Lunes 20 de febrero de 2017
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El derecho de defensa en el proceso disciplinario La mujer abogada en Ecuador
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EJERCICIO. La discreción es una de las virtudes que debe practicar el abogado, pues es una cualidad esencial de dicho profesional. (Foto: Cortesía)
El perfil del abogado moderno
Mi homenaje más sentido al colega en libre ejercicio profesional en este su día clásico 20 de febrero. AUTOR: DR. JOSÉ GARCÍA FALCONÍ
Hoy los abogados no solo son defensores obligados de una causa, sino también asesores en múltiples campos de la vida nacional, y por esto, hoy más que nunca, aparece la necesidad de capacitación en nuestra profesión, más aún si todos la consideramos como la más noble y hermosa, dentro del nuevo perfil del abogado moderno. ¿Cómo debe ser el abogado?
El abogado debe cimentar su
reputación en base a su capacidad profesional y honorabilidad, es por esta razón que el abogado para ejercer la profesión, solo puede hacerlo con sujeción a las normas legales. Con mucha razón se ha manifestado por parte del tratadista Osorio, quien definió a la justicia de la siguiente manera: “De todas las obras humanas, la única realmente insustituible, es la justicia. Los pueblos pueden vivir sin riqueza, sin belleza y hasta sin salud. Vivirán
mal, pero vivirán. Y sin justicia no podrán vivir”. El Dr. Carlos Aguilar Maldonado, en la Asamblea Nacional de Abogados del Ecuador, celebrado en Cuenca en 1970, en la Carta Magna del Abogado Ecuatoriano, aprobada por dicha Asamblea, con mucha razón manifiesta: “El abogado es el eterno vigilante de la norma jurídica. Sobre el descansa la paz de los hombres. El Estado tiene que mirar en el abogado al defensor eterno de la Ley”. De tal manera, como abogados que somos, debo enaltecer la profesión y estimular su correcto ejercicio, esta es una necesidad sentida por los abogados del país y por la sociedad ecuatoriana, la conducta del abogado debe caracterizarse por la probidad y la lealtad, y ello se garantiza con equidad, honradez y buena fe. Misión de las facultades de derecho
Sin duda alguna que la misión de las Facultades de Derecho, en cuanto a la formación, será la de crear un abogado con una visión dinámica del fenómeno jurídico, dotado de las capacidades intelectuales que le permitan enfocar así todo el orden normativo, poniendo su saber al servicio de la comunidad
y ofreciendo siempre nuevas perspectivas. Como dice el maestro Capitant: “Hay en el derecho de un pueblo, tal cual se presenta en las diversas épocas de su historia, un conjunto de instituciones y de reglas que pueden ser consideradas como las piezas esenciales del sistema de la época jurídica considerada”. La posibilidad de crear líneas de especialización en los estudios jurídicos, aparece como opción legítima que tiende a racionalizar el indiscriminado y estrecho mercado laboral del abogado actual. Se hace necesario armonizar dos principios: dar una sólida formación general en los principios rectores de un sistema jurídico vinculado a su realidad, y orientar desde los niveles intermedios las vocaciones, los intereses y los valores que manifiestan los estudiantes. Al fijar como objetivo de la enseñanza la formación de un hombre de derecho es crítico y abierto al cambio social. El papel central que desde hace años ha jugado el Estado en nuestros países, y que cada vez con mayor interés jugará en el futuro, señala la necesidad de que el abogado entre a participar creadoramente en el proceso de planificación. Es decir, una primera tarea que debe
cumplir un abogado moderno es integrarse a los equipos interdisciplinarios encargados de elaborar proyectos de planeación, sectorial, regional o nacional. En conclusión, es pues en la calidad de aplicador del derecho como el abogado moderno puede actuar creadoramente y con una conciencia dinámica de los cambios sociales. Por último, un abogado moderno debe ser lo que Steven Lowen Stein, llama: “El administrador de la crisis”. Es decir, percibir las nuevas demandas que la sociedad plantea al sistema jurídico y encontrar en él las respuestas flexibles y apropiadas para ir a la solución de los problemas en forma rápida y oportuna. Conforme señalo en este artículo en homenaje al día del abogado, se le atribuye a este profesional un conjunto de tareas que lo ubican a la altura de la exigencia de nuestro país y de la época de cambio que vivimos, a fin de que su imagen y estatus recuperen el lugar que les corresponde, y reivindicar para él, el derecho, al prestigio y la utilidad que le deben ser consustanciales. Misión del abogado
El tratadista Néstor Almicar
Cipriano, en su obra Misión y Jerarquía de Abogados y Jueces, dice al respecto: “Surge la cuestión de si el abogado también juzga. La respuesta es inconmoviblemente afirmativa. La triada: razonamiento, conocimiento, conciencia, funciona con la misma intensidad en la misión del abogado. El abogado representa ante todo, la importancia de su misión. Esta sustancia forma la base de su tránsito profesional. Tiene un intenso diálogo con el enfoque del caso encomendado. Penetra en el intramundo de los problemas para procurar el equilibrio. Su impulso es el significado de la actitud buscadora de soluciones. Rodeado de problemas humanos, es amigo del sosiego. Del sosiego posible, muchas veces precedido de un intenso debate. Vive la razón de quien asiste sin desoír los fundamentos del eventual contendor. El abogado como dice Mario Alberto Portela, es “parte integrante de la vida”. Pues tamiza los impulsos personales
para que puedan remodelarse en sensatas pretensiones. La adecuación legal hace más perceptible la verdad en el sagrado cause del proceso o en el ámbito de la solución extrajudicial. Multiplica sus horas, para que no sean vanas las horas de los demás. Alfredo Colmo manifestaba con razón: “El cliente encuentra en su abogado su primer juez. Debe decirle si tiene razón y sí, ante las probanzas y el derecho, su caso es viable. En el supuesto afirmativo, orienta la acción, organiza las pruebas y defensa y presenta el asunto en todas las características internas y externas que le sean peculiares. Se debe destacar, como bien señala Néstor Amílcar Cipriano: “El abogado no es un mero auxiliar de la justicia. La palabra auxiliar no da la dimensión de su tarea, pues parece referirse a un grado menor. El abogado no es un auxiliar sino una presencia relevante en el proceso. Integra la estructura de su
funcionamiento. El patrocinio obligatorio que consagra la ley procesal representa la necesidad ineludible de la asistencia técnico-científica. Y ello se conecta con el derecho de defensa, de raíz constitucional. El abogado es el analizador inicial de un caso. Su enfoque da pautas importantes para la solución extrajudicial o para el planteamiento judicial. A partir de la intervención del abogado, el asunto tiene un carácter técnico. Los hechos generadores se trasladan para su debido encuadre en el ámbito jurisdiccional”. Amílcar Mercader dice: “El abogado es el primer enjuiciador de un caso, sobre el cual el juez pronunciará su último dictamen”; de tal modo que la opinión del abogado es un principio de solución. Enrique Díaz manifiesta: “Si comparte (el abogado) los desvelos o las preocupaciones (de su cliente), abrazará su causa y luchará denodadamente para hacerla triunfar. Pero, si ad-
vierte falta de razón, procurará aquietar el ánimo y aconsejar el camino a seguir”. Alberto Spota dice: “El abogado que dedica su ciencia y conciencia a la vida del derecho, desempeña por ello una actividad jurígena en cuanto es un factor esencialísimo de la evolución y el progreso del derecho”. En conclusión en el desempeño de su profesión, como dice Néstor Amilcar Cipriano: “La interpretación de la ley que realizan jueces y abogados” (la posible dentro del texto) es un camino para alcanzar soluciones justas. En todo ello se debe recordar siempre que, cuando la ley se hermana con la equidad, se viste con las virtudes de la justicia”. El rol del juez y el rol del abogado están en un mismo nivel de jerarquía con la naturaleza particular de sus funciones y misiones. La búsqueda de la verdad y el sentido de justicia constituyen sagradas sustentaciones de ambas actividades. Impera la
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verdad, la justicia y la ética. El Decálogo del Juez de Enrique Díaz y el Decálogo del Abogado de Ossorio y Gallardo, y los Mandamientos del Abogado de Eduardo J. Couture, son páginas reveladoras del alto sentido de justicia y de ética en que se inspiran esas misiones; de tal manera que jueces y abogados, desde sus respectivos sitiales, se dedican con intensidad a los casos particulares para amparar los derechos como forma de preservar el derecho. Dr. José García Falconí ExDocente de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Central del Ecuador josegarciafalconi@gmail.com
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POR: DRA. MARIANA YÉPEZ ANDRADE marianayepezandrade@gmail.com
Muy fácil resulta hoy decir que la mujer tiene iguales derechos y oportunidades que el hombre, lo cual a veces no deja de ser meramente declarativo; sin embargo hace 70 años ello era una utopía, un sueño. La mujer en el año 1947 cuando todavía los fulgores de la Revolución de Mayo permanecían en el país, estaba totalmente apartada del quehacer público y no se contemplaba la posibilidad, siquiera lejana, de que una mujer fuera dirigente política, candidata, líder, jueza, entre otros. En ese contexto, dos mujeres emprendieron el camino universitario, sin lugar a dudas con un cúmulo de dificultades; se graduaron como doctoras en Jurisprudencia en la Universidad Central del Ecuador y su entereza así como su vocación por el derecho, las ha convertido en verdaderas baluartes de las mujeres abogadas. Me refiero a las doctoras Isabel Robalino y Dora Leonor Bastidas, quienes construyeron puentes generacionales para abrir el camino y facilitar el paso a otras mujeres que con posterioridad hemos sabido abrigar la misma profesión, con idéntica finalidad: la consecución de la justicia, utilizando la ley como instrumento y el derecho como medio. La presencia de la mujer en la Universidad es uno de los tres elementos que coadyuvaron a la liberación del trabajo doméstico como una forma de vida. Hoy no existen carreras, ni instituciones públicas o privadas sin mujeres. Es así que las Escuelas de Derecho tienen un porcentaje femenino alto y la ubicación laboral de las Abogadas se ha incrementado, pero todavía no en cargos decisorios pese a su preparación y experiencia; no obstante, es necesario relievar que su participación profesional es inimaginable a la de las generaciones anteriores. El desempeño de la profesión de abogadas por parte de las mujeres no es nuevo en la historia de la humanidad. En Roma, las mujeres lo hicieron hasta que les fue prohibido por edicto,
La mujer abogada en el Ecuador debido a que Caya Afrania, acostumbraba molestar al pretor con la violencia de sus arengas, por lo que se les facultó abogar tan solo para sí mismas. Con el desarrollo cultural, las funciones de los abogados y de las abogadas están dadas por la definición de Abogacía que no es sino la profesión y el ejercicio de abogar, que a su vez es defender en juicio por escrito o de palabra, y para lo cual es necesaria la pericia en el derecho, aunque el ejercicio profesional no es únicamente de litigio sino de otros campos como la asesoría, la cátedra, la consultoría, la judicatura, entre otros. Las abogadas que hoy representamos un número significativo en el foro, tenemos la posibilidad de construir normas, porque poseemos conocimientos y la vivencia de discriminaciones que nos permiten sensibilizarnos ante las verdaderas necesidades de la mujer, por lo que debemos transversalizar en la actividad profesional la defensa de los derechos fundamentales de las personas, pues sentimos que la Ley nos ampara para hacer valer su contenido. El desarrollo de los Derechos Humanos está marcado por grandes acontecimientos, y ha tenido como espacios valederos reuniones, conferencias, convenciones, tratados, convenios y declaraciones internacionales que han constituido los referentes obligatorios jurídicos y éticos para el cambio de las legislaciones internas en orden a la actualización de las normas orientadas al respeto de las garantías sociales y políticas. En estos eventos y debates ha sido decisiva la participación de las mujeres abogadas, que luego han luchado por introducir reformas en los cuerpos legales y constitucionales, como las que rigen a partir de la Asamblea Constituyente de l998, y que han servido de sustento a posteriores conquistas plasmadas en las leyes, siendo la de mayor relevancia el Código Civil y actualmente en la Constitución de la República que nos rige.
ESFUERZO. La abogacía implica mística y el éxito de su ejercicio se mide por el talento y la moral de quienes han alcanzado esta noble profesión. (Foto: Cortesía)
Nos hemos preguntado cómo alcanzar la igualdad y las respuestas han sido recogidas en las Conferencias Internacionales, entre las que se destaca la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer”, y las declaraciones de las Naciones Unidas respecto de los Derechos Humanos de las mujeres, en los cuales sobresale la necesidad de llegar a la igualdad, siendo uno de los caminos las medidas de discriminación positiva, y para adoptarlas en la legislación interna obviamente intervinieron las mujeres abogadas. Del mismo modo, fuimos abogadas quienes estuvimos presentes en la Comisión Interamericana de Mujeres para elaborar propuestas, discutir, formular observaciones y luego presentar el documento final para la aprobación de la Convención de Belén do Pará sobre la Violencia contra la Mujer. En el año 1995, algunas mujeres abogadas nos organizamos bajo la iniciativa de la doctora Luzmila Rodríguez, para formar una asociación y generar el inte-
rés en unir a mujeres vinculadas por la misma profesión e igual interés por el derecho y la justicia con el objeto de lograr propósitos comunes de mejoramiento de los espacios legales en que se desenvolvería la mujer. Ella debe ser recordada en esta fecha por ser la gestora de que las mujeres abogadas hayamos formado una asociación con el auspicio de la Federación Internacional de Abogadas. Ella inició la lucha por el empoderamiento de la mujer abogada, con el fin de crecer y trabajar en programas que beneficien a la mujer y a la familia en el ámbito jurídico. Entre las múltiples responsabilidades de las mujeres abogadas en la sociedad civil actual está la difícil, noble e incomprendida tarea de juzgar; que es quizá el espacio al que un mayor número de mujeres abogadas han accedido. La Fiscalía tenía incorporadas políticas de género en su quehacer institucional, por cuya razón incrementó el personal femenino especializado en derecho penal sustantivo y adjetivo. Hay abogadas que legislan, conforman gabinetes, gobiernos
seccionales, asesoran o dirigen departamentos jurídicos en entidades del sector público o privado, mientras que otras han escogido la vida académica, siendo a mi entender, más sacrificado el ejercicio diario de su profesión, en el cual deben enfrentar no solamente a la contraparte, sino también a sesgos de género propios de la cultura legal. Si bien debemos luchar por una mayor afirmación profesional, las mujeres debemos consolidar nuestra formación cívica y nuestro compromiso con el tipo de sociedad que deseamos y en ese proceso debemos saber exigir una actitud responsable de todos. La abogacía implica mística y el éxito de su ejercicio se mide por el talento y la moral de quienes han alcanzado esta noble profesión; a las mujeres nos corresponde mantener la respetabilidad de la misma, “tener fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana” y siguiendo las enseñanzas de Eduardo Couture, considerar a la Abogacía “como una ardua fatiga puesta al servicio de la Justicia.
‘El día de los valores de la sociedad, de la justicia...’ Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, reflexiona sobre la importancia de esta profesión. ¿Cuál es el rol del abogado en la sociedad actual?
El abogado cumple una función más importante que nunca. El avance de la tecnología, de la comunicación nos plantea nuevos restos desde lo jurídico y por eso el abogado resulta imprescindible dentro de nuestra estructura social. El abogado, además de su rol natural que es el de defender derechos, también nos ayuda a delimitar cuáles son los valores que legítimamente pueden regir a la sociedad. ¿Qué nuevos retos deben asumir los abogados?
Las nuevas tecnologías nos generan nuevos escenarios jurídicos, nuevas discusiones. Pero no solamente eso, sino la nueva configuración social. Hace 100 años, por ejemplo, la discusión sobre el matrimonio igualitario hubiese sido impensable, ahora es una discusión necesaria. Cuáles son los derechos de la personalidad, a quién podemos considerar persona y a quién no; el derecho a la vida evidentemente ya no se le considera como un absoluto, al punto que estamos discutiendo temas como la eutanasia o el aborto. En todos estos temas sin dunda, se tenga la posición que se tenga, somos los abogados los que entremos al debate. Aquí entra mucho la capacitación ¿Cómo va este tema?
Nosotros como Colegio de
Abogados de Pichincha lo hemos entendido eso muy bien por lo que hemos creado una escuela de formación permanente con dos aulas con toda la tecnología. Hemos hecho una serie de congresos internacionales de primer nivel académico. El éxito de la administración de justicia no solo depende de los operadores judiciales sino también, y sobre todo, de los abogados en libre ejercicio profesional que además no cuentan con una estructura de capacitación sino a través de sus Colegios.
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ENTREVISTA. Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha.
y no preocupados por la voluntad gubernamental y un posible procesamiento disciplinario si es que no hacen lo que se les ordena. En el último periodo legislativo ha habido una considerable producción de leyes ¿Cómo miran esa situación? No se le puede analizar
desde una perspectiva maniquea: todo está bien o todo está mal. Te-
nemos que resaltar la voluntad política por emitir nuevos Códigos como el Orgánico Integral Penal, o el General de Procesos que consideramos desde lo legislativo un avance, y esa voluntad política hay que saludarla. Pero por otro lado vemos que esos Códigos tienen errores de bulto, que no hubo ni hay la infraestructura adecuada para su implementación y esto
está generando una serie de problemas sobre todo al segmento de la ciudadanía que tiene que lidiar día a día con la administración de justicia que somos los abogados. ¿Cómo define el Día del Abogado?
El Día del Abogado es el día de los derechos, es el día de los valores de la sociedad, es el día de la justicia. (HCR)
Nájera&Nájera Estudio Jurídico
¿Cuáles son los roles de los Colegios de Abogados?
Los Colegios de Abogados a partir de que ya tienen el monopolio del registro profesional deben reentender su papel. Los Colegios de Abogados van ligados, por un lado, a la producción académica; y por otro lado a la defensa de Derechos Humanos y defensa gremial. Esto es fundamental y este es el giro que le hemos dado en esta administración (al Colegio de Abogados de Pichincha) sin lugar a dudas. ¿Cuál es la expectativa frente al cambio de Gobierno?
El que se reinstitucionalice el país, el que se saque las manos de la administración de justicia, el que podamos tener mejores niveles de democracia y sobre todo que los jueces tengan la independencia suficiente para actuar en derecho
Buscamos la equidad y el ejercicio efectivo de los derechos.
Quito: Grecia 32-25 y Mariana de Jesús. Telf 224-2400 o 224-4074 Guayaquil: Av. Quito y 9 de Octubre. Edif. Induauto Ofs. 904 y 905 E-mail: sanajera@gmail.com PAB/15708/AS
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CONOZCA. El proceso disciplinario corresponde a un método dialéctico o técnica de la conversación.
El derecho de defensa en el proceso disciplinario
AUTOR: ALEYDA ULLOA ULLOA
El debido proceso y el derecho de defensa, en el Estado de Derecho contemporáneo, son pilares del ius puniendi, tanto en su ejercicio judicial como administrativo. Estos derechos, al ser bases de carácter constitucional, poseen valor prevalente respecto a las demás normas del ordenamiento jurídico y asignan al fun-
cionario administrativo (que por la naturaleza de sus funciones y por exigencia legal tienen rango profesional de abogado) el deber de intensificar o extremar la rigurosidad de su guarda y respeto cuando el servidor público no abogado, facultado por la ley disciplinaria, ejerce directamente su derecho de defensa. En estos casos, la facultad legal de comparecer al proceso sin me-
diar un defensor técnico (abogado con los conocimientos técnicos y la experiencia para controvertir los cargos del Estado y participar en el desarrollo del proceso) hacen que en el proceso disciplinario, como parte del ius puniendi del Estado, la autoridad administrativa investida del deber de respetar y cumplir las normas constitucionales deba extremar la garantía del derecho al debido proceso y derecho de defensa bajo el deber de ser exhaustiva y vigilante en sus actuaciones en la guarda y respeto del derecho que le asiste a todo ciudadano a ser oída, a hacer valer las propias razones y argumentos, a controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y a solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como a ejercitar los recursos que la ley le otorgue , con privilegio del derecho sustancial frente al mero formalismo o ritualismo vacío y bajo un ejercicio leal del derecho que impone la motivación jurídica de sus decisiones con una carga «enorme» de claridad y saturación argumentativa que le permita al no instruido en
derecho ejercer correctamente su derecho constitucional de defensa en cada etapa del proceso disciplinario, de acuerdo con las exigencias y finalidades específicas de cada una de ellas. El proceso disciplinario corresponde a un método dialéctico o “técnica de la conversación”, en el que a fin de verificar la existencia y verdad de los hechos objeto de conocimiento, en cada etapa procesal se debe confrontar los argumentos y las pruebas de quien investiga y formula los cargos con los presentados por el servidor público investigado, estos últimos que siempre deben ser valorados en la toma de decisión que corresponda a cada etapa -en garantía de los derechos de defensa y contradicción- y por tanto deben hacer parte de la motivación de la correspondiente resolución al fundamentar el distinto grado de conocimiento y prueba exigido -cada vez en aumento- para sustentar cada decisión del proceso disciplinario. En este sentido, cuando el investigador disciplinario advierta que no se superó el nivel de exi-
gencia de conocimiento y prueba requerido debe privilegiar el principio de presunción de inocencia, que por su carácter de principio rector del derecho disciplinario posee fuerza normativa prevalente e impone que la inocencia, al ser la única que se presume cierta en el proceso disciplinario, conlleve el deber de aplicar en toda actuación y etapa de valoración probatoria el principio de favorabilidad, que establece que toda duda se resuelve a favor del procesado (Ver gráfica 1). En consecuencia, para poder avanzar en el proceso la autoridad disciplinaria tiene el deber de motivar con claridad y suficiencia, en cada etapa del proceso, que ha superado el nivel de exigencia probatoria de la etapa procesal, con explícita respuesta a los argumentos del investigado y exposición de la valoración que hizo de las pruebas que le favorecen, con el análisis integral como parte del conjunto probatorio, con explicación diáfana y juiciosa de las razones para desecharlos, a fin que el procesado pueda en la siguiente etapa ejercer su
derecho de contradicción probatoria y argumentativa. Acorde con esta exigencia de emitir siempre pronunciamiento sobre todos los asuntos objeto de controversia, en caso de abstenerse de tratar alguno de los puntos sometidos a su consideración corresponde a la autoridad administrativa aducir la razón jurídica de su omisión. De ahí que, la argumentación defectuosa o abiertamente insuficiente (bajo consideraciones retóricas o vacuas, frases cliché, razones que no son del caso y conjeturas carentes de sustento probatorio o jurídico alguno, así como las sustentadas en hechos nuevos, ambiguos, confusos, imprecisos o no debatidos en el proceso) al igual que la argumentación inexistente (al no dar cuenta de los hechos y los argumentos traídos por los sujetos vinculados al proceso, particularmente cuando resultan esenciales para el sentido de la decisión sin justificar el motivo por el cual se abstiene de pronunciarse), vician el debido proceso por impedir al sujeto procesal el ejercicio de contradicción en la etapa siguiente. El no considerar y valorar las pruebas solicitadas o aportadas por el servidor público encartado, no dar respuesta a sus argumentos o responder de forma incomprensible o incoherente, con argumentos sin conexión o relación a lo refutado, hace que la conversación procesal se rompa y se esté en presencia de un monólogo arbitrario que excluye del proceso al sujeto investigado, lo que constituye una irregularidad procesal de magnitud que impide la continuación del trámite procesal y lo
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Gráfica 1.
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Decisión: Abrir indagación preliminar Requisito: Grado de conocimiento de POSIBILIDAD
Decisión: Abrir investigación Requisito: Grado de conocimiento y prueba de PROBABILIDAD
Decisión: Dictar pliego de cargos. Requisito: Grado de conocimiento y prueba de PROBABILIDAD MÁXIMA
Decisión: Fallo sancionatorio. Requisito: Grado de conocimiento y prueba de CERTEZA
En caso de no alcanzar el grado de conocimiento y la prueba requerida prevalece la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA y la decisión procedente debe ser:
CIERRE DEL PROCESO Y ARCHIVO
ABSOLUCIÓN Elaboración: LA H ORA
vicia de nulidad por resultar insubsanable siempre que acorde con la prelación que se debe dar a la presunción de inocencia en cada etapa procesal, de haberse valorado las pruebas y argumentos correctamente, se habría llegado a una conclusión diametralmente diferente, por lo cual el vicio es medular respecto a las garantías propias del debido proceso.
Abad & Campos ABOGADOS
Conozca
Claves básicas A modo de conclusión presento seis claves o elementos básicos que deben existir en la motivación de las distintas actuaciones disciplinarias:
° Lenguaje claro, sencillo y comprensible para sujetos no técnicos en derecho. ° Conexión entre Hechos – Normas – Pruebas – Argumentos. ° Conversación explícita entre los sujetos procesales (investigador e investigado). Argumentación suficiente o saturada. No es correcto al contestar un argumento del °otro sujeto procesal utilizar afirmaciones vacías o retóricas que no resuelvan el punto
de controversia, por ejemplo acudir a afirmaciones como: “es evidente”, “resulta obvio”, “salta a la vista”, “es claro”, sin dar más explicación, puesto que si fuera claro, evidente o saltara a la vista no existiría litigio, que por naturaleza es una disputa o contienda. Cada hecho y cada violación a la norma debe probarse, así como cada prueba y cada argumento debe ser oído y valorado explícitamente, para que se pueda ejercer la contradicción, para que el diálogo procesal pueda avanzar.
Argumentación que explique -de ser el caso- por qué se omite valorar algún hecho, °prueba o argumento. Lo contrario quebranta el derecho de contradicción al dejar al otro
sujeto procesal sin la posibilidad de aportar argumentos y pruebas nuevas que soporten su postura procesal.
Argumentación clara y determinada sobre la superación del nivel de conocimiento y °prueba exigida para avanzar en el proceso.
Conocimiento, compromiso y resultados Dana Abad Arévalo María del Carmen Crespo Alvear Fernando González Salvador Daniel Peñaherrera Toapaxi Anita Escalante Correa Inglaterra E3-121 y Av. República, edificio Royalty Studios, 1er. piso. Teléfonos: 593 - 227 9537 / 227 9327 / 227 3848 E-mail: info@abadcamposabogados.com Quito - Ecuador PAB/15655/AS
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El Colegio de Abogados de Pichincha rinde homenaje a todos los abogados del país al celebrarse hoy su día clásico, profesionales dignos que defienden siempre la vigencia del Derecho, la Libertad, la Justicia y la Paz Ramiro García Falconí Presidente
Yolanda Yupanguí Vicepresidenta María de los Ángeles Bones Reasco Secretaria
PAB/15721/AS