La apertura comercial debe ser política de Estado

Por falta de apropiada gestión, durante décadas la gran mayoría de los productos de exportación ecuatorianos tuvieron que batirse en el mercado mundial sin ningún acuerdo comercial que los respaldara. Se perdieron oportunidades de lograr divisas, empleos y mercados debido a diversas barreras cuya terminación bien se hubiese podido negociar. El Gobierno de Guillermo Lasso logró, en buenahora, romper con esa dañina tradición de ensimismamiento comercial.

A los acuerdos con China, Costa, Rica y Corea —y de varios más que están en negociación, así como a la gestión sensata de los problemas comerciales derivados de la guerra de Ucrania— se suma ahora el intento de sumarse al sistema de preferencias arancelarias de Estados Unidos. Esta iniciativa, de concretarse, tendría un efecto inmensamente beneficioso para la economía nacional y terminaría de consolidar un giro que el sector productivo requiere.

Sin embargo, nada de esto es seguro hasta el momento; todavía sigue a merced de los vaivenes políticos. El artículo 419 de la Constitución, en su numeral 6, contempla que la Asamblea Nacional debe aprobar los acuerdos comerciales antes de que el Ejecutivo los ratifique. Por ello, resulta oportuno preguntarse si es que la nueva Asamblea Nacional estará a la altura de su responsabilidad histórica.

Tirar todos estos acuerdos por la borda tendría un sonoro efecto político, pero sería un desacierto sin parangón. El país ya perdió en un pasado no tan lejano, por culpa de la politiquería, la posibilidad única de establecer acuerdos cuya ventana luego se cerró. No puede volverse a repetir.