Pulso Regional

La Revista del Sur | Año 06 | #52 - Febrero de 2022

El sur concentra el 25 % de los proyectos mineros y allí también hay una alta conflictividad social.

Las mesas de diálogo buscan soluciones, mientras que algunos sectores piden reformar Ley de Minería.

Minas de conflictos

2 / Editorial

La última.

EDITORIAL UNA NUEVA OPORTUNIDAD Ahora que la Fiscalía archivó las denuncias por presunta falsificación de firmas de miembros de mesa en las elecciones generales del 2021, impulsada por Fuerza Popular y sus aliados para deslegitimar al gobierno de Pedro Castillo, la posibilidad de un nuevo proceso de vacancia presidencial se desinfla por lo menos temporalmente.

Este momento -que incluye un frenazo en el descenso de los niveles de aprobación presidencial- debería ser aprovechado por el jefe de Estado para encarrilar su gestión con una agenda clara y en beneficio de todos los peruanos. Así parece haberlo entendido, tal como se lo dijo Pedro Castillo al periodista César Hildebrandt.

Una de las prioridades debería ser respaldar las acciones de la primera ministra Mirtha Vásquez para que las mesas de diálogo permitan solucionar efectivamente las demandas de las poblaciones en entornos mineros. Paralelamente, debe impulsar medidas para que en estas localidades haya una mejor calidad y eficiencia en el gasto del presupuesto que proviene del canon y sobre canon minero, e insistir con una reforma tributaria dirigida a captar más recursos en este nuevo súper ciclo del precio de los minerales, como el cobre.

La otra tarea urgente tiene que ver con la necesidad de impulsar un plan de reactivación de la economía en aquellos sectores de la microeconomía que fueron golpeados severamente durante los dos años de la pandemia. Aquí figuran los pequeños agricultores, los operadores de turismo y los micro empresarios que hasta ahora no han podido reactivarse.

Un tercer tema transversal en el que debe trabajar el gobierno pasa por la implementación de la segunda reforma agraria con todos sus componentes. Poco se ha avanzado en esta política pública desde su presentación en el Cusco, en octubre del año pasado.

En el caso del sur, sigue pendiente, desde hace tres gobiernos, la concretización de grandes proyectos que traerán desarrollo a estas poblaciones. En la lista figura la construcción del Sistema Integrado de Transporte de Gas (SIT Gas), antes Gasoducto Sur Peruano, que quedó paralizado por la insolvencia de la corrupta empresa Odebrecht. Esta obra que tenía previsto traer el gas de Camisea a las regiones del sur hubiera cambiado la matriz energética y abaratado el costo del combustible. Actualmente un balón de gas de GLP de 10 kilos llega a costar hasta S/150 en comunidades cercanas a Camisea y casi S/50 en zonas urbanas.

El gobierno debería retomar con seriedad la renegociación de los contratos de explotación y transporte del gas de Camisea, que ha quedado paralizado por desencuentros entre la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Si el presidente no aprovecha las actuales condiciones, crecerá el descontento ciudadano, lo que será aprovechado para un nuevo intento de destitución. Además, la coyuntura de las elecciones regionales y municipales agudizará algunos conflictos sociales y las críticas al gobierno de turno.

Nota al cierre de edición

Huaicos e inundaciones ponen en riesgo a más de 1 millón en Perú

La temporada de lluvias empezó con una emergencia en el distrito de Machupicchu, en el corazón del Valle Sagrado de los Incas. Pero todo indica que las emergencias por inundaciones, deslizamientos y huaicos recién comienzan.

Según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), 32,735 centros poblados a nivel nacional están en riesgo muy alto por movimientos en masa e inundaciones ante las lluvias entre enero y marzo de este año.

Los “Escenarios de riesgos por superávit de lluvias para el verano 2022” identificó 2’046,918 personas que viven en 28,511 centros poblados distribuidos en 21 regiones. Las regiones con mayor cantidad de población expuesta a riesgo muy alto están Cusco (386,450), Ancash (233,505), Puno (223,706) y Huánuco (210,488). En Apurímac la población expuesta

asciende a 13,644.

Además, hay otro grupo de 4,224 centros poblados expuestos a un riesgo muy alto frente a la ocurrencia de inundaciones. Las regiones con mayor cantidad de zonas con personas expuestas a riesgo muy alto son Loreto (747), Cusco (604), Ucayali (410) y Puno (376).

A nivel nacional son 1’134,150 personas en este nivel de riesgo de presentarse inundaciones; así como 289,227 viviendas, 847 establecimientos de salud y 4,634 instituciones educativas.

Los escenarios de riesgo que elabora el Cenepred tienen el objetivo de informar a las instituciones competentes, especialmente a las autoridades regionales y locales, para que identifiquen las áreas con mayor riesgo en su jurisdicción.

Este documento se entregó en octubre del año pasado y las autoridades debieron haber resuelto algunos problemas advertidos por este organismo.

Las lluvias empezaron con más fuerza en el sur desde la segunda mitad de enero.

EDITOR PERIODÍSTICO: José Salcedo Ccama DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: Cristian Yarin Trujillo FOTO PORTADA: Pulso Regional

COMITÉ EDITORIAL: Centro Bartolomé de Las Casas - CBC

Correo: pulsoregionalcusco@gmail.com Dirección: Barrio Profesional A-8/3er piso

Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu – CEDEP AYLLU

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Derechos Humanos Sin Fronteras DHSF Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH

pulsoregionalcusco Impreso en: ARTEYPAPEL Calle Kuychipunku N° 500-A, Cusco / Cel: 957 532 826 - 944 197113 Tiraje: 1.000

Informe / 3 JUAN CARLOS TORO

El país no estaba preparado para pasar de la educación presencial a las clases virtuales.

Estudiantes insatisfechos con la educación virtual

DESCONTENTO. Según un estudio elaborado por la Contraloría General de la República, casi cinco de cada diez alumnos no están satisfechos con la calidad de las clases virtuales dictadas a través de la estrategia Aprendo en casa del Ministerio de Educación.

Casi cinco (44 %) de cada diez estudiantes de secundaria de colegios públicos encuestados a nivel nacional consideró que las clases virtuales de Aprendo en casa fueron insuficientes para alcanzar un progreso lectivo adecuado.

Asimismo, el 56.5 % señaló que los profesores usan la aplicación WhatsApp para realizar el dictado de clases mediante videollamadas, lo que es un medio poco idóneo para el aprendizaje, y el 40.2 % dijo que los docentes usan otras plataformas de virtualización (Classroom, Meet, Hangout, entre otras).

Más de la mitad (51.87 %) de encuestados manifiesta que utiliza el celular como medio para acceder a clases, mientras que el 28.5 % utiliza una computadora de escritorio o laptop y solo el 8.28 % lo hace a través de la tableta entregada por el Minedu. Además, el 7.01 % de alumnos afirmó que accedió por medio de la televisión, el 1.39 % en su tableta personal, el 0.5 % en la radio y el 2.45 % no accedió a la estrategia educativa.

Como resultado de estos datos, el 59.15 % de los estudiantes consideró que la principal dificultad para el acceso y la conectividad a la estrategia Aprendo en

Casa fue la falla en el servicio de Internet, mientras que el 19.56 % señala a la falta de plan de datos (celular prepago).

El 36.9 % de los estudiantes encuestados expresan que sus maestros dedican entre 2 a 4 horas al día en brindar clases en vivo a través de Aprendo en casa, mientras que el 32.6 % señala que la cantidad de horas lectivas administradas virtualmente es más de 4 horas diarias. En tanto, casi un tercio (27 %) sostiene que recibe menos de 2 horas diarias y un 3.5 % expresa que el profesor no dicta clases a diario.

La estrategia educativa Aprendo en casa es la que menos nivel de satisfacción muestra entre la comunidad estudiantil (35.11 %). Las estrategias Aprendo en escuela y Aprendo en comunidad muestran un nivel de satisfacción mayor: los estudiantes las califican como buena en 48.9 y 42.6%, respectivamente.

Todos estos datos son el resultado de las veedurías escolares virtuales realizadas por la Contraloría a las estrategias educativas del Ministerio de Educación (Minedu), durante la emergencia sanitaria por la Covid-19. La encuesta se aplicó, entre el 29 de octubre y el 14

de noviembre de 2021, a 67.207 estudiantes.

Retorno a clases En otro tema, la Contraloría también evaluó los índices de deserción escolar.

Según la información preliminar alcanzada al cierre de la investigación, los estudiantes matriculados para el periodo 2020 a nivel nacional fue de 2’629,716 alumnos, de los cuales 1’139,349 aprobaron (43.3 %), 830,913 requieren promoción guiada (31.6 %) y 3,611 se retiraron de las clases (0.14 %). Respecto a 655,843 alumnos, la información está pendiente de ser procesada (24.9 %) por el Minedu.

En tanto, el 19 de enero, el gobierno oficializó la creación de “Comisión multisectorial para el retorno a clases 2022 y para el inicio de cada año escolar”, integrado por varios ministerios, para que de manera articulada y según sus competencias realicen el seguimiento y la evaluación de las condiciones que garanticen el retorno a clases.

Este grupo de trabajo deberá cumplir varias funciones. Entre ellas emitir un informe que identifique las necesidades prioritarias y condiciones mínimas que se requieren para lograr un retorno a clases e inicio de cada año escolar en condiciones seguras e idóneas.

Asimismo, debe hacer el seguimiento a las acciones llevadas a cabo a nivel nacional para el retorno presencial o semi presencial de los estudiantes a las aulas, adaptado al contexto de la pandemia por la Covid-19.

4 / Informe

La pandemia mostró que no estábamos preparados para la educación virtual en todas las instituciones educativas del país.

La educación en tiempos de pandemia Escribe: Alberto García Campana (*)

AULAS EN RECREO. A menos de dos meses del probable reinicio de labores escolares presenciales, la infraestructura educativa no está en óptimas condiciones para recibir a los alumnos tras dos años de pandemia. Otro asunto desatendido es el traslado masivo de alumnos de I.E. privadas a planteles estatales. Según Contraloría, casi cinco de cada diez alumnos están insatisfechos con las clases virtuales.

En medio de marchas y contramarchas del gobierno, el retorno al dictado presencial de clases en las instituciones públicas y privadas de todo el país permanece en la nebulosa. Los funcionarios del Ministerio de Educación (Minedu) fijaron inicial-

mente el regreso de los estudiantes a las aulas para la primera semana de marzo.

El presidente Pedro Castillo ratificó esa medida. Después, las mismas autoridades del Minedu aclararon que las labores presenciales en escuelas y colegios

empezarían a fines de marzo o inicios de abril. Con el incesante incremento del número de contagios por la variante Ómicron de la Covid–19, la posibilidad del retorno a clases de miles de estudiantes se viste con el traje de la incertidumbre.

Nadie sabe qué ocurrirá de aquí a marzo. Nadie sabe si la emergencia sanitaria provocará nuevamente el cierre de locales públicos y privados, como ocurrió en las dos primeras olas. Por eso, es aventurado poner fechas para el retorno a la presencialidad en escuelas y colegios.

Pero, el tema no pasa solamente por la presencia del coronavirus entre nosotros. El tema es más complejo. Y veamos por qué.

Tiempos de virtualidad La emergencia sanitaria en el Perú se inició en marzo del año 2020, cuando solamente se había realizado una semana de clases presenciales. La Covid–19 aparecida en la ciudad china de Wuhan en diciembre del 2019, llegó a nuestro país en el primer trimestre del año siguiente. Las altas tasas de letalidad del virus provocaron que las actividades educativas presenciales en escuelas, co-

Informe / 5 legios y universidades se suspendieran por tiempo indefinido.

Inicialmente, se pensó que la normalidad volvería a las instituciones educativas en dos o tres meses. Sin embargo, han pasado ya dos años y la situación de emergencia sanitaria subsiste, con el temor de su agravamiento.

La presencialidad fue reemplazada entonces por la virtualidad. Los profesores debieron ser sometidos a cursos intensivos de capacitación en el manejo de instrumentos tecnológicos. Los estudiantes llevaban cierta ventaja en ello debido a su condición de nativos digitales, es decir, que nacieron y crecieron en un mundo gobernado por las nuevas tecnologías.

La pantalla de los ordenadores y de los teléfonos celulares reemplazó a las pizarras. En lugar del profesor ubicado en su pupitre frente a los alumnos, se pasó a utilizar el Meet. Sin duda, fue un tránsito muy difícil, especialmente en sectores rurales en los que la conectividad es prácticamente nula.

Sin dinero para pensiones La pandemia sanitaria que a su vez modificó el aislamiento social determinó también una profunda crisis económica, lo cual derivó en el cierre de empresas e industrias, con el consiguiente despido masivo de trabajadores.

El padre de familia, desprovisto de ingresos, ya no pudo pagar la mensualidad de los hijos en los colegios particulares, y entonces, decidió trasladarlos a instituciones educativas estatales, con el riesgo de enfrentar desniveles en el proceso formativo, pues para nadie es secreto que en unos planteles las exigencias académicas son mayores, debido a que los estudiantes, en esencia, son considerados como clientes y no como usuarios de un servicio.

Debido a la transmisión virtual de contenidos, no se abrieron las puertas de los colegios. Desde sus propios domici-

lios, los alumnos recibieron las clases, solamente conectados a una PC, una laptop o a un teléfono celular.

Los padres y madres de familia vieron en ese cambio de modalidad un alivio para sus diezmadas economías, pues no solamente se ahorraba en pago de matrículas y pensiones, sino también en pasajes y pagos a las movilidades.

La migración silenciosa De acuerdo a datos proporcionados por el Ministerio de Educación, la cifra de los alumnos matriculados en instituciones educativas de nivel inicial de gestión pública en el departamento del Cusco fue de 59 mil en el año 2019, antes de la pandemia. Esa cifra se incrementó a 61,300 al año siguiente, cuando ya había sido declarada la emergencia sanitaria.

En las escuelas primarias de gestión estatal del Cusco, en el año 2019 fueron matriculados 126 mil estudiantes, y al año siguiente, el 2020, esa cifra subió a 133 mil.

En colegios secundarios de gestión estatal del departamento del Cusco, los estudiantes matriculados en el año 2019 hicieron una cantidad de 102 mil, mientras que al año siguiente, el 2020, esa cantidad subió a 103,800.

Contrariamente, en las instituciones de gestión privada del nivel inicial, los alumnos matriculados en el año prepandemia (2019) fue de 13,800, mientras que en el 2020 esa cifra bajó a 11,600.

En el nivel primario, los alumnos matriculados el año 2019 en instituciones educativas privadas alcanzaron la cifra de 25,400, en tanto que al año siguiente esa cifra descendió a 24,800.

En el nivel secundario, los estudiantes matriculados en colegios privados en el año 2019 hicieron la cantidad de 17,600, mientras que el año 2020, año del inicio de la pandemia en el Perú, la cifra fue de 16,600, es decir, mil estudiantes

abandonaron los colegios particulares.

La migración silenciosa, el traslado de estudiantes de colegios privados a planteles estatales superó solamente en el año 2020 en los tres niveles-inicial, primario y secundario- el número de 4,200.

Solo buenos deseos Al problema ya señalado de la carencia de aulas a partir de una infraestructura concebida para tiempos de normalidad, se suma el aspecto de la docencia. Se dice que para evitar posibles contagios será preciso que los estudiantes guarden las distancias correspondientes, es decir, que haya al menos un metro de distancia entre carpeta y carpeta, lo que a su vez significa que en un salón en el que antes se acomodaban 40 estudiantes, este año solamente entrarán 20.

Los funcionarios del Minedu expresan con entusiasmo que no habrá aglomeración de estudiantes porque se establecerán hasta tres turnos diarios para el desarrollo de las actividades lectivas, volviéndose al sistema anterior de turnos de mañana, tarde y noche, y tal vez encontrándose entre mañana y tarde otro espacio más.

Como intención sirve, pero no funciona en la realidad, pues tendría que triplicarse al menos el número de docentes, porque no se podrá pedir a un profesor que dicte en dos o tres turnos, por ser no solamente sacrificado, sino, sobre todo, opuesto a los principios de la pedagogía, dado que se estaría obligando a un profesor a repetir dos o tres veces al día los mismos contenidos.

Si se optara por contratar más docentes, probablemente el presupuesto del Minedu estallaría. Además, habría dos o tres docentes para cada materia en cada nivel educativo, lo que generaría ruptura de la propuesta de contenidos y del enfoque metodológico.

Contra la tendencia mundial El ofrecimiento gubernamental de volver a la presencialidad en colegios privados y públicos de los tres niveles formativos no encuentra emparejamiento con la realidad debido a las ya señaladas dificultades en las áreas de infraestructura y personal docente y administrativo.

Estas marchas y contramarchas ponen en evidencia, además, que una vez más, el Perú marcha a contracorriente de las tendencias mundiales. En muchos países del mundo, las actividades laborales y las actividades educativas de desarrollan desde hace tiempo de manera virtual. Ya no hay enormes edificios para acoger industrias o colegios. En el Perú, contrariamente, parece que no nos desprendemos de esa perversa costumbre de caminar en sentido contrario.

Minedu tiene previsto que las clases semi presenciales y presenciales empiecen en abril.

(*) Analista y catedrático de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac).

6 / Informe

El corredor minero y de los conflictos sociales

La conflictividad en el corredor minero del sur es alta. Decenas de comunidades reclaman compensaciones y acciones de remediación a la contaminación ambiental.

Escribe: José Víctor Salcedo

LAS AGENDAS LOCALES. El gobierno desactivó los conflictos con la instalación de mesas de diálogo, pero las agendas siguen pendientes de solución y comprometen a las mineras MMG Las Bambas, Hudbay Perú y Glencore Antapaccay. El Estado y las mineras tienen que resolver las demandas de las poblaciones de su área de influencia entre las regiones Apurímac y Cusco.

Tres empresas mineras operan en el trayecto del corredor minero del sur que comprende las regiones Apurímac y Cusco. La mina Las Bambas, de MMG Limited, se ubica en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas (Apurímac); Antapaccay, del grupo económico Glencore, funciona en el distrito de Espinar (Cusco), y Constancia, de Hudbay Perú, está entre los distritos de Veli-

lle, Livitaca y Chamaca, de la provincia de Chumbivilcas (Cusco).

Según el último Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas (Minem), entre enero y noviembre del 2021, la producción de los ocho metales que se extraen en suelo peruano registró un alza con respecto al mismo período del 2020. Entre las tres minas producen casi un tercio de cobre fino.

No obstante, las tres empresas tienen una relación de conflictos con las poblaciones locales por sus malas prácticas, cambios sin consulta a sus estudios de impacto ambiental, incumplimiento de compromisos con las comunidades, contaminación ambiental, usurpación de terrenos, etc.

La conflictividad social en torno a la minería lleva décadas. No es como se ha dicho que en este gobierno hay más conflictos sociales que ponen en riesgo la inversión en actividades extractivas. Según el informe de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, en el gobierno de Alan García se registró la mayor cantidad de conflictos con casi 300 casos en un año. Al cierre del 2021, la Defensoría del Pueblo mapeó 198 conflictos, de los cuales el 64 % está relacionado con actividades extractivas.

En las regiones del sur hay más de 30 conflictos vinculados a la minería: la mayoría se sitúa entre Apurímac y Cusco.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), con Mirtha Vásquez a la cabeza, logró desactivar el bloqueo del corredor minero el 30 de diciembre del año pasado.

Durante el primer mes de este año hubo varias reuniones con las organizaciones cusqueñas y chankas que viven en el corredor minero del sur, pero todavía está

Informe / 7 pendiente la solución de varias agendas locales. La solución a las demandas se complica por el “parcelamiento” de plataformas de pedidos y por los líos internos en los gremios campesinos. Veamos algunos casos y la situación en la que se encuentran.

Comunidades de Chumbivilcas La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) declaró el 9 de enero como “zona de atención especial” a 14 comunidades del corredor minero del sur que se ubican en los distritos de Ccapacmarca, Colquemarca, Santo Tomás, Velille, Chamaca y Livitaca, de la provincia de Chumbivilcas.

Según la resolución ministerial 005-2022PCM, la declaratoria servirá para la planificación de las acciones para promover el desarrollo socioeconómico sostenible, con enfoque territorial, intercultural y multisectorial en las comunidades cusqueñas a las que alcanza dicha resolución ministerial.

El 18 y 19 de enero se desarrolló una ronda de reuniones de los grupos de trabajo. Hubo varios acuerdos con Huininquiri, Huaylla Huaylla, Tincurca, Hatun Ccollana, Tuntuma, Idiopa Ñaupa Japo Urinsaya, Ahuichanta Huisuray, Lacca Lacca Yanque Parccobamba y Cancahuani.

El más importante es que la minera MMG Las Bambas y las diez comunidades, reunidas en el subgrupo de trabajo 2, cerraron el acuerdo para ser proveedoras. La minera otorgará 14 cupos para el alquiler de camiones de transporte de concentrado y otros 14 para el alquiler se camionetas. Estas comunidades serán consideradas en las labores de mantenimiento del corredor minero del sur “conforme al requerimiento y los estándares de la empresa”.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) coordinará con el Ministerio de la Producción para que capacite a las empresas comunales que ingresarán a la cadena de valor de MMG Las Bambas, y Cofide los instruirá sobre los mecanismos de financiamiento.

En el subgrupo de trabajo 3 también hubo acuerdos positivos. La minera ratificó su compromiso de incluir a las comunidades como área de interés social y ambiental, lo que implica que harán proyectos en estos territorios, y ratificó su compromiso de aportar S/100,000 para proyectos que priorice cada comunidad.

Sin embargo, cuatro comunidades del distrito de Ccapacmarca (Ccapacmarca, Huscabamba, Tahuay y Sayhua) tienen su agenda propia y discrepan de los acuerdos del 30 de diciembre de 2021.

La premier Mirtha Vásquez se reunió con ellos el 17 de enero, pero no hubo acuerdos. Tras cinco horas de conversaciones, los comuneros acordaron evaluar en 15 días los planteamientos de la comisión del Ejecutivo y representantes de la minera Las Bambas, tiempo en el que mantendrán levantada las medidas de fuerza. El plazo vence el 1 de febrero.

Estas comunidades insisten con la derogatoria de la Resolución Ministerial 372-2018, que convirtió caminos comunales en vía nacional, y piden ser consideradas como zona de influencia ambiental y social. Además, los presidentes de Tuntuma y Hatun Ccollana (Velille) no firmaron el acta del 19 de enero, lo que podría dificultar el diálogo.

La agenda Cotabambas La relación de MMG Las Bambas con la población de los distritos de Challhuahuacho tampoco es del todo pacífica desde el 2015. Actualmente hay dos mesas de diálogo instaladas para atender las demandas del distrito de Challhuahuacho y de la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso (Grau).

El último 14 de enero en la comunidad de Challhuahuacho se firmó un memorando de entendimiento en el cual la comunidad se compromete a evitar bloqueos en el corredor. El dirigente de la comunidad, Jacinto Lima, dijo que en la cita se dialogó sobre “agenda de oportunidad laboral”, tema pendiente desde diciembre de 2021. El 16 de febrero habrá una nueva reunión con el objetivo de conversar sobre la agenda de oportunidad empresarial.

Diálogo con Hudbay El 13 de enero pasado se realizó una reunión entre la comunidad campesina de Hatun Ccollana, del distrito de Velille (Chumbivilcas), y la minera Hudbay Perú S.A.C. para encaminar la solución de sus demandas. Como facilitador del diálogo participó por la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

En el diálogo se acordó la conformación de una comisión técnica mixta integrada por los equipos técnicos de la comunidad de Hatun Ccollana y la minera Hudbay para que elaboren un plan de

trabajo que contemplará visitas y otras actividades de campo. La siguiente reunión se desarrollará el 2 de febrero del 2022, pero antes, ese grupo de trabajo, deberá presentar un informe final.

Actualmente que la comunidad revisa la propuesta de área de priorización social presentado por la empresa minera. Luego, entregará una contrapropuesta para avanzar en las negociaciones. Asimismo, entregará un oficio a Senace para pedir la paralización de la evaluación de la tercera modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la mina Hudbay.

Las demandas en Espinar Uno de los conflictos latentes está relacionado con la implementación del proceso de consulta previa para el proyecto Integración Coroccohuayaco, de Glencore Antapaccay. Desde noviembre del 2019, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) implementa la consulta previa por el proyecto en 11 de las 13 comunidades indígenas que se localizan en el área de influencia de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA).

Poco se ha avanzado en dicho proceso. Están pendientes la etapa del diálogo y la decisión final, es decir, el acuerdo de las comunidades respecto a la viabilidad o no de la iniciativa minera.

Participan en el proceso -que ahora está parado- Alto Huarca, Huano Huano, Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Cala Cala, Huarca, Suero y Cama, Huisa Collana, Huisa y Anta Ccollana.

Buscan un diálogo directo los comuneros de Huini Coroccohuayco y Pacopata, que se encuentran en el área directa de influencia.

En el corredor minero se siente una tensa calma. Los diálogos están activos, pero la fragmentación de las agendas complica el panorama y la convierte en incierta.

En Chumbivilcas ya empezaron a negociar sus agendas con la premier Mirtha Vásquez.

8 / Entrevista / Jaime Borda Pari - Secretario ejecutivo de la Red Muqui

El secretario ejecutivo de la Red Muqui, Jaime Borda, señala que es necesario que los diálogos resuelvan los conflictos, porque las personas se cansan si no encuentran soluciones.

“Las mineras no se van a ir, solo no quieren pagar más (impuestos)”

Escribe: José Víctor Salcedo La actividad minera está bajo la lupa.

Por un lado, los conflictos sociales en entornos mineros no cesan, y el gobierno, con Mirtha Vásquez al frente de la PCM, consiguió al menos desactivar los bloqueos y tomas de vías en varias regiones del país. Lo que está pendiente es la solución de las agendas planteadas por las poblaciones. Otro asunto pendiente es la reforma de la Ley de Minería que vaya acompaña de cambios en materia tributaria. Pulso Regional habló con el secretario ejecutivo de la Red Muqui, Jaime Borda, quien analiza la minería en el país. ¿Qué debería hacer este gobierno respecto de la actividad minera?

Hay por lo menos cuatro temas que deberían empezar a discutirse con la participación de todos los actores, porque en los últimos gobiernos, las reformas, normas o leyes las discutieron solamente entre expertos, con los grupos

de poder, y no ha participado la población afectada. ¿Cuáles serían los temas?

Primero cómo atender y resolver los conflictos sociales. Están hablando de un sistema nacional de gestión de conflictos sociales que tenga autonomía y suficiente capacidad para resolver los casos de conflictividad. Nosotros creemos que -no sé si un sistema- sí debe haber un ente rector que tenga la capacidad política y económica para atender las demandas de las comunidades o poblaciones sobre todo en los vinculados a asuntos mineros, de hidrocarburos, entre otros.

Vinculado a la minería debe tratarse el manejo y cuidado del agua. Cómo se gestiona de mejor forma, protegiéndola en un contexto altamente extractivo y de precios altos de los minerales, donde hay mayor demanda en exploración y explotación de minerales. Es pertinente que se discuta la necesidad de cuidar las

cabeceras de cuenca. Este pedido ya lo han hecho varias comunidades mineras, como en el sur de Ayacucho en el 2020. ¿Qué más?

El tercer tema tiene que ver con la reforma del sector minero. Tenemos 30 años de vigencia de la Ley de Minería y hasta el momento solo ha tenido parches. Son tres décadas de una norma caduca, sin actualización. En Chile y Colombia ya han discutido hace cinco y diez años sus normas y hay reformas; en nuestro país no hubo nada. La premier Mirtha Vásquez, en Chumbivilcas, planteó la necesidad de discutir con el gremio minero el cambio del marco normativo minero.

Dentro de ese debate, creemos, que se debe incluir la política de concesiones mineras en el país, porque actualmente, por ejemplo, el titular de una concesión minera tiene más derechos inclusive que una comunidad campesina. Y esa es una contradicción que se debe discutir. ¿Cuál el cuarto tema?

Es el ordenamiento territorial como política de Estado, que discuta seriamente que la minería es importante pero no se puede hacer donde sea ni como sea, como se ha estado haciendo en los últimos años. Este punto ya se había tocado en años pasados, pero los gobiernos de derecha lo que han dicho es que esa norma lo que busca es paralizar la inversión minera y no es así. Esto es más urgente.

También hay que fortalecer la institucionalidad ambiental -la que ha sido debilitada en los últimos años- en fiscalización y sanción ahora que vemos lo que pasa con el derrame de petróleo de Repsol en el litoral de Lima.

Entrevista / 9 ¿Hay gestos en el gobierno que den muestras de que se quiere cambiar la cara de la minería?

Hemos visto gestos de la premier Mirtha Vásquez, que proviene del espacio de derechos humanos. Ha planteado en Ayacucho el cuidado de las cabeceras de cuenca. Sin embargo, también es cierto que no hay el mismo ánimo en todos los ministerios para impulsar estos temas.

Me refiero al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio del Ambiente y otros sectores que deberían estar alineados al planteamiento de la premier, pero no lo hacen porque hay múltiples intereses en cada ministerio. ¿Cuánto podría ayudar, por ejemplo, en el corredor minero, declarar a las comunidades como “zona de atención especial”?

Después de tantos vaivenes en los anteriores gobiernos es como empezar algo nuevo, interesante e importante. Esto permitirá hacer un diagnóstico real de lo que está pasando en el corredor minero y las necesidades de fondo, más allá de las demandas inmediatas y económicas. Ver también el rol de los otros actores que no están participando en este momento como las autoridades locales y otros sectores con sus respectivas demandas. Es una medida positiva, pero debe mirar de manera conjunta el asunto para no generar sobreexpectativas.

Hay una suerte de parcelamiento de las agendas en comunidades, distritos y provincias. ¿Cuánto puede complicar las negociaciones y la solución del conflicto esta atomización de agendas?

Esa es justamente mi preocupación. Entiendo la buena intención de la premier y del gobierno de tratar de dialogar con todos, estoy de acuerdo con eso. Para mí es mejor el diálogo y poner 500 dialogadores antes que 500 policías. Pero también es cierto que la sub fragmentación de agendas no ayuda, porque te la vas a

pasar dialogando con cada localidad y después quizás pide diálogo un sector o una familia. Y esto no solo pasa por la responsabilidad del gobierno nacional sino también de los gobiernos locales.

No debería haber tanta atomización, porque primero vas a perder mucho tiempo; segundo no vas a poder atender todas estas demandas y entonces volvemos a los mismo: descontento, cuestionamiento porque hubo “mecida”, y eso puede terminar peor. Un desafío es tratar de articular las demandas a nivel distrital y provincial y no a nivel comunal.

Más en un contexto de inestabilidad y no sabemos si la premier y este gabinete continuarán.

Exactamente. No tenemos mucho tiempo y eso creo que lo saben los comuneros de Chumbivilcas y del corredor minero. Se tiene ahora una premier cercana a las comunidades, a los derechos humanos, hay que aprovechar a la premier en el sentido positivo de proponer cosas realistas. No se puede pedir soluciones o cambios que no se han hecho en los últimos 10, 15 o 20 años. Si es que Mirtha Vásquez sale, probablemente, el próximo premier va a entrar con otra lógica. ¿Qué responsabilidad les toca a los gobiernos regionales y municipales que han estado ausentes en estos casos?

Así como vemos esta inestabilidad nacional, mucha incertidumbre, siento que pasa lo mismo con los gobiernos locales y regionales. Miremos lo que pasó en Arequipa, en el municipio de Cusco o en Chumbivilcas donde hubo cambios sucesivos tras las vacancias. Parece que la atención de las autoridades está más en ver cómo permanecen en el cargo y cómo sacan algo en términos económicos. Tengo esa impresión.

A lo que se suma la falta de calidad del uso del canon que no ayuda a cerrar las brechas sociales.

INFOBAE

“Las mineras no se van a ir”, dice Jaime Borda respecto a la narrativa de cierto sector sobre que se está ahuyentando las inversiones.

Reclamamos que las empresas que no tributan tributen bien, pero también es cierto que las autoridades a nivel distrital y provincial en zonas mineras no aprovechan estos recursos para usarlos bien. También hay corrupción: el caso de Cotabambas en los últimos años ha sido escandaloso; en Espinar y Chumbivilcas no se usan los recursos en obras de agua y saneamiento, en proyectos que mejoren las condiciones de vida de la población.

Las empresas y gremios mineros han estado en una suerte de campaña en contra el gobierno. ¿A qué podemos atribuir esa ofensiva que incluye declaraciones altisonantes, anuncios de cese de operaciones, pedidos de imponer el principio de autoridad?

No están de acuerdo con el cambio de gobierno liderado por Pedro Castillo. Se nota que antes, con los anteriores gobiernos, había una relación más directa con los ministros a través de las puertas giratorias, y de alguna forma este gobierno no lo está permitiendo. Antes, cualquier hecho de conflictividad era reprimido por el uso de la fuerza, lo que no hemos visto en este gobierno. Eso no les ha gustado. Y quieren que las cosas sigan como están.

Si estamos viviendo en un súper ciclo del precio de los minerales, ¿por qué el sector minero protesta tanto si todo le va muy bien?

No quieren pagar más impuestos, porque dicen que tienen la mayor carga tributaria a nivel de Latinoamericana. Pero en términos comparativos estamos por debajo de las presiones que tienen Colombia y Chile. No quieren pagar nada de lo que están ganando en este momento.

El Congreso rechazó la reforma tributaria en materia minera, ¿qué opción tiene el Ejecutivo para insistir en ese propósito?

Tendrían que presentar una iniciativa legislativa. Sin embargo, tenemos que ver que el súper ciclo podría terminar pronto y entonces no sería tan útil un impuesto a las sobreganancias. Por ende, es necesario pensar en reformas en temas como impuesto a la renta, canon minero, etc.

Hay una corriente que pretende hacer consentir que estamos en un momento en el que los conflictos ponen en riesgo las inversiones. ¿Por qué quieren crear esa narrativa?

Las inversiones mineras se han mantenido y han subido. Eso de que se van a ir no es cierto. La cantidad de conflictos se mantiene en sus niveles, aunque con más intensidad, porque muchos votaron por cambios y ahora piden que se hagan esos cambios. Las mineras no se van a ir, es solo un discurso para asustar a través de los medios. Es una estrategia de intimidación, una narrativa con la que quieren evitar los cambios, quieren evitar pagar más (impuestos), porque están cómodos con las cosas sin cambios.

10 / Informe

Los jóvenes son los protagonistas de la tradicional y colorida Bajada de Reyes en Huancasancos. Una tradición de años.

La música, con violines y arpas, anima la fiesta en homenaje al Niño Jesús.

El público asistente cumplió con guardar los pro

otocolos de seguridad contra la Covid-19.

Informe / 11

Los danzantes y ciudadanos se reúnen en esta lejana localidad de la región Ayacucho.

LA ADORACIÓN AL NIÑO JESÚS En la provincia de Huancasancos, en Ayacucho, la vida cultural empezó a reactivarse desde Navidad. Así, haciendo uso de los cuidados de bioseguridad debido a la pandemia de la Covid-19, las y los ciudadanos participaron de la Bajada de Reyes. En esta fiesta, los principales protagonistas fueron las y los jóvenes bailarines, quienes, retornan temporalmente desde ciudades como Ica, Lima y Huamanga, donde residen, para mantener viva la tradición y reafirmar su identidad.

FOTOS: ©Miguel Gutiérrez Chero El zapateo vigoroso en medio de la lluvia.

El uso de barbijos fue obligatorio para los asistentes a la fiesta.

12 / Informe

La población deberá elegir a sus nuevas autoridades de una oferta variopinta de tendencias ideológicas y programáticas.

Carnaval electoral: Fragmentados y desubicados Escribe: Jesús Manya Salas (*)

RADIOGRAFÍA. La cantidad de partidos en competencia en esta fase inicial -seis movimientos regionales y más de una docena de partidos políticos- demuestra que hay una alta fragmentación, lo que generará una dispersión de los votos. Cantidad no siempre es calidad, pero veremos cómo reaccionan los electores ante tanta avalancha de símbolos y nombres confusos y desconocidos.

Aunque muchos todavía siguen creyendo que las elecciones regionales y municipales son más vecinales que políticas, considero que las del 2022 están atravesadas por un alto componente político; serán una especie de tercera vuelta de las elecciones del 2021, que concluyeron en denuncias y una alta polarización que caracteriza actualmente a nuestra coyuntura nacional.

Serán plebiscitarias en tanto sean un examen para el gobierno de Pedro Castillo, componente impulsado básicamente por los partidos de la ultra derecha que buscan reivindicar su derrota y, por otro lado, quieren golpear políticamente a los acompañantes del profesor en el Gabinete Vásquez como son Perú Libre, Juntos por el Perú, Nuevo Perú y Frente Amplio.

En esta dirección abonará la división de la izquierda a nivel nacional y regional.

Curiosamente Perú Libre lleva caviares en sus listas, mientras que Juntos por el Perú acaba de sufrir el retiro del PC, Patria Roja y Nuevo Perú. Este último grupo político en el Cusco se suma al movimiento Autogobierno Ayllu. Participan en este segmento también Fuerza Inka Amazónica (FIA) y el movimiento en inscripción Frente Regional Tupac.

Todos ellos se reclaman tonos y semitonos progresistas.

Los partidos nacionales La fragmentación en la ultraderecha nacional también es parecida: Renovación Popular, Avanza País y el fujimorismo. En el caso de la región Cusco han definido su participación los dos primeros, excepto el fujimorismo que sigue deshojando margaritas. En este espacio queda pendiente la posición y participación del Apra nacional y regionalmente, que por las actuaciones de Jorge del Castillo y Mauricio Mulder han traspasado su ubicación centro derecha para convertirse en uno de los abanderados de la ultra derecha, junto al Partido Popular Cristiano (PPC) de Lourdes Flores.

Informe / 13 La otra derecha también está superpoblada con cinco agrupaciones en el partidor: Acción Popular (AP), Alianza para el Progreso (APP) y Podemos nacional y regionalmente son parte de esta estrategia e historial. A ellos debemos sumar a Pachakuteq y Kausachun Cusco. Todos actúan en dichas fronteras con un discurso radical de derecha muy difícil de separar el hilo de su tradicional ubicación conservadora.

Residualmente queda el centro derecha con Somos Perú, reforzado por lo que fue Democracia Directa, y el Frente Esperanza de un candidato sempiterno. Debemos agregar a ellos al casi desaparecido grupo Tawantinsuyo. En este caso debemos estar alertas para ver los equilibrios de estas agrupaciones para no ser devorados por un discurso radical derechista y avanzar hacia el centro.

Alta fragmentación La cantidad de partidos en competencia en esta fase inicial demuestra que hay una alta fragmentación, lo que generará una dispersión de los votos en estos más de quince partidos. Cantidad no siempre es calidad, pero veremos cómo reaccionan los electores ante tanta avalancha de símbolos y nombres confusos y desconocidos.

La representación y el perfil programático de los candidatos también es bastante dudosa en tanto que sus diferencias no son notorias y explícitas; hay derechistas que se disfrazan de progresistas, y otros izquierdistas que hablan como misóginos y centralistas.

Una primera conclusión de esta alta fragmentación y desubicación programática de los partidos y sus desconocidos candidatos, es que es muy poco probable la victoria en la primera vuelta. En una segunda vuelta en el horizonte, las campañas tienen que colocar en

Lista de precandidatos al Gobierno Regional de Cusco Boris Mujica Paredes (APP) Celia Quispe Ricalde (AP) César Augusto Holguín Loaiza (Autogobierno Ayllu–Nuevo Perú) Werner Salcedo Álvarez (Somos Perú) Marco Prieto Barreto (Podemos) Iván Aparicio Arenas (Pachakuteq) Héctor Acurio Cruz (Perú Libre) Raúl del Castillo Alatrista (Juntos por el Perú) Tika Luizar Obregón (FIA) Luis Alberto Soto Colque (Renovación Popular) Carlos Cuaresma Sánchez (Frente Esperanza) Edgar Ochoa Pezo (Frente Regional Tupac) Fuerza Popular: pendiente.

Avanza País: pendiente.

Kausachun Cusco: pendiente.

Tawantinsuyo: pendiente. su agenda dicha estrategia.

Los dilemas Una primera interrogante a resolver en la primera vuelta es cómo diferenciar la campaña regional y municipal del tono polarizante y excluyente de la campaña nacional. Rafael López Aliaga ha radicalizado su enfrentamiento contra el gobierno de Pedro Castillo con la finalidad de desaparecer al electorado centrista y zanjar con el fujimorismo.

Los poderes económicos y los grupos mediáticos apuestan por este discurso, obligando a la vieja derecha y al centro derecha a repetir la postura ultra derechista.

Otra interrogante será el comportamiento electoral de la izquierda oficial. ¿Perú Libre y Juntos por el Perú

La agenda regional seguirá siendo la que se arrastra desde hace más de una década.

asumirán los costos negativos o positivos del actual gobierno que sigue paralizado y arrinconado por los medios de comunicación y el poder económico, a través de una abierta guerra sucia, fake news que se aplican en Lima y se vienen perfeccionando también en la región?

Finalmente, los precandidatos -futuros candidatos a dedo- que cumplirán el protocolo de elecciones internas, vienen entrenando su nuevo rostro para el performance en el que deben actuar, posar, sonreír, discursar, abrazar, endulzar con temas y hechos que normalmente no lo hacen cotidiana y sinceramente; pero como dicen las abuelitas “campaña es campaña y todo vale” en estos carnavales. (*) Escritor y analista político.

14 / Informe

La salud colapsada

La tercera ola de la pandemia puso en evidencia que los hospitales siguen adoleciendo de personal suficiente e infraestructura deficiente.

Escribe: José Víctor Salcedo

de 1 % y los decesos estaban en cero durante tres meses continuos. Sin embargo, a mediados de enero se contagió y estuvo en cama con síntomas leves durante cinco días: ardor en la garganta, ligero cansancio, dolor de cabeza y un leve resfrío. Así llegó la tercera ola a la vida de Luis.

La tercera ola MEJORAS MÍNIMAS. El nuevo brote de la Covid-19 volvió a poner en evidencia las deficiencias que hay en este sector en cuanto a infraestructura y personal. Debido a los contagios, los hospitales tuvieron que suspender o restringir al mínimo las atenciones en consultorios externos y algunas áreas de cirugía. Existe también la necesidad de regular los servicios que se ofrecen en el sector privado donde, por ejemplo, una prueba molecular de descarte de la Covid-19 cuesta entre S/300 y S/500.

José, un joven cusqueño de 29 años, esquivó a la Covid-19 en la primera y segunda ola de la pandemia. Mientras miles se contagiaban y cientos morían a causa del virus, Luis, con los cuidados

del caso, pasó indemne ambos golpes en 2020 y 2021.

El 2022 parecía un año más tranquilo porque ya había vacunas y los índices de contagios habían caído a menos

La aparición de la variante Ómicron desató la tercera ola en el Perú. A esto se sumó el gran problema de que hay un sector de ciudadanos que no quiere recibir la segunda y tercera dosis de la vacuna contra el virus.

La provincia del Cusco pasó rápidamente al nivel de alerta alto de las infecciones, y luego se sumaron las provincias de La Convención y Urubamba.

El 6 de enero se confirmó el primer caso de la variante Ómicron. Solo once días después, al 17 de enero, ya era la variante dominante en toda la región imperial con el 80 % de predominio. Todo indica que uno de los contagiados con esa variante fue José. Cusco registraba en promedio 1000 nuevos casos positivos diariamente, lo que equivale a un 34

Informe / 15 % de positividad. No obstante, la tasa de letalidad se mantuvo en cifras bajas con 25 decesos hasta el cierre de esta nota (24 de enero).

La situación no era distinta en otras regiones del sur como Arequipa, Puno y Apurímac. La región Cusco registró 15.794 casos positivos de Covid-19 y ocho fallecidos hasta el cierre de esta nota. Según el reporte de Geresa Cusco, el 76 % de una población total de 1’187,969 personas. Solo el 57% de

20 a 29 años se vacunaron con dos dosis, mientras que apenas un 1 % recibió la tercera dosis; el 71 % de mayores de 30 a 39 años han recibido la segunda dosis y solo el 7 % la tercera; y el 80 % de los mayores de 40 a 49 años recibieron las dos dosis y solo el 13 % la de refuerzo.

En Apurímac, la vacunación cubrió el 79.4 % con las dos dosis, es decir, 299,268 apurimeños vacunados de un total de 376,945 ciudadanos. En

Las clínicas volvieron a hacer de las suyas. Esta vez cobran entre S/300 y S/500 por una prueba molecular de descarte del virus.

Arequipa, la cobertura con dos dosis llega al 82.1 % de una población meta de 1’287,748 personas. En Puno, solo el 58.7 % de personas tienen la segunda dosis. La meta era de 1’054,010 ciudadanos.

Situación hospitalaria La tercera ola también afectó los servicios de salud. Los principales hospitales -como el Regional y Antonio Lorena del Cusco- decidieron restringir las atenciones en consultorios externos y algunas áreas críticas como cirugía debido al contagio de su personal con la Covid-91.

La falta de personal volvió a mostrarse como un serio problema del sector salud que no ha sido solucionado casi en nada durante los años de la pandemia. A nivel nacional, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), solo hay 14.5 médicos por cada 10,000 habitantes. En las regiones del sur la cifra baja a 12.1 galenos por diez millares de ciudadanos.

De acuerdo a los estándares internacionales lo óptimo es tener 44 profesionales de salud (médicos, enfermeros, obstetras, etc.) por cada 10,000 habitantes. El Perú está lejos de alcanzar esos mínimos exigidos a nivel mundial.

Más allá de la pandemia, el Ministerio de Salud y Essalud tampoco implementaron medidas para atender a los pacientes con males graves y enfermedades crónicas. Por ejemplo, en 2020, según datos del lREN Sur y Susalud tabulados por Videnza Consultores, los pacientes oncológicos tuvieron que viajar a Lima para ser atendidos.

Reforma de la salud

Los médicos y enfermeras se esfuerzan en atender pacientes y llevar las vacunas contra la Covid-19.

La inversión anual en salud no supera los 20,000 millones de soles. Todavía falta que el Estado incremente esa inversión hasta llegar al ideal de 6 % del presupuesto general de la república para este sector. Si empezamos ahora, según un estudio sobre salud pública, el Perú llegaría a ese nivel en el 2100. Pero no todo es dinero. También es necesario cambios en los mecanismos de control de los servicios de salud en el sector privado que durante la pandemia demostró su alto nivel de mercantilización.

Muchas familias quedaron endeudadas de por vida por haber acudido a una clínica particular para tratar a su ser querido que estaba contagiado con la Covid-19, porque no había espacio en los hospitales públicos; otras personas vendieron sus bienes o gastaron sus ahorros de hasta dos décadas sin que el gobierno haya intervenido este sector.

Actualmente, las clínicas privadas cobran entre S/300 y S/500 por una prueba de descarte molecular, cuando en el sector estatal la prueba es gratuita. Sin duda, la salud como negocio debe ser erradicado en el país y para eso es necesario una reforma.

16 / Informe

El GORE Cusco manejó en el 2021 más de 2 mil millones de soles para obras y gasto corriente.

Cusco y Apurímac recibieron 10 y 4 mil millones de soles en 2021 locales manejaron 1,235 millones (33 %) y el Gobierno regional 1,330 millones (36 %).

Escribe: Pablo Villa Incanttito (*)

BALANCE. Casi el 30 % lo manejan los Gobiernos regionales. En los últimos diez años, el presupuesto total del GORE Cusco aumentó en más del 152 %: pasó de 1,153 millones de soles en 2010 a 2,902 millones en 2021. En tanto, el GORE Apurímac aumentó su presupuesto en el periodo 2010 – 2021 en 102 %: pasó de 658 millones de soles a 1330 millones. ¿En qué se gasta todo este dinero?

Las regiones Cusco y Apurímac tuvieron durante el 2021, segundo año de la pandemia y las dificultades de la economía, una inversión pública de más de 13,000 millones de soles.

En detalle, el presupuesto total asignado a la región Cusco ascendió a 10,355 millones de soles, de los cuales 3,914 millones (38 %) corresponde al presupuesto del Gobierno nacional,

3,539 millones (34 %) a los Gobiernos locales y 2,902 millones (28 %) al Gobierno regional.

En el caso de la región Apurímac, el presupuesto total fue de 3,737 millones de soles, los mismos que están distribuidos entre los tres niveles de gobierno. El presupuesto asignado desde el Ejecutivo nacional llegó a 1,172 millones de soles (31 %), los Gobiernos

Gasto deficiente En este artículo entregaremos información de la ejecución del presupuesto total de los Gobiernos regionales Cusco y Apurímac. Antes debemos precisar que los recursos de estas instancias conforman el conjunto de los pliegos presupuestales que anualmente cuentan al inicio de cada periodo presupuestal con un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA). Esta asignación experimenta a lo largo del año modificaciones en los montos aprobados, a lo que se le denomina Presupuesto Institucional Modificado (PIM) o presupuesto total.

Como podemos observar en el cuadro 1, el presupuesto total del Gobierno Regional de Cusco muestra mayor variación que el del Gobierno Regional de Apurimac. En los últimos diez años, el presupuesto total del GORE Cusco aumentó en más del 152 %: pasó de 1,153 millones de soles en 2010 a 2,902 millones en 2021.

En tanto, el GORE Apurímac aumentó su presupuesto en el periodo 2010 – 2021 en 102 %: pasó de 658 millones de soles a 1330 millones.

Informe / 17 En 2021, el presupuesto total del GORE Cusco registró un incremento del 20 % respecto al presupuesto total de 2020; el de Apurímac aumentó en 10 % en ese mismo periodo.

Cusco se encuentra entre los Gobiernos regionales que recibieron mayores recursos presupuestales -ocupa el tercer lugar por encima de Piura y Cajamarca-, mientras que el GORE Apurímac se ubica en el puesto dieciocho entre los veinticinco gobiernos subnacionales.

millones, de los cuales se ejecutó 97 millones de soles.

En cuanto al Gobierno Regional de Apurímac, el proyecto de inversión más costoso fue el “Fortalecimiento de la atención de los servicios de salud en el segundo nivel de atención, categoría II-2, 6° nivel de complejidad nue-

vo Hospital de Andahuaylas”. Tuvo un presupuesto total de 24 millones de soles y una ejecución de apenas 315 mil 769 soles, lo que representa un avance de solo 1.3 %. (*) Centro Bartolomé de Las Casas (CBC).

Fuentes de dinero Los Gobiernos regionales cuentan con un conjunto de recursos que provienen de las transferencias otorgadas desde el Gobierno central, las que se generan en cada uno de los pliegos y las que provienen de la explotación de los recursos naturales (hidrocarburos y minería). Todo este conjunto de recursos constituye el presupuesto total (ver cuadro 2). Los GORE Cusco y Apurímac tienen dinero por la fuente de recursos ordinarios en el 64% y 71%, respectivamente. En cambio, los recursos del canon y regalías para Cusco representan el 17 % de su presupuesto total, y para Apurímac el 8 %. Otro recurso importante dentro del presupuesto total de las regiones es el que proviene de las operaciones oficiales de crédito.

Destino del dinero Los GORE Cusco y Apurímac destinan la mayor parte de su presupuesto al financiamiento de los gastos de personal y obligaciones sociales. Eso quiere decir que el grueso de los recursos sirve para el pago del sueldo y beneficios del personal activo. Asimismo, comprende las obligaciones de responsabilidad del empleador (asignaciones en especie otorgadas a los servidores públicos).

En el caso del Gobierno Regional de Cusco estas alcanzan el 43 % y en el de Apurímac equivale al 51 %.

Otros gastos importantes que realizan los Gobiernos regionales son la adquisición de bienes y servicios, y gasto en inversiones. En este último caso, la asignación presupuestal bordea el 24 % del presupuesto total, tanto en Cusco como en Apurímac.

Obras costosas El dinero que manejan ambos gobiernos está destinado a la ejecución de un conjunto de proyectos de inversión que tienen como objetivo el cierre de las brechas en los diferentes sectores. En el caso de Cusco, durante el 2021, el proyecto de mayor envergadura y costo presupuestal fue el “Mejoramiento integral de la vía Expresa de la ciudad de Cusco: Ovalo los Libertadores – Puente Costanera – Nodo de Versalles”. A esta obra se le asignó un presupuesto de 99

El hospital de Andahuaylas registra poquísimo avance, pese a contar con presupuesto.

18 / Informe

Crónica de derrame de gas en Camisea ANDINA

Desde que empezó a funcionar, el gasoducto de Camisea tuvo varios derrames. Los dos últimos ocurrieron en el 2016 y 2018.

Consorcio Camisea, por la afectación de un derrame de gas ocurrido hace seis años.

Escribe: José Víctor Salcedo

RECUENTO. La dirigencia comunal exige el pago de indemnizaciones por la contaminación ocasionada en enero de 2016 o cerrarán las válvulas del gasoducto que transporta el gas de Camisea a la costa, mientras que TGP dice que hubo una transacción extrajudicial sobre ese tema.

OEFA sancionó en 2017 a TGP porque no adoptó acciones para prevenir los impactos del derrame de líquidos de gas natural.

Un hombre con un rastrillo y un recogedor de basura en medio de aguas negras y grasosas, y un ave muerta, bañada en un líquido oscuro, fueron las imágenes más escandalosas y tristes del “peor desastre ecológico” ocurrido en Lima.

Seis mil barriles de petróleo se esparcieron rápidamente a lo largo de dieciocho kilómetros cuadrados del litoral

peruano entre el 16 y 20 de enero. El responsable del derrame es la empresa Repsol.

Sin embargo, este no es el único caso de un derrame que afecta el ecosistema. En la selva del Cusco, la comunidad nativa de Camana reclama el pago de una indemnización a Transportadora de Gas del Perú (TGP), integrante del

El caso Camisea Ocurrió el 19 de enero de 2016. La rotura del sistema de transporte de ductos, que lleva el gas de Camisea a la costa, provocó el derrame de líquidos de gas natural (LGN). La fuga contaminó los ríos y el medio ambiente sin que la empresa haya realizado acciones para reparar los daños e indemnizar a las poblaciones afectadas, según el presidente de la comunidad nativa de Camana, José Cruz Pacaya.

El derrame ocurrió en el KP 56+500 del ducto, dentro de la Reserva Comunal Machiguenga. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) hizo una investigación y encontró dos hechos importantes. Primero, verificó que la falla del ducto de acero de 14 pulgadas se había “producido como consecuencia de una falta de mantenimiento del ducto, toda vez que no habría ejecutado obras geotécnicas y de control para la estabilización de los taludes, laderas del ducto y entornos”.

Segundo, como consecuencia del derrame de LGN, halló presencia

Informe / 19 de hidrocarburos en los componentes ambientales, suelo natural (en una extensión aproximada de 2.063 m2) y aguas superficiales de la quebrada lgoritoshiari. “Respecto de este último componente se advierte concentraciones de TPH que exceden el Estándar de Calidad Ambiental para Agua Superficial Categoría 4 (río de selva)”, señala OEFA. “Cuando ocurrió el derrame contaminó nuestros ríos hasta llegar al Bajo Urubamba, mató peces al contaminar las aguas y animales silvestres en las riberas del río”, recuerda José Cruz. Todos esos datos se encuentran en la Resolución 086-2017-OEFA del Tribunal de Fiscalización Ambiental, que confirmó la existencia de responsabilidad administrativa por parte de TGP.

La culpa de TGP TGP es la empresa encargada del transporte de gas natural y de líquidos de gas.

En 2016, el OEFA realizó dos supervisiones especiales al KP 56+500 y verificó el incumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables. El trabajo se realizó del 20 al 22 de enero y del 10 al 15 de noviembre de ese año.

En base a ese resultado, la Subdirección de Instrucción e Investigación de la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos (DFSAI) del OEFA dispuso el inicio de un procedimiento administrativo sancionador contra TGP. Luego de evaluar los descargos de TGP, la Subdirección de Instrucción e Investigación emitió el informe final de instrucción Nº 0266-2017 -20 de febrero de 2017- y determinó la conducta probada constitutiva de infracción.

“TGP no evitó los impactos negativos en el ambiente producidos por el derrame de líquidos de gas natural (…), no adoptó medidas de prevención para evitar la ocurrencia de un incidente o emergencia ambiental que genere un impacto ambiental negativo”, se lee en el documento.

TGP apeló esa decisión y alegó que ese trabajo no se hizo por “el riesgo de la comisión de ataques terroristas en contra de su personal y sus subcontratistas permanecía latente”.

dad nativa de Camana pidió garantías a la subprefectura provincial para cerrar el ducto que administra Transportadora de Gas del Perú. Cruz Pacaya señala que esa decisión se debe a la negativa de TGP a pagar una indemnización por la contaminación. La indemnización solicitada por la directiva, según dijo a RPP Cusco la gerente de Sostenibilidad y Comunicación Corporativa de TGP, Tania Silva, asciende a S/50 millones.

La demanda de la comunidad recibió el respaldo de una congresista y algunos gremios indígenas de la Amazonía cusqueña. El jefe de la comunidad nativa de Tangoshiari, Gilberto Chinchay, mostró su apoyo a las demandas de sus vecinos. “Manifestamos que vamos a respaldar el cierre de válvulas en el kilómetro 43 de la comunidad de Camana, que transporta el gas natural de Camisea hacia el norte del país, llegando a Lima”, señala en un comunicado.

Asimismo, Domingo Macuyama, coordinador de la Asociación Coordinadora Nacional de los Pueblos Originarios de la Amazonía, exigió al gobierno iniciar una investigación a la empresa TGP por la mala gestión en sus operaciones, “perjudicando a miles de peruanos de los pueblos originarios en la selva del Cusco, Ayacucho y Pisco”.

La versión de TGP TGP, en un comunicado, pidió a la comunidad nativa respetar los acuerdos.

La empresa asegura que no generó ningún daño ambiental allí, porque el “incidente” ocurrió a 40 kilómetros de distancia. “Efectivamente, en enero de 2016 hubo un incidente en el KP 56.500 que está ubicado a 49 kilómetros de la comunidad Camana aguas abajo. Hay una distancia enorme. No impactó en Camana (…) El caso está cerrado, no

hubo daño ambiental en la comunidad, no se afectó a las personas, no se afectó al ambiente, no corresponde indemnización”, dijo Silva.

La compañía agrega que la Resolución Nº 086-2017-OEFA/TFASMEPIM declara que la responsabilidad de TGP es de carácter administrativo, y cuyo alcance no involucra ningún impacto ambiental en el territorio de Camana, por lo cual no corresponde indemnización alguna.

Diálogo fallido Desde inicios de enero ha habido varios intentos para resolver el conflicto anunciado. En las reuniones, sin embargo, las partes no se pusieron de acuerdo. El último intento se dio el 19 de enero en una reunión virtual. Por las discrepancias, la dirigencia abandonó la reunión.

TGP, en una nota informativa, lamentó que la actual directiva de Camana haya abandonado el proceso de diálogo que era mediado por la Presidencia de Consejos de Ministros (PCM).

“Durante la sesión, en la que también participaron representantes de Minem y OEFA, el jefe de la comunidad, José Cruz, desconociendo los acuerdos suscritos con la empresa, insistió en solicitar una indemnización en efectivo por un daño ambiental que no pudo sustentar y reiteró que un grupo de pobladores tomará las válvulas”, señaló TGP. Sin embargo, la congresista por Junín, Silvana Robles Araujo, dijo que en aquella cita los dirigentes indígenas fueron “víctimas de un reprochable trato vejatorio por parte de funcionarios de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM”. Al cierre de esta nota la amenaza del cierre de las válvulas del gasoducto que lleva el gas de Camisea a la costa no había desaparecido.

GABRIEL URQUIA

La demanda de Camana La comunidad nativa indígena machiguenga de Camana reclama a TGP el pago de una indemnización por la afectación causada por el derrame en 2016.

TGP, en un comunicado, niega haber generado daño ambiental en la zona de la comunidad nativa, porque el “incidente” ocurrió a 40 kilómetros de la comunidad. “Los resultados de los análisis realizados tanto por TGP como por OEFA demostraron que el impacto estuvo acotado al lugar del incidente, que se encuentra fuera del territorio de la comunidad”, señala.

Hace tres semanas, la comuni-

El último derrame ocurrió en el 2018 y afectó a varias comunidades del Bajo Urubamba.

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ZOZOBRA EN MACHUPICCHU Viernes 21 de enero de 2022. Seis de la mañana con cinco minutos. La población de Machupicchu, en el Valle Sagrado de los Incas, despertaba y se alistaba para atender a los turistas que habían llegado la noche anterior y debían arribar a las ocho de la mañana.

Un fuerte rumor se oyó en la cuenca del río Alccamayo. El caudal del afluente se había desbordado y ocasionó un huaico que a su paso arrastró piedras y tierra y destruyó o afectó severamente viviendas, puentes, rieles y más cosas. El corte de energía eléctrica afectó las alarmas del Centro de Operaciones de Emergencia, que no pudo lanzar la alarma sobre el huaico. Hubo dos puentes ferroviarios y dos peatonales destruidos, diez viviendas inundadas, dos casas destruidas, una persona desaparecida, entre otros daños.

FOTOS: MDM/COER/PNP

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