Especial Abogados VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2015 La Hora ECUADOR
ESPECIAL ABOGADOS Q2
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Obligaciones del abogado
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Luchar por el respeto y vigencia del °Derecho.
Homenaje al abogado
Defender la democracia, las libertades, °garantías y derechos humanos. Cuidar la imagen y el prestigio de la °profesión. Defender su Colegio de Abogados y los °gremios de su profesión y colaborar con los mismos.
Emplear siempre las normas y reglas del °Derecho.
° Actuar con buena fe, lealtad y probidad. Defender la inviolabilidad de su Estudio °Profesional y los documentos relacionados con su ejercicio profesional.
la dignidad y pensamientos de °susRespetar colegas. a su cliente sobre el estado °delInformar trámite de la causa y no crear falsas expectativas.
un comportamiento correcto °enObservar su ejercicio profesional y en su vida. por el imperio de ética y la mo°ralTrabajar y la correcta administración de justicia. Respetar a los magistrados, jueces, °funcionarios y empleados de la Función Judicial.
° Mantener el secreto profesional. ° Capacitarse en forma constante. ° No presentar pruebas falsas. aprovecharse de ninguna influencia °enNo el ejercicio de su profesión.
LABOR. Fiel a su profesión, el abogado trabaja con la rectitud de su conciencia.
El abogado es formado para la lucha por la justicia, el derecho y la libertad. POR: Dr. Augusto Durán Ponce El abogado es un profesional que defiende los derechos e intereses de las personas afectadas por terceros; el que colabora en la defensa de la justicia y quien imprime movimiento a la justicia. Es el conocedor de los asuntos jurídicos que cumple una función judicial, porque investiga, cultiva, promueve y difunde los conocimientos legales para alcanzar la Justicia. Su actividad se sustenta en los principios de libertad, independencia, confianza y buena fe. La profesión del abogado se agiganta cada instante porque tiene su fundamento en la rectitud de la conciencia, por encima de la lucidez del ingenio. La abogacía es una profesión liberal que tiene como soporte la verdad y la razón. La verdad es el instrumento para solucionar los conflictos que perturban a la sociedad y para arribar a la
3. China. Las leyes y normas consuetudinarias eran conocidas por el pueblo chino, motivo por el cual la defensa se asumía en base a dicho conocimiento, sin que exista el abogado. 4. India. En India tampoco se conocía la figura del defensor. 5. Atenas. Aquí, los mismos ciudadanos defendían sus causas, en base a un documento preparado por el “orador-escritor”. A medida que aumentaban los litigios, surge la presencia del defensor. 6. Roma. En Roma nace y se deHistoria de la abogacía La abogacía tiene una larga evo- sarrolla la profesión de abogado lución en la huy se reconoce que manidad. las mujeres de la Abogados de mi 1. Egipto. En la Patria: avancemos clase alta pueden decididos y alegres ejercer la abogacultura egipcia no cía. Los romanos existió la defen- por la senda del Deresa con un aboga- cho, sembrando civismo, construyeron el do, por cuanto se rebeldía y coraje para edificio jurídico creía en la justicia enarbolar la Justicia, la más imponente y monumental oral. Las partes paz y la libertad…” exponían por es- DR. AUGUSTO DURÁN PONCE de todos los tiempos. Los romanos crito sus puntos de vista. levantaron este 2. Babilonia. Tanto en el perío- edificio paso a paso, piedra a piedo sumerio como en el acadio, la dra, partiendo de hechos concreadministración de justicia era de tos de la vida, porque el Derecho responsabilidad de los tribuna- más que norma es vida humana, les, pero no actuaba esa persona conducta normal que se refiere a a quien los romanos denomina- la vida, como norma de la vida y para la vida. ron “advocatus”.
Justicia. La razón, sostiene Franz Schubert, “no es otra cosa que el análisis de lo que se cree”. El abogado desempeña un servicio diario a los altos valores que orientan la conducta humana. Con mucha razón se afirma que para ser abogado de corazón se necesita pasión en lo que hace. Carnelutti dice que el abogado desempeña una función de intermediario entre las partes que buscan Justicia y el juez que la otorga.
Cualidades del abogado
1.Ética y moral a toda prueba. En palabras de Alexis Carrel: “Sin una armadura moral, la inteligencia misma se desvanece. Para Percy Shelley, “El gran secreto de la moral es el amor”. 2. Cortesía y buenas maneras, que para Balzac “proceden del corazón y de un hondo sentimiento de dignidad personal”. 3. Autenticidad, que hace invulnerable a la persona. 4. Equilibrio. Sócrates considera que: “Dueño de la virtud es quien en nada se excede”. 5. Elocuencia. William Bryan afirma que: “En verdad es elocuente el que dice lo que piensa y siente lo que dice”. 6. Pasión. Para Benjamín Disraelí: “El hombre es verdaderamente grande solo cuando obra a impulsos de la pasión”. Anatole France sostiene que: “Las pasiones constituyen la riqueza moral del hombre”. 7. Probidad. Balzac afirma que: “Cuando una probidad sin tacha se practica en la indigencia, se es verdaderamente un hombre honrado”. 8. Prudencia. Por la naturaleza de su profesión, el abogado tiene que usar la prudencia, que es la-
° Contribuir al respeto de los abogados.
Día del Abogado ecuatoriano °
El 20 de febrero de 1945, distinguidos juristas de la “Academia de Abogados de Quito” se reunieron con el propósito de celebrar el primer centenario del natalicio del prestigioso Maestro y Jurista, señor Doctor Luis Felipe Borja, oportunidad en la cual resuelven instituir el Día del Abogado Ecuatoriano, como homenaje a las damas y hombres que defienden los derechos e intereses de los seres humanos.
Debido al formato del suplemento, los temas aquí expuestos están resumidos, pero puede leerlos de forma completa en: www.lahora.com.ec ciencia del alma. 9. Sencillez. La sencillez es lo único que engrandece a un ser humano. 10. Serenidad. Francisco Fortuny sostiene algo importante: “La serenidad es la templanza del entendimiento”.
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CONOZCA. No basta con la sujeción estricta de los operadores jurídicos a la ley penal, sino además, una sujeción rígida a los hechos.
Argumentación Jurídica y Verdad Procesal La aplicación de la norma penal debe ajustarse a la Constitución dogmática, conformada por derechos consagrados como normas de optimización.
Es indiscutible que los operadores jurídicos encuentren sometida su actuación al riguroso respeto del principio de legalidad, que en el Estado constitucional de derecho debe entenderse como binomio: Constitución-ley. Binomio acorde con el cual el entendimiento de los códigos penal y procesal penal, así como la dogmática penal, se encuentran condicionados a la dogmática de los derechos fundamentales establecida en la Constitución, que opera como marco de su validez.
De ahí que se sostenga que los operadores jurídicos ya no pueden centrar sus actuaciones de forma exclusiva en la ley, acorde con el deber que les asiste de verificar que se ajusten a los fines de la Constitución . En consecuencia, la aplicación jurídica de la norma penal o procesal penal debe ajustarse a la Constitución dogmática, conformada por derechos consagrados como normas de optimización, que pueden colisionar entre sí, para lo cual se ha sostenido como
la metodología apropiada para su materialización, la de la ponderación, basada en soluciones tópicas que provienen de la lógica de lo razonable, que exige la justificación explícita de las razones a favor y en contra de la medida adoptada, que hacen que sea o no, razonable y proporcionada, así como de los criterios que llevaron a escoger los argumentos a favor de la decisión . Acorde con lo cual, los operadores jurídicos deben fundamentar sus decisiones a través de la argumentación y la exposición de los motivos o razones que conducen a ellas, verificables de forma racional e intersubjetivamente comprensibles por otros miembros de la comunidad, bajo el rigor de reglas como la coherencia, la saturación, la claridad con-
ceptual y argumentativa, entre otras, a fin de que las decisiones como entes comunicativos a los ciudadanos cumplan una función de garantía y realización del principio de seguridad jurídica que reafirme sin ambigüedades la prohibición de las conductas punibles, así como de su correlativa consecuencia sancionatoria con respeto del principio de igualdad de trato frente a la ley penal. Flexibilidad del principio de legalidad y verdad como consenso
Sin embargo, la interpretación judicial acorde con la supremacía constitucional ha decantado un amplio contraste entre el «deber ser normativo» y el «ser», que ha abierto la puerta a la existencia de un gran margen de discreción
y arbitrio, bajo el amparo de la denominada “ambigüedad” o “flexibilidad” del principio de legalidad y, (haciendo eco a Muñoz Conde) de la teoría de la verdad como consenso, en que la verdad forense no siempre coincide con la verdad material propiamente dicha, al verse desdibujada por una falta de «rigor en la vinculación del juez a los hechos» a los cuales aplicar estrictamente la ley , lo que a su vez deriva en que se desvanezca la materialización de la finalidad que el derecho penal cumple a través de la pena. Práctica que suele ocurrir en la aplicación de instituciones procesales insignias del sistema penal acusatorio como el principio de oportunidad y los preacuerdos o negociaciones.
Reto de la sociología jurídica en el neoconstitucionalismo
En tal sentido, pese al reconoci-
miento de estas prácticas, su estudio no ha sido abordado a profundidad y constituye uno de los retos de la sociología jurídica en el neoconstitucionalismo, especialmente en el marco de sistemas penales de orientación teleológica o «derecho penal orientado a las consecuencias», en el que a partir de la concepción del derecho penal como última ratio, su justificación se funda en su necesidad. Necesidad que se analiza a través de los fines que es llamado a cumplir, a través de su mecanismo de coerción: la pena, así como en la garantía de los derechos de las víctimas a la justicia y la verdad. Verdad, justicia y finalidad de la pena, vinculadas íntimamente con ese clamado rigor en la vinculación del fiscal y el juez a los hechos, a los cuales debe aplicar estrictamente la ley, pues pese a que estas instituciones procesales se basan en la admisión de discrecionalidad, la misma no es ilimitada. Es precisamente en este tipo de decisiones, en las cuales los operadores jurídicos si bien se encuentran amparados por un margen de discrecionalidad, su ejercicio impone con mayor rigidez el cumplimiento de las exigencias propias del «test de ra-
zonabilidad y proporcionalidad» de carácter estricto, es decir, con un mayor nivel de exigencia en materia argumentativa en lo concerniente a que la medida no solo tenga un fundamento legal en el margen de la discrecionalidad concedida, sino que sea aplicada de tal manera que los intereses jurídicos de otras partes o intervinientes en el proceso penal no se vean afectados, o que ello suceda en grado mínimo. Conclusión
No basta con la sujeción estricta de los operadores jurídicos a la ley penal, sino además, una sujeción rígida a los hechos. Por tanto, instituciones procesales como el principio de oportunidad y acuerdos o negociaciones, imponen la necesidad de realización de un juicio de razonabilidad estricto, en el que la decisión adoptada en virtud de la discrecionalidad legal, no desconozca o quebrante garantías fundamentales tanto del imputado o acusado como de la víctima, las cuales no pueden examinarse a la luz de criterios subjetivos o arbitrarios y deben remitirse exclusivamente a hechos puntuales que demuestren violaciones objetivas y evidentes,
realizando una imputación jurídica y fáctica circunstanciada, apoyada en un supuesto real. En tal sentido, la aplicación del principio de oportunidad y los preacuerdos de los posibles imputados y la Fiscalía debe proceder si hay un mínimo de prueba que permita inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad , ya que la verdad de lo ocurrido no sólo interesa a quienes participan en el proceso sino también a la sociedad en general. De ahí que, al reconocer situaciones alejadas de la realidad, se altera la forma como sucedieron los hechos, y esto vulnera sustancialmente el derecho a la verdad, no sólo de las víctimas sino de la sociedad, por lo que las circunstancias fácticas y jurídicas que emanan del caso restringen el ámbito de discrecionalidad en la adopción de estas instituciones procesales. En tal sentido, resulta imperativa la participación de las víctimas a fin de determinar de mejor manera los hechos, sus circunstancias y la magnitud del daño, para igualmente de-
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terminar si la pena propuesta o la renuncia a la persecución penal es aceptable y se adecúa al interés de la sociedad y de la administración de justicia, así como a los fines del derecho penal y de la pena previstos por el legislador, en el marco de los principios de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad que la rigen. Impidiendo la emisión de resoluciones judiciales injustas que no concuerden con la verdad de los hechos y su gravedad, que generen en la comunidad sensaciones de impunidad, desamparo y desigualdad ante la ley, como también inseguridad jurídica al recibir como mensaje que las sanciones penales no guardan correspondencia con las conductas punibles realizadas.
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Instituciones establecidas en las legislaciones procesales bajo el fundamento del requerimiento eficientista de culminar un alto porcentaje de la conductas punibles por ese camino, ante la demostrada incapacidad de los sistemas judiciales de juzgar la totalidad de los comportamientos delictivos objeto de denuncia o de conocimiento oficioso por las autoridades, para por esta vía (en principio de carácter excepcional) garantizar la sostenibilidad del sistema. Eficientismo, que ha degenerado en prácticas que “de manera sistemática y reiterada festinan beneficios inmerecidos en asuntos que no comportan complejidad o dificultad para su demostración cabal en juicio” a fin de permitirle a la Fiscalía desprenderse cómodamente de asuntos de su competencia y mermar su carga laboral, con la simple solicitud de negociar hecha por la defensa. Prácticas que generan sensación de impunidad en los ciudadanos y ponen en entredicho la administración de justicia.
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Ha sido y será considerado como el guardián del derecho y el amante de la justicia.
El rol del abogado en el nuevo jurídico ecuatoriano
titucional a la defensa técnica, al disponer el Art. 76 número 7, de la Constitución de la República, el derecho de las personas a la defensa, que incluyen varias garantías básicas y, entre éstas las señaladas en las letras: a), b), c), e), i) y g), aclarando que se refiere a todos los procesos judiciales en los que El Art. 154 inciso segundo, de se discuten derechos y obligaciola Constitución de la República, nes; o sea que si se han violado señala: “Las personas serán res- estas disposiciones constitucionaponsables por la mala práctica en les, las pruebas obtenidas de esta el ejercicio de su profesión, arte manera no tienen valor alguno u oficio, en especial, aquella que y carecen de eficacia probatoria, ponga en riesgo la integridad de más aún el proceso sería nulo y, el funcionario judicial que actúa de las personas”. El Art. 83 ibídem dispone: esta manera debe ser sancionado. De lo que se desprende, que “Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuato- toda persona tiene derecho a la rianos, sin perjuicio de otros pre- defensa y a la asistencia de un vistos en la Constitución y la ley: abogado de su confianza, o de un (…) 12. Ejercer la profesión u oficio defensor público, además no se puede restringir el acceso ni la cocon sujeción a la ética”. El Art. 327 del Código Orgá- municación libre y privada con su nico de la Función Judicial mani- defensor y, peor aún, ser interrogado fuera de los recintos fiesta: “Intervención de los abogados en el patrocinio TOME NOTA autorizados para el efecto; de este modo, se busca con de las causas.- En todo proceso judicial necesa- Dr. José García esta disposición constitucional, recuperar la plena riamente intervendrá un Falconí fe en la justicia, garantizánabogado en patrocinio de Docente, Facultad de las partes excepto en los Jurisprudencia, dola en mejor forma a la soCiencias ciedad y al mismo Estado, procesos constitucionales Políticas y la protección de los derey en los que se sustancien Sociales, Universidad chos señalados en la Consante las juezas y jueces Central del Ecuador titución de la República, en de paz, sin perjuicio del Correo: los tratados internacionaderecho a la autodefensa josegarciafalconi@gmail.com les de derechos humanos, contemplado en el Código y fundamentalmente la gade Procedimiento Penal. Quienes se hallen en incapaci- rantía al debido proceso, dentro dad económica para contratar los del cual se establece el respeto por servicios de un abogado tendrán la libertad individual, por la digderecho a ser patrocinados por los nidad humana, por la presunción de inocencia y, por el derecho a la defensores públicos. En los tribunales y juzgados no defensa y no a cualquier defensa, se admitirá escrito alguno que no sino a una defensa técnica, o sea a esté firmado por un abogado in- la mejor defensa. De este modo, el legislador corporado al Foro, excepto en el caso de la tramitación de procesos quiere que dentro de todo procerelativos a garantías jurisdiccio- dimiento judicial, e inclusive adnales y las causas que conozcan ministrativo, exista una prueba fidedigna e incontrovertible, por las juezas y jueces de paz. Cuando un abogado se presen- eso la exigencia de la presencia te por primera vez en un proceso de un abogado particular o sea de patrocinando a una de las partes, confianza del demandado, proceel actuario verificará que se le sado o acusado, pues de este modo presente el original del carné de se garantiza el legítimo derecho de inscripción en la matrícula, de- defensa, se hace más ágil y factible biendo incorporar al proceso una dicho derecho y esto es prenda de garantía para la justicia, pues solo copia del mismo”. En nuestro ordenamiento así esta prueba puede ser sometijurídico, existe el derecho cons- da al libre y limpio proceso dialéc-
tico de la contradicción, señalado en los Arts. 76 número 7 letra h), de la Constitución de la República, y el 168 número 6, lo que guarda relación con el Art. 75 de la Carta Magna, que establece que nadie puede quedar en indefensión. Así, la defensa de todo ciudadano implicado en un proceso judicial no puede ser asumida por una persona que no se encuentre científica y técnicamente habilitada como profesional del derecho.
Conclusión ° En atención a lo señalado en líneas anteriores, es indispensable que quien actúa como abogado de una persona en un proceso judicial, sea un profesional del
derecho debidamente capacitado, pues no es lo mismo la asistencia realizada por cualquier profesional del derecho, sino que la persona tiene el derecho de contar con una defensa técnica.
¿Qué es la defensa técnica?
El inciso segundo del Art. 323 del Código Orgánico de la Función Judicial indica: “Es garantía fundamental de toda persona ser patrocinada por un abogado de su libre elección”. El Art. 327 ibídem, en su parte pertinente, señala: “(…) sin perjuicio del derecho a la auto defensa contemplado en el Código Orgánico Integral Penal (…)”. El Art. 328 en el último inciso dice: “Todo esto sin perjuicio de que estos funcionarios puedan ejercer su propia defensa o representación judicial”. El Art. 331 ibídem señala en cambio los derechos del abogado en el ejercicio de la causa. Al respecto, la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que la defensa técnica comprende la absoluta confianza del defendido o la presunción legal de la misma confianza en el caso del procesado ausente; o sea que en este sentido es claro el Asambleísta Constituyente, al señalar que las labores del defensor deben ser técnicamente independientes y absolutamente basadas en la idoneidad profesional y personal del defensor, además de su capacidad intelectual en la materia que está defendiendo. De lo señalado se infiere que el Asambleísta Constituyente quiere con las disposiciones antes mencionadas, no solo se asegure que a cualquier persona le asista un abogado, sino que se debe asegurar que las labores de la defensa sean técnicamente independientes y absolutamente basadas en la idoneidad profesional. He aquí la gran responsabilidad de las facultades de jurisprudencia de las Universidades del país.
DATO. La defensa de todo ciudadano implicado en un proceso judicial no puede ser asumida por una persona que no se encuentre científica y técnicamente habilitada.
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Violencia doméstica contra el varón
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Factores para la agresión Los autores Carol Fontena y Andrés °Gatica (La Violencia Doméstica hacia el
Varón: factores que inciden en el hombre agredido para no denunciar a su pareja) establecen como factores los siguientes:
° Ideología patriarcal y/o neomachismo ° Ignorancia legal. prejuiciadas con relación a °la Instituciones atención del varón. Medios de comunicación (en menor °grado)
° Factores personales del varón de conocimiento acerca de la Ley °deTipo violencia intrafamiliar: La mayoría de los varones plantea que la ley se creó para la mujer y por tanto ella es la única favorecida en violencia intrafamiliar.
CONTEXTOS. La mayoría de los varones plantea que la Ley se creó para la mujer y por tanto ella es la única favorecida en violencia intrafamiliar.
POR: Dr. Giovani Criollo Mayorga Se ha buscado construir un sistema normativo de “protección” a través de la Constitución y de varios instrumentos internacionales, como por ejemplo la Convención Belem Do Para, en los cuales el asunto de la violencia intrafamiliar se lo ha tratado de forma particularmente sesgada, es decir, siempre desde de la perspectiva de que el agresor es un varón, de que el varón es un “verdugo”. Aún más, esta idea ha ido reforzándose con infinidad de campañas publicitarias en donde casi siempre se puede observar un “macho” agresor y una dama siendo víctima de violencia. Por manera que en la percepción social y aun en la jurisdiccional la idea del culpable de la violencia está prejuiciosamente construida, lo que implica que la violencia contra el varón no sea tratada con la profundidad y rigor que amerita y que el problema de la violencia sea visto desde una perspectiva que elimina por completo la posibilidad de considerar las nuevas estructuraciones de las relaciones sociales. Por otra parte es importante indicar que aún desde el punto de vista doctrinario, la cantidad de estudios serios sobre la violencia doméstica en contra del varón es sumamente escasa y limitada lo que impide comprender adecuadamente este fenómeno, pero ello en forma alguna
Algunas son las razones por las cuales se presenta esta situación. Muchos hombres no lo quieren sacar a la luz. la cifra total, según el Ministerio del Interior, Anuario 2005. En el mismo año, en Andalucía se registraron 2.600 casos de varones maltratados por sus mujeres y la Fiscalía de Madrid, en el 2006, informó que se perpetraron sólo en esa Comunidad 2.589 delitos Algunas estadísticas de violencia cometidos por muUn importantísimo estudio de jeres en contra de sus parejas las autoras investigadoras de la (Montero, 2007). En el resto de Universidad Autónoma de Méxi- Europa, países como Francia, co, Patricia Trujano, Aimé Edith Alemania y Noruega parecen Martínez y Samanta Inés Cama- tener las cifras más altas de viocho , consigna importantísimas lencia doméstica en contra de los y reveladoras estadísticas sobre varones. En Estados Unidos existe el incremento de la violencia contra el hombre, así tenemos más investigación al respecto: de que en 1997 el 1% de las esposas acuerdo con cifras de su Departamento de Justicia, cada maltrataba a sus maridos (Olamendi, 1997); en 1998 TOME NOTA año más de ochocientos mil varones son víctimas se incrementó al 2% (Cordel maltrato de sus musi, 1997; 1998); en 2005, la montecrhisto@ cifra sube de 10% a 15% de gmail.com jeres. Datos de Washington apuntan que cada 37 varones golpeados. segundos un hombre es “En España, en el año 2000 fueron asesinados 44 herido por su compañera con hombres por sus esposas; 16 pistolas, cuchillos u otros objemás en el 2002. En el 2005 la ci- tos, además de ser frecuentes las fra fue de 15. Pero si contamos a lesiones por patadas, rasguños, todos los varones muertos en el mordiscos, y jalones de cabello. ámbito familiar por cónyuge, ex- Autores como Eloy Rodríguez cónyuge, novia, compañera sen- (citado en Bernal, 2001) asegutimental, hijo/a, padre/madre, ran que en la actualidad, en Estao pariente, tenemos que suman dos Unidos la cifra de muertes de 56, representando el 48.2% de hombres por violencia domésti-
significa que no exista este tipo de violencia, por el contrario es un indicativo de que este problema debe ser tratado de forma seria y que debemos empezar a realizar investigaciones exhaustivas sobre este fenómeno.
ca es mayor que la de las mujeres. Ciertamente, pensamos que los varones deben enfrentar aún mayores dificultades para obtener credibilidad, de acuerdo con los testimonios que conocemos.” Factores que invisibilizan a la violencia
La autora Alejandra Palacios Banchero establece que los factores que inciden en la Invisibilización de la violencia contra el hombre son los siguientes: Los estereotipos rígidos del varón con lo que se espera de él como “macho” o el temor a las burlas hacen que trate de esconder el problema. En ese “esquema social” de proveedor, jefe de familia y protector, una denuncia de agresión significaría trastocar los roles establecidos, donde se supone que el varón es el que “lleva los pantalones” y en último de los casos el que maltrata es él. Para muchos es inadmisible reconocer ante sí mismo y ante los demás la caída de su superioridad. No denuncian porque el maltrato de sus esposas o hijos es un duro golpe a su autoestima… Existen sentimientos comunes en el hombre maltratado: soledad, sufrimiento, vergüenza, pobre autoestima, culpa, inhibición, propensión a la humillación o temor a tomar una decisión.
deduce de las opiniones vertidas °la Se “falta de existencia de una institución exclusiva que los atienda por violencia intrafamiliar”.
El patrón de violencia en contra del varón °
Patricia Trujano, Aimé Edith Martínez y Samanta Inés Camacho dicen que: “Si nos detenemos a analizar el patrón de violencia ejercido por las mujeres, las observaciones de los sicólogos apuntan a que es similar cuando ellas son las víctimas, lo que puede llegar al asesinato. Es decir, ellos también sufren violencia física, sicológica, sexual, económica, social y objetal: algunas esposas maltratadoras se burlan en privado o en público del marido, lo intimidan y humillan; lo aíslan de familiares y amigos; le retienen el dinero; lo amenazan con suicidarse o dañar a sus hijos; le impiden trabajar o estudiar; lo chantajean con gritar pidiendo ayuda a los vecinos, seguras de que les creerán a ellas; lo agreden físicamente de propia mano o recurren a terceros a quienes convencen de que el marido merece ser castigado (Del Ángel, 2003; Monserrat, 2006).”
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