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Loja - Zamora
JUEVES 11 DE ENERO DE 2024
El terrorismo paraliza la nación La arremetida del narcoterrorismo deja al país con una gran tarea pendiente: regresar a la normalidad. Ayer, varias ciudades del país se mostraron desoladas. Las consecuencias para Ecuador pueden ser devastadoras si la ciudadanía no pasa a una acción en conjunto. 6
CIUDAD
CIUDAD
CIUDAD
Preocupación en el sector productivo por la inseguridad del país 3
Operativos brindan seguridad a la provincia 3
Prisión para terroristas que causan pánico 5
Medio de comunicación liberal, laico, agnóstico e inclusivo. Respetuoso y defensor de los Derechos Humanos, el Estado de Derecho y la Democracia.
SOFÍA CORDERO PONCE
sofia.cordero@iaen.edu.ec
La reacción esperada
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l caso Metástasis confirmó todo aquello que temíamos sobre los alcances de la narcopolítica, que se constituye como un complejo entramado de relaciones entre jueces, abogados, fiscales, funcionarios y actores políticos. No podíamos esperar que el crimen organizado permaneciera pasivo frente a tal revelación, y así fue como de manera violenta, la noche del 8 de enero empezó su reacción con una serie de atentados cuyo objetivo es generar pánico en la gente y demostrar su fuerza frente al Estado. El reconocimiento de la existencia de un conflicto armado interno en el Decreto 111 emitido por el presidente Daniel Noboa abre un escenario inédito en el país, en el que, por primera vez, los grupos del crimen organizado se convierten en objetivo militar y las Fuerzas Armadas asumen un rol central en el que sus decisiones y estrategias definirán el destino de los acontecimientos. La guerra a la que nos vemos abocados exige unidad contra el enemigo. La primera reacción y la más evidente, ha sido un sentimiento generalizado de solidaridad con las Fuerzas Armadas, lo que nos remite a una experiencia histórica en la que, a diferencia de otros países de la región, estas se han mantenido junto al pueblo en las situaciones más críticas. Este sentimiento casi natural de unidad, no se replica entre la clase política, a pesar de las declaraciones del secretario de comunicación, Roberto Izurieta, para quien el Ecuador vive, por primera vez en 35 años, un momento de unidad y quien afirma que “el enemigo no está en la política”. Sorprende la seguridad con la que se refiere a que, en más de 40 años, las fuerzas legislativas no se han unido como lo han hecho para esta causa. Una vez evidenciados los vínculos entre el crimen organizado y la política, hablar de unidad entre fuerzas legislativas parece ser más un riesgo que un beneficio. Nuestro Estado ha sido penetrado por fuerzas políticas que defienden intereses del crimen organizado y, por tanto, la criminalidad que ha estallado en las calles, está presente, aunque con distintas estrategias, en las instituciones. Cabe decirle al Gobierno en voz muy alta, que el enemigo hoy, sí está en la política. VICENTE MALDONADO QUEZADA
maldonadopaul1967@gmail.com
La Paz Social
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l concepto de paz, ha evolucionado desde muchos años atrás. No solo es ausencia de conflictos, sino es un fin, un propósito, un objetivo imprescindible para ejercer y disfrutar de los derechos sociales. Es sinónimo de promoción y respeto a los derechos funda-
Directora Nacional Gabriela Vivanco Salvador Editor General: Jean Cano Editora Regional: Mishelle Calva Jiménez Publicidad: loja@lahora.com.ec Año: XXVIII
Los escritos de los colaboradores solo comprometen a sus autores y no reflejan el pensamiento del medio, que se expresa en su Editorial.
OPINIÓN 02 O LOJA JUEVES 11/ENERO/2024
ANDRÉS OJEDA SOTOMAYOR
EDITORIAL
afojedasotomayor@gmail.com
Estigmatizar al periodismo no es la solución L
Consulta Popular 2024
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o se puede permitir que la situación de conflicto armado interno se use como pretexto para silenciar a los medios de comunicación. Ayer, en sus primeras declaraciones tras una jornada de terror que sumió a la ciudadanía en la incertidumbre, el presidente Daniel Noboa acusó a un canal de televisión de “espectacularizar” la dramática toma de rehenes que vivió el país, y afirmó, amenazadoramente, que se “debería investigar”. Resulta inaudito que en lugar de responsabilizar por la zozobra a los criminales o a las instituciones estatales encargadas de mantener el orden, se culpe a los periodistas por informar sobre lo que sucedía. Las muestras de animosidad hacia la libertad de información comienzan a proliferar, como si ejercer el periodismo en diferentes lugares del país en un clima de amenaza y extorsión no fuese suficiente calvario. La
mentales que tenemos como miembros de una sociedad. Es un estado de bienestar, armonía, tranquilidad, estabilidad y seguridad, misma que está libre de guerras, conflictos y contratiempos. Es una cualidad deseable universalmente, valorada por todas las sociedades y culturas, a nivel de los pueblos, hogares, en las relaciones interpersonales y en el interior de cada persona. Es la capacidad de una persona en alcanzar una sensación interna de tranquilidad y aceptación. Es un valor que se busca conseguir
irrupción misma de los antisociales en un estudio de televisión estatal es un efecto de las malintencionadas acusaciones que irresponsablemente la clase política ha vertido de forma sostenida contra la prensa. A ello se suman las desafortunadas e inoportunas acusaciones del presidente. Todo ello acaece mientras, desde el Legislativo, el asambleísta Ramiro Vela impulsa una reforma del Código Orgánico Integral Penal para penalizar contenidos publicados en redes sociales y medios digitales. Esa absurda medida solo serviría para amedrentar al periodismo, y estimular al mismo tiempo la calumnia anónima y los ‘trolls’. En este momento es cuando más necesita la ciudadanía información profesional y de calidad. En lugar de estigmatizar, un estadista debe ofrecer seguridad y garantías al periodismo, pues de eso depende la democracia en la que opera.
en todas las relaciones sociales, debido a que permite el fortalecimiento de los vínculos y el desarrollo de sociedades más armónicas y justas. Es la generación de una relación armoniosa que se consigue cuando dos o más entes en conflicto emprenden proyectos juntos y los beneficios de este son repartidos de forma equitativa. La Paz valor único, anhelado y necesario en todo nuestro espacio territorial, no se ha cristalizado y es en la actualidad precaria, debido a las constantes amenazas, producto
de la corrupción y violencias que se están dando en todos los ámbitos. La Paz es una búsqueda permanente, es proceso dinámico no estático, se refiere a la tranquilidad mental de una persona o sociedad llegando hasta el punto de convertirse en un propósito o meta de vida. La paz social es entonces la aspiración personal y social de vivir su propia vida en una atmosfera de libertad, tranquilidad y bienestar razonables que permitan el libre desarrollo de las capacidades de las personas de toda índole. Por medio de
as 10 primeras preguntas de la consulta proponen básicamente que, las Fuerzas Armadas no sean acusados por el uso de la fuerza o por combatir la delincuencia organizada y el terrorismo; que las armas de fuego sean incautadas; que se incrementen las penalizaciones a estos grupos, incluyendo el cumplimiento de toda la condena dentro de las cárceles; y que se fortalezca el control migratorio. La pregunta 11 sobre casinos, se desvía del contexto de la consulta. Si bien estos establecimientos pueden generar fuentes de trabajo, sería para un sector particular de la población, más no aseguraría empleo para todos, ni respaldaría la seguridad ciudadana. A mi parecer, debería sustituirse la pregunta 11 por otras de interés nacional como reformas a la Constitución, reducción de asambleístas, eliminación de sueldos vitalicios a exmandatarios sentenciados, supresión de la ciudadanía universal; y endurecimiento de las penalidades a menores vinculados al terrorismo, grupos paramilitares o imputados por delitos graves. Ecuador no puede ser un país de leyes muertas. Hay normas que no se aplican efectivamente o que deslegitimizan la causa por las que fueron promulgadas. Por tanto, no queda más que defendernos por mandato popular. Los ecuatorianos merecemos que se haga un control de las omisiones del Estado, los abusos de poder y los excesos del sistema judicial. Por 15 años, muchos asuntos de relevancia social han sido descartados por el sistema. Si el Presidente Noboa somete esta consulta al escrutinio del legislativo, la mayoría de oposición votarían en contra. De ganar el sí, la Asamblea deberá ratificar los resultados con inmediatez, e implementar las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Debemos desarrollar un comportamiento popular inteligente que formule criterios razonables, evitando la desinformación y analizando juiciosamente cada pregunta. Esperemos que la Corte Constitucional tome una decisión acertada. Unidos nos levantamos, divididos caemos.
la paz las personas nos podemos sentir a gusto y en armonía y con nuestro entorno. Es un acuerdo tácito que nos permite a todos realizar nuestras actividades sin interferencias de tipo violento, buscando fortalecer vínculos sociales, primando los valores, la justicia y la aceptación. Para poder mantener la paz, es necesaria la práctica de valores como la tolerancia, la solidaridad, la justicia y sobre todo la apertura al diálogo. En síntesis no hay paz, sino existe salud mental, emocional e intelectual.
03 CIUDAD LOJA JUEVES 11/ENERO/2024 I
Loja no reporta mayores inconvenientes durante el estado de excepción Paúl Aguilar, gobernador de la provincia, destacó avances positivos y la formulación de cargos por atentados terroristas.
L
as diferentes instituciones de control en la provincia de Loja continúan dando cumplimiento al Decreto Ejecutivo Nº110 emitido por el presidente de la República Daniel Noboa Azín el pasado 08 de enero de 2023. El trabajo coordinado se viene realizando de manera articulada durante todo el día en varios sectores de alta concurrencia.
Trabajo Paúl Aguilar, gobernador de la Provincia de Loja, valoró como positivo el trabajo que vienen desarrollando durante estos primeros tres días en la provincia. “La Fiscalía ha realizado su trabajo y producto de ello, se han formulado cargos a los responsables de los atentados terroristas que sufrió la ciudad”. Puntualizó que han mantenido diálogos con sectores estratégicos para ejecutar un plan de acción que garantice su funcionamiento sin mayores inconvenientes. “No podemos permitir que nos sometan o nos releguen a nuestros domicilios, vamos a dinamizar la economía como ha venido ocurriendo en el último tiempo”
TRABAJO. Se mantiene el control y la vigilancia en la provincia de Loja.
Resguardo El representante del ejecutivo manifestó que la seguridad está desplegada en en plantas energéticas y de agua potable, con la finalidad de evitar eventualidades que atenten contra el bienestar ciudadano. Además, fortalecen corredores seguros. “Los hechos que ocurrieron a nivel del país
despertaron el sentido de supervivencia y temor. Nuestra provincia no registra mayores novedades”. Fernando Villagómez, director de Seguridad Ciudadana y Control Público del Municipio de Loja, puntualizó que se ha dado cumplimiento a todas las acciones trazadas en la hoja de ruta
por parte de la Mesa de Seguridad. “Durante estos días no se han reportado mayores novedades en el área urbana y rural, a excepción del lunes que tuvimos la aprehensión de varios ciudadanos por explosiones”. Añadió que el martes 09 detectaron la presencia de libadores en barrios y de
ciudadanos que desconocían los decretos vigentes. “Si detectamos un incumplimiento, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas intervienen. Nosotros en caso de que se encuentren realizando una mala utilización del espacio público procedemos a sancionar a través de las diferentes comisarías”.
Incertidumbre en el sector productivo ante la crisis de inseguridad del país Ante el reciente Decreto Ejecutivo Nº110 que declara estado de excepción y toque de queda en el Ecuador por 60 días, diversos sectores productivos en la ciudad y provincia de Loja expresaron su inquietud por las posibles repercusiones en sus giros de negocio. La medida, tomada debido a la grave conmoción interna que vive el país, busca fortalecer la seguridad ciudadana. Diego Lara León, presidente de la Cámara de Industria de Loja, enfatizó que la crisis de inseguridad
impacta significativamente en la dinámica comercial. “Se han cerrado locales comerciales o se trabaja hasta ciertas horas, por otro lado está la complicación de trasladar la mercadería por diferentes zonas donde hay asaltados. Así mismo otros modelos perjudicados son los involucrados dentro del sector turístico”. La Cámara de Industria planea reuniones técnicas con el Gobernador de la Provincia para establecer acciones alineadas con el decreto ejecutivo. Lara destacó la im-
portancia de la movilización conjunta de los estamentos del sector productivo, cadenas de valor y servicios básicos. “Es momento de la unidad nacional para combatir la inseguridad que nos ha afectado económicamente durante ya dos años”. Acciones Subrayó la necesidad de medidas contundentes y estrategias para abordar la situación. “Desde nuestro espacio estamos listos para aportar con nuestras competencias y combatir la inseguridad a
AFECTACIÓN. Sectores productivos de Loja preocupados por los acontecimientos en el país.
través de la generación de empleo”. Agregó que es fundamental promover entre la ciudadanía una cultura de seguridad, y resulta igualmente esencial que las autoridades demuestren una cercanía efectiva con los diversos sectores de la ciudad.
“Durante 40 años, como sociedad, nos hemos enfrentado a varias crisis económicas y sociales. Es momento de la unión de productores, emprendedores, sector comercial e industrial, con el objetivo de seguir contribuyendo a la provincia y al país”.
CIUDAD 04 I LOJA
JUEVES 11/ENERO/2024
GADs parroquiales enfrentan preocupante situación económica
REACCIÓN. Operadores del transporte interprovincial deberán reajustar turnos ante el estado de excepción que decretó el presidente Daniel Noboa.
Transportistas reajustan frecuencias por situación país El sector de transporte en Loja toma medidas para garantizar seguridad en medio del estado de excepción y toque de queda. Cooperativas suspenden turnos nocturnos y ajustan frecuencias. Transportistas de la provincia de Loja muestran inquietud ante el estado de excepción y toque de queda por la creciente inseguridad en el país. Para garantizar la seguridad de pasajeros y conductores, se han tomado medidas adaptativas. El presidente de la Cooperativa de Transportes Loja, Polibio Vélez, destacó la prioridad de la seguridad y la adaptación a las restricciones, suspendiendo turnos nocturnos según las circunstancias. Se monitorean canales internos y se ajustan a las decisiones sobre la operación de terminales terrestres. “El 09 de enero, ante la crisis que vivió el país, decidimos suspender los turnos de la tarde y noche, se comunicó a los pasajeros con la finalidad de que puedan acercarse a realizar las diligencias respectivas”. Luego de suspender el servicio, recibieron un comunicado donde se indicaba que
las terminales estarán abiertas desde la 05:00 a 23:00, por lo que se logró retomar las frecuencias de acuerdo a la demanda de pasajeros. “ En Guayaquil, Quito, Loja y Zamora la atención es normal, en Cuenca solo van a permitir hasta las 18:00, en Santo Domingo hasta las 17:00 y Yanzatza que está cerrada”. A través de chats comunicacionales se podrán alertar novedades que acontecen en los diferentes puntos del país donde se presta el servicio. Por su parte Fredy Guerrero, presidente de Cooperativa de Transportes Cariamanga, comentó que las medidas tomadas por el ejecutivo son contundentes para devolver la tranquilidad y seguridad del Ecuador. “El caos y el pánico generó que la terminal de Loja, como otras a nivel del país, cierren”. Eso implicó que solicitemos a nuestros compañeros el retorno a la ciudad sin poder cumplir con la
rutas y frecuencias”. El trabajó se retomó a lo interno de la provincia de Loja y hacia Zamora Chinchipe. “Nos tocará realizar algunos reajustes con las frecuencias de la noche con el objetivo de respetar las decisiones tomadas a nivel nacional”. Aseguró que han insistido en múltiples ocasiones a las autoridades la necesidad de implementar controles efectivos en los puntos de salida de la ciudad. Como parte de esta preocupación, han realizado inversiones significativas en infraestructura para facilitar el trabajo de las autoridades de control y asegurar la seguridad en estos puntos. “Hemos mantenido reuniones con el gobernador Paúl Aguilar y existe el compromiso para activar controles con agentes de Tránsito, Policía Nacional, Fuerzas Armadas en beneficio de los clientes, unidades y conductores”.
Los Gobiernos Parroquiales, tanto a nivel local como nacional, enfrentan dificultades debido al retraso en el desembolso de los haberes por parte del Estado Central. Esta situación ha obligado a implementar reducciones en el gasto corriente, afectando la ejecución de obras esenciales para el beneficio de los residentes de las 78 parroquias de la provincia de Loja. Problema El presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador Loja (CONAGOPARE), Jimmy Toledo, señaló que se adeudan las asignaciones de los meses de noviembre y diciembre de 2023. “Existe preocupación porque han transcurrido las primeras semanas de enero y no hay ningún pronunciamiento. Hay GADs parroquiales donde sus presidentes o funcionarios no han cobrado sus sueldos de dos a tres meses. Tenemos deudas con los proveedores por servicios de contratación pública”. Toledo detalló que, solo en el caso de San Pedro de Vilcabamba, la deuda por los dos meses retrasados es de $38 mil, sumándose a un saldo pendiente de octubre asciende a $42 mil. Realizando cálculos generales, se estima que el Estado central adeuda alrededor de $500 mil dólares a las 78 parroquias de la provincia de Loja por los meses de noviembre y diciembre. El presidente de CONA-
GOPARE Loja explicó que los retrasos están afectando la ejecución de obras en áreas cruciales como agua, alcantarillado y vialidad, además de limitar el desarrollo de proyectos sociales y requerir la reducción de personal. “En el caso de nuestra parroquia, hemos prescindido de los servicios del equipo técnico de atención prioritaria, actualmente nos encontramos trabajando con los vocales de la junta y un coordinador logístico”. Gestiones Ante esta situación, se han llevado a cabo gestiones con el Coordinador Zonal 7 del Ministerio de Salud Pública, José Procel, para coordinar la entrega de ambulancias a varias parroquias de la provincia. También se ha buscado diálogo con el Coordinador Zonal del Ministerio de Educación, Jonnathan Jaya, para explorar la posibilidad de utilizar infraestructuras educativas en desuso como Casas Comunales o Centros de Acopio en casos de emergencia. Como medida adicional, el jueves 12 de enero, los 78 presidentes de las Parroquias Rurales de la provincia llevarán a cabo una reunión telemática para definir las acciones a ejecutar, buscando garantizar la seguridad de los residentes en medio de la difícil situación que atraviesa el país. Este trabajo se realizará en conjunto con la Gobernación, Policía Nacional y otras instituciones de control.
PREOCUPACIÓN. Presidentes de GADS Parroquiales, expresan preocupación ante la falta de asignaciones estatales.
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Detenidos por atentados enfrentan prisión por terrorismo LOJA JUEVES 11/ENERO/2024 I
Seis detenidos enfrentan prisión preventiva por presuntos actos de terrorismo en Loja. Evidencias incautadas incluyen material explosivo, terminales móviles y sustancias ilícitas. La Policía Nacional, mediante la Subzona Loja, reportó que tras los incidentes ocurridos la noche del 8 de enero en diversos sectores de Loja, donde se registraron explosiones, se activó el operativo ‘ASEDIO’. Esta acción, en coordinación con el personal preventivo, investigativo e de inteligencia, tuvo como objetivo ubicar y neutralizar a los presuntos responsables de los delitos de terrorismo,
tenencia ilegal de material explosivo y sustancias sujetas a fiscalización, quienes generaron inquietud en los residentes de Samana, Tebaida, Consacola y Daniel Álvarez Burneo. A las 23:00 horas, se identificó a cuatro individuos frente a la Terminal Terrestre de Loja, quienes, al percatarse de la presencia policial, arrojaron al suelo dos envolturas plásticas ne-
UNL suspende actividades presenciales y pasa a teletrabajo Desde las 17h00 del martes nueve de enero de 2024, la Universidad Nacional de Loja (UNL) se acogió al teletrabajo como medida preventiva de seguridad, ante el Decreto Ejecutivo Nro. 111 que reconoce la existencia de un conflicto armado interno en el Ecuador. La resolución estará vigente hasta nueva orden de acuerdo a la evolución de los acontecimientos delictivos. Todas las actividades académicas, administrativas, investigativas y de vinculación fueron suspendidas las labores presenciales y pasan a ser atendidas en línea. Para las clases de grado y posgrado están habilitadas más de 3.000 aulas virtuales en dos
entornos de aprendizaje. Así como otros recursos y plataformas que garantizan un normal funcionamiento de la institución. “Nuestra Universidad Nacional de Loja fue una de las primeras en adoptar estás medidas en la época de la pandemia; por lo tanto, no tenemos ningún inconveniente en regresar al teletrabajo y a la virtualidad. Tenemos los recursos tecnológicos, la experiencia, pero sobre todo el talento humano para hacer bien las cosas”, indicó el rector Nikolay Aguirre. La UNL activó su Comité de Seguridad que le permitirá evaluar, emitir y dar seguimiento a las medidas
DELITO. Prisión por el delito de terrorismo a implicados en explosión de automóviles.
gras que contenían 3 tacos de dinamita y cordón detonante cada una. El operativo incluyó allanamientos en varios domicilios, donde se detuvo a dos ciudadanos adicionales, uno de ellos con orden de captura y en posesión de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Detenidos 1. LUIS C. B. ecuatoriano de 29 de años de edad, registra antecedentes penales, en 2022 por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, y en año 2023 por tenencia de armas no autorizadas. 2. SERGIO E. L. ecuatoriano de 32 años de edad, tiene a su haber varias deadoptadas frente a la situación de violencia que vive el país. Su accionar se enmarca en la normativa excepcional que regula el desarrollo de actividades académicas en las instituciones de educación superior en territorios donde han ocurrido eventos de fuerza mayor o fortuitos expedida por el CES. En el marco del plan “Universidad Segura” se intensifican acciones de seguridad en el campus universitario con el servicio de guardianía privada que tiene la UNL y el apoyo de la Policía Nacional. Por ello, también se suspendió la atención en la tienda universitaria, quintas y estaciones experimentales, laboratorios y centros de investigación, clínica odontológica, hospital veterinario, centro de salud universita-
tenciones: en 2011 por tentativa de asesinato, en 2012 por asesinato y en 2019 por evasión de detenidos. 3. LUIS Q. A. ecuatoriano de 26 años de edad, no registra antecedentes penales. 4. LUIS T. R. ecuatoriano de 27 años de edad, no registra antecedentes penales. 5. NELSON A. L. de 19 años de edad, de nacionalidad colombiana, no posee antecedentes en nuestro país. 6. DIEGO Q. R. colombiano de 29 años de edad, no posee antecedentes penales en Ecuador. Indicios ° Material explosivo ° 08 terminales móviles ° 79,50 dólares
° 02 motocicletas ° 218 dosis de marihuana Hechos relacionados Distrito Sabanilla, un automotor fue rociado con combustible, el mismo que no fue incinerado. En Catamayo, en las calles Alonso de Mercadillo y 09 de octubre, personal del Cuerpo de Bomberos controlaron las llamas de un automotor que estaba incendiándose. En Loja en los sectores de: Samana, Tebaida, Consacola y Daniel Álvarez, varios automotores sufrieron incineraciones. Luego de la audiencia de flagrancia, los prenombrados ciudadanos, recibieron prisión preventiva, por el delito de terrorismo.
SEGURIDAD. UNL refuerza la seguridad en su campus universitario.
rio de Motupe y los servicios a la sociedad ubicados en el centro de la ciudad de Loja. La UNL reitera su compromiso con la seguridad y
el bienestar de su comunidad universidad, adaptándose a las circunstancias actuales con medidas que priorizan la paz y la vida.
PAÍS 06
I LOJA JUEVES 11/ENERO/2024
El terrorismo arrebató la normalidad a la vida diaria El reto que tiene el país es regresar a la normalidad. Las acciones para que eso ocurra ya no dependen únicamente de un Gobierno. Será un esfuerzo de varios niveles y actores.
El país vive una combinación inédita. Miedo a atentados y secuestros, poco movimiento en las calles. Hay incremento del gasto en seguridad estatal y ciudadana. Existe la sensación de que todos pueden ser secuestrados o extorsionados. Ante este escenario, las inversiones ya parecen inviables en algunas provincias, como Los Ríos y Esmeraldas, luego del múltiple ataque narcoterrorista. Este último golpe no es responsabilidad del reciente gobierno de Daniel Noboa, quien ha debido reaccionar ante los criminales que nos han encerrado. Hay un pasado que ha sido recogido por este Diario durante los últimos 17 años. Rafael Correa, por ejemplo, tomó decisiones que los ana-
listas señalan de errores, como la salida de la Base de Manta estadounidense y laxitud en el control de grupos que los calificaba de beligerantes. Lenín Moreno también falló al ceder al caos de Octubre de 2019 y no controlar con firmeza las nacientes crisis carcelarias. Y Guillermo Lasso no pudo enfrentar la arremetida delincuencial, que también nació en las cárceles. Cada masacre en los presidios hacía que bajara su aceptación ante la ciudadanía. Pero ya está comprobado que no es únicamente una posible ineficacia del Poder Ejecutivo. Las revelaciones del caso ‘Metástasis’ dejan ver la estela de corrupción en todas las funciones del Estado, que ha lastimado la estabilidad democrática. En los chats obtenidos
por el trabajo de la Fiscalía General del Estado se sabe que, desde los cerebros del crimen organizado, había coordinación para crear el caos. Arrinconar al país con la complicidad de jueces, policías, guías penitenciarios, abogados, incluso, políticos. La causa detrás de esto es la necesaria desactivación del control estatal para que la cocaína siga fluyendo hacia el norte del continente americano y Europa. Pero también en otras actividades ilegales, como lo reveló recientemente el portal Código Vidrio, en la minería ilegal en Azuay. O como lo denunció este Diario, en Imbabura, y con ganancias millonarias. La vuelta a la normalidad lleva tiempo La historia del mundo ofrece
ejemplos de que las graves crisis nacionales no se resuelven rápido. Para muestra está Alemania, donde, 50 años después, siguen las secuelas y debates sobre el nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Pero hay que empezar. Los países no desaparecen en la reciente historia mundial. Se levantan. Ecuador cuenta con un ejemplo cercano que es tiempo que lo tome en cuenta. En Colombia hay un líder que lo consiguió. Álvaro Uribe Vélez llegó a la Presidencia de su país en 2002 y se mantuvo hasta 2010. Haciendo un breve repaso, Uribe, a quien todavía sus seguidores lo llaman presidente, recibió un país azotado por la inseguridad, el narcotráfico, la crisis de
empleo y de productividad. Llegó luego de una campaña política donde ofrecía mano dura, pero un corazón grande. En el camino fue sumando apoyos, de trabajadores, empresarios, sociedad civil, medios de comunicación y más actores. Así, en conjunto, pudo elaborar un plan que bautizó como de Seguridad Democrática. Este consistía en elevar el desempeño económico de su país, creando condiciones favorables para el aumento de productividad (algo que claman los empresarios), necesarias para la creación de empresas y empleo (lo que exigen los trabajadores) y la progresiva reducción de pobreza (lo que anhela la población más débil). Pero algo central en el Plan fue la disminución de la “amenaza terrorista”, que en ese entonces sacudió cruelmente a Colombia. Con el apoyo popular, dando la cara en las regiones más azotadas por los criminales, deslegitimando a los narcotraficantes, inició con el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad. Por eso, a sus 71 años de edad, todavía es querido por una significativa parte de la población de su país. La que todavía lo llama, con orgullo, presidente Uribe. Aprender en cabeza ajena Actualmente, en Ecuador hay políticos más preocupados por su futuro electoral y con escaso respaldo de los ecuatorianos, que estadistas interesados en cómo alcanzar la unidad para regresar a la normalidad. Esta estrategia de la política electoral impide la construcción de un consenso nacional alrededor de la inseguridad terrorista. El caso colombiano enseña que las salidas requieren de paciencia, trabajo, habilidad y de acompañamiento del conjunto de la sociedad. De certezas. De ofrecer condiciones mínimas de seguridad para la reactivación del empleo y empresarial. De sensibilidad con los más vulnerables. Toda crisis lleva escondida una oportunidad. Pero hay que tomarla o , simplemente, se escapa. (JC)
07 PAÍS
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Negocios del país están golpeados por la inseguridad Actualmente, la mejor política económica que se puede implementar es poner un freno a la delincuencia y la violencia. Hacer negocios se presenta cuesta arriba este 2024.
¿Cómo enfrentar la situación de inseguridad e incertidumbre? Andrés Rodríguez, gerente general en Oikonomics Consultora Económica, recalcó que, en medio de la actual situación de inseguridad e incertidumbre, los empresarios y emprendedores deben tomar en cuentas las siguientes recomendaciones: Velar por la seguridad del negocio y los trabajadores, incluso antes de los temas comerciales y de ventas. Tomar las medidas de protección que se puedan y establecer planes de acción ante diversas situaciones. Estar atentos a la información oficial de lo que está pasando y de lo que va a pasar porque, como pasó el 9 de enero, se toman decisiones de un minuto al otro que pueden afectar el desarrollo de los negocios. Ante la reducción en el consumo y la demanda, Rodríguez alertó que las empresas deben ajustar cuánto le están comprando a sus proveedores. Es momento de optimizar costos, reducir los insumos y ajustar la producción a los nuevos niveles de demanda. Esto con el fin de minimizar pérdidas. “No se puede seguir produciendo lo mismo, si se está vendiendo menos”, puntualizó Muchos emprendimientos, sobre todo empresas pequeñas y micro, no llevan buenos registros de compras y de ventas. Eso es el peor error que se puede cometer y más en tiempos de crisis. Se debe tener un enfoque conservador. Lo básico es priorizar los recursos y ajustar el negocio a la nueva realidad de los clientes”, añadió. Es el momento de tomar decisiones con la mayor información posible. Se recomienda preguntar a los clientes sobre los productos y servicios que necesitan ahora, y cómo los necesitan. Desde las tiendas de barrio hasta las empresas más grandes, deben hacer encuestas y levantamientos de información; trabajar la base de datos de los clientes (si no la tiene, generar una). “Existen mil mecanismos para saber qué está buscando el cliente. Se puede contactar a través de WhatsApp, de manera presencial cuando va a la tienda, por correo, entre otros”, aseveró Rodríguez. Buscar sinergias con otros negocios. Como ya nos enseñó la pandemia, en momentos de crisis se debe buscar una relación más estrecha con otras empresas y con los proveedores para buscar mejores condiciones para las compras de insumo, para establecer estrategias conjuntas de ventas, entre otras medidas.
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COMERCIO. Mientras la inseguridad crece, la economía y las ventas van a la baja.
Aún antes de los últimos hechos violentos del 8 y 9 de enero de 2024, que incluyeron atentados, toma de medios de comunicación y más actos delictivos, Prófitas, en su informe titulado ‘Ecuador: Top Risks 2024’, ya ponía a la creciente inseguridad como el principal riesgo para las empresas y el entorno para hacer negocios en este año. Ecuador cerró el año 2023 como uno de los países más violentos de la región de la mano del crecimiento sin precedentes de los homicidios. A eso se sumó el “aumento exponencial” de los secuestros (386% más en la última década) y de las extorsiones (1.312% más). “El pago de extorsiones se ha vuelto una práctica particularmente extendida para prevenir ataques en locales comerciales, evitar el robo de mercadería e incluso el robo a los trabajadores”, dice Profitas. Esta situación, sobre todo en ciudades de la Costa como
Durán, pero también en el resto del país, ha obligado a modificar los horarios de atención de los negocios, a cambiar los cronogramas de distribución de los productos y a invertir mucho más en seguridad. El resultado es una caída de los márgenes de ganancias; mayor presupuesto para seguridad, pero menor presupuesto para inversión y contratación de personal; además de una reducción considerable en las ventas. En el corto plazo, de acuerdo con Profitas, todos los problemas vinculados con la inseguridad y el narcotráfico tienen una alta probabilidad de profundizarse. Organismos multilaterales como el Banco Mundial ya han actualizado a la baja la proyección de crecimiento de Ecuador. Ahora se habla que, en el mejor de los casos, será del 0,7% en 2024. Ataque al bolsillo Según un reporte de Inteligencia Empresarial, ya desde julio de 2023 se ha
visto una caída de las ventas locales de entre -0,9% y -1,5% mensual durante el segundo trimestre del año pasado. Si se incluyen las exportaciones, la caída de las ventas es mayor. En enero de 2024, con la profundización de la inseguridad, sectores como el comercial y el turístico ya prevén incluso hasta un 20% menos de ventas que en otros inicios de año. Así, la situación apunta a menos dinero en los negocios, menos dinero en el bolsillo de la gente y menos dinero en el fisco. En 2023, ya se vieron caídas importantes en la recaudación de impuestos: julio (-1,6%), agosto (-6,3%), septiembre (-11,16%), octubre (-5,8%) y noviembre (-8,8%). Andrés Rodríguez, gerente general en Oikonomics Consultora Económica, explicó que en el segundo trimestre de 2023 ya se identificó cómo empresas en Quito, Guayaquil y Cuenca estaban comenzando a reducir sus
horarios y, de igual manera, cómo la gente dejaba de consumir. “Ante la situación actual de inseguridad, por ejemplo, se preguntó a familias quiteñas cómo ha evolucionado su consumo general. El 53% de los encuestados respondió que había disminuido su consumo; un 41% que se había mantenido; y apenas un 6% dijo que había aumentado”, contó Rodríguez Sobre las perspectivas de ventas de las empresas, ya antes del inicio violento de 2024, un 75% de los encuestados en Quito preveían una caída importante; un 15% consideraba que los niveles se mantendrían; y solo un 9% tenía expectativas de crecimiento. Aunque el impacto es en todos los sectores, las principales afectadas son las actividades vinculadas al turismo, el ocio y la diversión, con menos salidas a restaurantes y menos planes de viajes turísticos dentro del país. (JS)
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Acuerdo Nacional debe ser construido por todos Un tema que una a los ecuatorianos, un camino y el objetivo claro de recuperar la nación son algunos de los ingredientes para afrontar los desafíos que la violencia impone a la ciudadanía. La violencia desmedida de los grupos de la delincuencia organizada ha generado una suerte de “pánico estéril” en el país, como lo denunció en su comunicado la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Con el objetivo de atemorizar a la ciudadanía y hacerla incapaz de reaccionar, los integrantes de las organizaciones criminales que operan en el territorio nacional, han ejecutado una serie de acciones y actos terroristas que han sido re-
chazados de forma contundente por la sociedad civil, movimientos sociales, iglesias, academia, empresarios, partidos políticos y poderes del Estado. El clamor de la ciudadanía no es otro que la construcción de un acuerdo nacional que le permita al Ecuador recuperar la paz y levantar su mirada al futuro con optimismo, en un camino construido por todos. Los llamados a la construcción de un acuerdo nacional llegan desde todos
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los sectores. Sin embargo, algunos actores esperan convertirse en los paladines de la unidad, mientras otros tratan de aprovechar la oportunidad para construir un acuerdo a la medida de sus propios intereses, sin responder a las verdaderas necesidades ciudadanas. Aunque desde todos los sectores del país se hacen llamados al diálogo y a la construcción de un acuerdo, la pregunta que queda en el aire es: ¿quién convoca y dónde se convoca? ¿Quién tiene el valor de derribar las barreras de los intereses personales y políticos y pone en primer plano el interés nacional? Camino de largo aliento Desde sus páginas y espacios, La Hora ha llamado a la construcción de un acuerdo nacional, incluso antes de la convocatoria a las elecciones presidenciales y legislativas adelantadas. Desde la construcción de la unidad para la recuperación de Quito, pasando por el seguimiento a los acuerdos con los movimientos sociales e incluso la búsqueda de temas para proponer salidas a la crisis política, antes del juicio político al expresidente Guillermo
SEGURIDAD. El llamado al acuerdo nacional para recuperar a la nación sigue sin convocante. Foto: API
Lasso, han sido revisados junto a actores de la sociedad civil, movimientos sociales, iglesias, empresarios y dirigentes políticos. Tras la disolución de la Asamblea Nacional por el decreto de muerte cruzada, LA HORA llamó al diálogo y a conformar un acuerdo nacional a los precandidatos presidenciales de entonces. Yaku Pérez, Otto Sonnenholzner y Fernando Villavicencio fueron llamados a un espacio abierto para conversar y avanzar en un proyecto de país, pero las agendas de campaña impidieron el encuentro, al que Villavicencio accedió sin dudar. Hoy la sociedad civil vuelve a enfrentarse al desafío de liderar un cambio en la forma de hacer política y de construir las soluciones para la ciudadanía. Un objetivo posible El abogado y analista político, Óscar Terán Terán, hace poco más de dos meses, desarrolló un ejercicio cívico que aglutinó a personalidades de todos los sectores políticos para proponer el reconocimiento de la figura de Fernando Villavicencio en las fiestas de Quito. La experiencia resulta valiosa hoy, cuando el país requiere desarrollar un acuerdo nacional que le permita enfrentar con éxito a las bandas delictivas. Terán explicó a LA HORA que “hay momentos en la vida de los países y las sociedades en los que pueden confluir distintas sensibilidades en una sola idea; es decir, pueden coincidir personas de distinto pensamiento e ideologías opuestas sobre un objetivo, conveniente e inmediato”. Advirtió que luego del decreto presidencial 111 el país avanza a un estado de guerra civil, en el que “las víctimas vienen de un lado, son los policías, los transeúntes, la gente de a pie”. Tomando como punto de partida la experiencia para organizar la condecoración post mortem de Fernando Villavicencio, Terán puntualizó que lo primero que debe identificarse es un objetivo en común para todos los participantes. “Lo primero es identificar el tema y me pa-
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rece que en este momento está plenamente identificado, es la salvación del Ecuador”, acotó. Desde su punto de vista, los convocantes a este acuerdo nacional no pueden ser otros que “la sociedad civil, deben ser las personas e instituciones que tienen un resquicio de moralidad”. Remarcó que es desde “la moralidad que tiene que llamar a la sensatez, al país; a la sensatez de las autoridades y la ciudadanía”. Destacó que las autoridades y el poder político “tienen que plegarse a eso” de forma contundente, “sin dilatorias y sin medias tintas”. Terán acotó que, aunque el llamado debe ser para toda la sociedad, en la construcción del acuerdo no pueden participar “quienes llevaron al país a la quiebra, porque si van a la iniciativa, la quiebran”, advirtió. Recuperar los valores Boris Cornejo, representante de la Fundación Esquel, indicó a LA HORA que parte de los ingredientes necesarios para reconstruir al país y para la elaboración de un acuerdo nacional pasa por la recuperación de la cordura y de los valores cívicos. “Hay que hacer una invocación para que recuperemos la cordura, que digamos con calma las cosas y que recuperemos los valores cívicos, la responsabilidad y el cuidado propio, porque la vida tiene que seguir”, recalcó. Cornejo coincidió que el primer paso debe conducir a la recuperación de la paz, e hizo un llamado para que desde el Ejecutivo se pueda avanzar en la construcción de “un diálogo más franco, más abierto, más constructivo”. Acotó que una reforma “profunda” al sistema Judicial es un paso importante en el objetivo de recomponer al país, “porque parte de lo que estamos viviendo es consecuencia de la ruptura, del funcionamiento de las instituciones”. Reiteró la necesidad de “desarrollar una agenda mínima de acuerdos para generar empleo, porque hay problemas de equidad, que los jóvenes tengan cabida en el sector productivo”. (ILS)
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LA Los Choneros pelean territorio EN WEB con los Lobos en Quito
lahora.com.ec
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En 2023, Quito tuvo un incremento del 39% en muertes violentas. La Policía Nacional señala al conflicto de bandas como la causa principal, puesto que le ha llegado competencia a la banda que lideraba la capital.
Riesgo país sube a 2.039 puntos después de jornadas violentas SEGURIDAD
Ataques de grupos armados se concentraron en ocho ciudades JUSTICIA
SEGURIDAD. En 2023, en Quito, la Policía detuvo a 4.475 personas. El 85% de nacionalidad ecuatoriana.
El consumo frecuente de cocaína y anfetamina se ha asociado a una mayor probabilidad de que una persona participe en un delito violento como perpetrador” EUGENIA ALBÁN
PSICÓLOGA CLÍNICA DE UN CENTRO DE REHABILITACIÓN DE LA CAPITAL
EL DATO La Policía confirmó que el 1 de enero de 2024 se registraron 50 muertes a escala nacional. criminal de la capital. Violencia criminal e interpersonal Germán León De la Torre, comandante (s) de la Zona 9 DMQ, señala que los homicidios en Quito se dividen entre violencia criminal e
interpersonal. La primera es competencia, al 100%, de la Policía Nacional y la segunda es compartida del Municipio; pues se encarga del control de territorio y buen uso de espacio público. De las 260 muertes registradas en 2023, 103 corresponden a violencia interpersonal (40%) y 157 a violencia criminal (60%). Despunte en venta de cocaína Hace 18 años conseguir cocaína en Quito era difícil, “principalmente por su costo”, dice Eugenia Albán, psicóloga clínica de un centro de rehabilitación de la capital. Antes –comenta Albán– el consumo de drogas (lícitas e ilícitas) entre quiteños se clasificaba así: alcohol como lo más consumido, seguido por el tabaco, la marihuana, la pasta base y la cocaína. Actualmente, el consumo ha cambiado y la cocaína se ubica después de la marihuana. De hecho, en Quito esta sustancia –cuya
apariencia es la de un polvo blanco cristalino– es la más incautada en la ciudad. Lo que da muestra “del amplio terreno que ha ganado en la capital”, destaca Víctor Cárdenas, sociólogo. Sectores Según datos de la Policía Nacional, solo en 2022, en Quito se incautaron 4.361,28 kg de drogas, en un 70% se trata de cocaína. La administración zonal Tumbaco es donde más se ha decomisado cocaína: en total 2.241,48 kg. Le siguen las administraciones La Delicia, Calderón, y Manuela Sáenz. (DLH)
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Quito registra dos atentados, en medio de calles vacías y locales cerrados
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En 2023, en Quito, se registraron 260 muertes violentas, la cifra significa un aumento del 39%, en comparación con 2022, cuando hubo 187 homicidios. La teoría de la violencia, según la Policía Nacional, es que ahora existen enfrentamientos por territorio –principalmente para el tráfico de drogas– entre grupos de delincuencia organizada. La Policía detalla que en 2023 detuvieron a miembros de 12 bandas delincuenciales, la mayoría se dedican al robo o hurto, y están conformadas por tres o cuatro personas. Sin embargo, hay tres bandas –ligadas al narcotráfico- que preocupan a las autoridades. Si bien era conocido que los Lobos tenían el control en Quito y que los Tiguerones eran sus aliados, en los últimos dos años han existido enfrentamientos entre estos grupos. A esto se suma que los Choneros intentan ganar un puesto en el mercado
Judicatura suspende a Diego Poma, quien enfrenta un sumario disciplinario
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RECUPERACIÓN. Tras la ola de violencia, Quito tiene que retomar la confianza y seguir avanzando.
Quiteños plantean estrategias para superar la crisis de inseguridad La respuesta a incidentes violentos lleva a los quiteños a quedarse en casa, trabajar desde allí y cerrar negocios, reflejando la fragilidad de la paz ciudadana. Concejales y sector privado analizan los desafíos que se avecinan en Quito y plantean propuestas para salir adelante. El 10 de enero de 2024, las calles de Quito estuvieron desiertas, resultado de los incidentes violentos ocurridos los días 8 y 9 de enero y que generaron preocupación en la población. La respuesta fue que los quiteños optaron por permanecer en sus hogares, muchos trabajando desde allí, creando un paisaje urbano desolador. La cancelación de clases y el cierre de negocios también contribuyeron a este inusual panorama. La situación reflejó la fragilidad de la paz ciudadana y dejó a la ciudad en un estado de reflexión y cautela, buscando recuperar la normalidad y la confianza. Representantes del sector privado y concejales hablaron con LA HORA sobre los desafíos que se avecinan en los próximos días en Quito. Seguridad y reactivación El concejal Wilson Merino abordó el aumento de la inseguridad en Quito y propuso medidas para contrarrestar sus efectos negativos. Expresó su preocupación
por las secuelas emocionales y sociales, destacando el impacto del miedo y la desconfianza que podría conducir a un confinamiento social y al debilitamiento continuo de negocios y el sector comercial, con más cierres y afectaciones a la estabilidad económica. Además, advirtió que temas como la migración y
las tensiones sociales aumentarán, especialmente en grupos de atención prioritaria. Para enfrentar esta realidad, el concejal propuso mantener la militarización en espacios públicos e infraestructuras estratégicas. Explicó que esto permitirá la apertura de negocios, incluso durante el toque de
queda. Su planteamiento busca equilibrar seguridad y reactivación económica. También abogó por la transformación digital de la ciudad, enfocándose en el teletrabajo. Destacando la inversión en infraestructura digital como preparación para futuras crisis. Finalmente enfatizó en la solidaridad y el consumo de productos locales como estrategias para dinamizar la economía. Tranquilidad y unidad El concejal Bernardo Abad dijo que los incidentes ocurridos el 9 de enero provocaron una “psicosis colectiva”, que llevó al cierre de tiendas y evacuación de edificios. Sin embargo, aclaró que, a pesar de la tensión, no se registraron ataques abiertos. En ese marco, enfatizó la importancia de la tranquilidad y la unidad ante la psicosis, indicando que el temor es el peor enemigo en este momento en que la ciudad tiene la necesidad de reactivar la economía y retomar las actividades poco a poco. Abad reconoció la importancia de afrontar el miedo y la incertidumbre para seguir adelante retomando la rutina, pero reconoció que la reactivación será gradual y requiere precaución. Impacto en los negocios Henry Yandún, representante de Constructores Positivos, expresó su preocupación por el impacto inmediato de la ola de violencia en los negocios y destacó la importancia de tomar medidas a largo plazo para reactivar la ciudad. Recordó que hechos como los registrados en los últimos días hacen que las personas interesadas en ad-
quirir viviendas se sienten inseguras respecto a la estabilidad. Explicó que eso genera incertidumbre en el sector de la construcción, que también ha sido afectado por las extorsiones de grupos delictivos. En este contexto, Yandún considera que la crisis actual debe ser una oportunidad para que la sociedad y el Estado tomen medidas radicales y generen oportunidades de empleo, especialmente para jóvenes que se ven tentados a involucrarse en actividades ilegales por falta de oportunidades. Abogó por la promoción de la construcción como una actividad que rápidamente genera empleo y propuso trabajar en conjunto con el Ministerio de Vivienda para comunicar los beneficios de la vivienda de interés social. Promover una ciudad activa Diego Vivero, presidente de la Agremiación de Restaurantes de Pichincha (Agrepi), destacó la necesidad de sensatez y unidad para enfrentar los desafíos actuales en Quito y el país. Señaló al 9 de enero como un día de aprendizaje, pues la sociedad no estaba acostumbrada a niveles de terror tan elevados y mencionó la influencia negativa de las noticias falsas, señalándolas como el principal “terrorista” del día. Desde su punto de vista, la solución no está en cerrar, sino en abrir más negocios para generar empleo y promover una ciudad activa las 24 horas. Según él esta sería una estrategia contra la delincuencia, instando a invertir y crear oportunidades para evitar caminos equivocados por la falta de empleo. (EC)
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Judicatura decidirá sobre prórroga de jueces de la CNJ El pedido del Colegio de Abogados y de un vocal del Cpccs se conocería en una sesión del pleno del Consejo de la Judicatura prevista para este 12 de enero de 2024.
PROCESO. El pleno del Consejo de la Judicatura aún no despacha la solicitud de los abogados.
El Consejo de la Judicatura debe despachar una solicitud que el Colegio de Abogados de Pichincha planteó el 21 de diciembre de 2023 para que se revoque una resolución mediante la cual, el expresidente del organismo, Wilman Terán, extendió el periodo de funciones hasta el año 2030 de seis jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Desde septiembre de 2023, los jueces Rosana Morales, de la Sala Contencioso Tributario; Fabián Racines, del Contencioso Administrativo; y Felipe Córdova, Byron Guillen, Luis Rivera, Walter Macías, de la Sala Penal de la CNJ, permanecen prorrogados en funciones. El 21 de diciembre de 2023, la vicepresidenta del Colegio de Abogados, Annabell Guerrero, calificó dicha resolución de
irregular e ilegal porque se adoptó con apenas dos votos del Consejo de la Judicatura (Wilman Terán y Xavier Muñoz), y pidió que sea dada de baja. Posteriormente, el 5 de enero de 2024, el vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Juan Esteban Guarderas, se sumó al pedido de los abogados, pues también consideró que la resolución adoptada por Terán y Muñoz fue ilegal. En un oficio remitido el 4 de enero al presidente temporal de la Judicatura, Álvaro Román, Guarderas solicita que le informe cuál es la base legal para que los jueces prorrogados “se salten las obligaciones constitucionales de renovación de los jueces de la Corte Nacional, y de cuando acá se tienen que quedar hasta el 2030; y
en caso de no existir una base legal, solicito que me digan, qué acciones está tomando la Judicatura para dejar sin efecto estas acciones presuntamente ilegales”, puntualizó Guarderas. Se ‘cruzarán’ ideas El pedido del Colegio de Abogados y de Guarderas para que se revise la resolución que prorrogó a los jueces se iba a resolver en un Pleno de la Judicatura de este 10 de enero, pero se postergó para el 12 de enero. De fuentes de la Judicatura se conoció que este 11 de enero se desarrollará una reunión previa para “cruzar ideas” y tomar una decisión, que podría estar enmarcada en acoger la solicitud del Colegio de Abogados. La decisión que adopte
el pleno del CJ se dará en momentos en que la (CNJ) está a menos de tres semanas de que se designe al nuevo presidente, que reemplazará en el cargo al actual titular, Iván Saquicela, quien culminará su gestión de tres años el 5 de febrero de 2024. El nuevo presidente de la CNJ debe ser elegido con 12 de 21 votos, pero en el Pleno solo hay 15 jueces titulares. Los seis restantes deberán ser designados de un concurso de méritos y oposición que organizaba el Consejo de la Judicatura y que estaba presidido por Wilman Terán. Este concurso fue suspendido por decisión judicial el 18 de diciembre de 2023, tras una demanda interpuesta por el Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación Nacional de Abogados. En el eventual caso de que la Judicatura resuelva acoger el pedido del Colegio de Abogados y revoque la prórroga de los seis jueces (Rosana Morales, Fabián Racines, Felipe Córdova, Byron Guillen, Walter Macías y Luis Rivera), estos podrían quedar fuera del máximo tribunal de justicia del país, dijo la fuente de la Judicatura consultada. Con ello, la Corte de Justicia solo quedaría conformada con 9 de los 15 jueces titulares que actualmente integran el organismo. (SC)
“El país necesita una buena noticia” “Luego de nuestras °acciones de la semana
pasada, tenemos la maravillosa noticia de que se ha convocado al Pleno del Consejo de la Judicatura para tratar el tema del concurso de los jueces para la Corte Nacional de Justicia. Confiamos en esta Judicatura. El país necesita una buena noticia”. Así se refirió el vocal del Cpccs, Juan Esteban Guarderas en una publicación en sus redes sociales que difundió a las 09:30 del miércoles 10 de enero de 2024. Sin embargo, pocas horas después se confirmó que el pleno de la Judicatura sesionará el viernes 12 de enero.
EL DATO En septiembre de 2023, el CJ de Wilman Terán defendió la decisión de prorrogar a los jueces argumentando que, para “garantizar la estabilidad” y fortalecer la independencia de la Función Judicial, se reformó el artículo 3 de la Resolución 008-2021 relacionada con los magistrados de la CNJ que fueron designados por concurso público en 2021 para periodos de tres y seis años.
LIGA DEPORTIVA PARROQUIAL "GUAYTACAMA"
RESOLUCION ADMINISTRATIVA: SD-CZ3-2018-PJ-0166 Fundado 06 de junio 2004 CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE APROBACIÓN DE REFORMA DE ESTATUTO DE LA LIGA DEPORTIVA PARROQUIAL GUAYTACAMA De conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y su Reglamento General vigente, se convoca a los señores socios fundadores de la LIGA DEPORTIVA PARROQUIAL GUAYTACAMA a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará en la sede del Club ubicado en la calle 10 DE AGOSTO y BOLIVAR de la parroquia GUAYTACAMA, cantón LATACUNGA, provincia de COTOPAXI, el 27 de ENERO del año 2024, a partir de las 16h00, en la sala de reuniones de la Liga , con el objeto de conocer y tratar el siguiente orden del día: 1 .- Constatación del quórum. 2.- Asamblea General para la Aprobación de la reforma total del Estatuto de la Liga, de conformidad al penúltimo inciso del artículo 3 del Acuerdo Ministerial 0389 de septiembre de 2021 Latacunga, 11 de enero del 2024
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Crimen organizado, narco e inseguridad amenazan a la región La situación que atraviesa Ecuador es solo uno de los ejemplos de lo que enfrentan los países de América Latina, según un estudio realizado en Chile.
SITUACIÓN. Ecuador está en estado de excepción por sesenta días, debido al poder que ha alcanzado el crimen organizado.
SANTIAGO DE CHILE. La inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico son de nuevo los principales riesgos políticos que enfrentará América Latina en 2024 y prueba de ello es la crisis de violencia extrema sin precedentes que atraviesa Ecuador, reveló este 10 de enero de 2024 un estudio de
la Pontificia Universidad Católica de Chile. El índice de Riesgo Político América Latina, que identifica los peligros que amenazan a la región, muestra en la edición de este año un aumento significativo entre la corrupción y la impunidad. El crimen organizado es
el responsable de alrededor de la mitad de los homicidios en Latinoamérica, además de que ocho de las diez ciudades más peligrosas del mundo están en la región, explicó Jorge Sahd, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y coautor del informe.
El caso de Ecuador “Ecuador es un gran ejemplo de cómo un país se deterioró aceleradamente. En 2018, tenía seis homicidios por cada 100.000 habitantes y en 2023 la cifra llegó a 46 homicidios, lo que implica un aumento de casi el 800%”, apuntó Sahd. Ecuador vivió este 9 de
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enero una jornada de terror, que dejó al menos diez muertos en distintos actos violentos, entre ellos la toma temporal de un canal de televisión por parte de un grupo armado en Guayaquil. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, declaró la existencia de un “conflicto armado interno” en el país y ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones militares contra varios grupos criminales que las autoridades consideran “terroristas”. “Ecuador se está transformando en el principal país de tránsito de la cocaína. La producción de cocaína ha aumentado de manera muy importante en Colombia y Perú y el narcotráfico se ha ramificado por la región, con amenazas que no veíamos hace décadas”, alertó el director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Corrupción e impunidad El informe, elaborado a partir de un millar de entrevistas a distintos actores políticos de la región, identifica como el segundo riesgo el aumento de la corrupción e impunidad, “un problema sistémico relacionado con la falta de institucionalidad”. Le siguen la desafección democrática y el avance del populismo y el autoritarismo; la gobernabilidad bajo presión y la rápida pérdida de apoyo a los mandatarios; y el aumento de flujos migratorios. En los últimos puestos del índice se encuentran la radicalización de las protestas sociales; la inestabilidad internacional; el deterioro del clima de negocios; el impacto de la tecnología en la política; y la vulnerabilidad frente al cambio climático. (EFE)
ENTREVISTA CON EL NEURÓLOGO, ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL SUEÑO
FO CUS UN PODCAST DE LA HORA
JORGE LUIS PESANTES
TEMA
La calidad del sueño como aliada de vida Con
Gabriela Vivanco MÍRALO Y ESCÚCHALO POR YOUTUBE O SPOTIFY
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Causas de la extinción del mayor primate conocido, finalmente resueltas
El mayor primate conocido fue el Gigatopithecus blacki. Las causas de su extinción han sido un misterio, pero un nuevo estudio indica que ocurrió hace unos 295.000 años debido a su incapacidad para adaptar sus preferencias alimentarias y comportamientos, además de por su vulnerabilidad a los cambios climáticos. EFE
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JUDICIAL QUITO
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VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 La Hora QUITO, ECUADOR REVISTA No: 8694 JUEVES, 11 DE ENERO DE 2024Editor Director FRANCISCO LÓPEZ MURILLO La Hora LOJA, ECUADOR DR. FRANCISCO VIVANCO RIOFRÍO
ES UNA EDICIÓN DE DIARIO LA HORA http//www.derechoecuador.com
ES UNA EDICIÓN DE DIARIO LA HORA
http//www.derechoecuador.com
UNIDAD DE LA PRUEBA AUTOR: DR. IVÁN GARZÓN VILLACRÉS MG. E IVÁN GARZÓN CASTRO. Principio de unidad de la prueba La prueba, siendo múltiple y proviniendo de distintos sujetos procesales, cada uno de los cuales persigue un fin determinado, debe ser analizada por el juzgador como una unidad en relación con el fin específico de cada proceso penal. En un proceso no solo se aporta o se recauda una prueba, sino que es normal que aparezcan varias, inclusive de la misma especie; en todos esos casos la necesidad de estudiar la prueba se debe hacer buscando las concordancias y divergencias a fin de lograr el propósito indicado. Generalmente, la prueba que se aporta a los procesos es muy variada, lo cual significa que el conjunto probatorio de un juicio forma un todo o una unidad y que como tal, debe ser examinada y apreciada por el juzgador. Hay que advertir que el Art. 453 del COIP, exige del Juzgador “el convencimiento” de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada; de manera que la sentencia es dictada en base a la convicción del juzgador. (CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, PRIMERA SALA DE LO PENAL, Expediente N°781, publicado en el Registro Oficial Suplemento N°10, del 19 de Junio del 2013). De esta manera, los principios constitucionales dentro de los procesos penales, deben ser interpretados de forma sistémica, sobre lo cual, la Corte Constitucional ha señalado que, los mecanismos de impugnación procesal en materia penal, toda la normativa penal debe ser interpretada sistemáticamente en observancia de máximas jurídicas penales como el principio de favorabilidad, in dubio pro reo y prohibición de interpretación extensiva o analógica. En otras palabras, y sin pretender realizar una interpretación de normativa infraconstitucional, las normas que rigen el derecho penal de-
ben obedecer principios constitucionales rectores como el de favorabilidad, indubio pro reo, y prohibición de interpretación extensiva. (Sentencia 020-16-SEPCC, casos 0610-11-EP y 0611-11EP acumulado). Los derechos de la persona procesada al procedimiento -como se deja indicados-, implica un debido proceso “legal”, como lo sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH), con la consecuencia de que, cualquier violación grave del procedimiento en perjuicio del procesado o de los demás sujetos procesales, equivale a uno de sus derechos fundamentales y, por ende, de la propia Convención. Entre los principios de regularidad del procedimiento, que generan a su vez derechos para el procesado, merecen destacarse entre otros, los siguientes: el principio de amplitud de la prueba, de legitimidad de la prueba, inmediación de la prueba, identidad física del juzgador, impulso procesal y valoración razonable de la prueba, principios todos estos que tienen relación con los derechos de protección consagrados en nuestra constitución (debido proceso, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica).
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Dirección: Arenas y 10 de Agosto, Edif. Vivanco, 5to. piso | Teléfonos: 2551-552/2555-431/2500-245/2552-135 | E-mail: judicial@derechoecuador.com
La Corte Constitucional en sentencia N°001-16-SEP-CC, al respecto ha recogido su criterio indicado en otros fallos, en el sentido que, los derechos a la tutela judicial efectiva, a la seguridad jurídica y al debido proceso, son la base indispensable para el sostenimiento del Estado constitucional de derechos y justicia. De modo tal que el Estado Ecuatoriano y los juzgadores no garantizarán a los justiciables una tutela efectiva, sino respetan la seguridad jurídica y por ende no observan el debido proceso legal, pues, estos tres derechos de protección se encuentran íntimamente ligados e interaccionados entre sí. En tal sentido, dicha corporación constitucional (en sentencia N°020-16-SEP-CC, casos N°0610-11-EP y 0611-11-EP acumulado), ha sostenido que, constituyen una tríada indispensable para el sostén del modelo de Estado previsto en la Constitución de la República; además, por el principio de interconexión de los derechos y principios fundados sobre la igual jerarquía de los principios y derechos que constan en el artículo 11 numeral 6 de la Constitución vigente, se determina que si del análisis que esta Corte realice se desprendiere la
existencia de una vulneración a uno de los derechos analizados, esta deberá también realizar la respectiva declaración de violación a los demás derechos. Solo con el respeto y observancia de los derechos de protección antes indicados, se garantiza a los justiciables la existencia del operador de justicia competente para tutelar sus derechos. En otro momento, la misma Corte, dijo que la vulneración del derecho a la tutela efectiva, el derecho a la seguridad jurídica y el derecho al debido proceso serán analizados de manera conjunta, bajo el entendido de que en caso de existir una declaratoria de vulneración de uno de ellos, implicaría consecuentemente la declaratoria de vulneración de los demás. (Sentencia N°099-15SEP-CC, caso N°1109-11-EP). No basta, entonces con que los ciudadanos accedan gratuitamente a los órganos jurisdiccionales, sino que y, por el contrario, los juzgadores deben guiar todas sus actuaciones de forma diligente y proba en aras de administrar justicia. Nuestra Corte Constitucional indicó específicamente, que, el debido proceso guarda íntima relación con el derecho a la seguridad jurídica, pues al ser una característica de los derechos constitucionales la interdependencia, no cabe duda que la autoridad pública al garantizar las normas y los derechos de las partes dentro de un proceso administrativo o judicial, asegura el respeto a la Constitución y a las demás normas que integran el ordenamiento jurídico. (Sentencia N°101-14SEP-CC, caso N°1403-12-EP). El juzgador superior, en la apelación, debe analizar que se haya observado la inmediación procesal, principio de la prueba esta que supone que, “todo medio probatorio que sirve para fundamentar la culpabilidad de un procesado debe ser aportado por un órgano distinto al jurisdiccional” y éste último debe exhibir la prueba para que la defensa manifieste su posición. Además, “una cosa son los actos de investigación, propios de la fase preliminar, y otra los actos de prueba,
CONSULTA CIVIL
¿Cuál es el término para contabilizar el abandono de los juicios individuales de trabajo? RESPUESTA Si bien el Art. 634 del Código del Trabajo no ha sido derogado, en lo que respecta al abandono en los procesos judiciales en materia laboral que se tramitan con sujeción a la normas del Código Orgánico General de Procesos, en lo que respecta al término para contabilizar el abandono, es aplicable la disposición del Art. 245 del referido Código Orgánico Procesal, esto es, el de ochenta días contados desde la fecha de la última providencia recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos; por ser una norma posterior y además por tener el carácter de orgánica, conforme el orden jerárquico del ordenamiento jurídico nacional establecido en el Art. 425 de la Constitución de la República. Sin embargo, en todo lo demás es aplicable la disposición del Art. 634 del Código del Trabajo considerando que la misma es aplicable ante los Tribunales de Conciliación y Arbitraje para los conflictos colectivos de trabajo, que pertenecen a otra jurisdicción. En lo que respecta al abandono de los juicios individuales de trabajo, la norma aplicable sobre el término es el Art. 245 del Código Orgánico General de Procesos, esto es ochenta días contados desde la fecha de la última providencia recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos. Oficio: 321-2018-P-CP JP Criterios sobre Inteligencia y Aplicación de la Ley Corte Nacional de Justicia
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JUEVES 11 DE ENERO DE 2024 La Hora, LOJA, ECUADOR
exclusivos de la segunda [fase de juicio]”, y la sentencia sólo puede dictarse con base en estos últimos (Corte IDH, caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, párrafo 136). De su parte, la contradicción, que es aquel se cumple. “cuando el sistema permite la interacción de las partes, en un juego equilibrado de intervenciones orientadas a reforzar la posición de cada uno de los intervinientes y en controlar el desarrollo de la audiencia oral”, dado que la prueba es producida en la etapa procesal del juicio, que es controlada por el inferior, es precisamente éste el más apto para valorar de la mejor manera los medios probatorios presentados por los sujetos procesales, dejando como materia para apelación los errores in procedendo e in iudicando; y, para la casación el análisis de la correcta aplicación del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, estos principios de inmediación y contradicción, si bien son una consecuencia del sistema oral, sin embargo, no se precisa la presencia física de la persona procesada para que se lleve a efecto la misma, pues basta en este caso, con la presencia de su defensor técnico sea público o particular, pues, en esta instancia no se practica prueba alguna, y por ende no se recepta testimonio del reo que amerite su concurrencia. Toda vez que, conforme al artículo 654, numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal, recibido el expediente ante la Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia, dicho órgano jurisdiccional, convocará a los sujetos procesales a una audiencia oral (pública o privada dependiendo del caso), y contradictoria, dentro del plazo de cinco días subsiguientes a la recepción del expediente, para que en dicha audiencia los sujetos procesales fundamenten el recurso y expongan sus pretensiones. De modo tal que, la apelación se resuelve, en base a las peticiones que en derecho manifiesten los intervinientes, y que, de acuerdo a los principios de buena fe y lealtad procesal, deberán referirse única y exclusivamente a lo que obre de autos, o de la prueba actuada en la audiencia de juicio, todo lo cual deberá exponerse y analizarse de forma fundamentada tanto por el recurrente como por los demás sujetos procesales. Si operan en esta instancia los principios de suspensión de la audiencia (Art. 568 del COIP, cuando se trata de casos complejos o para deliberación del caso), principio de continuidad
y presencia ininterrumpida de los jueces, de fiscalía y de los defensores tanto del reo como de la víctima, existiendo como medida sancionadora la imposición de multa por inasistencia o abandono injustificado, si se trata de defensores particulares (Art. 131.4 del COFJ) y la correspondiente investigación disciplinaria en caso de servidores públicos (Art. 109.17 COFJ). Tanto el principio de concentración como el de continuidad, están íntimamente ligados al de oralidad. De ahí que no pueden ser interrumpidas, salvo que así lo considere el director (juez), de forma motivada. Una de las características de todo servicio público, y en atención al mandato de la prestación eficiente y eficaz, constituye su continuidad, lo cual implica que, tratándose del derecho de acceso a la justicia, su prestación debe ser ininterrumpida, constante y permanente, dada la necesidad que de ella tienen los usuarios del sistema de justicia. El artículo 563 del Código Orgánico Integral Penal, dice que las audiencias se regirán entre otras, por la siguiente regla: 1, podrán suspenderse previa justificación y por decisión de la o el juzgador. De igual forma el artículo 640.6 ídem, dispone que, de considerar necesario de forma motivada de oficio o a petición de parte la o el juzgador podrá suspender el curso de la audiencia por una sola vez, indicando el día y hora para su continuación, que no podrá exceder de quince días a partir de la fecha de su inicio. Sobre la presencia ininterrumpida de los jueces, la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, en la resolución N° 1872014, dice que la aplicación de este principio, no se restringe únicamente a la audiencia de juicio sino a todas aquellas en las que se resuelva acerca de un derecho, en concordancia con el artículo 76, numerado 7, literales a, b y c de la Constitución. Cumpliendo con los principios de oralidad, inmediación y contradicción dentro de un sistema penal acusatorio y respetando el marco constitucional de derechos entre los que constan el de defensa en toda instancia judicial, como un derecho de protección, no puede prescindirse de la presencia de los sujetos procesales convocados a la audiencia, su comparecencia es indispensable para que su procedencia sea legal y legítima y se cumpla con el propósito del procedimiento penal: alcanzar la verdad histórica a través de la verdad procesal.
Recordemos que para que una audiencia sea válidamente celebrada, es necesario, de acuerdo al artículo 563.10 del Código Orgánico Integral Penal, que se cuente con la presencia de la o el juzgador, las o los defensores públicos o privados y la o el fiscal. Los sujetos procesales tienen derecho a intervenir por sí mismos o a través de sus defensores públicos o privados. Por lo tanto, instalada una audiencia y suspendida la misma, no se podría reinstalar con otros sujetos procesales que no sean los mismos con los que se inició (instaló) la audiencia (salvo por un caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado, verbigracia, ausencia definitiva de un Juez o muerte del defensor, etc.). Conforme lo consagra el Art. 1 de la Constitución de la República, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada; es decir, en un Estado de Derecho, los principios constitucionales se encuentran contenidos y desarrollados por las normas jurídicas (Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico General de Procesos, Código Orgánico de la Función Judicial, etc.), las mismas que constituyen un límite al accionar cotidiano de los justiciables (súbditos), y del poder punitivo del Estado. Además sirven para que los administradores de justicia puedan interpretar y aplicar las normas jurídicas en los casos fácticos y concretos sometidos a su conocimiento. Para SONIA ESPERANZA RODRÍGUEZ (en la obra LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO, Santiago de Compostela, Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico, 2008, pág. 14), los principios generales del derecho, son principios implícitos que se obtienen, vía inducción o abstracción de las normas positivas o a través de la deducción de normas muy abstractas, como pueden ser los valores o principios constitucionales. Son por tanto, abstracciones o generalizaciones de otras normas y pueden servir para colmar una laguna de dichas normas, como criterio interpretativo para interpretarlas y aplicarlas, o como criterio para que el legislador cree una nueva norma. Son posteriores siempre al proceso interpretativo y constituyen un método de auto integración del derecho.
De acuerdo a la doctrina, los principios generales del derecho, son máximas o reglas que expresan un juicio respecto de la conducta a seguir por parte de las personas, es decir, determinan el comportamiento a seguirse en determinadas situaciones, contienen por lo tanto, una fuerte carga moral y ética, verbigracia, el principio de buena fe, que inspira la necesidad de exigir un comportamiento ético a los sujetos procesales dentro de la causa; los principios procesales, que son máximas que limitan y estructuran las diferentes fases del proceso con el propósito de garantizar el reconocimiento de los derechos consagrados en las normas sustantivas; y, los principios procedimentales, que son aquellas reglas que los sujetos procesales tienen que seguir con el objetivo de no provocar la nulidad insubsanable del proceso, o causar la indefensión de aquellos, es decir, son de cumplimiento obligatorio dentro de los procesos. El artículo 169 de la Constitución, en relación con el artículo 18 del Código Orgánico de la Función Judicial, prevén que, el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia, y que las normas procedimentales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, dispositivo, celeridad, economía procesal, normas procesales estas que harán efectivas las garantías del debido proceso legal, dentro del cual se incluye el derecho a la defensa; es decir,
que las normas procesales sirven como instrumento o medio para garantizar los derechos de las partes en conflicto y que acceden a los órganos de administración de justicia. Por ello, y con acertada razón se ha dicho que el Derecho Procesal es aquel que instrumentaliza la posibilidad de la defensa de los derechos del ser humano. Tiene una doble función. Por un lado “regula el ejercicio de la soberanía del Estado”, es decir, que el poder absoluto del Estado en la administración de justicia tiene en el proceso sus límites. Es más cuando el Estado administra justicia a los particulares, a las personas jurídicas de derecho privado y a las entidades públicas en las relaciones con aquellas y entre ellas mismas (incluyendo al mismo Estado); el Derecho Procesal tiene encargada la función de organizar estas relaciones, y la consecuente administración de justicia. Por otro lado, el Derecho Procesal establece el conjunto de principios que debe encauzar, garantizar y hacer efectivo la acción de los asociados para la protección de su vida, su dignidad, su libertad, su patrimonio y sus derechos de toda clase, frente a los terceros, al Estado mismo y a las entidades públicas que de éste emanan, bien sea cuando sucede una simple amenaza o en presencia de un hecho consumado. (Léase DEVIS ECHANDÍA, Hernando, en TEORÍA GENERAL DEL PROCESO, Buenos Aires, tercera edición, Editorial Universidad, 2002, págs. 34/35).
REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN LOJA AVISO JUDICIAL Se pone en conocimiento de la ciudadanía en general, que en el Proceso Sumario de Interdicción signado con el Nro. 112032023-01665, el señor Dr. Victor Alberto Burneo Herrera, Juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Loja, mediante resolución de fecha viernes 1 de diciembre del 2023, a las 08h33, DECLARA EL ESTADO DE INTERDICCIÓN PROVISIONAL de Bolívar Ismael Songor Ortiz, titular de la cédula de ciudadanía Nro. 1105152225. Aviso que se pone en conocimiento del público para los fines legales pertinentes y en la forma prevista en el Art. 468 del Código Civil. Loja, 11 de diciembre del 2023. LO CERTIFICO. Ab. Jaime Francisco Riofrio Tacuri. SECRETARIO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTÓN LOJA