Ecuador 22 Junio 2026

La mitad de las empresas viven en terapia intensiva

El país tiene casi cinco veces más empresas que al inicio de la dolarización. Pero el 50,2% se encuentran en una situación de fragilidad financiera. El problema de fondo: crear empresas por necesidad de ingresos en una economía con limitaciones para crear empleo formal. 5

POLÍTICA

Noboa no llega a Trump pese a buenas relaciones 3

SEGURIDAD

Sicariato pone a prueba a los aeropuertos 4

QUITO

Proponen ajustar tarifa para buses rurales 6

GLOBAL

De la Espriella, virtual presidente electo de Colombia 7

MANUEL CASTRO M. manuelcastromurillo@hotmail.com

Hipocresía e intolerancia

La izquierda y la derecha parecen no existir en la política latinoamericana Por una parte, la derecha sostiene algo vago, aunque obvio, como orden y seguridad. Tiene atisbos de progreso a cambio de capitalismo, respeto a la propiedad privada, Estado regulador no impositivo. Los resultados no son los mejores, pues por lo menos no habría naciones en las que se han impuesto ideas socialistas, marxistas, mediante sus inicios en la urnas o acciones revolucionarias aplaudidas como en la Cuba de Fidel en 1959 , con resultados lamentables e indiscutibles: atraso, restricción de las libertades, partidos únicos, autoritarismo. Las razones de los fracasos de los gobiernos socialistas del siglo XXI (chavismo, correísmo, peronismo, lulismo) es que sus capitostes no creen en la democracia . Así ha aumentado el número de sus electores gracias a que ha aumentado el número de pobres.

La izquierda radical es tremendamente hipócrita. Sus líderes fingen realidades, sentimientos o creencias que no tienen o no practican, para obtener algún beneficio, ya sea el poder o una parte de éste Frente a la esclerosis del socialismo del siglo XXI, de orígenes remotos: Robespierre cortando cabezas, el Lenin de la Plaza Roja, los guerrilleros de la Sierra Maestra, los sandinistas, Stalin purgando a millones de sus opositores, Chávez apoderándose de Bolívar, Maduro apoderándose de los restos de Chávez, Correa apoderándose de las cenizas de Alfaro. Ante estos hechos surge la decepción, aunque lenta, de los pueblos martirizados por sus supuestos salvadores. Por supuesto, debe haber tolerancia política, la aceptación y hasta el aprecio de la diversidad, pero surge una intolerancia justa cuando tales ideas diversas no permiten vivir en paz, convivir pacíficamente, aunque existan diferencias de ideas, creencias, religiones y cultura. Creo que ha llegado el fin de las leyendas revolucionarias y que llegarán gobiernos inteligentes que busquen la paz entre los pueblos y la armonía entre los hombres, que las naciones no elijan ser guiadas por gente ciega, como pensaba el gran poeta francés Víctor Hugo.

PACO MONCAYO GALLEGOS pmoncayog@gmail.com

Sí. Estamos en guerra

El presidente Daniel Noboa ha ratificado, mediante decreto ejecutivo, que Ecuador enfrenta un Conflicto Armado Internacional (CANI). Los considerandos del Decreto No. 424 expresan con claridad, inclusive con una necesaria

EDITORIAL

El puntaje del Fiscal

El concurso para elegir al nuevo Fiscal General del Estado avanza, pero los cuestionamientos a la transparencia siguen y cada vez son más difíciles de resolver. El Consejo de Participación Ciudadana no ha logrado eliminar dudas sobre las actuaciones de sus miembros y también de los integrantes de la Comisión de Selección, quienes deben calificar a los postulantes. Hasta el momento, el país no conoce de los puntajes oficiales de los candidatos, luego de los pedidos de recalificación. Pero sí hay denuncias de puntajes irregulares, así lo asegura la Comisión Ciudadana que vigila el concurso. Según ese organismo, que reúne a diversos actores de la sociedad civil, la Comisión de Selección otorgó más puntos al actual fiscal general encargado, Carlos Alarcón, de los que debía obtener.

En un informe de la Comisión de Selección del Cpccs, difundido el 8 de mayo de 2026, se reveló que, tras la calificación de la prueba de méritos, Alarcón obtuvo 46,5 sobre 50 puntos. Pero la Comisión Ciudadana asegura que recibió 6,5 puntos sin fundamento y su verdadera nota es de 40 puntos.

Alarcón es uno de los dos candidatos más opcionados a ocupar el puesto. Por eso, el Consejo de Participación debe pronunciarse inmediatamente sobre las dudas de la calificación del actual Fiscal.

Si él resulta elegido, su período nacerá desde la desconfianza ciudadana.

Por esto, el Consejo de Participación debe dejar de lado sus conveniencias políticas y de reelección para dar certezas sobre uno de los cargos de mayor relevancia en el sistema de Justicia ecuatoriano.

redundancia, las normas del Derecho Internacional Público que sustentan incuestionablemente tal situación:

1. Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra: “aquellos en los que participan fuerzas estatales confrontadas con uno o más grupos armados no estatales”. Se diferencian de los disturbios internos cuando la intensidad de la amenaza obliga al Gobierno a emplear a sus Fuerzas Armadas y la amenaza muestra “ cierto grado de organización”.

2. Comité Internacional de la Cruz Roja: “… las hostilida-

des pueden darse entre Fuerzas Armadas gubernamentales y grupos armados no estatales, o solo entre estos últimos

3. Tribunal Penal de la Antigua Yugoeslavia: El CANI se produce “cada vez que hay violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre esos grupos dentro de un Estado”.

Todo esto sucede en nuestro país. Se puede añadir a lo anterior la opinión del Comité de la Cruz Roja Internacional: Además de las amenazas tradicionales “…

FRANKLIN BARRIGA LÓPEZ f-barri@uio.satnet.net

1826: Hito histórico

Del 22 de junio al 15 de julio de 1826, convocado por Simón Bolívar, tuvo lugar en Panamá el Congreso Anfictiónico que sigue inspirando ideales de cohesión y triunfo.

Al valorar este evento de significación, se encuentra un manantial abundante para entender mejor el presente y el devenir de estas latitudes que se desenvuelven entre la belleza y opulencia de sus riquezas naturales y la paradoja de quienes buscan reencontrarse con su destino —tan esquivo, latente, retador— y que el genio de Simón Bolívar lo vislumbró sin ser oído y aplicado.

¿Cuáles serían los resultados, en América Latina y el Caribe, si se hubiera escuchado cabalmente al Libertador y practicado su ideario que, pese a que han transcurrido dos siglos en que fue concebido, sigue, en gran parte, como antorcha para la orientación de pueblos y naciones? La respuesta es obvia. Una muestra, icónica y eterna, de lo que acabo de aseverar, se halla en estas puntualizaciones que siempre deben ser recordadas y reiteradas, como objetivo inapagable: Simón Bolívar, en la Carta de Jamaica (6 de septiembre de 1815), expresó “yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria”.

Para subrayar su trascendencia, basta indicar que la proyección del Congreso Anfictiónico llevó a constituir, años después, la OEA y, también, la ONU. A Bolívar se le debe considerar como padre no únicamente del panamericanismo sino del multilateralismo que prevalece en las actuales relaciones internacionales, dentro de la diplomacia global. No hay mejor maestra que la Historia con sus luces y sombras, los claroscuros que estructuran la existencia, para que la ruta vital sea menos escabrosa. No solo en este Bicentenario, loor para dicho Congreso.

ahora coexiste y cobra importancia la capacidad desestabilizadora de agentes no estatales que bien se enfrentan entre ellos, o bien, ligados a veces a redes internacionales, se enfrentan al Gobierno de turno”. Entre estos: a) los conflictos de identidad o étnicos; b) Los conflictos desestructurados; y, c) Los conflictos asimétricos. El otro contenido del Decreto se refiere a un tema delicado: el estatus de las fuerzas extranjeras. Según el Decreto, se concede inmunidad a militares, funcionarios civiles y contratistas de

acuerdo con “ instrumentos y acuerdos internacionales suscritos por Ecuador para tal efecto”. Al respecto existe un principio de Consentimiento y Soberanía obligatorio en los denominados ‘Acuerdos de Estatus de las Fuerzas’, y son de imperativo cumplimiento las normas de los derechos humanos, el derecho humanitario y las Reglas de enfrentamiento. En resumen, el empleo de fuerzas extranjeras estará siempre regido por estrictas normas de comportamiento. La sociedad civil deberá mantenerse vigilante.

Ecuador y EE.UU.: ¿Noboa cambia el manejo de la diplomacia?

El presidente de Ecuador se ha reunido con diferentes autoridades de Estados Unidos a lo largo de su gestión, pero aún no ha logrado un encuentro con su homólogo, Donald Trump.

Desde noviembre de 2023 hasta junio de 2026, Daniel Noboa ejerce más de dos años como presidente de Ecuador y ha realizado varias visitas oficiales a Estados Unidos (EE.UU.)

Sin embargo, en todo ese tiempo no se ha generado una reunión de mandatarios entre Noboa y el presidente de EE.UU., Donald Trump, aunque ambos han coincidido en diferentes eventos

La reunión entre Noboa y Pete Hegseth Francisco Carrión, excanciller y exembajador de Ecuador en EE.UU., explica que en política exterior lo usual es que los encuentros para conversar o debatir se den entre autoridades del mismo nivel. Es decir, entre jefes de Estado, entre ministros, entre cancilleres. “No hay norma escrita, pero eso es lo usual y lo que debe hacerse”.

En su último viaje oficial, del 11 al 15 de junio, Noboa se reunió con Stephen Miller, jefe adjunto de Gabinete para Políticas y Asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., y con Pete Hegseth, secretario de Defensa del mismo país Esta última reunión fue en el Pentágono

“Eso es inusual, por decirlo de una manera gentil. El Presidente no debía entrevistarse con el secretario de Defensa de EE.UU. Para eso hay un ministro de Defensa del Ecuador ( Gian Carlo Loffredo ), que es el que debería entrevistarse con Hegseth. Yo, al menos, encuentro que eso es improcedente”, evalúa Carrión.

“Estoy seguro de que el Gobierno de EE.UU. pidió al presidente Noboa esa concesión porque, de lo contrario, parecería absurdo que Noboa tenga la reacción de dar inmunidad a los militares extranjeros Ese es un paso sumamente grave porque si un militar extranjero

DIPLOMACIA. Daniel Noboa, presidente de Ecuador, se reunió el 13 de mayo de 2026 con James David Vance, vicepresidente de EE.UU., en la Casa Blanca. (Foto: Presidencia de Ecuador).

comete un delito aquí, no estará sujeto a las leyes ecuatorianas y eso no puede ser”, cuestiona Carrión.

Advierte que no hay las mismas condiciones en la relación bilateral. “A pesar de la entrega total a la posición americana por parte del presidente Noboa, no ha existido la reciprocidad en cuanto a la posibilidad de que haya conversaciones bilaterales y se produzca una visita entre mandatarios , como sí se ha dado con otros presidentes”, apunta.

Carrión cuestiona que hay “una total desigualdad” en el trato que EE.UU. da a Ecuador. “Eso es estar persiguiendo al presidente Trump, cuántas veces ha ido Noboa a EE.UU. con la esperanza de reunirse con Trump y no lo ha podido hacer, eso afecta la imagen del Ecuador”, subraya.

Principio de igualdad Rafael Paredes, diplomático y exembajador de Ecuador en Colombia, también considera que la reunión de Noboa con Hegseth “no es normal”.

Explica que en las relaciones internacionales se parte del principio de igualdad entre Estados y estos son representados por sus mandatarios, por lo que el contacto debe ser entre quienes tienen los mismos atributos Sin embargo, apunta que una reunión presidencial por lo general representa la finalización de algo que se ha negociado para que quede avalado. “Noboa no es solo una persona que se representa a sí misma, re -

EL DATO

El presidente Noboa dijo el 18 de junio que el decreto 424, sobre el conflicto armado interno que incluye la inmunidad para personal militar de países cooperantes, es una medida que resultó tras meses de trabajo, especialmente durante su última reunión en el Pentágono.

el caso de Noboa es más llamativo, sobre todo porque Trump ya se ha reunido en la Casa Blanca con otros mandatarios de criterios ideológicos diferentes, por ejemplo, con los presidentes del Brasil y de Colombia.

Las reuniones que Trump ha mantenido con mandatarios de la región:

· Con Javier Milei, presidente de Argentina, en octubre de 2025.

· Con Gustavo Petro, de Colombia, en febrero de 2026

· Con Lula da Silva, de Brasil, en mayo de 2026.

Noboa opta por una diplomacia de acción Juan Rivadeneira , consultor político, ve la política exterior del Gobierno de Noboa desde otra perspectiva.

presenta al Estado, tiene que trasladar esa dignidad y esa respetabilidad hacia los demás Estados, en este caso, hacia EE.UU.”, refiere Paredes. Recuerda que hasta junio de 2026 solo hay una fotografía entre Noboa y Trump, que fue tomada en Mar-a-Lago , en 2025, que no fue una visita oficial. “Fue una gran oportunidad, aunque no oficial; se expuso la problemática de seguridad y la necesidad de apoyo”, dijo entonces Anabella Azín, asambleísta y madre de Noboa.

Paredes estima que la postura del Gobierno ecuatoriano sobre EE.UU. debe plasmarse en hechos: “Esta permanente exposición que se hace respecto de la política exterior del Ecuador, en la que se dice tener un privilegio en las relaciones con EE.UU., se tiene que ver reflejada con la acogida de su máximo representante que es Trump”. En otras palabras, Noboa debe ser recibido por Trump, no por otras autoridades. El exembajador dice que

“La teoría dice que debería haber reuniones diplomáticas entre pares, pero hoy estamos viviendo tiempos extraordinarios . Y el presidente Noboa tiene que avanzar en una agenda de seguridad, que es muy grave y compleja. A eso obedece que el Presidente haya decidido tomar una diplomacia de acción”, evalúa.

Observa que Noboa, desde el inicio de su mandato, se ha caracterizado por tener una visión menos tradicional y más táctica. “Él se reúne con quien necesita reunirse y lo que ha hecho estos días no es menor.”, agrega.

Se refiere al encuentro con Hegseth y al Decreto Ejecutivo 424: “Esa es una explicación de lo que está haciendo”. Además, respecto a la inmunidad, Rivadeneira destaca que en el mismo decreto se incluye que ese beneficio se concederá conforme a los instrumentos y acuerdos internacionales suscritos por Ecuador. “Ahí da un marco (…), ese es el revestimiento legal sobre el cual se está tomando esta medida”, menciona el consultor.

Para Rivadeneira, sí es importante sostener esa expectativa de una reunión de mandatarios. Pero hace una observación: “Aún sin haber tenido un espacio con el presidente Trump, Ecuador ha logrado avanzar en una agenda con EE.UU.”. (KSQ)

Violencia criminal rompió la seguridad de aeropuertos de Ecuador

El asesinato de un líder criminal a manos de dos menores de edad expone una reforma en la arquitectura de seguridad y una agenda social. Son necesarios protocolos de seguridad en todos los aeropuertos.

Los aeropuertos han sido considerados un lugar de máxima seguridad, donde se combina el control exhaustivo y la tecnología de punta. Esta imagen se rompió en Ecuador la noche del 17 de junio, cuando dos adolescentes asesinaron a un cabecilla criminal en la salida de los vuelos internacionales en el aeropuerto

José Joaquín de Olmedo , en Guayaquil

El ataque armado ha generado interrogantes sobre cómo las organizaciones criminales han llegado a estos espacios y plantea la necesidad de protocolos de prevención y combate al crimen organizado

El crimen organizado demuestra su fuerza

El coronel (sp) Mario Pazmiño, director para América Latina del Security College, indicó que lo ocu-

rrido en el aeropuerto de Guayaquil evidencia la fuerza de las organizaciones delictivas ante el Estado y sociedad. “Esto implica que el crimen organizado tiene la capacidad de mover elementos operativos, en este caso sicarios a cualquier infraestructura”.

Para Pazmiño, el sicariato en el aeropuerto de Guayaquil expone que hay “falencias estructurales de seguridad en ese mismo aeropuerto”.

Puntualizó que existen múltiples deficiencias. La primera es que se permite el ingreso de una persona que es parte de una organización delictiva y que se desplace por el país a través de vuelos nacionales e internacionales sin problema. El segundo elemento, es que se permite que personas armadas ingresen a las inmediaciones directas del aeropuerto y

desde ahí puedan ejecutar cualquier acción sin control. Y que si se tiene una empresa de seguridad el personal, no ofrece mayor contención. Agregó que Ecuador está en un conflicto armado interno, por lo que el país se enfrenta a organizaciones narcoterroristas , que son grupos paramilitares altamente capacitados con entrenamiento, con armamento especializado, con recursos económicos y con la suficiente cantidad de personal para hacer frente a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Protocolos de seguridad en aeropuertos

El director para América Latina del Security College manifestó que hay que partir de un diagnóstico situacional, para elaborar un estudio de seguridad de la instalación, analizar las zonas vulnera-

cional Mariscal Sucre, de Quito ; Quiport informó que la seguridad de la aviación está en manos de la Empresa Pública Metropolitana de Seguridad Aeroportuaria (EPMSA), que es la encargada de aplicar los controles para evitar actos que atenten contra las operaciones aéreas , pasajeros y aeronaves. Y la seguridad en áreas públicas y exteriores de la terminal están bajo control de la Policía Nacional, con quienes tienen contacto permanente.

bles y zonas críticas para mejorar los sistemas de seguridad.

Dijo que hay que establecer un análisis de riesgo del aeropuerto, procedimientos de reacción ante diferentes eventualidades, contar con planes de contingencia y sobre todo cambiar la arquitectura de seguridad. “Tiene que ser una con controles en una distancia de un kilómetro antes del aeropuerto como medida de disuasión. Una vez que ingresen al parqueadero, los vehículos deben chequearse por cámaras y sus placas para ver si no son carros robados, si no tienen denuncias, si no tienen cualquier tipo de novedad”.

Pazmiño también indicó que las personas que vayan a ingresar a los aeropuertos deben identificarse con un sistema facial para poder contactar rápidamente con la Policía Nacional si esa persona tiene algún tipo de antecedente. Además, son necesarias patrullas móviles con canes para observar a sospechosos, y que solo se debe permitir el ingreso a quien tenga un boleto aéreo que haya sido revisado en un arco de seguridad. En el interior debe haber cámaras de seguridad para monitorear la actividad de las personas y patrullas militares y policiales armadas internamente.

Seguridad en el aeropuerto de Quito En el aeropuerto interna-

La criminalidad es parte del día a día La criminóloga Daniela Valarezo destacó que la criminalidad es parte del convivir ciudadano, “lo que es gravísimo”. “Se refleja claramente que la estructura criminal es sumamente fuerte, capaz de operar en lugares altamente sensibles. Ya no es un problema aislado, sino es una estructura criminal que genera miedo en el país”. Valarezo señaló que tiene que evolucionar la estrategia de seguridad que se aplica en el aeropuerto y en Guayaquil . Además, cuestionó que hay un método reactivo contra el crimen y que es necesario pensar en una estrategia contra el crimen organizado.

Adolescentes cometieron el sicariato Francisco Cevallos, integrante del Observatorio de Niñez, Adolescencia y Juventud, indicó que la violencia delincuencial ha afectado principalmente a niños y adolescentes. Agregó que hay un crecimiento en las aprehensiones y detenciones en ese grupo etario, en los últimos meses, y que los homicidios en menores de 18 años también han aumentado.

Cevallos señaló que el sicariato ocurrido en el aeropuerto de Guayaquil por los dos adolescentes, evidencia que se usa a los menores para cometer delitos o crímenes que los grupos de delincuencia organizada necesitan cumplir. Por lo que agregó que es necesario que junto con una agenda de seguridad hay que construir una agenda social. (PSR)

INSEGURIDAD. Ataque armado registrado en el aeropuerto de Guayaquil. (Foto: API)

Una de cada dos empresas tiene problemas para sostenerse

Aunque el número de compañías se multiplicó por cinco desde la dolarización, la mitad mantiene vulnerabilidades que pueden acompañarlas durante años antes de desaparecer.

Durante los últimos 26 años, Ecuador vivió una aparente historia de éxito empresarial. El número de empresas registradas en la Superintendencia de Compañías pasó de 30.399 en el año 2000 a 149.306 en 2025. Es decir, el país tiene hoy casi cinco veces más empresas que al inicio de la dolarización

Sin embargo, detrás de esa expansión se esconde una paradoja poco visible. Mientras el tejido empresarial se multiplicó, su fortaleza financiera se debilitó.

Esa es una de las principales conclusiones del estudio ‘Cuando la fragilidad es la norma: evidencia de 26 años de datos empresariales en una economía emergente dolarizada’, elaborado por Fernando Negrete, empresario y doctor en Economía, que analiza la evolución financiera de las empresas ecuatorianas entre 2000 y 2025 utilizando información oficial de la Superintendencia de Compañías.

El hallazgo central es contundente: el 50,2% de las empresas ecuatorianas se encuentran en una situación de fragilidad financiera.

Traducido a la vida real, significa que una de cada dos empresas tiene dificultades para sostener una posición financiera sólida, generar colchones suficientes para enfrentar crisis o absorber períodos prolongados de menor actividad económica.

Durante los últimos 26 años, la fragilidad empresarial nunca logró salir de una banda que osciló entre 40,5% y 53%. Ni siquiera durante los años de mayor bonanza petrolera (2007 a 2014), cuando el país disfrutó de elevados ingresos fiscales y un fuerte crecimiento económico, la vulnerabilidad empresarial

desapareció.

La conclusión rompe una idea ampliamente instalada. Tener más empresas no necesariamente significa tener empresas más fuertes.

Emprendimiento por necesidad pasa factura

Entre 2000 y 2025 el número de empresas registradas aumentó 391%. Sin embargo, la salud financiera promedio del sector empresarial siguió el camino contrario.

Negrete encontró que mientras el número de compañías crecía, los indicadores de fortaleza financiera mostraban una tendencia de deterioro.

Una posible explicación aparece en la propia transformación del mercado laboral ecuatoriano.

Parte importante de las nuevas empresas están asociadas al emprendimiento por necesidad, es decir, negocios creados porque sus propietarios no encontraron mejores alternativas laborales.

En otras palabras, el crecimiento empresarial habría estado impulsado no solo por oportunidades de negocio , sino también por la necesidad de generar ingresos en una economía con limitaciones para crear empleo formal suficiente.

“El crecimiento del número de empresas puede ser

una buena noticia, pero no necesariamente refleja un fortalecimiento de la economía. Si miles de negocios nacen por necesidad y no por oportunidades, lo que se expande es la capacidad de autoempleo , no la productividad. En esos casos, la fragilidad empresarial se vuelve una consecuencia predecible”, explica el economista Juan Carlos Rojas.

Tres sectores concentran mayor fragilidad

La vulnerabilidad tampoco golpea por igual a toda la economía. Algunos sectores muestran niveles de fragilidad particularmente elevados.

La minería lidera el ranking con 68,1% de empresas vulnerables. Le siguen las actividades inmobiliarias con 64,4%, electricidad y gas con 59,3%, construcción con 57,9% y agricultura con 53,7%.

En todos estos casos, más de la mitad de las empresas enfrenta problemas financieros significativos.

En contraste, los sectores con mejores indicadores son transporte, salud y educación, aunque incluso allí la fragilidad sigue afectando a una parte importante de las compañías.

La diferencia entre el sector más vulnerable y el más sólido alcanza casi 30 puntos porcentuales.

cuando finalmente ocurren. Las señales existían desde mucho antes, pero estaban normalizadas dentro de un entorno donde la fragilidad es muy frecuente.

Más crédito no basta Cuando se habla de dificultades empresariales en Ecuador, suele señalarse inmediatamente a la caída del petróleo, la desaceleración económica o la inflación. Sin embargo, Negrete plantea una conclusión mucho más incómoda. Aunque estos factores influyen, explican apenas una pequeña parte del fenómeno.

Incluso en los períodos de mayor crecimiento económico, la fragilidad empresarial permaneció elevada. Negrete estima que existe una fragilidad estructural cercana al 47% que opera independientemente de los ciclos económicos.

Por eso, Negrete concluye que no todas las actividades económicas deberían ser evaluadas bajo los mismos parámetros financieros.

Una empresa inmobiliaria, por ejemplo, enfrenta riesgos muy distintos a los de una empresa de transporte o de servicios de salud.

Larga agonía empresarial Uno de los hallazgos del estudio es que la mayoría de las empresas no colapsa repentinamente. Su deterioro suele ser lento y prolongado.

Al analizar compañías que terminaron siendo disueltas, Negrete encontró señales de fragilidad financiera hasta cinco años antes de su desaparición.

Las empresas que cerraron ya presentaban indicadores considerablemente peores que las compañías activas varios años antes del final.

Lo más llamativo es que esa diferencia se mantiene prácticamente constante en el tiempo.

La evidencia sugiere que muchas empresas pasan años sobreviviendo en condiciones financieras precarias antes de abandonar definitivamente el mercado.

Más que una muerte súbita, se trata de una larga agonía empresarial.

Este hallazgo también ayuda a entender por qué las quiebras suelen sorprender

En otras palabras, aun si desaparecieran temporalmente los problemas coyunturales, una gran parte de la vulnerabilidad seguiría presente. Por eso, Negrete sostiene que el problema no puede resolverse únicamente con más crédito, mayores estímulos fiscales o medidas temporales de apoyo. La raíz del fenómeno parece encontrarse en factores relacionados con la estructura productiva y el funcionamiento de la economía Es decir, una reducción duradera de la fragilidad financiera de las empresas requeriría una transformación de la estructura económica ecuatoriana mediante una mayor diversificación productiva y exportadora

La estructura de la economía ecuatoriana, que está concentrada en pocos sectores y productos con baja productividad y complejidad, hacen que las épocas de crecimiento no sean suficientes y que los efectos de un ‘shock’ tarden alrededor de 2,6 años en reducirse a la mitad y pueden seguir afectando al tejido empresarial durante mucho más tiempo.

Negrete concluye, por ejemplo, que el tejido empresarial ecuatoriano todavía no se recupera del todo de los daños provocados por la pandemia (JS)

CRISIS. El tejido empresarial del Ecuador tiene problemas económicos estructurales.

¿Qué pasará con los pasajes rurales si la tarifa urbana sube?

El debate sobre el aumento del pasaje en Quito abrió una nueva interrogante: cómo impactará la medida en las rutas rurales, cuyos usuarios ya pagan tarifas diferenciadas según la distancia recorrida. Concejales pidieron establecer límites.

Mientras la discusión sobre el aumento de la tarifa del transporte público en Quito se ha centrado en el posible incremento de 35 a 40 centavos para el servicio urbano, en la Comisión de Movilidad del Concejo Metropolitano surgió otra preocupación: el efecto que tendría esta medida en los usuarios de las parroquias rurales.

Durante la sesión realizada el 18 de junio de 2026, concejales y funcionarios analizaron cómo se aplicaría el nuevo esquema tarifario en rutas que conectan a Quito con sectores como Cumbayá, Tumbaco, El Quinche, Yaruquí o San José de Minas, donde los usuarios ya pagan valores superiores a la tarifa urbana debido a las mayores distancias recorridas.

Cómo se calculará la tarifa en la ruralidad

El secretario de movilidad, Alex Pérez, explicó que la propuesta no modifica la metodología establecida en la ordenanza metropolitana 0172020 para el transporte rural.

“Hemos respetado la metodología que igual se definió en la ordenanza 017 del 2020, que habla de una tarifa base más un porcentaje de costo por el kilometraje recorrido. Nosotros hemos mantenido esa metodología. Lo único que se actualiza es la base, ese valor base que antes era de 35 centavos, se propone que sea de 40 centavos”, señaló.

Con esto, la estructura tarifaria rural continuaría vigente, pero partiría de una nueva base de cálculo. Por ello, varios concejales solicitaron conocer cómo quedarían las tarifas finales en cada corredor antes de aprobar la reforma.

Las observaciones del Concejo La concejala Cristina López recordó que las condiciones de movilidad son diferentes

en cada parroquia rural y pidió que la normativa establezca reglas claras para evitar nuevas inconformidades.

“No es lo mismo a Cumbayá, no es lo mismo al Quinche y no es lo mismo a San José de Minas. Es importante precisar esto porque la vez anterior sí hubo manifestaciones e inconformidades de la ruralidad”, manifestó.

Uno de los principales temas de preocupación fue la posibilidad de que los incrementos afecten de forma desproporcionada a los usuarios que viven más lejos del casco urbano. Por ello, varios integrantes de la comisión insistieron en la necesidad de establecer un techo tarifario.

¿Cómo funciona la tarifa rural? La ordenanza establece que el transporte rural y combinado opera bajo una tarifa variable según la distancia recorrida. El sistema utiliza una tarifa base y aplica incrementos por tramos de recorrido.

Actualmente, la tarifa base es de 35 centavos. Con la reforma planteada por el Municipio, ese valor pasaría a 40 centavos, mientras que el resto de la metodología se mantendría vigente.

Los anexos de la ordenanza de 2020 muestran que las tarifas pueden variar significativamente dependiendo de la ruta. Por ejemplo, existen recorridos que parten de la

tarifa mínima de 35 centavos y otros que superan el dólar cuando cubren trayectos más extensos.

Tarifa técnica vs. tarifa política Mientras el Municipio sostiene que la metodología vigente se mantendrá, representantes del sector transportista aseguran que aún falta definir la tarifa técnica real para las rutas rurales.

Según explicó una fuente de los transportistas interparroquiales a LA HORA, en 2021 se desarrolló un modelo que calcula el costo de operación mediante un factor por kilómetro recorrido. “Se generó un factor que determina que por cada kilómetro hay que multiplicar por el factor que salió del cálculo del modelo por kilómetro”, explicó.

De acuerdo con la fuente, cuando se aprobó la ordenanza vigente, los valores obtenidos mediante la fórmula técnica fueron reducidos durante el debate político para evitar incrementos significativos a los usuarios.

“Los concejales de entonces bajaron esas tarifas casi en siete u ocho centavos en cada tramo para no perjudicar a la gente, pero obviamente el operador de transporte que no tiene la tarifa que corresponde no puede mejorar el servicio”, afirmó.

El especialista sostiene

el sector transportista consiste en mantener una tarifa social para los usuarios y que el Municipio cubra la diferencia mediante un esquema de pago por kilómetro recorrido. “No hay otra alternativa”. Según su planteamiento, este mecanismo permitiría evitar incrementos mayores para los pasajeros y, al mismo tiempo, garantizar recursos para la renovación de unidades, contratación de personal y mejoras operativas.

La discusión ocurre en paralelo al análisis de la compensación económica que el Municipio entregaría a los operadores de transporte como parte del nuevo esquema tarifario de $23 millones. Una compensación para los rurales podría ser un valor adicional.

que, al actualizar los costos de operación actuales, la diferencia entre la tarifa vigente y la tarifa técnica podría aumentar entre 10 y 12 centavos por tramo en promedio. Por ello considera que el debate no debería centrarse únicamente en aumentar cinco centavos la tarifa base, sino en establecer mecanismos que permitan cubrir la diferencia entre la tarifa social y el costo real del servicio.

¿Quién debe asumir la diferencia?

La propuesta impulsada por

Sin embargo, el especialista sostiene que una compensación temporal no resolvería el problema estructural del sistema y que será necesario discutir mecanismos permanentes de financiamiento para el transporte urbano y rural. La Secretaría de Movilidad aún debe presentar las tablas actualizadas con los valores por ruta y los cálculos definitivos para las parroquias rurales. Estos documentos serán analizados en las próximas mesas técnicas antes de que el Concejo Metropolitano adopte una decisión final sobre la reforma tarifaria. (EC)

CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DEDICADO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE PROFESIONAL “F.C. REAL PUERTO QUITO”

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL DE EXTRAORDINARIA DEL CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DEDICADO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE PROFESIONAL “REAL PUERTO QUITO”

D.M. de Quito, 22 de junio de 2026

Se convoca a todos los socios del CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DEDICADO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE PROFESIONAL “REAL PUERTO QUITO” a la Asamblea General Extraordinaria, que se llevará a cabo el MIÉRCOLES 8 de JULIO de 2026 a las 19:00 horas en la sede del club, ubicada las calles Unidad Nacional y 12 de Octubre en el cantón Puerto Quito, provincia de Pichincha, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Asamblea;

2. Conocimiento de las renuncias de los miembros del directorio

3. Elección de los nuevos miembros del directorio; y, 4. Clausura de la Asamblea General de Elecciones.

Atentamente,

Fredy Ruiz Ocampo Presidente F.C. Real Puerto Quito Hernan Recalde Alarcón Secretario F.C. Real Puerto Quito

PASAJES. La posible alza de la tarifa base del transporte público abrió un debate sobre cuánto deberían pagar los usuarios de las parroquias rurales. (Foto: API)

Colombia: De la Espriella gana en el preconteo y Cepeda reclama

El candidato de Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, gana el preconteo en las elecciones presidenciales de Colombia. El actual presidente Gustavo Petro y su candidato Iván Cepeda reclaman y anuncian impugnaciones

El candidato de Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella obtuvo un 49,77% y se situó por delante de su rival de izquierda, Iván Cepeda (48,59%), en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este 21 de junio de 2026 en Colombia, según datos oficiales publicados por la Registraduría Nacional colombiana correspondientes al escrutinio del

98,22% de las mesas.

En concreto, De la Espriella y su compañero de fórmula, José Manuel Restrepo, obtuvieron (hasta el cierre de esta edición) 12’766.679 votos, mientras que Cepeda y Aida Quilcue lograron 12’464.042 apoyos una vez revisadas 119.858 de las 122.020 mesas habilitadas.

De confirmarse los datos del preconteo, De la Esprie-

lla lograría la Presidencia de Colombia y derrotaría al candidato oficialista, Cepeda, que ha contado con el respaldo del presidente saliente, Gustavo Petro.

De la Espriella, quien ya fue el candidato más votado en la primera vuelta electoral, agradeció a Colombia. “Casi 13 millones de colombianos depositaron su confianza en José Manuel Restrepo, en

el Tigre y en este gran sueño llamado Patria Milagro. Este respaldo histórico nos llena de gratitud, pero también de una enorme responsabilidad. Hoy comienza una nueva etapa”, posteo en su cuenta de X.

Entre las primeras reacciones en Colombia destacan las de José Manuel Restrepo (vicepresidente electo), quien celebró el triunfo del preconteo como inicio de la

Los candidatos de Defensores

“Patria Milagro”. Los expresidentes Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos e Iván Duque hablaron de “retomar el camino de la institucionalidad”, “unir al país y rodear las instituciones” y destacar las elecciones “libres y transparentes”.

Cepeda impugnará 33.000 mesas

Al final de la jornada Cepeda reconoció el “primer resultado” del preconteo, como un dato “no oficial ni vinculante”, al tiempo que anunció que su “grupo de testigos” impugnará 33.000 mesas repartidas por el territorio nacional.

“El preconteo que se ha realizado en la noche de hoy (21 de junio) lo reconocemos como un dato que es aún no oficial ni vinculante”, manifestó en rueda de prensa ante sus adeptos, agregando que si bien reconoce “su primer resultado”, no reconocerá el “resultado oficial del escrutinio” hasta que “se produzca el resultado final” del mismo y se hayan realizado las “verificaciones correspondientes”.

Petro, por su parte, reclamó que “no se puede proclamar ningún presidente. Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces. Tranquilidad entre la ciudadanía por favor”. (EUROPA PRESS)

La diferencia con la que Abelardo de la Espriella se impone en el preconteo es de 247.616 votos. EL DATO

CEO de la firma de inversiones Infinity9

POLÍTICA.

de la Patria, Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. Captura de Pantalla

CON Gabriela Vivanco

Ahmad Ashraffi EL SECRETO DE LAS FAMILIAS EXITOSAS

Trump amenaza con quedarse un 20% del crudo que pase por Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con convertirse en el “ángel de la guarda” del estrecho de Ormuz y cobrar peaje, como lo hizo Irán durante el conflicto, para quedarse con un 20% del petróleo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avisado en términos enérgicos a los negociadores iraníes en Suiza que no tendrá ningún problema en aniquilar su país si las conversaciones no fructifican o Teherán decide mantener el cierre sobre el estrecho de Ormuz que declaró ayer en represalia por la ofensiva israelí en Líbano.

“ Les dije que como cerraran el estrecho se quedarán sin país. Ni siquiera podrán regresar a su puto país”, ha asegurado el presidente estadounidense a la cadena Fox News en un momento crucial como es el comienzo de la cumbre diplomática de Bürgenstock.

Es más, Trump ha vuelto a insistir en su amenaza de que Estados Unidos podría tomar perfectamente por la fuerza el estrecho de Ormuz e incluso actuar como “recaudador de peajes ”, como ha hecho Irán

durante el conflicto.

El presidente ha asegurado que podría convertirse incluso en el “ángel de la guarda del estrecho y quedarse con el 20% del petróleo”.

“Podriamos tomar el control del estrecho si es necesario. Podría arrasar el país si quisiera. Y si no llegan a un acuerdo, nosotros cobraremos los peajes”, ha avisado. Trump, por último, ha echado la culpa a Irán del nuevo repunte de la violencia en Líbano, un factor que podría hacer descarrilar las negociaciones. El presidente de EE.UU. se ha apartado de sus críticas a Israel de los últimos días y señalado directamente a Teherán y su relación estratégica con las milciias chiíes de Hezbolá.

“Irán debe detener inmediatamente a sus bien pagados representantes en Líbano para que dejen de causar problemas. Si no lo hacen, golpearemos a Irán muy fuerte otra vez, tal como lo

hicimos la semana pasada, pero con más fuerza”, ha avisado el presidente estadounidense.

EE.UU. aboga por “transformar las relaciones” con Irán Lo dicho por Trump ocurrió en momentos en que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, inauguró junto al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, la cumbre diplomática con Irán en la ciudad suiza de Bürgenstock en su primer encuentro tras la firma del memorándum de entendimiento concebido como primer paso para poner fin a la guerra; un encuentro en el que Vance espera “pasar página” y evitar la opción, nunca descartada, de volver “a los viejos métodos” del conflicto.

En una comparecencia ante las cámaras y frente la mesa de negociación, Vance ha transmitido que Trump espera que la reunión sirva

para “transformar la relación entre Estados Unidos y el pueblo de Irán y tender la mano al pueblo iraní”.

A sus líderes, Vance ha preguntado “si están dis -

puestos a dejar de ser impulsores de la inestabilidad regional y si están dispuestos a renunciar a sus ambiciones de armas nucleares a largo plazo”, los dos grandes objetivos de la reunión. Los dos principales negociadores iraníes, el presidente del Parlamento, Mohamed Baquer Qalifab, y el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi , no han comparecido ante las cámaras y en su lugar se han quedado en una esquina de la sala de negociaciones, sin hacer declaraciones. (EUROPA PRESS)

Juicio No. 15951-2026-00310

UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN TENA. Tena, viernes 12 de junio del 2026, a las 11h33.

R. DEL E.

UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTON TENA-PROVINCIA DE NAPO NAPO-TENA

EXTRACTO JUDICIAL

ACTOR: SILVA ALDAZ JORGE HECTOR, PROCURADOR COMUN DE SHEYLA INES Y MAILY JANIRA SILVA MORA

DEMANDADO: HEREDEROS PRESUNTOS Y DESCONOCIDOS DE QUIEN EN VIDA FUE  MORA MARIÑO LEONOR PIEDAD

JUEZ: DR. GERMAN RICARDO CASANOVA BORJA

SECRETARIA: ABG. CARMEN LEONOR ORTIZ GUEVARA

JUICIO: 15951-2026-00310

CAUSA: AUTORIZACION DE VENTA DE BIENES DE NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES Y DE PERSONAS SUJETAS A GUARDA

TRAMITE: VOLUNTARIO

CUANTIA: INDETERMINADA

SE HACE SABER. - Que en la UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTON TENA-PROVINCIA DE NAPO, el señor SILVA ALDAZ JORGE HECTOR, PROCURADOR COMUN DE SHEYLA INES Y MAILY JANIRA SILVA MORA,  en calidad de ACTOR., Presentó una DEMANDA DE AUTORIZACION DE VENTA DE BIENES DE NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES Y DE PERSONAS SUJETAS A GUARDA, cuyo extracto es como sigue:

Tena, Miércoles 10 de junio del 2026, las 11h36  “…  En lo principal, conozco de la presente causa de Autorización de Venta de Bienes de Niñas, Niños, Adolescentes y de personas sujetas a guarda, en mi calidad de Juez de esta Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el cantón Tena, en base al sorteo de ley, en tal virtud dispongo: I) La demanda presentada es clara, precisa y cumple con los requisitos legales previstos en los artículos 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), por lo que se califica y admite a trámite mediante procedimiento voluntario, conforme lo establece el inciso final del Art. 334 del mismo cuerpo legal invocado. Agréguese la documentación adjunta a la demanda, la cual se considerará en su momento procesal. II) CITACIÓN a HEREDEROS. A los herederos presuntos y desconocidos de quien en vida fue: MORA MARIÑO LEONOR PIEDAD se los citará conforme el Art. 58 del Código Orgánico General de Procesos, a través de 3 publicaciones en el Diario “La Hora” con amplia circulación, que se edita en la ciudad de Quito, esto en armonía con el numeral 1 del artículo 56 del COGEP, para cuyo efecto la señorita secretaria de esta judicatura elaborará los extractos correspondientes, hecho lo cual y a partir de la fecha de la última publicación se procederá conforme indica la ley, respecto de la contestación a la demanda.  III)  El peticionario  SILVA ALDAS JORGE HECTOR, en su calidad de representante legal de los adolescentes: ASHLEY ALEXA y JOEL ALEXANDER SILVA MORA  deberá comparecer en el día y hora de la Audiencia Única. En aplicación a los artículos 190 y 191 del Código Orgánico General de Procesos, en concordancia con el artículo 168 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, hágase saber del desarrollo de la diligencia de audiencia a las señoritas:  SHEYLA INES y MAILY JANIRA SILVA MORA; sus declaraciones, se las receptará en el día de la Audiencia Única. En dicha audiencia se escuchará a los concurrentes y se practicará las pruebas que sean pertinentes. Téngase en cuenta la cuantía y el señalamiento de casillero judicial, el correo electrónico señalado, como la autorización que concede el peticionario a sus abogados defensores: Gonzalo Castro y Omar Almeida Salazar. Téngase en cuenta la documentación adjunta a la demanda.

Notifiquese. (…) CUMPLASE Y NOTIFÍQUESE.”.   Fdo) DR. CASANOVA BORJA GERMAN RICARDO-JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.    LO CERTIFICO.

Abg. Carmen Leonor Ortiz Guevara SECRETARIA DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTON TENA

ORTIZ GUEVARA CARMEN LEONOR SECRETARIA

CONFLICTO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Casa Blanca

Así funciona la recolección de envases agroquímicos en Carchi

Por nueve años consecutivos, el cantón Bolívar ha impulsado la política municipal de gestión de recipientes vacíos de productos agroquímicos como fertilizantes o enraizadores que usan los agricultores. Cada año se recolectan dos toneladas de envases.

El verde intenso de los cultivos predomina en Bolívar, uno de los cantones más agrícolas de Carchi. El 80% de su economía se concentra en labrar el campo, lo que también implica el uso de productos agroquímicos como enraizadores, fertilizantes, fungicidas, herbicidas y más.

Desde 2017, el Municipio de Bolívar lleva adelante un proyecto de recolección y procesamiento de los envases de esos productos agroquímicos que utilizan los agricultores en sus terrenos.

Jennifer Gubio , analista de desechos sólidos de la Unidad de Ambiente del Municipio de Bolívar, trabaja en esta iniciativa desde sus inicios. Señala que el proyecto surgió debido a una observación realizada por el Ministerio del Ambiente sobre la gestión de la basura en el cantón.

La iniciativa también se concretó porque había “personas que acudían a los centros de salud con intoxicación o problemas gastrointestinales”, por reutilizar los recipientes de agroquímicos para guardar sus bebidas. Aunque no hay registros de estos casos, las autoridades ambientales identificaron la reutilización de envases como un riesgo para la salud.

Del triple lavado a la disposición final

En Bolívar, al menos 5.600 agricultores , entre hombres y mujeres, han recibido charlas por parte del municipio para aprender a manipular estos envases.

En esas jornadas de educación ambiental aprenden sobre el triple lavado. Tras utilizar completamente el producto agroquímico, el envase se llena hasta sus tres cuartas partes con agua

y se agita fuertemente. Esa agua se deposita en el contenedor o bomba de fumigación. El proceso se repite tres veces.

Luego, el envase se perfora para dejarlo inutilizable y se almacena en costales o bolsas plásticas.

Al finalizar la jornada de trabajo, los agricultores llevan las bolsas a los puntos de acopio primario o casetas, como se conoce comúnmente a los lugares donde se almacenan estos envases. En fechas y horarios determinados, personal municipal recorre las 71 casetas ubicadas en puntos estratégicos del cantón para recolectar los envases, clasificarlos y entregarlos a un gestor ambiental autorizado que se encarga de su eliminación.

Marcelo Castro es uno de los agricultores bolivarenses. Dice que para él ya se ha vuelto una costumbre lavar las botellas de los fungicidas y dejarlas en los puntos de acopio. “Hay una caseta aquí”, dice mientras señala con la mano una de esas es-

tructuras ubicada al costado de un sendero cercano a su terreno de dos hectáreas, en la comunidad de Chután. Gubio cuenta que desde 2017 se han renovado convenios con Innovagro, gestor ambiental autorizado por el Ministerio del Ambiente para el manejo de estos desechos. En promedio, el cantón recupera dos toneladas de envases por año

En el caso de Bolívar, los envases vacíos de agroquímicos se convierten en materia prima para generar energía en las cementeras.

Educación ambiental cambia hábitos

Antes de implementar el proyecto, los agricultores botaban botellas, frascos y bolsas de agroquímicos junto con la basura común que se genera en los hogares. Otros incluso los reutilizaban.

“Los usaban para llevar al campo bebidas como jugos o limonadas”, dice Gubio. Estas prácticas ocurrían por desconocimiento.

La Municipalidad, con el

blecido convenios y alianzas con organizaciones internacionales y con la Prefectura del Carchi.

La provincia amplía la red de casetas de acopio Carchi es un territorio conocido por la producción de papa. Sin embargo, la provincia también produce aguacate, fréjol, arveja, zanahoria, frutilla, naranjilla y granadilla. En la parte tropical de El Chical y Maldonado se cultivan cacao y café, entre otros alimentos. Por lo que, la generación de envases de agroquímicos también es considerable.

En 2024, la Prefectura del Carchi se unió a este plan de gestión de desechos del agro.

Actualmente, la institución cuenta con 32 casetas ubicadas en parroquias rurales de Espejo, Montúfar, Huaca y Bolívar, según informó la institución.

apoyo de las juntas de riego, reúne a los agricultores para explicarles por qué es importante separar los envases de agroquímicos de los desechos comunes. Allí también les enseñan la técnica del triple lavado y la perforación, para luego depositarlos en las casetas.

Pero aún hay resistencia. Algunos agricultores dejan también tarrinas, vasos o botellas plásticas que no deben ir allí, por lo que el personal municipal debe realizar una segunda clasificación, explica la analista.

“Todavía es complicado llegar a sensibilizar, a cambiar la mentalidad del agricultor”, señala Jennifer Gubio. Sin embargo, asegura que se han dado pasos gigantescos.

Con esta política municipal también se evita que los envases sean enterrados en los terrenos de cultivo, quemados o abandonados en canales y quebradas.

El Municipio no realiza este proyecto de forma aislada o independiente. Ha esta-

En los últimos seis meses, solo en la parroquia San Isidro, del cantón Espejo, se ha recolectado una tonelada y media de envases. Manuel Rosero, titular de la Dirección de Ambiente de la Prefectura, señala que trabajan en la firma de convenios con las parroquias Julio Andrade, Maldonado, Santa Martha de Cuba y El Carmelo, en Tulcán, así como con La Libertad, en Mira.

“Ha habido momentos en que se han saturado las casetas de almacenamiento”, cuenta Rosero. Añade que en un año se han recolectado 8,5 toneladas de envases en los cuatro cantones donde apoyan el proyecto. Poco a poco esperan ampliar este programa en los seis cantones de la provincia.

Marcelo Castro hace una pausa en la fumigación de su sembrío de fréjol y comenta que le parece bien que haya lugares donde dejar los envases, porque sabe que se trata de desechos peligrosos. Por esa razón, cuando manipula estos productos también protege su boca y sus manos.

En una provincia donde el campo sostiene la economía, la gestión de estos residuos se ha convertido también en una forma de cuidar la salud y la tierra de la que viven miles de familias. (MC)

MEDIOAMBIENTE. Bolívar tiene 71 casetas para recolección de los envases vacíos de agroquímicos.

LA EUTANASIA EN EL ECUADOR

CONSULTA CIVIL

¿En qué consiste la figura de trabajador sustituto?

RESPUESTA

Autores: Mgs. Samantha Campuzano

Terán Mgs. Eduardo Alejandro Herdoíza Arroyo, Mgs. Pedro Lucas Guadalupe Oñate, Abg. César Gualberto

Guadalupe Oñate y María Valentina

Almeida Puyol

Introducción

La regulación de la eutanasia activa avoluntaria constituye uno de los debates jurídicos, éticos y médicos más complejos del constitucionalismo contemporáneo, debido a que involucra la tensión entre derechos fundamentales de igual jerarquía, como la vida, la

dignidad humana y la autonomía personal. En el Ecuador, esta discusión adquirió especial relevancia a partir de la sentencia 67-23IN/24 de la Corte Constitucional, mediante la cual se reconoció que la protección estatal de la vida no puede interpretarse de manera absoluta ni desvinculada de las condiciones de dignidad en las que esta se desarrolla. Este precedente introdujo una nueva lectura constitucional que obliga a replantear los límites de la intervención estatal frente

a personas que padecen enfermedades irreversibles, sufrimiento extremo o condiciones clínicas incompatibles con una existencia digna.

La problemática se torna aún más compleja cuando el paciente carece de la capacidad para expresar su voluntad de forma actual y directa, circunstancia que caracteriza a la eutanasia activa avoluntaria. En estos casos, la ausencia de una manifestación contemporánea de consentimiento desplaza el análisis desde la autonomía individual hacia la necesidad de establecer mecanismos jurídicos,

médicos y psicológicos que permitan determinar, con el mayor grado de certeza posible, si la continuación de la vida biológica responde verdaderamente al interés y dignidad de la persona. Esta realidad evidencia la insuficiencia de las normas tradicionales y plantea importantes interrogantes sobre la compatibilidad de esta práctica con el ordenamiento jurídico ecuatoriano, particularmente frente al delito de homicidio previsto en el Código Orgánico Integral Penal y la ausencia de una ley especial que regule integralmente la materia.

Las personas pueden acceder a un puesto laboral como beneficio que establece la Ley Orgánica de Discapacidades de acceso al trabajo bajo la figura de trabajador sustituto, por tener bajo su responsabilidad o cuidado a una persona con discapacidad severa, debiendo ser calificados por la Ley como sustitutos, así lo establece el artículo 48 de la referida Ley. Para acceder a los derechos y beneficios que confiere la Ley Orgánica de Discapacidades, es necesario que la persona, previamente, haya sido calificada y registrada, ya sea como discapacitada en condición discapacitante o como la persona bajo cuya responsabilidad y cuidado esté la persona discapacitada por la autoridad sanitaria competente del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, en el caso de la persona que sea responsable y se encargue del cuidado de una persona discapacitada, para que pueda acceder al beneficio de acceso al trabajo por inclusión laboral en calidad de sustituta, se requiere, por mandato legal, que esté debidamente registrada. Por lo tanto, si una persona ha accedido a un puesto de trabajo en calidad de trabajador sustituto de un discapacitado, lo que ocurre es que está ocupando uno de los cupos que obligatoriamente las empresas deben otorgar a una persona con discapacidad. De ser este el caso, entonces es evidente que el empleador conoce la situación del trabajador sustituto y que aquel está ocupando un puesto de trabajo en remplazo de la persona discapacitada.

Hora QUITO, ECUADOR ES UNA EDICIÓN DE DIARIO LA HORA

LUNES, 22 DE JUNIO DE 2026

En este contexto, el presente artículo analiza los fundamentos constitucionales, penales, médicos, bioéticos y psicológicos que sustentan la posible regulación de la eutanasia activa avoluntaria en el Ecuador. Para ello, se examinan los criterios desarrollados por la jurisprudencia constitucional, los vacíos normativos existentes, los estándares clínicos de evaluación de la irreversibilidad y el sufrimiento, así como los mecanismos de control interdisciplinario destinados a garantizar la protección de los derechos de las personas en situación de máxima vulnerabilidad. El estudio busca contribuir a la construcción de un marco regulatorio que permita equilibrar la tutela de la vida con el respeto a la dignidad humana, ofreciendo herramientas jurídicas y técnicas que favorezcan decisiones transparentes, seguras y compatibles con los principios del Estado constitucional de derechos y justicia.

La regulación de la eutanasia activa avoluntaria en el Ecuador El artículo 66 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador consagra el derecho a la vida como inviolable. Esta formulación ha sido históricamente interpretada desde una perspectiva objetiva según la cual el Estado no solo tiene el deber de abstenerse de matar, sino el deber positivo de proteger la vida frente a terceros e incluso frente a la propia voluntad del titular. La lectura tradicional situaba la vida completamente fuera del ámbito de disposición individual, transformando el derecho en un mandato estatal de preservación indiscriminada de la existencia biológica. Sin embargo, la sentencia 67-23-IN/24 introduce una reinterpretación contextual que ar -

ANULACIÓN DE PÓLIZA

QUEDA ANULADA Por pérdida de certificado de inversión Nro. 001000040003621004 Cliente

FUENTES AGUIRRE SHEIMY

GISSELA Cédula de Ciudadanía Nro.1718063447 de la Cooperativa de ahorro y Crédito Cooprogreso. 001-005-0675

JUDICIAL

ticula el derecho a la vida con otros principios constitucionales igualmente fundamentales. Según la Corte, “esta [la vida] no puede interpretarse como obligación absoluta de prolongar la existencia biológica al margen de la calidad de vida y la ausencia de sufrimiento extremo e irreversible” (Sentencia 67-23-IN/24, pág. 9). Esta lectura expansiva introduce una dimensión cualitativa que había permanecido ausente, la vida no vale únicamente por existir, sino por las condiciones en que se vive.

La Constitución de la República del Ecuador configura un sistema de protección integral de los derechos fundamentales sustentado en la centralidad de la persona humana. En este contexto, el artículo 3 numeral 1 erige como deber primordial del Estado garantizar sin discriminación el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución. Complementariamente, el artículo 66 numeral 3 literal c) consagra el derecho a la integridad personal e impone al Estado el deber ineludible de prevenir y erradicar toda forma de trato cruel, inhumano o degradante. Paralelamente, el artículo 66 numeral 1 consagra el derecho a la vida como un derecho inviolable, mientras que el numeral 5 del mismo artículo reconoce la autonomía de la voluntad como una manifestación esencial de la libertad individual y de la capacidad de autodeterminación de las personas.

La interacción de estos derechos y principios (vida, dignidad y autonomía) configura un núcleo axiológico fundamental que, en condiciones ordinarias, convergen armónicamente hacia la protección integral de

REPORTE POR PERDIDA

Se anula título accionario No000059 por el valor de $20 perteneciente al señor Carvajal Alvarez Marcial Rolando de la Compañía de Servicios de Transporte en Taxis Transquime S.A. en la ciudad de Quito 001-005-0679

la persona. Sin embargo, dicha convergencia puede verse alterada frente a escenarios excepcionales caracterizados por enfermedades terminales, padecimientos irreversibles o estados de sufrimiento intenso y permanente, en los cuales surge una colisión entre bienes constitucionales de igual jerarquía. En tales circunstancias, la preservación biológica de la vida puede entrar en tensión con la exigencia constitucional de garantizar una existencia compatible con la dignidad humana y libre de sufrimientos que resulten incompatibles con los estándares mínimos de humanidad.

Precisamente, la Corte Constitucional del Ecuador ha reconocido la existencia de esta tensión normativa al sostener que la obligación estatal de proteger la vida no posee un carácter absoluto, sino que debe armonizarse con otros derechos fundamentales, particularmente con la dignidad humana y la prohibición de someter a las personas a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Desde esta perspectiva, el análisis constitucional exige una ponderación rigurosa entre la protección de la vida y el respeto a la autonomía y dignidad de quienes enfrentan condiciones médicas irreversibles que afectan gravemente su calidad de vida.

La problemática adquiere una complejidad aún mayor en los supuestos de eutanasia avoluntaria, en los que el paciente carece de la capacidad material o jurídica para expresar su voluntad. En estos casos, el elemento de la autonomía personal deja de constituir el principal criterio de ponderación, trasladándose el debate hacia la dimensión objetiva de la dignidad humana. Así, la discusión constitucional se centra en determinar si la prolongación artificial de la vida en condiciones de deterioro irreversible y sufrimiento extremo resulta compatible con el mandato estatal de respeto y protección de la dignidad de la persona.

La sentencia 67-23-IN/24

no resuelve la tensión antedicha mediante subordinación de un derecho a otro, sino mediante una lectura sistemática que reconoce la vida como un derecho que debe ejercerse en condiciones de dignidad. Esta solución jurisprudencial es frágil porque depende de juicios valorativos sobre qué constituye “sufrimiento extremo” e “irreversibilidad”, conceptos que carecen de definición normativa precisa en la legislación ecuatoriana. La tensión permanece, pero migra hacia el plano de la aplicación concreta: ¿quién decide si las condiciones de deterioro satisfacen el estándar constitucional?

¿Qué mecanismos garantizan que esta decisión no sea capturada por intereses extraconstitucionales?

El marco normativo ecuatoriano aplicable a la eutanasia avoluntaria se compone de una arquitectura fragmentada en la cual cada elemento normativo fue diseñado para contextos distintos y no contemplaba, en su redacción original, la regulación de esta figura específica. El reglamento del procedimiento para la aplicación de la eutanasia activa voluntaria y avoluntaria, (Acuerdo Ministerial No. 00059-2024) establece los requisitos mínimos de procedencia para esta última, tal como se observa en el Art. 5, entre otros, la presentación de documentos de voluntades anticipadas o testamento vital debidamente notariados y una decisión judicial que respalde la representación legal del paciente. No obstante, este reglamento, al ser debe considerarse como “transitorio”, revelando una característica estructural del ordenamiento ecuatoriano, la ausencia de una ley especial que articule de manera sistemática los principios, procedimientos y garantías que debería contener una figura de tal magnitud constitucional. En el plano sustantivo, el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal tipifica el homicidio sin excepciones explícitas para supuestos de eutanasia. La sentencia 67-23-IN/24 esta-

blece que dicha norma no resulta aplicable cuando se satisfacen las condiciones reglamentarias, operando la resolución judicial y la actuación dentro del marco reglamentario como causa de exclusión de responsabilidad penal. Sin embargo, esta exclusión no procede de una modificación expresa de la ley penal, sino de una inaplicación jurisprudencial. Esta técnica legislativa genera incertidumbre normativa, los profesionales de la salud quedan sometidos a un régimen de responsabilidad cuya norma de exclusión no reside en la ley, sino en la interpretación jurisprudencial de una sentencia que, aunque vinculante, es específica en sus condiciones de aplicación.

El análisis de la compatibilidad estructural entre la eutanasia activa avoluntaria y el delito de homicidio constituye uno de los puntos de máxima tensión jurídica identificados, incluso, por la propia Corte Constitucional. En el voto salvado de la sentencia 6723-IN/24, la magistrada Carmen Corral Ponce señala su preocupación respecto a la incorporación en la sentencia mayoritaria del consentimiento otorgado a través del representante sin una explicación adecuada, y lo considera contrario a la línea argumental que enfatiza la autonomía y el consentimiento del paciente como fundamento para la eutanasia activa (pág. 73). Así, operar sin la voluntad expresa del paciente se admite únicamente cuando el paciente no pueda expresarla y exista un representante legal que otorgue el consentimiento en el marco del procedimiento regulado. No obstante, esta situación es controversial y motivo de votos salvados en la sentencia.

Si bien la posición ut supra no es la adoptada por la mayoría de la Corte, la advertencia señala una incompatibilidad lógica de fondo que merece análisis. El tipo penal de homicidio se configura, de acuerdo con el artículo 144 del COIP, por la conducta de quien “mata a otra persona”. La

REVISTA JUDICIAL 03 REVISTA JUDICIAL 12

eutanasia activa avoluntaria satisface formalmente todos los elementos del tipo; ya que, existe un sujeto activo (el profesional de salud), una conducta (la administración de medicamentos o procedimientos para acelerar la muerte), un resultado (la muerte del paciente) y un nexo causal entre conducta y resultado. Incluso el elemento subjetivo, la intención está presente, el médico actúa con plena intención de causar la muerte.

La diferencia entre homicidio punible y eutanasia avoluntaria constitucional no reside, por tanto, en la estructura del tipo penal, sino en la concurrencia de circunstancias que operan como causas de justificación o exculpación. En el sistema penal ecuatoriano, conforme al artículo 30 del COIP, una conducta típica puede ser penalmente lícita cuando concurren circunstancias de justificación. La sentencia 67-23-IN/24 establece que la resolución judicial y el cumplimiento del protocolo constituyen la causa de exclusión de responsabilidad penal. Pero aquí emerge el problema, esta causa de exclusión no emana de una modificación de la ley penal sustantiva, sino de una declaración de inconstitucionalidad aplicada en un caso específico. Desde la perspectiva de la teoría del delito, esta solución genera un riesgo de indeterminación en la aplicación de la norma penal. Un fiscal podría, formalmente, acusar de homicidio a un médico que ejecutó una eutanasia avoluntaria fuera del protocolo establecido. La defensa argüiría que, de cualquier forma, la conducta debería ser considerada justificada conforme a la sentencia 6723-IN/24. El tribunal tendría que determinar si el incumplimiento de ciertas formalidades (por ejemplo, la no participación de un curador ad litem, o la falta de unanimidad en el comité evaluador) es constitutivo de un verdadero vicio de procedimiento que relativiza la justificación, o si es simplemente un defecto administrativo que no afecta

la licitud penal de fondo. La similitud estructural existente entre la eutanasia avoluntaria y el delito de homicidio plantea serias dificultades jurídicas cuando se analiza la condición de vulnerabilidad de la persona afectada. En estos supuestos, el paciente se encuentra imposibilitado de manifestar, confirmar o rechazar su voluntad, circunstancia que lo sitúa en una situación de especial protección por parte del ordenamiento jurídico. Esta problemática trasciende el plano meramente teórico, pues la ausencia de una expresión directa de consentimiento genera el riesgo de que decisiones irreversibles sobre la vida sean adoptadas por terceros sin que exista certeza sobre la verdadera voluntad del titular del derecho.

En consecuencia, la extrema vulnerabilidad de estos pacientes demanda la incorporación de garantías reforzadas, mecanismos rigurosos de control y procedimientos excepcionales de verificación que permitan diferenciar una actuación legítimamente orientada a preservar la dignidad humana de una conducta que, ante la inexistencia de un consentimiento válido, podría asimilarse jurídicamente a una privación arbitraria de la vida. Precisamente, esta tensión entre la protección de la vida, la dignidad humana y la autonomía personal constituye uno de los principales desafíos para cualquier intento de regulación de la eutanasia avoluntaria dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia. A ello se suma que el ordenamiento jurídico ecuatoriano aún carece de una ley específica que delimite de manera clara y precisa los presupuestos, requisitos y procedimientos aplicables a esta figura, lo que incrementa los riesgos de interpretaciones extensivas o aplicaciones divergentes. Si bien la sentencia 67-23IN/24 de la Corte Constitucional procura establecer ciertos parámetros mediante la exigencia de irreversibilidad clínica y sufrimiento intenso, tales conceptos

continúan presentando un elevado grado de indeterminación normativa, al no existir definiciones legales suficientemente precisas que permitan su aplicación uniforme y objetiva en la práctica médica y forense.

Evaluación clínica e instrumentación médica en la eutanasia activa avoluntaria: fundamentos médicos

El elemento más innovador del modelo ecuatoriano es, sin duda, la creación del Comité Interdisciplinario para resolver la Aplicación de la Eutanasia Activa Voluntaria y Avoluntaria. Este organismo colegiado incorpora una perspectiva radicalmente pluridisciplinar: tres médicos especialistas según la naturaleza del caso clínico, un psicólogo clínico, un psiquiatra, un bioeticista, un abogado, un trabajador social y un representante de la sociedad civil proveniente de un Comité de Ética Asistencial para la Salud. La composición del Comité refleja una concepción integral de la muerte digna que trasciende la dimensión puramente clínica. La inclusión del psicólogo clínico y del psiquiatra responde a la necesidad de evaluar el estado mental del solicitante y descartar condiciones psiquiátricas que puedan comprometer la autenticidad de la solicitud. La presencia del bioeticista introduce una perspectiva reflexiva sobre

los valores en tensión. El abogado garantiza la corrección jurídica del proceso. Y el representante de la sociedad civil, quizás el elemento más singular del modelo aporta una dimensión de legitimidad social y comunitaria a una decisión que tiene implicaciones colectivas.

El análisis de la eutanasia avoluntaria no puede prescindir del referente bioético. El principialismo de Beauchamp y Childress, que organiza la bioética en torno a los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, provee un marco de análisis fundamental (Beauchamp y Childress, 2019).

En el escenario de la eutanasia avoluntaria, la autonomía ya fue ejercida con anterioridad por el paciente mediante sus directivas anticipadas; el desafío consiste en garantizar la fidelidad del sistema a esa expresión de voluntad diferida. La beneficencia exige que las decisiones se orienten al bienestar real del paciente y no al alivio del entorno familiar. La no maleficencia prohíbe actuaciones que incrementen el sufrimiento o que respondan a intereses ajenos al paciente. La justicia exige procedimientos equitativos, transparentes y controlados.

La evaluación médica en los procedimientos de eutanasia no puede reducirse a constatar una enfermedad grave o la presencia de sufrimiento. En los mode -

los jurídico-sanitarios que han regulado esta práctica, la valoración clínica se concibe como un proceso documentado, progresivo e interdisciplinario. Esta exigencia es aún mayor en la eutanasia activa avoluntaria, ya que el paciente no puede expresar activamente su voluntad; por tanto, la decisión no debe apoyarse en una impresión clínica aislada ni en el resultado de una escala única.

La valoración médica en eutanasia activa avoluntaria debe ser una historia clínica completa, cronológica y verificable. Esta no debe limitarse al diagnóstico principal, sino reconstruir la evolución global del paciente, incluyendo enfermedad de base, comorbilidades, deterioro progresivo, tratamientos instaurados, complicaciones, hospitalizaciones, estado funcional previo, evolución neurológica y respuesta a intervenciones paliativas. Esta reconstrucción longitudinal permite diferenciar entre un cuadro clínico irreversible y una condición grave que aún podría estabilizarse o mejorar, especialmente en pacientes con alteraciones del estado de conciencia, donde la evaluación requiere herramientas clínicas específicas y seguimiento en el tiempo. (Giacino et al., 2004; Wijdicks et al., 2005). Además, la historia clínica debe integrar la revisión de documentos con relevancia jurídica, como

CONVOCA A CONCURSO DE CONTRATACIÓN PARA EL CARGO DE TESORERA/O

De conformidad al Art. 30 lit. “n” y “o”, del estatuto en vigencia, se requiere contratar los servicios profesionales para ocupar el cargo de TESORERA(O) del CLUB DE VOLUNTARIOS DE LA FUERZA TERRESTRE “CABO NICANOR QUIROZ SALAZAR”

La recepción de las carpetas (DOCUMENTOS DIGITALES EN FORMATO PDF) se recibirá en el correo electrónico asistente@cvft.com.ec desde sábado 20 de junio 2026 a partir de las 08:00 horas, hasta el día miércoles 24 de junio de 2026 16:00 horas.

NOTA: Los requisitos, solicitud de empleo y cronograma de actividades los encontrará visitando nuestra página. web del club www.cvft.com.ec y en nuestras redes sociales de Facebook /clubvoluntarios. fuerzaterrestre y fan page @ CVFTQuito.

LA COMISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK QUITO

REVISTA JUDICIAL

directivas anticipadas, testamento vital, decisiones notariales y resolución judicial de representación, cuando corresponda. Sin embargo, estos documentos no sustituyen la obligación médica de comprobar que el estado clínico actual coincide con el escenario previsto por el paciente al expresar su voluntad anticipada. Por tanto, no basta con acreditar la existencia formal de dicha voluntad; debe verificarse que las condiciones clínicas presentes satisfacen materialmente lo contemplado en ella, conforme a las exigencias de trazabilidad del marco regulatorio ecuatoriano. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2024).

Un criterio quizás menos desarrollado en la literatura es el de evaluación del dolor y sufrimiento observable, que no deberían manejarse como entidades equiparables. Por tanto, la valoración del dolor en pacientes con incapacidad para el autorreporte mediante escalas EVA o Wong Baker, exige una transición desde las herramientas de autoevaluación convencional hacia metodologías observacionales y conductuales adaptadas al contexto clínico específico, entre las que se podría incluir BPS, PAINAD, etc. Si bien las escalas basadas en la comunicación pierden validez en escenarios avoluntarios, los instrumentos observacionales permiten identificar manifestaciones no verbales, como podrían ser expresiones faciales, respuestas fisiológicas o lenguaje corporal, en poblaciones específicas que abarcan desde el deterioro cognitivo avanzado hasta el estado crítico en unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, dado que estas herramientas conductuales reflejan de manera inespecífica el malestar general y no desglosan la experiencia subjetiva del dolor, la literatura científica arroja que su aplicación no debe considerarse un eje diagnóstico aislado, sino un componente complementario que requiere ser rigurosamente contrastado con el historial clínico, la evolución

del cuadro y la respuesta a la terapéutica analgésica (Warden et al., 2003). Un elemento adicional para tomar en cuenta es una evaluación de la funcionalidad global en contextos clínicos complejos la cual tendría como propósito documentar objetivamente el grado de dependencia y el impacto práctico de la enfermedad, por lo que estas métricas no deben interpretarse como indicadores directos de sufrimiento. Para evitar la redundancia metodológica, la evidencia sugiere una aplicación selectiva y jerarquizada de los instrumentos disponibles, recomendando el uso de herramientas globales para describir el estado funcional general y estimar el pronóstico evolutivo (Karnofsky y Burchenal, 1949), o en todo caso una alternativa simplificada para clasificar la capacidad de autocuidado y actividad física (Oken et al., 1982). Estas escalas globales se complementan, de ser necesario, con índices específicos diseñados exclusivamente para cuantificar de manera concreta la dependencia en las actividades básicas de la vida diaria, consolidando así un expediente clínico riguroso que fundamente la pérdida de autonomía sin duplicar esfuerzos diagnósticos.

La evaluación pronóstica a nuestro criterio debe trascender el mero cálculo de la expectativa de vida para enfocarse en la diferenciación rigurosa entre procesos terminales, deterioros avanzados y condiciones potencialmente estables, consolidando estas herramientas como un soporte al juicio clínico y no como criterios deterministas automatizados. Metodológicamente, se propone una articulación sólida de instrumentos especializados. Por ejemplo, se plantean escalas que integran variables funcionales y clínicas específicas del entorno paliativo para describir el estado actual del paciente (Anderson et al., 1996) y se incorporan modelos predictivos orientados a estimar la probabilidad de supervivencia a corto plazo con el fin de mitigar la

REVISTA JUDICIAL

subjetividad al valorar la terminalidad (Morita et al., 1999). Esta coexistencia en un mismo campo clínico permite que la descripción del desempeño paliativo actual y la estimación predictiva complementaria configuren un marco de decisión prudente frente al margen de incertidumbre propia de la evolución individual del paciente.

Destacamos que la aproximación a la esfera cognitiva y capacidad decisoria del paciente, existen disponibles tests de tamizaje breve, tipo MMSE, MoCA, orientados a detectar el deterioro global o particular a través de funciones ejecutivas, de memoria y de lenguaje, los cuales sin duda aportan información valiosa sobre el compromiso cognitivo general pero requieren un manejo prudente ya que su diseño no es específico para determinar de forma concluyente la incapacidad para consentir (Folstein et al., 1975). Asimismo, herramientas de mayor sensibilidad para el deterioro leve o complejo, como el MacCAT-T (Grisso & Appelbaum, 1998), comparten esta limitación conceptual y metodológica, requiriendo además un nivel mínimo de interacción activa que las vuelve inaplicables en pacientes verdaderamente avoluntarios y no comunicativos. Por otra parte, los instrumentos validados específicamente para examinar la capacidad de comprender información, razonar riesgos y expresar una elección clínica constituyen el estándar correcto para evaluar la competencia decisoria actual (Grisso & Appelbaum, 1998).

Finalmente, proponemos la realización de un riguroso estudio de riesgo preanestésico con fines meramente procedimentales. Proponemos, el uso de la clasificación ASA, pero ésta no debe considerarse un instrumento para valorar sufrimiento, conciencia, pronóstico ni elegibilidad clínica. Su finalidad en nuestra propuesta es distinta, ya que se trataría de describir el estado físico preanestésico del paciente y facilitar la comunicación

del riesgo entre los profesionales que intervienen en un procedimiento. De acuerdo con la American Society of Anesthesiologists, este sistema se orienta a evaluar y comunicar las comorbilidades médicas antes de la anestesia, pero no predice por sí solo el riesgo perioperatorio ni sustituye una valoración clínica completa. (Doyle y Garmon, 2025). Como hemos señalado, en el contexto de la eutanasia activa avoluntaria, su utilidad debe limitarse a la fase procedimental, una vez que exista autorización clínica, ética y jurídica. Por tanto, la escala ASA no debe formar parte de los criterios sustantivos de elegibilidad, sino utilizarse al final del algoritmo para planificar con seguridad la intervención y coordinar al equipo responsable. Incluirla junto a escalas de conciencia, dolor o pronóstico sin esta aclaración podría generar una confusión metodológica, al atribuirle una función que no le corresponde.

Fundamentos psicológicos y estándares

de evaluación para la eutanasia activa avoluntaria

Desde la psicología, el estudio parte de la percepción subjetiva del dolor, la calidad de vida del paciente, su estado emocional y la toma de decisiones en el contexto de una enfermedad grave. Cicely Saunders (1967), autora del concepto de “dolor total”, sostuvo que el sufrimiento no se limita a la dimensión física, sino que comprende otras de gran importancia, como la cognitiva, emocional, existencial y espiritual. Señalaba que, en el marco de los cuidados paliativos —cuidados orientados al bienestar integral de la persona aun cuando su enfermedad no tenga cura—, los pacientes con enfermedades crónicas o terminales con condiciones de irreversibilidad experimentan niveles de estrés agudo, ansiedad, depresión, soledad, desesperanza y pérdida de sentido vital. Desde el enfoque de la psicología de la salud, la calidad de vida de un ser humano constituye un constructo subjetivo caracterizado por su estado físico, emocional y cognitivo,

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS ILLARILEARNING CIA. LTDA”.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, en el Estatuto de Constitución de la Compañía “CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS ILLARILEARNING CIA. LTDA”., y en ejercicio de las facultades conferidas al Gerente General de la compañía, se convoca a los señores socios de la compañía “CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS ILLARILEARNING CIA. LTDA”. a la Junta General Extraordinaria de Socios, que tendrá lugar el día martes 01 de julio de 2026, a las 10h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Calle ISABEL TOBAR N° OE1-42 y Av. 10 DE AGOSTO, Edificio BLUE IT oficina: 1 piso: 2, referencia DIAGONAL AL COLEGIO BORJA 3, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del Quórum.

2. Actualización de los nombramientos de Representantes Legales en virtud del cambio de nombre de la Compañía y de la Reforma de Estatutos.

NOTAS IMPORTANTES

• La presente convocatoria se realiza en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Constitución de la Compañía y la Ley de Compañías, que faculta al Gerente General a convocar a Junta General Extraordinaria cuando lo estime necesario.

• Se recuerda a los socios que, conforme a la ley y estatutos, las resoluciones adoptadas en la Junta General Extraordinaria serán obligatorias para todos los socios, incluso para los ausentes.

• Se solicita puntual asistencia para la constatación del quórum y el desarrollo ordenado de la sesión.

Quito, 22 de junio de 2026 Gerente General

al que se suman la autonomía, la dignidad percibida y la capacidad de sentirse útil. En pacientes con deterioro cognitivo progresivo, la pérdida de control sobre el propio cuerpo y la dependencia total pueden generar incomodidad o pérdida de identidad personal (Rodríguez-Prat et al., 2021, pág. 23; Chochinov et al., 2022, pág. 34).

Por otro lado, desde un enfoque cognitivo la decisión se encuentra influenciada por factores como el afrontamiento del individuo ante circunstancias difíciles, las creencias de enfermedad, la muerte, la resiliencia y el nivel de consciencia. Es importante diferenciar decisiones autónomas influenciadas por valores personales y personas en estados psicopatológicos como una depresión mayor, bipolaridad entre otras que en muchos casos se trata con diferentes métodos tanto farmacológicos, psicológicos y psiquiátricos. Los mismos que en muchos casos pueden distorsionar el juicio y la objetividad aumentando el deseo de morir. Específicamente, en la eutanasia avoluntaria desde el ámbito psicológico existe una complejidad adicional ya que el paciente no puede expresar de manera consciente y directa su voluntad. Esto implica que se debe interpretar, evaluar y decidir las condiciones cognitivas, emocionales y físicas a través de escalas, pruebas que manifiesten el lenguaje no verbal, entre otras. Finalmente, un componente de gran importancia es la parte social o la familia involucrada con el paciente ya que juega un papel primordial en el bienestar del individuo. Según Steinhauser et al., en su estudio sobre enfermedades graves y limitantes como cáncer e insuficiencia orgánica, entre otras, los autores analizaron los factores que influyen en la calidad de vida y el bienestar, determinando que el apoyo familiar disminuye el sufrimiento psicológico y mejora la calidad de vida del paciente (Steinhauser et al., 2020, pág. 35). Sin embargo, esto no surge

en todos los casos ya que muchos de ellos no cuentan con ese apoyo familiar y se vuelve una carga para sus cuidadores tanto en el ámbito emocional, psicológico y especialmente en lo económico. Se debe exigir mecanismos que aseguren que las decisiones se basen en el bienestar del individuo o paciente y no en intereses o presiones externas. En conjunto, los fundamentos psicológicos indican que no se puede comprender la eutanasia avoluntaria desde una sola dimensión, sino que involucran múltiples dimensiones como las de este estudio con el fin de comprender el sufrimiento humano, su subjetividad y la importancia sobre la autonomía en los seres humanos desde un contexto de vulnerabilidad.

La evaluación psicológica se considera un elemento central para analizar o medir la irreversibilidad de la incapacidad o la existencia de sufrimiento psíquico en un individuo. Sin embargo, en contexto de eutanasia avoluntaria se presenta una limitación estructural por la imposibilidad de acceder de manera directa a la experiencia subjetiva del paciente especialmente en su comunicación. Por lo que la evaluación psicológica funciona como una aproximación indirecta para acreditar que: (a) la incapacidad decisoria es efectivamente irreversible; (b) el sufrimiento psíquico observable es real, persistente y refractario; y (c) no existen factores externos como presión familiar o agotamiento del cuidador que distorsionen la solicitud.

La evaluación psicológica en contextos de eutanasia avoluntaria opera bajo condiciones de incertidumbre estructural que no pueden ser completamente eliminadas. Ningún instrumento psicométrico disponible permite captar con plena objetividad la experiencia subjetiva de sufrimiento de un paciente sin comunicación. Esta limitación es inherente al objeto de evaluación y no deriva de deficiencias metodológicas, sino de la naturaleza misma de la conciencia y la

REVISTA JUDICIAL

experiencia del dolor. La neuropsicología ha demostrado que algunos pacientes diagnosticados clínicamente en estado vegetativo permanente presentan patrones de consciencia residual al ser evaluados con neuroimagen funcional avanzada (Owen et al., 2006). Esta limitación refuerza la necesidad de establecer múltiples evaluaciones independien tes y mantener como prin cipio la duda diagnóstica a favor de la continuidad de la vida. Sin embargo, esta limitación no significa la imposibilidad evaluativa del paciente. La combina ción de instrumentos con ductuales, registros clíni cos observables, evaluación neuropsicológica no verbal y análisis del contexto psi cosocial permite construir una valoración rigurosa su ficiente cuando es realizada por un profesional sobre el tema, al menos dos profe sionales independientes y contrastada con perspecti vas multidisciplinarias. Albrecht y Devlieger en 1999 demostraron median te investigación cualitativa que más del 54% de per sonas con discapacidades severas manifiestan tener una calidad de vida exce lente o buena, en marcado contraste con la percepción que de ellas tienen sus cui dadores o familiares. Este fenómeno, denominado “paradoja de la discapaci dad”, implica que los fami liares y personas cercanas frecuentemente sobreesti man el nivel de sufrimiento del paciente, influenciados por su propio agotamiento emocional. Este sesgo po siblemente puede generar solicitudes de eutanasia avoluntaria sean motiva das por el sufrimiento del cuidador, por lo que es in dispensable la evaluación familiar y psicosocial del paciente.

y validez convergente con otras medidas de dolor. Su uso, complementado con registros conductuales sistemáticos, permite construir una evidencia observacional suficiente sobre el sufrimiento del paciente. Un hallazgo de especial relevancia es la necesidad de evaluar sistemáticamente

el contexto familiar y psicosocial del paciente. La detección de factores como agotamiento del cuidador mediante la Escala de Zarit, conflictos patrimoniales o dinámicas de culpa, y su análisis mediante genograma y entrevistas estructuradas a cuidadores, se configura como un requisito de

La escala PAINAD, desa rrollada por Warden et al. (2003) y ampliamente va lidada en distintos contex tos clínicos, constituye el instrumento de referencia para la medición del dolor en pacientes con demen cia avanzada o ausencia de comunicación verbal, dada su adecuada confiabilidad

REVISTA JUDICIAL

protección de derechos, no solo un complemento evaluativo (Zarit et al., 1980). El análisis del marco normativo ecuatoriano vigente confirma que no existe un protocolo de salud mental específicamente diseñado para la eutanasia activa avoluntaria. El Acuerdo Ministerial N.° 00059-2024 exige la participación de un psicólogo clínico en el comité interdisciplinario, pero no especifica los instrumentos de evaluación, los plazos de seguimiento, el número de evaluadores independientes ni los criterios de verificación de la irreversibilidad de la incapacidad volitiva. Este vacío técnico es especialmente problemático porque la evaluación psicológica constituye la garantía central frente al riesgo de decisiones basadas en sufrimiento reversible o presión externa.

Conclusiones

- La regulación de la eutanasia activa avoluntaria en el Ecuador evidencia una transformación significativa en la interpretación constitucional del derecho a la vida, que deja de concebirse como un mandato absoluto de preservación biológica para integrarse con los principios de dignidad humana y autonomía personal. La sentencia 67-23-IN/24 constituye el principal fundamento jurídico de esta evolución, al reconocer que la protección de la vida debe armonizarse con la prohibición de imponer sufrimientos extremos e incompatibles con la dignidad humana.

- A pesar de este avance jurisprudencial, el ordenamiento jurídico ecuatoriano presenta importantes vacíos normativos respecto de la eutanasia activa avoluntaria. La ausencia de una ley especial genera una regulación fragmentada sustentada en normas transitorias y criterios jurisprudenciales, situación que produce incertidumbre jurídica tanto para los profesionales de la salud como para los operadores encargados de autorizar, supervisar y controlar estos procedimientos.

- La compatibilidad estructural entre la eutanasia activa avoluntaria y el delito de homicidio constituye uno de los mayores desafíos jurídicos identificados. Si bien la Corte Constitucional ha establecido mecanismos de exclusión de responsabilidad penal bajo determinadas condiciones, la inexistencia de una reforma expresa al Código Orgánico Integral Penal mantiene zonas de incertidumbre interpretativa que podrían afectar la seguridad jurídica y la uniformidad en la aplicación de la norma penal.

- Desde la perspectiva médica, la eutanasia activa avoluntaria exige un sistema de evaluación altamente especializado, interdisciplinario y basado en evidencia científica. La determinación de la irreversibilidad clínica, el sufrimiento persistente, la incapacidad decisoria y la ausencia de alternativas terapéuticas razonables requiere la utilización coordinada de instrumentos diagnósticos, valoraciones funcionales, análisis pronósticos y revisiones clínicas integrales que minimicen el margen de error en decisiones de carácter irreversible.

- Los fundamentos psicológicos analizados demuestran que el sufrimiento humano no puede ser comprendido únicamente desde una dimensión física, sino que involucra factores emocionales, cognitivos, sociales y existenciales. En los casos de pacientes incapaces de expresar su voluntad, la evaluación psicológica adquiere un papel esencial para identificar la existencia de sufrimiento observable, verificar la irreversibilidad de la incapacidad volitiva y detectar posibles influencias externas derivadas de conflictos familiares, agotamiento del cuidador o intereses ajenos al bienestar del paciente.

- La creación del Comité Interdisciplinario previsto en el modelo ecuatoriano representa una garantía institucional relevante al incorporar perspectivas médicas, psicológicas, jurídicas, bioéticas y sociales

en la toma de decisiones. Sin embargo, la eficacia de este mecanismo depende de la existencia de protocolos técnicos claros, criterios uniformes de evaluación y mecanismos de control que permitan reducir la discrecionalidad y asegurar que las decisiones respondan exclusivamente a la protección de los derechos fundamentales del paciente.

- Finalmente, la investigación permite concluir que la implementación de la eutanasia activa avoluntaria en el Ecuador requiere una regulación legislativa integral que defina con precisión conceptos como sufrimiento extremo, irreversibilidad clínica, incapacidad decisoria y procedimientos de autorización. Solo mediante una normativa especializada será posible garantizar un adecuado equilibrio entre la protección de la vida, el respeto a la dignidad humana, la seguridad jurídica y la prevención de eventuales abusos en contextos de especial vulnerabilidad.

Referencias:

1.1.Albrecht, G. L., & Devlieger, P. J. (1999). The disability paradox: High quality of life against all odds. Social Science & Medicine, 48(8), 977–988. https://doi.org/10.1016/ S0277-9536(98)00411-0

1.2.Anderson, F., Downing, G. M., Hill, J., Casorso, L., & Lerch, N. (1996). Palliative Performance Scale (PPS): A new tool. Journal of Palliative Care, 12(1), 5–11.

1.3.Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). Principles of biomedical ethics (8.ª ed.). Oxford University Press. https:// archive.org/details/principlesofbiom0000beau_k8c1

1.4.Chochinov, H. M., Bolton, J., & Sareen, J. (2022). Death, dying, and dignity in modern healthcare: The Lancet Commission on the Value of Death. The Lancet, 399(10327), 837–884. https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(21)02314-X

1.5.Código Orgánico Integral Penal. (2014). Registro Oficial Suplemento No. 180. https://

www.defensa.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2021/03/COIP_act_ feb-2021.pdf

1.6.Constitución de la República del Ecuador. (2008). Registro Oficial No. 449. https:// www.defensa.gob.ec/ wp-content/uploads/ downloads/2021/02/Constitucion-de-la-Republicadel-Ecuador_act_ene-2021. pdf

1.7.Sentencia No. 6723-IN/24. https://esacc. corteconstitucional.gob. ec/storage/api/v1/10_ DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOidlNzVjZThhMS1iMGM0LTQ0OWMtYmEyMy01MTdlYzVkYTY3NGQucGRmJ30= 1.8.Reglamento del procedimiento para la aplicación de la eutanasia activa voluntaria y avoluntaria (2024). Acuerdo Ministerial No. 0059-2024. https://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/ eyJjYXJwZXRhIjoicm8iLCJ1dWlkIjoiYmFkYmE2YmQtMjU2YS00NDYwLWFjZjQtYzI5YzVjOWNhOGE3LnBkZiJ9

1 Máster en Neuropsicología Clínica por la Universidad Internacional de Valencia (España). Psicóloga graduada por la Universidad Internacional del Ecuador.

2 MBA en Gerencia de Salud por la Universidad de los Hemisferios. Médico Cirujano por la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

3 Máster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca. Diplomado en Técnicas y Estrategias Comunicativas y de Argumentación para Juristas por la Universidad Complutense de Madrid. Especializado en Litigación Penal Oral por la American Bar Association (ABA). Mediador certificado por el Centro de Mediación, Arbitraje y Solución de Conflictos (CEMASC) de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).

4 Mediador certificado por el Consejo de la Judicatura del Ecuador. Abogado con Minor en Derecho Penal por la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

5 Estudiante de Medicina de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE).

6 En la siguiente sección se responderán estas inquietudes.

Restauran la obra ‘Venus y Cupido’ de Rubens

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza ha restaurado el cuadro ‘Venus y Cupido’ de Peter Paul Rubens después de un año y medio de trabajo. La restauración ha consistido en una limpieza de los barnices que habían “amarilleado” la pintura, hasta el punto de no ver los colores originales, según ha explicado la responsable del Área de Restauración y de este proyecto, Alejandra Martos. EUROPA PRESS

Da clic para estar siempre informado

LUNES