Tapar el sol con un dedo

Los ecuatorianos tenemos miedo. Sin embargo, distintas instancias del Estado intentan convencernos de que estamos equivocados.

Una y otra vez, nos recuerdan los cientos de toneladas de cocaína que se han incautado en los últimos dos años y que la ola de violencia es la consecuencia . Sin embargo, esas incautaciones —que suman apoyo internacional y suben el precio de la droga en terceros países— poco ayudan a la inmensa mayoría que vive bajo la tiranía del crimen.

Los asesinatos se han sex tuplicado en cinco años, pero intentan convencernos de que acaecen solo entre bandidos, cuando a diario matan, secuestran y extorsionan a personas inocentes , hay incluso conductores escopolaminados en plena revisión vehicular.

Mientras más se eleva el perfil del delito, más rápida parece la respuesta; pero, por cada caso sonado, decenas quedan en la impunidad aupados por el silencio que reco-

miendan las autoridades.

Las calles se llenan de agentes en feriados y fin de mes, asoman en cada esquina, multando por contravenciones menores; en las noches, las calles se quedan vacías.

Desesperada, la ciudadanía reclama seguridad y denuncia zonas en franco abandono. Los gobiernos, nacional y seccionales, la Asamblea, los jueces y fiscales se culpan entre ellos y, de paso, al Consejo de la Judicatura, al de Participación y a quienes votaron por el ‘No’.

Pretender casa afuera que la crisis no es “tan grave” incrementa la sensación de inseguridad y desamparo. Así como el Gobierno transparenta sus cifras económicas y renueva su política de comunicación, debe hacer lo propio en materia de seguridad.

Ecuador desciende hacia la violencia que, hace un par de décadas y tras crisis parecidas, vivieron las ciudades mexicanas y brasileñas. Quizá aún se puede evitar.

En algunos sectores políticos de la Asamblea Nacional se insiste en la necesidad de destituir al presidente Guillermo Lasso, para lo que se debe aplicar el numeral 2 del artículo 130 de la Constitución que se refiere a la existencia de una grave crisis política y conmoción interna con violaciones a los derechos constitucionales.

Existe una permanente crisis institucional labrada por su desprestigio, pues muy pocas instituciones gozan de alguna confianza. El Presidente de la República, según encuestas, alcanzaría solo un 17% de credibilidad y la Asamblea Nacional apenas tendría un 4% de aceptación. Algunos analistas hablan de las acciones e inacciones gubernamentales que han conducido a la opinión pública a una baja credibilidad en el Gobierno Nacional y en los asambleístas que son tildados, con algunas excepciones, como mediocres y oportunistas.

Para destituir al Presidente, los asambleístas deben presentar un documento que contenga por lo menos 92 votos o firmas de respaldo, pero esto solo es el principio, pues el trámite es largo y engorroso porque, inclusive, debe ser la Corte Constitucional la que permita la continuidad del proceso de destitución.

También se puede optar por la muerte cruzada que consta en el artículo 148 de la Constitución que autoriza al Presidente de la República a disolver la Asamblea Nacional por arrogación de funciones o si obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o grave crisis política y conmoción interna.

El artículo 130 de la Constitución se refiere a la destitución del mandatario y el 148 a la disolución de la Asamblea. En cualquier caso, la crisis golpeará con fuerza a la debilitada economía de la que el pueblo es la víctima que soporta en silencio y con estoicidad, hasta que decida cambiar la historia.

Paupérrima la gestión; por ejemplo, de la revisión vehicular que fue ejecutada haciendo perder tiempo y paciencia a miles de usuarios, quienes además de no poder tomar turnos tuvieron que enfrentarse a multas por el atraso. Este vía crucis con la nueva gestión debe cesar. Hay que encontrar maneras más amigables para que los ciudadanos puedan cumplir con este requisito que, además, es una tomadura de pelo pues los carros en mal estado o que contaminan igual siguen circulando.

Siempre con respeto a la

Agencia Metropolitana de Tránsito, también hay que revolucionar y replantear el rol de los agentes. Esta entidad nació como una institución, pero con el tiempo se ha convertido en la enésima acusada, por muchos automovilistas, de ineficiente y hasta corrupta. La gente, en lugar de buscar la ayuda de los agentes, huye de ellos. Una pena, puesto que esta generalización es injusta con las y los muy buenos elementos que la componen y que realmente ayudan a los automovilistas. A todo esto debemos añadir las dificultades e incomodidades causadas por el tráfico; el nuevo Alcalde deberá utilizar mucha imaginación y copiar de otras ciudades formas de solventar este grave problema. Hay que pensar en alternativas y más infraestructura; hay proyectos e ideas, pero nunca hay la voluntad política de implementarlas.

El Metro no debe ser visto como la solución a los problemas de la congestión, sino como el primer paso hacia la reconquista de la ciudad por parte de los peatones. Y, por último, volvamos a dar una mirada al turismo de la capital de la República, que se encuentra muy mal. Hace falta una persona que sepa de turismo y conozca la ciudad y el país en general. Quito tiene potencial de sobra y es absurdo ver como el centro y otros lugares emblemáticos de la ciudad han sido entregados al degrado y a la delincuencia.

El equipo de Pabel Muñoz debe ser un equipo de personas capaces, enamoradas y expertas en los temas municipales, pues de improvisados y aprovechados ya estamos cansados.