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El avanzado deterioro y falta de mantenimiento del sendero ecológico
Ruta de la Cascarilla y sus vías de acceso evidencia la falta de atención de las autoridades. Los moradores a costear maquinaria privada ante el peligro latente de quedar incomunicados. 3

El arte manual se mantiene vivo en San Sebastián 4 “Abelardo de la Espriella refleja totalmente el voto antipetrista”
FRANCISCO SANTOS

Moisés Caicedo, entre las 26 leyendas que jugarán el Mundial 8-9 Títulos

MANUEL CASTRO M. manuelcastromurillo@hotmail.com
Elverso del gran poeta portugués Luis de Camoes es: “el gran dolor de las cosas que pasaron”. Siempre tratamos de disimular, soslayar y le tenemos un gran miedo a la memoria. Muchos quieren olvidar porque se derrumbó el imperio soviético, cuando fueron tan evidentes sus mentiras. Los izquierdistas radicales quieren olvidar que por 66 años ha existido una dictadura nefasta en Cuba y así mantener una ilusión intacta de un anquilosado marxismo- leninismo, sostenido en el fantasma de Fidel Castro. Venezuela, un fracaso de Chávez, Maduro, Delcy y el resto de la pandilla, no puede ocultar sus tristes verdades de un pueblo reprimido, hambriento, a pesar de que ocultadores de la memoria solo hablan de soberanía, la cual al pueblo lo tiene sin cuidado, pues lo que ansía es libertad, paz y prosperidad.
En el Ecuador, con gran ingenuidad, y a veces con malicia, se habla de que no debemos seguir retratando al correísmo, hacer borrón y cuenta nueva de la historia, sin que existan juicios previos, condenas y sanciones para quienes han defraudado y aprovechado deshonestamente del Estado. Un perdón auténtico sería una cobardía y una expresión de miedo a determinados resultados electorales.
Observadores agudos señalan que países sólidos como Inglaterra, Francia, son los que no le tienen miedo a la memoria. En la conversación entre Gustavo Petro y Marco Rubio, este último reconocía los errores e intervenciones negativas de los EE.UU. en Latinoamérica, pero lo que hoy hacía era dialogar sobre el presente. Mientras Petro seguía con su discurso de víctima, entre mentiras y lamentos, se olvidó de planes a largo plazo que es la misión de un auténtico estadista.
El viejo argumento de los déspotas, o clamor desesperado, de “persecución política” aducido por exgobernantes encontrados con las manos en la masa, con pruebas judiciales, no es más que una aspiración, mediante la captación del poder, de obtener amnistías o indultos, no de justicia. Al respecto Guillermo Cabrera Infante, perseguido y anatemizado escritor cubano, escribió una carta en los años en que se ponderaba el valor de la revolución castrista: “No hay delirio de persecución allí donde la persecución es un delirio”. El correísmo no puede huir de su propia sombra: la corrupción.

PACO MONCAYO GALLEGOS pmoncayog@gmail.com
De pronóstico reservado
Todos
los estados, al margen de las capacidades de su poder, son parte de un complejo sistema internacional que les ofrece tanto oportunidades, como posibles amenazas para su seguridad y desarrollo. Por esta razón, era justa la preocupa-
Es un choque de trenes. MientraselpresidenteDaniel Noboa tiene en sus manos la pregunta de consulta popular para eliminar la facultad del Consejo de Participación para designar autoridades y que la Asamblea Nacional se reactive como representante de la ciudadanía, la Asamblea va en sentido contrario.
La Comisión de Justicia busca otorgar nuevas funciones al Cpccs a través de un proyecto de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. La propuesta plantea un mecanismo de supervisión con el que los vocales del Consejo de Participación vigilarán los procesos de nombramiento de jueces por medio de veedurías.
Luego de 17 años de discutir ampliamente el deplorable papel del Cpccs en la democracia y buscar su eliminación, es insólito que los asambleístas intenten reforzar el papel del Consejo de Participación en un ámbito que no solo debería estar blindado de la influencia
política, sino que además vulnera el principio de independencia de poderes.
A menos de que la actual Asamblea y su Comisión de Justicia sirvan a renovados intereses con los que se fundó la Constitución de Montecristi, esta reforma podría entenderse como un error de principiantes.
El Cpccs tiene dos males fundamentales: que el Ejecutivo tenga la posibilidad de nombrar las cabezas de los organismos de control, vulnerando la independencia de funciones, y que sea el supuesto representante de la ciudadanía, rol que le corresponde al legislativo.
El presidente Noboa tiene en sus manos —y aprobada por la Corte Constitucional— la posibilidad de llevar a consulta popular la pregunta que eliminaría al Consejo de Participación. Bien haría la mayoría oficialista de la Asamblea en alinearse con el ofrecimiento presidencial.

ción de los ecuatorianos sobre el desarrollo del proceso electoral de Colombia, país originario de gran parte de sus problemas de seguridad. Finalmente, el resultado, aunque sorpresivo por el orden de las preferencias, ha terminado con dos finalistas, ambos de tendencias políticas extremas: Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella.
Frente al fracaso del Plan de Paz Total del presidente Gustavo Petro, el candidato de la derecha radical plantea: retirar a Colombia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y de la ONU, desmantelamiento de todas las mesas de negociación, eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz, cadena perpetua para violadores y abusadores, bombardeo a campamentos narcoterroristas, captura o baja de los 10 principales cabecillas, retorno a las fumigaciones masivas, combate a la extorsión y microtráfico, construcción de una decena de mega cárceles y empleo de la tecnología de punta, mediante alianzas con Estados Unidos e Israel. Pero, la amenaza a la que se enfrentaría, en caso de triunfar, es

FRANKLIN BARRIGA LÓPEZ f-barri@uio.satnet.net
Alos 104 años de edad, hace pocos días falleció en París, la ciudad de su nacimiento, el filósofo, sociólogo y político de ascendencia española -judío sefardita- Edgar Morin.
Este personaje de influencia en el pensamiento contemporáneo, que recibió en el centenario de su vida, en el palacio del Eliseo, de manos del presidente Emmanuel Macron , la Gran Cruz de la Legión de Honor, aportó ideas trascendentales y orientadas especialmente a lo que hoy se conoce como la educación para el futuro.
Para consolidar este tipo de pedagogía, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura , en 1999, publicó los siete principios básicos elaborados por el pensador en referencia (traducidos al español por Mercedes Vallejo Gómez, profesora de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia, con la contribución de Nelson Vallejo y Francoise Girar), de los cuales destaco los siguientes: curar la ceguera del conocimiento ante el bombardeo de informaciones que recibimos, clasificando, primero, cuáles son veraces, para formar opinión adecuada; la ética , mediante el fomento de la enseñanza de esta materia, al igual que se hace con la difusión y vigencia de los derechos humanos; enfrentar las incertidumbres, singularmente en los campos de las ciencias, la historia y las propias decisiones individuales, basándose en el conocimiento analítico que se aparta de aquel inmediato, de una sola visión, el de la simpleza. Además, aseveró algo sustancial para la vida en sociedad: “Así como hay que proteger la diversidad de las especies, hay que proteger la de las ideas y opiniones y también la diversidad de las fuentes de información para salvar la vida democrática”, lo que en buen romance se llama respeto al pluralismo ideológico. En la complejidad del mundo actual, el legado intelectual de Edgar Morin conlleva edificante contextura y proyección.
compleja y poderosa: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas (Clan del Golfo), varias disidencias de las FARC y más de 38 grupos delincuenciales menores que realizan una gestión autónoma en los territorios que controlan. En consecuencia, la estrategia de ‘Guerra Total’ podría acarrear, como ha sucedido en situaciones similares, un incremento de la violencia y otros resultados adversos que afectarían a colombianos y ecuatorianos. En la realidad, se repetirá la misma vieja y conocida historia
de fracasos sucesivos de todos los gobiernos colombianos que enfrentaron esta amenaza por casi medio siglo, desde Belisario Betancur (1982 – 1986), hasta el actual gobernante. Por lo mismo, al margen de quien sea el vencedor , Ecuador debe continuar su lucha contra la peor amenaza de su historia, haciendo bien las cosas, procurando la unidad nacional, fortaleciendo su sistema de seguridad y aplicando doctrinas y estrategias universalmente aceptadas.
El avanzado deterioro y falta de mantenimiento del sendero ecológico Ruta de la Cascarilla y sus vías de acceso evidencia la falta de atención de las autoridades, obligando a los moradores a costear maquinaria privada ante el peligro latente de quedar incomunicados.
Profundas grietas, ramajes caídos, piedras sueltas, lodo, falta de señalética y una serie de derrumbes y accesos sin atender configuran el panorama actual de la Ruta de la Cascarilla, el emblemático sendero ecológico que conecta la zona sur de la ciudad con la entrada al Parque Nacional Podocarpus.
Este trayecto, que solía ser un imán para el ecoturismo y el deporte, hoy se encuentra físicamente interrumpido. Quienes ingresan desde la Universidad Nacional de Loja por el margen izquierdo se topan con tramos cortados y una total ausencia de señalización preventiva, lo que transforma este espacio en un callejón sin salida inseguro para peatones y ciclistas.
La crítica situación de este sendero es el reflejo directo de la falta de atención por parte de las autoridades. A pesar de los constantes oficios remitidos por la comunidad, el sendero y vía que une los sectores de La Argelia, Capulí, San Gerardo y Caxarumi carece de mantenimiento técnico, dejando desprotegido un corredor clave para el desarrollo turístico deportivo y social.
Impacto socioeconómico y aislamiento en el barrio


Quillollaco
Las consecuencias colonizan de inmediato la cotidianidad del sector rural, afectando de forma drástica al barrio Quillollaco. Los pequeños productores agropecuarios no disponen de rutas alternas seguras para sacar su producto hacia los mercados principales de la ciudad. De igual manera, el encarecimiento de la vida se agudiza ante la negativa del servicio de taxis de ingresar a la zona debido al pésimo estado del suelo bituminoso, lleno de baches y zanjas peligrosas que dañan los automotores.
Carmen Medina, presidenta del barrio Quillollaco, enfatizó a LA HORA que la última intervención integral en esta red de conectividad estatal data de la administración del fallecido ex alcalde Jorge Bailón. Desde entonces, la desatención institucional ha obligado a los vecinos a afrontar situaciones extremas durante la temporada invernal, cargando víveres al hombro para abastecer a sus hogares.
“Este sendero se lo mantenía anteriormente, pero en la actualidad está todo abandonado... Hemos venido pidiendo al Municipio, pero nos han hecho caso omiso. No nos arreglan hasta el día de hoy. Muchas de las veces
que ha habido las acrecentadas, las inundaciones, nos hemos quedado sin acceso a nuestro barrio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De abajo de La Cascarilla, teníamos que cargar nuestros alimentos al hombro y venir hasta llegar a nuestro domicilio”, acota Medina.
Autogestión económica de sus moradores
Frente a la parálisis de la administración municipal, la comunidad ha tenido que recurrir a la autogestión económica para no quedar completamente incomunicada. Tras el deslave de gran magnitud registrado el 17 de marzo de 2021, que destruyó la mesa de la vía en dos tramos, y el subsecuente desprendimiento del pasado 11 de marzo del año en curso, la ayuda institucional brilló por su ausencia. Los moradores y los padres de familia de la escuela del sector costearon de sus propios bolsillos maquinaria pesada privada —a un valor de 50 dólares la hora— para encauzar quebradas y limpiar el paso.
Marina Alvarado, moradora del sector, expone el malestar generalizado de los residentes, quienes continúan
cancelando puntualmente sus obligaciones fiscales en las ventanillas municipales sin recibir contraprestación alguna en servicios básicos o vialidad.
“Desde el 2021 que hubo el primer deslave en marzo... nunca tuvimos el apoyo de ninguna institución. Con esfuerzo de la comunidad, poniendo el dinero, se ha pagado maquinaria y a pulso de hombro, de mano de todos los moradores, se ha rehabilitado la vía. Volvió a pasar este año el 11 de marzo... los padres de familia tuvieron que hacer mingas, ellos también poner plata de su bolsillo para pagar una hora de máquina, usted sabe que cuesta $50 la hora de la máquina, para que encaucen una parte del cauce de la quebrada”.
De pulmón deportivo al olvido recreativo Además de la crisis de movilidad, el abandono de la Ruta de la Cascarilla clausura las proyecciones recreativas de la capital lojana. La zona, que en el pasado fue sede de destacadas competencias de ciclismo de montaña y atraía a cientos de familias hacia la cascada local durante los
fines de semana, ha experimentado un drástico desplome en la afluencia de visitantes. El riesgo de accidentes y el progresivo daño que sufren los equipos deportivos debido a la irregularidad del terreno ahuyentan el flujo turístico.
Diego Cabrera, ciclista lojano, recuerda con nostalgia los eventos competitivos en los que participó dentro de este circuito natural y recalca cómo las deficiencias del sendero terminan anulando un valioso activo ecológico y turístico de la ciudad. “Yo he constatado que no hay unión de este sendero con la parte superior que sale a Podocarpus. Desde la entrada por la Universidad Nacional de Loja, por la parte izquierda que anteriormente se ingresaba, ahora no hay paso. No se pone ni señaléticas para decir que no se puede ingresar al sendero... Lamentablemente este lugar ha estado abandonado por años. Anteriormente recuerdo que aquí se hacían competencias de ciclismo en donde yo también participé y lamentablemente este lugar ha quedado en el olvido”, enfatiza.
El colectivo artesanal de la Plaza de San Sebastián cumple más de tres décadas de actividad, preservando las tradiciones locales y promoviendo el trabajo manual como parte de la identidad cultural de Loja.
Aproximadamente en el año 1992 arrancó una de las iniciativas culturales y comerciales más emblemáticas del centro histórico de la ciudad, cuando cuatro artesanos pioneros se instalaron en el Portal de San Sebastián bajo la autorización de la administración municipal de la época. 34 años después de aquel inicio, la emblemática plaza mantiene viva su esencia artística, consolidándose como un punto de referencia imprescindible para la identidad y la memoria colectiva de los habitantes lojanos.
De los paños en el suelo a la consolidación del espacio
Los inicios del proyecto estuvieron marcados por la informalidad y el esfuerzo diario. En sus primeras etapas, los creadores no contaban con infraestructuras ni mobiliario, por lo que desplegaban paños directamente sobre el piso para exhibir sus productos, una práctica que popularmente se conoció en la urbe como “el parche”. Cada jornada exigía un riguroso proceso de montaje y desmontaje de la mercadería.
Javier Torres, uno de los artesanos fundadores, recuerda la rigurosidad de aquellos años: “Nosotros an-

tes de tener una mesa, trabajábamos en el piso. Poníamos un paño y nosotros armábamos, acomodábamos nuestra mercadería en el piso. Entonces nosotros éramos conocidos como los hippies o los artesanos”.
A partir del año 1995, la ciudadanía comenzó a identificar plenamente el lugar como la zona oficial de las artesanías manuales. La variedad de materiales definía la identidad de cada creador: desde trabajos en piedra, alambre y tejidos, hasta especialidades en cuero y tagua. Esta diversidad atrajo de forma progresiva a nuevos creadores locales y viajeros inter-
nacionales, expandiendo el impacto cultural del sector.
Resistencia urbana y organización interna
A lo largo de más de tres décadas, el colectivo de artesanos ha sorteado diversas complejidades políticas y normativas con las sucesivas alcaldías. A pesar de haber enfrentado periodos de restricción y desalojos temporales de hasta ocho meses debido a inconvenientes de orden público con comerciantes itinerantes, la comunidad logró retornar al espacio público mediante el diálogo con las autoridades locales.
Con el objetivo de proteger
la reputación del sector y garantizar un ambiente óptimo para los visitantes, los trabajadores actuales conformaron una pre asociación.
Esta estructura organizativa regula la ocupación de los puestos, limitando el acceso a fin de mantener un control estricto sobre la seguridad y la convivencia pacífica dentro de la Plaza de San Sebastián. Torres explica los motivos detrás de estas medidas restrictivas: “Hoy en día ya no dejamos poner a cualquiera porque los compañeros que vienen de otros lados piensan que porque son artesanos... la vida es de coger,
ponerse, fumar y hacer escándalo. Entonces nosotros evitamos eso, de que no haya escándalo, que no quede mala reputación nuestra ciudad y especialmente donde trabajamos en nuestro sitio de trabajo”.
La urgencia de reactivación turística Para los residentes y usuarios habituales de la zona, la permanencia de estos locales constituye un pilar fundamental del patrimonio vivo de Loja. Ciudadanos de la localidad recuerdan haber asistido desde la infancia a estos puestos, destacando el valor del trabajo hecho a mano.
Kevin Ojeda, un ciudadano que frecuenta la zona desde su niñez, enfatiza la relevancia de este espacio para la comunidad: “Yo desde que me acuerdo, hace unos 10 años que mis papás me traían por San Sebastián, yo ya veía a estos artesanos asentados aquí... Lo bueno es que ellos son artesanos locales, así que eso es interesante porque uno les apoya comprando sus artesanías... y hay que valorar eso y también apoyar el arte local”. Actualmente, de los cuatro fundadores originales de 1992, únicamente dos permanecen activos en el sitio. Ante una evidente disminución de las ventas y la afluencia de visitantes en el casco central, el sector artesanal emite un llamado formal a las dependencias municipales de turismo para que se desarrollen campañas de promoción masiva que pongan en valor los corredores artísticos de San Sebastián, el Parque Jipiro y la Puerta de la Ciudad.

En dos semanas habrá segunda vuelta en Colombia y se definirá al nuevo mandatario: Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda. Si el primero gana, no implica que goce de la confianza ilimitada del electorado, advierte Francisco Santos, exvicepresidente colombiano.
El 21 de junio de 2026 Colombia tendrá que votar por uno de estos dos candidatos presidenciales:
1
Abelardo de la Espriella , por el movimiento político de carácter conservador Defensores de la Patria.
2
Iván Cepeda , por la coalición política de izquierda Pacto Histórico, que llevó a Gustavo Petro a ser actual mandatario. Francisco Santos Calderón , político y exvicepresidente de Colombia, en diálogo con LA HORA , expresa sus impresiones sobre los dos candidatos, los escenarios que se generarían para su propio país y para Ecuador si uno u otro obtiene la victoria en segunda vuelta
P. Hay dos candidatos de tendencias contrapuestas: De la Espriella y Cepeda, ¿cuál le conviene a Colombia?
Petro dejará el país en un momento muy difícil. Su Gobierno lleva dos años sin pagar los subsidios a las empresas de energía, esa plata se debe y si no se paga vamos a ir a un apagón. Destruyeron todo el programa de vivienda para la gente más pobre, destruyeron el programa para financiación de universidades para la gente más humilde. Todos esos recursos se llevaron hacia los subsidios, que tienen un problema, y es que dentro de un año no habrá cómo pagarlos. El Gobierno no tiene caja, por eso quieren apropiarse de la plata de las pensiones. Esa es la situación en la que estamos

y la que Cepeda continuaría. Colombia con Cepeda tiene tres riesgos: crisis fiscal, crisis monetaria y crisis inflacionaria. Todo lo que ustedes vivieron (Ecuador), lo que vivió Venezuela, Argentina, pero con un problema más grave y es que no somos tan ricos como Argentina, como Venezuela y tampoco tenemos el petróleo que tienen ustedes. Sería una crisis absoluta con Cepeda y entre 10 (millones) y 15 millones de personas saliendo de Colombia porque no tendrían cómo vivir en tres o cuatro años. Ese es el escenario. Con De la Espriella cambiarían muchas cosas Lo primero es que tendrá que tomar unas
asociada a Petro va a corromper. La victoria no está asegurada. Aquí hay un Gobierno que está haciendo todo para comprar votos en todas partes de Colombia. Pensar que ya estamos al otro lado, no. Que las condiciones son relativamente favorables, sí. Por eso están tan preocupados de que De la Espriella les haya ganado (en primera vuelta) Esa fue la razón fundamental por la que Cepeda y Petro salieron a decir que hubo un fraude, cuando hace tres meses Pacto Histórico tuvo la victoria en las elecciones parlamentarias, ahí ya no hablaron de fraude. Hay un doble estándar. La gente estaba tan preocupada mirando a sus vecinos, viendo lo que les pasó a los venezolanos, a los bolivianos, viendo lo que les pasó a ustedes, que la abstención se redujo de manera muy importante.
P. El presidente Daniel Noboa y De la Espriella dialogaron antes de las votaciones de primera vuelta, ¿qué pasaría con Ecuador si el candidato gana y qué si no gana?
Con De la Espriella se van a arreglar los problemas, el tema del control de la frontera va a crecer, el tema del narcotráfico encontrará una lucha importante, tendrá un efecto grande. Creo que la crisis en seis meses estará resuelta. Estoy seguro que una de las primeras cosas que él hará es reunirse con el presidente Noboa para plantear cómo trabajar tranquila y conjuntamente.
P. ¿Qué figura tendría más y mejor impacto en Ecuador y en la región como mandatario?
Sin duda, Abelardo de la Espriella. Más cooperación en materia de seguridad ; una relación mucho más transparente y menos entregada a la extrema izquierda y por extrema izquierda me refiero a Delcy Rodríguez (encargada del poder en Venezuela) y Claudia Sheinbaum (presidenta de México) y a DíazCanel; una relación más alineada con Estados Unidos , con Noboa, con Javier Milei , esos serían los efectos. Si Maduro estuviera en el poder habría influido en las elecciones de una manera brutal como influyó en las elecciones de 2022. Aquí en Colombia ya no hay grises, hay blanco y negro. Eso fue lo que llevó a que De la Espriella gane en primera vuelta y creo que eso se va a extender en segunda vuelta.
decisiones fiscales brutales y muy impopulares porque de verdad estamos al borde de una crisis financiera que Colombia nunca en su vida había tenido. Ahora la tenemos y no tenemos recursos, desafortunadamente estos señores (del actual Gobierno) gastaron y gastaron, es cómo funciona el populismo.
P. De la Espriella captó mayor respaldo que Cepeda y en un país donde el voto no es obligatorio, ¿qué posibilidades hay de que De la Espriella se lleve la victoria?
Hay que esperar porque vienen semanas muy difíciles donde toda la corrupción
P. Si Iván Cepeda resulta electo, ¿qué escenario les espera a las relaciones de Colombia con Ecuador?
Con Cepeda serían cuatro años de inmensos problemas entre Ecuador y Colombia. Con Cepeda es más de lo mismo: no control en las fronteras, crecimiento del narcotráfico, empoderamiento de las organizaciones criminales, incluyendo las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) que están metidos en el narcotráfico. Con Cepeda serían cuatro años de inestabilidad absoluta.
P. ¿De la Espriella puede ser el voto antipetrista y un cheque en blanco? No es un cheque en blanco, pero sí refleja totalmente el voto antipetrista , anticomunista, antichavista, anti Maduro, anti Cuba, todo eso que destruyó a América Latina. Impresiona la madurez del votante colombiano que un momento dijo: la democracia está en peligro con esto (Cepeda) y tomó esa decisión. Nos sorprendió a todos. Cheque en blanco no hay en política, la democracia es lo más importante y con Cepeda perdemos la democracia. (KSQ) De 41,4 millones de colombianos habilitados para votar, el 57,88% acudió a sufragar; sin embargo, hubo un 42,12% de abstención, colombianos que no votaron. En la primera vuelta de 2022, la abstención se registró alrededor del 45%
La Asamblea Nacional, controlada por ADN, prevé votar la reforma al Código Judicial hasta fines de julio en medio de dudas sobre la independencia judicial. El constitucionalista José Chalco dijo que la propuesta “le vuelve a dar vida al Cpccs”.

Las preocupaciones sobre una presunta intromisión de la Función Ejecutiva en la selección de jueces aumentan a pocas semanas de que el proyecto de Ley Reformatoria al Código de la Función Judicial (COFJ) llegue al pleno de la Asamblea Nacional para ser conocido en segundo debate
El presidente del Legislativo, Niels Olsen (ADN), aspira a que el proyecto sea aprobado hasta el 31 de julio de 2026, una vez que la Comisión de Justicia , de mayoría oficialista, remita el informe final.
La iniciativa de ADN contiene disposiciones polémicas. A partir del artículo 55, dentro del capítulo relacionado con el “Procedimiento para el concurso público de méritos y oposición para la selección de funcionarios judiciales pertenecientes a la carrera judicial”, se plantea la conformación de un Comité Académico Luego, el artículo 57 desarrolla cuáles serán sus responsabilidades.
El Comité, según la propuesta, se encargará de la calificación de méritos, de elaborar el banco de preguntas para el examen escrito y la
elaboración, conducción y evaluación de la prueba práctica y oral.
La alerta de sectores de opinión surge a raíz de la propuesta para la selección del Comité Académico. Según el artículo 57.1, este Comité estará integrado por cuatro personas escogidas sobre la base de ternas conformadas por candidatos propuestos por las facultades de Derecho, mediante una valoración de las hojas de vida que estará a cargo del Viceministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Para el abogado penalista Hermes Sarango , esta posibilidad romperá el principio de independencia de poderes, pues esta labor le corresponde al Consejo de la Judicatura, que posee la capacidad constitucional de designación.
“Allí podría darse un autoritarismo e injerencia, y los jueces podrían ser designados con la venia del poder Ejecutivo”, afirmó Sarango.
José Chalco: “propuesta de reforma al Código de la Función Judicial le vuelve a dar vida al Cpccs” A esta preocupación se
suma la existencia del artículo 57.3. El concurso para funcionarios judiciales será monitoreado por veedurías ciudadanas que estarán acreditadas por el Cpccs. Las veedurías podrán emitir informes no vinculantes que deberán ser considerados por el Pleno del Cpccs antes de la resolución final.
El constitucionalista José Chalco señaló en una entrevista que la propuesta de reforma al Código de la Función Judicial “le vuelve a dar vida al Cpccs”. Declaró que esto ocurre mientras existe la posibilidad de eliminar, vía enmienda, la competencia del Cpccs de elegir autoridades.
Los abogados Agustín Acosta y Hermes Sarango calificaron de “incongruente” que se incorpore al Cpccs en el proyecto para otorgarle nuevas funciones.
“Son aspectos que no están reglados; además, no creo que se le pueda otorgar atribuciones a una Función del Estado a través de una ley, sino mediante la Constitución”, afirmó Agustín Acosta.
Acosta alertó que el Cpccs ha sido usado políticamente
Otras atribuciones del Cpccs, según el proyecto de Ley de la Función Judicial
° El proyecto crea una “Comisión Ética Ciudadana Independiente de Vigilancia de la Función Judicial”, cuyo objetivo será evaluar anualmente la integridad, eficacia y funcionamiento de los mecanismos de control anticorrupción aplicables a funcionarios judiciales, y al desempeño del Consejo de la Judicatura.
para los objetivos de quienes están en el poder, razón por la cual existe desconfianza ciudadana en el organismo.
“No es que su propósito no sea bueno, sino que ha sido mal utilizado”, agregó, tras señalar que la propuesta incluida en el proyecto lleva a un riesgo de interferencia.
“Hay que tratar de que no sea así. Sería terrible que la Función Judicial ya no sea independiente, sino que pase a ser un brazo ejecutor del Ejecutivo. Ahora puede ser con este Gobierno y después con otro”, agregó.
Por ello, pidió que se amplíe el control social con la intervención de los gremios y la academia; de lo contrario, “nos pueden hacer un gol de media cancha”, expresó Acosta.
Para Hermes Sarango, aunque la ley menciona que el Cpccs estará a cargo de acreditar veedurías y no de la designación, resulta preocupante que, mientras hay una iniciativa para eliminar una de sus funciones, aparezca una propuesta para darle otra responsabilidad. “No se comprende la dicotomía con la que actúan el Ejecutivo y la Asamblea”, afirmó. (SC)
A José Chalco le preocupa que, para su operatividad, el Cpccs deberá emitir el reglamento de dicha Comisión, según el proyecto. “Los restantes aspectos operativos de la Comisión Ética, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social los regulará en la reglamentación que expedirá para el efecto”, dice el artículo 321.11 del proyecto. El artículo 109.1 sobre la “Prohibición de participación en estudios o bufetes jurídicos”, prohíbe a los miembros de la Judicatura, a jueces de la Corte Nacional, jueces de la Corte Constitucional, Fiscalía y al Defensor Público, durante el ejercicio de sus funciones, tener acciones, participaciones, intereses económicos, representación o administración en estudios jurídico.
La violación a este mandato dará lugar a que la a Contraloría disponga al Cpccs la destitución del funcionario. “Los funcionarios señalados en este artículo estarán obligados a informar bajo juramento a la Contraloría y al Cpccs al momento de su posesión en el cargo y de manera anual, hasta el 15 de enero de cada año, sobre el ejercicio profesional del derecho, la participación, pertenencia o vinculación con estudios jurídicos o libre ejercicio de su cónyuge o conviviente en unión de hecho, así como de sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y cuarto grado de afinidad”.
Los casos de secuestros extorsivos aumentaron desde 2023, con un crecimiento exponencial. Esto se da en medio de la violencia creciente que atraviesa Ecuador.
El 13 de marzo de 2025, una ciudadana de 64 años fue abordada por sujetos desconocidos en Ambato. Los individuos la trasladaron en contra de su voluntad con rumbo desconocido. Tras lo ocurrido los familiares de la víctima recibieron llamadas extorsivas desde su mismo celular, a través de estas se exigía $500.000 para su liberación. Sin embargo, tras los protocolos investigativo s correspondientes y una denuncia a la Policía y a través de la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestro y Extorsión (Unase), el 21 de marzo de 2026, se ejecutó el operativo Libertad 332, en el que se aprehendió
a un sujeto que amedrentó y extorsionó a la comerciante.
Este es uno de los casos de secuestro extorsivo de 1.627 que ocurrieron en 2025. En lo que va de 2026, hasta el 22 de mayo de este año, la Fiscalía registró 460 noticias del delito en cuanto a secuestro extorsivo
El secuestro extorsivo aumentó en Ecuador Byron Villagómez, líder técnico del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), indicó que en 2024 hubo un incremento de los secuestros extorsivos en el país, con 1.900 casos.
“Esto representó un aumento significativo, si com-

CENTRO ECUATORIANO DE TEOTERAPIA INTEGRAL CENTI
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Confesión Religiosa Centro Ecuatoriano de Teoterapia Integral CENTI, con Personería Jurídica No. 1685, en virtud de las facultades otorgadas en el artículo 18 del Estatuto vigente se permite convocar a todos los miembros activos de la Confesión Religiosa denominada Centro Ecuatoriano de Teoterapia Integral CENTI, a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el 24 de junio de 2026, a las 8h30am, en el inmueble ubicado en Carlos Montufar E 1370 y Fernando Ayarza, ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Provincia del Pichincha, a fin de tratar el siguiente orden del día:
1. Verificación del Quorum
2. Oración Inicial
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Análisis y revisión del Informe de Presidencia período junio 2025 a junio 2026
5. Análisis y revisión del Informe período junio 2025 a junio 2026
6. Clausura
Quito, 5 de junio de 2026

paramos con 2021, donde se registraron 230 casos, y con relación a 2023 que fueron 1.450. Aunque, en 2025 en cuanto a secuestro extorsivo hubo cierto descenso y llegó a 1.627”, puntualizó. Villagómez destacó que, pese a que en 2025 hubo una disminución de los casos por este delito, ese año fue el segundo en el que más casos se registró. Por lo que explicó que las cifras todavía se mantienen en rangos considerables con relación a años anteriores.
Según el técnico del OECO, el secuestro extorsivo es una de las modalidades de extorsiones y con ello las bandas delictivas logran “obtener rentabilidad, liquidez y obtener recursos adicionales”.
Además, este delito funciona dentro de las economías y finanzas criminales, pues con ello también logran circular el dinero y obtener financiamiento para operaciones más amplias.
“(El secuestro extorsivo) es, entre comillas, una manera sencilla de obtener liquidez”, aseguró.
Villagomez indicó que en 2022 se registraron 571 casos de secuestro extorsivo y para 2023 estas se recrudecieron.
La Costa concentra más casos
El líder técnico del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) explicó que el aumento de los secuestros extorsivos tiene que ver con el aumento del crecimiento de la violencia y de la actividad de los grupos de delincuencia organizada
“Esto se puede explicar por varios factores tanto internos como externos
como: la desintegración de las FARC, conformación de nuevas facciones, los mercados ilícitos internacionales que varían como el de la cocaína o la minería ilegal Y los factores internos que tiene que ver con el control territorial”, detalló.
Byron Villagomez puntualizó que la magnitud y la presencia del secuestro extorsivo es, sobre todo, en las mismas provincias donde la violencia se ha recrudecido.
“Las provincias de la Costa, como Guayas, Los Ríos o Manabí, son las que más concentran ese tipo de comportamiento delictivo. (...) Si vemos el año pasado podemos ver que, en cuanto a secuestro extorsivo, cerca del 42% se produce en Guayaquil, con 682, y en Quito con el 9%, con 145”, afirmó.
de cocaína genera ingresos más altos que un secuestro extorsivo, pero en mayor tiempo”, dijo.
El COIP en su artículo 162 se refiere al secuestro extorsivo, pues la persona que cometa ese delito será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años.
Bandas criminales cambian la lógica criminal La criminóloga Daniela Valarezo aseguró que a las bandas les interesa cambiar la lógica criminal para obtener dinero inmediato, aunque sea menos. “La venta del kilo de la cocaína bajó, por lo tanto, la venta de un kilo
Valarezo explicó que, si piden una recompensa por su secuestro , la persona entregará el dinero en días; en cambio vendiendo el kilo de cocaína se demoran en recibir los ingresos entre 30 o 45 días. “Por lo tanto, deja de ser rentable, a pesar de que los ingresos puedan ser superiores por la venta de cocaína , tengo un ingreso inmediato por el secuestro extorsivo. Entonces, la organización criminal va a tener un flujo mucho más rápido y van a tener liquidez para la compra de armas, corrupción o coimas de forma más inmediata”. La especialista en seguridad detalló que estas prácticas criminales son aprendidas desde otros países que tienen influencias
Por lo que, desde México y Colombia , además, de Europa , con la Mafia Albanesa, tienen prácticas de secuestro extorsivo y al tener las bandas ecuatorianas nexos con ellos, las aprenden. (DLH)

Para algunos de esta selecta lista, este será su último mundial. Arriba: de izquierda a derecha.
Moisés Caicedo, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luka Modrić, Bruno Fernandes, Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Vinícius Jr.

Lionel Messi (Argentina)
Cristiano Ronaldo (Portugal)
Luka Modrić (Croacia)
Kevin De Bruyne (Bélgica)
Mohamed Salah(Egipto)
Son Heung-min (Corea del Sur)
Erling Haaland (Noruega): Debuta en una Copa del Mundo con el cartel de ser el delantero más letal del planeta tras clasificar a Noruega.
Estos son los nombres elegidos por el máximo organismo del fútbol como los jugadores a seguir en la cita mundialista. Entre ellos resalta la presencia del Niño Moi, quien a sus 24 años llega al torneo como el motor indiscutible de Ecuador y uno de los volantes más determinantes del planeta, listo para comandar el debut frente a Costa de Marfil.
Kylian Mbappé (Francia): Tras salir goleador en Catar 2022, llega en plena madurez futbolística para reconquistar el trono.
(Eliminatorias 2026)
Precisión de Pases
General: Mantiene una efectividad promedio de 89%.
Pases en Campo Propio (Salida limpia): Su efectividad roza el 93,2%.
Pases en Campo Rival
(Construcción): En la mitad de la cancha, mantiene un sólido 81,4% de precisión.
Efectividad en Balones
Largos / Cambios de Frente: Registra un 62% de acierto en trazos largos.
títulos oficiales en lo que va de su carrera profesional (contando categorías juveniles de élite y su trayectoria en clubes).

Lamine Yamal (España): Con 18 años, ya no es una promesa. La FIFA lo destaca como una realidad consolidada de la élite global.
Fecha de nacimiento: 2 de noviembre de 2001 (24 años).
Lugar de nacimiento: Santo Domingo, Ecuador.
Club actual: Chelsea F.C. (Premier League).
Posición: Centrocampista - Pivote defensivo.
Estatura y peso: 1,78 m / 73 kg
Dorsal: 23
Arriba: de izquierda a derecha. Harry kane, Christian Pulisic, Federico Valverde, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Sadio Mané, Riyad Mahrez, Son Heung-min, Florian Wirtz, Jude Bellingham.
Abajo: de izquierda a derecha. Enzo Fernández, Luis Díaz, Michael Olise, Julián Alvarez, Raphinha, Pedri
Antes de que aumenten las ventas, se genere empleo o se reactive el comercio, suele ocurrir algo en los bancos. Una investigación sobre la economía ecuatoriana concluye que los depósitos y el crédito son señales adelantadas del crecimiento.

En un país sin moneda propia, donde el Banco Central no puede emitir dólares ni aplicar una política monetaria tradicional, el sistema financiero adquiere un papel mucho más importante de lo que suele percibirse.
Sin embargo, una investigación académica apunta hacia otro protagonista menos visible, pero igual de importante: los bancos.
El estudio publicado el 1 de junio de 2026, y elaborado por Ángel Maridueña-Larrea, junto a Félix Casares, Rocío González, Patricio Cadena y Patricio Álvarez, concluye que, en Ecuador, los depósitos y el crédito bancario no solo acompañan la actividad económica, sino que la preceden y ayudan a impulsarla.
Dicho de manera sencilla, la economía ecuatoriana no solo se mueve cuando las empresas venden más. Antes de que eso ocurra, generalmente ya hubo más dinero entrando a los bancos y
más préstamos circulando en la economía.
Un círculo virtuoso
Para entender el hallazgo, imagine una cadena. Primero, las familias y las empresas depositan más dinero en los bancos. Después, esos recursos se transforman en créditos para comprar maquinaria, ampliar negocios, adquirir vehículos, construir viviendas o financiar consumo . Finalmente, ese dinero termina convirtiéndose en más ventas, empleo y movimiento económico.
“Los depósitos son como el combustible de un vehículo. Pero el motor realmente se pone en marcha cuando ese combustible se transforma en crédito y llega a empresas y consumidores”, explica la economista María Fernanda Torres, especialista en desarrollo financiero.
Los investigadores encontraron que los depósitos suelen reflejarse en mayores ventas aproximadamente
relaciona con un aumento aproximado de 0,21% en las ventas dos meses después.
A primera vista, estos porcentajes parecen modestos. Sin embargo, cuando se aplican a economías provinciales completas, representan millones de dólares adicionales en actividad comercial.
Imagine una provincia donde los depósitos bancarios suman $1.000 millones y las ventas mensuales de empresas y comercios alcanzan $2.000 millones. Si los depósitos aumentan 1%, es decir, en $10 millones adicionales, el estudio estima que las ventas podrían crecer alrededor de 0,31% durante el mes siguiente. En este ejemplo, eso equivale a unos $6,2 millones más en ventas para negocios y empresas
Con el crédito ocurre algo parecido. Si la cartera de préstamos de esa provincia también asciende a $1.000 millones y crece 1%, es decir, otros $10 millones en financiamiento, las ventas podrían aumentar aproximadamente 0,21% dos meses después. En una economía que vende $2.000 millones al mes, eso representaría cerca de $4,2 millones adicionales en actividad comercial
un mes después. El crédito tarda un poco más: cerca de dos meses. La razón es simple. Un depósito está disponible de inmediato, mientras que un préstamo debe pasar por procesos de evaluación, aprobación y desembolso antes de llegar a la economía real.
Para medir la actividad económica provincial , el estudio utilizó las ventas declaradas al Servicio de Rentas Internas (SRI) , un indicador que guarda una estrecha relación con variables como el empleo adecuado, la recaudación tributaria, el consumo eléctrico y el desempeño general de la economía.
Indicador clave Los resultados muestran que un aumento de 1% en los depósitos de una provincia se asocia con un crecimiento cercano al 0,31% en las ventas durante el mes siguiente. Por su parte, un incremento de 1% en el crédito se
las ventas.
Dolarización, clave para el crecimiento El hallazgo cobra especial importancia en Ecuador por una razón fundamental. El país utiliza el dólar como moneda oficial.
A diferencia de otros países, el Banco Central no puede emitir dinero para estimular la economía cuando llega una crisis ni reducir tasas de interés de forma independiente para acelerar la recuperación.
Eso hace que el sistema financiero tenga un papel más relevante.
Cuando el crédito fluye, ayuda a sostener el consumo, la inversión y el empleo. Pero cuando se frena, la economía pierde uno de sus principales mecanismos de impulso.
El crédito es el puente Aunque los depósitos producen efectos más rápidos, el estudio encontró que el crédito es el protagonista de la historia.
Las estimaciones muestran que los cambios en el crédito explican alrededor del 21,5% de las variaciones futuras de las ventas provinciales, una influencia muy superior a la observada en los depósitos.
Además, sus efectos pueden mantenerse durante varios meses.
“Detrás de una nueva tienda, una ampliación industrial o una mayor producción agrícola suele haber financiamiento previo. El crédito es el puente que conecta el ahorro con la actividad económica”, señala el analista financiero Carlos Andrade. Por eso los autores del estudio describen el proceso como una secuencia: los depósitos alimentan el crédito y el crédito impulsa
La pandemia de 2020 mostró con claridad este fenómeno. Mientras los depósitos crecían porque las familias aumentaban sus ahorros por precaución, el crédito se reducía debido al mayor riesgo percibido por los bancos. Como resultado, las ventas se desplomaron. Para los investigadores, este episodio reveló una vulnerabilidad propia de las economías dolarizadas: si se rompe la cadena que transforma depósitos en crédito, la recuperación económica se vuelve más lenta porque no existe una política monetaria capaz de compensar rápidamente esa falta de financiamiento.
El dinero debe volver a las calles
El principal mensaje del estudio es que captar más depósitos no es suficiente. Lo realmente importante es que esos recursos regresen a la economía convertidos en financiamiento para empresas, emprendedores y familias. En otras palabras, el crecimiento no depende únicamente de cuánto dinero entra a los bancos, sino de cuánto de ese dinero vuelve a las calles vía crédito. Y en una economía dolarizada como la ecuatoriana, esa diferencia puede determinar la velocidad con la que crecen las provincias y se recupera el país. (JS)
Los conteos preliminares de Ipsos y Datum muestran una diferencia mínima entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. Aunque los primeros resultados oficiales de la ONPE favorecen a la candidata de Fuerza Popular, la definición dependerá del avance del escrutinio.

Perú cerró este domingo una de las jornadas electorales más reñidas de los últimos años sin que exista aún certeza sobre quién será el próximo presidente del país. Los distintos conteos preliminares difundidos tras el cierre de las urnas coincidieron en un mismo escenario: un empate técnico entre los candidatos Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.
La estrecha diferencia registrada por las principales
en los recintos de votación. Los observadores registraron algunos incidentes aislados, entre ellos denuncias sobre papeletas de votación presuntamente marcadas, aunque señalaron que estos casos fueron puntuales y no alteraron el desarrollo general de la votación.
reducida que no permitía declarar un vencedor.
Ipsos otorgó inicialmente una ligera ventaja a Roberto Sánchez con el 50,3 % de los votos válidos frente al 49,7 % de Keiko Fujimori. Sin embargo, la encuestadora precisó que el margen de error era de 0,9 puntos porcentuales, por lo que estadísticamente se trataba de un empate técnico.


encuestadoras y por el conteo rápido de observadores impide proclamar un ganador y anticipa varias horas, e incluso días, de expectativa hasta que los resultados oficiales alcancen un nivel suficiente de consolidación. Medios nacionales aseguran que podrían demorar hasta un mes en conocer el resultado oficial.
Así fueron las elecciones en Perú
La jornada electoral se desarrolló con normalidad en
la mayor parte del territorio peruano. La misión de observación que supervisó una muestra aleatoria de 137 mesas distribuidas en las 27 circunscripciones electorales del país reportó que el 100 % de las mesas observadas fueron instaladas y que el 92,3 % ya contaba con todo el material electoral antes de las 08:00.
Asimismo, se informó que en el 6,6 % de los casos fue necesario reemplazar a miembros de mesa ausentes por ciudadanos presentes

Las mesas cerraron a las 17:00 y en todas se permitió sufragar a los electores que permanecían en fila al momento del cierre. Según los observadores, la jornada transcurrió con normalidad y se identificaron diversas buenas prácticas durante el proceso.
En cuanto a la participación ciudadana, se registró una disminución respecto a la segunda vuelta presidencial de 2021.
Conteo a boca de urna reflejó un empate técnico Según la encuesta de boca de urna, la candidata presidencial Keiko Fujimori obtenía una ajustada ventaja sobre Roberto Sánchez, según los resultados de la encuesta a boca de urna difundida la tarde de este domingo 7 de junio tras el cierre de las votaciones de la segunda vuelta electoral en Perú.
De acuerdo con el sondeo, Fujimori alcanzaba el 50,53 % de los votos válidos, mientras que Sánchez registraba el 49,47 %, una diferencia de poco más de un punto porcentual que anticipa una definición reñida.
Conteo rápido por Ipsos y Datum en Perú En el conteo rápido, tanto Ipsos como Datum coincidieron en que la diferencia entre los candidatos era tan
La empresa señaló que los resultados no permitían concluir quién había ganado la elección debido a que la diferencia observada se encontraba dentro del margen de error de la medición.
Un escenario similar presentó Datum. Su estimación otorgó a Sánchez el 50,14 % de los votos válidos frente al 49,86 % obtenido por Fujimori. La diferencia de apenas 0,28 puntos porcentuales también fue considerada insuficiente para determinar un ganador.
Mientras los conteos rápidos mostraban una leve inclinación hacia el candidato de izquierda, los primeros resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reflejaban una situación distinta.
Con 47.661 actas contabilizadas hasta las 20:56, Keiko Fujimori sumaba 3.966.950 votos, equivalentes al 47,287 % del total escrutado. Por su parte, Roberto Sánchez registraba 3.565.557 sufragios. No obstante, las autoridades electorales han reiterado que los resultados parciales deben interpretarse con cautela debido a que aún resta el procesamiento de miles de actas provenientes de distintas regiones del país y del voto en el exterior. (EC)




El organismo interamericano instó al Gobierno y a la población a priorizar el diálogo ante el aumento de los enfrentamientos en Bolivia. El pronunciamiento coincide con la aprobación de una ley que amplía las facultades presidenciales para declarar estados de excepción.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado nuevamente sus preocupaciones
ante el auge de la violencia social de la que está siendo testigo Bolivia en el marco del bloqueo de carreteras inde-
finido convocado por organizaciones sindicales y civiles contra el presidente, Rodrigo Paz, por lo que han instado tanto a las autoridades como a la población civil a abogar por la vía diplomática.
“La CIDH reitera su preocupación ante la escalada de la conflictividad social en Bolivia en el marco de las protestas iniciadas en mayo de 2026 y llama al Estado y a la sociedad toda a priorizar el diálogo para atender las demandas sociales”, ha expresado este sábado el organismo en un escueto comunicado difundido en redes sociales.
En el mismo escrito, la institución ha señalado que toda medida de Estado de excepción ha de ampararse en la Convención Americana de Derechos Humanos, siendo de especial relevancia en este contexto el artículo 27 de la misma, así como en lo que ha denominado como “estándares interamericanos”.
Además, ha agregado, “debe atender la necesidad, razonabilidad, proporcionalidad, temporalidad y control jurídico de las medidas”.
Este llamado de atención llega tras darse a conocer que al menos 26 civiles han resultado heridos y dos policías han sido heridos de bala durante una operación para el desbloqueo de la carretera de San Julián, en el este del país, según han informado las autoridades boliviana este mismo sábado.
El Congreso de Bolivia aprueba la Ley de Estados de Excepción La Cámara de Diputados de Bolivia ha aprobado en la madrugada de este domingo la Ley de Regulación de los Estados de Excepción que amplía las competencias del presidente, Rodrigo Paz, para declarar el estado de excepción y facilitar así el empleo de las Fuerzas Armadas en la represión de las protestas que desde
hace más de un mes mantienen bloqueada la región de la capital, La Paz, para exigir la dimisión del mandatario.
La norma fue ya aprobada en el Senado y este domingo a las 5:52 y ha recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados por dos tercios de los diputados tras una sesión maratoniana de casi 14 horas. Ahora el proyecto ha sido remitido al presidente para su promulgación.
La ley establece que la declaración del estado de excepción deberá realizarse a través de un decreto supremo fundamentado con la especificación de su alcance territorial, duración, medidas extraordinarias autorizadas e instituciones responsables de su ejecución.
También determina una vigencia máxima de hasta 90 días con posibilidad de ampliación únicamente mediante autorización de la Asamblea Legislativa. (EUROPA PRESS)

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Una aproximación a la producción automatizada de actos administrativos y sus implicaciones en el ordenamiento jurídico ecuatoriano
Autor: Juan Francisco López Salas
I. Introducción
La tecnología avanza a un ritmo exponencial que contrasta con la lentitud con que el derecho se adapta a ella. Esta asimetría adquiere especial relevancia cuando las nuevas herramientas tecnológicas inciden directamente sobre el núcleo de la actividad administrativa: la producción de actos administrativos que afectan derechos e intereses de los ciudadanos. Hay quien ve a la inteligencia artificial como la panacea, pues miran en ella la
solución para uno de los problemas más críticos de las administraciones públicas, esto es la demora en sus actuaciones, pues una tecnología de esta naturaleza sería capaz de despachar trámites, requerimientos y necesidades de la administración pública en tiempos nunca vistos. Históricamente, los ór -
ganos de la administración pública han producido sus actos a través de servidores públicos (personas físicas) que expresan la voluntad del Estado. La inteligencia artificial (IA) pone en cuestión esta premisa: si un sistema algorítmico puede generar decisiones administrativas sin intervención humana directa, ¿cuál es el estatuto jurídico de esas decisiones? ¿Pueden considerarse verdaderos actos
¿Los peritos genetista ADN están obligados a rendir testimonio en la audiencia única?

“La prueba de ADN con las condiciones de idoneidad y seguridad previstas en esta ley, se tendrá por suficiente para afirmar o descartar la paternidad o maternidad. No será admitida la dilación de la causa a través de la petición de nuevas pruebas, salvo que se fundamente y pruebe el incumplimiento de las condiciones previstas en la presente ley”.
En virtud de las normas legales mencionadas y el principio de responsabilidad que enmarca al principio de debida diligencia en los procesos a su cargo, que rigen el sistema procesal, la jueza o juez puede resolver si debe o no comparecer el perito genetista a sustentar el informe de ADN, tomando en cuenta que se trata de una prueba científica.
Si la jueza o juez requieren explicación fundamentada de los procedimientos empleados en el examen y sobre la cadena de custodia, el perito genetista no se encuentra exento de comparecer conforme la notificación efectuada para la sustentación de su informe de conformidad con lo establecido en el Art. 222 del COGEP.
administrativos?
La respuesta no es trivial. En el derecho administrativo, el principio de legalidad exige que toda actuación de la administración encuentre habilitación expresa en la norma. A diferencia del derecho privado, donde rige la autonomía de la voluntad, en el derecho público solo es lícito lo que la ley autoriza. Esto significa que la adopción de la IA en la producción de actos administrativos requeriría, en primer lugar, una norma habilitante que hoy no existe en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.
Este panorama, sin embargo, está en movimiento. En el Ecuador, se encuentran en trámite proyectos de ley sobre inteligencia artificial, y en enero de 2026 el Ministerio de Telecomunicaciones expidió la Estrategia para el Fomento del Desarrollo y Uso Ético y Responsable de la Inteligencia Artificial en el Ecuador). Ninguno de estos instrumentos resuelve aún el vacío específico que aquí se analiza: ninguno habilita expresamente la producción de actos administrativos por sistemas de IA ni establece las condiciones de validez de tales actos. Son avances, pero insuficientes para colmar la laguna que el principio de legalidad exige saldar. La urgencia de regularizar esta materia no es solo teórica. La reciente STS 1119/2025, de 11 de septiembre, dictada por el Tribunal Supremo español, ilustra con nitidez las consecuencias jurídicas que acarrea la ausencia de garantías en los actos administrativos automatizados. En dicha sentencia, el alto tribunal reconoció el derecho de un ciudadano a acceder al código fuente de BOSCO, la aplicación utilizada por el Ministerio para la Transición Ecológica para determinar de forma automatizada si un solicitante cumplía los
requisitos del bono social eléctrico. El fallo consagra la transparencia algorítmica como un derecho subjetivo exigible frente a la administración, y convierte la motivación de los actos automatizados en una exigencia jurídicamente ineludible. Este artículo examina la distinción entre el acto administrativo de forma electrónica y el acto administrativo de elaboración electrónica, analiza los desafíos que plantea la discrecionalidad administrativa en entornos algorítmicos y propone condiciones mínimas que debería cumplir cualquier regulación que habilite esta tecnología en el Ecuador con especial atención a los elementos de voluntad y la motivación, tomando como referencia comparada la experiencia española y proyectando sus conclusiones sobre el contexto ecuatoriano.
Acto administrativo de forma electrónica y acto de elaboración electrónica
Antes de abordar el fondo del problema conviene establecer una distinción conceptual que la doctrina ha comenzado a perfilar. Federico Lacava diferencia dos figuras que suelen confundirse:
Lacava distingue al acto administrativo de forma electrónica del acto administrativo de elaboración electrónica. El acto administrativo de forma electrónica se refiere a aquellos actos administrativos elaborados directamente por una persona física, pero contenidos es un soporte digital; por otro lado, el acto administrativo de elaboración electrónica se refiere a un acto administrativo elaborado por un software o mecanismo programado por el ser humano o incluso por inteligencia artificial.
Los actos administrativos de elaboración electrónica también se denominan actos
administrativos automatizados y se definen como actuaciones de la administración pública producidas “íntegramente a través de medios electrónicos” dentro de un procedimiento de índole administrativo en el que no interviene directamente un empleado público.
El primer tipo (el acto administrativo de forma electrónica) es ya una realidad cotidiana en el Ecuador: los funcionarios redactan actos administrativos en soporte digital, los firman electrónicamente y los notifican por correo electrónico. Su validez no está en discusión. El foco de este ensayo recae sobre el segundo tipo, cuya regulación es incipiente incluso en los ordenamientos más avanzados.
España cuenta con normativa que alude a los “actos administrativos automatizados” sin restringirlos a un mecanismo técnico concreto, lo que ha permitido a la doctrina española, en particular los profesores Ponce Solé y Gamero Casado, reflexionar sobre si la IA puede quedar comprendida en dicho concepto. En el Ecuador, en cambio, no existe disposición equivalente.
III. Programación tradicional versus inteligencia artificial en la automatización de actos administrativos
Para valorar jurídicamente los actos administrativos automatizados es imprescindible comprender la diferencia técnica entre los dos paradigmas de automatización:
Programación tradicional
El programador codifica manualmente un conjunto de reglas: si ocurre la circunstancia A, produce la consecuencia B. La actuación del sistema está completamente predefinida por decisiones humanas anteriores. Cualquier caso no previsto en las reglas queda fuera del alcan-
ce del sistema.
Inteligencia artificial La IA, y en particular el aprendizaje automático, automatiza la propia tarea de escribir las reglas. En palabras de Lasse Rouhiainen, consiste en “la capacidad de las máquinas para usar algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de decisiones tal y como lo haría un ser humano”. El sistema no recibe reglas predefinidas para cada situación; las infiere de los datos. Esto introduce un grado de autonomía en las decisiones cualitativamente distinto al de la programación tradicional. Esta distinción tiene consecuencias jurídicas directas, como se verá en los apartados siguientes.
IV. El elemento de la voluntad en los actos administrativos automatizados Uno de los requisitos de validez que el Código Orgánico Administrativo (COA) exige al acto administrativo es la existencia de voluntad del órgano emisor. La automatización pone este elemento bajo tensión.
En el caso de la programación tradicional La voluntad existe de manera diferida: se expresa en el momento en que el legislador o la administración diseña las reglas que gobiernan el sistema pues quien programa los algoritmos lo hace con base a las directrices jurídicas de la administración, por lo que la producción de un acto administrativo a través de esta tecnología, en principio, no tendría conflicto respecto de este elemento. El acto resultante es imputable al órgano que ha programado y desplegado el mecanismo. Sin embargo, sería conveniente que la norma lo estableciera expresamente para disipar cualquier duda interpretativa,
es decir que debería establecerse normativamente que el acto administrativo automatizado será imputable al órgano que sirviéndose de este mecanismo tiene la potestad o competencia para emitirlo.
En el caso de la inteligencia artificial El problema se vuelve sustancialmente más complejo. La IA no aplica reglas predefinidas: genera sus propias decisiones a partir del aprendizaje sobre datos. Atribuirle “voluntad” en sentido jurídico resulta difícil, porque la voluntad, entendida como capacidad de querer y decidir con intención, es un atributo esencialmente humano, ya no estamos ante un caso en donde una regla preprogramada determina que determinado hecho tiene determinada consecuencia, sino que la IA desarrolla sus “propias decisiones”.
En el estado actual del ordenamiento ecuatoriano, esto constituye un obstáculo normativo de primer orden: si el COA exige voluntad como elemento de validez del acto administrativo, y la IA no puede ser considerada titular de esa voluntad, los actos producidos por IA carecerían de uno de sus requisitos constitutivos. Para superar esta barrera sería necesaria una reforma legal que, de manera expresa, atribuyera a la IA, o al órgano que la emplea, la voluntad necesaria para que sus decisiones sean jurídicamente válidas.
V. La discrecionalidad administrativa frente a la automatización
Si bien en el Derecho Administrativo existe normativa legal y reglamentaria que señala el cómo debe actuar la administración en determinadas circunstancias, es imposible que en las normas se contengan las premisas y consecuencias de todo el devenir administrativo, es
por ello por lo que uno de los conceptos fundamentales con relación a la inteligencia artificial en la producción de actos administrativos es el de la discrecionalidad.
El ordenamiento jurídico al no poder anticipar todas las situaciones que la realidad plantea a la administración establece las denominadas “potestades discrecionales” como herramienta que permite crear márgenes dentro de los cuales la administración elige, con arreglo a criterios de oportunidad y razonabilidad, la solución más adecuada al caso concreto. La doctrina distingue dos tipos:
La discrecionalidad ordinaria, en términos generales es aquella en la que existe una regla, pero con cierto margen de discrecionalidad, por otro lado, la discrecionalidad extraordinaria es aquella que no tiene una regla para un caso en concreto. El profesor Juli Ponce Solé, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, señala que para el caso de potestades regladas, donde la norma determina con precisión la conducta debida, la IA podría utilizarse si se garantizan al administrado seis condiciones mínimas: coherencia entre la decisión y su motivación; comprensibilidad del funcionamiento del sistema; transparencia mediante el acceso al código fuente; ausencia de sesgos discriminatorios; proporcionalidad en el uso de datos personales; y mecanismos efectivos de impugnación.
Para los supuestos de discrecionalidad extraordinaria, Ponce Solé es aún más cauteloso: mientras la IA no sea capaz de empatía emocional, entendida como comprensión del contexto humano que rodea cada decisión, no debería emplearse para adoptar decisiones discrecionales de forma autónoma. En estos casos, la IA podría elaborar proyectos de
acto administrativo que, tras la revisión y aprobación de un funcionario, adquirirían validez. El control humano no es aquí una formalidad: es la garantía esencial de los derechos del administrado.
La motivación como exigencia ineludible El profesor Eduardo Gamero Casado sitúa la motivación en el centro del debate sobre los actos administrativos automatizados. La motivación no es un requisito formal: es la manifestación externa de la racionalidad de la decisión y el instrumento que permite al administrado defenderse frente a ella. Gamero define la motivación en los actos automatizados como “la explicación transparente, aunque pueda ser sucinta, del proceso lógico que conduce a la adopción del acto”. En la práctica, esto equivale a poner a disposición del interesado la programación del algoritmo, de modo que pueda verificar su adecuación a Derecho. El problema se agudiza con la IA: los sistemas de aprendizaje automático más avanzados son, en muchos casos, cajas negras. Sus decisiones emergen de procesos estadísticos de alta complejidad que el propio sistema no puede explicar en términos comprensibles para un ser humano. Un acto administrativo basado en una decisión que ni el sistema ni la administración pueden motivar sería, en consecuencia, un acto arbitrario; y la interdicción de la arbitrariedad es un principio cardinal del Estado de Derecho.
En caso de admitirse la posibilidad de generar actos administrativos con contenido discrecional mediante inteligencia artificial, resulta indispensable, en todo caso, que dicha discrecionalidad sea debidamente motivada dentro del propio acto, a fin de permitir verificar si su ejercicio incurre o no en arbitrariedad.
La motivación es, pues, una condición sine qua non para que los actos administrativos automatizados sean jurídicamente admisibles. Cualquier regulación futura deberá exigir que el sistema sea capaz de explicar, en términos comprensibles, los fundamentos de la decisión adoptada.
VII. Conclusiones
El análisis precedente permite formular las siguientes conclusiones de orden jurídico:
1.Vacío normativo en el Ecuador. El ordenamiento ecuatoriano no contiene disposición alguna que habilite la producción de actos administrativos automatizados con IA. El COA únicamente prevé actos emanados de personas físicas en soporte digital, por lo que cualquier implementación de IA en la actividad decisoria de la administración requeriría, como paso previo ineludible, una reforma legal expresa.
2.Programación tradicional: solo para potestades regladas. La automatización mediante programación tradicional es técnica y jurídicamente viable, pero únicamente en aquellos supuestos en que la norma determina con precisión la solución aplicable al caso, sin margen de apreciación. La norma habilitante debería circunscribir expresamente su uso a este ámbito.
3.Voluntad: necesidad de ficción jurídica. Para superar el obstáculo que representa la exigencia de voluntad como elemento de validez del acto administrativo, la norma debería establecer expresamente que, a todos los efectos jurídicos, la decisión producida es imputable al órgano administrativo que la ha desplegado y es responsable de su funcionamiento.
4.IA y discrecionalidad ordinaria: con garantías reforzadas. En los supuestos de potestad discrecional
ordinaria, la IA podría emplearse si se garantizan al administrado: transparencia algorítmica, ausencia de sesgos discriminatorios, acceso a la motivación y efectiva posibilidad de impugnar la decisión.
5.IA y discrecionalidad extraordinaria: control humano obligatorio. En los casos de discrecionalidad extraordinaria, la IA debería limitarse a elaborar proyectos de acto administrativo, que habrán de ser revisados y aprobados por un funcionario. Solo con ese control humano puede garantizarse la legitimidad de la decisión.
6.Motivación como condición de validez. Toda regulación que habilite actos administrativos producidos por IA deberá exigir que el sistema sea capaz de explicar los fundamentos de sus decisiones en términos comprensibles. La opacidad algorítmica es jurídicamente incompatible con el principio de motivación y con la interdicción de la arbitrariedad.
Referencias bibliográficas
Aprendeia.“Diferencia entre machine learning y la programación tradicional”, Aprendeia, 02 de enero de 2023, https://aprendeia. com/diferencia-entre-machine-learning-y-la-programacion-tradicional/ Domínguez, José. “Inteligencia Artificial, derecho administrativo y protección de datos personales. Entre la dignidad de la persona y la eficacia administrativa.” IUS ET SCIENTIA 7.1 (2021): 304-326. Gamero, Eduardo. “Necesidad de Motivación e invalidez de los actos administrativos sustentados en inteligencia artificial o en algoritmos”, Almacén D Derecho, 04 de febrero de 2021, https://almacendederecho. org/necesidad-de-motivacion-e-invalidez-de-losactos-administrativos-sustentados-en-inteligencia-
artificial-o-en-algoritmos Lacava, Federico. “Acto Administrativo Automático en el marco del Estado Constitucional de Derecho.” Revista Argentina de Derecho Administrativo (2019). https://riu.austral.edu.ar/ handle/123456789/1257. Rouhiainen, Lasse. “Inteligencia artificial.” Madrid: Alienta Editorial (2018). Solé, Juli. “Inteligencia artificial, Derecho administrativo y reserva de humanidad: algoritmos y procedimiento administrativo debido tecnológico.” Revista general de Derecho administrativo (2019).
1 Juan Francisco López Salas. Abogado por la Universidad San Francisco de Quito. Magíster en Contratación Pública y Especialista Superior en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar. Ejerce en las áreas de derecho administrativo y contratación pública.
2 Lacava, Federico, “Acto Administrativo Automático en el marco del Estado Constitucional de Derecho”, Revista Argentina de Derecho Administrativo (2019).
3 José Luis Domínguez Álvarez, “Inteligencia Artificial, derecho administrativo y protección de datos personales: entre la dignidad de la persona y la eficacia administrativa”, IUS ET SCIENTIA 7.1 (2021): 304-326
4 Aprendeia, “Diferencia entre machine learning y la programación tradicional”, Aprendeia, 02 de enero de 2023, https://aprendeia.com/diferenciaentre-machine-learning-y-la-programacion-tradicional/
5 Lasse Rouhiainen, “Inteligencia artificial” (Madrid: Alienta Editorial ,2018).
6Juli Ponce Solé, “Inteligencia artificial, Derecho administrativo y reserva de humanidad: algoritmos y procedimiento administrativo debido tecnológico”, Revista General de Derecho Administrativo 50 (2019).
7 Eduardo Gamero Casado, “Necesidad de Motivación e invalidez de los actos administrativos sustentados en inteligencia artificial o en algoritmos”, Almacén D Derecho, 04 de febrero de 2021, https://almacendederecho.org/ necesidad-de-motivacion-e-invalidezde-los-actos-administrativos-sustentados-en-inteligencia-artificial-o-enalgoritmos


Un equipo internacional de astrónomos ha logrado medir la masa de un enorme agujero negro situado en una galaxia muy lejana, que se originó cuando el universo comenzaba a formarse. Aunque este tipo de “colosos” se estudian porque devoran materia y emiten enormes cantidades de energía, este caso es diferente porque el agujero negro está “dormido”, es decir, no absorbe grandes cantidades de materia. EUROPA PRESS
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