Gestión para los más vulnerables

Los desafíos socioeconómicos que implica vivir en Ecuador le pasan la factura más alta a quienes menos pueden asumirla. El empobrecimiento del Estado afecta principalmente a aquellos para los que este es el único proveedor de servicios básicos. Hechos fortuitos como la pandemia o inevitables aunque previsibles como El Niño golpean con especial saña a quienes apenas subsisten. Incluso fuerzas de calibre supranacional —la inflación, la crisis de las cadenas de abastecimiento o el avance de la automatización— se ensañan con aquellos en extrema pobreza, carentes de las habilidades laborales y la capacidad de consumo que el sistema exige.

Así, el país observa a diario desventuras que deberían haber quedado atrás. La necesidad obliga a los jóvenes a abandonar los estudios secundarios, una decisión que casi siempre impone un techo bajo y definitivo para su futuro desarrollo profesional y económico, más temprano aún a las mujeres. La indigencia —reflejada en los albergues abarrotados— está más presente que nunca. A ello hay que sumarle la pobreza entre los adultos mayores, la vulnerabilidad de la infraestructura educativa, la precariedad de las cárceles y más.

La productividad nacional no puede mejorar con una población que deserta en secundaria, ni se puede consolidar un mercado interno si tantos ciudadanos carecen de todo poder adquisitivo. Mientras, el Estado gasta miles de millones en subsidios para los sectores más ricos, derrocha recursos en corrupción disfrazada de ineficiencia e insiste en sostener a toda costa a una clase media burocrática artificial. Sería bueno saber qué piensan hacer los candidatos ante este flagelo que no tiene visos de detenerse.

Resolver el dilema

Discernir masivamente sobre el ITT es erróneo. Se requiere conocer temas económicos, técnicos y ambientales para concluir con alguna idea. Sin embargo, la desastrosa política ecuatoriana confronta a la ciudadanía a tomar una decisión sobre un tema de alta complejidad.

Estudiada la información pertinente sin matiz político se concluye que la explotación petrolera en Yasuní no es desastre como se pretende mostrar. Los técnicos de Petroecuador trabajan con la mejor tecnología y minucioso cuidado al entorno, coordinan con y benefician a las comunidades ancestrales Waorani y Kichwa. Es clave entender que esa producción petrolera es parte del sustento económico del país y fundamental para los recursos que reciben los pueblos amazónicos.

La operación es ejecutada a mínimo riesgo, incomparable a lo que hizo Texaco. Lo saben los habitantes de la Amazonía que cuidan el bosque y las aguas y los jóvenes aprovechan contactando con las universidades que hacen investigación científica en su territorio y contrastan información al conocimiento ancestral de la selva.

Tal y como lo sugirieron especialistas, se buscó negociar en el mercado de carbono, pero no resultó. También se intentó obtener recursos equivalentes en los países desarrollados; fue inútil. Europa, que clama salvar el planeta, no fue capaz de aportar 3 mil millones de dólares. ¿Por qué nosotros debemos liderar la lucha a costa de nuestro sacrificio?

Consultar el tema a una población desinformada y con visiones distorsionadas por la intencionalidad política no es válido. Pese a que estemos plenamente de acuerdo con cuidar el planeta, no es posible asumir la decisión de cancelar la fuente de riqueza que nos permitió llegar hasta aquí como sociedad La “maniobra política” nos lleva de riesgo en riesgo y hacia abajo, sin que la mayoría de la población avale objetivamente el costo de sus decisiones erróneas y emocionales.

ron los aduladores, aquellos que ensalzan a la alcaldesa por cada acción que emprende. Estos aduladores, por ejemplo, evitan que la señora Caiza comprenda que su gestión no se limita a realizar visitas sorpresa a distintas dependencias municipales, acompañadas de fotógrafos que obedecen guiones planificados; todo esto con el único propósito de crear contenido para las redes sociales y proyectar una imagen de transformación en una ciudad que carece de cualquier signo de tal cambio.

Algunos la elevan hasta los cielos promoviéndola como la futura presidenta ecuatoriana, mientras otros la califican como la “Bukele ambateña”, sin considerar siquiera que no ha cumplido los primeros 100 días en el cargo. Quienes se atreven a hacer tal comparación no comprenden que esta similitud resulta inaceptable por dos razones fundamentales: en primer lugar, un alcalde no posee las mismas atribuciones que un presidente; y, en segundo lugar, el supuesto programa exitoso del presidente Bukele no es más que una dictadura disfraza- da, basada en la falta de respeto a las libertades civiles, la violación de los derechos humanos de miles de salvadoreños, la propaganda desenfrenada y la ausencia de independencia en todas las funciones del Estado.

Por otro lado, el tan alardeado “cambio” que se intenta imponer en la opinión pública -como era de esperarse en cualquier administración con apenas 60 días en funciones- es inexistente.

Por qué no existe aún una firme voluntad de abordar los problemas primordiales que aquejan a los ambateños: el transporte público, la inseguridad ciudadana, el crecimiento descontrolado del comercio informal que amenaza con invadir el entorno del edificio municipal central, la escasa inversión, el abandono de los espacios públicos, entre tantos otros males.

Al menos deberá transcurrir un año para evaluar si las decisiones tomadas por la alcaldesa han sido las correctas. Mientras tanto, la señora Caiza debería abandonar su intento de crear en la colectividad una ilusoria imagen de cambio que simplemente no existe.