Entre un Gobierno testarudo y un Consejo de la Judicatura gremialista

La falta de cooperación entre las instituciones del Estado y la facilidad con la que cada una de estas fabrica excusas y evade responsabilidades obstaculizan el combate a la delincuencia. Hay un cruce generalizado de acusaciones: la Policía — bajo el mando del Ejecutivo— culpa a los jueces; los jueces culpan a la Fiscalía; la Fiscalía culpa al Consejo de la Judicatura; y, para cerrar el círculo, el Consejo de la Judicatura culpa al Ministerio de Economía. Todos tienen algo de razón, pero ante una crisis generalizada y sistémica, lo correcto sería buscar soluciones consensuadas que involucren a todas las partes. Hay pocos temas en los que convergemos todos los ecuatorianos; la seguridad es uno de ellos, quizá incluso el mayor. Cualquier iniciativa honesta que busque devolver la paz al país contará con amplio apoyo popular. Debemos rechazar las excusas políticas que dificultan la lucha contra el crimen; más aún, aquellas que rayan en la terquedad ideológica, como la excesiva fijación con la austeridad que profesa el Ejecutivo— o el excesivo celo gremial a costa del resto de la población —como el que exhibe la mayoría imperante en el Consejo de la Judicatura—.

En esta crisis de seguridad y a las puertas del proceso de evaluación, selección y nombramiento de fiscales, una pugna entre el Consejo de la Judicatura y el Gobierno es absolutamente innecesaria. En su lugar, es momento de ceder un poco y construir acuerdos. Quizá asuman la responsabilidad de liderar con el ejemplo.

Como médicos inexpertos

Sociólogos y psicólogos han demostrado que cuando los egocentristas actúan bajo presión o amenazas, generalmente se obnubilan y pueden volverse peligrosos y reaccionan intensificando conflictos o abriéndose nuevos frentes. Esto se considera un egocentrismo tóxico.

Cuando un jefe de pandilla, cartel, o empresa electoral, considera que su honor ha sido lastimado, siente también que su narcisismo está siendo criticado. Quienes actúan de esta forma, lo hacen cargados de soberbia, sobredimensionando sus capacidades y así pronto dejan de tener éxito y se ubicarán en un rincón histórico olvidado. Este gobierno que por sus propias fallas ha ido perdiendo apoyo popular, debe observarse en el espejo de la vergüenza, cuando el pueblo ya no aspira ni siquiera a lo mínimo, (salud, educación o trabajo digno), lo que quiere es “seguridad” para seguir viviendo. La testarudez de mantener funcionarios en ministerios y mandos medios, con burócratas que arrastran un pasado de catorce años de abusos y arbitrariedades premiadas con impunidad, han hecho que se consolide el: “aquí no pasa nada” en una tierra “sin Dios ni ley”.

El actual y más agobiante problema nacional es la “inseguridad ciudadana” y la cantidad de asesinatos, sicariatos, chantajes, robos, secuestros, femicidios, extorsiones, etc., cometidos a toda hora por la delincuencia común, que se junta con los pactos de impunidad e inmunidad en favor de la delincuencia organizada de cuello blanco, que no ha sido investigada y juzgada como se ofreció.

Están actuando “cual médicos inexpertos”, aquellos que incluso bien preparados y habiendo llegado a un diagnóstico, no se atreven a operar, porque no tienen la aptitud, ni la actitud para eso, porque les tiembla la mano, o porque hay temor de aceptar y responsabilizarse de los errores cometidos, para recién ahí, tratar de buscar la terapéutica adecuada.

cho a la propiedad legal de un arma en determinado lugar, ya sea este su domicilio o sitio de trabajo, para lo cual se requiere autorización del Estado; el porte de armas en cambio consiste en llevar consigo o a su alcance un arma con la autorización correspondiente. De no tener el permiso estará adecuando su conducta a un tipo penal.

Con la autorización gubernamental de porte de armas se ha dividido al Ecuador en dos grupos: uno a favor, que sostie- ne que es una forma disuasiva de control de la inseguridad, así como una manera de repeler los ataques de los delincuentes, y como apoyo al Estado; el otro grupo considera que armar a la población provocará una guerra sangrienta y que el decreto es una delegación estatal a la sociedad civil para que se “defienda como pueda”.

Es cierto que no es libre porte de armas, sino más bien regulado, cumpliendo requisitos que servirán para obtener los permisos, los cuales se extenderán a personas naturales que reúnan condiciones normales dentro de los límites de legalidad; pero en nuestro país, lleno de funcionarios públicos corruptos, se encontrará el modo de obtener dichos permisos de manera ilegal (hecha la ley, hecha la trampa).

Pienso que armar al pueblo no soluciona el problema de inseguridad y violencia; que mejor sería fortalecer a nuestra fuerza pública que es la llamada a defender el orden y la seguridad con buen armamento y capacitación. Entendamos que la sociedad civil no está preparada para el uso correcto de armas; pues nuestras leyes mal redactadas están enviando a la cárcel a las víctimas. Estoy seguro de que los delincuentes incluso robarían el arma a los civiles.

Tener y portar un arma en el hogar es un latente peligro intrafamiliar. Los más beneficiados serán los vendedores de armas y los propios delincuentes.