Crecer primero para tributar después

El sistema tributario ecuatoriano, tradicionalmente, tiene un solo propósito: extraer cuantos recursos sea posible para alimentar a un Estado eternamente hambriento. Bajo esa óptica, la autoridad exprime a empresas y personas de forma constante, pero siempre con cuidado de no destruirlas definitivamente, para no secar la fuente. Es una situación más propia de la agricultura o de la ‘vaca lechera’: saber extraer cuanto sea posible, pero sin agotar.

El entorno legal ecuatoriano está diseñado para aquellos negocios ya consolidados, suficientemente competitivos, rentables y capaces de sobrevivir a semejante carga impositiva; para empresas nacientes, resulta fatal. Además de las dificultades intrínsecas que se derivan de un mercado pequeño y del riesgo de aventurarse con un nuevo pro- ducto o servicio, los emprendedores deben, con el régimen tributario actual, afrontar un costo de operación prohibitivo.

Por ello, la Cámara de Comercio de Quito acaba de incluir, entre sus propuestas concretas para la reforma tributaria, exonerar del impuesto a la renta a las nuevas micro y pequeñas empresas durante los primeros 5 años de actividad. Sugiere también incentivos a la reinversión y a la generación de nuevo empleo. Esto permitiría a las nuevas iniciativas fortalecerse y lograr escala, para luego, ya establecidas, generar trabajo, rentabilidad e ingresos fiscales. Se trata de reformas necesarias y oportunas que requieren pensar al régimen tributario como un sistema de estímulos para enrumbar la economía, no como una herramienta de extracción de recursos.

Terrorismo

Desafortunadamente, el Gobierno Nacional llama terrorismo a cualquier acto delincuencial, sin analizar que la palabra implica la siembra del terror entre la población civil por parte de organizaciones o grupos de diferentes ideologías, para promocionar y alcanzar objetivos políticos, sociales o económicos.

El terrorismo se caracteriza por la sistemática forma del ejercicio de la violencia que es ejecutada como una metodología o táctica planificada para atemorizar a sectores sociales diversos, para, finalmente, imponer tesis, prácticas o usos de mando y de gobierno. Cuando el miedo se impone, los grupos humanos se tornan débiles y obedientes.

El terrorismo no es patrimonio de personas o grupos, pero ha sido usado de manera indiscriminada en política o economía para manipular a las masas y alcanzar el poder, para, desde la cumbre, gobernar a los pueblos que, por temor, se tornan sumisos al enterrar la rebeldía con la que nace el ser humano.

Si el terrorismo se impone desde el ejercicio del poder, se trata de un terrorismo de Estado como el que practicó el fascismo tanto en Europa con Hitler o Franco, o como ocurrió en América Latina con Pinochet en Chile o Videla en Argentina. En cualquier caso, la palabra tiene fuertes connotaciones políticas a más de semánticas, pero usado irresponsablemente para calificar de terroristas a opositores de un Gobierno es en sí, una aberración mental. El terrorismo es sistemático al pretender dominar a los pueblos desde el uso del miedo mediante actos públicos que impone un G obierno o autoridad. Siempre merecerá el rechazo total por su violenta irracionalidad. En estos tiempos de tan elevado desarrollo de los medios de comunicación social, recurrir al terrorismo físico o verbal es una ofensa a la inteligencia popular.

ta de una nueva Constitución para las y los chilenos. Se trata del Partido Republicano, organización liderada por el excandidato presidencial José Antonio Kast, que ha defendido la vigencia de la Constitución actual — que data de 1980, en la dictadura de Augusto Pinochet—. El político de derecha evidencia músculo político desde que resultó el candidato más votado en la primera vuelta presidencial de 2021, aunque fue derrotado por el actual presidente Gabriel Boric en el balotaje.

Los resultados llaman la atención, pues la victoria del Partido Republicano crea una paradoja importante en el tablero político chileno: si bien la redacción de una nueva Constitución ha sido impulsada por la agenda de izquierda, hoy la decisión sobre los textos y contenidos se encuentra en manos de la derecha, con una cómoda mayoría en el quórum del Consejo Constitucional. El Gobierno chileno deberá enfrentarse a que la propuesta de la nueva Carta Fundamental —y sus elementos como la consolidación de un Estado social y de derechos, plurinacionalidad, seguridad, sistema político y poder judicial—, se definan bajo el control de otra ideología. En política nada está dicho y en buena medida los resultados del domingo muestran que los votantes esperan acciones más que palabras y hacia allá debe dirigirse el compromiso del Consejo Constitucional que se instalará en pocos días. Existen temas de fondo, como el modelo educativo, sistema de pensiones, desarrollo productivo, inmigración, que al igual que en toda latinoamérica deben ser debatidos y no pueden ser postergados ni un día más. Es necesario entonces generar condiciones y clima de acuerdos para que el resultado de ese esfuerzo político, se convierta en una verdadera opción para el modelo de Estado que buscan y necesitan los hermanos chilenos.