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Hacer periodismo hoy: entre atentados y descalificaciones

Conforme el país avanza por el espiral descendente de la violencia y la convulsión política se profundiza, la prensa libre e independiente aún es un actor incómodo para muchos. Los atentados contra varios medios de comunicación son el más reciente episodio de una larga saga de violencia contra el periodismo que el Estado observa incólume. Periodistas asesinados impunemente, víctimas de femicidio, agresiones de parte de manifestantes, insultos y descalificaciones provenientes de actores de diferentes sectores del espectro político; atacar a la prensa es fácil, políticamente rentable y, en nuestro medio, implica poco riesgo y bajo costo. Si este fenómeno no se detiene y los periodistas ecuatorianos se ven abocados a una situación similar a la de colegas de otros países de la región hundidos en narcoguerras y polarización, quien pagará el más alto precio será nuestra democracia. Sin libertad de producir y consumir información en un clima de seguridad, no puede existir verdadera ciudadanía.

Todavía sigue pendiente el sistema de protección a periodistas que se discute hace cinco años. Igualmente, aún se aguarda el esclarecimiento de tantas muertes trágicas —desde el propio Fausto Valdiviezo y el equipo periodístico asesinado en Tumaco, hasta el de Gerardo Olmedo—. Mientras, las fuerzas políticas del país, especialmente el Gobierno, podrían desde ya dar un ejemplo de cordura: cesar sus acusaciones infundadas y ataques verbales contra el periodismo y dejar de azuzar la animosidad de sus masas militantes contra la prensa.

La OEA en crisis

La Organización de Estados Americanos —OEA— fue fundada en 1948 para alcanzar un orden de paz y de justicia, fomentar la solidaridad y la igualdad, pero al llegar al 2023 padece de una profunda crisis económica, ética y estructural de impredecibles consecuencias. En la actualidad, la OEA se integra con 35 Estados libres, soberanos e independientes y se esperaba que fuera un espacio de diálogo, conocimiento e integración de nuestros pueblos, siempre que el imperio yanqui lo permitiera.

En el Consejo Permanente de la OEA, el Secretario de Administración y Finanzas, Jay Anania, al referirse a la presente realidad, manifestó que la situación económica de la OEA padecía de “una crisis estructural de largo alcance”, como consecuencia de la desastrosa actuación del secretario general, el uruguayo Luis Almagro, que será sometido a una rigurosa investigación externa para “determinar si incurrió en una supuesta ‘conducta indebida’”, en su relación sentimental con una alta funcionaria del organismo.

Lo grave de esa actuación está en el uso de recursos económicos de la OEA para mantener su relación. Almagro habría hecho 34 viajes al exterior con recursos de la organización. En 32 de ellos, habría llevado a su amiga con gastos pagados, es decir con los recursos de los pueblos que aportan a la OEA para mantenerla activa y que cumpla con sus objetivos que, además, son manipulados por Estados Unidos para ejercer su dominio.

El presupuesto de la OEA es para Almagro y sus relaciones. No existe un ajuste presupuestario debido a la inflación y la cantidad de sueldos que debe pagar. La crisis es inobjetable, por lo que se espera que esa OEA que sirve a los intereses geopolíticos-económicos de Estados Unidos, desaparezca, para reemplazarla por la CELAC.

co del Banco Interamericano de Desarrollo, ha investigado exhaustivamente cómo la confianza o la desconfianza afectan a las políticas públicas, las reformas y la ruta para el cambio en los países. Sus estudios recogen que solo una de cada diez personas de la región considera que se puede confiar en los demás Menos de una de cada tres personas confía en su gobierno, y los números descienden notablemente cuando se trata de instituciones como el Parlamento y los partidos políticos.

Si aterrizamos esto al contexto ecuatoriano, no cabe duda de que los ciudadanos coinciden en el deseo de contar con mejores condiciones de vida. Es lamentable que, incluso cuando las empresas y las personas actúan de forma honesta y los gobiernos hacen las cosas bien, la población continúa en desconfianza. En salud por ejemplo, es necesario que las personas confíen en sus médicos y sigan sus recomendaciones. En seguridad, la reducción de la delincuencia requiere, entre muchas otras medidas, confianza en la Policía y en las instituciones de justicia para denunciar el cometimiento de un delito. Finalmente, todas las políticas públicas sin excepción dependen de que los ciudadanos contribuyentes confíen en que su gobierno utilizará los recursos públicos de forma eficiente, caso contrario, evitarán pagar impuestos, pues no tienen elementos que indiquen que ha mejorado la calidad de vida de la gente. Es imperativo revertir esto y los gobernantes deben intentar recuperar la confianza de sus mandantes. Si bien la construcción de confianza pública es compleja y no hay un botón mágico para activarla, se debe considerar entre las medidas la eficiencia en el gasto público, servicios óptimos y una campaña poderosa que difunda y transparente hacia dónde va el dinero de los ecuatorianos y cada una de las promesas cumplidas por el Gobierno Nacional. La confianza es la base de la cohesión social. El camino para recuperarla es largo e intergeneracional.

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