Tapar el sol con un dedo

Los ecuatorianos tenemos miedo. Sin embargo, distintas instancias del Estado intentan convencernos de que estamos equivocados.

Una y otra vez, nos recuerdan los cientos de toneladas de cocaína que se han incautado en los últimos dos años y que la ola de violencia es la consecuencia . Sin embargo, esas incautaciones —que suman apoyo internacional y suben el precio de la droga en terceros países— poco ayudan a la inmensa mayoría que vive bajo la tiranía del crimen.

Los asesinatos se han sextuplicado en cinco años, pero intentan convencernos de que acaecen solo entre bandidos, cuando a diario matan, secuestran y extorsionan a personas inocentes , hay incluso conductores escopolaminados en plena revisión vehicular.

Mientras más se eleva el perfil del delito, más rápida parece la respuesta; pero, por cada caso sonado, decenas quedan en la impunidad aupados por el silencio que reco-

miendan las autoridades.

Las calles se llenan de agentes en feriados y fin de mes, asoman en cada esquina, multando por contravenciones menores; en las noches, las calles se quedan vacías.

Desesperada, la ciudadanía reclama seguridad y denuncia zonas en franco abandono. Los gobiernos, nacional y seccionales, la Asamblea, los jueces y fiscales se culpan entre ellos y, de paso, al Consejo de la Judicatura, al de Participación y a quienes votaron por el ‘No’.

Pretender casa afuera que la crisis no es “tan grave” incrementa la sensación de inseguridad y desamparo. Así como el Gobierno transparenta sus cifras económicas y renueva su política de comunicación, debe hacer lo propio en materia de seguridad.

Ecuador desciende hacia la violencia que, hace un par de décadas y tras crisis parecidas, vivieron las ciudades mexicanas y brasileñas. Quizá aún se puede evitar.

En algunos sectores políticos de la Asamblea Nacional se insiste en la necesidad de destituir al presidente Guillermo Lasso, para lo que se debe aplicar el numeral 2 del artículo 130 de la Constitución que se refiere a la existencia de una grave crisis política y conmoción interna con violaciones a los derechos constitucionales.

Existe una permanente crisis institucional labrada por su desprestigio, pues muy pocas instituciones gozan de alguna confianza. El Presidente de la República, según encuestas, alcanzaría solo un 17% de credibilidad y la Asamblea Nacional apenas tendría un 4% de aceptación. Algunos analistas hablan de las acciones e inacciones gubernamentales que han conducido a la opinión pública a una baja credibilidad en el Gobierno Nacional y en los asambleístas que son tildados, con algunas excepciones, como mediocres y oportunistas.

Para destituir al Presidente, los asambleístas deben presentar un documento que contenga por lo menos 92 votos o firmas de respaldo, pero esto solo es el principio, pues el trámite es largo y engorroso porque, inclusive, debe ser la Corte Constitucional la que permita la continuidad del proceso de destitución.

También se puede optar por la muerte cruzada que consta en el artículo 148 de la Constitución que autoriza al Presidente de la República a disolver la Asamblea Nacional por arrogación de funciones o si obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o grave crisis política y conmoción interna.

El artículo 130 de la Constitución se refiere a la destitución del mandatario y el 148 a la disolución de la Asamblea. En cualquier caso, la crisis golpeará con fuerza a la debilitada economía de la que el pueblo es la víctima que soporta en silencio y con estoicidad, hasta que decida cambiar la historia.

se les viene en gana: asaltan, roban, matan, violan, secuestran, etc. Obviamente, ellos sí pueden portar armas en tanto los más vulnerables les está prohibido usarlas en defensa legítima de sus vidas y de sus bienes, por culpa de asambleístas está siendo masacrada y ultrajada la población; no es justo que el ladrón ingrese a un establecimiento el que con tanto sacrificio mantiene y se les lleve todas sus pertenencias e inclusive hasta la vida.

Al menos permitan portar un arma para utilizar en legítima defensa; sin que tenga que ir a la cárcel quien actúa en estricta defensa; les aseguro que los delincuentes se abstendrían de ingresar confiados, sabiendo que podrían recibir una contundente respuesta de sus propietarios.

Lo asombroso de estas autoridades que se convierten en impasibles espectadores, solo defendiendo sus puestos, haciendo el show mediático en beneficio de ellos mismos sin preocuparse de la mayoría de a pie que no sabe a quién gritar para que frenen tantos abusos y extorsiones. Pues deben legalizar el porte de arma cuando el ciudadano se sienta amenazado por la delincuencia común. Es el pueblo que está pasando una tragedia y un miedo que se convierte en una conmoción desesperada sin que nadie escuche el clamor de aquel pueblo vulnerable e indefenso.

Con esta prerrogativa legal en favor de los ofendidos, los delincuentes no se atreverían a abusar de los negocios, ni domicilios, ni de las fincas, etc. Por favor ayuden a los que están en desigualdad de condiciones no sean inicuos ; debo recordarles, que la inacción es perversión y sería un delito por omisión; es más dejar matar, y robar y extorsionar como lo están haciendo sin que ustedes hagan algo para impedirlo sería un crimen de lesa humanidad ¡Por Dios! hagan algo. Hasta que estos sordos escuchen el grito desesperado de los ecuatorianos. Que Dios nos ampare.