Pulso Regional

La Revista del Sur | Año 06 | #55 - Mayo de 2022

Millones de peruanos agobiados por el desempleo y la inflación demandan a Pedro Castillo Terrones y al Congreso que dejen de lado la confrontación y remen en favor del país.

Trabajen o renuncien

2 / Editorial

La última.

EDITORIAL SIN ESPACIO PARA EL ERROR El presidente Pedro Castillo está a un paso de perder el reducido respaldo que todavía tiene en un sector de la población del interior del país. Las protestas sociales en regiones empiezan a ganar terreno por el incumplimiento de sus compromisos de campaña. El jefe de Estado deberá tomar la decisión de implementar su plan de gobierno o por lo menos concretar reformas mínimas que satisfagan a los ciudadanos.

Si el descontento sigue en aumento, podría ser el fin de este régimen. En concreto, un paso en falso y en las calles de las regiones del interior del país empezarán a pedir su renuncia. No es cierto que actualmente haya una mayoría que reclama la salida de Castillo de Palacio de Gobierno como pretenden hacer consentir algunos actores políticos y mediáticos. No es cierto tampoco que Castillo está trabajando en favor de todos los peruanos como sostienen sus acólitos.

En las calles y plazas hay tres pedidos que podrían denominarse centrales y claves en la ciudadanía. Primero, que el gobierno y el Congreso trabajen medidas para evitar que los precios de los alimentos de primera necesidad sigan aumentando y si no lo hacen que mejor renuncien; segundo, que el Ejecutivo impulse una Asamblea Constituyente para cambiar la actual Constitución; tercero, que el gobierno impulse proyectos y obras para generar empleo y concretar un verdadero proceso de la segunda reforma agraria.

Al Congreso le exigen que dejen de lado su agenda centrada casi exclusivamente en vacar al presidente y en hacer reformas que favorecen a grandes grupos de poder como las universidades públicas, los oligopolios farmacéuticos y de alimentos, etc. Hay sectores que ya piden el cierre del Legislativo: es tanto su descrédito, que termina beneficiando al Ejecutivo.

Volvamos al gobierno de Castillo. Las protestas de los últimos días en Cusco, Ayacucho y Puno han mostrado un avanzado proceso de decepción con el régimen de turno. Si vemos hacia atrás, en los gobiernos de Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García hubo decepción por el incumplimiento de compromisos, lo que se tradujo en masivas protestas.

Si un escenario similar ocurriera ahora -lo que es altamente posible-, será capitalizado por ese sector que ha estado empeñado en vacar al presidente de la república desde el primer día que asumió el cargo el 28 de julio del 2021.

En este contexto, no basta con sesiones descentralizadas del Consejo de Ministros sin soluciones a las demandas ni mesas de diálogo que solamente buscan desactivar los conflictos y no atienden el fondo de las demandas.

Si el gobierno no tiene una lectura clara de lo que pide y de lo que espera la población, y continúa errático y usando el método de reparto de cuotas de poder para evitar que en el Congreso alcancen los 87 votos para la vacancia, será el pueblo -del que tanto habla- el que lo saque del poder.

EDITOR PERIODÍSTICO: José Víctor Salcedo Ccama DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: Cristian Yarin Trujillo DISEÑO PORTADA: Cristian Yarin Trujillo

Nota al cierre de edición

MMG Las Bambas y Antapaccay Glencore en jaque Cinco distritos de la provincia de Espinar, en Cusco, y dos comunidades en el distrito de Challhuahuacho en Cotabambas, Apurímac, han puesto en jaque a las empresas mineras Glencore Antapaccay y MMG Las Bambas, respectivamente.

Con protestas y toma de terrenos mineros, pobladores de estos territorios demandan atención a sus reclamos de consulta previa e inclusión como zonas de influencia directa y cuestionan el incumplimiento de compromisos.

Los comuneros de Fuerabamba, del distrito de Challhuahuacho, cuestionan a MMG Las Bambas porque aseguran que no ha cumplido sus compromisos. La minera, en un comunicado, sostiene que sí cumplió con más de 70% de los compromisos asumidos y que el restante está en ejecución. Debido a la protesta y el riesgo que eso representa para el personal, MMG anunció la suspensión de las

operaciones de explotación de cobre en el yacimiento. Esa medida empezó a regir el 20 de abril. Al cierre de esta edición la medida seguía vigente.

A varios kilómetros al sur, los distritos de Pallpata, Pichigua, Ocoruro, Alto Pichigua y Condoroma en Espinar iniciaron también protestas.

Exigen ser considerados como zona de influencia directa del proyecto Integración Coroccohuayco, una iniciativa de la transnacional Glencore Antapaccay de USD 590 millones.

Cumplir ese pedido implica la modificación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero. Si su demanda no es atendida por el gobierno y la minera sencillamente demandarán el cierre de proyecto y que la minera Antapaccay se vaya de la provincia. Más allá de que se instalen mesas de diálogo y se suspendan las medidas de fuerza, la solución a las demandas tomará tiempo.

MMG Las Bambas es la que más problemas sociales afronta desde el 2015.

COMITÉ EDITORIAL: Centro Bartolomé de Las Casas - CBC

Correo: pulsoregionalcusco@gmail.com Dirección: Barrio Profesional A-8/3er piso

Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu – CEDEP AYLLU

www.pulsoregional.pe

Derechos Humanos Sin Fronteras DHSF Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH

pulsoregionalcusco Impreso en: ARTEYPAPEL /Av. Pardo 526, Cusco / Cel: 957 532 826 - 944 197113 Tiraje: 1.000

Informe / 3

Una iniciativa para saber qué deja la minería en Apurímac Escribe: Jorge L. Sáenz A. (*) COMISIÓN EITI. Este instrumento es una alianza mundial de Estado, empresa y sociedad civil que busca transparentar los recursos económicos provenientes del canon y regalías producto de la actividad extractiva minera.

Asimismo, ayuda a saber si los derechos de las personas se están ejerciendo en estos territorios.

Recordemos, ¿qué es el EITI?

Comisión en Apurímac

misión EITI se creó con la Ordenanza Regional 009-2017-GR-Apurímac/CR. La Comisión Multisectorial Permanente para la Implementación de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas en Apurímac (EITI Apurímac) tiene el encargo de hacer transparente y conocido en la región Apurímac los pagos realizados por las industrias extractivas, así como el ingreso recibido por el Gobierno Regional de Apurímac, Gobiernos locales, universidades nacionales e institutos superiores tecnológicos.

Un aspecto importante es que en esta ordenanza se precisa quiénes son los integrantes de esta comisión. Son doce personas que deben representar a las siguientes instituciones y organizaciones:

En el caso de la región Apurímac, la Co-

•

El Grupo Propuesta Ciudadana nos recuerda que el EITI es la iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, alianza mundial de Estado, empresa y sociedad civil que busca transparentar los pagos que hacen las empresas extractivas (petróleo, gas y minería), los ingresos que los gobiernos reciben de estas empresas y el uso que le dan. También nos recuerda que de esta manera podemos conocer cómo la riqueza proveniente de la extracción de recursos naturales sirve para mejorar las condiciones de vida de la población.

Tres representantes del Gobierno RUMBO MINERO

Las Bambas es una de las más grandes minas de cobre que opera en la región Apurímac.

Regional de Apurímac: uno por la Gobernación regional, el segundo por el Consejo Regional elegido en pleno, y el tercero en representación de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Demarcación Territorial.

• Un representante de las municipalidades provinciales de la región Apurímac.

• Dos representantes elegidos por las empresas de la industria extractiva minero–energética afincada en el departamento de Apurímac.

• Dos representantes del gremio empresarial nacional, designado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

• Dos representantes elegidos por las instituciones u organizaciones de la sociedad civil de Apurímac • Un representante de las universidades públicas y un representante de las universidades privadas.

También se señalan las atribuciones de esta comisión. Destacamos las relacionadas a la promoción e impulso de estudios de transparencia sobre la transferencia por canon y regalías, y la difusión de manera amplia, completa y comprensible de sus resultados.

Importancia de la EITI Una pregunta a hacerse y responder es: ¿Es importante el funcionamiento de la Comisión EITI Regional? Creemos que sí, ya que Apurímac recibe recursos económicos provenientes del canon y regalías producto de la actividad extractiva minera, y la población está en su derecho de saber cuánto dinero se recibe y en qué se invierte y cómo estos recursos económicos están contribuyendo con los logros de los objetivos estratégicos del plan de desarrollo concertado regional.

También conocer si los derechos de las personas se están ejerciendo a través de la ejecución de proyectos de desarrollo, y si estamos en la ruta correcta para el cierre de las brechas de género, entre otros temas. ¿La ciudadanía sabe de la existencia de esta comisión? Es de suma importancia que el Gobierno regional difunda las actividades que está realizando esta comisión e impulsar los estudios de transparencia y uso de los recursos provenientes de la actividad extractiva. Se trata de que la organizaciones sociales y civiles realicen la vigilancia ciudadana al uso de los recursos del canon que ejecutan el Gobierno regional y los Gobiernos locales. (*) Centro Bartolomé de Las Casas (CBC).

4 / Informe

Las protestas aumentan en contra del gobierno de turno y en rechazo a los miembros del Congreso.

¡Trabajen o renuncien!

Escribe: José Víctor Salcedo

PEDIDO. Hay decepción, descontento e indignación con el desempeño del presidente Pedro Castillo y del Congreso de la República. Desde hace 30 días, la población empezó a movilizarse: algunos piden la renuncia del jefe del Estado y otros el cierre del Congreso. En concreto, les piden que trabajen por el bien del país o en su defecto den un paso al costado. Otro de los pedidos es una nueva Constitución.

Congreso y gobierno son desaprobados por la ciudadanía. Son vistos como dos poderes sin capacidad para impulsar cambios y medidas a favor de la mayoría de la población peruana. Una encuesta reciente de Datum Internacional pone al presidente Pedro Castillo Terrones y al Legislativo con 76 y 82 % de desaprobación, respectivamente.

El presidente es cuestionado por incumplir sus promesas de campaña y permitir actos de corrupción en su gobierno y los congresistas por su empeño en una agenda destinada a la destitución del mandatario.

Ambas posturas y el constante enfrentamiento han llevado al país al borde del naufragio y provocaron también la activación de las protestas sociales de los últimos 30 días. En Lima y en algunas regiones del Norte salieron a protestar agitando la bandera de la renuncia o vacancia del jefe de Estado. Hubo seis muertos en

Informe / 5 el norte y saqueos y actos vandálicos en Lima durante aquellas manifestaciones.

Unos días después el paro se trasladó al Sur. En Cusco, una de las regiones que votó mayoritariamente por Castillo, hubo un paro contundente de dos días para exigir a Castillo que cumpla sus promesas y que adopte medidas que eviten el aumento de los productos de primera necesidad. Paralelamente reclamaban el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

El descontento Nadie puede negar que las protestas aumentan y se expanden por todo el país, pero tampoco nadie puede asegurar que todos quieren lo mismo. Hay diferentes agendas y, en muchos casos, estas se oponen entre sí.

Si en Lima la demanda principal es la renuncia de Castillo, en regiones exi-

gen a Castillo que cumpla con sus compromisos electorales y que tome decisiones para frenar el alza del precio de los productos de la canasta básica familiar.

Eso sí, es una interpelación a Castillo. Es también una advertencia antes de que las protestas sean convocadas para pedir su renuncia.

La población -por lo menos en Cusco- ha sido contundente en su mensaje que se puede traducir en ¡trabajen o renuncien!

Además, casi todos apuestan por un cambio de la Constitución Política en la ven a la madre de todos los problemas. Marco Pino, presidente de la Junta de Usuarios de Riego; Walter Torres, presidente de la Federación Agraria Revolucionaria; Florencia Fernández, de la Asamblea Popular; Germán Santoyo, presidente de la Federación Departamental de Trabajadores, pidieron el cambio de la Constitución en la reunión del 18 de abril ANDINA

El presidente Pedro Castillo empieza a perder respaldo ciudadano.

CORREO

El Congreso tiene un nivel de desaprobación superior al 80 %.

pasado con el premier Aníbal Torres, en Cusco.

El analista político Oscar Matutti Sánchez señala que el cambio constitucional es una necesidad en el Perú, pero no es el momento de impulsar el proceso constituyente. “Es necesario tener una Constitución que sea más legítima y que garantice las libertades, la igualdad, la economía social de mercado. Pero este no es un momento constituyente”, precisa.

La crisis perpetua El analista político Oscar Matutti Sánchez encuentra el origen de la crisis en el actual estado de cosas que se caracteriza por la exclusión de un sector mayoritario de peruanos de los servicios básicos. “El Perú es un país multicultural que no ha sabido amalgamar todas sus culturas ni incluirlas en el desarrollo. Y el resultado al final es un desencuentro y una fractura que la hacen casi ingobernable”.

Otro aspecto que señala es que en los últimos años los políticos elegidos para gobernar el país han sido altamente populistas. “Si alguien quiere gobernar las elecciones y gobernar lanza propuestas populistas como nueva Constitución, controlar precios, pena de muerte, etc.”, señala Matutti.

En este ambiente de fricción política y creciente descontento social, ¿hay posibilidades de encaminar un gobierno y evitar un descalabro mayor? ¿Es posible una tregua, una transición para salvar la democracia? ¿De quiénes y de qué depende?

Matutti Sánchez ve con buenos ojos la posibilidad de que se vayan todos y se convoque a nuevas elecciones y, a partir de ese instante, impulsar cambios a la Constitución que permitan establecer un nuevo contrato social.

Necesitamos un nuevo presidente y nuevos congresistas que antepongan los intereses del país a los particulares.

Y conseguir eso pasa -según Matutti Sánchez- por exigir que los partidos presenten candidatos idóneos, capaces, sin antecedentes penales y sin conflicto de intereses, y que los ciudadanos voten por los más capacitados y honestos. “Necesitamos un gobernante y unos congresistas que estén en consonancia con los objetivos del país y no estén en una perpetua confrontación”, señala.

En medio de la crisis, el 22 de abril pasado, el presidente de la república, Pedro Castillo Terrones, anunció la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso para que en las elecciones regionales y municipales de octubre próximo se incluya una pregunta para saber si la población quiere o no una nueva Constitución.

Nuevamente, como consecuencia de ese anuncio, surgieron algunas voces que piden su vacancia y, otras adelanto de elecciones. Al cierre de esta nota en el país se sentía un ambiente de bastante crispación.

6 / Informe

El regreso de la represión Escribe: José Víctor Salcedo

AMENAZA. Seis personas, entre ellas un menor de 13 años, fueron las primeras víctimas de la represión del gobierno del presidente Pedro Castillo Terrones. Nuevamente, la integridad física y la vida de los defensores sociales y los ciudadanos que expresan su descontento están en riesgo por el uso excesivo de la fuerza pública. El experto José Antonio Lapa Romero refiere que el uso de las fuerzas policiales está alejado de un enfoque de derechos humanos.

El 1 de abril un menor de 13 años murió ahogado en las aguas del río Yacus, en Junín. Escapaba de un enfrentamiento entre la Policía y los manifestantes, que intentaban tomar el aeropuerto de Jauja. Logró huir de la represión de la Policía que lanzaba bombas lacrimógenas, pero no pudo sobrevivir a las aguas del río.

Era el quinto día de las protestas iniciadas por transportistas y productores agrarios que se realizó entre el 28 de marzo y 7 de abril pasado. Seis personas murieron en las regiones Junín, Ica y Huánuco en el contexto de las manifestaciones en contra del incremento del precio de los productos que integran la canasta básica familiar.

Candy Magaly Hinostroza, Jorge Maldonado, Yhony Quinto, Alexander Trujillo, Candy Hinostroza y el menor de 13

años fueron las primeras seis víctimas de la represión del gobierno del presidente Pedro Castillo Terrones.

El uso de la fuerza La gestión de Castillo empezó en medio de una protesta de la población de la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, en contra de la minera MMG Las Bambas. Dos días antes de que Castillo jurara al cargo se produjo una represión policial que dejó 14 campesinos heridos.

Cuando empezó el actual gobierno, la Policía no intervino en ninguna de las protestas que se produjeron, principalmente, en entornos mineros. Había, según fuentes del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, una disposición para evitar el uso de la fuerza en conflictos sociales.

AP

Seis personas murieron en las protestas contra el gobierno en el norte por el uso de la fuerza.

Castillo optó por la vía del diálogo, aunque esta fue deficiente y en vez de resolver las demandas de los manifestantes generó el efecto contrario: más malestar y agudización de los conflictos.

El experto en temas de conflictos sociales y sociólogo, José Antonio Lapa Romero, sostiene que hay que valorar la actuación no violenta en los conflictos más allá de la poca eficacia en la resolución de los conflictos y la permanente inestabilidad institucional en el gobierno.

Haber suprimido el uso de la fuerza policial en los conflictos sociales fue una de las pocas virtudes del gobierno de Pedro Castillo. A ocho meses del gobierno esa cualidad desapareció. La muerte de seis personas ha manchado con sangre a este gobierno “del pueblo”.

El uso de la fuerza pública nuevamente pone en riesgo la integridad física y la vida de los defensores sociales, así como restringe los derechos constitucionales de la ciudadanía a la protesta.

A mediados de abril, el pleno del Congreso aprobó conformar una comisión investigadora para determinar las responsabilidades políticas, penales y administrativas por las muertes ocurridas durante las protestas de marzo y abril. La propuesta fue presentada por la bancada de Renovación Popular y aprobada con 65 votos a favor.

Respuesta represiva El experto José Antonio Lapa Romero señala que la forma de abordaje de los conflictos recientes muestra tres aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, que la estructura coercitiva que legitima y legaliza el uso de la fuerza del Estado no se ha desmontado; en segundo lugar, que las prácticas del uso de las fuerzas policiales están alejadas de un enfoque de derechos humanos y; en tercer lugar, que la débil capacidad de gestión de los conflictos por parte del gobierno y su respuesta reactiva ante este tipo de situaciones ha tenido efectos sobre la vida y los derechos de los ciudadanos.

“Si bien la conflictividad tiene algo de fabricación de ciertos sectores políticos eso no quita la pobre capacidad y eficacia en la gestión de conflictos por parte de las estructuras estatales. Lo cierto es que la institucionalidad coercitiva, la débil capacidad del gobierno y la actuación reactiva con el empleo de la fuerza o las restricciones legales de derechos, abre un escenario de permanente vulneración de derechos”, señaló.

Lapa Romero advierte que la conflictividad social, que estaba concentrada en el sector minero (corredor minero y en Ayacucho) y petrolero, se ha extendido a otros sectores y en casi todo el país. En poco tiempo aumentaron las protestas por la insatisfacción y el descontento con el gobierno de Castillo y el Congreso.

Informe / 7

Oscar Mollohuanca y la lucha de la Nación K´ana Escribe: Helio Nestor Cruz Chuchullo (*) IN MEMORIAM. A dos meses de su muerte, la Fiscalía Provincial de Espinar tiene entre sus manos el informe médico legal, pero aún no hay carpeta fiscal porque falta el informe policial y otros exámenes que le practicaron al cuerpo de Oscar. En Cusco se le recuerda con tristeza y como un ejemplo a seguir.

El 7 de marzo a las dos de la tarde una noticia nos sacudió hasta la angustia. Nos informaron que encontraron el cuerpo de Oscar Mollohuanca sin vida y con indicios de haber sido asesinado. Minutos después su familia nos confirmaría de la trágica muerte del líder, defensor de derechos de salud y ambiente, y ex alcalde de la provincia de Espinar.

Oscar Mollohuanca tuvo una trayectoria política que emerge desde las aulas del colegio y desde nuestra izquierda. Hombre comprometido con las causas justas, así como una profunda preocupación por mejorar las relaciones ya en escenario conflictivo entre empresa minera, las comunidades campesinas originarias y la provincia.

En el aspecto electoral, Espinar le negó la posibilidad de ser congresista de la república, pese a haberle dado confianza al ser elegido alcalde provincial dos veces de las cinco que participó en elecciones (1999 al 2002 y 2011 al 2014).

Oscar Mollohuanca ha impulsado la discusión y construcción del ahora denominado “Convenio Marco”, que a Espinar le permite recibir el 3 % de las utilidades de la empresa minera antes del pago de impuestos con la que se financia proyectos productivos y sociales en Espinar.

El “Convenio Marco” es una conquista de la movilización social que impulsó la agenda ambiental y social, sostenida por denuncias de contaminación ambiental y falta de cumplimiento de compromisos, de atención inmediata ante emergencias ambientales, de implementación de la responsabilidad empresarial y transparencia de la información ambiental, entre otros.

Bien decía el recordado compañero que para enfrentar la problemática de la explotación minera de Espinar primero es necesario fortalecer las organizaciones

sociales, asociaciones, sindicatos, frentes, comités y comunidades campesinas. Se debe elaborar acuerdos que representen consensos, agendas o plataformas que ayuden a solucionar las demandas de las comunidades que se encuentran en el área de influencia directa principalmente porque se encuentran en zona de afectación ambiental, así como mejorar su calidad de vida, esto se complementa con la fuerza movilizadora de toda la provincia.

A esto se suma una de las mayores preocupaciones que es la ampliación de explotación minera con dirección al distrito de Pallpata. Oscar se preparaba para hacer pública su candidatura en la conferencia de prensa programada para el 8 de marzo en la ciudad de Cusco. Lamentablemente,

dejó de existir el domingo 6 de marzo en horas de la noche. Oscar tenía posibilidades de ganar en el proceso electoral.

A la fecha, la Fiscalía Provincial de Espinar tiene entre sus manos el informe médico legal, pero aún no hay carpeta fiscal porque falta el informe policial y otros exámenes que le practicaron al cuerpo de Oscar.

Recuerdo las primeras declaraciones de Oscar, luego de estar injustamente con prisión preventiva en Ica (2012). En aquella oportunidad dijo: “[…] cuando nos dicen antimineros es un calificativo que no nos corresponde. En Espinar tenemos treinta años de minería y en el año 2001 hemos propuesto la suscripción de un convenio marco. ¿Un antiminero puede proponerle a una empresa suscribir un convenio?”.

En este punto la criminalización o persecución penal contra él tenía desde su origen deficiencias en la investigación porque hasta hoy (10 años después). No hay una sola prueba que lo vincule con algún delito, así que el proceso penal fue como una medida disciplinaria para silenciar su voz y sus acciones.

A dos meses de la partida de nuestro hermano, Espinar a través de sus organizaciones se preparan para conmemorar el 21 de mayo la lucha de la Nación K´ana, una lucha histórica por dignidad.

Aquel día del entierro del cuerpo de Oscar Mollohuanca las personas coreaban con energía: “¡Mi lucha, mi sangre, todo por mi pueblo!”. (*) Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF).

MIGUEL GUTIÉRREZ.

Oscar Mollohuanca Cruz es una de las principales figuras entre los defensores del medio ambiente.

8 / Informe

Cuenca del río Coata: un torrente de metales tóxicos DHUMA

La población que vive en los márgenes del río Coata sufre los efectos de la contaminación con sustancias tóxicas. Hay estudios que lo confirman.

Escribe: Bladimir Martínez (*) CRISIS AMBIENTAL. El 2020, el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas) realizó tamizajes en 55 personas que viven en la cuenca del río Coata, en Puno. De ellas, 32 personas dieron positivo a arsénico y 2 a mercurio y arsénico, entre ellos un niño de ocho años y cuatro niñas de entre cinco y once años dieron positivo a arsénico.

A puertas del Día Mundial del Medio Ambiente y a propósito del quinto Consejo de Ministros Descentralizado, llevado a cabo en Puno, el pasado 8 de abril, recordamos la crisis ambiental y de salud que aqueja a los pobladores de la cuenca del río Coata.

La cuenca del río Coata es una de las trece cuencas que conforman la vertiente hidrográfica del Titicaca que,

según la Autoridad Nacional del Agua (ANA), sería una de las nueve contaminadas.

Para lograr que las autoridades gubernamentales reconozcan la contaminación ambiental del río Coata, los pobladores tuvieron que realizar protestas pacíficas masivas y permanentes en Puno y Juliaca desde antes del 2014. Con sendas manifestaciones exigieron que se

realicen monitoreos de la calidad del agua y tamizajes para detectar metales y metaloides en la población. Así lograron demostrar la afectación ambiental en el agua con apoyo de la cooperación internacional, el 2017.

En 2018, luego de numerosas protestas, la Dirección Regional de Salud de Puno (Diresa) realizó un estudio para determinar la calidad del agua de los pozos para consumo humano en el distrito de Coata. La conclusión fue que la presencia de boro, hierro, manganeso, sodio y arsénico supera los límites máximos permisibles del reglamento de la calidad de agua para consumo humano. “[…] evidenciando de esta forma que la calidad de agua para consumo humano se encuentra gravemente afectada por la presencia de metales pesados como el arsénico (altamente cancerígeno) […]”, señala el estudio.

En 2019, la ANA evidenció que las fuentes de contaminación provendrían de 21 vertimientos (8 municipales, 4 industriales, 7 botaderos de residuos sólidos y 3 descargas in situ). Sin em-

Informe / 9 bargo, aún deben incluirse como fuentes contaminantes los pasivos ambientales mineros y evaluar el rol de las operaciones de la empresa minera CIEMSA en las partes altas de la cuenca Coata.

Un problema antiguo Aunque la contaminación en los pozos de agua para consumo humano se confirmó en 2018, esto no quiere decir que los pobladores no consumían aguas contaminadas en los años anteriores.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) registró que el 3 de abril de 2019 hubo contaminación de los pozos de agua para consumo humano en los distritos de Caracoto, Capachica, Coata y Huata. Y, según el cálculo de posibles pérdidas a nivel social, estima que 16,714 habitantes, 89 instituciones educativas y 9 establecimientos de salud

presentan riesgo muy alto y alto ante la contaminación.

Cabe señalar que, si bien el Indeci reporta la contaminación desde el 2019, esta habría existido muchos años antes, exponiendo de esta forma a la población de la parte baja de la cuenca del río Coata a la contaminación producida en las partes media y alta.

Con base a esta información, el Gobierno nacional declaró en estado de emergencia, en más de diez ocasiones, a los distritos de Coata, Huata, Capachica, Caracoto y Juliaca por peligro inminente ante la contaminación de agua para consumo humano.

La utilidad y eficiencia de los estados de emergencia declarados por el Gobierno pueden ponerse en duda a partir del caso Coata. Sucede que después de más de diez declaratorias no existen medidas para garantizar la atención inDHUMA

Cada cierto tiempo, los pobladores organizados limpian el cauce del afluente.

DHUMA

Los animales consumen el agua contaminada del río en Coata.

tegral a la población expuesta y afectada por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, además de medidas de remediación y mitigación ambiental de los recursos impactados (agua, suelo, aire, fauna, flora, entre otros).

Arsénico en el cuerpo En 2020, el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas) realizó tamizajes de orina en 55 personas de los distritos de Huata, Capachica y Coata: 32 personas dieron positivo a arsénico y 2 a mercurio y arsénico, entre ellos dos niños de ocho y once años, y cuatro niñas de entre cinco y once años dieron positivo a arsénico. De acuerdo con los resultados, el distrito de Huata registra 6 personas que superaron los valores de referencia para personas expuestas ocupacionalmente, Capachica 4 y Coata 22.

En 2021, según información de la Diresa, se realizó otro estudio en 279 pobladores de los distritos de Capachica, Coata y Huata como parte de las actividades propias de la estrategia de metales pesados y otras sustancias químicas, evidenciando que 223 participantes presentaron concentraciones de arsénico en orina superior al valor de referencia para personas no expuestas ocupacionalmente. De acuerdo con los resultados, el distrito de Huata registra 65 personas expuestas a arsénico, Capachica 67 y Coata 91.

Es innegable que mientras más grande la muestra, mayor evidente es la presencia de metales y metaloides en el cuerpo de pobladores y población vulnerable (niños, niñas, madres gestantes y adultos mayores) que no realizan actividades extractivas.

De esta forma se comprobó que la contaminación pasó del aire, suelo y agua al cuerpo de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores.

A la fecha no existen plantas de tratamiento implementadas por el Gobierno. Por eso, las aguas contaminadas del río Coata siguen desembocando directamente en el lago Titicaca. Tampoco existe una adecuada identificación y socialización de los agentes contaminantes (pareciera que hubiera una intención de negar los impactos de las empresas mineras ubicadas en las cabeceras de la cuenca del río Coata) ni un plan para la atención integral a personas afectadas y expuestas a metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas.

La crisis ambiental y de salud en la cuenca del río Coata está comprobada. En tanto, las respuestas para abordar la problemática son insuficientes nueve años después de la creación de la primera comisión multisectorial para la prevención y recuperación ambiental del lago Titicaca y sus afluentes. (*) Equipo técnico de DHUMA-Puno.

10 / Reportaje fotográfico

El cusqueño Miguel Ángel Velarde Álvarez cuenta que adquirió la Fábrica a la Cooperativa Textil de Lucre en 1985. Su visión era ponerlo

La primera dueña de la fábrica Lucre era Antonia Nadal viuda de Garmendia.

Ahora se llama Kantisqa y es el Museo de la Ind

o en valor como Patrimonio Industrial.

dustria Textil, que pone en valor la antigua fábrica.

Reportaje fotográfico / 11

La fábrica de Lucre ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación.

KANTISQA: UNA JOYA TEXTIL A una hora al sur del Cusco, en la provincia de Quispicanchi, se encuentra el distrito de Lucre. En ese lugar se mantiene en pie la fábrica de tejidos y lana que funciona desde 1861. Es un lugar que fue testigo de uno de los momentos más duros de la historia peruana: La guerra del salitre y el guano que enfrentó al Perú con Chile, entre 1879 y 1884.

El director de esta casa museo llamada Kantisqa, Miguel Eduardo Velarde Oliart, cuenta cómo el material usado para la elaboración fue el pañete y el tocuyo, materia prima usada para fabricar las prendas enviadas al frente de batalla. La fábrica de Lucre ha sido catalogada como Patrimonio Cultural de la Nación. Toda la maquinaria sigue como hace más de 100 años: Las bobinas de hilos se encuentran en su precisa ubicación. Aunque está abandonada, la experiencia de recorrerla y conocer su historia, de manos de su actual propietario, Miguel Ángel Velarde, es imperdible. ¡Visítenla!

TEXTO Y FOTOS: LUIS CASTILLO FLÓREZ.

En el siglo XX, la familia Oliart Garmendia implementó nuevas maquinarias.

12 / Informe

Las calles de las ciudades del Perú están repletas de comerciantes ambulantes. Es el reflejo de la falta de empleo y la informalidad en este sector.

Cuando el trabajo deja de ser un derecho humano Escribe: Alberto García Campana (*)

PRECARIEDAD. El empleo formal en Cusco, a marzo de 2021, en el sector privado empleaba a alrededor de 60 mil personas. Esa cifra se redujo en casi 12 mil a causa de la Covid-19. El Ministerio de Trabajo revela que la tasa de subempleo alcanza el 53 %, es decir, que más de la mitad de la población económicamente activa, estimada en 740 mil personas, trabaja por su cuenta, genera sus propios ingresos, “se recursea” y, a veces, queda desempleada.

Hace algunas semanas, el gobierno decidió elevar de 930 a 1,025 soles el sueldo mínimo vital. Esta medida, que debía haber sido recibida con algarabía por los trabajadores, ha generado mas bien temores en ellos e indignación entre los empleadores.

Es cierto que elevar la remuneración básica en 95 soles no ayuda mucho en momentos en que la inflación galopa, pero puede

representar un paliativo para cubrir las necesidades esenciales, principalmente la alimentación, siempre que ésta sea frugal y no considere potajes exóticos para paladares delicados como lo que reclaman los congresistas de la república.

En la actualidad, según cálculos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el costo de la canasta

familiar está calculado en 360 soles mensuales tratándose de una sola persona, pero cuando se refiere a una familia de 4 integrantes, dicha canasta se eleva a 1,440 soles, lo que significa que la remuneración mínima vital está casi 400 soles por debajo de lo que una familia necesita para vivir.

Pero, más allá de lo mezquino que resulta incrementar en 95 soles la remuneración mínima vital, lo que podría suceder -y seguramente ya está ocurriendo-, es que la informalidad laboral va a ganar terreno y el llamado “empleo negro”, es decir la explotación asumida voluntariamente, se va a instalar en todos los comercios e industrias manejados por el sector privado.

La frase tan temida por los empleados y tan repetida por los empleadores es: “¡Esto es lo que te puedo pagar: lo tomas o lo dejas!”. Y los trabajadores que viven en la precariedad del día a día, no tienen más opción que aceptar esas condiciones abusivas. Oponerse a ellas es, desgraciadamente, perder el empleo.

El trabajo como derecho Desde la instauración del Día del Trabajo, todavía en 1889, han transcurrido en el mundo revoluciones, evoluciones e involuciones en torno a la relación laboral de empleados y empleadores. En muchos sistemas políticos, los trabajadores han pasa-

Informe / 13 do a formar parte de la estructura productiva con la conquista de derechos que llegan hasta la participación en las utilidades.

Sin embargo, son mayoritariamente los Estados que dejan en manos del mercado laboral la relación entre empleados y empleadores, es decir, que quienes tienen la capacidad económica para instalar y poner en marcha los comercios e industrias, no consideran al trabajo como un derecho humano fundamental sino como parte del aparato productivo, prescindible y obviamente reemplazable.

Los empresarios, en gran parte, tratan de optimizar sus ingresos y minimizar sus egresos. Y en esta lógica, consideran que elevar la remuneración vital afecta sus intereses. La respuesta a ello es la reducción de personal, el congelamiento de los salarios y, como ya señalamos antes, la adopción de relaciones laborales clandestinas, captando mano de obras barata.

A pesar de considerarse el trabajo como parte del desarrollo humano, en muchas estructuras productivas se estima que los ahora llamados “colaboradores”, solamente aportan su mano de obra y responden a las órdenes y a los intereses de quienes invierten su dinero con el ánimo del lucro y el crecimiento de sus capitales.

La informalidad Según el reporte del empleo formal en el departamento del Cusco, a marzo del año pasado, en el sector privado laboraban alrededor de 60 mil personas. Esa cifra se redujo en casi 12 mil al inicio de la pandemia causada por la Covid-19.

Otros estudiosos del tema del empleo y el desempleo consideran que la tasa de informalidad en el sector laboral privado en el Cusco está por encima del 82 %, lo que significa que de cada cien personas comprendidas en la población económicamente activa solamente 17 gozan de trabajo formal.

Los que laboran en la informalidad carecen de los beneficios salariales y económicos, no cuentan con ingresos extraordinarios como bonificaciones y gratificaciones, no reciben compensación por tiempo de servicios, no cuentan con estabilidad laboral y en muchos casos no cuentan con seguro ni asistencia social. Se trata, para ellos, de vivir el día a día y asumir por su cuenta los riesgos de su ejercicio laboral. Los accidentes laborales, muy frecuentes en el Cusco, ponen en evidencia la orfandad en que se encuentran especialmente los obreros en materia de seguridad social.

No hay sector que se libre de la informalidad, pues la precariedad laboral se da tanto en la minería, el turismo, la agricultura, el transporte, el comercio y todas las demás actividades económicas supuestamente reguladas por el Estado, pero en realidad normadas por las leyes del mercado.

Un claro ejemplo de ello sucede en las empresas del transporte urbano de pasajeros en las que tanto los conductores como los cobradores carecen de contratos de trabajo. Ellos se congregan en los para-

La población salió a protestar porque ya no aguanta el alza del precio de los alimentos.

deros iniciales y finales de los ómnibus y se mantienen a la espera de que el dueño de alguna unidad de transporte los contrate para el trabajo del día. Para el chofer la retribución económica es de alrededor de 60 soles y para el cobrador de 20 soles. ¿Los beneficia el incremento del sueldo mínimo vital dispuesto recientemente por el gobierno? Evidentemente que no.

La población cusqueña, como la de todo el país, vive una situación económica muy complicada debido a muchos factores, entre ellos, la relación tóxica entre el Ejecutivo y el Congreso de la República, el conflicto militar entre Rusia y Ucrania, la persistencia de la pandemia causada por la COVID 19 y, quizás especialmente, la ausencia de políticas integrales que permitan recuperar los índices de crecimiento económico prepandemia.

Esto último se expresa en el incremento de las tasas de desempleo y en el crecimiento de las actividades laborales informales. En este contexto, elevar en 95 soles la remuneración mínima vital termina siendo una broma de mal gusto.

Los subempleados De acuerdo a cifras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el departamento del Cusco, hasta el 2020, la tasa de subempleo alcanzaba el 53 %, lo que debe entenderse que más de la mitad de la población económicamente activa, estimada en aproximadamente 740 mil personas, trabaja por su cuenta, genera sus propios ingresos, “se recursea” y, a veces, por lo menos temporalmente, pasa a engrosar el contingente de los desempleados, tal como sucede en el rubro de construcción civil.

Por ejemplo, el propietario de un predio decide construir un inmueble y no acude a las instancias competentes en materia de edificaciones, sino que recurre a un maestro de obra que a su vez subcontrata a los obreros, de acuerdo a sus habilidades.

La edificación del inmueble pue-

de durar cinco o seis meses, o quizás un poco más, de acuerdo a la envergadura de la obra. Y ese es el tiempo de ejercicio laboral de todos los involucrados en la construcción de la vivienda. Termina la obra y termina la relación laboral. Los que tenían el empleo temporal pasan a estar desempleados.

En el caso de los trabajadores informales, el incremento de la remuneración mínima vital parece discurso dado en otro idioma.

Día de reflexión El 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo. Hay que hacer la precisión que es el Día del Trabajo, entendido este como derecho humano fundamental y no como resultado de alguna relación familiar, amical o política, tal cual desgraciadamente sucede en el Perú desde hace muchas décadas atrás.

Hoy, en nuestra patria, conseguir trabajo queda librado a la relación que el aspirante tenga con alguien que detenta el poder. La llamada “vara” o recomendación pesa hoy más que los méritos profesionales. Los escándalos permanentes en el gobierno encabezado por Pedro Castillo ponen en evidencia que las instituciones públicas se convierten en agencias de empleo para favorecer a los militantes con carnet partidario.

El 1 de mayo es el Día del Trabajo, en el bien entendido que es una fecha para honrar la memoria de los Mártires de Chicago, pero también para convencernos que el trabajo es un derecho y no un favor, una necesidad social y no una gracia. El 1 de mayo no es el Día del Trabajador, porque esta referencia termina siendo ofensiva y agraviante para los miles de cusqueños que no cuentan con un empleo y viven en el terreno fangoso de la informalidad laboral. (*) Analista y catedrático de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac).

14 / Informe

Madres coraje CEDEP AYLLU

La producción agroecológica con mujeres del sector Acchupampa del distrito de Accha, en Paruro. Ellas son madres y también hacen labores en los terrenos.

Escribe: Hysha Y. Palomino Tomaylla (*) DÍA DE LA MAMÁ. A causa de la pandemia, las mujeres que viven en zonas urbanas y rurales duplicaron su trabajo. Además de cumplir labores domésticas, cuidar al hijo y trabajar la chacra, tuvieron que hacer labores de acompañamiento a sus hijos en las clases virtuales.

La Encuesta Nacional de Hogares (Enaho 2020) revela que el 37.1 % de mujeres son asalariadas y 14.3 % labora como trabajadora familiar no remunerada.

Un reconocimiento a las madres en su día. A las que viven en las zonas urbanas.

Y a las que viven en zonas rurales: agricultoras, representantes de sus comunidades, defensoras de sus territorios, que hacen el papel de profesoras y cuidan y protegen a sus familias, sin recibir nin-

guna remuneración.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que en el Perú hay 8 millones 664 mil madres, el 64.4 % del total de mujeres de 12 y más años de edad, de las cuales el 48.4 % de las madres tiene trabajos independientes. Se-

gún los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho 2020), en la categoría de ocupación, el 37.1 % de mujeres son asalariadas y 14.3 % labora como trabajadora familiar no remunerada.

“A nosotras, nuestras madres nos han traído al mundo, nos han dado una vida buena, ahora que somos madres, queremos y educamos a nuestros hijos e hijas. Esta es la enseñanza que me ha dejado mi madre”, dice Enriqueta Quehue Sotomollo, de la comunidad campesina de Ccoyani, distrito Omacha, provincia de Paruro.

Mujeres como Enriqueta recuerdan a sus madres con nostalgia, porque no solo les han heredado el amor por sus hijos, sino también sus tradiciones y cultura, como el respeto y la ofrenda a la Pachamama para agradecer por todos los frutos que nos brinda y darnos la tierra para vivir.

“El día en que me convertí en madre ha sido el día más feliz de mi vida.

Soy feliz al tener a mis hijos a mi lado y a mi madre, gracias mamita linda por haberme traído a este mundo”, cuenta Urbana Quispe, pobladora de la comunidad campesina de Paccopata, distrito Colcha (Paruro).

Informe / 15 En todo el mundo la razón de ser de las madres son los hijos, por quienes hacen sacrificios. En las zonas rurales, las madres y padres trabajan la chacra para enviar a sus hijos a estudiar a las ciudades y puedan acceder a mejores oportunidades. El trabajo en el campo no es valorado y económicamente genera pocos ingresos.

El motor de la familia Las principales actividades económicas de las madres rurales -en su mayoría- es la agricultura y ganadería. En los últimos años algunas, apoyadas por la cooperación internacional, a través de las ONG, desarrollan emprendimientos productivos. Sin embargo, los cultivos a campo abierto están más expuestos a los efectos del cambio climático, como las heladas, granizo y fuertes lluvias.

Son las madres quienes tienen el importante rol de sacar adelante a sus familias, a pesar de haber perdido sus cosechas (su principal medio de economía), buscan alternativas para subsistir.

Al respecto, conversamos con la responsable de proyecto del Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu (CEDEP Ayllu), Bertha Ttito Accostupa, sobre los desafíos que enfrentan las madres rurales. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan las madres rurales en su día a día?

Con la pandemia, las cifras de anemia están en ascenso o se mantienen en los terri-

torios que trabajamos. El contexto social, político y económico no ha ayudado mucho, y esta situación es preocupante porque afecta a los niños y niñas. A las madres les afecta también el tema de la movilidad, el acceso a salud y a los alimentos sanos. En el día a día ellas luchan por sus hijos, por tener calidad de agua. ¿Qué acciones se implementan en favor de las mujeres, madres rurales, desde las ONG? En los distritos de la provincia de Paruro trabajamos en el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y jóvenes. La mayoría son madres. También estamos trabajando la conservación de recursos naturales, emprendimientos productivos, la producción de alimentos sanos desde la agroecología, respetando a nuestra Pachamama, promoviendo el consumo saludable de alimentos que nos fortalezcan el sistema inmunológico. ¿Qué acciones debe tomar el gobierno?

Nuestras acciones como organización no gubernamental, con la cooperación internacional, no son suficientes. Llegamos a un pequeño porcentaje de la población, no al 100 %. En ese sentido, hacemos un llamado al Gobierno local, regional, nacional y también a las instituciones que están presentes en nuestra región para que apoyen e implementen políticas públicas en favor de las madres. Que generen proyectos y destinen más presupuestos para llegar a un mayor porcentaje de la población en distritos y provincias.

Madres rurales Cuando empezó el confinamiento por la pandemia del Covid 19, las madres asumieron diferentes roles. Uno de ellos es el acompañamiento a sus hijos en sus clases virtuales, por lo que no podían salir a los mercados para vender sus productos. Eso afectó su situación económica, según Elisa Chaparro, del distrito Huanoquite, presidenta de la Organización de Mujeres de Paruro.

Yaneth Guevara, pobladora del distrito de Omacha (Paruro), cuenta cómo ha tenido que redoblar esfuerzos para atender todas las tareas del hogar y el campo. “Las mujeres estamos más en la casa atendiendo a nuestros hijos que han retornado. No podemos trabajar en nuestras chacras con más gente”.

Violencia en pandemia Los índices de violencia hacia las mujeres aumentaron. Al 2019, según el INEI, el 63.2 % de las mujeres de 15 a 49 años sufrieron violencia alguna vez a manos del esposo o el compañero. Los mayores porcentajes de violencia se registran en Apurímac (82.7 %), Cusco (80.6 %) y Puno (79.1 %).

Según PNUD, que evalúa el impacto en la violencia de las primeras 14 semanas del confinamiento en 2020, basado en las llamadas a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, los pedidos de auxilio se duplicaron: pasaron de 13,000 llamadas en febrero de 2020 a 26,000 en julio del mismo año. (*) CEDEP AYLLU.

Comunicado internacional sobre afectaciones al territorio, medio ambiente y comunidades en Espinar Organizaciones defensoras de derechos humanos, del territorio y del medio ambiente y casa común, de la región andina, reunidas en abril de 2022 en la ciudad de Cusco, ante la crisis política y social que atraviesa el Perú y las comunidades campesinas afectadas por el proyecto minero Antapaccay- Expansión Tintaya Integración Coroccohuayco de la empresa Glencore en Espinar, manifestamos nuestra solidaridad y preocupación ante: • Las graves violaciones de derechos humanos denunciadas por la comunidad de Alto Huarca en Espinar a raíz de las afectaciones sociales, económicas y ambientales producidas por años de extractivismo, que no han resuelto sino agravado los problemas estructurales de las comunidades.

• Las denuncias de la población por la falta de participación efectiva y de garantías para la consulta previa, libre e informada, afectando sus derechos colectivos y las garantías contenidas bajo el Convenio 169 de la OIT, de acuerdo también al bloque de constitucionalidad, la Ley de Consulta Previa y la Sentencia A.P. 29126-2018.

• Los constantes reclamos ante el incumplimiento de los acuerdos y compromisos de compensación, reubicación y otros establecidos con las comunidades por parte de la empresa minera Glencore Antapaccay.

• Las graves violaciones al derecho a la salud de las comunidades debido a las afectaciones al medio ambiente y a la casa común provocados por la explotación minera, así como la falta de respuesta y atención de salud, pese a los avances en materia de políticas públicas en salud ambiental y humana en el país.

• La evidencia de proyectos de reasentamientos que no se adecúan a estándares de derechos humanos tales como la Observación General No 7. del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Social y Culturales (PIDESC) ni responden a las necesidades culturales y formas de vida de las comunidades, promoviendo así el cambio acelerado de patrones de vida y la urbanización acelerada de la población.

• Las afectaciones al patrimonio cultural, espiritual, y arqueológico de las comunidades, incluyendo sitios sagrados, flora y fauna, lo cual constituye, además, vulneraciones a la preservación de la memoria histórica y cultural del país.

• Los impactos ambientales relatados sobre las fuentes hídricas, contaminación del aire y suelo por las operaciones mineras, como también impactos diferenciados e invisibilizados a grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo mujeres, niños/as, personas con discapacidad, personas adultas mayores, especialmente sobre sus derechos económicos, sociales y culturales.

• Las vulneraciones al derecho a la alimentación, reforzadas por el extractivismo y la crisis de alimento y combustible actual, que muestran que décadas de extractivismo no han supuesto una respuesta efectiva a la superación de la pobreza y la desigualdad • La criminalización de defensores/as ambientales y el uso de la fuerza pública que afectan el derecho a la protesta social, la libertad de expresión y asociación.

En este contexto, preocupa el plan de ampliación del proyecto minero Coroccohuayco y la amenaza de que se repitan estas prácticas y violaciones de derechos. En nuestros países hemos visto los mismos patrones de operación de proyectos mineros de similar alcance, como en los departamentos de Guajira y Cesar, Colombia, donde Glencore también desarrolla actividades de extracción de carbón a gran escala.

Nos sumamos al pedido de las comunidades a que, en el marco del cuidado de la Casa Común y la promoción de la dignidad de las personas, se respete el ejercicio de derechos fundamentales de las comunidades afectadas por actividades extractivas, por lo que solicitamos: • Que el Estado peruano atienda los problemas estructurales, las expectativas y reivindicaciones históricas acumuladas de la población peruana manifestadas en las recientes protestas sociales, para la gobernabilidad y bien común,

así como el cumplimiento de rol de garante de derechos de comunidades impactadas por el extractivismo.

• Que el Estado peruano, en especial el Ministerio de Energía y Minas y la empresa Glencore, garanticen la participación efectiva y el mecanismo de consulta previa a la modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental Coroccohuayco, cumpliendo con los estándares internacionales ya reconocidos en el Perú y en concordancia con la Sentencia A.P. 29126-2018, la cuál se podrá aplicar con carácter retroactivo a los casos donde se haya omitido o negado el derecho a la consulta previa desde el 2012, año en que se publicó el Reglamento de la Ley de Consulta Previa en Perú.

• Que el Estado peruano garantice la implementación efectiva de leyes que protejan a personas defensoras del medio ambiente, incluyendo la ratificación del Acuerdo de Escazú, tal como ya se avanzó en Bolivia y Chile, y que ponga fin a la criminalización y estigmatización de personas defensoras, combata la impunidad, garantice la participación y consentimiento previo de comunidades campesinas indígenas.

• Que el Estado peruano ponga fin a la criminalización y estigmatización de personas defensoras del medio ambiente y derechos humanos y garantice la implementación efectiva de leyes que las protejan y combatan la impunidad, promoviendo su participación y consentimiento previo de comunidades campesinas indígenas.

• Que la empresa Glencore atienda el pedido de las comunidades afectadas por sus operaciones de cumplir con sus obligaciones y los acuerdos a los que ha llegado con las comunidades afectadas, respetar los derechos humanos y los estándares internacionales, así como una real participación e implementación de la consulta previa.

• Que los Estados de países andinos - amazónicos introduzcan una legislación robusta sobre la debida diligencia de empresas en materia de medio ambiente y derechos humanos que garantice la protección de los derechos humanos y de las personas defensoras.

16 / Informe

Hay varios precandidatos, como Werner Salcedo, que mueven una poderosa maquinaria de propaganda en la región Cusco.

Los que quieren gobernar Cusco y Apurímac Escribe: José Víctor Salcedo

ELECCIONES INTERNAS. Las organizaciones políticas nacionales y regionales seleccionarán en elecciones primarias a los candidatos a gobernador, vicegobernador, consejero, alcalde y regidor el 15 y 22 de mayo, pero varios precandidatos ya hacen campaña como postulantes definitivos. Sucede que en los doce partidos y movimientos regionales que participarán en Cusco y en los diez que lo harán en Apurímac no habrá competencia, porque presentaron listas únicas para las internas.

El 15 y 22 de mayo próximo será la primera vez que los militantes de partidos y movimientos políticos elijan a los candidatos a los cargos de gobernador, vicegobernador, consejero, alcalde y regidor. Se trata de las elecciones internas que serán supervisadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Cada militante -dependiendo del partido- acudirá a elegir por la modalidad de elección directa o la de delegados.

En el primer caso, los militantes votarán por los candidatos en voto universal, en el segundo caso, elegirán a los delegados, quienes después, el 22 de mayo, seleccionarán a los postulantes.

En Cusco hay doce listas inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE); en Apurímac hay diez listas.

Todos los partidos y movimientos presentaron listas únicas, por lo que -si no son tachadas - se da por descontada su participación en la contienda del 2 de octubre próximo.

En las listas de candidatos hay rostros conocidos y nuevos. El primer hecho llamativo es que solo dos mujeres encabezan las planchas regionales tanto en Cusco como en Apurímac.

Viejo elenco en Cusco El partido-empresa Alianza Para el Progreso (APP) de César Acuña Peralta tiene como único aspirante al sillón regional al abogado Boris Germain Mujica Paredes, quien apareció como cabeza de lista en medio de denuncias por presunto cobro de cupos. Antes vistió otras camisetas políticas: Patria Arriba Perú Adelante, Somos Perú, Movimiento Etnocacerista y Victoria Nacional.

El Frente Regional Túpac, movimiento en proceso de inscripción, tiene como único precandidato al ex con-

Informe / 17 gresista (2016 - 2019), Edgar Ochoa Pezo. Fue funcionario del Ministerio de Educación y director regional de Educación del Gobierno Regional de Cusco. En este corto tiempo, este movimiento ha logrado una importante articulación en casi todas las provincias de la región imperial.

Fuerza Inka Amazónica (FIA) postula a la abogada T’ika Luizar Obregón, una profesional reconocida por su trabajo en defensa del patrimonio cultural de la región y la lucha contra la corrupción. En la plancha lo acompaña Carlos Dargent Holgado, un político y docente de la provincia de La Convención.

Rosmi Rivas Hurtado es la única precandidata al sillón regional del movimiento regional Autogobierno Ayllu. Lo acompaña como vicepresidente Marcelino Bohorquez Mamani.

Es su primera incursión en la política.

Edy Edward Cuellar Margholt, actual presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, encabeza la plancha regional del movimiento regional Inka Pachacuteq. Es la primera vez que se postula a un cargo de elección popular.

En la segunda vuelta de las elecciones del año pasado, su nombre apareció como parte de la Coordinadora Nacional de Independientes (CNI) que apoyó la candidatura de Keiko Fujimori.

Werner Salcedo Álvarez es la carta regional de Somos Perú. Salcedo postuló al Congreso en 2021 y obtuvo la mayor votación. Debido a que Democracia Directa no pasó la valla electoral no obtuvo una curul. En 2018 postuló por primera vez al sillón regional por este partido de los fonavistas y quedó en tercer lugar.

Salcedo es uno de los pocos políticos que empezó a movilizar personas para hacer pintas y vehículos en caravanas en distritos y provincias de la región. Se observa en esta postulación un despliegue de recursos bastante llamativo.

José Julián Becerra Campana postulará al gobierno regional por el Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap). Becerra, ingeniero civil, también postuló a ese cargo en las elecciones del 2018. Tuvo poco respaldo.

Raúl del Castillo Alatrista es la carta del partido Juntos por el Perú. Es abogado y ocupó el cargo de analista legal del Ministerio de Interior en 2017 y trabajó en el Congreso. Como profesional defendió a ciudadanos y defensores sociales perseguidos por empresas privadas o el gobierno. En las elecciones generales del año pasado postuló al Congreso sin éxito.

Carlos Cuaresma Sánchez es el precandidato regional del Frente de la Esperanza. Es la sexta ocasión que el periodista postula a este cargo. Ganó la primera vez que lo hizo en 2003. Antes fue elegido diputado y tuvo un rol preponderante en la comisión que investigó los actos de corrupción cometidos

por el ex dictador Alberto Fujimori.

Cuaresma antes fue del FIM, APP, Pachacuteq, etc.

Perú Libre llega a las elecciones con un severo desgaste. El candidato regional será el secretario regional, Saúl Sánchez Santos, recordado por haber dirigido la Federación Universitaria Cusco (FUC). Sánchez es amigo y uno de los hombres de confianza del ex premier de la república y brazo derecho de Vladimir Cerrón, Guido Bellido. Se conocen desde los tiempos de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac) cuando Bellido manejaba los hilos de la dirigencia estudiantil.

Podemos Perú postulará al sillón regional al abogado Hugo Prieto Valencia. En 2016, gestión de Edwin Licona, estuvo a cargo de la Oficina Regional de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Cusco.

Renovación Popular, el partido del deudor del Estado, Rafael López Aliaga, postula al Gobierno Regional de Cusco al comunicador social, biólogo y promotor del quechua Luis Alberto Soto Colque. Soto postuló al mismo cargo en las elecciones de 2018 por el Partido Popular Cristiano (PPC).

Los rostros en Apurímac La contienda para el sillón del Gobierno Regional de Apurímac también será peleada. Diez partidos y movimientos regionales inscribieron listas únicas para las elecciones internas. Acción Popular inscribió la lista integrada por Jaime Illish Zegarra Peña y Marizol Paceros Paira. Es la segunda vez que Zegarra postula al cargo de gobernador regional. En 2018 no tuvo éxito.

El candidato de APP al cargo de gobernador regional es Omar Merino

López y a la vicegobernatura Maribel Pereira García. Merino López fue elegido congresista tras la disolución del Congreso en 2020. Impulsó un proyecto para la construcción del aeropuerto de Abancay, capital de Apurímac.

La lista regional de Avanza País está conformada por Teresa Sullcahuamán Valenza y Gilmer Porras Rivera.

Sullcahuamán postuló al Congreso en 2021, pero no logró los votos necesarios para ocupar una curul.

El partido Somos Perú inscribió la plancha regional que la conforman Richard Arce Cáceres y Rosa Bertha Hurtado Palomino. Arce fue legislador del Congreso disuelto. Antes de la disolución renunció a Nuevo Perú y se convirtió en crítico de esta organización. En los últimos meses marcó una posición en contra del gobierno de Pedro Castillo.

El Frente de la Esperanza postula al GORE a Percy Godoy Medina y a la vicegobernatura a Marisol Valer Miranda. Actualmente Godoy es alcalde del distrito de San Jerónimo de la provincia de Andahuaylas.

El Frepap tiene como candidato a Juvenal Huamaní Huamaní; el Partido Morado candidatea a Nancy Serrano Díaz, y Perú Libre postula al empresario Ynocencio Willer Taipe Huamaní.

El movimiento regional Hatariy Apurímac postula a Elvyn Samuel Díaz Tello, quien se desempeñó como director regional de Salud en la actual gestión de Baltazar Lantarón; el movimiento Progresista de Apurímac tiene como único precandidato a Christian Anderson Zegarra Palomino y a la vicegobernatura a Rayda Díaz Arias. Zegarra Palomino es presidente de esta organización política. Después del 22 de mayo sabremos quiénes entran a la contienda oficialmente.

En Apurímac, los precandidatos también hacen pintas para promocionar sus nombres.

18 / Entrevista

“Hacen leyes que exponen a la mujer y a los niños a hombres agresores” ¿Qué preocupaciones tiene su colectivo respecto al proyecto de ley 1120?

Escribe: Jessica Clemente (*) El congresista fujimorista Alejandro Aguinaga presentó un proyecto de ley que establece que, en caso de padres separados de hecho, la tenencia de los hijos menores sea compartida. Inés Agresott, coordinadora general del Colectivo Mujeres Migrantes Maltratadas Perú, y Sabrina Rodríguez, integrante del Colectivo Frente de Lucha Materna, analizan ese proyecto que podría afectar a los menores y a las madres. Pulso regional habló con dos representantes de colectivos entendidos en este tipo de temas.

Inés Agresott

Coordinadora General del Colectivo Mujeres Migrantes Maltratadas Perú.

¿Considera que ha habido avances en el actual gobierno en cuanto a la lucha contra la violencia de género?

Yo no veo los avances, todo lo contrario.

En el momento en que el presidente Pedro Castillo tomó la decisión de poner de premier a ese señor que le había pegado a la hija, a la esposa, a todas las mujeres que tenía alrededor, ahí no más sacas la línea de que existe la normalización de la violencia a las mujeres. Pero hay esperanzas con la actual ministra Diana que es una reconocida activista de los derechos de las mujeres y que va a seguir luchando, aunque en un organismo que está podrido.

Pero también, como sociedad debemos asumir que tenemos un problema super grave contra los más vulnerables. Parece que hubiera un odio contra las mujeres en general, extranjeras y nacionales, pero peor es contra nosotras, porque hay xenofobia y racismo.

Sabrina Rodríguez

¿Qué preocupaciones tiene su colectivo respecto al proyecto de ley 1120?

Nosotras, casi todas, hemos tenido tenencia compartida con los agresores.

Tenemos conciliaciones y resoluciones donde se compartía la tenencia y ellos decidieron de manera unilateral quedarse con los niños e ignorar esos acuerdos a los que se había llegado. Entonces ya era normal eso aquí en el Perú de que la tenencia compartida no funciona. Lo que se ha hecho es legalizar lo que venía siendo como práctica y realizar violencia vicaria contra los niños. El Estado, con esta sociedad que ha normalizado la violencia hacia las mujeres, lo que hace ahora es colocar leyes que exponen a la mujer y a los niños a estos hombres agresores, violadores, sociópatas, feminicidas.

Integrante del Colectivo Frente de Lucha Materna

Que quiere automatizar la tenencia compartida y privilegiarla por sobre una tenencia con la figura más adecuada y oportuna que sea determinada por el juez, que normalmente suele ser la madre por el vínculo de apego que suelen darse en las primeras etapas de vida. Este proyecto promovido por la bancada fujimorista no tiene un enfoque de género transversal e intercultural que nos permita realmente asegurar que se está tomando en cuenta la diversidad de casos que existen. Además, se dio sin tomar en cuenta los altos índices de violencia de género que muchas veces son estos factores que determinan que una madre termine por decidir separarse. ¿Considera que ha habido avances en el actual gobierno en cuanto a la lucha contra la violencia de género?

No hay avances, al contrario, hay un estancamiento. Los únicos avances son por parte de las ministras, cuando ha estado Anahí y ahora que está Diana.

Estamos más tranquilas con Diana, que de una manera muy loable ha tratado de poner ahí todo lo que puede, con todas las limitaciones que tiene con ese gabinete. En este caso tomando una posición respecto a la tenencia compartida, lo cual le ha llevado a tener represalias y ser, de manera más rápida, interpelada en el parlamento respecto a sus opiniones, tanto sobre el derecho a decidir sobre nuestra libertad sexual en torno al aborto y esta situación de la tenencia. ¿El gobierno está comprometido con las mujeres?

El Estado no está comprometido con un enfoque de igualdad de género. Al contrario, toma medidas muy populistas como esta de fomentar la castración química en casos de abuso sexual a menores lo cual no nos permite combatir el tema problema de fondo que es generar nuevas masculinidades, generar entornos en donde los mismos hombres adultos puedan cuestionarse y así reaprender, crear y construir nuevas propuestas en base a sus vivencias en vez de poner en una balanza la lucha constante entre hombres y mujeres, cuando en realidad lo que necesitamos es que el Estado genere políticas públicas de prevención y de intervención. (*) Responsable de Comunicaciones de APRODEH Apurímac.

Informe / 19

Derechos de niños y niñas en riesgo por tenencia compartida Escribe: Karina Bueno (*) ANÁLISIS. La modificación del artículo 81 de la Ley 29269, Ley de la tenencia compartida, que establece que el Poder Judicial podría disponer la tenencia compartida de los hijos y las hijas. Ese cambio normativo genera preocupaciones y podría jugar a favor, en muchos casos, de padres agresores y poner en riesgo a los hijos, las hijas y las madres.

Escribo este artículo desde mis vivencias y desde aquellas que comparto con otras mujeres en las luchas por derechos y en los caminos comunes de la crianza y maternidad. A propósito de la Ley de tenencia compartida, he rebuscado diálogos sobre nuestros miedos e injusticias.

“No puedo dejar a mis hijos y sobre todo si es niña con su padre, con todas las cosas que pasan, no puedo confiar”, “Me ha reclamado que no le dejo ver, se la ha llevado, pero al final la ha dejado con su mamá y él sigue con su vida normal”, “Tengo que insistirle para que deposite la pensión, es muy poco y encima me amenaza que no dará nada”.

Podría seguir con más testimonios, pero creo que es suficiente. Esta reflexión surge a raíz de la modificación del artículo 81 de la Ley 29269, Ley de la tenencia compartida, que establece que el Poder Judicial podría disponer la tenencia compartida de los hijos y las hijas.

Según el Observatorio Nacional de Violencia de Género, entre los principales agresores sexuales de niños y niñas aparece en tercer lugar el padre con (19.9 %) después de otros hombres del entorno familiar. Ocho de cada diez hogares peruanos dependen de las mujeres para las labores domésticas y de cuidados, según una encuesta del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Eso quiere decir que los “padres” todavía no se han planteado un debate serio sobre la responsabilidad ética, política e igualitaria de proveer cuidados. En 2021 se denunciaron más de 600 casos de violencia económica y otras formas de violencia que pretenden generar daños en las mujeres a través de

sus hijos o hijas. A esto se le denomina violencia vicaria: un tipo de violencia machista que consiste en hacer daño a los seres queridos para dañar a la mujer.

Particularmente le he dado batalla. Un tercio de mi vida hacía una crianza compartida efectiva, la misma que tiene una serie de implicancias y cambios socioculturales para las partes involucradas en este proceso. No siento que haya sido en vano, pero también siento que aún es un horizonte que me seguirá costando construirla con alguien que se abre al debate y la posibilidad de criar.

También siento que esta experiencia no es representativa y que a la mayoría de las mujeres les acontece muchísima dificultad y mayor violencia concertar acuerdos sobre el cuidado, el aporte económico equitativo y el cese de violencias tras una separación.

Por todo lo anterior, considero que este tipo de normativas “relámpago” no buscan “promover el rol de crianza igualitaria” como lo hacen parecer. Por el contrario, es una estrategia de grupos conservadores para formalizar mecanismos de mayor control y violencia sobre las mujeres y los niños y niñas.

Finalmente, en una sociedad con elevados índices de VG, en la que se desvaloriza y desprecia los cuidados bajo la división sexual del trabajo, donde predominan masculinidades patriarcales y violentas, no es posible la tenencia compartida.

Las normas tienen que guardar coherencia con esta realidad y antes de emitir medidas arbitrarias, se requieren políticas para desterrar el sistema patriarcal y colocar “los cuidados” en el centro de la vida, que implique un nivel de importancia tal que convoque a hombres, mujeres, familia, comunidad y Estado a resguardar el derecho de cuidar y de ser cuidados. (*) Coordinadora de la Unidad de Género de APRODEH Apurímac.

La tenencia de los hijos en un serio problema que el gobierno no lo trata como debiera hacerlo.

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Encuentro por el medio ambiente Del lunes 4 al viernes 8 de abril pasado, en la ciudad del Cusco, se realizó el III Intercambio Internacional de Experiencias sobre la Defensa de la Tierra, Territorio y Medio Ambiente con la participación de organizaciones de Bolivia, Colombia y Perú.

Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) fue la anfitriona de la actividad que surgió a iniciativa de CAFOD. En los cinco días de intercambio los y las participantes pudieron reflexionar, compartir y plantear acciones para la defensa del medio ambiente. Asimismo, escucharon y conocieron a comuneras y comuneros que conviven con la empresa minera Antapaccay, en Espinar.

FOTOS: DHSF.

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