Denuncian intento de despojo de tierras en comunidades de Otavalo

Según la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, más de 200 familias de ocho comunidades de Imbabura y Pichincha estarían afectadas.

IMBABURA.- Representantes de las comunas de Selva Alegre y Quichinche, pertenecientes a Otavalo, en la provincia de Imbabura, así como en San José de Minas, en Pichincha, denuncian a la compañía Rainforest de Ecuador (RFEE) por una supuesta amenaza de despojo de sus tierras, según informó la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea).

En el comunicado ‘Empresas piratas de carbono pretenden despojar a comunidades campesinas de su derecho a la tierra’, emitido la última semana de mayo, Aldea señala que las zonas afectadas exigen la anulación de una “escritura fraudulenta” de las empresas Ucpein-RFEE, donde alertan a los gobiernos locales para que “no permitan su registro”.

Según el informe de Aldea, serían 200 familias de ocho comunidades las que estarían afectadas.

Denuncia

Relatan que en 2005, la compañía Ucpein S.A. adquirió una propiedad de 80 hectáreas en Selva Alegre, apuntando a que aparentemente se inscribió “una escritura fraudulenta ‘ampliatoria y aclaratoria’” que supuestamente “modifica enormemente la extensión de una propiedad, pasando de aproximadamente 100 a 9.190 hectáreas”.

“Con esta escritura fraudulenta la empresa pretendió despojar a propietarios y propietarias locales (por lo menos 162 predios), quienes cuentan en su mayoría con escrituras legalizadas e inscritas en los registros de propiedad” de Otavalo y Quito, indicó Aldea.

En el comunicado se apunta que la empresa supuestamente ha perjudicado a las comunidades y al Estado ecuatoriano, “con base en esta falsa ‘escritura’, la em- presa cobró más de 150.000 dólares de dinero público del Programa Socio Bosque entre 2009 – 2014”. Añade que, en 2020, RFEE “compró” la propiedad a pesar de haber sido advertida de estos problemas.

A criterio de Aldea, RFEE presuntamente ha iniciado “una campaña de criminalización, acusando a las familias comuneras de ‘invasoras’ y ‘secuestradoras’, persiguiendo a las personas defensoras de las comunidades e impulsando el desprestigio mediático y judicial a sus legítimos propietarios”.

‘Piratas de carbono’

Según Aldea, el caso de Uc- pein S.A. y RFEE ocurre en el contexto de un “mal manejo de los mercados de carbono”, que son elementos clave en la lucha contra la crisis climática.

Sin embargo, la atracción de inversión extranjera sin una adecuada regulación abre la puerta al acaparamiento de tierras por las denominadas “empresas piratas del carbono”, en perjuicio de personas y comunidades campesinas, e inclusive del Estado, reza el escrito.

De acuerdo a Racheal Knight, experta internacional, la corrupción de tierras, “a pesar de ser abusos severos de derechos humanos, quedan usualmente impu - nes”.

Selva Alegre y Quichinche son regiones rurales ubicadas en la provincia de Imbabura, dentro del cantón Otavalo.

Cristian Nogales, expresidente del Gobierno Parroquial de Selva Alegre, señaló que “las estrategias de acaparamiento de tierras no serían posibles sin la complicidad y corrupción de funcionarios de las instancias locales ”, indica el escrito.

Los comuneros afectados resaltan que se mantendrán en resistencia frente a lo que consideran despojos y hacen un llamamiento a unir esfuerzos en la sociedad civil, academia, medios de comunicación y políticas públicas “para impedir la corrupción de tierras por parte de las empresas piratas de carbono”, indica Aldea.

Por ello, según reporta EFE, exigen la anulación de lo que consideran una “escritura falsa de 9.190 hectáreas de Ucpein-RFEE”, así como la alerta de los gobiernos municipales para no permitir el catastro de escrituras supuestamente fraudulentas por parte de “empresas piratas del carbono”, y que no se use de forma “abusiva” el derecho penal contra las personas defensoras de las comunidades, “quienes son criminalizadas sistemáticamente por defender su derecho a la tierra”.

Se extiende plazo para pagar la patente municipal en Ibarra

IBARRA. - Hasta septiembre y octubre de 2023, de acuerdo al noveno dígito del RUC, se extendió el pago de la patente municipal en el cantón Ibarra, capital de la provincia de Imbabura.

Desde la Alcaldía se anunció que, de acuerdo a la ordenanza aditiva que reglamenta la administración municipal en el cantón, todos los contribuyentes que mantienen actividades económicas están obligados a pagar este rubro anualmente, entre los meses de mayo y abril.

Sin embargo, en este caso y únicamente hasta el año 2023, se ampliarán los plazos hasta el mes de septiembre para personas naturales y octubre a personas jurídicas , de acuerdo a un cronograma (ver recuadro).

Susana Rosero, responsable de la Unidad de Rentas Municipales, explicó que las personas que recién inician su negocio o establecimiento, tienen 30

El Dato

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días para cancelar esta tasa, donde el incumplimiento tendrá sanciones que se establecen en la misma ordenanza, mientras que los negocios establecidos lo deben hacer una vez al año.

Para cumplir el trámite, pueden acercarse a

Cronograma para personas naturales Cronograma para personas jurídicas las ventanillas de Rentas Municipales y registrar la documentación para el pago posterior, a través de Recau- daciones. El horario de atención es de lunes a viernes, de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.