Salud mental antes que armas l juicio político, luego del dictamen por mayoría de magistrados de la Corte Constitucional, parece el próximo capítulo del accidentado y controversial Gobierno del presidente Guillermo Lasso, quien ha calificado de “patrañas” las acusaciones en su contra. Para sus proponentes, es la solución a todos los males que a ellos les aquejan, casi como por arte de magia.T

Los escritos de los colaboradores solo comprometen a sus autores y no reflejan el pensamiento del medio, que se expresa en su Editorial. Luis iNt R iAG o Lu NA luisintriagoluna@hotmail.com Infamia ras el anuncio del Gobierno de eliminar algunos obstáculos para la tenencia y porte de armas de fuego, el debate sobre la seguridad parece haber perdido momentáneamente el norte. El crimen y la paz social no son cuestión de tecnología ni de infraestructura; las armas en manos de la ciudadanía no bastan para traer de vuelta la calma, pero tampoco es que la violencia en las calles se deba únicamente a los nuevos arsenales del hampa. El verdadero problema es que el país, de un tiempo acá, se llenó de personas dispuestas a matar y eso —un asunto moral y de salud mental, con profundas raíces socioeconómicas— no se cambia con más o menos armas. Somos una sociedad profundamente violenta. La agresividad es omnipresente: desde las relaciones intrafamiliares y de pareja, hasta el deporte y el entreteni-miento, pasando por la política, el tráfico y la vida pública en su conjunto. La violencia es el nuevo idioma que cada vez más ciudadanos hablan y que, por lo tanto, el resto también tiene que aprender a dominar. ¿Cómo evitar que las armas abonen a ese proceso?

Algunos ciudadanos —principalmente sobrevivientes de la violencia o personas en situación vulnerable— encontrarán una legítima sensación de seguridad y confianza en la tenencia legal de un arma. Pero de nada servirá a la larga si es que el Estado no es lo suficientemente cuidadoso al otorgar permisos y, sobre todo, si no invierte en sanar la salud mental del país . Educación, familia, comunidad, cultura, asistencia psicológica, un sistema eficaz de rehabilitación; son temas menos polémicos y llamativos, pero mucho más importantes.

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El Ministerio de Educación trata al docente como si fuera el enemigo número uno de la educación; siendo los formadores por ex- celencia de todos los seres humanos, los discrimina pagando sueldos miserables que jamás se comparan con el sacrificio de su preparación académica y el permanente camino de la investigación para actualizar los conocimientos, acordes con la constante demanda de la innovación en el desarrollo educativo.

El filósofo decía: siempre en la educación del ciudadano hubo la presencia del maestro y un libro ¿por qué entonces tratamos al maestro ecuatoriano como la última rueda del coche? Les proponen que estudien 5 años para maestros en la universidad y luego los someten a concursos de oposición; cuando estos ya fueron formados para docentes en las diferentes especialidades.

Todo aquello es un absurdo, pues no habría otra forma de mejorar la pedagogía y la didáctica que abriendo el camino para ingresar sin más trabas al magisterio y permitir que los maestros practiquen con evaluaciones permanentes; por supuesto, es la única forma de perfeccionar al maestro y lograr la excelencia educativa.

La peor de las injusticias es en los nombramientos, los tratan como enemigos: primero no es la neta verdad que todos los que han aprobado los exámenes de mérito y oposición llegan a ser docentes, pues evidentemente estos entrarían después de “los listados de los ahijados y recomendados” que son por miles, lo peor de este enjambre de problemas , es que contradictoriamente los mandan a que eduquen niños, pero los tratan de separar a cientos de kilómetros de la familia, lo cual nos parece una infamia; cambiar a la maestras

La Corte Constitucional declaró que se determinó la admisibilidad parcial para el enjuiciamiento del Presidente por el cometimiento de peculado “que sí se enmarca dentro de los presupuestos de admisibilidad de la ley”, porque la Asamblea sí habría “respetado los principios de legitimidad política y del debido proceso”, aclaración muy importante porque en la Asamblea no siempre se respetan estos elementales principios.

Con la decisión de la CC se debilita más el presidente Lasso, que bien podría ser defenestrado por la Asamblea Nacional, pero tiene un último recurso: activar la muerte cruzada que le faculta disolver a la Asamblea. Si eso llegara a ocurrir solo podría gobernar por seis meses mediante decretos que deben ser conocidos y aprobados o vetados por la CC.

La Conaie y otras organizaciones de trabajadores exigen la renuncia del presidente Lasso. Para la asambleísta Viviana Veloz, el presidente Lasso ha perdido la confianza del pueblo por lo que es necesario que termine con su mandato. Dijo que es indispensable “Deshacerse de la corrupción, de un mal Presidente, no solo es una obligación política, es un imperativo ético y moral”. Este país no debe caer en el andamiaje de Estado fallido.