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CRISIS EN LA REDACCIÓN LEGISLATIVA
AUTOR: AB. JORGE SOSA MEZA
Populismo normativo y crisis de la ley en el contexto latinoamericano
La idea del populismo descansa fundamentalmente sobre los problemas más graves de un pueblo o sociedad a los que se alienta con soluciones rápidas y sencillas que provocan satisfacción inmediata en una gran masa de votantes. Dentro de ese contexto, la norma es proclamada también como una de las herramientas para palear las dificultades más comunes como pobreza, seguridad, vivienda y empleo ¿Pero puede la sola publicación de una norma solucionar los problemas estructurales de un Estado? La pregunta será contestada en el desarrollo de este artículo.
Las democracias modernas son construcciones convencionales, porque su objeto es el contrato social. No hay nada de natural en ellas, sino más bien contradicciones entre la democracia formal (que pregona igualdad entre los ciudadanos) y la democracia material (que evidencia las desigualdades de facto). Estas diferencias que se encuentran más visibles en América Latina son el caldo de cultivo del populismo, y resuena cuando el discurso democrático pierde su vertiente.2
El concepto de populismo, especialmente en América Latina se ha apartado de la teoría clásica (LACLAU)3 que sostiene que dicha corriente es parte de una patología de la democracia y que debe ser vista como una forma imperfecta de ella. En pleno siglo XXI el ciudadano no está interesado en participar de una corriente ideológica (Izquierda- Derecha) y se encuentra tendiente a votar por soluciones menos dogmáticas y más pragmáticas a problemas tales como educación, trabajo, salud, seguridad entre otros.

El que aspira entonces a una representación política ha dejado en segundo plano el corte ideológico-partidista y se ha enfocado en garantizar la solución a problemas cotidianos a los que se enfrentan los ciudadanos latinoamericanos. Este representante político al momento de obtener finalmente un escaño en el parlamento o convertirse en autoridad ejecutiva o seccional, tendrá como obstáculo a sus ofrecimientos electorales la complejidad de estos problemas cuya etiología es multifactorial y el límite que impone la ley a sus funciones.
El populismo, se sostiene precisamente en el fragor del conflicto electoral y las derivaciones que éste va dejando sobre quiénes son considerados capaces para elegir.
El punto de partida para pensar el populismo no debe perder de vista que este carácter de las reivindicaciones populares le imprime una identidad y a la vez el riesgo de que los ofrecimientos no sean finalmente cumplidos. No obstante, la noción de lo popular es notoriamente ambigua y en muchos casos parcelada. Es por ello que el discurso del ofrecimiento de normas abiertamente populares (pena de muerte, castración química) terminan colisionando con el bloque de constitucionalidad y pactos y tratados de derechos humanos vigentes.
La mayor parte de las necesidades que aquejan a América latina son de origen múltiple y no puede ser atribuido a un solo factor. Por ejemplo uno de los más graves problemas en la región es la delincuencia y la seguridad ciudadana cuya etiología es variada, pues depende de factores como la inversión social del Estado, creación de oportunidades laborales, sistemas óptimos de salud, entre otros. No obstante, hay una tendencia marcada a reformar la legislación penal para imponer penas más duras como herramienta para combatir la delincuencia, sin que ello tenga resultados comprobados en la disminución o el combate del crimen. Entonces el populismo normativo o legislativo no es otra cosa que el uso indiscriminado de la iniciativa legislativa como mecanismo presuntivo para solucionar los problemas estructurales de la sociedad.
Cox y Morgenstern (2001: 373) ubican los procesos de toma de decisiones de los Parlamentos democráticos en tres modalidades básicas: generativa, reactiva y proactiva. Los Parlamentos latinoamericanos, según estos autores, son reactivos puesto que, carecen de recursos para generar sus propias propuestas legislativas por lo que su estrategia se limita a enmendar y vetar las iniciativas que parten del Ejecutivo.4 En el caso ecuatoriano la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 1355 y la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 30 literal j6 son bastante claras en impedir que el legislador pueda presentar proyectos de ley que afecten al gasto público o que afecten las competencias del ejecutivo en política monetaria y financiera, por lo que el legislador se encuentra limitado en su capacidad
Consulta Civil
¿En qué consiste la carga de la prueba dentro de los procesos laborales?
Respuesta
El Art. 169 del COGEP establece los principios de la carga de la prueba, y en su inciso tercero dispone que las partes tienen la obligación de poner con anticipación suficiente a disposición de la contraparte las pruebas de las que disponga. Esto se refiere al principio de contradicción de la prueba al que también hace mención el Art. 165 ibídem. Para hacer respetar este principio la norma dispone que la o el juzgador vigile se cumpla este presupuesto, incluso con la potestad de ordenar de oficio se cumpla en el caso de derechos de niñas, niños, adolescentes, familia y derechos del trabajador. El Art. 159 del COGEP dispone que la prueba que esté a disposición de las partes debe ser presentada con la demanda, contestación a la demanda, reconvención, contestación a la reconvención; y si no ha sido posible acceder a cierta prueba deberá al menos ser anunciada. El Art. 166 del COGEP contempla el caso de la prueba no anunciada, la que podrá ser anunciada antes de la convocatoria audiencia de juicio, pero siempre que se justifique que no fue de conocimiento de la parte a la que beneficia o que no se pudo disponer de aquella. La norma establece que se lo hará antes de la convocatoria a la audiencia de juicio, pero como en el proceso sumario, la fase de juicio se desarrolla en la audiencia única, es de entender que para tales procesos, se interpretará que podrá ser solicitada antes de que se convoque a la audiencia única.
La norma del Art. 169 inciso tercero del COGEP, debe hacerse respetar por la o el juzgador aun en el juicio sumario donde no existe la audiencia preliminar, pues se trata de precautelar el derecho al debido proceso, derecho a la defensa de actuar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra.
Oficio: 321-2018-P-CP JP Criterios sobre Inteligencia y Aplicación de la Ley Corte Nacional de Justicia de adoptar iniciativas nuevas que impliquen gasto público. Pese a ello es recurrente en la legislación ecuatoriana proyectos que no cumplen con estos estándares y que más tarde tendrán problemas en su eficacia o por ser abiertamente inconstitucionales.
Es evidente que la norma por si misma no es una herramienta que permita solucionar de manera inmediata la garantía de derechos fundamentales de los ciudadanos de una sociedad. La norma es una pieza fundamental del Estado de Derecho, pero necesita del resto de componen- tes que la hagan ejecutable y permitan su cumplimiento material. Con mayor razón en las democracias presidencialistas como la de Ecuador, sin la colaboración efectiva del Ejecutivo las normas aprobadas por la Asamblea Nacional se transforman en instrumentos de papel, sin eficacia.
Efectos de las normas
Los efectos de la norma son directos en la limitación, garantía formal o ampliación de derechos constitucionales o puede modificar el comportamiento de los sujetos destinatarios, pero no producen un efecto material inmediato
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON PELILEO R del E.
A: LOS PRESUNTOS Y DESCONOCIDOS HEREDEROS DE QUIEN EN VIDA FUE EL SEÑOR MARIÑO MANZANO ANTONIO RAMON.
Dentro del juicio Ejecutivo No. 18332-2021-00264; propuesto por SILVA CHIPANTIZA MARIA ISABEL, se ha dispuesto citar por la prensa por desconocer el domicilio actual de los presuntos y desconocidos herederos de quien en vida fue el señor MARIÑO MANZANO ANTONIO RAMON.
UNIDAD JUDICIAL: UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON PELILEO
NUMERO: 18332-2021-00264
CLASE DE JUICIO: EJECUTIVO
ASUNTO: COBRO DE LETRA DE CAMBIO
ACTOR: SILVA CHIPANTIZA MARIA ISABEL
DEMANDADOS: SANCHEZ LOZADA BEATRIZ ELIZABETH y MARIÑO MANZANO ANTONIO RAMON
INICIO DE LA DEMANDA: 01 DE MARZO DEL 2021
JUEZ: DR. JUAN ROGELIO MARTINEZ SANCHEZ
SECRETARIA: ABG. MAYRA ALEXANDRA MONTERO ACURIO
“San pedro de pelileo, miércoles 7 de abril del 2021, a las 13h02. VISTOS: Dentro de la causa signada con el Nro. 2021-00264, taxativamente puntualizo: PRIMERO: La demanda propuesta por la ciudadana SILVA CHIPANTIZA MARIA ISABEL, en contra de los ciudadanos MARIÑO MANZANO ANTONIO
RAMÓN y SÁNCHEZ LOZADA BEATRIZ ELIZABETH; es clara, precisa y cumple los requisitos legales señalados en los Arts. 142 y 143, del Código Orgánico General de Procesos y, encuentra su fundamentación fáctica en la letra de cambio que se adjunta a la demanda, documento que constituye título ejecutivo, al tenor de lo previsto en los artículos 347 y 348, ibídem, ya que contiene una obligación clara, pura, determinada y actualmente exigible; por lo que se califica y admite a trámite mediante PROCEDIMIENTO EJECUTIVO. SEGUNDO: Con la finalidad de pragmatizar el derecho al “debido proceso” y, ejercicio de la legítima defensa, consagrados en el Art. 76, numeral 7, literales a) b) y c), de la Ley Suprema de la República; se ordena citar a los demandados: MARIÑO MANZANO ANTONIO RAMÓN y SÁNCHEZ LOZADA BEATRIZ ELIZABETH; en el domicilio señalado en la demanda, para lo cual se adjuntará la demanda, copia certificada de los do c umen t o s adjun t o s y e st e au t o ini c ial ; és t a a ct ua c ió n judicial se la realizará median t e a t en t a c omi s ión dirigida al s eñor Tenien t e P ol ít i c o de la parroqui a Co t aló E n apli c ación de lo s ar tíc ulos 355 y 333 , numeral 3 de la Le y P ro c e s al G eneral v igen t e , s e con c ede el t érmino de quin c e (15) d í a s, para que lo s demandado s proponga alguna de la s e xc e pciones t axa t ivas pre v is t a s en el ar tíc ulo 353 , de la Le y c i t ada , bajo pre v en c ión que de no ha c erl o se pronun c iará inmedia t amen t e s en t en c ia y e s a re s olución no s erá su sc ep t ible de re c ur s o alguno , en cumplimien t o del A r t. 352 , del C OGE P TE RC E R O: La prueba documen t al c i t ada por la a ct ora , será pre s en t ada , di s cu t ida y c on t radecida , en audien c ia públi c a , oral y c on t radi ct oria ; a la lu z de l manda t o cons t i t ucional hallado en el numeral 6 , del A r t. 168 , de la Le y S uprema de la Repúbli c a : “La admini st ra c ión de ju st i c ia , en el c umplimien t o de s us debere s y en el ejer c i c io de s u s a t ribu c i ones , aplicará los siguien t e s prin c ipio s: 6 - La s u st an c ia c ión de lo s pro c e s o s en t oda s las ma t eria s , ins t ancias , e t apas y diligen c ia s s e lle v ará a cabo median t e el s is t ema oral , de a c uerdo c on lo s principio s de con c en t ra c ión , con t radi cc ión y di s po s i t i v o” CU A RTO: Como providen c ia pre v en t i v a ; con f ormen lo prevén lo s A r ts. 124 , 126 , 131 , 351 , del C OGEP; di s pongo la prohibi c ión de enajena r del bien inmueble des c ri t o en lo s do c umen t os públicos que obra a fs. 09 a 10 , del pro c e s o , de pr opiedad de los demandados M A R I Ñ O M A N ZA N O A N TO N IO R A M Ó N y SÁ NCH EZ L OZA D A BE AT R I Z
E L IZABET H P ara e st e e f e ct o o fíc ie s e a la S eñora Regi st radora de la P ropiedad de es t e c an t ón
Q U I N TO: Las ac t ua c iones pro c edimen t ale s s e la s di s pone en apego impera t ivo , de lo di s pue st o por el má x imo órgano de in t erpre t ación c ons t i t ucional de nue st ro Est ado ; la Cor t e Con st i t u c iona l del E cuador que en s u s en t en c ia 001-13- SEP -CC , re s pe ct o del “debido pro c e s o” s eñala : “ e s u n derecho cons t i t u c ional consagrado e n el artículo 76 de la Constitución de la República, dentro del cual se incluye un conjunto de garantías básicas tendientes a tutelar un proceso justo libre de arbitrariedades en todas las instancias judiciales. COMO PARTE DE LAS GARANTÍAS DE ESTE DERECHO SE INCLUYE EL DERECHO A LA DEFENSA, EL MISMO QUE PERMITE A LAS PERSONAS ACCEDER A LOS MEDIOS NECESARIOS PARA HACER RESPETAR SUS DERECHOS EN EL DESARROLLO DE UN PROCESO LEGAL, YA SEA DEMOSTRANDO SU INOCENCIA O CONTRADICIENDO LOS HECHOS ALEGADOS POR LA PARTE CONTRARIA. En este sentido, es obligación de todos los operadores de justicia aplicar las garantías básicas del debido proceso, y específicamente tutelar su cumplimiento en las diferentes actuaciones judiciales, ya que su desconocimiento acarrear la vulneración de derechos constitucionales (….) La Corte Constitucional además sostiene que el debido proceso se constituye en el “axioma madre”, el generador del cual se desprenden todos y cada uno de los principios y garantías que el Estado ecuatoriano se encuentra obligado a tutelar”. Actúe como secretaria de esta Judicatura la Ab. Alexandra Montero. NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.-” NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.¬”
(f) DR. JUAN ROGELIO MARTINEZ SANCHEZ, JUEZ; ABG. MAYRA ALEXANDRA MONTERO ACURIO, SECRETARIA.
“San pedro de pelileo, jueves 17 de noviembre del 2022, a las 14h53. VISTOS: El escrito presentado por María Isabel Silva Chipantiza agréguese a los autos para lo ines de ley En lo principal, cumplido como ha sido la declaración bajo juramento de la imposibilidad de determinar la individualidad del domicilio o residencia, dispuesta en auto de sustanciación de fecha 21 de abril del 2022; se ordena, citar a los presuntos y desconocidos herederos de quien en vida fue el señor ANTONIO RAMON MARIÑO
MANZANO, a través de tres publicaciones a realizarse en fechas distintas en uno de los periódicos de amplia circulación de la provincia de Tungurahua, como lo establece el inciso 1 del Art. 56 del COGEP; el término para contestar la demanda para la referida ciudadana empezará a contarse transcurridos 20 días desde la última publicación citatoria, por secretaría elabórese y entréguese el extracto pertinente.- CÍTESE Y NOTIFÍQUESE.-” (f) DR. JUAN ROGELIO MARTINEZ SANCHEZ, JUEZ; ABG. MAYRA ALEXANDRA MONTERO ACURIO, SECRETARIA. Lo que se pone en conocimiento de los demandados, para fines legales consiguientes.
ABG. ALEXANDRA MONTERO ACURIO SECRETARIA Hay firma y sello que solvente las falencias y necesidades de la sociedad.
La norma es un componente más de un conjunto de elementos que deben ser asumidos por el estado y que necesitan de la colaboración de todos los poderes democráticos para que tengan eficacia.
La aplicación de la norma en las democracias presidencialistas por ejemplo necesita de la colaboración sustancial del ejecutivo donde es colegislador, pero además depende de él la ejecución presupuestaria y la aplicación de políticas públicas que viabilicen las normas creadas.
Este anhelo de exhibir proyectos de ley de manera cuantitativa, y posteriormente buscar su publicación es un símbolo recurrente que utilizan los legisladores para comunicar a la sociedad el cumplimiento de su rol y justificar su actuación fundamental en la resolución de los problemas ciudadanos. En ese diálogo irregular entre legisladores y ciudadanos también ha incidido lo que el candidato comunicó en su momento: soluciones rápidas a problemas de vieja data y estructurales que pretenden ser solucionados con reformas o nuevas leyes. En la práctica ello ha producido una hiperlegislación normativa ya que dichos proyectos de ley no se presentan usualmente como instrumentos de consenso articulados con el ejecutivo y con clara identificación de las fuentes de financiamiento por lo que suelen tener problemas con el poder ejecutivo para su implementación.
En el trajinar de los parlamentos, el populismo normativo ha causado problemas como la dispersión normativa; el impacto del gasto público y los problemas de contradicción de los proyectos de ley con el articulado constitucional y los pactos y tratados internacionales suscritos. Todo ello genera la percepción de que el rol del legislador se ha desvirtuado por el afán protagónico, por un anhelo de mostrar leyes que alivian los problemas sociales, lo que finalmente no ocurre. Ello ha llevado a restarle eficacia material a la norma, volviéndola meramente simbólica. Precisamente es ese el fenómeno legislativo llamado simbolismo jurídico.7
Otra de las críticas al populismo normativo es que se busca legislar para grupos específicos y eso lleva a parcelar la legislación. El legislador entonces también se vuelve una herramienta de apropiación normativa para grupos cerrados con propuestas legislativas con total irresponsabilidad fiscal, con creación de organismos públicos y asignaciones presupuestarias futuras sin absolutamente ningún análisis del impacto en el gasto público o de las condiciones de sostenibilidad.8
La ley ha entrado en crisis y ello no solamente ha derivado en una mayor legislación con cambios o modificaciones incesantes, sino también en los errores en su construcción y en su redacción. Son ejemplos de errores en la elaboración normativa: las leyes intrusivas, las leyes vacías, las leyes simbólicas. Las leyes intrusas son aquellas que no guardan homogeneidad en su contenido porque reforman normas que abarcan muchos temas sin un núcleo común. Son un ejemplo de ello las denominadas leyes ómnibus que abarcan diferentes materias o las que rompen el principio de unidad de materia.
Leyes vacías
Las leyes vacías, siguiendo a Laporta (Laporta 2007), son aquellas que «funcionan en el vacío», es decir, aquellas que crean instituciones o figuras legales que no se materializan o concretan por carecer del debido financiamiento.
Las leyes simbólicas o leyes espectáculo son las que no tienen ningún efecto práctico, pues son meramente declarativas o tratan de satisfacer simbólicamente un ofrecimiento hecho a la ciudadanía.9
Frente al incremento del populismo normativo, la Función Legislativa de varios países han creado Unidades de Técnica Legislativa como formas de control previo de la iniciativa legislativa con capacidad incluso de obser- vación constitucional. Ello es un gran paso para una Función Legislativa Técnica, especialmente en los países unicamerales en los que el legislador mezcla su rol de formador de normas y actor político. El Manual de Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional del Ecuador10 establece dos objetivos o finalidades de la iniciativa legislativa: la política y la técnica:
(…) La primera pretende asegurar la participación de las distintas opciones políticas en la elaboración de la ley. Mediante esta participación o integración en el procedimiento se procura alcanzar el mayor acuerdo posible en torno al texto. La vertiente técnica muestra cómo el procedimiento busca que el texto vaya depurándose desde un punto de vista técnico, de forma que la ley sea lo más perfecta posible formal y materialmente, adecuándose a los fines que persigue. Este segundo aspecto constituye el objeto de la técnica legislativa, que se refiere a los caracteres formales de las leyes y a su eficacia para conseguir los objetivos que se desean obtener con su aprobación(…)
(…) La función política o integradora del procedimiento legislativo inspira (como también lo hace la técnica) todas las fases. Como órgano colegiado, la Asamblea Nacional necesita de un procedimiento que le permita articular su voluntad y como órgano representativo, el procedimiento cumple una función de integración. El texto final de la ley no solo expresa la voluntad de la mayoría si no que en su debate, participa y se expresa la voluntad de la minoría con la debida publicidad. Esta es la consecuencia del carácter representativo del Parlamento, que se manifiesta doblemente. Por una parte, asegura la participación de las minorías parlamentarias a lo largo de todo el procedimiento legislativo, y ello es necesario porque este cambia con el procedimiento legislativo continuamente de objeto, debido a que es distinto el texto objeto del debate en cada una de las fases (Comisión y Pleno). De ahí que los turnos de intervención intenten garantizar esa presencia continua de las minorías. Por otra, la función de representación lleva adjunta la publicidad de la actuación del Pleno como órgano representativo por excelencia. Este es el papel legitimador del procedimiento legislativo, como garantía de la participación en la formación de la ley por parte de las opciones políticas no representadas en el Ejecutivo; asimismo, la configuración del procedimiento debe dar cabida en él a la negociación o, al menos, a la audiencia de los intereses afectados(…)
La iniciativa legislativa es entonces una solución planteada por las legisladoras y los legisladores para resolver un asunto de interés público, mediante un cambio legislativo
ANULACIONES que busca corregir una antinomia jurídica. Ello no significa que todos los problemas se puedan resolver con la expedición de nuevas leyes o reformando las que existen, pues la mayor parte de los problemas que afectan a las personas recaen en el ámbito de competencias del ejecutivo, por lo que basta con la aplicación efectiva de la normativa ya existente para avanzar en la solución material de las carencias ciudadanas. Vale la pena enfatizar nuevamente que no todos los problemas públicos ameritan una acción legislativa, sino solamente los que se relacionan con una regulación deficiente, confusa, obsoleta o con vacíos.
Hiperlegislación y parcelación legislativa
Existe una íntima conexión entre el populismo y el exceso de legislación, puesto que el legislador adopta con el ciudadano un rol de benefactor con la finalidad de solucionar problemas coyunturales o inmediatos. No obstante el único producto que puede ofrecer un legislador es una norma o una reforma normativa cuya ejecución o implementación no depende de él. En muchas ocasiones el ciudadano no tiene claro la función del legislador y por ello asimila a los parlamentos a funciones que corresponden a otros poderes del Estado (Ejecutivo o Judicial).
América latina atraviesa una problemática que se rela- ciona con la reivindicación de más derechos en el plano laboral, en salud, en derechos de las mujeres, animales y medio ambiente. Esto causa que la actividad legislativa se enfoque en puntos específicos dentro de esas temáticas y como consecuencia exista un exceso de proyectos de ley relacionados con dichas materias. En el Ecuador por ejemplo el grave problema de la delincuencia ha traído como consecuencia la presentación simultánea y sucesiva de más de una veintena de proyectos reformatorios al Código Orgánico Integral Penal cuyo objeto es el aumento de las penas de cierto tipo de delitos que se encuentran altamente puntuados como de mayor cometimiento en las estadísticas policiales. El resultado es que la Asamblea Nacional debe sustanciar proyectos con un objeto y finalidad iguales pero cuyo articulado es distinto dependiendo de la rigurosidad de la técnica legislativa que el legislador ha aplicado. Esto acarrea una congestión en las Comisiones Legislativas que tramitan los proyectos relacionados con justicia y normativa penal por el gran tráfico legislativo que tienen debido a la dispersión normativa. Las Comisiones legislativas ciertamente gastan recursos humanos y tiempo en acumular los proyectos, armonizarlos, sintetizarlos y buscar un texto consensuado.
El problema de los contrapesos con el ejecutivo en materia normativa influye notablemen- el extravío/sustracción de la Libreta de Ahorros No 707328 perteneciente a VEGA CUCHIPARTE JAIME, por lo que se ha procedido a su bloqueo, en consecuencia, la Cooperativa no asume ninguna responsabilidad, quién considere tener derecho sobre dicho documento deberá presentarse en las Oficinas de la Cooperativa en el plazo de 3 días, contados desde la fecha de la publicación de este aviso.
Ambato, 13 de febrero 2023 te en la dirección de la agenda legislativa. Una mayor armonía con el ejecutivo en proyectos de ley de consenso aseguran una menor producción normativa dispersa por parte de la Función Legislativa y al revés la conducen a una vorágine de proyectos de ley que caen en la dispersión normativa a pretexto de ampliar el catálogo de derechos constitucionales de los ciudadanos.
Éxito legislativo
Mercedes Garcia Montero en su ensayo titulado “La actividad legislativa en América Latina: sobre el papel reactivo y proactivo de Presidentes y Parlamentos” también sostiene que el peso de cada uno de los Poderes sobre la actividad legislativa de los Parlamentos latinoamericanos es captado a partir de dos indicadores basados en Alcántara et al. (2005b): “éxito legislativo” y “participación legislativa”. El “éxito legislativo” hace referencia a la relación que existe entre el número de iniciativas presentadas por el Ejecutivo o el Legislativo con la cantidad que finalmente es aprobada (Alcántara et al. 2005b: 99). Se trata de dar cuenta del éxito en la proposición de leyes de ambas ramas de Poder. Este es el indicador que aparece con mayor frecuencia en los diferentes estudios.
AUTOR: AB. JORGE SOSA MEZA MASTER EN DERECHOS FUNDAMENTALES
COOPERATIVA OSCUS LTDA.
COOPERATIVA OSCUS LTDA.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS Ltda., comunica el extravío/sustracción de la Libreta de Ahorros No 604395, perteneciente a TUBON PUNGUIL BLANCA LUCILA, por lo que se ha procedido a su bloqueo, en consecuencia, la Cooperativa no asume ninguna responsabilidad, quién considere tener derecho sobre dicho documento deberá presentarse en las Oficinas de la Cooperativa en el plazo de 3 días, contados desde la fecha de la publicación de este aviso.
Ambato, 13 de febrero 2023
==
COOPERATIVA OSCUS LTDA.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS Ltda., comunica el extravío/sustracción de la Libreta de Ahorros No 22739, perteneciente a VASCONEZ ORTIZ FANNY FABIOLA, por lo que se ha procedido a su bloqueo, en consecuencia, la Cooperativa no asume ninguna responsabilidad, quién considere tener derecho sobre dicho documento deberá presentarse en las Oficinas de la Cooperativa en el plazo de 3 días, contados desde la fecha de la publicación de este aviso.
Ambato, 13 de febrero 2023
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COOPERATIVA OSCUS LTDA.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS Ltda., comunica
== COOPERATIVA OSCUS LTDA.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS Ltda., comunica el extravío/sustracción de la Libreta de Ahorros No 740935, perteneciente a VELVA VALDIVIESO NADIA SCARLETH, por lo que se ha procedido a su bloqueo, en consecuencia, la Cooperativa no asume ninguna responsabilidad, quién considere tener derecho sobre dicho documento deberá presentarse en las Oficinas de la Cooperativa en el plazo de 3 días, contados desde la fecha de la publicación de este aviso.
Ambato, 13 de febrero 2023
== COOPERATIVA OSCUS LTDA.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS Ltda., comunica el extravío/sustracción del Certificado de Depósito a Plazo No 620419, perteneciente a VILLAFUERTE HERRERA SILVIA JIMENA, por lo que se ha procedido a su bloqueo, en consecuencia, la Cooperativa no asume ninguna responsabilidad, quién considere tener derecho sobre dicho documento deberá presentarse en las Oficinas de la Cooperativa en el plazo de 3 días, contados desde la fecha de la publicación de este aviso.
Ambato, 13 de febrero 2023
La Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS Ltda., comunica el extravío/sustracción de la Libreta de Ahorros No 205230, perteneciente a VINUEZA REDROBAN MARIA EUGENIA, por lo que se ha procedido a su bloqueo, en consecuencia, la Cooperativa no asume ninguna responsabilidad, quién considere tener derecho sobre dicho documento deberá presentarse en las Oficinas de la Cooperativa en el plazo de 3 días, contados desde la fecha de la publicación de este aviso. Ambato, 13 de febrero 2023 ==
COOPERATIVA OSCUS LTDA.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS Ltda., comunica el extravío/sustracción de la Libreta de Ahorros No 573104, perteneciente a VISCARRA NARANJO RUTH MADALES, por lo que se ha procedido a su bloqueo, en consecuencia, la Cooperativa no asume ninguna responsabilidad, quién considere tener derecho sobre dicho documento deberá presentarse en las Oficinas de la Cooperativa en el plazo de 3 días, contados desde la fecha de la publicación de este aviso.
Ambato, 13 de febrero 2023
COOPERATIVA OSCUS LTDA.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS Ltda., comunica el extravío/sustracción de la Libreta de AhorrosNo 70085 , perteneciente a ZABALA EUGENIO MAIDA AMPARO, por lo que se ha procedido a su bloqueo, en consecuencia, la Cooperativa no asume ninguna responsabilidad, quién considere tener derecho sobre dicho documento deberá presentarse en las Oficinas de la Cooperativa en el plazo de 3 días, contados desde la fecha de la publicación de este aviso. Ambato, 07 de febrero 2023