E Ecuador Editable (64)

JUEVES 29 DE OCTUBRE DE 2026

Ecuador

Batalla en la CIDH por el Estado de derecho Organizaciones de la sociedad civil acudieron a la CIDH para denunciar que en Ecuador hay acoso a los defensores de derechos humanos, militarización de la seguridad, falta de independencia judicial y persecución a las voces críticas. El Estado, representado por varias instituciones, negó las acusaciones y aceptó una visita oficial de la CIDH para mayo de 2027. 4

QUITO

Listos estudios para contrato del metro a Ofelia 5 POLÍTICA

ECONOMÍA

¿$5.000 millones privados volverán al país?6-7 GLOBAL

Asambleísta Sergio Peña acusado de violencia de género 3

Escándalo por contratos de Petro en la mira judicial 8

Arnaldo Canales

POR QUÉ TU FORMA DE SER PUEDE AFECTAR TU CARRERA PROFESIONAL CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Medio de comunicación liberal, laico, agnóstico e inclusivo. Respetuoso y defensor de los Derechos Humanos, el Estado de Derecho y la Democracia.

SOFÍA CORDERO PONCE @sofirula

El frentismo y sus peligros

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l frentismo es una estrategia política que permite construir alianzas entre organizaciones distintas para alcanzar objetivos comunes. También puede expresar una manera de entender la política desde la confrontación entre dos bandos irreconciliables. En sociedades polarizadas, esta segunda interpretación termina imponiéndose: o estás conmigo o estás contra mí. La política se convierte entonces en una disputa entre bloques que exigen lealtades incondicionales. No apoyar a uno equivale automáticamente a apoyar al otro. Así desaparecen los matices, los espacios intermedios y las alternativas que hacen posible una democracia plural. Ecuador está atrapado en esa lógica. Analistas, periodistas e influencers que otrora cuestionaron la corrupción y los abusos del poder parecen haber renunciado a mantener la misma distancia crítica. Unos, en su oposición al Gobierno, terminan olvidando las prácticas autoritarias del correísmo. Otros, en su rechazo al correísmo, justifican o silencian decisiones cuestionables del oficialismo. ¿Desmemoria, miedo o conveniencia? El problema es especialmente grave cuando se pretende construir un frente contra las tendencias autoritarias del Gobierno actual borrando la memoria de lo que significó el correísmo. Aquella experiencia de concentración del poder y hostigamiento a voces críticas no desaparece porque ahora exista otro adversario. La región conoce bien estas trampas. En Brasil, la polarización entre Lula y Bolsonaro ha reducido el espacio para discutir críticamente las responsabilidades de ambos proyectos. En Colombia y El Salvador, las disputas sobre seguridad muestran cómo la confrontación puede desplazar preguntas fundamentales sobre derechos y límites del poder. Lo más preocupante del frentismo es que convierte la memoria en un estorbo y la independencia en una sospecha. Pero la democracia necesita precisamente aquello que los bandos pretenden eliminar: pluralidad, sensatez, consecuencia y memoria. Ninguna causa debería exigirnos renunciar a ellas. RODRIGO CONTERO PEÑAFIEL rcontero@gmail.com

Cuando la irresponsabilidad ocupa un cargo

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etenerse sin motivo al realizar una actividad, no saber qué hacer, qué decir ni hacia dónde avanzar revela inseguridad, temor y falta de preparación. Quienes no saben resolver los proble-

QUITO Directora Nacional Gabriela Vivanco Salvador Editor General: Jean Cano Redacción: editorgeneral@lahora.com.ec Publicidad: publicidad@lahora.com.ec Año: XLI No. 14.467

Los escritos de los colaboradores solo comprometen a sus autores y no reflejan el pensamiento del medio, que se expresa en su Editorial.

OPINIÓN 02 O QUITO | JUEVES 29/OCTUBRE/2026

EDITORIAL

ROSALÍA ARTEAGA SERRANO

Un trimestre de sesiones virtuales en el Cpccs P

rosaliaa@uio.telconet.net

Este clima variable

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l Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) ha decidido no sesionar de forma presencial desde el 15 de julio de 2026. Los motivos son poco claros y hay explicaciones contradictorias, en medio de dos concursos muy sensibles para el país: la elección de Fiscal General y de los nuevos consejeros del Consejo Nacional Electoral. Esto limita el acceso de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación a los miembros y al trabajo del Consejo. Pese a que el Cpccs fue diseñado para fomentar la participación ciudadana, la ausencia de los consejeros en el Pleno –sin fecha de ‘retorno’ a sus actividades habituales y presenciales– hoy los ciudadanos no pueden exponer sus inquietudes frente al Consejo de manera directa. Entonces, el país cuenta con un

mas que surgen en el ejercicio de una función pública o privada evidencian que no estaban preparados para asumirla. La responsabilidad no consiste únicamente en ocupar un cargo, sino en tener la capacidad, el criterio y el carácter necesarios para responder por las decisiones que se toman. La audacia sin preparación puede confundirse con liderazgo. Hay quienes buscan ganarse la confianza de los demás sin realizar esfuerzo alguno, sin fortalecer su pensamiento y sin aportar ideas que permitan

organismo que, al contrario de su mandato constitucional, huye del control social y bloquea la participación ciudadana. De los siete vocales, cuatro son candidatos a reelección: Andrés Fantoni, Johnny Escobar, Jazmín Enríquez, Johanna Verdezoto. Organizaciones de la sociedad civil sospechan que la falta de asistencia a las instalaciones del Cpccs está relacionada con las próximas elecciones. Aunque en el Consejo aseguran que hacen trabajo “de territorio”, los críticos ven esto como una ventaja sobre otros candidatos para posicionar su imagen antes de las votaciones del 29 de noviembre. Por eso, piden la intervención del Consejo Nacional Electoral y la Contraloría General del Estado. Al menos que revisen si en verdad se cumple con esa agenda de trabajo o son mítines encubiertos.

mejorar la institución a la que llegan, muchas veces mediante acomodos, favores o vínculos. El verdadero mérito no nace de los contactos que abren una puerta, sino de la capacidad para demostrar que se merece estar ahí. No todas las decisiones serán acertadas. Equivocarse forma parte de cualquier proceso, pero reconocer el error, corregirlo y volver a intentarlo es una muestra de responsabilidad. Cuando una actividad fracasa, corresponde analizar qué ocurrió y buscar nuevas alternati-

vas. La apatía y el miedo, en cambio, obnubilan el pensamiento, paralizan las acciones y terminan afectando no solo al individuo, sino también a quienes dependen de sus decisiones. Hay personas que nunca se arriesgan. Se acostumbran a recibir órdenes y esperar que otros les den pensando, decidan y resuelvan por ellas. Renuncian así al honor, a la dignidad y a la libertad de pensamiento, mientras alimentan un permanente autosabotaje que las lleva al fracaso antes de comenzar.

robablemente en las épocas de nuestros padres y más seguramente en la de nuestros abuelos, había un calendario climático bastante previsible. Se sabía cuándo se debía preparar los terrenos, cosechar, aporcar, este último término recuerdo haberlo escuchado tanto en boca de mi abuelo paterno como de la abuela materna, los dos ligados a la agricultura. Pues bien, había que saber cuándo acumular la tierra hacia el tallo, con cuidado de no cortar las raíces, abriendo surcos para la circulación del agua. Por supuesto se sabía siempre cuando cosechar y disfrutar del trabajo realizado a lo largo de los meses de espera. También sabíamos cuando llegaban las aguas, cuando los vientos eran más fuertes, cuando llegaban los temporales. En fin, había más certidumbres en el campo del clima y de la agricultura, que francamente ahora ya no las tenemos y que hasta podrían contradecir el “Tiempo hay de todo” del Eclesiastés, si queremos aplicarlo de manera literal. Ahora, en tiempos de El Niño o del Súper Niño, las cosas se acentúan, con efectos contradictorios: mucha lluvia en la Costa, mucha en ciertas partes de la Sierra, lo que ocasiona inundaciones, vientos, granizo fuerte, con los destrozos consiguientes en campos y en viviendas. En cambio, en otras partes de la misma Sierra, y hasta de la Amazonía, sequías intensas, lo que ha acentuado la crisis climática, al vaciarse las represas. Pero también se hacen presentes fuegos e incendios con sus fuertes consecuencias. Calores intensos durante el verano en todo el continente europeo y también en América del Norte, ocasionando la muerte de miles de personas, sobre todo de las de la tercera edad. Pero ahora hay tiempos de lluvias, de vientos huracanados, que a veces impiden la transportación aérea y ocasionan retrasos y cancelaciones. ¿Seguirán acentuándose los fenómenos climáticos? Todo parece indicar que sí, por lo que los seres humanos tenemos que aprender a prevenir, pero también a adaptarnos, si no queremos sucumbir ante las crisis que vendrán.

El temor a equivocarse o al rechazo de la opinión pública puede evidenciarse en las urnas. Quien no desarrolla criterio propio termina siendo vulnerable a la manipulación, al oportunismo y la corrupción. Un cargo no otorga capacidad ni dignidad por sí mismo: estas se construyen con preparación, integridad y decisiones responsables. Ocupar un cargo en la función pública sin estar preparado es falta de ética, una irresponsabilidad que tarde o temprano termina pagando la sociedad. Por eso: analiza tu voto.

03 POLÍTICA QUITO | JUEVES 29/OCTUBRE/2026 I

Asambleísta Sergio Peña enfrenta queja por presunta violencia de género La legisladora Jahiren Noriega presentó una queja administrativa contra Sergio Peña por presunta violencia de género en redes sociales. Peña asegura que ejerció su derecho a la defensa. Ante expresiones de maltrato contra mujeres, la legisladora Jahiren Noriega, de la Revolución Ciudadana (RC), presentó una queja contra el asambleísta independiente Sergio Peña. Para sustentar la queja adjuntó posteos, capturas de pantalla, así como enlaces. Según ella, el legislador ha “insultado, denigrado, humillado, ha sido violento”. Mencionó que está en manos de la presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, impedo¿ir que el caso quede en la impunidad.

“El mensaje ni siquiera es hacia las denunciantes, será un mensaje de impunidad hacia todas las mujeres si es que no recibe una sanción el legislador Peña”, acotó. Según Noriega, no son casos aislados, sino que basta con entrar al perfil de Peña para darse cuenta de que es un comportamiento sistemático.

Exasambleísta de RC

Los detalles de la queja

Noriega informó que ha documentado el comportamiento sistemático de violencia contra mujeres, entre ellas, María Dolores Miño, profesora e investigadora vinculada a derechos humanos, Mónica Luzarraga, jurista, y Alondra Santiago, comunicadora. Mencionó que dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa las quejas son administrativas y la motivación es la presentación de tres hechos recopilados en la red social X, por haber incurrido, presuntamente, en actos de violencia de género. “Lo primero es el cuidado, el respeto que un funcionario público tiene que tener a la investidura del cargo de legislador que ostentamos, no solamente dentro de la Asamblea Nacional, sino incluyendo espacios como las redes sociales”, dijo. Indicó que, si bien las “agresiones” no se dieron durante un debate legislativo o dentro

DENUNCIA. La asambleísta Jahiren Noriega. (Foto: cortesía)

de la Legislatura contra sus colegas, a su parecer, Peña sí incurrió en actos de violencia en contra de ciudadanas. La legisladora puntualizó que en la ley interna que los rige no consta alguna causal específica por violencia de género. Además, que se refiere a agresiones entre legisladores o dentro de la Asamblea y no se toman en cuenta actos impropios por fuera de la entidad. Sin embargo, recordó antecedentes en los cuales legisladores han sido sancionados por haber proferido, por ejemplo, palabras de descrédito a colegas o el caso de una legisladora que dio un discurso de justificación de actos de corrupción en un acto público. Peña forma parte del Comité de Ética por lo que ella considera que las autoridades legislativas podrían excluirlo.

Sergio Peña fue elegido asambleísta nacional por la Revolución Ciudadana, movimiento al cual ahora es un crítico acérrimo. Según él, ya en la Asamblea le pidieron que forme parte de una “negociación chueca” a la que se negó y fue expulsado. Sostuvo que, aunque Noriega considera que sus respuestas a insultos, que dice haber recibido, están vinculadas al tema de género, desde su punto de vista no tienen relación. Indicó que han sido contestaciones en las que ha ejercido su derecho a la legítima defensa y a la libertad de opinión. “Les estoy contestando sus irrespetos, sus insultos, sus acusaciones de delitos con respuestas personales. Una mujer empoderada asume las consecuencias de sus actos”, dijo. El legislador ha negado acusaciones en el denominado caso Danubio que investiga un presunto delito de asociación ilícita. Peña mencionó que Alondra Santiago no ejerce el periodismo sino que es una “difamadora profesional”. Sobre Miño y Luzarraga sostuvo que respondió a calificativos que recibió. Negó haber anunciado una acción penal contra Noriega. Puntualizó que se refirió a que toda acción legal tiene una re-

acción legal. Señaló que si no comete un delito de género y es acusado falsamente de aquello “hay un delito que es calumnia”. “No es una amenaza, es consecuencia legal de lo que ella pueda hacer en este caso, si ella pone actuaciones administrativas, legales, penales, civiles”. Ante la queja, Peña mencionó que se defenderá, aunque consideró que “no se dará trámite”. Argumentó que existe falta de legitimación porque, opinó, no se pueden reclamar derechos de terceros sino solo los personales. En algunas intervenciones en el Pleno de la Asamblea, el legislador ha recomendado a la mayoría de asambleístas de la Revolución Ciudadana que duerman con una “buena pijama”. Argumentó que se refiere a que la justicia les va a llegar por supuestos actos ilegales. En las votaciones en la Asamblea suele adherirse a las iniciativas de ADN.

El trámite

El artículo 10 del reglamento para el trámite de las faltas administrativas en las que pueden incurrir los asambleístas determina que recibida la queja, el titular de la Legislatura, en el plazo de tres días, la pondrá en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL). En ese mismo lapso, admitirá a trámite si cumple con los requisitos o se pedirá que sea completada la información. Si la queja es admitida habrá plazos de argumentación y podría haber una sesión para escuchar a las partes. El CAL lo integran siete miembros. Es el máximo órgano de administración legis-

lativa. Planifica las actividades legislativas, establece la prioridad para el tratamiento de los proyectos de ley, impone sanciones, entre otras. Melania Carrión, abogada politóloga y experta parlamentaria, indicó que hay tres tipos de faltas en la Asamblea: leves, graves y muy graves. Algunos ejemplos serían: • Leves: faltar injustificadamente, retrasarse o ausentarse de las sesiones del Pleno o de las comisiones, sancionadas con uno a ocho días de suspensión, sin remuneración. • Graves: agredir de palabra a otro asambleísta, sanción de nueve hasta 30 días de suspensión. • Muy graves: concurrir a la Asamblea Nacional en estado de embriaguez, sancionadas con 31 a 90 días de suspensión. • Virginia Gómez de la Torre, de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, sostuvo que la Asamblea tiene la palabra en el caso de Peña. • Acotó que la educación sexual integral sería una de las respuestas para que expresiones de descrédito no se repitan. Adicionalmente, incidir en el imaginario colectivo con campañas contra la violencia, fortalecer los servicios que atienden la violencia en contra de la mujer y reforzar las estrategias de prevención en los gobiernos locales urbanos y rurales. Para Carrión, hace falta una reforma en la Ley Orgánica de la Función Legislativa que contemple casos de extrema violencia. (JGP)

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PAÍS 04

Denuncian al Estado ante la CIDH

Organizaciones sociales denunciaron las actuaciones del Estado ecuatoriano ante la CIDH, en materia de seguridad y justicia, solicitaron su visita al país y hacer recomendaciones.

REPRESENTANTES. Norma Colledani, de la secretaría de la CIDH; comisionada Andrea Pochak; Stuardo Ralón, presidente de la CIDH; José Caballero, comisionados. (Foto: X de la CIDH).

En dos audiencias realizadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desarrolladas en Panamá, el 27 y 28 de octubre de 2026, representantes de organizaciones sociales denunciaron políticas implementadas durante el Gobierno de Daniel Noboa. Por otro lado, una delegación del Estado justificó que las instituciones actúan según los procedimientos normativos para elaborar leyes y aplicar mecanismos de control. Los comisionados observan patrones de “cierre del espacio cívico”. Las audiencias se realizaron en el marco del 197° Período de Sesiones de la CIDH. Patrones que preocupan El 28 de octubre se llevó a cabo la audiencia sobre la situación de la independencia judicial en la que intervinieron tres organizaciones sociales y el Estado. Tras escuchar a las partes, los comisionados de la CIDH expresaron sus criterios. Stuardo Ralón, presidente de la CIDH, refirió que “la independencia judicial no debe ser motivo de confrontación entre el Estado y la sociedad, sino ser un punto de encuentro que permita a ambos confiar y que la justicia está por encima de cualquier poder”.

José Caballero, segundo vicepresidente de la CIDH, resumió su criterio así: “Estamos corroborando la importancia de la independencia judicial para las sociedades democráticas. Y esta independencia es lo primero que también se debilita cuando los Estados empiezan a tener patrones de cierre del espacio cívico”. Para Caballero, las consecuencias aparecen cuando los jueces hacen valer: · La independencia judicial. · La aplicación del control de convencionalidad. · La lucha contra la corrupción. “Vemos estos patrones de ataques a la independencia judicial, debilidad en la selección, represalias legales, expedientes, juicios políticos, criminalización. La CIDH ha visto estos ejes en los últimos tiempos y ha señalado en pronunciamientos en relación con Ecuador”, recordó. Andrea Pochak, primera vicepresidenta de la CIDH, destacó que la independencia judicial sea parte de la serie de audiencias del organismo y también felicitó al Estado por las respuestas entregadas. Recordó que la independencia judicial es “un valor muy importante para la democracia, para la

sociedad en su conjunto”. · El 27 de octubre la audiencia abordó la situación de la institucionalidad democrática y el uso del espacio cívico en Ecuador. Andrea Bolaños, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, actuó como invitada en esa audiencia. “Durante los últimos años, diversos mecanismos internacionales hemos expresado preocupación por el deterioro del espacio cívico, particularmente en relación con el ejercicio de los derechos a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica y al derecho a defender derechos humanos”, manifestó. Añadió que esa preocupación se ha profundizado “por la respuesta estatal a las protestas sociales, la expansión de enfoques de seguridad y la utilización de medidas que podrían tener un impacto restrictivo sobre la participación cívica”. ¿Qué se cuestiona? Úrsula Indacochea, representante de la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), expuso que el sistema de justicia “arrastra una histórica debilidad institucional que lo hace

I QUITO | JUEVES 29/OCTUBRE/2026

extremadamente vulnerable a interferencias de actores gubernamentales de distinto signo político y, más recientemente, a la presión y a la violencia del crimen organizado”. Ejemplificó que esa vulnerabilidad tiene múltiples causas: · Deficiencia tanto en los procesos de selección de altas autoridades como en los de jueces y fiscales. · Provisionalidad indefinida y normalizada, con instituciones dirigidas por autoridades interinas. · Diseños institucionales que hacen sencillo iniciar juicios políticos o activar investigaciones contra las autoridades judiciales. Las organizaciones sociales solicitaron a la CIDH: · Dar seguimiento prioritario a la situación de crisis democrática en el Ecuador con particular atención a la situación de la independencia judicial. · Hacer una visita de trabajo enfocada en la independencia judicial y emitir un informe. · Recomendar al Estado la creación de un protocolo especializado para la protección de operadores de justicia en riesgo, conforme a estándares internacionales y con la participación de la sociedad civil, la academia y organismos internacionales de derechos humanos. · Recomendar la adopción de medidas estructurales para garantizar la independencia judicial. · Ofrecer al Estado el acompañamiento para abordar los problemas estructurales denunciados. La respuesta del Estado Isabel Espinosa, delegada del Consejo de la Judicatura (CJ), señaló que la institución ha adoptado acciones para proteger a los operadores de justicia, por ejemplo: · En 2026 se aprobó el plan de seguridad integral de la Función Judicial, con instrumentos para garantizar seguridad, directrices y recomendaciones. · Implementación del botón de alerta para respuesta interinstitucional inmediata.

¿Hay un cierre del espacio cívico? En la audiencia del 27 de octubre Silvia Bonilla, parte de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, expuso que “desde el 2025, el Gobierno ha construido un entramado normativo sofisticado para restringir a la sociedad civil organizada, organizaciones sociales, comunitarias, indígenas y sindicales”. Señaló que eso lo tramita como proyectos económicos urgentes ante la Asamblea Nacional. Tras las denuncias, las organizaciones pidieron a la CIDH: · Realizar una visita a Ecuador y elaborar un informe. · Dar seguimiento al cumplimiento de sus recomendaciones sobre el derecho a la protesta y las personas privadas de libertad. · Atender el incumplimiento de las medidas cautelares otorgadas en Ecuador y que requiera, de ser el caso, medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. · Evaluar las solicitudes de medidas cautelares presentadas por la sociedad civil y se otorguen con celeridad. Acciones institucionales Guzmán dijo que el trámite y procedimiento de leyes de urgencia en materia económica está previsto en la Constitución: “De 13 leyes, seis se tramitaron por el procedimiento ordinario y siete fueron calificadas como urgentes en materia económica. En todos los casos hubo comparecencias. Daniel Acosta, de la UAFE, explicó que los fondos de origen ilícito se disipan en cuestión de minutos y que para evitar eso existe la medida cautelar administrativa excepcional de inmovilización de fondos. “No es una medida sancionatoria, no tiene por finalidad castigar a una persona, sino que conserva el estado de los fondos mientras un juez competente adopta su decisión”, agregó. (KSQ)

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Proyecto de extensión del Metro apunta a Calderón El proyecto de extensión hasta La Ofelia ya cuenta con estudios definitivos y requiere avanzar hacia la contratación y el financiamiento. El tramo hasta Zabala, en Calderón, todavía está en fase inicial.

PROYECTO. La extensión del Metro de Quito hacia Calderón contempla siete estaciones desde La Ofelia hasta Zabala.

El Metro de Quito podría extenderse hasta Zabala, en Calderón, en el norte del Distrito con siete estaciones adicionales desde La Ofelia. La alternativa, diseñada bajo la administración municipal, contempla alrededor de 11,4 kilómetros de túnel y busca conectar el sistema con uno de los sectores de mayor crecimiento del Distrito Metropolitano. Por el momento, solo el proyecto la ampliación hasta La Ofelia cuenta con estudios definitivos, la conexión hacia Calderón todavía tendría que superar etapas de análisis técnico antes de convertirse en una obra concreta. El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se refirió a esta planificación este 28 de octubre de 2026, durante la entrega de los estudios de-

finitivos para la propuesta que busca extender el metro desde El Labrador hasta La Ofelia. El proyecto La Ofelia– Calderón contempla siete estaciones y una conexión con el Hospital de Calderón. Los estudios iniciales estiman que el viaje entre ambos sectores podría tomar unos 15 minutos, frente a alrededor de una hora y media por superficie. De Quitumbe a Calderón tomaría 57 minutos de viaje. “La ubicación de las estaciones será: 1. Estación Ponceano: en la calle Mariano Paredes. 2. Estación Carcelén: en la Av. Av. Diego Vázquez de Cepeda: 3. Estación Carapungo: frente al centro comercial El Portal, entre las aveni-

das Panamericana Norte y Simón Bolívar. 4. Estación Carlos Mantilla: en la Av. Giovanny Calles. 5. Estación Hospital de Calderón: en la Av. Giovanny Calles 6. Estación Marianitas, en la Av. Giovanny Calles. 7. Estación Zabala, en la Av. Giovanny Calles. La Ofelia aún sin financiamiento Para El Labrador–La Ofelia, el Municipio recibió el 28 de octubre los estudios de ingeniería elaborados por la consultora española TYPSA. El proyecto contempla 5,4 kilómetros de túnel y cuatro estaciones: Bicentenario, Andalucía, El Rosario y La Ofelia. La entrega incluye 4.419 documentos técnicos, entre

ellos 4.382 planos constructivos, además de especificaciones técnicas, presupuesto referencial y cronograma de obra. El proyecto también cuenta con licencia ambiental. La obra civil y las instalaciones ferroviarias tienen un presupuesto referencial de $522,71 millones. A ese monto se suman $13,67 millones para una subestación eléctrica propia. La adquisición de ocho trenes adicionales se estima en $127 millones y se tramitaría por separado. Con los estudios definitivos entregados, el próximo paso será gestionar el financiamiento y avanzar hacia la licitación y contratación. Para una obra de esta magnitud, el Municipio prevé recurrir a la banca multilateral, como ocurrió con la primera línea del Metro.

El proceso requiere el aval soberano del Gobierno nacional, encabezado por Daniel Noboa, para acceder a ese tipo de financiamiento. Ese aval permanece estancado desde el 6 de diciembre de 2024, a pesar de las promesas del Gobierno nacional. La ampliación hasta La Ofelia busca reducir el recorrido entre El Labrador y el norte de la ciudad. Según los estudios, el viaje tomaría ocho minutos en metro, frente a unos 48 minutos por superficie. La estación La Ofelia se integrará con la terminal de buses, el Metrobús-Q y las rutas interparroquiales e intercantonales, por lo que funcionaría como punto de conexión para quienes llegan desde el norte de Quito. Calderón: un trazado subterráneo en fase inicial La conexión entre La Ofelia y Calderón corresponde a otro producto de la consultoría, cuyo perfilamiento está previsto para diciembre de 2026, aunque este miércoles ya se dio un adelanto. En una entrevista con LA HORA, especialistas de TYPSA explicaron que la alternativa analizada contempla un trazado subterráneo. La decisión responde a las diferencias de altura que debe superar la infraestructura y a las condiciones geológicas y ambientales del territorio. Patricia García Gilroy, jefa del proyecto por parte del equipo español de TYPSA, señaló que la presencia de quebradas protegidas por la ordenanza ambiental verde y azul constituye uno de los condicionantes más importantes. La construcción de un viaducto en superficie podría generar impactos ambientales y sociales, además de una barrera física entre sectores urbanos. La consultora también considera las características del suelo. García recordó que el acuífero de Quito, ubicado en el sector de El Labrador, es una reserva importante para el abastecimiento de la ciudad. Por eso, las condiciones hidrogeológicas forman parte de los análisis necesarios para determinar la viabilidad de la infraestructura. (EC)

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ECONOMÍA 06 I QUITO | JUEVES 29/OCTUBRE/2026

DINERO. Varios gobiernos les han puesto el ojo a los activos que ecuatorianos tienen en el exterior.

¿Por qué los ecuatorianos mantienen fortunas fuera del país? Ecuador detectó miles de millones en activos fuera del país, pero regularizarlos no significa que regresen. La seguridad, los impuestos y la falta de confianza explican por qué esos capitales siguen en el extranjero. Descubra por qué regularizar activos en el exterior no trae tantos dólares al país como se piensa. ¿Cuántos intentos ha hecho el país en los últimos años? El debate sobre el dinero de los ecuatorianos en el extranjero suele estar cargado de lugares comunes, cifras incomprendidas y falsas expectativas. Para entender cómo funciona la fiscalización de esos recursos, es vital desarmar las narrativas políticas y mirar los datos duros que marcan la relación entre el Estado y los capitales que están fuera del país Mitos fiscales Durante décadas se ha repetido que Ecuador perdona constantemente a quienes sacan su dinero del país, pero la evidencia documental de los últimos 30 años desmiente esa afirmación. La confusión nace de mezclar las remisiones tributarias generales (aprobadas en años como 1997, 2008, 2015, 2016, 2018, 2022 y 2025),

que perdonaban multas, intereses y recargos de deudas locales con el Servicio de Rentas Internas (SRI), con la verdadera regularización de capitales en el exterior. En realidad, solo han existido dos intentos concretos de crear un régimen para transparentar activos en el exterior: Uno en 2019 impulsado por el Gobierno de Lenín Moreno (que quedó archivado por la Asamblea), y otro que sí se ejecutó entre 2021y 2022 durante el Gobierno de Guillermo Lasso. A esto se suma la reciente reforma al Código Tributario, allanada por la Asamblea el 19 de octubre de 2026, que no es una amnistía, sino una sanción. Esta reforma impone una multa del 0,5% sobre el valor de los activos en el exterior no reportados o declarados de forma incompleta, con un tope de 2.075 salarios básicos unificados (sanción que se reduce a la mitad si la declaración es voluntaria antes de la notificación).

“Creer que el Estado ha premiado históricamente la fuga de capitales es un mito; lo que ha hecho es perdonar moras internas”, explicó Carlos Morán, abogado tributario. La ilusión de repatriar dinero El mayor espejismo económico es creer que una ley de regularización inundará de dólares la economía nacional. Los resultados del Régimen Impositivo Voluntario de 2021-2022 son contundentes: · 642 contribuyentes (personas y sociedades) declararon un total de $1.874 millones en activos. · Sin embargo, la recaudación para el Estado fue de apenas $92 millones (un 46% de la meta inicial de $200 millones), cobrados mediante un impuesto único con tarifas escalonadas del 3,5%, 4,5% o 5,5%. ¿Por qué no regresó ese

capital de $1.874 millones a Ecuador? “Porque la ley jamás lo exigió. El objetivo del régimen era netamente tributario, es decir, que el ciudadano revelara sus bienes y pagara el impuesto correspondiente, sin obligarlo a transferir los fondos a una cuenta bancaria ecuatoriana”, apuntó Morán. Los datos muestran que la riqueza regularizada se quedó donde estaba: · 41% en Estados Unidos. · 12% en las Islas Vírgenes Británicas. · 11% en Panamá. · 10% en Bahamas. · 26% restante en otros países. Además, cifras macroeconómicas del Banco Central del Ecuador informan que, en 2025, las posiciones de residentes ecuatorianos en el exterior correspondientes a “otra inversión” aumentaron en $2.116 millones, hasta alcanzar $4.971 millones. Patrimonio fuera del país El ingreso de Ecuador al sistema de intercambio automático de información financiera cambió las reglas del juego. Para mayo de 2022, el SRI ya tenía datos de más de 44.000 cuentas

en 43 países; en noviembre de ese año, la cifra superó las 70.000 cuentas. Con este rastreo masivo, el Estado identificó preliminarmente cerca de $5.000 millones pertenecientes a ecuatorianos en el exterior. Sin embargo, el exdirector del SRI, Francisco Briones, aclaró en enero de 2023 que esta cifra no era un inventario definitivo, pues faltaba recibir información de Estados Unidos y completar documentación de Panamá. Si en 2022 solo se regularizaron $1.874 millones, queda un saldo preliminar cercano a los $3.000 millones identificados, pero no acogidos a la regularización. ¿Significa que todo ese dinero es producto de la evasión? No. Aunque Ecuador aplica el principio de renta global, este es otro error de concepto. “Tener una cuenta bancaria, una inversión o una casa en el extranjero no es ilegal por sí mismo. Muchos de esos activos pueden ser patrimonio legal y correctamente declarado, provenir de herencias, o derivar de actividades económicas legítimas desarrolladas fuera del país”, explicó Roberto Ruiz, abogado tributario. El verdadero desafío actual del SRI es procesar este tsunami de datos internacionales, especialmente con hitos recientes como el acuerdo de intercambio de información con Panamá (firmado en agosto de 2025 y ratificado por Panamá mediante la Ley 508 en fe-

07 ECONOMÍA QUITO | JUEVES 29/OCTUBRE/2026 I

brero de 2026), que incluye intercambio automático y a petición. R. DEL E.

Juicio No. 17230-2025-01173 UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, viernes 23 de octubre del 2026, a las 10h52.

UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTON TENA-PROVINCIA DE NAPO NAPO-TENA EXTRACTO JUDICIAL

CITACIÓN JUDICIAL A:

ACTOR: RUTH SULMAIR TANGOY TANGOY

QUILOANGO CAIZA MONICA ISABEL y TIXI CACOANGO LUIS EDUARDO

DEMANDADO: HEREDEROS PRESUNTOS Y DESCONOCIDOS DE QUIEN EN VIDA FUE EDDY GUILLERMO GALARZA GUALLO

EXTRACTO DE LA DEMANDA

JUEZ: DR. GERMAN RICARDO CASANOVA BORJA

JUICIO:

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

SECRETARIA: ABG. CARMEN LEONOR ORTIZ GUEVARA

CAUSA No:

17230-2025-01173

JUICIO: 15951-2026-00470

CUANTIA:

$7.300

CAUSA: DECLARATORIA DE UNION DE HECHO

PROCEDIMIENTO:

ORDINARIO

TRAMITE: ORDINARIO

FUNDAMENTO LEGAL:

CUANTIA: INDETERMINADA

ACTOR/A:

ART. 1453, 1567, 1568 DEL CODIGO CIVIL; ART. 289 DEL COGEP; CAIZA OLMEDO JOSE ANTONIO

SE HACE SABER. - Que en la UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTON TENA-PROVINCIA DE NAPO, la señora RUTH SULMAIR TANGOY TANGOY, presentó la demanda DE DECLARARTORIA DE UNION DE HECHO, cuyo extracto es como sigue:

DEMANDADO:

“…Tena, martes 22 de septiembre del 2026, a las 09h48. VISTOS: (…) PRIMERO.CALIFICACIÓN Y TRAMITE.- (…) Conozco de la demanda de Declaratoria de Unión de Hecho presentada por TANGOY TANGOY RUTH SULMAIR en contra de los señores: RUTH ELIZABETH GUALLO ANDI y EDINSON PATRICIO GALARZA AGUILAR, en calidad de padres del causante; losseñores: DAYANA MERCEDES GALARZA GUALLO, JOSEPH PATRICIO GALARZA GUALLO y MAICHOL JANDEL GALARZA GUALLO, en calidad de hermanos del causante; y en contra de Herederos, Presuntos y Desconocidos de quien en vida fue el señor EDDY GUILLERMO GALARZA GUALLO, por reunir los requisitos legales, generales y especiales previstos en los artículos 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos, en adelante COGEP en concordancia con el artículo 289 ibídem, en consecuencia se la admite a trámite ORDINARIO. SEGUNDO.- CITACIÓN.- a) CITESE tanto a los padres y hermanos del causante EDDY GUILLERMO GALARZA GUALLO, en calidad de herederos, esto es a: RUTH ELIZABETH GUALLO ANDI y EDINSON PATRICIO GALARZA AGUILAR, en calidad de padres del causante; los señores: DAYANA MERCEDES GALARZA GUALLO, JOSEPH PATRICIO GALARZA GUALLO y MAICHOL JANDEL GALARZA GUALLO, en la siguiente dirección: Provincia de Napo, cantón Tena, en la vía Tena - Archidona, margen izquierdo del barrio Santa Inés, por la entrada a San Pedro de Uglo, sexta calle a mano izquierda, casa de color beige, construcción mixta de cemento y madera, de una planta, como referencia 50 metros antes de la cancha deportiva; b) Por cuanto la actora ha declarado bajo juramento, en su libelo, el desconocer la individualidad y el domicilio o residencia de los herederos presuntos y desconocidos del señor EDDY GUILLERMO GALARZA GUALLO; en atención a lo previsto en el artículo 56 COGEP respecto de la citación a través de uno de los medios de comunicación indica, que a la persona cuya individualidad, domicilio o residencia sea imposible determinar, se ordena que se cite a los herederos presuntos y desconocidos de EDDY GUILLERMO GALARZA GUALLO; con el contenido de la demanda, anuncio probatorio y este auto de calificación mediante tres publicaciones que deberán ser efectuadas en uno de los periódicos de mayor circulación a nivel nacional, esto es en el Diario “La Hora”, que se edita en la ciudad de Quito, en tres días hábiles y en distintas fechas. Transcurridos VEINTE DÍAS desde la última publicación o transmisión del mensaje radial, a los herederos presuntos y desconocidos se les concede el término de TREINTA DÍAS para que den contestación a la demanda, propongan excepciones previas y presente sus anuncios probatorios de conformidad con los artículos 151, 152 y 153 COGEP, bajo prevenciones de tramitarse la causa en la forma prevista en el número 2 del artículo 87 COGEP para lo cual, la señorita Actuaria de la Judicatura deberá conferir el extracto correspondiente, con la demanda y este auto de ser el caso y b) Se notificara con este auto y todo lo actuado al señor Director Provincial del Registro Civil de Napo, Tlgo. Jose Mauricio Egas y/o su Delegado, al correo electrónico jose.egas@registrocivil.gob.ec, no obstante de citarle en la dirección indicada en la demanda, esto es en las calles Chontayacu s/N y Gabriel Espinoza, de esta ciudad de Tena.- TERCERO.- PRUEBAS.- En cuanto a los anuncios probatorios presentados por la actora , constantes en su escrito de demanda y de completación, en el día de la audiencia única, se dispondrá lo que en derecho corresponda, así también la parte demandada, ejerza el derecho a la contradicción, respecto a la prueba anunciada por la contra parte, esto toda es: Prueba Documental constante en el numeral 7 de su demanda y Prueba Testimonial.- Las Declaraciones de los Testigos de parte de la actora se la realizará en su momento procesal oportuno debiendo notificárseles de su comparecencia en el casillero electrónico señalado. CUARTO.- RAZÓN ACTUARIAL.- Precluído que sea el término concedido a los demandados, la actuaria de la Judicatura sentará razón respecto si los demandados han comparecido a juicio y han hado contestación a la demanda dentro del término concedido para el efecto. No se dispone inscripción de la demanda por cuanto no se ha justificado que la actora y el causante hayan adquirido bienes raíces. - QUINTO. - AUTORIZACIÓN Y PATROCINIO. - Tómese en cuenta la autorización conferida por la actora a su patrocinador Abogado David Duque Tobar para que le represente en esta instancia. - (…) NOTIFÍQUESE”.- Fdo) DR. CASANOVA BORJA GERMAN RICARDO - JUEZ.DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE TENA.

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, lunes 17 de marzo del 2025, a las 13h47. VISTOS: Avoco conocimiento de la presente causa en mi calidad de Juez de la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito.- En lo principal, se considera: PRIMERO: CALIFICACIÓN Y ADMISIÓN A TRÁMITE.- La demanda presentada se califica y admite a trámite mediante procedimiento Ordinario de conformidad con lo que determina el Art. 289 Ibídem.SEGUNDO: CONTESTACIÓN.- Conforme lo establecido en el segundo inciso del Art. 291 del COGEP se concede al demandado, TIXI CACOANGO LUIS EDUARDO y QUILOANGO CAIZA MONICA ISABEL, el término de TREINTA (30) días una vez citado, a fin de que conteste la demanda en la forma establecida por los artículos 151 y 153 del código antes mencionado, quien además deberá anunciar todos los medios probatorios destinados a sustentar su contradicción, conforme lo dispone el artículo 152 ibídem. TERCERO.-CITACIÓN.- CÍTESE con el contenido de la demanda y el presente auto de sustanciación a la parte demandada TIXI CACOANGO LUIS EDUARDO y QUILOANGO CAIZA MONICA ISABEL en el lugar que se indica en la demanda, de conformidad con lo establecido en el Art. 53 del COGEP; previniéndole de la obligación que tiene de señalar casillero judicial y electrónico. Para el efecto, remítase suficiente despacho a la oficina correspondiente.- CUARTO: NOTIFICACIONES Y AUTORIZACIÓN.-Téngase en cuenta el casillero judicial y correo electrónico señalados por el actor para sus notificaciones y la autorización conferida a su abogado patrocinador, la parte actora deberá proporcionar las copias necesarias para la elaboración de las boletas.- Actúe la Ab. Janetd Taipe Redrovan, en su calidad de secretaria.- QUINTO: Precautelando la salud de todos los sujetos procesales, conforme lo determinado en el artículo 66 del Código Orgánico General de Procesos – COGEP que respecto a las notificaciones, en su parte pertinente establece: ”Son idóneos los siguientes lugares: el casillero judicial, domicilio judicial electrónico, correo electrónico de una o un defensor legalmente inscrito o el correo electrónico personal.”, en concordancia con la Resolución No. 102-2023, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante la cual se resuelve priorizar las notificaciones electrónicas de todas las actuaciones judiciales, se notifica de forma electrónica al domicilio legal señalado por las partes, el presente auto. Al amparo del artículo 14 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, se indica que la firma electrónica contenida en el presente auto, tiene igual validez y genera los mismos efectos jurídicos que la firma manuscrita; en consecuencia, no será necesario consignar la firma manuscrita en la presente actuación judicial.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-f.) AB. ALTAMIRANO RUIZ SANTIAGO DAVID JUEZ (PONENTE)

QUILOANGO CAIZA MONICA ISABEL TIXI CACOANGO LUIS EDUARDO AUTO DE ADMISIBILIDAD

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, lunes 18 de mayo del 2026, a las 15h07. VISTOS: El acta de declaración bajo juramento desconocimiento de domicilio que antecede incorpórese al proceso. De conformidad a lo determinado en el Art. 56 del COGEP, dispongo: CÍTESE a la parte demandada señores: QUILOANGO CAIZA MÓNICA ISABEL (C.C. Nª 1718174061) y TIXI CACOANGO LUIS EDUARDO (C.C. Nª 1720628393), a través de la prensa mediante publicaciones que se la realizará en uno de los periódicos o diarios que se editan en esta Ciudad, para lo cual por Secretaría proceda a elaborar el respectivo Extracto para los fines de ley. Actúe en la presente causa el Abg. Santiago Mauricio Chango Quinatoa, en calidad de Secretario Titular de esta Unidad Judicial Civil. Precautelando la salud de todos los sujetos procesales, conforme lo determinado en el artículo 66 del Código Orgánico General de Procesos – COGEP que respecto a las notificaciones, en su parte pertinente establece: ”Son idóneos los siguientes lugares: el casillero judicial, domicilio judicial electrónico, correo electrónico de una o un defensor legalmente inscrito o el correo electrónico personal.”, en concordancia con la Resolución No. 102-2023, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante la cual se resuelve priorizar las notificaciones electrónicas de todas las actuaciones judiciales, se notifica de forma electrónica al domicilio legal señalado por las partes, el presente auto. Al amparo del artículo 14 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, se indica que la firma electrónica contenida en el presente auto, tiene igual validez y genera los mismos efectos jurídicos que la firma manuscrita; en consecuencia, no será necesario consignar la firma manuscrita en la presente actuación judicial.- NOTIFÍQUESE. f.) AB. ALTAMIRANO RUIZ SANTIAGO DAVID JUEZ (PONENTE)

LO CERTIFICO.

CON LO QUE CITO A USTEDES PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.

LASTRA ROSERO VIVIANA DE LOURDES SECRETARIO

001-006-1157

001-006-1164

Resistencia a regularizae activos La resistencia para transparentar y retornar capitales no obedece a un único factor, sino a una compleja mezcla de riesgos de seguridad, realidades económicas y políticas fiscales adversas. Las razones principales son: · La información financiera como botín criminal (Riesgo de seguridad): En medio de una crisis de seguridad sin precedentes, entregar un inventario exacto del patrimonio a un Estado vulnerable equivale a armar un catálogo de víctimas para los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO). Las mafias penetradas en instituciones públicas pueden usar estos datos para planificar secuestros y calcular “vacunas”. Gabriela Calderón, investigadora del Cato Institute, advierte que la extorsión vibra con la información y que el Estado ecuatoriano no destaca por proteger datos sensibles. · Decisiones económicas y de previsibilidad: Los capitales se mantienen afuera por razones de diversificación de riesgo (evitar depender de un solo país o moneda), acceso a mercados financieros más profundos, liquidez para planificación familiar o sucesoria, y la búsqueda de previsibilidad jurídica y económica. Para atraerlos, no basta una amnistía; se necesita seguridad jurídica y proyectos rentables. · El fantasma de un modelo europeo fracasado (Impuesto al patrimonio): Endurecer penalidades se percibe como la antesala de un impuesto al patrimonio, una medida que ya fracasó en el primer mundo. Un estudio del Institute of Economic Affairs (IEA) de Londres, titulado “Fool’s Gold”, revela que países como Austria, Dinamarca, Alemania, Países Bajos y Suecia eliminaron este tributo. (JS)

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QUITO

GLOBAL 08

Petro bajo escrutinio por contratos a cambio de ‘favores sexuales’ La Justicia colombiana admite denuncias contra el expresidente Gustavo Petro por contratar a mujeres a cambio de favores sexuales. Los hechos habrían ocurrido cuando se desempeñaba como congresista. La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha admitido este miércoles denuncias contra el expresidente Gustavo Petro por supuestamente contratar a 40 mujeres a cambio de favores sexuales, una investigación que se centra en las incorporaciones que hizo la oficina de la exsenadora María José Pizarro, representante de Pacto Histórico de Petro. La más alta instancia judicial del país ha admitido la denuncia contra Pizarro y Petro por hechos que habrían ocurrido cuando el

exmandatario ejercía como congresista. En concreto la situación que se investiga ocurrió entre agosto de 2022 y abril de 2023, periodo en el que Mauricio Lizcano ocupó el cargo de director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Este caso llega después de las denuncias de una funcionaria de 26 años que relató que se ofrecían contratos y puestos de trabajo a cambio de favores sexuales, una práctica que se dio mientras Petro estuvo en el

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Congreso. La denunciante apuntó a que había una red de mujeres “instrumentalizadas” y “amarradas” con contratos, incluida ella misma, para prestar servicios sexuales a Petro. La respuesta de Petro En un comunicado, Petro respondió a las acusaciones con un comunicado en que denuncia un “intento coordinado” para “intromisión” en su vida íntima y sexual financiado por sectores al fines al actual presidente colombiano, Abelardo de la Espriella. “Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante. En mi vida personal no he sometido a ninguna mujer. Siempre he puesto la libertad como principio fundamental de mis relaciones. Nunca he obligado a nadie”, aseguró. Mientras, Pizarro se ha desmarcado de las denuncias de su extrabajadora insistiendo en su historial como política en favor de los derechos de las mujeres y señalando que “jamás” justificaría “situaciones como la que se insinúa”.

“He defendido los derechos de las mujeres no de palabra, sino como causa de vida; esa ha sido, es y seguirá siendo una convicción

central de mi ejercicio político”, ha afirmado en declaraciones recogidas por la emisora colombiana Blu Radio. (EUROPA PRESS)

SEGUNDA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA INMOBILIARIA OVER C. LTDA. En atención a la solicitud efectuada a esta Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros por la señora Ana María Velasco Romero, en su calidad de socia de la compañía INMOBILIARIA OVER C. LTDA., de conformidad con lo establecido en el artículo 269.1 de la Ley de Compañías; y, en ejercicio de las atribuciones conferidas mediante en el Estatuto Orgánico Institucional vigente, se convoca a los socios de la compañía INMOBILIARIA OVER C. LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios, que se llevará acabo el día viernes, 6 de noviembre de 2026, a las 10h00, en la ciudadela La Alborada Etapa 12, villa 1, Mz. 12-23, frente a la Clínica Kennedy, con el objeto de conocer y tratar el siguiente orden del día: 1. Conocer y resolver sobre la designación de Gerente General y Presidente de la compañía INMOBILIARIA OVER C. LTDA. En relación con el procedimiento para emitir el voto en la Junta General, se les comunica a los socios que el secretario de la junta informará a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación alguna a la moción. El secretario de la junta llamará a los socios uno a uno en voz alta para que ejerzan su derecho de voto. Los socios minoritarios que sean titulares de por lo menos el cinco por ciento del capital social podrán solicitar, por una sola vez, la inclusión de asuntos en el orden del día de una junta general ya convocada, para tratar los puntos que indiquen en su petición, o que se efectúen correcciones formales a convocatorias previamente realizadas. Este requerimiento deberá ́ ser efectuado dentro del plazo improrrogable de 72 horas desde que se realizó ́ el llamamiento a junta general. Cada uno de los socios minoritarios que sean titulares de por lo menos el cinco por ciento del capital social tendrá ́ derecho a solicitar la inclusión de máximo un punto del orden del día por junta general debidamente convocada. Sin embargo, no se podrá ́ incluir más de cinco puntos adicionales a los convocados, por junta general. Se dará tratamiento en orden cronológico. El socio que compareciere por medios telemáticos dejará constancia de su asistencia mediante correo electrónico. Sin embargo, si algún socio no envía su correo electrónico confirmatorio al secretario de la junta, su comparecencia podrá ser justificada mediante cualquier otro medio probatorio válido, incluyendo la correspondiente grabación de la reunión como respaldo de la votación de los socios que comparezcan a la junta general a través de medios telemáticos, deberán remitir un correo electrónico donde consigne la forma de votación por cada moción, sin perjuicio que el pronunciamiento o votación del socio sea grabada por la compañía. no obstante, si algún socio no envía su correo electrónico confirmatorio al secretario de la junta, el sentido de su votación podrá ser justificado mediante cualquier otro medio probatorio lícito, incluyendo la correspondiente grabación de la reunión. De igual manera por correo electrónico los socios podrán remitir el instrumento por medio del cual se encargue a otra persona la representación en junta general. los socios tienen derecho a solicitarle al administrador cualquier otra información que deseen conocer relacionada con el asunto a tratar en la sesión de junta general. de conformidad con lo previsto en la ley de compañías y demás normativa concordante, los socios pueden comparecer a la sesión de junta general de socios manera personal o por medio de sus representantes debidamente constituidos, presentándose físicamente en el lugar indicado en esta convocatoria a la hora y día previstos o través del siguiente enlace. https://us06web.zoom.us/launch/jc/81082360006 ID de reunión: 810 8236 0006 Código de acceso: 194492 Se deja constancia que conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañías la junta general se reunirá, en segunda convocatoria, con el número de socios presentes, Guayaquil, 26 de octubre de 2026

Ab. Luis Idrovo Murillo INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS Exp. 26803 Trámite No. 72409-0041-26

001-005-0994

POLÉMICO. El expresidente de Colombia, Gustavo Petro.

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09 GLOBAL QUITO | JUEVES 29/OCTUBRE/2026 I

Venezuela: Machado se reúne con familiares de presos políticos La líder opositora María Corina Machado se reunió con más de un centenar de familiares de presos políticos tras regresar a Venezuela. MADRID. La líder opositora venezolana María Corina Machado ha mantenido un encuentro con más de un centenar de familiares de presos políticos, representantes de organizaciones de derechos humanos y víctimas de la represión, en el marco de sus primeras actividades tras su retorno a territorio venezolano después de diez meses en el extranjero. Durante la reunión, en la que se sucedieron los testimonios, la fundadora del partido Vente Venezuela ha reafirmado su compromiso “con la justicia y la libertad de todos los venezolanos”, exigiendo la liberación inmediata de los reclusos por

ACTIVISTA. La líder opositora María Corina Machado. Cuenta de X

motivos políticos, según ha informado el Comité de Derechos Humanos de su partido en redes.

EXTRACTO

NOTARIA OCTAVA DEL CANTÓN AMBATO: Cúmpleme poner en conocimiento del público que mediante escritura pública de liquidación de la sociedad conyugal efectuada el día martes veintisiete de octubre del año dos mil veintiséis, otorgada ante el Doctor Ángel Augusto Palacios Cabrera, Notario Octavo de este cantón Ambato, los señores JAIME DANILO MORENO MARTINEZ, de estado civil divorciado, portador de la cedula de ciudadanía número 1802749182, y la señora MIRIAM DEL CARMEN ARBOLEDA ZARABIA, de estado civil divorciada, portadora de la cedula de ciudadanía número 0503744567; quienes contrajeron matrimonio civil el doce de marzo del año dos mil diez, conforme consta en la copia certificada del Acta de Inscripción de Matrimonio Tomo 1, Página 251, Acta 251; La sociedad conyugal se conformó según lo dispuesto en el Articulo 139 del Código Civil, dicho matrimonio que existió entre los ex cónyuges JAIME DANILO MORENO MARTINEZ y MIRIAM DEL CARMEN ARBOLEDA ZARABIA, se encuentra disuelto su vínculo matrimonial por sentencia de divorcio dictada por la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Ambato, con fecha veintisiete de enero del año dos mil diecisiete, debidamente marginada en la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación el veintinueve de junio del año dos mil dieciocho.- Las adjudicaciones del patrimonio se encuentran detalladas en el texto de la referida escritura pública de liquidación de sociedad conyugal, por lo que en aplicación a lo dispuesto en el Artículo dieciocho numeral veinte y tres, en donde facultan al Notario disponer la inscripción en el Registros de la Propiedad, la escritura de liquidación de sociedad conyugal, previo el trámite previsto en dicha norma legal, pongo en conocimiento del público, mediante una publicación, el extracto de la liquidación del patrimonio de la sociedad conyugal correspondiente a los señores ex cónyuges JAIME DANILO MORENO MARTINEZ Y MIRIAM DEL CARMEN ARBOLEDA ZARABIA.- Para que en el término de veinte (20) días a contarse desde la publicación de este extracto, las personas que eventualmente tuvieren interés en esta liquidación puedan presentar su oposición fundamentada, dentro del referido término.

Particular que pongo en conocimiento para los fines legales correspondientes. Ambato, 27 de octubre del año 2026.-

“Detrás de cada preso político hay una familia que resiste, una madre que espera, hijos que extrañan y seres queridos que se niegan a perder la esperanza. A cada una de esas familias les decimos: no están solos. Su dolor nos compromete y su lucha es también la nuestra”, ha trasladado la formación. Machado ha subrayado que no habrá una Venezuela verdaderamente libre mientras haya un solo preso político y ha advertido de que no descansarán hasta que todos recuperen la normalidad y se produzca el reencuentro definitivo en los hogares del país, calificando la liberación de los detenidos como una exigencia irrenunciable.

Este encuentro con las asociaciones de víctimas se produce pocos días después de que la principal figura de la oposición anunciara su regreso a Venezuela, un retorno que dio pie a caravanas multitudinarias y muestras de apoyo popular en distintos puntos del país. Nuevo escenario político La vuelta de Machado ha abierto un nuevo escenario político marcado por el diálogo impulsado por la encargada del poder, Delcy Rodríguez --quien ha subrayado que los futuros procesos electorales que se celebren en el país deben estar orientados a “resolver problemas” y no a conver-

tirse en un uno, apelando a la responsabilidad de los actores políticos en el marco de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la oposición. Durante un acto público en Carabobo, Rodríguez ha defendido la convivencia pacífica y las garantías institucionales, insistiendo en que el entendimiento político debe traducirse en mejoras tangibles para la ciudadanía. En este sentido, ha enmarcado el tercer ciclo de conversaciones con la oposición en la necesidad de lograr la recuperación económica, mejorar los servicios públicos y reclamar activos internacionales, como la devolución del oro retenido en el Banco de Inglaterra para destinarlo “al salario los trabajadores, el sistema eléctrico y los hospitales”. En lo relativo a unos futuros comicios en el país sudamericano, Rodríguez ha criticndo a aquellos sectores que, a su juicio, buscan el enfrentamiento o priorizan los intereses partidistas. “Sé que hay quienes están hambrientos de poder, quienes hacen malabarismo y todo tipo de ‘show’ por el poder. Nosotros no estamos aquí por el poder, estamos para servir al pueblo”, ha apostillado. La dirigente venezolana ha reiterado su confianza en la ley de amnistía aprobada recientemente como una vía para que los “sectores radicales abandonen para siempre la violencia”, instando a todas las fuerzas políticas a centrarse en el trabajo institucional y a rechazar vías de alteración del orden público. (EUROPA PRESS)

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QUITO

NORTE 10

Ibarra reforma la tasa de recolección de basura La reforma establece cambios en el cálculo de la tasa para los predios rurales y exime del pago a los terrenos no edificados, previa inspección.

BASURA. El Municipio de Ibarra se comprometió a mejorar el servicio de recolección en sectores rurales. Fotografía del Municipio de Ibarra.

La reforma a la ordenanza que reglamenta la gestión integral de residuos y desechos no peligrosos en el cantón Ibarra se sancionó el 21 de octubre de 2026. La normativa que determina el cobro de la tasa de recolec-

ción de basura en Ibarra. El Municipio ya se encuentra reprogramando el sistema de cobro para aplicar los cambios aprobados. Diego Villalba, director de Gestión Ambiental del Municipio de Ibarra, señaló

que uno de los cambios específicos es que los terrenos rurales que no tienen acceso al servicio de recolección de residuos sólidos, validado mediante una inspección, no pagan la tasa. Lenin Farinango, presi-

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dente del Pueblo Kichwa Caranqui, quien participó activamente para que se hiciera el cambio, dijo que las comunidades “de alguna manera estamos conformes con el trabajo que se hizo”. Los cambios que se aplicarán En el sector rural, para calcular la tasa de recolección, se tomaba en cuenta el valor del terreno agrícola más el de la construcción hecha en el mismo predio. Ahora, la tasa se calculará solo con base en el valor de la vivienda, “donde en realidad se generan los residuos”, dice Villalba. El funcionario puntualizó que, antes de la modificación, los ibarreños podían hacer un trámite para no pagar la tasa de recolección por predios sin edificación. Ahora, con la reforma, ya no se debe hacer ese trámite, pues el sistema se está actualizando. Lenin Farinango destacó que el pago de la tasa se calculará sobre las viviendas habitadas. Agregó que el pago elevado que hicieron algunos ibarreños por la tasa de recolección de basura quedará en las arcas municipales como abono para los próximos meses, con el fin de evitar la devolución. Otro de los logros es que el Municipio de Ibarra se comprometió a mejorar la recolección de basura en las comunidades rurales. “Hay comunidades que pagan la tasa de recolección, pero el carro recolector ni siquiera llega”, afirmó Farinango. Por su parte, Villalba señaló que actualizarán las rutas y la frecuencia de los carros recolectores de basura en las zonas rurales. “Ya se han hecho varias inspecciones, este es un trabajo permanente para poder ajustar toda la gestión integral de recolección”. Proceso para lograr la reforma Lenin Farinango, presidente del Pueblo Kichwa Caranqui, quien participó en la mesa técnica de la Comisión de Salud y Ambiente, dijo que se acogieron algunas observaciones de su organización y se llegó a acuerdos. El 11 de septiembre, el Pueblo Kichwa Caranqui

realizó una movilización en rechazo al cobro de la tasa por gestión de residuos sólidos establecida mediante la ordenanza municipal. Según un comunicado de la organización, no se debería cobrar los $2,22 mensuales, más recargos, a los propietarios de predios no edificados que no tienen servicios de agua o energía eléctrica. Detalles de la tasa En Ibarra, la ordenanza establece que la tasa de recolección de residuos sólidos se diferencia en residencial, comercial e industrial. Diego Villalba explica que, si el propietario de una casa también es dueño de un negocio, por ejemplo, una papelería, hace un solo pago por la tasa de recolección, tomando en cuenta la de mayor valor. Pero, si quien posee el local comercial no es el propietario del inmueble, debe pagar la tasa de recolección por separado y de acuerdo con el giro del negocio. La base de la tasa es de $1 y aumenta de acuerdo con la zonificación dentro del catastro urbano y rural del cantón, dice Villalba. Hasta la fecha, según datos municipales, hay 123.000 predios urbanos y rurales y más de 10.000 actividades económicas que deben pagar este rubro. Por este cobro, el Municipio tiene una proyección anual de recaudación de más de $6’780.000. En 2026, la proyección de recaudación es de más de $3’000.000. En octubre de 2025, el Ministerio de Ambiente y Energía dispuso que se eliminara de la planilla de energía eléctrica el cobro de la tasa de gestión de residuos sólidos, para que los ciudadanos paguen el consumo real de electricidad. La Municipalidad de Ibarra comenzó a trabajar en el documento para regular el cobro. Tras los debates correspondientes, la ordenanza fue publicada en el Registro Oficial el 21 de mayo de 2026. En junio se dispuso que la Unidad de Servicios Tributarios del Municipio comenzara a cobrar la tasa. (MC)

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LOS RÍOS QUITO | JUEVES 29/OCTUBRE/2026 I

Rehabilitarán vía entre Barreiro y El Salto La obra busca mejorar la circulación y favorecer al comercio local.

bordillos. Los trabajos buscan mejorar las condiciones de circulación y seguridad para conductores y peatones.

VIALIDAD.- La vía que conecta a Barreiro con El Salto presenta daños en la calzada que dificultan el tránsito diario.

Hay riesgos Los usuarios señalan que los baches y los tramos destruidos dificultan el tránsito, especialmente para quienes se movilizan en motocicleta. Juan Vecilla manifestó su preocupación por los accidentes registrados en la zona. “Existen muchos accidentes por los huecos y los tramos que se encuentran totalmente destruidos. Incluso, personas que se movilizaban en motocicletas han perdido la vida por accidentes relacionados con el deterioro de la vía”, lamentó.

BABAHOYO.- Luego de años de deterioro, la vía que conecta a las parroquias Barreiro y El Salto será rehabilitada por la Municipalidad de Babahoyo. La intervención busca recuperar la calzada y mejorar la circulación en este tramo, utilizado diariamente por conductores y habitantes de ambos sectores. El paso constante de vehículos pesados, especialmente durante el cierre temporal de los Puentes Gemelos, agravó las condiciones de la carretera. Ante esta situación, el Municipio asumirá la obra tras la transferencia

Comercio espera recuperarse Carmen Intriago, habitante de Barreiro, considera que la rehabilitación también puede favorecer a los negocios de la zona. Según indicó, el mal estado de la carretera ha afectado la actividad comercial, por lo que espera que la obra facilite los desplazamientos y contribuya a mejorar las condiciones de vida de la población. Los conductores y moradores esperan que la intervención se ejecute de manera integral y permita recuperar la circulación segura entre Barreiro y El Salto.

RIESGO.- Los baches y tramos deteriorados preocupan a los conductores, especialmente a quienes se movilizan en motocicleta.

de competencias por parte del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT). La vía también es una conexión importante

con la carretera E-25. Trabajos previstos El proyecto contempla la demolición del pavimento

dañado, el mejoramiento del suelo con base y subbase, la colocación de una nueva carpeta asfáltica y la renovación de aceras y

Alcalde de Vinces, investigado por presunto lavado VINCES.- La operación Gran Fénix 066 dejó 15 detenidos tras 21 allanamientos ejecutados en Los Ríos, Guayas y Azuay, según informó la Fiscalía. La investigación apunta a una presunta red de lavado de activos que habría sido liderada por el alcalde de Vinces, Juan Alfonso Montalván Cerezo, junto con personas de su entorno familiar y societario. Las autoridades investi-

gan movimientos financieros por aproximadamente $3,22 millones que habrían sido canalizados a través de la Constructora Aldrensa S. A. Además, indagan un presunto incremento patrimonial injustificado relacionado con la adquisición de bienes muebles e inmuebles entre 2019 y 2026. Las diligencias también buscan establecer posibles vínculos financieros con

personas investigadas por narcotráfico, tráfico de armas y delincuencia organizada, así como presuntas conexiones con los grupos delictivos Los Choneros y Los Lobos. El operativo se ejecutó durante la madrugada del miércoles 28 de octubre e incluyó la intervención de dos personas jurídicas y procedimientos para la incautación de bienes.

OPERATIVO.- La intervención dejó 16 detenidos en tres provincias. CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

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QUITO

TUNGURAHUA 12 I QUITO | JUEVES 29/OCTUBRE/2026

Municipio de Ambato advierte sobre ofertas irregulares de terrenos en sectores rurales Huachi Grande, Santa Rosa y Unamuncho son los sectores en donde más se han detectado este tipo de intentos de ventas irregulares de terreno.

PROBLEMA. Los intentos de venta irregulares de terreno se dan más en la zona rural. (Foto para graficar)

En redes sociales es común ver ofertas de todo tipo de bienes muebles e inmuebles. Así, la venta de terrenos no ha quedado fuera de esta nueva forma de hacer negocios. Sin embargo, estas nuevas modalidades también han abierto la puerta a las estafas. Ante esto, el arquitecto Manuel Guzmán, director de Gestión del Suelo del Municipio de Ambato, mencionó que se ha detectado la proliferación de ofertas de comercialización de terrenos en sectores rurales con superficies inferiores a las permitidas por el Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS). Explicó que el predio mínimo en el sector rural es de 500 metros cuadrados, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a desconfiar de ofertas de terrenos de 150 o 200 metros cuadrados que no cuenten con las autorizaciones correspondientes. El funcionado dijo que algunas ofertas se realizan bajo la modalidad de acciones y derechos, una figura que no equivale a disponer

de una escritura individualizada que identifique un lote específico con su superficie y linderos. A lo que añadió que la situación puede generar dificultades para acreditar la propiedad individual y obtener los permisos necesarios para construir. Guzmán mencionó que la normativa distingue entre lotizaciones y urbanizaciones, y que en el sector rural existen restricciones específicas para los procesos de subdivisión y urbanización, debido a la vocación agrícola del suelo. Entre los sectores donde se han identificado anuncios y ofertas que requieren verificación municipal mencionó: Huachi Grande, Santa Rosa, Juan Benigno Vela, Pilahuín, Unamuncho y Cunchibamba. El funciona señaló que se están realizando “recorridos y acciones de verificación, solicitando a promotores y propietarios retirar publicidad relacionada con ofertas que no cumplen los requisitos legales”. Advirtió también que, ante estas “posibles estafas”,

TOME NOTA El documento que habilita a un corredor es la licencia profesional con número y vigencia anual. Los corredores habilitados y calificados en Tungurahua se pueden consultar en http://www.acbirtungurahua.com. podrían coordinarse acciones con la Fiscalía y autoridades competentes, “pero las personas que se sientan afectadas deben poner las denuncias”. Para evitar este tipo de inconvenientes Guzmán recomendó a los ciudadanos acercarse a la Dirección de Gestión del Suelo antes de entregar anticipos, firmar contratos o concretar la compra de un terreno. “La finalidad es comprobar si el predio cumple las condiciones urbanísticas y legales, si cuenta con las autorizaciones necesarias y si la operación permitirá formalizar adecuadamente la propie-

dad”, aseguró Guzmán. Otras observaciones Respecto a terrenos en zonas urbanas, explicó que las superficies mínimas varían según el sector y la normativa aplicable. En determinados sectores consolidados de Ambato, el lote mínimo es de 200 metros cuadrados, mientras que, en otras zonas puede ser de 300, 400 o 500 metros cuadrados. Finalmente, aclaró que la construcción de viviendas requiere los permisos correspondientes, tanto en el área urbana como en la rural, donde la existencia de un contrato privado o de una inscripción de acciones y derechos no sustituye los requisitos para obtener una autorización de construcción. Cómo evitar ser estafado Ante esta realidad María Peña Fiel, corredora de Bienes Raíces y presidenta de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces de Tungurahua, dijo que las estafas no es sólo de ahora, sino que

han habido desde siempre, “pero ahora con el acceso de las redes la situación es mucho más visible”. A esto añadió que los compradores deben solicitar como primer documento el acuerdo o carta donde el Municipio certifica que la lotización o fraccionamiento está aprobado, así como pedir escrituras, verificar la identidad de los vendedores y corroborar que sean los verdaderos dueños, “no dejarse llevar por imágenes que pueden ser generadas con inteligencia artificial y siempre visitar personalmente el terreno, incluso, si se está en el extranjero, enviando a un familiar”. Cómo corredora de bienes raíces mencionó que quienes se dedican a este trabajo cuentan con todos los conocimientos de las normativas de las jurisdicciones de los bienes inmuebles que se quieren adquirir, y aunque este trabajo tiene su costo, esto no eleva de manera exorbitante el monto a pagar por el terreno y los tramites que esto conlleva. (NVP)

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La carne a la parrilla y la cultura Tsáchila atraen a turistas en el feriado Más de 20 establecimientos participan en el Festival de la Carne y Burger Fest, en el parque Jelen Tenka.

EL DATO La programación por los 19 años de provincialización se extenderá hasta el 6 de noviembre. ductos de calidad y generar oportunidades de crecimiento para todos. Una provincia para disfrutar El festival forma parte de la agenda organizada por el Gobierno Provincial para conmemorar los 19 años de provincialización. En este contexto, el prefecto subrogante, Alfonso Andrade, invitó a los turistas a visitar Santo Domingo y disfrutar de sus atractivos naturales, balnearios, cultura y gastronomía. “Vengan a Santo Domingo y disfruten del feriado. Que no sea una provincia de paso, sino de destino. ¡Los esperamos!”, enfatizó.

GASTRONOMÍA. La carne a la parrilla será una de las protagonistas del Festival de la Carne y Burger Fest.

Las fiestas por los 19 años de provincialización de Santo Domingo de los Tsáchilas coinciden con el feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, una oportunidad para promover los atractivos turísticos, la cultura y la gastronomía de la provincia. Entre las actividades previstas está el Festival de la Carne y Burger Fest,

que se realizará el domingo 1 de noviembre, con una oferta de asados y preparaciones a la parrilla. Desde las 10:00, en el parque Jelen Tenka, más de 20 establecimientos ofrecerán una variedad de cortes de carne, técnicas de cocción y propuestas gastronómicas a precios asequibles. La iniciativa busca atraer a visitantes de diferentes partes del país y

dinamizar la actividad comercial durante los días de descanso. Daniel Celi, presidente de la comisión organizadora del festival, destacó el esfuerzo del gremio para sacar adelante esta propuesta y expresó su expectativa de alcanzar el éxito de ediciones anteriores, con una importante participación de público. Por su parte, José Ja-

ramillo, representante de las cervecerías artesanales, señaló que Santo Domingo cuenta con una cultura vinculada a la producción artesanal. Explicó que el objetivo es brindar una experiencia gastronómica en la que se integren diferentes propuestas, pues, más allá de la competencia comercial, los participantes comparten la pasión por elaborar pro-

Reina de la provincia La programación continuará el sábado 31 de octubre con la gala turística y cultural Orgullosos de nuestra identidad, prevista para las 19:00 en las instalaciones del Gobierno Provincial. Durante el evento se llevará a cabo la coronación de la Reina de la provincia, como parte de las actividades conmemorativas. Con estas propuestas, se busca aprovechar el feriado para recibir visitantes, impulsar el consumo local y mostrar la diversidad de la oferta turística, cultural y gastronómica. (LMM)

Moradores reclaman agua tras días de desabastecimiento Aunque se informó que ayer, miércoles 28 de octubre, se reanudó el bombeo y distribución de agua potable en Santo Domingo, moradores de varias cooperativas de vivienda aseguran que llevan alrededor de diez días sin recibir el líquido de manera regular. Entre los sectores que reportan esta situación están Heriberto Maldonado, Alborada y Asistencia Munici-

pal. Las familias señalan que la falta de este servicio se ha convertido en un problema para realizar actividades básicas, especialmente porque muchos hogares no cuentan con cisternas. Ante la necesidad, algunas personas han optado por recoger agua lluvia en baldes para contar con el líquido durante el día. Sin embargo, indican que esta alternativa resulta complicada y no per-

mite cubrir todas sus necesidades. Crecida del Lelia La interrupción registrada el martes 27 de octubre estuvo relacionada con las fuertes lluvias y el incremento del caudal del río Lelia. Para superar los efectos de la crecida, se realizaron trabajos de limpieza y desbroce en la planta de captación. Desde el Municipio se in-

formó que, a partir de las 17:00 de ayer, se reanudó el bombeo y envío de agua potable hacia los distintos sectores de Santo Domingo, de acuerdo con los turnos y cronogramas establecidos para cada zona. La alcaldesa Clara Hinojosa realizó una inspección técnica en la planta de captación del río Lelia y constató los trabajos ejecutados por los equipos operativos de Ep-

mapa y el Cuerpo de Bomberos. La autoridad señaló que las labores permitieron avanzar en el restablecimiento de la infraestructura para el tratamiento y distribución del agua potable. Ahora, mientras el servicio empieza a normalizarse, los habitantes de los sectores afectados esperan que el suministro llegue nuevamente a sus viviendas. (LMM)

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Fe, arte y precisión en los ajuares de la Virgen del Cisne

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La confección de cada ajuar combina técnicas especializadas, medidas precisas y simbolismo religioso. Los diseños cuestan entre 580 y 2.500 dólares.

La elaboración de la indumentaria sagrada para la Virgen del Cisne contempla tres modalidades de ataviar la imagen: reina, procesional (para el trono) y peregrina o viajerita. La modista lojana Alba Uchuari Granda, de 54 años y con 35 de experiencia, ejecuta esta labor desde su taller particular especializado en arte sacro (ALFA), donde confecciona piezas cuyos valores oscilan entre los 580 y los 2.500 dólares, en función de las telas, bordados y detalles solicitados.

Especificaciones técnicas, tiempos y variaciones del vestuario Cada diseño responde de forma directa a la función litúrgica de la imagen sagrada. El traje de viajerita o peregrina sustituye las coronas por un

sombrero, elimina la capa e integra un chal a juego con los tonos de la tela, además de colocar una flor en su mano derecha durante los trayectos dentro de la urna. La versión de reina procesional posee el vestido, el trono y la capa de mayor extensión; la versión de trono mantiene dimensiones más reducidas en ambas prendas para adaptarse al espacio del altar. «En los ajuares de reina lleva la capa y sus coronas, en la mano derecha lleva el cetro y en la mano izquierda siempre lleva al Niñito», señala Alba Uchuari. La confección de un ajuar de corte estándar demanda entre cuatro y cinco días de trabajo continuo en el taller. Cuando los devotos solicitan modelos personalizados, con aplicaciones extraordinarias

o bordados de alta complejidad, el proceso técnico de confección se extiende hasta por dos semanas completas.

Simbolismo devocional, migración y respeto iconográfico

Las vestimentas canalizan testimonios de fe e historias particulares de devotos dentro y fuera del Ecuador. Durante la romería del 20 de agosto en el tramo Catamayo–Loja, la imagen lució un ajuar de peregrina con la inscripción «Madre de los Emigrantes» en el fajín, financiado por la comunidad ecuatoriana en Estados Unidos como símbolo de protección ante los riesgos de deportación. «Hay algunos ajuares, especialmente los de viajerita, que tienen una historia

RELIGIÓN. La indumentaria que lucirá la sagrada imagen para su despedida fue finalizada por la modista lojana.

detrás de cada uno con un diseño específico», explica Uchuari. El proceso de confección exige la aplicación de patrones iconográficos estrictos para no alterar la imagen original de la advocación. El taller de la modista lojana trabaja sobre las medidas exactas tomadas directamente a la talla sagrada y conserva sus elementos distintivos originales: el fajín y el escapulario específicos del Cisne, omitiendo la capa en la figura del Niño Jesús en apego a la primera estampa histórica, y diferenciándose de otras advocaciones marianas como el Carmen, Fátima o el Rosario.

Procedimientos de donación, coordinación eclesiástica y logística

La entrega y asignación de indumentarias para las festividades centrales de agosto en El Cisne —o días especiales durante su estancia en Loja— se canalizan únicamente mediante autorización del rector del Santuario de El Cisne y las autoridades eclesiásticas, debido a que la imagen vicaria cuenta con priostes asignados. Existen más posibilidades de donar

la vestimenta en fechas en las que la sagrada imagen reposa en la Iglesia La Catedral, siempre que no sean días festivos especiales. «Si algunos no pueden entregarlo, nosotros mismos, con mucho gusto, lo hacemos; se los entregamos sea en el santuario o en su residencia acá en Loja», indica la confeccionista. Cabe destacar que, para el primer tramo del retorno procesional desde Loja hacia Catamayo, la modista lojana donará el vestido de la imagen en señal de agradecimiento personal. Los migrantes residentes en el exterior gestionan sus encargos a distancia, coordinando el diseño, los tonos de la tela y el presupuesto mediante comunicación directa con el taller. Una vez confeccionado el ajuar, las prendas se entregan directamente en el Santuario de El Cisne o en la Catedral de Loja durante la estancia de la imagen en la ciudad. Para conocer más detalles sobre la elaboración de la vestimenta, se pueden visitar las redes sociales del taller ALFA, propiedad de la modista lojana: en Facebook como ALFA, el arte de crear y en TikTok bajo el usuario @alfaelartesecrear.

JUEVES, 29DE DE OCTUBRE 2026 JUEVES, 29 OCTUBRE DE DE 2026 La HoraQUITO, QUITO, ECUADOR La Hora ECUADOR

ES UNA EDICIÓN DE DIARIO DIARIOLA LAHORA HORA http/ http//www.derechoecuador.com /www.derechoecuador.com

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

CONSULTA LABORAL ¿Cuándo la procuración judicial otorgada para comparecer a la audiencia preliminar no contiene cláusula expresa para transigir, es procedente que comparezca?

En materia laboral está sujeto al procedimiento del Código Orgánico General de Procesos, Arts. 86 y 87 del COGEP. Art. 86.- Comparecencia a las audiencias.- Las partes están obligadas a comparecer personalmente a las audiencias, excepto en las siguientes circunstancias: Que concurra procurador judicial con cláusula especial o autorización para transigir (….) Art. 87.- Efectos de la falta de comparecencia a las audiencias.En caso de inasistencia de las partes se procederá de acuerdo con los siguientes criterios:

EN LA WEB derechoecuador.com Autor: Mgs. Darío Echeverría Muñoz, LL.M 1 Introducción La irrupción de la era digital ha transformado de manera irreversible las dinámicas sociales, económicas y jurídicas a nivel global. En este escenario, la información se ha erigido como el principal motor de la economía contemporánea, lo que ha generado, en paralelo, desafíos inéditos para la salvaguarda de los derechos fundamentales. El Estado ecuatoriano, consciente de esta transformación, garantiza este acceso

conforme al artículo 16.2 de la Constitución de la República, que reconoce el derecho a:”El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.” Sin embargo, este mandato de inclusión digital debe coexistir armónicamente con la garantía de la dignidad humana, la cual, en el ciberespacio, se manifiesta a través de la autodeterminación informativa. El ordenamiento jurídico ecuatoriano ha experimentado una evolución dogmática y legislativa trascendental. Durante décadas, la protección de la

información personal estuvo subsumida bajo el derecho a la intimidad y la figura jurisdiccional del hábeas data, cuyo artículo 92 de la Constitución de la República prescribe que: “Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico.” Esta garantía fue conce-

bida originalmente como una herramienta reactiva frente a los abusos del poder informático. No obstante, la complejidad del ecosistema digital moderno demostró que un enfoque puramente reactivo era insuficiente. Se requería un cambio de paradigma: pasar de la simple defensa de la privacidad a la gestión proactiva y sistemática de los datos personales. Este cambio se cristalizó con el reconocimiento del derecho autónomo a la protección de datos, consagrado en el artículo 66, numeral 19 de la Constitución de la República, el cual garantiza a las personas:

1. Cuando quien presentó la demanda o solicitud no comparece a la audiencia correspondiente, su inasistencia se entenderá como abandono. 2. Cuando la o el demandado o la o el requerido no comparece a la audiencia que corresponda, se continuará con la audiencia y se aplicará las sanciones y efectos, entendiéndose siempre que pierde la oportunidad procesal de hacer valer sus derechos. Sin embargo, en caso de retraso, se admitirá su participación, tomando la audiencia en el estado en que se encuentre(…) Por lo tanto, no solo se requiere la procuración judicial, sino que aquella le de la facultad para transigir, por mandato expreso de la ley; sin este requisito el poder es insuficiente, y por tanto no habilita para presentarse en la audiencia a nombre de otra persona. La fase conciliatoria es importante dentro del proceso y no es posible suprimirla o pasarla por alto. Criterios sobre Inteligencia y Aplicación de la Ley Corte Nacional de Justicia

“El derecho a la protecCYAN MAGENTA YELLOW BLACK

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ción de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección.” Este mandato constitucional alcanzó su plena madurez institucional con la promulgación de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), publicada en el Quinto Suplemento del Registro Oficial No. 459 el 26 de mayo de 2021. Esta norma, complementada por su Reglamento General (RGLOPDP), expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 904 el 13 de noviembre de 2023, diseña una arquitectura jurídica integral: el Sistema de Protección de Datos Personales, tomando como base el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD o GDPR, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea. El propósito fundamental de este aporte académico es desentrañar las complejidades de este sistema, analizando a profundidad la génesis de sus conceptos, la configuración de sus roles y las fronteras de responsabilidad que separan a cada uno de sus integrantes. Antecedentes y evolución normativa La configuración del Sistema de Protección de Datos Personales en Ecuador es el resultado de un prolongado proceso de armonización y convergencia normativa a nivel internacional. Las definiciones, roles y principios consagrados en la legisla-

ción ecuatoriana hunden sus raíces en los esfuerzos multilaterales por estandarizar las reglas en un mundo hiperconectado. Los primeros atisbos de un consenso global sobre la materia se remontan a 1990, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó, mediante la Resolución 45/95, los “Principios rectores para la reglamentación de los ficheros computarizados de datos personales”. Estos principios establecieron las garantías mínimas que las legislaciones nacionales debían prever. El hito más relevante para la región latinoamericana fue la expedición de los “Estándares de Protección de Datos Personales para los Estados Iberoamericanos”, aprobados por la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) en 2017. Este documento técnico sirvió como la matriz conceptual directa para la redacción de la LOPDP en Ecuador. Posteriormente, el RGPD revolucionó el derecho digital global al instaurar un modelo basado en el riesgo y la demostración continua del cumplimiento. Entender la equivalencia doctrinaria de esta norma europea permite delimitar correctamente el alcance de las obligaciones de las partes, independientemente de la nomenclatura que se utilice en los contratos mercantiles. El sistema de protección

de datos personales y sus roles El artículo 5 de la LOPDP establece de manera taxativa a los integrantes de este ecosistema: “Son parte del sistema de protección de datos personales, los siguientes: 1) Titular; 2) Responsable del tratamiento; 3) Encargado del tratamiento; 4) Destinatario; 5) Autoridad de Protección de Datos Personales; y, 6) Delegado de protección de datos personales.” A continuación, se analiza cada uno de estos integrantes. El Titular El artículo 4 de la LOPDP define al Titular como la “Persona natural cuyos datos son objeto de tratamiento.” En la doctrina europea, este actor se denomina Data Subject (traducido al castellano como interesado o sujeto de los datos). En nuestro ordenamiento, conforme al estándar de la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, la persona natural es quien tiene la calidad de titular de los datos personales y, como tal, es sujeto de derechos y garantías. El ordenamiento jurídico no recoge la noción de que el individuo es dueño o propietario de sus datos como si fuesen una simple mercancía patrimonial, ya que los derechos fundamentales, como la autodeterminación informativos, son irrenunciables.

El Titular ejerce su control a través de un catálogo de derechos irrenunciables dispuestos en los artículos 12 al 23 de la LOPDP; el artículo 18 regula las excepciones a varios de ellos y el artículo 24, el ejercicio de los derechos y su carácter irrenunciable: Acceso e Información (Arts. 12 y 13): Conocer de forma transparente qué datos se tratan, sus fines y la base legitimadora. Rectificación y Actualización (Art. 14): Obligación de corregir datos erróneos o desactualizados. Eliminación (Art. 15): Borrado de datos cuando expire la finalidad, se revoque el consentimiento o el tratamiento sea ilícito. Oposición (Art. 16): Negativa al tratamiento, especialmente en mercadotecnia directa. Portabilidad (Art. 17): Recibir los datos en formatos estructurados e interoperables. Suspensión del tratamiento (Art. 19): Bloqueo precautorio frente a controversias de exactitud o legitimidad. Decisiones automatizadas (Art. 20): Derecho a no ser objeto de resoluciones basadas única o parcialmente en valoraciones automatizadas. Niñas, niños y adolescentes (Art. 21): Derecho a no ser objeto de una decisión basada única o parcialmente en valoraciones automatizadas, con las reglas especiales que la LOPDP prevé para el tratamiento de sus datos. Consulta: Derecho a la

consulta pública y gratuita ante el Registro Nacional de Protección de Datos Personales (Art. 22). Educación Digital: Derecho al acceso y disponibilidad del conocimiento para el uso seguro y responsable de las tecnologías (Art. 23). El responsable del tratamiento El artículo 4 de la LOPDP lo define como la: “persona natural o jurídica, pública o privada, autoridad pública, u otro organismo, que solo o conjuntamente con otros decide sobre la finalidad y el tratamiento de datos personales.” En la doctrina internacional, esta figura se conoce como el Controller o Controlador. Dos expresiones de esta definición marcan el alcance del rol: el Responsable es quien “decide sobre la finalidad y el tratamiento de datos personales” y puede hacerlo “solo o conjuntamente con otros”. En términos sencillos, es quien decide para qué se usan los datos y cómo se tratan, y por eso es el primer obligado frente al titular y frente a la Autoridad. A diferencia de los demás actores del sistema, el Responsable asume la carga fundamental y no delegable del cumplimiento normativo. La razón dogmática radica en la teoría del riesgo entrelazada con el dominio teleológico: es esta figura quien, al tomar la decisión deliberada de recopilar información estableciendo los objetivos del tratamiento, introduce el riesgo en el

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ecosistema digital. Por consiguiente, al fijar el “para qué”, se vincula inexcusablemente al principio de finalidad (Art. 10, literal d de la LOPDP). Su obligación nace del control fáctico originario, lo que exige la aplicación concurrente de los demás principios del artículo 10, y le impone probar su diligencia mediante la Responsabilidad Proactiva y Demostrada (accountability, Art. 10, literal k). Sus obligaciones ineludibles incluyen: Registro de Actividades de Tratamiento (RAT): (Arts. 38 y 39 del RGLOPDP) inventario formal o bitácora interna donde la entidad documenta los datos recopilados, sus finalidades, destinatarios y plazos de conservación. Evaluación de Impacto (EIPD): análisis preventivo (Art. 42 LOPDP) e integral de riesgos que debe ejecutarse obligatoriamente antes de implementar tecnologías, sistemas o procesos que entrañen un alto riesgo para la privacidad de los titulares, con el fin de mitigar o eliminar posibles afectaciones. Notificación de vulneraciones: obligación de reportar cualquier incidente o brecha de seguridad que afecte la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los datos; el reporte debe realizarse ante la Autoridad de Protección de Datos en un plazo máximo de 5 días y a los titulares afectados en un plazo máximo de 3 días (Arts. 43 y 46 LOPDP). Atender los derechos del Titular (Arts. 12 a 23): Obligación de canalizar y responder con oportunidad las solicitudes de acceso, rectificación, eliminación, oposición, portabilidad y suspensión; dichos trámites son totalmente gratuitos y deben contestarse en un plazo no mayor a 15 días (como en el caso de acceso o eliminación), siendo su omisión o retraso una infracción leve. Protección desde el diseño y por defecto (Art. 39 de la LOPDP): principio orga-

nizativo y técnico que exige incorporar la privacidad desde la concepción misma de cualquier sistema o servicio, garantizando por defecto que solo se recopilen y traten los datos estrictamente necesarios para cada finalidad prevista. Seguridad y gestión de riesgos (Arts. 40, 41 y 47 de la LOPDP): obligación de implementar un sistema continuo de evaluación de amenazas físicas y cibernéticas, aplicando políticas, controles informáticos y medidas técnicas proporcionales, así como auditando periódicamente su efectividad para resguardar la información. Elegir bien al encargado y formalizar la relación (Arts. 40 y 41 del RGLOPDP): deber de verificar previamente que los proveedores externos (encargados) brinden garantías técnicas y jurídicas suficientes en materia de protección de datos, debiendo adscribir su relación mediante contrato escrito con el contenido mínimo legal; la elección de proveedores sin garantías constituye una infracción leve. Supervisar al encargado (Art. 47 del RGLOPDP): obligación continua de auditar y verificar que el proveedor externo cumpla estrictamente las instrucciones del responsable, mediante la revisión de sus registros, procesos y sometiéndolo a inspecciones o comprobaciones periódicas. Suscribir contratos de confidencialidad (Art. 47 de la LOPDP): obligación legal de pactar convenios o cláusulas expresas de reserva y confidencialidad con todos los encargados y personal que acceda a los datos; la omisión de estos instrumentos jurídicos constituye una infracción grave. Reportar sus bases de datos al Registro Nacional de Protección de Datos Personales (Art. 51 de la LOPDP): deber de declarar e inscribir la existencia de los ficheros y bases de datos ante la Autoridad competente, debiendo actualizar dicha información de manera opor-

tuna ante cualquier cambio sustancial. Designar al delegado cuando corresponda (Arts. 47 y 48 de la LOPDP): obligación de nombrar a un perfil o profesional especializado (DPD) para supervisar el cumplimiento normativo y servir de enlace con la Autoridad y los titulares, cuando la entidad maneje datos a gran escala, sea del sector público o realice un seguimiento sistemático. Permitir auditorías y demostrar el cumplimiento (Art. 47 y Art. 10, literal k de la LOPDP): Exigencia del principio de responsabilidad proactiva (accountability) que obliga a respaldar con evidencia documental la diligencia aplicada en el tratamiento de datos; la adhesión voluntaria a códigos de conducta o certificaciones no exime a la entidad de sus responsabilidades ni del control de la autoridad. Todas estas obligaciones permanecen en el responsable, aunque encargue el tratamiento a un tercero: contratar a un Encargado no traslada el cumplimiento. Si el Encargado se sale del encargo y decide los fines y medios, pasa a ser Responsable de ese tratamiento, pero ello no elimina el deber del responsable de haberlo elegido, instruido y supervisado adecuadamente. Corresponsables del tratamiento Cuando dos o más responsables determinan conjuntamente los fines y medios, se configuran legalmente como Corresponsables en concordancia con lo dispuesto entre el Art. 4 de la LOPDP y el Art. 37 del RGLOPDP. En términos sencillos, la corresponsabilidad aparece cuando dos o más organizaciones no se limitan a colaborar, sino que toman juntas las decisiones esenciales sobre los datos: para qué se van a usar (la finalidad) y de qué manera se van a tratar (los medios). Esta figura es relevante en alianzas comerciales o proyectos con-

juntos, donde varios actores intervienen en un mismo tratamiento y, sin reglas claras, el ciudadano no sabría ante quién reclamar. El artículo 37 del RGLOPDP precisa este régimen con las siguientes expresiones: los responsables conjuntos son “quienes definirán sus respectivas tareas y responsabilidades en materia de protección de datos”; “Dicho acuerdo no impedirá que el titular o interesado ejerza sus derechos”; y quedan como “responsables solidarios ante la autoridad de control y los titulares”. Un ejemplo real ocurre cuando una aerolínea y un banco se asocian para emitir una tarjeta de crédito compartida (co-branding). Ambas instituciones deciden en conjunto qué datos recolectarán y cómo los explotarán. El aspecto jurídico crítico es que el artículo 37 del RGLOPDP les exige suscribir un acuerdo interno transparente (un contrato en el que definan sus tareas y responsabilidades, salvo que la ley ya las determiné) para repartir cargas operativas. Sin embargo, la ley es tajante: frente al ciudadano y a la Autoridad, ambos mantienen una responsabilidad solidaria. El titular puede ejercer sus derechos ante cualquiera de los dos, sin que el acuerdo interno pueda serle opuesto para evadir responsabilidades. Ahora bien, esta solidaridad frente al titular no impide que, en el plano sancionatorio, cada corresponsable responda de forma diferenciada según las obligaciones que asumió en el acuerdo. Además, el titular puede solicitar que se le dé a conocer el contenido de dicho acuerdo. El encargado del tratamiento Conforme al artículo 4 de la LOPDP, es la: “Persona natural o jurídica... que solo o conjuntamente con otros trate datos personales a nombre y por cuenta de un responsable...” Globalmente, este prestador de servicios tecnológicos u operativos se conoce como el Processor o

Procesador. La diferencia con el Responsable se aprecia en las propias definiciones del artículo 4: el Responsable “decide sobre la finalidad y el tratamiento de datos personales”, mientras que el Encargado trata los datos “a nombre y por cuenta de un responsable”. Quien decide es el Responsable; quien ejecuta por encargo es el Encargado. El factor que lo distingue radicalmente del Responsable es la total carencia de poder de decisión sobre los fines teleológicos. El Encargado presta un servicio técnico bajo directrices documentadas, materializadas en un contrato obligatorio de acuerdo a lo prescrito en el Art. 41 del RGLOPDP. La línea divisoria conlleva consecuencias graves, ya que, según el artículo 43 del RGLOPDP, si el encargado se extralimita y utiliza los datos para fines propios, muta jurídicamente en un Responsable infractor, asumiendo la sanción directa por tratamiento ilícito. Para que no queden dudas sobre lo que el encargado puede y no puede hacer, el Reglamento fija reglas precisas. Se citan a continuación sus fragmentos esenciales. Garantías previas (Art. 40 del RGLOPDP). Antes de encargarle el tratamiento, el Responsable debe asegurarse de que el Encargado puede proteger los datos. La norma dispone: “El encargado del tratamiento deberá ofrecer garantías suficientes para aplicar medidas técnicas...”, es decir, medidas técnicas, jurídicas, administrativas y organizativas adecuadas. Contrato escrito con contenido mínimo (Art. 41 del RGLOPDP). La relación entre el Responsable y el Encargado debe regirse por “un contrato escrito, en el cual se detallen las instrucciones encomendadas” y que contenga, “al menos, los siguientes aspectos:” “El objeto;” “La duración;”

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“La naturaleza;” “La finalidad del tratamiento de los datos;” “La categoría de los datos personales;” “Identificar a los titulares de los datos personales tratados; y,” “Las obligaciones y responsabilidades del encargado.” Este es el contenido mínimo: el contrato puede incluir más aspectos, pero no menos. Además, la expresión “instrucciones encomendadas” confirma que el Encargado actúa solo dentro de lo que el Responsable le ordena. Límite al poder de decisión (Art. 43 del RGLOPDP). “El encargado del tratamiento que, por cualquier causa, determine los fines y los medios del tratamiento...” se considera Responsable respecto de ese tratamiento. Mientras permanezca dentro de su rol, debe actuar conforme a instrucciones documentadas del Responsable y advertirle si considera que una instrucción es ilegal. Aviso de vulneraciones (Art. 43 de la LOPDP). Si ocurre una vulneración de seguridad, el Encargado debe comunicarla al Responsable en un máximo de dos días; el Responsable, a su vez, notifica a la Autoridad en cinco días y a los titulares en tres, como se explicó antes. Terminación de la relación (Art. 46 del RGLOPDP). Al concluir el encargo, el Encargado debe devolver o eliminar los datos según las instrucciones del Responsable, “destruyendo todas las copias existentes, salvo que exista la obligación de conservar los datos”. Revisión por el Responsable (Art. 47 del RGLOPDP). “El encargado de tratamiento deberá permitir al responsable o a la persona determinada por este...” revisar los registros y procesos pertinentes, y proporcionarle la información necesaria para demostrar el cumplimiento. El encargado trata los

datos solo para lo que el contrato y las instrucciones documentadas del Responsable le encomiendan; no decide para qué se usan; no subcontrata sin que el contrato lo prevea o sin autorización escrita del Responsable; avisa de las vulneraciones de seguridad; permite que se revise su trabajo; y, al terminar, devuelve o elimina los datos. Si se sale de ese marco, pasa a ser considerado responsable de ese tratamiento y responde como tal.

las instrucciones de tratamiento de datos establecidas” “en aquello que fuere pertinente en función de los servicios que han sido contratados”.

El tercero contratado

Para el titular de los datos, esto garantiza que la cadena de custodia no rompa la responsabilidad: independientemente de cuántas manos o proveedores intervengan en el procesamiento, el tratamiento permanece sujeto a la finalidad definida por el Responsable inicial, y cada eslabón responde por las obligaciones que le corresponden dentro de dicha cadena.

Conforme al artículo 4, numeral 6 del RGLOPDP, Tercero es toda persona distinta del Titular, Responsable, Encargado y de las personas autorizadas internamente bajo la autoridad directa del Responsable. No es integrante del sistema y, mientras no reciba datos de manera lícita, no tiene título alguno para tratarlos. Hay un caso en que el Reglamento lo regula expresamente: cuando el Encargado contrata a otro para complementar su servicio. Algunos textos hablan de coencargados o subencargados (sub-processors en el RGPD). La normativa ecuatoriana no crea esa figura ni un rol adicional dentro del sistema: el Reglamento solo regula el caso en que el Encargado contrata a un tercero para complementar su servicio, al que denomina “tercero contratado”. Un ejemplo claro se da cuando una agencia de marketing (Encargado) subcontrata el alojamiento de las bases de datos a un proveedor de infraestructura en la nube como Amazon Web Services (AWS). Las reglas son dos. Primera, la autorización: la subcontratación es válida si el contrato de encargo la prevé expresamente; de lo contrario, el Encargado “requerirá la autorización escrita del responsable del tratamiento para la subcontratación.” Segunda, las obligaciones: “el tercero contratado asumirá las obligaciones del encargado de tratamiento establecidas en la ley”, “debiendo cumplir con

El tercero subcontratado no actúa con autonomía ni adquiere una categoría jurídica distinta: opera bajo la figura del Encargado (o subencargado) y queda legalmente supeditado a las mismas obligaciones, límites y medidas de seguridad que corresponden al servicio específico que presta.

El Destinatario El Destinatario se define por un hecho: haber recibido datos. El artículo 4 de la LOPDP lo describe como “Persona natural o jurídica que ha sido comunicada con datos personales.” A diferencia del Responsable, no decide la finalidad del tratamiento original; y a diferencia del Encargado, no trata los datos por cuenta de otro. Sí figura entre los integrantes del sistema (Art. 5 de la LOPDP): la ley le dio un lugar definido porque recibir datos genera consecuencias jurídicas. El Reglamento lo toma en cuenta al exigir que el registro de actividades de tratamiento indique los destinatarios de los datos (Art. 38) y al referirse al “tercero destinatario” (Arts. 22 y 23). Lo que ocurre después de la comunicación es lo relevante: si el Destinatario recibe lícitamente los datos y los usa para sus propios fines, actúa como Responsable de ese nuevo tratamiento, con las obligaciones explicadas para ese rol, como en el ejemplo del IESS que se verá más abajo. Por eso comunicar datos no es un

acto neutro: exige base de legitimación y, cuando el Responsable está obligado a llevar el registro de actividades, debe dejar constancia de a quién se los comunica. Delimitar cuándo una persona adquiere la condición de Destinatario es vital para la legalidad de los flujos de información (Arts. 33, 35 y 36 de la LOPDP; Arts. 21 al 23 del RGLOPDP). La Superintendencia de Protección de Datos Personales (SPDP), mediante el Oficio Nro. SPDP-IRD2026-0112-O, sentó la máxima: “todo destinatario es inicialmente un tercero antes de recibir los datos, pero no todo tercero se convierte en destinatario”. Para que un tercero mute a Destinatario lícito, deben concurrir bases de legitimación. A modo de ejemplo, si el IESS requiere datos de nómina por mandato legal, actúa como Destinatario lícito y se convierte en un nuevo Responsable autónomo. Por el contrario, un Tercero que extrae una base de datos sin autorización jamás adquiere la condición de Destinatario; comete una infracción grave. El delegado de protección de datos personales (DPO / Oficial) La LOPDP denomina Delegado a la figura que en la práctica corporativa internacional se conoce como Data Protection Officer (DPO) u Oficial de Protección de Datos. El artículo 48 lo hace obligatorio en el sector público, en los tratamientos que requieran control permanente y sistemático, en los tratamientos a gran escala de categorías especiales de datos y en los demás casos que defina la Autoridad. Las funciones y garantías del Delegado están en los artículos 49 y 50 de la LOPDP. Entre sus funciones se encuentran asesorar y supervisar el cumplimiento de la ley, asesorar en las evaluaciones de riesgo y de impacto, y servir de punto de contacto con la Auto-

ridad. Para ejercerlas con independencia, la ley le reconoce garantías como participar oportunamente en las decisiones sobre protección de datos, acceder a los datos y recursos necesarios, recibir capacitación, no ser destituido ni sancionado por su labor y mantener la confidencialidad. Es un error crítico confundir al DPO con un Oficial de Seguridad de la Información (OSI o CISO por sus siglas en inglés) o el gerente de Tecnologías de la Información. El DPO no es un implementador operativo de bases de datos o sistemas de información. Su naturaleza es la de un garante independiente que asesora, audita y supervisa el cumplimiento normativo. Si la persona que ejecuta y diseña los sistemas asume además el rol de DPO, incurre en un conflicto de intereses insalvable, siendo “juez y parte”. Para un desglose exhaustivo de esta incompatibilidad y su rol técnico, remito a mi artículo: Delegado de Protección de Datos (DPO) en Ecuador. La autoridad: Superintendencia de Protección de Datos Personales (SPDP) El artículo 76 de la LOPDP regula a la Autoridad de Protección de Datos Personales como órgano de control, función que en el Ecuador ejerce la SPDP. Sus atribuciones se sintetizan en cuatro ejes: supervisión y control de responsables y encargados; potestad regulatoria (normativas, cláusulas estándar, directrices y absolución de consultas); administración registral; y tutela y sanción (resolver reclamos, iniciar actuaciones previas e imponer sanciones). Sin una autoridad que controle, los derechos del Titular y las obligaciones del Responsable y del Encargado dependerían solo de la buena voluntad de cada actor. La Autoridad convierte esas reglas en exigibles: vigila que se cumplan, atiende los reclamos y puede sancionar. Su fundamento constitucional está

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en las superintendencias, organismos técnicos de vigilancia y control. La Autoridad cierra el sistema porque se relaciona con todos sus integrantes: Con el Titular: resuelve sus reclamos y administra el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, ante el cual el titular puede hacer la consulta pública y gratuita. Con el Responsable: lo supervisa y controla; recibe la notificación de vulneraciones de seguridad en cinco días; califica los casos en que no es necesario notificar al titular por existir medidas que protegen los datos o eliminan el riesgo; y recibe el reporte de sus bases de datos para el Registro Nacional. Con el Encargado: también lo supervisa y controla. Si se extralimita y decide los fines y medios, responde ante la Autoridad como Responsable de ese tratamiento. Con el Delegado: este es su punto de contacto dentro de la organización. Con Destinatarios y Terceros: absuelve consultas y emite criterios que delimitan estas figuras, como el Oficio Nro. SPDP-IRD2026-0112-O ya citado. En síntesis, el Titular ejerce sus derechos, el Responsable decide y responde, el Encargado ejecuta bajo instrucciones, el Delegado vigila desde dentro y la Autoridad controla desde fuera y sanciona cuando corresponde. En cuanto a su potestad sancionatoria, las sanciones pecuniarias no son arbitrarias ni automáticas. Los artículos 71 y 72 de la LOPDP obligan a la SPDP a tasar la multa aplicando el principio de proporcionalidad, ponderando cuatro presupuestos de derivación: Intencionalidad, Reiteración de la infracción, Naturaleza del perjuicio ocasionado, y Reincidencia. El régimen sancionatorio de la LOPDP entró en vigor dos años después de su publicación, es decir, el 26 de

mayo de 2023. Para aplicar el principio de proporcionalidad, la SPDP expidió la Resolución No. SPDP-SPD2025-0022-R, que desarrolla la metodología de cálculo de las multas. La sanción no se fija de un solo paso, sino en etapas: Se identifica la conducta y su gravedad. La infracción debe estar tipificada como leve o grave conforme lo dispuesto en los Arts. 67 a 70 de la LOPDP. De esa clasificación depende el rango de la multa. Se identifica quién la cometió. Si es una entidad privada, la multa se calcula como porcentaje del volumen de negocio del ejercicio económico inmediatamente anterior; si es del sector público, se expresa en Salarios Básicos Unificados y se aplica a los servidores o funcionarios responsables. Se ubica el rango. Cada categoría (leve o grave) tiene un mínimo y un máximo, que se detallan más abajo. Se gradúa dentro del rango. Aquí operan los cuatro presupuestos de la proporcionalidad: Intencionalidad: si la conducta fue deliberada o producto de descuido; a mayor intención, mayor reproche. Reiteración: si la infracción se repitió y no fue un hecho aislado. Naturaleza del perjuicio: el tipo y la magnitud del daño causado a los titulares. Reincidencia: si quien ya había sido sancionado vuelve a infringir. También pesan las circunstancias atenuantes y agravantes. Por ejemplo, notificar a tiempo una vulneración de seguridad atenúa la infracción. El resultado es una multa proporcional: la misma infracción puede costar distinto a una microempresa y a una gran empresa, y distinto a quien actuó por descuido que a quien lo hizo deliberadamente. Tipificadas las conductas, las multas se estructuran con un impacto disuasorio severo: Infracciones Leves (Art. 67 LOPDP): Incluyen no tramitar peticiones de derechos a

tiempo, omitir la protección desde el diseño, elegir encargados sin garantías o no designar al DPO cuando es obligatorio. Sanción (Art. 71): Multas del 0.1% al 0.7% del volumen de negocio anual (sector privado), o de 1 a 10 Salarios Básicos Unificados (SBU) (sector público, aplicables a los servidores o funcionarios públicos responsables). Infracciones Graves (Art. 68 LOPDP): Incluyen utilizar datos para fines distintos a los declarados, ceder o transferir datos ilícitamente a terceros sin requisitos, no notificar vulneraciones de seguridad que afecten derechos, no suscribir contratos de confidencialidad con encargados o no realizar EIPDs. Sanción (Art. 72): Multas del 0.7% al 1.0% del volumen de negocio anual (sector privado), o de 10 a 20 SBU (sector público, aplicables a los servidores o funcionarios públicos responsables). Conclusiones La configuración del Sistema de Protección de Datos Personales en el Ecuador representa un hito fundamental en la madurez del derecho digital nacional. Al integrar la experiencia de los Estándares Iberoamericanos y la rigurosidad doctrinaria del GDPR europeo, la LOPDP dota al país de un marco jurídico sistemático, equilibrando la innovación tecnológica con el respeto irrestricto a la dignidad humana. La viabilidad operativa y legal de este ecosistema descansa sobre la correcta identificación de sus roles. El Titular se consolida no como un objeto de mercado, sino como el sujeto principal de derechos y garantías; el Responsable asume la carga ineludible del riesgo y la toma de decisiones; el Encargado se somete a la disciplina técnica y operativa; y los Destinatarios y Terceros navegan fronteras que exigen siempre una justificación legal estricta. Supervisando la estructura se erige la figura técnica y

autónoma del DPO, y en la cúspide de control, la SPDP. Equivocarse en la catalogación de estas figuras o desconocer sus límites no es un simple error de redacción contractual, sino que encierra riesgos corporativos y sancionatorios mayúsculos. En el entorno digital moderno, el respeto a estos roles y la transparencia en el tratamiento de los datos generan el activo intangible más valioso de cualquier organización: la confianza ciudadana. Mgs. Darío Echeverría Muñoz, LL.M Gerente General de QQrucho Legal&Tech Enlace: https://linktr.ee/darioecmunoz Referencias Bibliográficas Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Recuperado de https:// www.gob.ec/regulaciones/ constitucion-republica-ecuador-2008 Asamblea Nacional del Ecuador. (2021). Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Quinto Suplemento del Registro Oficial No. 459. Recuperado de https://www. gob.ec/regulaciones/ley-organica-proteccion-datos-personales Echeverría Muñoz, D. (2024). Delegado de Protección de Datos (DPO) en Ecuador. Derecho Ecuador. Recuperado de https://derechoecuador.com/delegado-deproteccion-de-datos-dpo-enecuador/ Echeverría Muñoz, D. (2026). Sistema de Protección de Datos personales: Perspectiva del RGPD asimilada en la normativa ecuatoriana. Laboratorio de Innovación y Privacidad - Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Recuperado de https://laboratorio.aepd.es/ blog/sistema-de-protecciondatos-personales-perspectivargpd-asimilada-en-normativaecuatoriana European Data Protection Board. (2020). Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor. Recuperado de https://www.edpb. europa.eu/our-work-tools/ CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

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CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

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Protección de Datos. (2017). Estándares de Protección de Datos Personales. Recuperado de https://www.redipd. org/documento/estandaresiberoamericanos-2026.pdf Superintendencia de Protección de Datos PersoHabiéndose puesto en nuestro conocimiento el extravío del certificado de depósito a plazo N° 05501DPV009205-8 emitido por el Banco Bolivariano C.A. con vencimiento 04/01/2027

nales (SPDP). (2026). Oficio Nro. SPDP-IRD-2026-0112-O. Recuperado de https://www. spdp.gob.ec/docs/consultas-

absueltas/2026-2/oficio-nspdp-ird-2026-0112-o/ 1.Gerente General de QQrucho Legal&Tech / Enlace: https://linktr.ee/darioecmunoz

001-001-0238

our-documents/guidelines/ guidelines-072020-conceptscontroller-and-processorgdpr_en Presidencia de la República del Ecuador. (2023). Reglamento General a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Decreto Ejecutivo No. 904. Recuperado de https://www.gob.ec/ regulaciones/reglamento-general-ley-organica-protecciondatos-personales-0 Red Iberoamericana de

LIGA DEPORTIVA BARRIAL GUAPULO FILIAL DE LA FEDERACIÓN DE LIGAS BARRIALES Y PARROQUIASLES DEL CANTÓN QUITO CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE ELECCIONES DE LIGA DEPORTIVA BARRIAL GUAPULO De conformidad con las disposiciones previstas en la Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y la Recreación, su Reglamento General, y en base a las disposiciones establecidas en el Estatuto de Liga Deportiva Barrial Guápulo, se convoca a los clubes filiales de LIGA DEPORTIVA BARRIAL “GUAPULO” a la Asamblea General de Elecciones, que se celebrará en la sede de la Liga, ubicada en la Av. de Los Conquistadores N° 26-13 y calle La Tolita, barrio Guápulo, parroquia Itchimbía, cantón Quito, provincia de Pichincha, el día 19 de noviembre de 2026, a partir de las 19H30, con el objeto de conocer y tratar el siguiente orden del día:

3.

Constatación del quórum. Elección del directorio de LIGA DEPORTIVA BARRIAL “GUAPULO” para el periodo correspondiente. Toma del juramento y posesión, elaboración de nombramientos y aceptaciones del nuevo directorio.

001-006-1161

1. 2.

Quito, 29 de octubre del 2026

Atentamente.

Sr. Omar Galarza

Srta. Emily Morales

C.C 1712694783 PRESIDENTE LDBG.

C.C 1751593375 SECRETARIA LDBG.

001-006-1162

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ZETA TRANZETA C.A. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONVOCATORIA

De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos décimo quinto al vigésimo tercero del Estatuto Social de la Compañía, se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ZETA TRANZETA C.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el día lunes 9 de noviembre de 2026, a las 09h30, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la provincia de Pichincha, cantón Quito, Distrito Metropolitano de Quito, calle OE16 Manglar Alto E15 y Pungala, sector San Bartolo, para tratar el siguiente orden del día:ORDEN DEL DÍA:

A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA DE ARTEFACTOS S.A.

1.

Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía ECUATORIANA DE ARTEFACTOS S.A. ECASA, y a su Comisario, Ing. Juan Carlos Muñoz, a quien se le notificará personal e individualmente en su dirección Av. Gil Ramírez Dávalos No. 5-32 y Armenillas en la ciudad de Cuenca y al correo electrónico jc.munoz@corporativo.ec, a la Junta Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día martes 17 de noviembre del 2026, a las 10:00 horas, por vía presencial y telemática, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Conocer y resolver el Informe de Gerente General del ejercicio económico 2025. Conocer y resolver el Informe del Comisario del ejercicio económico 2025. Conocer y resolver los Estados Financieros del ejercicio económico 2025. Conocer y resolver el informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2025. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2025. Nombramiento de Directorio. Nombrar a los Comisarios Principal y Suplente y fijar la remuneración. Nombrar a los Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico 2026.

Informe del Presidente de la Compañía sobre la normativa aplicable al contrato de operación, así como el establecimiento de las actividades, deberes y atribuciones del Jefe de Operación de la Compañía. Informe de Gerente 2.1. Sanciones económicas 2.2. Ingresos por concepto de garaje, 2.3. Resultados de producción y rendimiento de la unidad de transporte de la Compañía, y 2.4. Conocimiento y resolución sobre la adquisición e implementación de equipos tecnológicos exigidos por la Ordenanza.

Se comunica a los señores accionistas que podrán participar en la Junta General de manera presencial o por medios telemáticos, mediante la plataforma Zoom, a través del siguiente enlace: Enlace Zoom: https://us06web.zoom. us/j/85306309608 Los accionistas que deseen participar mediante medios telemáticos, así como aquellos que requieran acreditar su representación, podrán remitir sus comunicaciones y documentos al correo electrónico institucional: operaciones@tranzetaca.com CONVOCATORIA AL COMISARIO: De manera especial, expresa e ind ividual, se convoca a la señora Isabel Tipantuña, Comisaria Principal de la Compañía, para que concurra a la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, en cumplimiento de las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías y del Estatuto Social.

De conformidad con lo dispuesto en la ley se encuentra a disposición de los Accionistas de la Compañía, en la dirección indicada, los documentos sobre los cuales deliberará la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercer sus derechos de información, participación, deliberación y votación, de conformidad con la Ley de Compañías, el Reglamento sobre Juntas Generales y el Estatuto Social.

Los accionistas que deseen asistir a la Junta por vía telemática o presencial por favor contactarse al correo electrónico serviciocliente@ecasa-la.com, para confirmar su asistencia.

La Junta General se instalará con el cuórum legal y estatutariamente establecido, y las resoluciones se adoptarán conforme a las disposiciones aplicables.

Para el día de la reunión debe ingresar al enlace https://teams.microsoft. com/meet/2704890214932444?p=27vRIy7WLgXAP90klb que estará habilitado, o si desea hacerlo en forma presencial acercarse a las oficinas de Ecasa que se encuentran ubicadas en Cusubamba SN entre Manglar Alto y LLacao (frente a Pinturas Condor) el día de la junta.

Quito, Distrito Metropolitano, 29 de octubre de 2026. Atentamente,

Ing. Carmen Guadalupe Malliquinga Andagoya GERENTE

Sr. Hernan Javier Mayo Guilcaso PRESIDENTE

001-005-0993

Mario Esteban Espinosa Vintimilla GERENTE GENERAL

001-005-0991

Quito, D.M, 28 de octubre del 2026

07 21 REVISTA JUDICIAL QUITO | JUEVES 29/OCTUBRE/2026 P

RESOLUCIÓN No. SB-2026-3610 ECON. ROBERTO ROMERO VON BUCHWALD SUPERINTENDENTE DE BANCOS CONSIDERANDO: QUE, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.”; QUE, el artículo 213 de la Constitución de la República prevé que: “Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley (…)”; QUE, el artículo 226 de la Carta Magna, dispone que: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”; QUE, el numeral 22 del artículo 18 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece como facultad de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria: “Funciones específicas de la Junta en el ámbito financiero. - Son competencias de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, de manera específica en el ámbito financiero, las siguientes: (…) 22. Regular la constitución, organización, funcionamiento, liquidación y registro de los fondos complementarios provisionales (sic) y sus inversiones, así como los requisitos mínimos para ejercer el cargo de administradores.”; QUE, el artículo 59 del mismo cuerpo legal establece: “La Superintendencia de Bancos es un organismo técnico de derecho público, con personalidad jurídica, parte de la Función de Transparencia y Control Social, con autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa, cuya organización y funciones están determinadas en la Constitución de la República y la ley.”; QUE, el artículo 318 del Código Orgánico Monetario y Financiero, dispone: “Concluido el proceso de liquidación, el liquidador efectuará la conciliación de cuentas y cierre serán presentados al organismo de control y dados a conocer a los accionistas y/o socios pendientes de pago, de conformidad con las normas que expida el organismo de control. Al cierre de la liquidación el organismo de control dispondrá la extinción de la entidad y excluirá a la entidad financiera del Catastro Público.”; Resolución No.SB-2026-3610 Página QUE,No.el2 artículo 220 de la Ley de Seguridad Social prevé que: “Los afiliados al IESS,

independientemente de su nivel de ingresos, podrán efectuar ahorros voluntarios para mejorar la cuantía o las condiciones de las prestaciones correspondientes al seguro universal obligatorio de sus afiliados o a proteger contingencias de seguridad no cubiertas por éste. (…) Tendrán únicamente fines previsionales y serán legalmente capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones. Los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados tienen un patrimonio autónomo, diferente e independiente del patrimonio de las empresas o instituciones o gremios, de aquellos de los que deriva la relación laboral o gremial.”; QUE, la Ley de Seguridad Social dispone: Art. 304.- “Integran el Sistema Nacional de Seguridad Social: el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), las Unidades Médicas Prestadoras de Salud (UMPS), las personas jurídicas que administran programas de seguros complementarios de propiedad privada, pública o mixta (…).”;

Art. 305.- “Las entidades que integran el Sistema Nacional de Seguridad Social (…) para su constitución, organización, actividades, funcionamiento y extinción se sujetarán a las disposiciones de esta Ley, (…) al Código Orgánico Monetario y Financiero y a las Resoluciones expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, (…) a la Ley de Compañías, en forma supletoria, y a las normas reglamentarias y resoluciones que para el efecto dicten los organismos de control creados por la Constitución Política (sic) de la República.”; Art. 306.- “Las instituciones públicas y privadas integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Social y del Sistema de Seguro Privado, estarán sujetas a la regulación, supervisión y vigilancia de los organismos de control creados por la Constitución Política de la República para ese fin. / (…) La Superintendencia de Bancos, según el artículo 213 de la Constitución, controlará que las actividades económicas y los servicios que brinden las instituciones públicas y privadas de seguridad social, incluyendo los fondos complementarios previsionales públicos o privados, atiendan al interés general y se sujeten a las normas legales vigentes.”; QUE, la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, en el Libro I, Título II, Capítulo XL.- “De los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados”, en su parte pertinente establece: Art. 2.M “Constituye régimen aplicable para los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley de Seguridad Social, las resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, las resoluciones y disposiciones de la Superintendencia de Bancos; y en forma supletoria a la Ley de Mercado de Valores, al Código de Comercio, y a la Ley de Compañías.” Art. 110.- “Los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados podrán disolverse voluntariamente por acuerdo de sus partícipes, de conformidad con el procedimiento previsto en esta norma”. Art. 111.- “Para que sea efectiva la decisión de disolución voluntaria, será necesaria una resolución de la asamblea general de partícipes o de representantes, adoptada por al menos las dos terceras partes del total de dicha asamblea general. En dicha resolución se indicará claramente la decisión de disolverse voluntariamente. (…)

Art. 118.- “Son funciones del liquidador de un Fondo Complementario Previsional Cerrado: 1. Representar al fondo tanto judicial como extrajudicialmente, para los fines de la liquidación; (…) 15. Rendir al final de la liquidación, cuenta detallada de su administración a los partícipes, a la Superintendencia de Bancos (…); 16. Elaborar el balance final de liquidación o suscribir el acta de carencia de los fondos administrados (…); 17. Distribuir entre los partícipes los saldos que consten en las cuentas individuales, conforme a lo dispuesto en esta normativa; y, 18. Las demás en ejercicio de sus funciones, que le sean asignadas por el Superintendente de Bancos.”; QUE, mediante Resolución Nro. SBS-2006-150 de 01 de marzo del 2006, la Superintendencia de Bancos aprobó el registro del Fondo de Cesantía de Energía y Minas FOCEM FCPC y su Estatuto; QUE, con Resolución Nro. SBS-2007-841 de 17 de octubre de 2007 la Superintendencia de Bancos, aprobó el cambio de denominación por el de Fondo de Cesantía del Ministerio de Minas y Petróleos FOCEM FCPC; QUE, mediante Resolución Nro. SB-DTL-2018-306 de 27 de marzo de 2018, se aprobó las reformas al estatuto y el cambio de denominación de Fondo de Cesantía del Ministerio de Minas y Petróleos FOCEM FCPC por el de “FCPC DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES DE LOS MINISTERIOS DE HIDROCARBUROS Y MINERIA Y SUS ENTIDADES ADSCRITAS – FOCEM”; QUE, con "Acta Nro. 02-2025” de 14 de noviembre de 2025, la “Asamblea General Extraordinaria de Participes del FCPC de Cesantía de los Servidores de los Ministerios de Hidrocarburos y de Minería y sus Entidades Adscritas – FOCEM”, resolvieron: “Disponer la disolución y liquidación voluntaria del Fondo”; QUE, mediante Resolución Nro. SB-2026-1349 de 24 de abril de 2026, el Superintendente de Bancos, dispuso la Disolución Voluntaria del FCPC de Cesantía de los Servidores de los Ministerios de Hidrocarburos y de Minería y sus Entidades Adscritas FOCEM, con Registro Único de Contribuyentes Nro. 1791422236001, con domicilio en la ciudad de Quito, en la avenida Juan Montalvo y Pasaje Enrique Vacas Galindo, Piso 6, por cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 110, 111 y 112 del capítulo XL, título II, libro I de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros; y, al no evidenciarse estar incurso en las circunstancias previstas en el artículo 114 y siguientes del mismo cuerpo regulatorio; y, designó como liquidador del FCPC de Cesantía de los Servidores de los Ministerios de Hidrocarburos y de Minería y sus Entidades Adscritas - FOCEM en Liquidación, al abogado Edgar Ramiro Ramírez Santacruz; QUE, mediante oficio No. FOCEM-2026-162 de 08 de septiembre de 2026, el liquidador del FCPC de Cesantía de los Servidores de los Ministerios de Hidrocarburos y de Minería y sus Entidades Adscritas - FOCEM en Liquidación, manifiesta y solicita: “Con los antecedentes Resolución No.SB-2026-3610 expuestos Página No. 4 al ser un Fondo pequeño, pagado al 100%, no tener activos, pasivos, ni problemas jurídicos solicito encarecidamente la conclusión de la existencia legal y vida jurídica de mi representada CPC (sic) de Cesantía de los Servidores de los Ministerios de Hidrocarburos y de Minería y sus entidades adscritas – FOCEM en Liquidación.”;

QUE, mediante Informe Interno Nro. SB-SNFL-2026-004-INF.INT de 07 de octubre de 2026, correspondiente al Plan Anual de Supervisiones de 2026, de la Subdirección Nacional de Fondos en Liquidación, recomienda lo siguiente: “Una vez verificado el cumplimiento normativo, revisadas las cuentas que integran el balance general, así como los ajustes contables efectuados en el marco de la culminación del proceso de liquidación, y constatado que el liquidador ejecutó las acciones de depuración, realización de activos, cancelación de pasivos y enceramiento de los estados financieros, se recomienda a la señora Intendente Nacional de Fondos Complementarios Previsionales aprobar el presente informe, con la finalidad de continuar con el trámite para la declaración de conclusión del proceso de liquidación y la extinción de la existencia legal del FCPC de Cesantía de los Servidores de los Ministerios de Hidrocarburos y de Minería y sus Entidades Adscritas - FOCEM en Liquidación. Una vez aprobado el presente informe, se recomienda remitirlo a la Intendencia Nacional Jurídica, a fin de que, en el ámbito de sus competencias, emita el pronunciamiento jurídico correspondiente respecto de la procedencia de concluir el proceso de liquidación y extinguir la personalidad jurídica del fondo en liquidación, de conformidad con la normativa aplicable. Adicionalmente, deberá remitirse a dicha dependencia el proyecto de resolución de conclusión del proceso de liquidación y extinción de la personalidad jurídica, adjunto al presente informe, para su revisión y validación, previo a su remisión para conocimiento y suscripción de la máxima autoridad de este Organismo de Control.”; QUE, mediante memorando Nro. SB-INFCPC-2026-0106-M de 08 octubre de 2026, la Intendente Nacional de Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, aprueba el Informe Técnico No. SB-SNFL-2026-004-INF.INT de 07 de octubre de 2026 y lo traslada a la Intendencia Nacional Jurídica; QUE, mediante memorando Nro. SB-INJ-2026-1065-M, de 15 de octubre de 2026, la Intendente Nacional Jurídica, sobre la base del Informe Técnico No. SB-SNFL-2026-004-INF.INT de 07 de octubre de 2026 emitido por la Subdirección Nacional de Fondos en Liquidación, señala: (…) “3.5.4.- En tal virtud, considerando los hallazgos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico No. SB-SNFL-2026-004-INF.INT de 7 de octubre de 2026, este despacho estima que se encuentran cumplidos los requisitos legales, regulatorios, técnicos y financieros previstos en el ordenamiento jurídico aplicable para disponer la conclusión del proceso de liquidación y la extinción de la existencia legal del FCPC de Cesantía de los Servidores de los Ministerios de Hidrocarburos y de Minería y sus Entidades Adscritas – FOCEM EN LIQUIDACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 318 del Código Orgánico Monetario y Financiero. IV.- RECOMENDACIÓN En virtud de los antecedentes expuestos, de la base constitucional, legal y regulatoria invocada, así como del análisis jurídico efectuado, este despacho recomienda que, al haberse verificado el cumplimiento de los requisitos y exigencias previstos en la normativa aplicable para la

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culminación del proceso liquidatorio del FCPC de Cesantía de los Servidores de los Ministerios de Hidrocarburos y de Minería y sus Entidades Adscritas – FOCEM EN LIQUIDACIÓN, se ponga en conocimiento de la máxima autoridad el proyecto de resolución que se adjunta al presente informe, mediante el cual se disponga la conclusión del proceso de liquidación y la extinción de la existencia legal del referido ente previsional, continuándose con el trámite administrativo correspondiente.”; QUE, mediante memorando Nro. SB-INFCPC-2026-0127-M de 19 de octubre de 2026, la Intendente Nacional de Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, solicitó a la Intendencia General: “Con base en lo señalado, y considerando que en el proceso de liquidación del FCPC de Cesantía de los Servidores de los Ministerios de Hidrocarburos y de Minería y sus Entidades Adscritas – FOCEM, en Liquidación, se han ejecutado las actuaciones necesarias para la depuración y realización de activos, cancelación de pasivos, liquidación de las cuentas individuales de los partícipes, regularización y enceramiento de los estados financieros, así como las demás actuaciones inherentes al proceso liquidatorio, resulta procedente continuar con el trámite para la conclusión de su liquidación y existencia legal, en observancia del marco jurídico y regulatorio aplicable. (…) solicito se sirva trasladar el expediente al señor Superintendente de Bancos, conjuntamente con el proyecto de resolución que se acompaña al presente trámite, a fin de que, sobre la base de los informes técnicos e informe jurídico que sustentan la procedencia del cierre, se disponga la conclusión del proceso de liquidación y la extinción de la existencia legal del FCPC de Cesantía de los Servidores de los Ministerios de Hidrocarburos y de Minería y sus Entidades Adscritas – FOCEM, en Liquidación”; QUE, mediante memorando Nro. SB-IG-2026-0392-M de 20 de octubre de 2026, el señor Intendente General, en función de los informes técnico y jurídico, trasladó al señor Superintendente de Bancos, el proyecto de resolución de conclusión del proceso liquidatario y de la existencia legal del FCPC de Cesantía de los Servidores de los Ministerios de Hidrocarburos y de Minería y sus Entidades Adscritas - FOCEM en Liquidación, y recomendó la suscripción correspondiente; QUE, conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 318 del Código Orgánico Monetario y Financiero; y, el literal e) del numeral 1.1.1.1. del artículo 11 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de Bancos, vigente a partir del 23 de julio de 2026, es atribución del Superintendente de Bancos expedir el acto administrativo de conclusión del proceso de liquidación y de la existencia legal del FCPC de Cesantía de los Servidores de los Ministerios de Hidrocarburos y de Minería y sus Entidades Adscritas - FOCEM en Liquidación; En ejercicio de sus atribuciones previstas en la Constitución de la República del Ecuador, el Resolución No.SB-2026-3610 Página 6 CódigoNo.Orgánico Monetario y Financiero, la Ley de Seguridad Social, la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, RESUELVE: ARTÍCULO 1.- DECLARAR concluido el proceso de disolución y liquidación voluntaria del FCPC de Cesantía de los Servidores de los Ministerios de Hidrocarburos y de Minería y sus Entidades Adscritas - FOCEM en Liquidación, así como la extinción de la existencia legal del referido Fondo, por lo tanto, concluida la gestión del abogado Edgar Ramiro Ramírez Santacruz, como liquidador. ARTÍCULO 2.- DISPONER a la Secretaría General de la Superintendencia de Bancos que tome nota al margen de la Resolución No. SBS-2006-150 de 01 de marzo de 2006, mediante la cual la Superintendencia de Bancos y Seguros aprobó el registro del Fondo de Cesantía de Energía y Minas FOCEM FCPC y su Estatuto, actualmente denominado FCPC de Cesantía de los Servidores de los Ministerios de Hidrocarburos y de Minería y sus Entidades Adscritas - FOCEM en Liquidación, dejando constancia de la conclusión del proceso de disolución y liquidación voluntaria y de la extinción de la existencia legal del referido Fondo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 318 del Código Orgánico Monetario y Financiero, se deberá excluir a dicho Fondo del catastro público de la Superintendencia de Bancos. ARTÍCULO 3.- DISPONER al Liquidador, abogado Edgar Ramiro Ramírez Santacruz, que publique la presente resolución por una sola vez en un periódico de amplia circulación en el lugar del domicilio del FCPC de Cesantía de los Servidores de los Ministerios de Hidrocarburos y de Minería y sus Entidades Adscritas - FOCEM en Liquidación, o por cualquier otro medio electrónico reconocido legalmente. ARTÍCULO 4.- DISPONER al Liquidador, abogado Edgar Ramiro Ramírez Santacruz, la entrega a la Secretaría General de la Superintendencia de Bancos, la documentación del denominado FCPC de Cesantía de los Servidores de los Ministerios de Hidrocarburos y de Minería y sus Entidades Adscritas - FOCEM en Liquidación, que se encuentre bajo su custodia, incluida aquella generada o recibida durante el proceso de liquidación, debidamente organizada, ordenada, clasificada y foliada, a fin de garantizar su adecuada transferencia, administración, custodia y conservación en el Archivo General Institucional, de conformidad con la normativa legal vigente. ARTÍCULO 5.- DISPONER a la Secretaría General de la Superintendencia de Bancos que remita copia certificada de la presente resolución al Servicio de Rentas Internas, al Registrador Mercantil del cantón Quito y al Registrador de la Propiedad del cantón Quito, para los fines legales correspondientes en el ámbito de sus respectivas competencias. ARTÍCULO 6.- NOTIFICAR con la presente resolución al abogado Edgar Ramiro Ramírez Santacruz, liquidador del FCPC de Cesantía de los Servidores de los Ministerios de Hidrocarburos y de Minería y sus Entidades Adscritas - FOCEM en Liquidación, quien se encargará de dar cumplimiento a lo dispuesto, luego de lo cual remitirá prueba de lo actuado a esta Superintendencia de Bancos.

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COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL. - Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano, el 20 de octubre de 2026. Firmado electrónicamente por:

ROBERTO JOSE ROMERO VON BUCHWALD

Econ. Roberto José Romero von Buchwald SUPERINTENDENTE DE BANCOS

LO CERTIFICO. - Quito, Distrito Metropolitano, el 20 de octubre de 2026. Firmado electrónicamente por:

DELIA MARIA PENAFIEL GUZMAN

Mgtr. Delia María Peñafiel Guzmán SECRETARIA GENERAL

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001-006-1159

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JUEVES 29 DE OCTUBRE DE 2026

QUITO

Ecuador

Cortometraje ‘Chinchipe’ gana un premio El cortometraje ‘Chinchipe’, de la productora española Arriate Studio y la ecuatoriana Matte CG, ha ganado el I Premio Talento RTVE-Premios Quirino al Mejor Proyecto de Cortometraje de Animación El galardón coincide con el Día Internacional de la Animación que se celebra este 28 de octubre de 2026, y que recuerda la primera proyección pública del ‘Théâtre Optique’, de Émile Reynaud en París, en 1892. EUROPA PRESS

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