Desde un enfoque predominantemente positivista y de apego riguroso al diseño constitucional, Oyarte advierte sobre los riesgos de desnaturalizar los conceptos de supremacía constitucional y soberanía estatal a través de una asimilación desmedida e indiscriminada del derecho internacional (Oyarte., 2021). Oyarte subraya la necesidad de delimitar con precisión la competencia de los órganos internacionales, sosteniendo que las decisiones de estos solo pueden integrarse válidamente al ordenamiento interno respetando estrictamente los canales institucionales y los procedimientos de reforma que la propia Constitución establece (Oyarte., 2021). El Impacto de la CIDH en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y los grupos de atención prioritaria El Ecuador constitucionalizó su adhesión incondicional a los derechos humanos mediante la promulgación de la Constitución de la República de 2008. El texto constitucional ecuatoriano es uno de los más avanzados del mundo en términos de apertura al derecho internacional, al consagrar en su artículo 417 que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado se aplicarán

de conformidad con los principios de aplicación directa y cláusula abierta más favorable. Asimismo, el artículo 424 estipula que la Constitución y los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables que los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Esta permeabilidad normativa ha permitido que el trabajo tutelar de la CIDH impacte hondamente en la transformación del derecho ecuatoriano, especialmente en beneficio de los denominados “grupos de atención prioritaria” conforme lo prevé el artículo 35 de la Constitución: adultos mayores, jóvenes, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad, entre otros (Ecuador, 2008). Históricamente, el Estado ecuatoriano ha sido objeto de múltiples supervisiones por parte de la CIDH a través de visitas, informes de fondo y solicitudes de medidas cautelares que han desvelado deficiencias estructurales agudas. Un ámbito de transformación sustantiva ha sido el de los derechos de las personas privadas de la libertad (PPL). Las severas crisis carcelarias que han azotado al Ecuador en los últimos años motivaron pronunciamientos urgentes e informes detallados de la CIDH. (Miranda, 2023) Estos informes evidenciaron que el hacinamiento, la falta de control estatal interno y la ausencia de políticas de rehabilitación constituían violaciones sistemáticas a la integridad personal. La influencia de estas directrices de la CIDH forzó al diseño de políticas públicas específicas, a la adopción de censos penitenciarios y a que la Corte Constitucional del Ecuador emitiera dictámenes de estado de excepción y sentencias de control estructural

con base en los estándares fijados por la Comisión. (Miranda, 2023) En materia de derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, la labor de la CIDH en el procesamiento de casos relativos a la explotación de recursos naturales en la Amazonía sin consulta previa, libre e informada sentó las bases para que el sistema jurídico ecuatoriano reconfigurara su entendimiento de la propiedad comunitaria y la consulta ambiental. (Miranda, 2023) La Comisión ha insistido invariablemente en que el desarrollo económico de un Estado miembro no puede ejecutarse a expensas de la supervivencia cultural y física de las comunidades originarias. Del mismo modo,

los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual han dado un vuelco fundamental. La despenalización de la homosexualidad en 1997 y, más recientemente, los avances en la erradicación de la violencia de género y la legalización del matrimonio igualitario y la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación encuentran sus raíces argumentativas en el corpus iuris interamericano promovido y sistematizado incansablemente por la CIDH en sus relatorías temáticas. El derecho ecuatoriano mutó de un modelo formal de igualdad ante la ley hacia un modelo de igualdad sustantiva y no discriminación protectora de las identidades disidentes e históricamente subyugadas.

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(Miranda, 2023) Compendio jurisprudencial de Sudamérica: Sentencias hito en la tutela de derechos A continuación, se presenta de manera sistematizada un análisis de dos sentencias judiciales de la más alta trascendencia para cada uno de los diez países de Sudamérica. Estos fallos demuestran cómo los máximos tribunales nacionales incorporaron los estándares del SIDH para operar transformaciones profundas en sus realidades internas. Para ilustrar con nitidez la transición entre el estándar declarativo internacional y la ejecución de la política pública local, resulta pertinente analizar el impacto del Infor-

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me sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas emitido por la CIDH, en estrecha correlación con el monitoreo continuo de la crisis del sistema penitenciario en la región andina, particularmente en el Ecuador durante el periodo de crisis intensificada (20212024). Tras sangrientas masacres ocurridas en las cárceles de Guayaquil, Latacunga y Cuenca, la CIDH desplegó una visita de trabajo técnica a las instalaciones penitenciarias ecuatorianas, publicando un informe de país específico sobre la situación de las personas privadas de la libertad. Dicho informe diagnosticó de manera descarnada que el sistema penal padecía de una “política criminal marcadamente punitiva”, caracterizada por el uso abusivo e indiscriminado de la prisión preventiva, la ausencia de una infraestructura digna, fallas flagrantes en la custodia interna y una carencia absoluta de presupuesto estatal dirigido a programas de rehabilitación y reinserción sociolaboral. El impacto de este informe en la reforma de las políticas públicas ecuatorianas fue constatable e inmediato en varias líneas de acción gubernamental e institucional: 1.Creación de la primera política pública nacional de derechos humanos para las personas privadas de la libertad: Por primera vez en la historia republicana del Ecuador, el Ejecutivo, a través del Directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y de ministerios del sector social, diseñó e implementó un plan estratégico dotado de presupuesto propio para abordar la crisis carcelaria de manera integral. El eje vertebrador de esta política recogió textualmente las recomendaciones e indicadores fijados por la CIDH en materia de separación por categorías de reclusión (procesados versus sen-

tenciados), atención médica prioritaria y reducción del hacinamiento. 2.Ejecución del primer censo penitenciario nacional: El informe de la Comisión desveló que el Estado ecuatoriano ni siquiera poseía bases de datos fiables sobre la identidad, situación procesal y condiciones de salud de la población carcelaria. En consecuencia, el gobierno nacional viabilizó la ejecución de un censo técnico integral operado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) para subsanar este vacío informativo institucional. 3.Reorientación de la doctrina judicial sobre la prisión preventiva: La Corte Constitucional del Ecuador, recogiendo de forma vinculante los hallazgos críticos del informe de la CIDH, emitió jurisprudencia constitucional obligatoria exhortando formalmente al Consejo de la Judicatura y a los jueces de garantías penales de todo el país a sancionar el uso abusivo de la prisión preventiva. Se fijaron directrices estrictas para priorizar la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad, reduciendo de manera paulatina el flujo de ingresos al colapsado sistema carcelario. Este caso demuestra empíricamente que un informe de la Comisión, lejos de extinguirse en su publicación tipográfica, puede actuar como una hoja de ruta operativa ineludible que los gobiernos se ven forzados a adoptar para mitigar la presión internacional, reorientar sus partidas presupuestarias y reestructurar sus ministerios sectoriales. 6. Discusión Crítica: ¿Efecto persuasivo real o mera declaración retórica? El análisis exhaustivo de la trayectoria de la CIDH abre paso a un interrogante

fundamental de la teoría del derecho internacional y las relaciones internacionales: ¿tienen los informes de la Comisión un efecto persuasivo real y transformador, o se limitan al plano meramente declarativo de las buenas intenciones diplomáticas? Quienes asumen una postura escéptica o de realismo político descarnado arguyen que la CIDH carece de un aparato de coerción física (coercitio) para obligar a los Estados infractores a implementar sus recomendaciones. Un Estado que decida deliberadamente apartarse del marco convencional puede simplemente ignorar un informe de fondo o desatender las recomendaciones de un informe temático sin sufrir repercusiones punitivas inmediatas en su soberanía territorial o en su economía de mercado. Desde esta óptica, los informes corren el constante peligro de convertirse en literatura jurídica aspiracional que adorna las bibliotecas de los ministerios de relaciones exteriores pero que no altera el comportamiento arbitrario de las burocracias locales. No obstante, esta lectura reduccionista soslaya la existencia de mecanismos indirectos de eficacia jurídica y social sumamente sofisticados que operan bajo la dinámica del “efecto bumerán” o de la “persuasión normativa”. Los informes de la CIDH producen efectos sustanciales a través de tres vías diferenciadas: - Efecto de judicialización interna (Bloque de Convencionalidad): Los informes de la CIDH no mueren en la esfera internacional. Son capturados por las organizaciones de la sociedad civil, activistas de derechos humanos y abogados litigantes, quienes los introducen formalmente en los expedientes judiciales internos de sus países. Las altas cortes de justicia de Sudamérica, al estar integradas por jueces formados en las

corrientes del neoconstitucionalismo transformador, recurren habitualmente a la fundamentación de estos informes para estructurar la motivación de sus sentencias obligatorias. Así, la declaración internacional se transmuta en ley nacional a través de la vía de la interpretación judicial interna. - Costo reputacional e indicadores internacionales: En la sociedad global de la información, el capital político y reputacional de los Estados es un activo estratégico fundamental. Los informes anuales de la CIDH, especialmente el polémico “Capítulo IV.B” (donde se incluye a los Estados que presentan graves crisis democráticas o retrocesos institucionales masivos), actúan como una tacha pública internacional. Una inclusión persistente en estas categorías de alerta genera un impacto negativo colateral en las evaluaciones de riesgo país, condiciona el otorgamiento de créditos financieros por parte de organismos multilaterales (como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial) y debilita la posición negociadora del Estado en tratados de libre comercio o foros de concertación diplomática. - Fijación de la agenda pública e impacto en las políticas sociales: Los informes temáticos de la Comisión (sobre igualdad de género, niñez, defensores de derechos humanos o pueblos indígenas) proveen a las carteras de Estado de marcos analíticos ya validados. Las burocracias estatales que desean diseñar políticas públicas progresistas no necesitan inventar desde cero los estándares de protección; recurren al soft law del sistema interamericano para justificar técnicamente sus planes nacionales de desarrollo ante los congresos y las asambleas locales. Por lo tanto, la dicotomía entre lo vinculante y lo declarativo resulta ser un falso dilema conceptual. Los in-

formes de la CIDH no operan bajo la lógica de la sanción policíaca tradicional del derecho penal, sino bajo la lógica de la irradiación axiológica, la persuasión argumentativa de las cortes y la presión reputacional global. Su efectividad no se mide por la sumisión inmediata y dócil de los gobiernos autoritarios, sino por su capacidad perenne de servir de escudo normativo y catalizador de derechos para las víctimas y los colectivos vulnerados en las trincheras del litigio constitucional de nuestra región. Conclusión La Comisión Interamericana de Derechos Humanos representa el nervio motor y el corazón interpretativo del constitucionalismo transformador sudamericano. Su andamiaje orgánico y procesal —pese a las limitaciones financieras crónicas, las asechanzas de las soberanías estatales recalcitrantes y el persistente desafío del retraso procesal— conserva una potencia transformadora que ha rediseñado la faz del derecho público continental. A través del examen de las herramientas conceptuales aportadas por la filosofía jurídica contemporánea, se evidencia que la labor de la CIDH dota de contenido material y de racionalidad argumentativa a las normas abstractas de nuestras cartas fundamentales. Los principios de optimización de Robert Alexy y la concepción del derecho como argumentación de Manuel Atienza se materializan cuando los tribunales locales incorporan los estándares interamericanos para proteger a los desprotegidos. La advertencia metodológica de Rafael Oyarte nos recuerda, complementariamente, que esta apertura internacionalista debe guardar una armonía orgánica y de respeto a las formas constitucionales internas para asegurar su durabilidad e legitimidad democrática en el tiempo.

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Astronauta Sophie Adenot y la Crew-12 regresan a la Tierra La astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) Sophie Adenot y sus compañeros de la tripulación Crew-12 han regresado este jueves 8 de octubre a la Tierra, tras pasar ocho meses en la Estación Espacial Internacional. EUROPA PRESS

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