MIÉRCOLES 10 DE JUNIO DE 2026
Ecuador

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MIÉRCOLES 10 DE JUNIO DE 2026
Ecuador

Un informe elaborado por los transportistas cuestiona el proyecto de ordenanza para el pago de millonarias compensaciones y el alza del pasaje desde enero de 2027. Por ejemplo, el costo del diésel está desactualizado, Tampoco se toma en cuenta costos operativos y hay un valor irreal en insumos. 7
ECONOMÍA
2,7 millones de hogares gasta 102% de lo que gana 6
POLÍTICA
CAN insiste en iniciativa de seguridad en frontera 3
POLÍTICA ¿Regresa el populismo penal en las Reformas al COIP? 4 5
GLOBAL
SEGURIDAD Mónika Silva denunciaba delitos ambientales lahora.com.ec EN LA WEB

Perú necesitará consensos para que haya gobernabilidad 9
GLOBAL Bolivia: militares actuarán legalmente ante bloqueos 10

Investigan causa de la muerte de Nathaly Mafla

LORENA BALLESTEROS
@loballesteros
Haydías en que se escribe desde el optimismo; otros, desde la esperanza. También están aquellos en los que las palabras nacen del dolor o la frustración. Esta vez escribo desde la desventura, porque hay días en los que todo parece salir mal y la mala fortuna decide instalarse por una temporada. La nuestra comenzó el fin de semana, cuando mi esposo recibió un SMS notificándole que había digitado mal una clave temporal para realizar una compra en línea. Evidentemente, él no había solicitado ninguna clave. Segundos después llegó otra notificación: su compra por $350 en Zara.com se había realizado con éxito. Lo que siguió fue el ritual del atraco digital: llamada al banco, bloqueo de la tarjeta de crédito y la incómoda espera de una respuesta favorable por parte de la entidad financiera. Al día siguiente, en el ocaso del domingo y con exámenes quimestrales a cuestas, mi hija comenzó a vomitar como en una escena digna de El exorcismo de Emily Rose. Como es evidente, esa noche difícilmente pude conciliar el sueño. Lo habitual cuando un hijo está enfermo.
El lunes por la mañana, mi hija, cual heroína y tras haber dormido apenas unas horas por el malestar decidió ir al colegio para rendir los dos exámenes que tenía programados.
Cuando a las nueve de la mañana recibí la temida llamada: “Departamento Médico”, supe a qué atenerme. Mi hija había logrado completar el primer examen, pero antes del segundo el malestar le ganó. En ese momento yo estaba frente a la computadora, avanzando una presentación que debía exponer esa misma tarde. Dejé todo a medias y salí a recogerla del colegio.
Al día siguiente ella amaneció mejor. Yo, en cambio, no corrí con la misma suerte. La energía se me fue al piso, el estómago comenzó a protestar y el apetito decidió abandonarme. Entre una montaña de trabajo acumulado y una sensación persistente de agotamiento, he intentado avanzar mientras me hago una pregunta sencilla: ¿cuánto duran exactamente estas temporadas de infortunio?

JOSÉ ALVEAR
@JoseRAlvearC
¿Quién se comió el pastel?
Hayuna vieja historia cuenta que cuando el pueblo francés sufría hambre y desesperación, una aristócrata respondió: “Si no tienen pan, que coman pastel”. Probablemente nunca lo dijo. Pero eso ya no importa. Lo que sobrevivió fue la idea: una élite incapaz de entender el sufrimiento de la gente.
La crisis de trabajo y de ingresos tiene nuevos datos que requieren de nuevas estrategias para abordar esta dura situación.
La última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares señala que el 50% de la población, calificada como de menos recursos, destina entre 87% y 102% de sus ingresos para el gasto corriente. Esto quiere decir el pago de los servicios básicos, vivienda, alimentación, transporte, salud y educación.
Debe considerarse que el ingreso promedio de los hogares de este segmento no supera los $408 mensuales. Otros grupos también tienen un elevado porcentaje de gasto corriente, muy similar al de los más vulnerables.
Esta falta de liquidez o déficit financiero impide que se fomente la cultura del ahorro para poder adquirir más bienes en el futuro o ser sujetos de crédito.
El Gobierno, la Asamblea y las empresas deben unir esfuerzos
para crear ayudas destinadas a este grupo, que conforman la mitad de la población ecuatoriana. Las redes de asistencia, sin embargo, deben diseñarse con miras a impulsarlos hacia la prosperidad y la superación. Hay varios modelos en el mundo. En España, por ejemplo, hay ayudas en la matriculación para vehículos familiares, tarifas reducidas en buses y para el pago de servicios básicos.
Las empresas también cumplen un rol participando con paquetes de servicios o artículos destinados a los segmentos vulnerables de la población, pero coordinados con incentivos estatales. Así, la conectividad, los servicios de cuidado, ciertos beneficios para embarazadas, para emprendimientos y microempresas y el transporte serían más accesibles. Nada funcionará, sin embargo, sin educación financiera y programas de pensiones y jubilación que se adapten al cambiante mercado laboral. El cambio es necesario.

Y, observando el Ecuador de hoy, resulta imposible no pensar en aquel Versalles. No porque tengamos palacios rodeados de jardines infinitos. Nuestro Versalles es más modesto. Está construido con oficinas públicas, ruedas de prensa, asesores, protocolos y discursos elaborados. Pero comparte la misma característica: una preocupante distancia entre quienes toman decisiones y quienes viven sus consecuencias Mientras el ciudadano común se pregunta cómo pagar sus cuentas, cómo proteger a su familia de la delincuencia o cómo garantizar un futuro digno para
sus hijos, desde ciertos espacios de poder parece percibirse un país completamente distinto, donde los errores son relatos y donde las consecuencias siempre las asume alguien más. La gente no se despierta pensando en contratos, informes, tecnicismos o disputas burocráticas. La gente se despierta pensando en si tendrá trabajo, en si podrá llegar segura a casa, en si encontrará medicinas en un hospital o en si la próxima crisis volverá a apagar las luces del país.
Por eso existe algo que muchos funcionarios parecen no comprender: al ciudadano le

JOSELO ANDRADE @JoseloAndrade
Alas13:06 del 9 de junio, hora en la que escribo estas líneas, la brecha entre los candidatos a la Presidencia del Perú se acorta. Son apenas 20.221 votos de diferencia los que, por el momento, mantienen en vilo a gran parte de los peruanos y a quienes observan el rumbo político de la región.
El gran problema por señalar es que aquellas ideas que deberían haber sido sepultadas hace varias décadas aún gozan de buena salud. Me refiero al socialismo en cualquiera de sus variantes. En el caso peruano, estamos frente a la variante más carnívora del socialismo. No debe pasarse por alto que, hasta hace poco, la izquierda gobernó en Argentina, Bolivia y Chile; que aún gobierna en Colombia; y que, en Perú, la disputa electoral sigue abierta. Lo más perturbador es que los representantes de la izquierda más jurásica llegan a segunda vuelta, incluso parten en primer lugar.
El problema no son solo los candidatos, sino sus ideas. Las ideas socialistas han probado hasta la saciedad no funcionar en ninguna parte. Los latinoamericanos tenemos que trabajar en el plano de las ideas y repensar lo que discutimos. No tiene sentido proponer, una y otra vez, precisamente aquello que perjudica a todos. Si las ideas de libertad y prosperidad no se defienden adecuadamente, seguiremos asistiendo a elecciones, con resultados tan cerrados que suponen que alrededor de la mitad de los electores no han leído o entendido nada del mundo que tienen por delante.
Ante los problemas, esa parte de la población electoral, suele proponer más de aquello que los origina, pues desconoce que dio lugar al origen del problema. Es sencillo, si no tomamos el mundo de las ideas, y damos batalla en ese frente, otros ocuparán ese espacio. El resultado será que, elección tras elección, seguiremos mirando cada cinco minutos el conteo de votos, porque en ese escenario se juega el futuro de nuestros países.
Seguimos conversando.
interesan poco los nombres propios. No le desvela quién firmó, quién autorizó, quién recomendó o quién supervisó. Lo que le importa es el resultado. Si hubo decisiones equivocadas que terminaron afectando el suministro eléctrico, la pregunta popular no es quién ganó una discusión administrativa. La pregunta es mucho más simple: ¿por qué seguimos pagando las consecuencias? Y es ahí donde aparece la inevitable comparación con Versalles.
Porque toda crisis produce su propia María Antonieta. Esa figura que simboliza la incapa-
cidad de comprender lo que ocurre fuera de los muros del poder.
¿Quién ocupa hoy ese papel en Ecuador?
Tal vez no existe una sola María Antonieta. Tal vez existe toda una corte
La historia enseña que los pueblos pueden soportar errores. Incluso pueden tolerar crisis profundas. Lo que rara vez perdonan es la indiferencia. Y cuando desde el nuevo Versalles alguien pregunta por qué la gente está molesta, la verdadera pregunta debería ser otra:
¿Quién se comió el pastel mientras el resto buscaba pan?
Un plan contra la delincuencia organizada transnacional, creado en 2024, por las Cancillerías y los Ministerios de Defensa de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia se puede aplicar en las fronteras.
¿Qué pasaría en materia de seguridad fronteriza con Ecuador si Iván Cepeda gana la Presidencia de Colombia y no Abelardo de la Espriella?
Esa incógnita quedará en parte resuelta el 21 de junio de 2026 luego de la votación de segunda vuelta en el vecino país y se conozca al ganador.
Luego, se verá qué pronunciamiento tiene el nuevo mandatario colombiano sobre la relación con Ecuador en materia de seguridad.
Espacio para decisiones conjuntas Gonzalo Gutiérrez, secretario general de la Comunidad Andina (SGCAN), quien estuvo en Quito el 9 de junio de 2026 para inaugurar el Foro Andino de Turismo, emitió sus expresiones sobre las posiciones de Ecuador y Colombia en cuanto a los aranceles.
“Ecuador ha emitido las normas para retirar la tasa de seguridad y esto es una medida muy positiva, atendiendo a la resolución que emitió la SGCAN. Acabo de ver la norma colombiana correspondiente, que levanta los aranceles para casi la totalidad de los productos que estaban en la lista”, destacó.
Para el secretario, los problemas de seguridad que han sido el origen de esta situación entre Ecuador y Colombia “son problemas muy graves y muy atendibles”. Dijo que los países no deben retroceder en la lucha contra el flagelo que representa la delincuencia organizada transnacional
“En la CAN hace más de dos años venimos con un programa importante que se llama Decisión 922, el Plan de Acción Resolutivo de lucha contra la criminalidad Ese es el ámbito donde se

RELACIONES. Frontera entre Ecuador y Colombia, zona que experimentó los efectos de la tasa de seguridad. (Foto: Gobernación de Carchi).
deben tomar las medidas de seguridad conjuntas, para que los cuatro países podamos luchar coordinadamente contra la criminalidad”, subrayó Gutiérrez.
El Plan de Acción Resolutivo de los Países de la Comunidad Andina sobre la Delincuencia Organizada Transnacional fue concebido el 21 de enero de 2024, por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y los Ministros a cargo de la Defensa y Seguridad Interna. Acordaron adoptar 12 medidas, entre ellas:
· Acciones en frontera.
· Cooperación aduanera.
· Cooperación en minería ilegal.
· Cooperación en materia de lucha contra el tráfico ilícito de drogas.
· Cooperación en inteligencia.
· Capacitación en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.
Gutiérrez también refirió que la SGCAN tiene que
cumplir con el proceso jurídico para resolver los recursos planteados por los gobiernos de Daniel Noboa y de Gustavo Petro . “Estamos en los plazos que están contemplados en la norma y habrá una emisión de dictámenes o de resoluciones. Son seis diferentes recursos”, mencionó.
Anticipó que a partir del 15 de junio ya habrá un pronunciamiento de la SGCAN y otro un poco después.
Una vía para la cooperación Michel Leví, experto en Derecho Internacional y profesor en la Universidad Andina Simón Bolívar, señala que el Plan de Acción Reso-
Faltan alrededor de dos meses, hasta el 7 de agosto de 2026, para que el nuevo presidente de Colombia sea posesionado tras su elección.
meses , porque vincular la agenda de comercio con la agenda de seguridad es un craso error a todo nivel”, refiere Leví.
Noboa mantuvo un diálogo con el candidato De la Espriella, no así con Cepeda. Frente a la victoria de Cepeda, el Plan “no es una salida, es un mecanismo que debe utilizarse”, sostiene Leví.
“Lo planteado en la CAN es la base y los acuerdos más profundos son los que pueden tener los Estados. Ecuador no puede dejar de cumplir los acuerdos regionales. Hay la vía regional y la vía bilateral”, subraya.
‘Hacer que se cumpla lo establecido’
Paúl Desamblanc, exparlamentario andino, recuerda que el Plan se creó en 2024 frente a las necesidades de la región ante el crimen transnacional, por lo que no se requiere reactivarlo, sino “hacer que se cumpla lo que establece este Plan”.
lutivo “es la vía que hay que utilizar” para buscar una cooperación en seguridad.
“En 2024, Ecuador fue el país que promovió ese mecanismo que está recogido en la Decisión 922, que establece parámetros para generar una zona de seguridad en la CAN”, recuerda.
En efecto, en la Decisión 922 consta que el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores del 12 de enero de 2024 adoptó la Declaración sobre los acontecimientos de violencia en Ecuador, en la que “se condenan los violentos sucesos acaecidos en su territorio, llevados adelante por grupos delincuenciales organizados transnacionales”. Y se decidió adoptar el Plan.
“El presidente Noboa debía optar por la Decisión de 922 porque él mismo y su equipo plantearon el esquema. Pero el presidente llevó a cabo el tema de la seguridad por la vía política, no por la vía técnica. Y esa vía política es la que nos ha traído toda esta serie de inconvenientes en los últimos
Ecuador tiene la Presidencia Pro Tempore de la CAN desde septiembre de 2025. “En teoría, quien debió impulsar este Plan, activarlo y fortalecerlo es el presidente Pro Tempore de la CAN, el Gobierno de Noboa debería estar interesado en la seguridad de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Lastimosamente, estamos viendo que, hoy por hoy, la cooperación solo se da cuando eres de la misma línea política”, cuestiona el exparlamentario.
Considera que no se debería observar la tendencia política, sino trabajar en conjunto para procurar la seguridad de la región.
“Discrepo con las acciones del Gobierno, no creo que la medida de los aranceles haya mejorado la seguridad, no hay estadísticas que demuestren que esas medidas dieron resultado”, critica.
Espera que, si gana Cepeda, tanto él como Noboa “tengan la madurez política para entender que esto no se trata de izquierda o derecha, se trata del bienestar de las familias que habitan en cada uno de los dos países y que ellos se deben a su gente”. (KSQ)
El proyecto, impulsado por el oficialista ADN, busca tipificar nuevos delitos. Sin embargo, abogados penalistas advierten que la propuesta ignora la crisis del sistema penitenciario y la falta de una verdadera rehabilitación social.

Las nuevas reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) podrían entrar en vigencia antes de que finalice el año.
El 8 de junio de 2026 la Asamblea Nacional tramitó en primer debate un proyecto de reforma que reúne
21 artículos.
Según el bloque de ADN, la iniciativa busca fortalecer la respuesta del Estado frente al avance de la delincuencia organizada, el incremento de la violencia y la aparición de nuevas modalidades delictivas.
° Manipulación de competencia deportiva: “La persona que por sí misma o por medio de terceros, prometa, ofrezca o dé una ventaja a un tercero o entidad, con el objetivo de alterar el resultado o el curso de una competición deportiva oficial o profesional, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Y multa de 100 a 200 salarios básicos unificados”. Coacción al sufragante en elecciones populares: “La persona que mediante cualquier medio coaccione a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, con el fin de incidir en su votación en procesos de elección popular, de democracia directa y para la designación, remoción y revocatoria de mandato de las autoridades de los órganos de poder público será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años”.
Peculado financiero de riesgo sistémico: Los servidores públicos, administradores, directivos o personas que ejerzan funciones de gestión, dirección o control de una entidad del sistema financiero que disponga de recursos financieros, patrimonio técnico o cartera administrada, congelen, retengan arbitrariamente o la retención generalizada de fondos o depósitos, o causen la quiebra fraudulenta de una entidad del Sistema Financiero Nacional serán sancionados con pena privativa de libertad de 10 a 13 años.
litos podrían fortalecer el COIP, la mayoría de estas conductas ya están tipificadas y sancionadas en la ley actual.
Aunque reconoce que la intención del Gobierno es endurecer los castigos, advierte que esto no significa que los delitos vayan a desaparecer.
“Al aumentar las penas, se provocará que los centros penitenciarios sigan abarrotados de presos”. El jurista cree que el Estado debe priorizar una verdadera rehabilitación social
Puso de ejemplo que, en una cárcel que tiene capacidad para 2.000 presos, hay hasta 3.000 internos. “Ese no es un centro de rehabilitación; si a alguien le condenan por estafa, sale aprendiendo otros delitos”, enfatizó.
criminales se organicen más para atacar al Estado como venganza de lo que sucede; el sistema penitenciario se está cayendo a pedazos”.
Añadió que, con las reformas se busca legislar sobre algo que ya existe, y reiteró que subir las penas no elimina las estructuras criminales.
‘Parches’ en la lucha contra la delincuencia Para el penalista Marcelo Dueñas, la propuesta carece de un enfoque estructural. Aunque se le da relevancia al delito de peculado, que ya está tipificado, y se amplía el espectro de la conducta punible por el uso de bienes públicos, el jurista advierte que la propuesta no frenará con efectividad la criminalidad.
La propuesta todavía debe superar el segundo debate. De acuerdo con los plazos de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), la segunda y definitiva discusión estaría planificada para octubre o noviembre.
La iniciativa incorpora sanciones a la pertenencia a grupos subversivos, la vinculación con estructuras de criminalidad organizada, la manipulación de competencias deportivas y apuestas, y la coacción al votante durante procesos electorales. A los abogados penalistas Mauricio Aguirre , Oswaldo Trujillo y Marcelo Dueñas, sin embargo, les llama la atención la creación de nuevas figuras penales y el aumento de las penas privativas de libertad, pues consideran que esto no resuelve la problemática de la rehabilitación social en el país.
Situación de cárceles podría empeorar Mauricio Aguirre explica que, si bien los nuevos de -
‘Son reformas obsoletas’ El abogado penalista Oswaldo Trujillo cree que la Asamblea debería centrarse en reformas novedosas que refuercen el sistema penitenciario del Ecuador, donde actualmente no existe un proceso que ayude a los internos a reinsertarse en la sociedad. “Son reformas obsoletas que no van a ayudar a combatir el crimen organizado”, afirmó.
Trujillo consideró que penalizar la coacción para votar o la manipulación en competencias deportivas no responde a infracciones que se produzcan a diario en las calles o que atenten contra la estructura del Estado, sino que se trata de delitos excepcionales.
Enfatizó en la necesidad de prohibir de forma efectiva el ingreso de teléfonos celulares a las prisiones para que no puedan delinquir desde los centros de privación de libertad.
En su lugar, propone establecer opciones reales para que los internos puedan rehabilitarse y desvincularse de las bandas criminales a las que pertenecen.
Dijo que lo que se hace ahora es tratar a un interno como si estuviese en un campo de concentración, “privándolo de alimento, de visitas, de salir a la luz del sol, lo cual, lo único que hace es reforzar y reafirmar que los grupos y estructuras
“No veo que la propuesta tenga mucha trascendencia ni que lleve a combatir de manera efectiva el incremento de la delincuencia”, argumentó.
Consideró que, para alcanzar este objetivo, se debe buscar un compromiso y un acuerdo interinstitucional entre todos los poderes del Estado y las entidades vinculadas a la seguridad, con el fin de diseñar una política pública de rehabilitación social integral.
“No se combate el crimen solo dictando leyes; a veces las leyes son coyunturales y el reflejo de una oferta de campaña. De esa manera no se pueden estructurar las normas”, afirmó.
En ese sentido, recomendó un mayor compromiso de los operadores de Justicia para coordinar con las instituciones estatales la correcta aplicación y respeto a la ley.
“Se está pasando el tiempo en reformas que son simples parches temporales y coyunturales; cuando se producen crímenes, la Asamblea se reúne y dice: ‘vamos a reformar la ley e incrementar las penas’”, criticó.
No obstante, Dueñas rescató la necesidad de actualizar la norma penal frente al avance de la sociedad y las nuevas modalidades delictivas, ya que es indispensable tipificar las conductas de forma expresa en el COIP para poder sancionarlas. (SC)
Las autoridades aún no han esclarecido la muerte de la activista Mónika Silva. Distintos organismos piden celeridad y transparencia en las investigaciones.
La tarde del 8 de junio de 2026 se conoció que la activista Monika Silva fue hallada sin vida en su domicilio, en la provincia de Santa Elena, aunque todavía se desconoce la causa de su muerte
Fundamedios indicó que la activista fue encontrada por su pareja a eso de las 16:00 en su domicilio. El hallazgo se dio después de que no respondió llamadas ni mensajes durante algunas horas.
La oenegé señaló que personas cercanas manifestaron que, cuando se la encontró, Silva llevaba una soga alrededor del cuello, pero que no estaba colgada. Las autoridades confirmaron que no tenía signos vitales
El levantamiento del cadáver lo realizó el personal de Criminalística para las pericias correspondientes.
¿Quién era Monika Silva?
Monika Silva era una ciudadana polaca que estaba radicada en Montañita, Santa
Elena. Luchó por la mejora de las condiciones de vida de los pobladores de la zona rural de la provincia, quienes estaban afectados por la pobreza, la desnutrición infantil, el desempleo y la falta de acceso a servicios básicos
Creó la fundación La Integridad, la cual planteaba que desde la entidad se entendía la verdadera causa del problema de la falta de valores como “la corrupción sistémica y la injusticia arraigada”. La misión de esa organización es combinar “la asistencia directa con el empoderamiento ciudadano y la garantía de los derechos para lograr un cambio profundo y duradero”.
El periodista Iván Flores, quien conoció a Silva en 2025, recordó que la ciudadana polaco-ecuatoriana tenía una determinación férrea por tratar de mejorar las condiciones de vida suyas y de sus vecinos.
“Al menos dedicó los últimos 12 años de su vida para
hacer un ejercicio de veeduría ciudadana, de activismo ciudadano anticorrupción, porque la península de Santa Elena tiene muchos atractivos turísticos, una naturaleza preciosa y que eso puede ser un sustento de vida para las comunidades. Pero, había muchos intereses inmobiliarios que poco a poco fueron alterando la vida y cotidianidad de esas regiones”, detalló Flores.
A partir de esa inquietud, Silva fue desenredando “estructuras que operaban en torno al tráfico de tierras de Santa Elena”.
Piden esclarecer la muerte Fundamedios planteó que la forma en que Silva fue encontrada “ha generado dudas y preocupación entre familiares, amigos y compañeros de activismo, quienes han pedido que la investigación no descarte ninguna hipótesis de manera prematura”.
Las personas de su entorno rechazan que el caso se trate como un posible suicidio y exigen a las autoridades que investiguen exhaustivamente todas las circunstancias que rodearon su fallecimiento.
La vigencia se da porque Silva denunció casos de corrupción, irregularidades en la administración pública y conflictos vinculados al tráfico ilegal de tierras También colaboró con información relevante para el seguimiento y documentación del asesinato del comunicador Robinson del Pezo. La activista Gabriela Panchana recordó que Silva denunció actos de presunta corrupción del exalcalde de Santa Elena, Otto Vera; presuntos casos de nepotismo de la ministra de Trabajo, Cynthia Gellibert ; y también del actual contralor general del Estado,Mauricio Torres. Todas esas denuncias han sido cuestionadas

por ser supuestamente falsas.
“Denunció que habían colocado cámaras de altísima fidelidad y que podían girar e, inclusive, tener alcance hasta la propiedad de ella, para poder monitorear su entrada y su salida. Y responsabilizaba al Estado por no darle la protección a pesar de todas sus denuncias”, aseguró Panchana.
La Unión Europea instó a las autoridades a realizar una investigación rápida , exhaustiva, independiente y transparente para esclarecer la muerte de la activista. Además, expresó su preocupación frente al tema y reiteró la importancia de proteger a los defensores de Derechos Humanos, periodistas, y activistas, así como garantizar un entorno seguro para el ejercicio del espacio cívico en Ecuador.
El caso de Robinson del Pezo En noviembre de 2025, el comunicador Robinson del Pezo fue asesinado en el mercado de La Libertad, en Santa Elena. El comunicador había denunciado irregularidades en la provincia como la presunta venta de un terreno de 93 hectáreas.
De acuerdo con información publicada por Fundamedios, tras el crimen al comunicador, la activista Mónika Silva acompañó las exigencias de verdad y justicia, denunció posibles irregularidades en el caso y respaldó varias de las causas que ambos impulsaban conjuntamente.
Posibles indicios
El ministro del Interior, John Reimberg, destacó que se esperaba el resultado de la autopsia. “Se presume que la señora murió de suicidio, se encontraron los indicios necesarios para llegar a esa determinación. Dentro de las primeras declaraciones que dio su pareja sentimental pudo decir que tenía problemas de depresión”.
La Fiscalía informó que inició de oficio una investigación previa por la muerte de Monika Silva. Y que, en coordinación con la Policía Nacional, se ejecutan las primeras diligencias investigativas para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho. (PSR)
La mitad de los ecuatorianos gasta entre el 87% y el 102% de sus ingresos, una señal de la fragilidad financiera que enfrenta gran parte del país.

Las familias ecuatorianas tienen un presupuesto ajustado y sin espacios para ahorro o emergencias.
Los promedios suelen ser cómodos: ordenan, simplifican, permiten titulares rápidos. Pero también esconden realidades. La nueva Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enighur 20242025) , publicada por el INEC tras doce años sin una radiografía de este tipo, desmonta una de las cifras más repetidas en el debate público: el ingreso promedio del hogar ecuatoriano es de $1.135 mensuales. El dato es correcto, pero no representa a la mayoría.
Cuando se abre la fotografía, la historia cambia por completo. El hogar del decil más rico registra ingresos por $2.834 al mes. El del decil más pobre , apenas $408. Entre ambos extremos se construye ese promedio que circula en los titulares, pero que poco dice sobre cómo vive realmente el país.
Para entenderlo mejor, basta imaginar dos familias:
· Familia A, en el decil alto, puede cubrir la canasta básica, pagar servicios, ahorrar algo y planificar.
· Familia B, en el decil más pobre, debe decidir cada semana si compra gas o si compra carne; si paga el internet del niño o si paga la deuda del mes pasado.
Ambas familias existen en la estadística, pero solo una se parece al “promedio”.
La Enighur permite ver lo que el promedio oculta: la desigualdad en la capacidad real de consumo y la fragilidad financiera de millones de familias
Con $61 al mes para comida La canasta básica familiar cuesta $829 . Sin embargo, el decil más pobre destina solo $61 al mes en alimentos para toda la familia. No es que gasten poco por elec-
ción: no pueden gastar más
La brecha entre lo que cuesta vivir y lo que ingresa a los hogares más vulnerables es tan amplia que se vuelve estructural. No se trata de un problema de “mal manejo del dinero”, sino de ingresos que simplemente no alcanzan para cubrir lo mínimo.
“En la casa somos cinco personas y con suerte gastamos unos dos dólares al día en comida. Hay semanas en las que toca reemplazar la carne por arroz o fideos porque no alcanza para más. Cuando suben los precios, simplemente compramos menos”, cuenta María, madre de tres hijos y residente de un barrio popular de Quito. Su situación ilustra la realidad de miles de familias ecuatorianas para las que el problema no es administrar mejor el dinero, sino la falta de ingresos suficientes para
reparar un electrodoméstico dañado o soportar la pérdida temporal de ingresos sin que la estabilidad económica de la familia se vea comprometida.
“Cuando un hogar destina entre nueve y diez dólares de cada diez que recibe a cubrir sus necesidades básicas, ya no estamos hablando de capacidad de consumo, sino de supervivencia económica. Estas familias viven en una situación de vulnerabilidad permanente, donde cualquier imprevisto puede empujarlas al endeudamiento o a una condición más profunda de pobreza”, explica el economista Andrés Cárdenas, especialista en desarrollo y mercado laboral.
La encuesta también revela que el 35,7% de los hogares ecuatorianos percibe ingresos inferiores a un salario básico unificado. Esta realidad no solo restringe el consumo de millones de familias, sino que limita las posibilidades de movilidad social, reduce la capacidad de ahorro e inversión y dificulta la construcción de una economía más productiva e inclusiva . Para una parte significativa del país, el desafío ya no es progresar económicamente, sino llegar a fin de mes.
cubrir lo indispensable.
Supervivencia económica
El dato más revelador de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales muestra que los cinco deciles más pobres, que agrupan al 50% de la población, destinan entre el 87% y el 102% de sus ingresos al gasto corriente. En el caso del decil más pobre, el gasto incluso supera al ingreso disponible, lo que evidencia una situación de déficit permanente. En los siguientes grupos, la relación también es crítica: el segundo decil gasta el 97% de lo que recibe; el tercero, el 93%; el cuarto, el 90%; y el quinto, el 87%.
Esto significa que alrededor de 2,7 millones de hogares, equivalentes a cerca de 9 millones de personas, viven sin margen financiero
No pueden ahorrar, enfrentar una emergencia médica,
La economía real de Ecuador Los datos no son solo estadística; sino también son mercado, son ciudadanía, son país. Según el economista Marco Antonio Acosta, diseñar políticas públicas, estrategias comerciales o productos financieros basados en promedios nacionales conduce a diagnósticos incompletos y soluciones que no llegan a quienes más las necesitan.
“La verdadera economía ecuatoriana no está en el promedio de $1.135, sino en los millones de hogares que viven al límite, sin margen para ahorrar, sin capacidad para planificar y sin protección ante un imprevisto”, acotó.
Cerrar esa brecha no es solo un desafío social; sino que es una condición indispensable para que Ecuador pueda construir un crecimiento sostenible, estable y con base sólida, de acuerdo con Acosta. (JS)
Los operadores del transporte público afirman que el estudio municipal para elevar la tarifa de $0,35 a $0,40 utiliza datos desactualizados y subestima los costos reales de operación. El Municipio defiende la propuesta. Los transportistas de Quito expresaron su desacuerdo con el informe técnico elaborado por la Secretaría de Movilidad, que sirve de base para la propuesta de incrementar la tarifa del transporte público urbano de $0,35 a $0,40. Aseguran que el documento contiene inconsistencias metodológicas, datos desactualizados y una subestimación de los costos reales de operación, lo que podría afectar la sostenibilidad del sistema en los próximos años. El debate surge mientras el Municipio analiza una ordenanza para modificar la tarifa del subsistema convencional de transporte urbano, combinado y rural. La propuesta municipal concluye que la tarifa técnica del sistema es de $0,34 por pasajero y que, considerando la estructura de tarifas preferenciales, el valor para el usuario es de $0,40 para la tarifa completa y $0,20 para la reducida. Según la Secretaría de Movilidad, la metodología utilizada se basa en el modelo tarifario desarrollado en 2017 y actualizado en 2024. El estudio considera variables como el precio del diésel, salarios, mantenimiento, demanda de pasajeros y rentabilidad de los operadores. Además, sostiene que la actualización es necesaria para mantener el equilibrio económico del sistema. Sin embargo, los operadores consideran que el análisis no refleja las condiciones actuales del transporte público en Quito. Este proyecto de ordenanza se mantiene en la comisión de movilidad del Concejo Metropolitano de Quito, y podría ir al concejo para primer debate en 15 días.
Críticas a costos para calcular la tarifa’ Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el costo de los vehículos. El informe municipal utiliza un valor referencial de $100.000 para un bus tipo, tomando como base los cálculos realizados en

2017.
Los transportistas afirman que actualmente un bus nuevo diésel cuesta alrededor de $150.000 y que una unidad eléctrica puede superar los $280.000. A su criterio, trabajar con valores inferiores reduce artificialmente los costos de depreciación y dificulta la renovación de la flota.
También cuestionan el precio del combustible empleado en el modelo. El informe utiliza un valor de $2,80 por galón de diésel, mientras que los operadores sostienen que el precio real ya supera los $3 y continuará registrando incrementos.
Las observaciones también alcanzan a los costos de mantenimiento. Según el análisis presentado por el sector transportista, hay insumos que aparecen con precios muy inferiores a los existentes en el mercado. Como ejemplo señalan que cinco galones de aceite para motor se registra con un valor cercano a $11, cuando actualmente su costo bordea los $100.
Para los representantes del transporte, estas diferencias generan una subestimación de los gastos reales y terminan influyendo en el cálculo de la tarifa técnica.
Diferencias en la demanda Otro punto criticado corresponde a la demanda de usuarios.

La Secretaría de Movilidad señala que tomó como referencia datos del Plan Maestro de Movilidad Sostenible aprobado en 2024. El estudio considera una demanda promedio de 787 pasajeros diarios por unidad para el transporte urbano.
Sin embargo, los transportistas afirman que existen inconsistencias entre las distintas hojas del modelo financiero. Según su análisis, para algunos cálculos se utilizan cifras cercanas a los 684 o 695 pasajeros diarios por bus, mientras que para otros componentes se emplean valores cercanos a los 788 usuarios.
A criterio de los operadores, esta diferencia provoca que ciertos costos se calculen con una demanda más baja, mientras que los ingresos se proyectan
el porcentaje de pasajeros con tarifa reducida sería mayor y podría alcanzar el 25%
De ser así, indican, los ingresos proyectados por el Municipio estarían sobreestimados y la tarifa para cubrir los costos reales sería superior a la calculada por la Secretaría de Movilidad.
Costos laborales
El sector también cuestiona que el modelo no refleje completamente los costos laborales.
Aunque el informe considera un factor prestacional de 2,3 conductores por unidad, los operadores sostienen que los salarios incluidos en la simulación se ubican entre los valores más bajos del mercado y que no se incorporan plenamente beneficios como décimos, vacaciones, fondos de reserva y aportes a la seguridad social.
Asimismo, señalan que los costos tecnológicos aparecen incompletos. Si bien el estudio contempla una inversión inicial para sistemas de recaudo y control, afirman que no se incluyen gastos permanentes relacionados con mantenimiento, actualización de software, plataformas tecnológicas y renovación de equipos
Según sus cálculos, estos rubros podrían representar entre tres y cuatro centavos adicionales por viaje.
Modernización del servicio
Tanto el Municipio como los transportistas coinciden en la necesidad de modernizar el sistema de transporte.
con una demanda más alta, generando una distorsión en los resultados finales.
También cuestionan que se asignen niveles de demanda similares entre buses urbanos y buses que operan hacia parroquias rurales.
Debate sobre las tarifas preferenciales en Quito
La composición de las tarifas preferenciales constituye otro punto de discrepancia. El informe municipal establece una relación de 85% de usuarios que pagan tarifa completa y 15% que acceden a tarifa reducida. Con esa proporción se obtiene la tarifa de $0,40.
Los transportistas sostienen que la realidad es diferente. Según los conteos y aforos realizados por algunas operadoras,
La Secretaría de Movilidad plantea que el incremento tarifario forme parte de un proceso más amplio de transformación del sistema, que incluye la implementación progresiva del Sistema Integrado de Transporte Público de Quito, mejoras tecnológicas y mecanismos para garantizar la sostenibilidad financiera de la operación. Los operadores, por su parte, consideran que la discusión no debería limitarse al valor del pasaje. Proponen migrar hacia un modelo de pago por kilómetro recorrido y por calidad del servicio
Además, piden que la construcción de la nueva ordenanza incorpore a representantes de la academia, expertos en movilidad, operadores públicos y privados para revisar los criterios técnicos antes de que el Concejo tome una decisión. (EC)
Los candidatos Roberto Sánchez y Keiko Fujimori coinciden en señalar que el próximo presidente de Perú necesitará de consensos para gobernar.
Los candidatos a la Presidencia de Perú, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, han coincidido en señalar que gane quien gane las elecciones del 7 de junio de 2026 ha de establecer consensos políticos para los próximos años, mientras continúa el recuento, con el 95% de las actas ya escrutadas, que sitúan al primero como mejor colocado para ser el nuevo presidente, con apenas 26.000 votos más que su rival.
Sánchez ha señalado que
serán capaces de generar “el más amplio consenso” y “el más amplio respeto para que el único enemigo visible de todos los peruanos sea la corrupción y la pobreza”, y ha tendido la mano a otras fuerzas políticas de distinta ideología “para consensuar a favor de todos los peruanos”.
El diálogo es el desafío En esa línea ha coincidido la candidata de Fuerza Popular, quien ha explicado que todo aquel que pretenda ser una autoridad política en

el país “y salga quien salga elegido” tendrá por delante la tarea de dialogar y crear consensos.
“Vuelvo también a hacer la misma reflexión de que el diálogo tiene que primar en los próximos cinco años y desde nuestro lado están los puentes extendidos para buscar una agenda de consenso”, ha dicho Fujimori, que ha visto cómo en las últimas horas Sánchez se colocaba por delante en la carrera presidencial.
A pesar de ello, ha dicho
sentirse “optimista” y “con mucha fe” de cara al recuento final. “Voy a seguir esperando con mucha prudencia los resultados (...) que es lo que corresponde, cada voto va a ser importante”, ha afirmado, en declaraciones recogidas por Canal N. Sánchez, aspirante de Juntos por el Perú, se sitúa en cabeza con algo más del 50% de los votos, apenas 26.400 más que su rival de Fuerza Popular, que se queda por el momento con el 49,9% de los sufragios.



° El sol peruano ha caído un 1,7% ante el temor de los inversores a que el candidato de izquierdas, Roberto Sánchez, se imponga a su contrincante de derechas, Keiko Fujimori, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Según un informe de Ebury, pese a que Fujimori estuvo inicialmente por delante de Sánchez en el escrutinio, este le ha adelantado por la mínima con el 93% de los sufragios contabilizados.
Además, el conteo rápido de Ipsos da la victoria a Sánchez y su barómetro ha predicho correctamente al futuro mandatario desde 2001.
“De confirmarse una victoria de Sánchez, creemos que existen varios factores mitigantes que podrían paliar las preocupaciones de los inversores”, ha explicado el analista de mercados júnior Diego Barnuevo.
“Entre ellos, destacamos los buenos fundamentos económicos de Perú, la moderación de determinadas posturas por parte de Sánchez durante la campaña y la fortaleza de la derecha en el Senado, que podría actuar como freno frente a las propuestas más radicales de Sánchez”, ha abundado.
Por pérdida se anula el siguiente título de Corporación Favorita C.A. título Nro. 46020 por 100 Acciones, con valor nominal de USD $1.00 cada una, pertenecientes a María Isabel Román Albornoz con C.C. 1707354278. 001-006-0716


El Gobierno de Bolivia aseguró que su Ejército actuará en línea con la legalidad y con “serenidad” ante los bloqueos y protestas que ya superaron los 40 días.
MADRID. El nuevo ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, ha asegurado este 9 de junio de 2026 que la respuesta del Estado a los bloqueos, que afectan al país desde hace más de un mes, estará en línea con la legalidad, mientras que las Fuerzas Armadas actuarán con “serenidad”, un día después de que el presidente Rodrigo Paz haya promulgado la ley que regula el estado de excepción.
“Frente a quienes buscan convertir el miedo en método político, el Estado ac-
tuará con legalidad; frente a quienes intenten someter al país mediante la violencia, actuará con firmeza, y frente a quienes pretendan quebrar el orden democrático, las Fuerzas Armadas cumplirán su misión constitucional con disciplina, serenidad y patriotismo”, ha señalado durante un evento en el que ha recibido una condecoración al mérito militar.
Justiniano ha asegurado que “ésta no será una respuesta improvisada, será una respuesta institucional, de-
LIGA BARRIAL LA LIBERTAD DE QUITO FILIAL DE LA FEDERACIÓN DE LIGAS DEPORTIVAS
BARRIALES Y PARROQUIALES DEL CANTÓN QUITO
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL DE ELECCIONES
LIGA BARRIAL LA LIBERTAD DE QUITО De conformidad con lo dispuesto en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, su Reglamento General vigente, el Estatuto y Reglamento Interno de Liga Barrial La Libertad de Quito, se convoca a los clubes filiales legalmente acreditados a la Asamblea General de Elecciones, que se llevará a efecto en la sede de la Liga Barrial La Libertad de Quito, el día viernes 26 de junio de 2026, a partir de las 19h30, con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA
1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Elección del Directorio de la Liga Barrial La Libertad de Quito para el período estatutario correspondiente.
3. Elaboración y suscripción de los nombramientos y actas de aceptación de los miembros del Directorio electo.
4. Clausura de la sesión.
En caso de no existir el quórum reglamentario a la hora señalada, la Asamblea se instalará una hora después con los clubes presentes, conforme a la normativa
mocrática y de Estado”, en un mensaje dirigido a quienes “pasaron del bloqueo a la violencia, de la piedra a la bala y ahora pretenden utilizar métodos de terror, movimientos de rebelión y acciones de sedición para imponer por la fuerza lo que no pueden conseguir por la vía democrática”.
En este sentido, ha descartado que los bloqueos y protestas emprendidos hace ya 41 días contra las políticas del presidente Paz sean vistos como un conflicto interno, reiterando la idea del Ejecutivo boliviano de que detrás de estos “hay componentes transnacionales, financiamientos oscuros, intereses criminales y estructuras vinculadas al narcotráfico que buscan debilitar al Estado, fracturar la convivencia democrática y someter a la población mediante el miedo”.
derazgo de la cartera militar hace una semana, ha defendido además que “la prudencia no es ausencia del Estado, la contención no es debilidad y la voluntad de diálogo no significa renunciar al deber de proteger a Bolivia”, en respuesta a quienes reclaman que se decrete el estado de excepción como solución a los bloqueos.
Sus declaraciones llegan un día después de que el mandatario haya promulgado una nueva ley aprobada por el Parlamento que amplía las competencias para imponer estados de excepción y permite desplegar a las Fuerzas Armadas en el marco de las protestas que estallaron en La Paz hace ya 41 días y que se han ido extendiendo a otras partes del país, con enfrentamientos con las fuerzas
policiales y el levantamiento de cerca de cien bloqueos, la mayoría de ellos en La Paz y Cochabamba, bastión político del expresidente Evo Morales.
La nueva legislación establece que el estado de excepción tendrá que realizarse por decreto especificando su alcance territorial, duración, medidas extraordinarias autorizadas e instituciones responsables de su ejecución, y determina una vigencia máxima de hasta 90 días con posibilidad de ampliación únicamente mediante autorización de la Cámara.
A la huelga indefinida convocada por la Central Obrera Boliviana (COB), el principal sindicato del país, se han sumado los bloqueos de carreteras liderados, en parte, por colectivos campesinos y rurales. En un primer momento, los manifestantes exigían mejoras de vida y de condiciones en sus sectores, en medio de la honda crisis social y económica que viene arrastrando el país en los últimos años, si bien con el paso de los días han establecido como condición la renuncia de Paz. (EUROPA PRESS)

“Hay que decirlo con claridad: la protesta pacífica es un derecho, la violencia es un delito. Ningún interés político, económico o criminal puede estar por encima de la vida del pueblo boliviano, de la Constitución y de la democracia”, ha considerado el ministro.
Nueva legislación
SECRETARIO GENERAL
LIGA BARRIAL LA LIBERTAD DE QUITО
Justiniano, que asumió el li-

Las
en


A pesar de los operativos militares, las estructuras delictivas se reorganizan para mantener la extracción y el transporte clandestino de minerales. La seguridad en la frontera norte continúa siendo uno de los principales desafíos para el Estado. En lo que va de 2026, las Fuerzas Armadas han ejecutado constantes operaciones contra la minería ilegal en Carchi e Imbabura, una actividad que, lejos de desaparecer, sigue reconfigurándose en nuevos sectores.
Entre enero y mayo de este año, decenas de militares y equipos especializados ingresaron a campamentos clandestinos para destruir maquinaria, sistemas de transporte de material aurífero e infraestructura utilizada por organizaciones dedicadas a la extracción ilegal de minerales como oro y cobre
No obstante, pese a las pérdidas económicas ocasionadas por los operativos, la actividad minera ilegal ha ganado presencia en Puerramal y El Chical, en la provincia del Carchi, mientras persiste en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en Imbabura.
El Chical, territorio bajo presión
La parroquia El Chical, ubicada en la zona tropical de Car-

LOS sistemas de poleas son utilizados para transportar el material aurífero entre Ecuador y Colombia por las estructuras criminales.
chi, enfrenta desde inicios de 2025 una creciente presión por actividades relacionadas con la minería ilegal.
El 3 de junio de 2026, militares localizaron otra vez un mecanismo de poleas empleado para conectar puntos de extracción en zonas montañosas de Ecuador con áreas de acopio y procesamiento ubicadas en Colombia.
De acuerdo con el Ejército, entre el 30 de mayo y el 3 de junio las operaciones militares
provocaron pérdidas cercanas a $1 millón a las estructuras ilegales que operan en la zona. Las investigaciones señalan que estas organizaciones mantienen una constante capacidad de reorganización. Tras cada intervención, vuelven a abrir bocaminas y reconstruyen sistemas de poleas para continuar con la extracción y transporte de material. Además, movilizan repetidamente hacia los sectores de explotación equipos como ge-
yectos mineros autorizados. El 3 de junio de 2026 estaba prevista una reunión entre autoridades locales, representantes parroquiales y delegados de la empresa minera RWGold C.A. para analizar las actividades de la compañía en la zona. Sin embargo, el encuentro no se efectuó.
Antes de coordinar dicha reunión, durante al menos una semana, habitantes de la parroquia realizaron protestas en rechazo a la instalación de un molino que, según afirman, podría afectar fuentes de agua utilizadas por las comunidades. Hasta el momento, los pobladores continúan esperando respuestas sobre el alcance de las operaciones mineras en su territorio.
Buenos Aires, foco de minería ilegal En la parroquia Buenos Aires, cantón Urcuquí, la minería ilegal se mantiene como un problema persistente desde hace casi una década. En 2019 , durante el Gobierno de Lenín Moreno, se ejecutó un megaoperativo para desmantelar uno de los mayores asentamientos de minería ilegal del país. Sin embargo, la actividad no desapareció. Actualmente, informes de inteligencia militar señalan que integrantes del grupo criminal los Lobos estarían vinculados a la extracción ilegal de minerales en la zona, pese a las continuas intervenciones de las Fuerzas Armadas.
neradores eléctricos, bombas de agua, motosierras, brocas para rotomartillos, miles de metros de cable de acero y sogas, así como distintos tipos de explosivos, entre esos mecha lenta y explosivos conocidos como “salchichas”.
Protestas contra minería legal El conflicto minero en El Chical no se limita a las actividades ilegales. También existe preocupación entre la población por la presencia de pro-
Uno de los operativos más importantes se realizó en febrero de 2026 y permitió desmantelar un complejo minero ilegal que, según estimaciones oficiales, generaba cada mes aproximadamente un $1 millón
Como ha reportado de forma reiterada LA HORA, Buenos Aires continúa siendo un escenario recurrente de explotación minera ilegal. La complejidad geográfica del territorio y su cercanía con corredores utilizados para actividades ilícitas han facilitado la instalación de estructuras criminales que combinan la extracción de oro con la presencia de grupos armados. (DLH)
Los ciudadanos temen que el fenómeno de El Niño llegue antes de lo previsto
BABAHOYO. La preocupación vuelve a crecer entre los habitantes del cantón Babahoyo tras las fuertes lluvias registradas en los últimos días en la capital fluminense, donde ya se observa un leve incremento en el nivel del río.
Los ciudadanos recuerdan los estragos ocasionados por el reciente invierno y temen que la llegada anticipada del fenómeno de El Niño provoque nuevas inundaciones.
“Aún continuamos golpeados por el invierno de hace dos meses y estamos a punto de volver a inundarnos con la llegada de El Niño”, expresó Juan Carlos Mina.
Preocupación
La in quiet ud no solo se vive en las parroquias rurales, sino también entre los habitantes de la ciudad, quienes por primera vez resultaron afectados por las inundaciones registradas durante la temporada invernal.
“Estamos preocupados por la situación que se pue -

da presentar. Ya se han registrado lluvias fuertes, Guayaquil se inundó y tememos que nuestra ciudad vuelva a pasar por lo mismo”, manifestó Mariana Zambrano.
Lluvias en aumento Las pre cipitaciones no solo mantienen en alerta a los residentes de Babahoyo, sino también al sector agrícola, donde ya comienzan a evidenciarse afectaciones en varios cultivos.
“Debido a las lluvias se han inundado ciertos tramos de mi terreno, lo que
pone en peligro mi cultivo de arroz. Si continúa lloviendo, perderemos la cosecha”, lamentó Jair Marmolejo.
A esta preocupación se suma Alfredo Muñoz, pequeño agricultor de la zona, quien recientemente realizó una nueva siembra y teme sufrir pérdidas económicas.
“Otra pérdida más y creo que no la vamos a soportar. Esperamos que las lluvias disminuyan y que la situación mejore para nosotros los agricultores”, señaló.
Los habitantes de Ba -
LOS RÍOS. Con el objetivo de fortalecer la conectividad rural y garantizar una mejor movilidad para los habitantes del sector, el equipo caminero de la Prefectura de Los Ríos, ejecuta trabajos de reconformación vial e instalación de una alcantarilla en la comunidad de Río Perdido.
La intervención contempla la adecuación de la vía y la colocación de una estructura
destinada al drenaje de aguas lluvias, una obra que permitirá mejorar el flujo del agua y proteger la carretera durante la temporada invernal, reduciendo el riesgo de daños y afectaciones al tránsito. Estos trabajos forman parte del plan vial que se desarrolla en distintos sectores de la provincia, con el propósito de mantener en buen estado los caminos rurales que co-
nectan a las comunidades y facilitan el traslado diario de sus habitantes.
Las autoridades destacaron que la intervención en Río Perdido responde al compromiso de fortalecer la infraestructura vial rural, impulsando el desarrollo productivo y mejorando la calidad de vida de quienes habitan en las zonas más alejadas de la provincia.

LA ciudadanía Babahoyenses temen volver hacer golpeada por las inundaciones
bahoyo esperan que las precipitaciones no continúen intensificándose, con el objetivo de evitar nuevas
pérdidas en el sector agrícola y afectaciones en los distintos barrios y comunidades del cantón.

La intención de los transportistas de incrementar la tarifa hasta 79 centavos genera malestar entre los santodomingueños, quienes consideran que el servicio no justifica un aumento de esa magnitud.

OPOSICIÓN. La propuesta de incrementar el pasaje urbano ha generado rechazo entre los usuarios.
La propuesta del Consorcio MÍO de incrementar el pasaje urbano entre 69 y 79 centavos ha provocado el rechazo de numerosos usuarios del transporte público en Santo Domingo. Los ciudadanos consideran que se trata de una pretensión excesiva y esperan que las autoridades municipales no den paso a un incremento de esa magnitud.
Juan Criollo cuestionó el planteamiento de los transportistas y señaló que en ciudades más grandes, como
Guayaquil, Cuenca y Quito, la tarifa oscila entre 30 y 35 centavos, mientras que en Santo Domingo ya se pagan 39 centavos y, en muchos casos, 40, debido a que los conductores no entregan el centavo de cambio.
Otros usuarios afirman que, de concretarse un aumento, buscarían alternativas de movilización como bicicletas, motocicletas o vehículos eléctricos. Francisco Aldeán considera que la ciudad debería impulsar opciones de transporte más
Actualmente, la tarifa urbana en Santo Domingo es de 39 centavos para el pasaje general y de 19 centavos para los grupos beneficiarios de la tarifa diferenciada.
sostenibles y accesibles para la población.
Las críticas también
apuntan a las condiciones de algunas unidades y a la calidad del servicio. Los pasajeros sostienen que antes de plantear un incremento se deberían mejorar aspectos relacionados con la comodidad, seguridad y frecuencia de los recorridos.
Sin revisión por ahora Las autoridades municipales han reiterado que, por el momento, no está previsto un incremento de la tarifa.
El alcalde Wilson Erazo y
Héctor Fiallo, gerente de la empresa pública municipal de Transporte, explicaron que la ordenanza vigente establece que no se podrá revisar el costo del pasaje hasta que entren en funcionamiento el Sistema Integrado de Recaudo (SIR) y el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE). Además, recordaron que cualquier modificación tarifaria deberá sustentarse en estudios técnicos y contar con la aprobación del concejo municipal. (LMM)

Autora: Cristina Loaiza
P&BRAND ABOGADOS
Signos distintivos
De manera general los signos distintivos comprenden todo símbolo, color, diseño o elemento gráfico capaz de individualizar productos, servicios y actividades económicas frente a sus competidores. Su función esencial es permitir que el consumidor identifique el origen empresarial de lo que adquiere, evitando confusiones en el mercado.
Como bien señala la doctrina, el signo distintivo funciona como un puente de comunicación entre el proveedor y el cliente; este último logra a través del signo, “identificar y distinguir el producto de sus semejantes en el mercado1” .
En el ámbito normativo, si bien ni el Régimen
Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina (Decisión Andina 486) ni el Código Orgánico de la
Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESCCI) ofrecen una definición conceptual, ambos cuerpos legales establecen el marco para reconocer, y proteger las diversas categorías que las conforman. En ese sentido, el registro de signos distintivos constituye una herramienta esencial para su protección, pues en un entorno competitivo, la marca, el nombre comercial o el lema comercial, no solo identifican el origen empresarial de productos o servicios, sino que también concentran reputación, posicionamiento y
valor económico de su titular.
Errores de fondo y forma
Cada día se presentan solicitudes ante la autoridad competente, y varias de ellas contienen errores tanto de forma como de fondo. Por esta razón, resulta útil identificar los desaciertos más frecuentes al momento de presentar una solicitud ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI y considerar ciertas pautas prácticas que permitan evitarlos. Es importante aclarar que, aunque no es obligatorio contratar a un
¿En qué consite la división de bienes inmuebles en los juicios de partición?

De acuerdo con lo previsto en el Art. 334 del COGEP el juicio de partición está considerado como un procedimiento de jurisdicción voluntaria. El procedimiento del juicio de partición se iniciará con una petición del interesado que deberá contener los mismos requisitos de la demanda. Calificada la petición el ordenará se cite a los interesados y convocará a audiencia.
La persona citada o cualquier otra que pudiere tener interés jurídico en el asunto podrán oponerse por escrito antes de que se convoque a audiencia. Por su parte el Art. 473 del COOTAD establece que en el caso de partición judicial de inmuebles, los jueces ordenarán se cite con la demanda a la municipalidad del cantón o distrito metropolitano; y que no se podrá realizar la partición sino con el informe favorable del respectivo concejo. Esta disposición legal contiene dos obligaciones para las y los juzgadores; la primera que toda demanda que verse sobre la partición de bienes inmuebles que se encuentra dentro del límite urbano deberá ser citada a la municipalidad del cantón o distrito metropolitano, representados por su alcalde y procurador síndico municipal; y, la segunda que no podrá emitirse sentencia que signifique la partición de un bien inmueble urbano, sin que previamente deba contarse con el informe favorable del concejo. La citación al municipio del cantón o distrito metropolitano deberá ordenarse en la providencia que se califica la petición de partición, conforme lo previsto en el Art. 335 inciso segundo del COGEP, y deberá también convocarse a la audiencia prevista en el tercer inciso de esa norma. La autorización del concejo municipal no es una prueba relativa a la partición sino un requisito legal sin el cual no puede autorizarse la división de un bien inmueble y tampoco depende de la oposición de la persona interesada o de terceros.
Oficio: FJA-CPJA-2018-0040 Criterios sobre Inteligencia y Aplicación de la Ley Corte Nacional de Justicia
abogado para solicitar el registro de un signo distintivo ante el SENADI, la asesoría especializada suele ser la clave del éxito. En la práctica, el desconocimiento de las normas hace que muchos usuarios cometan errores graves, como intentar registrar marcas que están legalmente prohibidas. Por esta razón, no basta con hacer la búsqueda fonética de anterioridades; es necesario realizar un análisis que permita conocer, si el signo es viable antes de invertir tiempo y dinero en el proceso.

El formulario de solicitud denominado “Formato Único de Registro de Signos Distintivos” no es un mero requisito administrativo, sino el instrumento que delimita el alcance de la protección jurídica del signo.
El artículo 223 del Reglamento de la Gestión de los Conocimientos establece los requisitos para la admisión de una solicitud de signos distintivos. En la práctica, esto implica que el solicitante debe empezar por definir con claridad qué tipo de signo desea proteger, ya sea una



marca, un nombre comercial u otro. Para efectos de este análisis, nos centraremos en las marcas, por ser los signos distintivos más solicitados y de mayor uso en el mercado. Una vez definido este punto, el siguiente paso es establecer cómo se va a proteger la marca, el solicitante deberá ser claro y señalar si su protección se encamina a una marca denominativa, mixta, o gráfica, y asegurar que esta coincida perfectamente con su representación y con la correcta elección de productos o servicios con-
forme a la clasificación de Niza 2. De igual manera la norma obliga a declarar correctamente quién es el titular y a sustentar el trámite con toda la documentación necesaria, como el pago de tasas oficiales, poderes entre otros. Las inconsistencias formales
entre la razón social registrada y la consignada en la solicitud, o en los datos de contacto, especialmente correos electrónicos incorrectos que impiden recibir notificaciones dentro de los plazos legalmente establecidos.

En mi ejercicio profesional tanto en el ámbito público como privado, he observado que los principales errores en la solicitud de registro derivan de inconsistencias formales: por ejemplo, es frecuente clasificar como marca denominativa un signo que en realidad es mixto (porque incluye diseño o tipografía particular), o seleccionar incorrectamente la clase de Niza, (como ubicar servicios digitales en una clase que no corresponde), dejando desprotegidos los servicios que identifica el solicitante. Asimismo, se observan discordancias entre el nombre declarado y el logotipo presentado (variaciones en palabras, colores o elementos gráficos), descripciones incompletas que omiten características del signo (como disposición de elementos), y listados de productos o servicios excesivamente genéricos como: (“servicios varios”) o de manera global enlistan todos los productos o servicios de la clase lo cual contradice la norma andina y nacional 3 , así mismo, existen situaciones en las que en un primer momento se especifica en la solicitud que la marca está destinada a identificar un tipo de producto, y luego el solicitante considera que colocó ese producto por error y que desea cambiarlo, lo cual tampoco es admisible, debido a que la Decisión Andina. 486 es clara en señalar que: “En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud 4”.
A ello se suman errores en la identificación del titular, como diferencias
Reinvidicación de colores
Otro error común radica en la incorrecta reivindicación de colores. Es habitual que el solicitante declare que la marca se protege “a colores”, pero adjunte una reproducción en blanco y negro, o viceversa, que adjunte un logotipo con colores pero que no los describa ni reivindique, o que mencione ciertos colores en la descripción que no coinciden con los efectivamente visibles en el logotipo. Esta falta de precisión delimita el alcance de protección, pudiendo restringirla únicamente a la versión declarada o generar dudas en el examen de registrabilidad y en la defensa frente a terceros que utilicen combinaciones cromáticas similares.
Existen casos en la solicitud de marcas mixtas en los que existe discrepancia entre la denominación, la descripción y la reproducción gráfica. Por ejemplo, consignar como marca “TRES HERMANOS RV”, pero presentar un logotipo que omite parte de esa denominación o incorpora elementos adicionales no descritos; o, inversamente, describir figuras, tipografías o elementos gráficos que no aparecen en la imagen adjunta.
Estas deficiencias suelen derivar en observaciones formales, requerimientos de subsanación o incluso el desistimiento del trámite, pero además tienen un efecto más profundo, pueden debilitar el alcance de protección del signo, dificultar su defensa frente a oposiciones o generar conflictos sobre la titularidad, evidenciando que la precisión técnica en esta etapa no es meramen-
te formal, sino determinante para la eficacia jurídica del derecho marcario.
Errores de fondo
Respecto del fondo de la solicitud, es un error frecuente asumir que basta con realizar una búsqueda fonética y, ante la inexistencia de signos idénticos o similares, concluir que la marca es registrable. Si bien este análisis se vincula con las prohibiciones relativas esto es, los posibles conflictos con derechos previos de terceros, constituye únicamente una parte del examen de registrabilidad. En la práctica, numerosas solicitudes son rechazadas pese a no existir anterioridades, debido a que el signo incurre las prohibiciones absolutas, es decir, no cumple con los requisitos intrínsecos para ser considerado como marca.
Conforme a lo señalado anteriormente, un signo puede ser negado por falta de distintividad , o por ser descriptivo (por ejemplo, “ARROZ BLANCO” para arroz), genérico (“PANADERÍA” para identificar servicios de panadería), o por consistir en formas usuales o funcionales para el tipo de producto que pretende proteger (como la forma común de una botella). De igual manera, no son registrables los signos que puedan inducir a error sobre características del producto (por ejemplo, usar “ORGÁNICO” sin serlo), entre otros. En esta misma línea, es importante considerar otros supuestos previstos en la norma que suelen ser subestimados. Por ejemplo, los signos que consisten en expresiones laudatorias como “EL MEJOR”, “SÚPER CALIDAD” o “EXCELENTE”, que carecen de distintividad al limitarse a resaltar cualidades del producto. Estos escenarios, no solo en relación con terceros, sino respecto de su aptitud intrínseca para cumplir la función distintiva, siendo insuficiente limi-
tarse a una verificación fonética o de antecedentes registrales.
Como buenas prácticas, es importante entender que la solicitud de registro no es solo un trámite, sino una decisión que define cómo se va a proteger la marca. Antes de presentar la solicitud, conviene hacer un análisis completo del signo, no solo una búsqueda fonética, sino verificar si realmente es distintivo y si puede registrarse. Es indispensable elegir correctamente su naturaleza (denominativa, mixta o gráfica) y asegurarse de que el nombre, la descripción y el logotipo coincidan exactamente. Además, se debe seleccionar bien la clase de Niza y describir de forma clara los productos o servicios, evitando términos genéricos o listas innecesarias. No menos importante es revisar que los datos del titular, el correo electrónico y los documentos estén correctos, y declarar adecuadamente elementos como los colores cuando aplique. Finalmente, contar con asesoría legal desde el inicio puede evitar errores que, aunque parezcan simples, pueden afectar seriamente la protección de la marca.
En definitiva, los errores en las solicitudes de signos distintivos, especialmente de marcas pueden generar retrasos en su registro y comprometer el alcance de la protección de la marca. Aunque el trámite puede parecer sencillo, en realidad exige precisión técnica y conocimiento de la normativa aplicable. Por ello, lo más recomendable es contar con asesoría especializada, a fin de evitar inconsistencias que puedan derivar en observaciones o en la negativa del registro.
No obstante, si el solicitante decide realizar el trámite sin acompañamiento técnico, sugiero que revise previamente la normativa vigente, en particular las disposiciones relativas a las prohibiciones absolutas y relativas. Este ejer -
cicio permite identificar si el signo cumple con los requisitos básicos de registrabilidad. Una revisión de estos aspectos no garantiza el éxito del trámite, pero sí reduce significativamente el riesgo de errores que pueden afectar la protección de su marca.
BIBLIOGRAFÍA:
Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina (Decisión Andina 486)
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación.
Reglamento de la Gestión de los Conocimientos Manual Para el Examen de Marcas en los Países Andinos.
SEGURA GARCÍA, María José. Derecho Penal y Propiedad Industrial, Estudio de la protección de los derechos de propiedad industrial.

Quito, 10 junio de 2026
La Asociación de Atletismo de Pichincha, de conformidad con el artículo 67 de la Ley Orgánica del Deporte, Educación Física y Recreación y la disposición transitoria cuarta a la mencionada Ley, y los artículos 12, 17 y 19 del Estatuto de la Asociación, CONVOCA a la Asamblea General de Elecciones del Directorio de la Asociación de Atletismo de Pichincha (periodo 2026-2030), a realizarse el día jueves 2 julio de 2026, a las 18h00 horas, en la sala de sesiones de la Asociación de Atletismo de Pichincha, ubicada en las calles La Condamine S/N y Luis Godín, con la finalidad de tratar el siguiente Orden del Día:
1. Acreditación de los representantes de los clubes filiales ante la Asamblea General de Elecciones;
2. Constatación del Quórum e instalación de la Asamblea General de Elecciones;
3. Elección del Directorio de la Asociación de Atletismo de Pichincha (Periodo 2026-2030);
4. Clausura de la Asamblea.
Atentamente,

1.SEGURA GARCÍA, María José. Derecho Penal y Propiedad Industrial, Estudio de la protección de los derechos de propiedad industrial. Civitas Ediciones, Madrid, 1995. p. 174.
2.La Clasificación de Niza, establecida por el Arreglo de Niza (1957), es una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica al registro de marcas. https://www.wipo.int/es/web/ classification-nice.
3,Entre los requisitos que determina la norma comunitaria y la nacional para el registro de las marcas es detallar los productos y/o servicios que se desean proteger, en ese sentido se establece en el literal d) del artículo 140 de la DA 486: d) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca”; y, el literal e) del artículo 223 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación dice “e) El detalle de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca;”
4.Artículo 143 de la Decisión Andina 486.
Por pérdida queda anulada la factura 007971 de Jardines del Valle y la solicitud de adquisición 284 001-006-0725
ANULACION DE CHEQUE
Se comunica al público, la anulación por perdida/ sustracción del cheque CHQ 200 AL 250 presentado por el girador ALEXANDRA PAMELA URBANO NUÑEZ Cta Cte No. 5085018955 DE BANCO BOLIVARIANO. 001-001-0146

Dra. Rocío García Costales, Msc. EXTRACTO
NOTARIA DECIMO SEPTIMA DE QUITO: Cúmpleme poner en conocimiento del público que mediante escritura pública, otorgada ante la Dra. ROCIO ELINA GARCIA COSTALES, Notaria Décima Séptima del Cantón Quito, el MIERCOLES VEINTISIETE DE MAYO DEL DOS MIL VEINTISEIS la señora ANDRADE TERAN JENNY PAOLA; y, el señor GALINDO FUENTES RÉNE ALFONSO, procedieron a la CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL DENOMINADA “FITOCOREX Especialidades Técnicas Agrícolas SCC”
El objeto de la citada sociedad es: La sociedad Civil y Comercial “FITOCOREX Especialidades Técnicas Agrícolas SCC”, tiene por objeto social: LA COMPAÑÍA TENDRÁ POR OBJETO DEDICARSE A LA ACTIVIDAD DE VENTA AL POR MAYOR DE ABONOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGRÍCOLA; ASÍ COMO TAMBIÉN PODRÁ EJECUTAR LAS ACTIVIDADES: INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO DE PRODUCTOS DIVERSOS Y CUALQUIER ACTIVIDAD MERCANTIL O CIVIL, LICITA. En el cumplimiento de su objeto la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley. La sociedad que se constituye es de nacionalidad ecuatoriana, y su domicilio principal será la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador, no obstante de aquello, podrá establecer sucursales dentro del territorio nacional, en cumplimiento a lo que establecen las disposiciones legales aplicables; el capital Social de la Sociedad Civil y Comercial es de QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido en quinientas participaciones de un dólar cada una, distribuidas entre los socios de la siguiente manera: ANDRADE TERAN JENNY PAOLA, propietaria de doscientas cincuenta participaciones; GALINDO FUENTES RENE ALFONSO, propietario de doscientas cincuenta participaciones; por lo que en aplicación a lo dispuesto en el Art. 29 de la Ley Reformatoria a la Ley Notarial, publicada en el Registro Oficial No. 506 de 22 de Mayo del 2015, que a su vez reforma el Art. 18 de la Ley Notarial agregando varios numerales, entre los cuales el numeral 29 faculta al Notario disponer la inscripción en los Registros correspondientes, la escritura de SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL, previo el trámite previsto en dicha norma legal, pongo en conocimiento del público, mediante una sola publicación, el extracto de la SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL DENOMINADA “FITOCOREX Especialidades Técnicas Agrícolas SCC”
Quito, Junio 02 del 2026.


Particular que pongo en conocimiento para los fines legales correspondientes.
DRA. ROCIO ELÍNA GARCIA COSTALES NOTARIA DECIMA S PTIMO DEL CANTON QUITO



UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA
EXTRACTO JUDICIAL
CITESE A: SR. NIKOLAY MIKHAILOVICH YUDENKOV
CAUSA: SUSPENSION DE PATRIA POTESTAD
No. DE JUICIO: 17204-2026-00532
ACTORA: IUDENKOVA EVGENIIA
DEMANDADO: NIKOLAY MIKHAILOVICH YUDENKOV
CUANTIA: INDETERMINADA
Hago saber: En el Juicio de Suspensión de Patria Potestad causa signada con el No.17204-202600532 , hay lo siguiente:
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ y ADOLESCENCIA CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA.- Quito, lunes 20 de abril del 2026, a las 09h39. VISTOS: Avoco conocimiento de la presente causa, amparado a lo dispuesto en el Art. 175 de la Constitución de la República, artículos 171 y 234 del Código Orgánico de la Función Judicial; por el sorteo de ley, en mi calidad de Juez de esta Unidad Judicial.- Agréguese el escrito que antecede.- En lo principal, el acto de proposición- demanda de SUSPENSION DE LA PATRIA POTESTAD propuesta, reúne los requisitos de ley establecido en el Art. 142 del Código Orgánico General de Procesos, por lo que se le acepta al PROCEDIMIENTO SUMARIO, de acuerdo al artículo 332 numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos.- Consecuentemente: 1) 1) Conforme lo solicita la parte actora, en base a los documentos adjuntos y al juramento rendido conforme lo señala el numeral segundo inciso segundo del Art. 56 del COGEP, se dispone CITAR a la demandada señor NIKOLAY MIKHAILOVICH YUDENKOV con el contenido de la demanda y providencia respectiva, mediante tres publicaciones que se harán cada una de ellas en fecha distinta en un periódico de amplia circulación de la ciudad de Quito, para lo cual se concederá el extracto respectivo; para efectos de la citación la parte accionante de forma inmediata provea de las copias necesarias para la misma, conforme se desprende de la Resolución 061-2020 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Se advierte a la parte demandada de su obligación de comparecer a juicio en esta Unidad Judicial con sede en Quito y contestar a la demanda en el término de diez días luego de haber sido citado, conforme a lo establecido en el Art. 333 numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos, contestación que debe cumplir lo determinado en los artículos 151 y 152 del mismo cuerpo legal, y artículo 66 IBIDEM en concordancia con el Art. 56 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, señale domicilio judicial electrónico en un correo electrónico, de un-a abogado-a-, para futuras notificaciones.2) La audiencia única establecida en el Art. 333 numeral 4 inciso segundo, se señalará una vez que sea citada la parte demandada, diligencia a la que deben acudir las partes personalmente o mediante procurador judicial con cláusula especial para transigir, así como los menores de edad a fin de que sean escuchados en audiencia reservada, previa a la audiencia única.- 3) Téngase en cuenta el anuncio de los medios probatorios que se ofrecen para acreditar los hechos, incorpórese al procesos los medios probatorios que adjunta a la demanda. En aplicación de lo dispuesto en el Art. 159, en concordancia con los Arts. 142.8 y 143 del Código Orgánico General de Procesos, se dispone: a) En la Audiencia Única serán escuchados los parientes del adolescente conforme lo establece el art. 304 del Código Civil, para lo cual se les notificara en el casillero judicial de la accionante; para tal efecto se señalará el código zoom, así también se designará mediante sorteo a un intérprete, una vez que se convoque a la audiencia única, debiendo la parte peticionaria hacerlos comparecer; b) Cuéntese con la Oficina Técnica de esta Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, a fin de que realice un informe del entorno social, familiar, económico y una evaluación psicológica de los menores de edad ALEKSANDR, IVAN y LEV IUDENKOV y de sus progenitores; informe que se realizará una vez citado con la demanda a la parte demandada, las partes procesales brinden las facilidades necesaria y la colaboración del caso a fin de que el equipo técnico puede realizar su trabajo en las mejores condiciones, debiendo sustentar dicho informe en la audiencia única. c) Con fundamento en el art. 45 de la Constitución de la República del Ecuador; art. 12.2 de la Convención Sobre los Derechos del Niño; artículos 11, 60, 106, 253.5, 257, 273 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y Art. 31 inciso final del Código Orgánico General de Procesos, de ser procedente escúchese en audiencia reservada a los menores de edad en la Audiencia Única. 4) En relación a la prueba solicitada. 4.1) Téngase en cuenta la prueba documental anunciada. 4.2) De ser procedente en la audiencia única recéptese la declaración de parte de la actora y del demandado. 5) Tómese en cuenta el Casillero Judicial físico, señalado por la actora, donde recibirá sus notificaciones, así como el correo electrónico. Actúe la Dra. Lorena Velasco G., en su calidad de Secretaria Titular de esta Unidad Judicial.- Notifíquese. F) DR. EDISON GUALOTUÑA ASIMBAYA.- JUEZ
Lo que comunico a Usted para los fines de Ley

SECRETARIA DE UNIDAD JUDICIAL
MIÉRCOLES 10 DE JUNIO DE 2026 Ecuador


Para 2030, el consumo de agua de la IA igualará las necesidades de 1.300 millones de personas, mientras que su consumo de energía triplicará el consumo anual de casi 650 millones, advierten científicos de la Universidad de las Naciones Unidas. En concreto, se trata de un informe que recoge que los centros de datos globales que impulsan la IA consuman 945 teravatios-hora de electricidad. EUROPA PRESS
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