NUEVA LEY DE USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA

Consulta Civil

La nueva ley sobre el uso legítimo de la fuerza entró en vigencia el 22 de agosto de 2022, una vez que se publicó en el Registro Oficial. En este nuevo cuerpo legal existen algunos temas por demás interesantes respecto a las nuevas actividades que van a cumplir las Fuerzas Armadas en el contexto del uso legítimo de la fuerza.

Inicia la Ley indicando el obligatorio cumplimiento para los servidores de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciara. Por lo tanto, a partir de la fecha mencionada, los miembros de la Fuerza Terrestre, Aérea y Marítima, deberán subordinarse a esta normativa cuando deban hacer uso de la fuerza.

Este aspecto es muy interesante, pues la fuerza que van a desarrollar los miembros de Fuerzas Armadas, no solamente se va a subordinar al Derecho Internacional Humanitario, es decir, en caso de un conflicto bélico con otro Estado, ahora lo deberán hacer apegados al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

La realidad se da ante la presencia de nuevas amenazas y riesgos para el Estado ecuatoriano. Las Fuerzas Armadas han decidido renovar sus roles, que están más orientados a enfrentar el narcotráfico y los delitos conexos, así como la corrupción. En este sentido, van a desarrollar actividades más apegadas al control del or - den público, a pesar de que, en la práctica, ya lo han venido cumpliendo, como por ejemplo el control de los procesos electorales; el control en las vías del país del porte ilegal de armas, municiones y explosivos; el control en las fronteras del contrabando, especialmente de madera, de productos y artículos varios; el control de la piratería en el mar; el control de plantaciones y laboratorios para el procesamiento de sustancias sujetas a fiscalización, el tráfico ilícito, etc.

Al respecto, expertos en temas militares mencionan lo siguiente:

La política de defensa se enmarca en el Plan de Desarrollo 2018-2021 en donde se asigna responsabilidades al sector de defensa desde una visión integral con otras instituciones y no de una forma individual, los nuevos escenarios globales y regionales exigen a las instituciones, de seguridad y defensa, enfoques cada vez más integrales que permitan la protección del ser humano, la naturaleza y el Estado, como lo establece la Constitución del Ecuador, este escenario determina el permanente empleo de las Fuerzas Armadas, en la actualidad se emplea en muchas operaciones atípicas para lo que fueron formadas, en operaciones de vigilancia y protección del territorio nacional; operaciones de protección de áreas estratégicas; operaciones de complementariedad a las acciones de la Policía Nacional en el control del

¿Cuál es el trámite para el pago del décimo cuarto en pensiones alimenticias?

Respuesta

La norma tiene un fin constitucional válido para promover el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y la maternidad y paternidad responsables, por lo que el pago de las pensiones adicionales por el mismo monto de la pensión fijada por el juez, es una medida necesaria a favor del desarrollo integral de ese grupo de atención prioritaria.

Por lo tanto, el pago de las pensiones adicionales, décimo tercera y décimo cuarta, debe ser en aplicación de lo que establece la norma del Art. 16.2 del Código de la Niñez y Adolescencia, por un valor igual a la pensión alimenticia fijada judicialmente; y cualquier cambio en el sentido de que tenga como límite el valor de la remuneración básica unificada para el trabajador en general y que además pueda dividirse entre todos los alimentarios, requiere de una reforma legal.

Oficio: 321-2018-P-CP JP Criterios sobre Inteligencia y Aplicación de la Ley Corte Nacional de Justicia orden público, narcotráfico, crimen organizado y terrorismo; operaciones de apoyo a la gestión de riesgos, operaciones de respuesta ante crisis, apoyo al SRI, ARCH, ARCOM para lo cual se hace necesario utilizar las capacidades máximas de fuerzas

Armadas. 1 (Las palabras que se encuentran en cursiva me pertenece)

Para estar a tono con estas consideraciones, vale mencionar el artículo 32 de la ley en cuestión, que determina a las Fuerzas Armadas, al margen de un estado de excepción, deben cumplir con atribuciones constitucionales y legales significativas, 2 como la protección de fronteras; los espacios acuáticos; el control de armas, municiones y explosivos, etc.

El artículo 31 de la ley es decisivo, pues menciona que la actuación excepcional, temporal y complementaria a la Policía Nacional por parte de Fuerzas Armadas en el control del orden público, la seguridad ciudadana y ante la presencia de graves crisis o alteraciones del orden público en los Centros de Privación de Libertad será extraordinaria, complementaria, subordinada, regulada, condicionada y fiscalizada.3

Actuación de las

Fuerzas Armadas

Hay que entender, por lo tanto, que el accionar de los servidores de Fuerzas Armadas deberá ser excepcional, es decir, solamente en el marco de una declaratoria de estado de excepción; será temporal, es decir, mientras subsista este estado extraordinario; y será complementaria a la Policía Nacional, es decir, de apoyo cuando las capacidades operativas hayan sido superadas, por lo que es imprescindible contar con la presencia militar.

Vale recordar que el artículo innumerado, a continuación del artículo 11 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que se refería a la complementariedad de acciones de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, fue declarado inconstitucional “(…) al ser contrario a las disposiciones constitucionales referentes al rol de las FF.AA y a su actuación en estados de excepción consagradas en los artículos 158 y 165 de la CRE”.4

Lo anterior tiene que ver con lo que determina el artículo 21 de esta nueva ley, pues determina que las Fuerzas Armas deberán actuar en el control del orden público, la protección interna y la seguridad ciudadana, bajo los principios insinuados anteriormente en esta ley, pero en determinadas circunstancias. Nótese que se intenta regular de todas formas el uso de la fuerza, para evitar

Anulaciones

el uso excesivo, ilegítimo o arbitrario de la fuerza. Estas circunstancias deberán ser muy estudiadas y analizadas en la academia al interior de Fuerzas Armadas, caso contrario sus servidores podrían pagar las consecuencias.6

Uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas Por lo tanto, claramente se entiende que los servidores de las Fuerzas Armadas, solamente podrán hacer uso de la fuerza para el control del orden público, la protección interna y la seguridad ciudadana, al tenor de un estado de excepción, constitucionalmente decretado. Fuera de ello, los militares no podrán participar en estas actividades que son típicas de la institución policial.

Y esto está muy bien, porque la formación académica de los militares, su doctrina, su capacitación y las destrezas que aprenden y en las que se especializan están totalmente alejadas de la misión constitucional que cumple la Policía Nacional, único responsable de la protección interna, de la seguridad ciudadana y de la paz pública.

En este orden de ideas, el artículo 22 de la ley manifiesta que los servidores po-

== liciales y militares están autorizados a utilizar la fuerza con fines de control del orden público y seguridad ciudadana cuando existan protestas sociales violentas, pero solamente, y se insiste, que se lo efectuará únicamente cuando exista un estado de excepción, como ha ocurrido en las manifestaciones violentas de octubre de 2019 y de junio de 2022. Además, deber existir protocolos perfectamente definidos para una actuación conjunta. Documentos que deberán ser conocidos por todos los servidores, pero especialmente por la ciudadanía para que sepan a qué atenerse.7

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Por último, el artículo 26 de la ley menciona algo que es por demás sugestivo, pues indica que las Fuerzas Armadas, en atención a su función del control de la producción, comercialización, transporte, almacenamiento, tenencia y empleo de armas, explosivos y afines, podrá, en cualquier momento, es decir, sin que medie un estado de excepción, ingresar a un Centro de Privación de Libertad, que puede ser un Centro de Detención Provisional o un Centro de Rehabilitación Social, con el objeto de efectuar registros y localizar armas o explosivos de procedencia ilegal. Para ello será necesario que con anterioridad se coordine con la Policía Nacional y con el Cuerpo de Vigilancia Penitenciara para elaborar protocolos que permitan cumplir con la finalidad, evitando afectar los derechos de los internos.8 Podrá Fuerzas Armadas hacer uso de fuerza potencial o intencionalmente letal, es decir, de sus armas de fuego al interior de un Centro de Privación de Libertad. Definitivamente sí. Así lo determina el artículo 33 de la ley, cuando menciona que los servidores de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y del Cuerpo de Vigilancia Penitenciara podrán usar sus armas de fuego y sus respectivas municiones entregadas por el Estado, siempre y cuando exista una amenaza inminente de muerte o lesiones graves para sí mismo o para las personas. Lógicamente que nunca se deberá perder de vista los principios para el uso de la fuerza, y los niveles tanto de uso de la fuerza como de resistencia del infractor.

MSC. GABRIEL ARMAS PEREZ. DOCENTE UCE CARRERA DE CIENCIAS POLICIALES Y SEGURIDAD CIUDADANA

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La Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS Ltda., comunica el extravío/sustracción de la Libreta de Ahorros No 400067, perteneciente a FREIRE OCAÑA NANCY ELIZABETH, por lo que se ha procedido a su bloqueo, en consecuencia, la Cooperativa no asume ninguna responsabilidad, quién considere tener derecho sobre dicho documento deberá presentarse en las Oficinas de la Cooperativa en el plazo de 3 días, contados desde la fecha de la publicación de este aviso.

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La Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS Ltda., comunica el extravío/sustracción de la Libreta de Ahorros No 559636, perteneciente a GAVILEMA GAVILEMA LUIS FELICISIMO, por lo que se ha procedido a su bloqueo, en consecuencia, la Cooperativa no asume ninguna responsabilidad, quién considere tener derecho sobre dicho documento deberá presentarse en las Oficinas de la Cooperativa en el plazo de 3 días, contados desde la fecha de la publicación de este aviso.

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