Pulso Regional

La Revista del Sur | Año 06 | #58 - Agosto de 2022

El presidente Pedro Castillo dijo el 28 de julio que este año no pondrá “la otra mejilla”.

Mientras que en el Congreso cocinan su vacancia o suspensión. (Págs. 4 y 5)

Choque de poderes Elecciones 2022: Candidatos tránsfugas y con planes de gobierno cortoplacistas. (Págs. 6 y 7).

2 / Editorial

La última.

EDITORIAL

Nota al cierre de edición

LA CALLE Es una falacia asegurar, como lo hacen con miopía analistas y políticos citados constantemente por los medios de Lima, que la población peruana no está movilizada. Que la ciudadanía no esté movilizada a favor de lo que ellos consideran que debería movilizarse, específicamente por la vacancia o renuncia del presidente Pedro Castillo, no significa en absoluto que esté paralizada.

El Perú debe ser uno de los países de Latinoamérica con más movilización social.

Los hechos así lo prueban: hay 207 conflictos sociales (153 activos y 54 latentes) mapeados en todo el país por la Defensoría del Pueblo a junio de 2022. La mayor cantidad de conflictos sociales que se desarrollan están registradas en las regiones de Loreto (28), Cusco (18) y Apurímac (16).

Pero la agenda de las organizaciones sociales de base y los gremios sindicales pone acento en asuntos que distan en objetivos e intereses de los grupos que alientan el desafuero del jefe de Estado. Por lo menos hasta ahora.

Durante el primer año del presidente Castillo hubo decenas de paros y huelgas con movilizaciones y bloqueo de vías, con muertos y heridos, pero cada una tenía una agenda en particular: pocos en Lima pedían la salida de Castillo y otros -la mayoría en las regiones- que el jefe de Estado cumpla sus promesas electorales de cambio de la Constitución, las reglas de juego en la actividad minera, apoyo a la agricultura, entre otros asuntos.

Sienten también las organizaciones sociales que hay un intento de instrumentalizar su movilización con un propósito particular de un pequeño grupo, y consideran que su propuesta no resolverá la crisis que vive el país desde hace casi una década. Sucede que aquellos voceros oficiosos que ahora piden que la “calle” saque a Castillo de Palacio de Gobierno, son los mismos que durante décadas menospreciaron las protestas ciudadanas y calificaron a los manifestantes de revoltosos, vándalos y terrucos.

No obstante, el descontento ciudadano con el gobierno errático e inoperante y con serios indicios de corrupción empezó a tomar cuerpo en las regiones. Si a mediados de 2021 convocaron a protestas en respaldo al jefe de Estado, luego lo hicieron para pedirle que cumpla sus promesas electorales, y ahora anuncian paulatinamente acciones de rechazo al actual régimen. Cuando el desencanto gane más terreno, los días de Castillo en el gobierno habrán terminado, si antes no lo saca el Congreso y desata una nueva crisis con consecuencias difíciles de predecir.

Población de Espinar recibirá bono de S/2,000 En julio pasado, los miembros del Comité de Gestión del Convenio Marco aprobaron por unanimidad la entrega de un nuevo bono solidario de S/2,000 a los ciudadanos mayores de edad de la provincia de Espinar, en Cusco.

El alcalde provincial de Espinar y presidente del Comité de Gestión del Convenio Marco, Lolo Arenas Armendáriz, señaló que el expediente técnico del proyecto para la entrega del bono estará listo a mediados de septiembre. El fundamento para la entrega del nuevo beneficio es que la población está siendo afectada por la crisis económica, así como por los efectos de la pandemia. Además, se cuestiona el destino de estos fondos en proyectos que no benefician a todos.

El encargado de elaborar el expediente es Ángel Aquepucho Carrasco, responsable técnico del

Comité de Gestión. Su trabajo es hacer el documento basado en el que aprobó el primer bono de S/1,000 en 2020.

Entregar el bono de S/2,000 implica utilizar S/88 millones del Convenio Marco, fondo privado constituido con dinero que proviene del aporte del 3 % de las utilidades anuales de la minera Glencore Antapaccay, que se firmó en 2003 tras largos días de protestas. Los beneficiados serán alrededor de 44,000.

Se sabe que actualmente el convenio posee un fondo de más de S/60 millones, monto que es resultado de la suma del décimo octavo aporte de Antapaccay de S/59 millones 201 mil y los saldos de aportes anteriores por S/3 millones 700 mil.

Las organizaciones sociales sostienen que hay más de S/150 millones acumulados.

Reunidos en la plaza de Espinar, las organizaciones sociales aprobaron la entrega del bono.

EDITOR PERIODÍSTICO: José Víctor Salcedo Ccama DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: Cristian Yarin Trujillo DISEÑO PORTADA: Cristian Yarin Trujillo

COMITÉ EDITORIAL: Centro Bartolomé de Las Casas - CBC

Correo: pulsoregionalcusco@gmail.com Dirección: Barrio Profesional A-8/3er piso

Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu – CEDEP AYLLU

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Derechos Humanos Sin Fronteras DHSF Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH

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Crisis política / 3

La vacancia otra vez en agenda Escribe: José Víctor Salcedo FACTOR PACHECO. Lo que pueda probar el exsecretario de la presidencia, Bruno Pacheco, sobre la participación en hechos de corrupción del presidente Pedro Castillo Terrones, será clave para que un nuevo intento de destitución cobre fuerza o vuelva a fracasar en el Congreso de la República.

Agosto será un mes movido en el ámbito político peruano. La entrega de Bruno Pacheco Castillo, exsecretario de la presidencia, abre un nuevo panorama en las investigaciones que involucran a Pedro Castillo Terrones en presuntos actos de corrupción, a un año de su ascenso a la presidencia de la república.

De lo que ha dicho y pueda probar -o dar indicios fuertes- el ex hombre de confianza del jefe de Estado depende que prenda o fracase nuevamente un proceso de vacancia en el Congreso. Pacheco Castillo se entregó al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, que dirige la fiscal superior Marita Barreto, tras una negociación para obtener beneficios.

Pacheco Castillo es recordado porque en noviembre de 2021, cuando ejercía la secretaría general de la presidencia, fue intervenido por el escándalo de los ascensos a generales en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La Fiscalía encontró 20 mil dólares en efectivo en el baño de su oficina en Palacio de Gobierno que no pudo justificar.

Su decisión de entregarse y colaborar con la justicia ayudará también a esclarecer las investigaciones que están en curso por la adjudicación presuntamente concertada y a cambio de una coima de la obra del puente Tarata.

Con esto el cerco penal se estrecharía en torno al presidente Castillo.

“Para mi gobierno es satisfactorio que el señor Bruno Pacheco se haya puesto a disposición de la justicia. Eso evidencia la falsedad sobre la supuesta protección del Ejecutivo, esperamos

que se imponga la verdad”, escribió Castillo en su cuenta en Twitter varias horas después de que se conociera la entrega de Pacheco.

El otro frente Días atrás, la elección de la mesa directiva del Congreso tuvo una carga “especial”, porque en caso de una eventual vacancia de Castillo, la nueva presidenta del Legislativo, Lady Camones, asumiría las riendas del país, y la vicepresidente Martha Moyano tomaría el mando en el Legislativo.

No obstante, antes de la elección, este grupo firmó un compromiso de honor de renunciar a sus cargos en caso de destitución presidencial.

Pero la vacancia nunca dejó de estar en la agenda del actual Congreso. Actualmente, están pendientes de evaluación dos proyectos de ley que apuntan a facilitar la destitución presidencial, ambos torpes porque debilitará a todos los presidentes que lleguen al cargo después de Castillo.

Una de las iniciativas, impulsada por Avanza País, pretende modificar

el reglamento del Congreso para reducir de 87 a 78 el número de votos para vacar al jefe de Estado. La otra, de autoría de Renovación Popular, pretende incluir en el reglamento la figura de la suspensión del cargo de presidente de la república por incapacidad temporal y por hallarse sometido a proceso judicial.

Papel de la fiscal Tampoco hay que perder de vista el papel de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien se ha mostrado entusiasta en los casos que involucran al jefe de Estado. Sucede que Benavides tiene unas cal y otras de arena. “No hay intocables. No cederemos un milímetro en esa lucha”, dijo Benavides cuando habló sobre Pacheco. Sin embargo, el medio Epicentro TV reveló que Benavides cambió de puesto a la fiscal suprema adjunta titular Bersabeth Revilla Corrales, quien investigó a la jueza Enma Benavides Vargas, hermana de la fiscal de la Nación, por un supuesto cobro de sobornos a narcotraficantes.

En septiembre 2021, la fiscal Revilla logró que el Poder Judicial dicte contra ella comparecencia con restricciones, y ahora, extrañamente, la fiscal de la Nación la ha sacado del caso. Desde la Fiscalía dijeron que las investigaciones “no se afectan de ninguna manera, pues, el caso ya se encuentra judicializado”.

EC

La oposición evalúa lo que dice Bruno Pacheco para impulsar un nuevo pedido de vacancia de Castillo.

4 / Crisis política

El presidente Pedro Castillo Terrones cumplió su primer año de gobierno acosado por la oposición y las denuncias por corrupción.

Pedro Castillo: “No voy a poner la otra mejilla” Escribe: José Víctor Salcedo

MENSAJE. Pedro Castillo habló casi dos horas el 28 de julio, pero no anunció ni su renuncia ni el recorte del mandato presidencial y congresal como esperaban algunos sectores sociales. No hubo autocrítica y ningún gesto de enmienda. Hubo victimización con críticas a la oposición. Todo parece indicar que el Congreso buscará sacarlo del cargo apelando a la vacancia o la suspensión del cargo. Previamente, quieren inhabilitar y desaforar a la vicepresidenta Dina Boluarte.

El 28 de julio amaneció con incertidumbre. La expectativa estaba puesta en la posibilidad de que el presidente Pedro Castillo Terrones, en un gesto de madurez política, anunciara el adelanto de las elecciones generales (presidente y congresistas).

Como antesala al mensaje, en la misa y Te Deum por Fiestas Patrias, el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, recordó la crisis de julio 1822, cuando José de San Martín, en un gesto de desprendimiento, se fue del Perú y dejó a Simón Bolívar y un Congreso Constituyente.

Se los dijo a los presidentes de los tres poderes del Estado que asistieron a la reunión religiosa. Les habló a todos del desprendimiento como fundamento del nacimiento de la República.

Grupos de ciudadanos hicieron marchas: unos a favor del jefe de Estado y otros en su contra. Al final, Castillo ni dimitió ni habló de adelanto de elecciones. El Legislativo, por su parte, amaneció el 28 de julio con una denuncia por violación sexual en contra del congresista Freddy Díaz, lo que abona a su creciente desprestigio.

Crisis política / 5

El mensaje Pedro Castillo habló casi dos horas. En su perorata no hubo un atisbo de buscar una salida a la crisis generalizada que golpea al país, a través del recorte del mandato presidencial y congresal. No hubo autocrítica y ningún gesto de enmienda de los enormes desaciertos de su primer año de gestión. En cambio, hubo un tono de confrontación mezclada con victimización, con críticas a la oposición y a los grandes medios de comunicación de Lima.

En un auditorio hostil, frente a esa torpe oposición que quiso sacarlo sin éxito desde el primer día de su ascenso al poder, Castillo dio un mensaje a la nación desconcertante. Se vio a un jefe de Estado desconectado involuntaria o alevosamente de la realidad. Esa realidad que muestra una crisis generalizada ocasionada en gran parte por su errático desempeño y las serias denuncias de corrupción en su contra, así como por el desempeño obstruccionista del Congreso.

“En este segundo año no voy a poner la otra mejilla, sino extender la mano para trabajar juntos”, dijo Castillo.

Muecas de desagrado, rechazo, rencor e ira dibujaron los rostros de los congresistas opositores mientras el presidente hablaba con rostro adusto por momentos, nervioso en otros y dubitativo en la mayoría del tiempo. Algunos congresistas, en un acto de inmadurez, abandonaron el hemiciclo y otros le dieron la espalda a Castillo cuando pronunciaba su discurso.

Castillo habló de logros cuando en realidad apenas son propuestas incipientes en los diferentes sectores. Pasó como si fuera un asunto sin importancia la grave contaminación ocasionada por la empresa Repsol, la situación jurídica de sus exfuncionarios y de su entorno familiar, la crisis en el sector agrario, las dificultades económicas de miles de familias, etc.

No hubo mención a la implementación de acciones a favor de las personas afectadas con metales tóxicos, a las mujeres víctimas de violencia, la mejora en la educación superior universitaria, el impulso al enfoque de género en el currículo escolar, atención y solución de las demandas de las comunidades en zonas mineras, como el corredor minero del sur.

Lo que se viene ¿Tendrá Pedro Castillo Terrenos los días contados? ¿Será inevitablemente vacado o suspendido por el Congreso, que lo ha perseguido desde el primer día de gobierno y que Castillo no pudo responder con eficiencia las arremetidas? ¿O será obligado a renunciar a la presidencia por una masiva movilización ciudadana, que evidentemente no será convocada por la derecha vociferante?

Hacer un pronóstico político en Perú es muy arriesgado. Uno puede

En el Congreso varios legisladores le dieron la espalda a Castillo.

En las calles de Lima hubo protestas a favor y en contra del jefe de Estado.

equivocarse dramáticamente y perder en ese vaticinio fallido la credibilidad y la confianza. Lo que sí podría afirmarse es que no será la derecha artífice de la caída del gobierno de turno, porque, como escribió el politólogo Alberto Vergara, hay incapacidad de las élites económicas y los medios que actúan como sus cajas de resonancia para entender que los votantes no son unidimensionales, lo que les quita respaldo.

El analista político Jesús Manya consideró que se trató de un tibio mensaje presidencial. “Si los conservadores y radicales esperaban un mensaje disruptivo y con grandes anuncios, se quedaron con los crespos hechos y con el gusto en el oído y en su bolsillo”.

Según Manya, fue un mensaje moderado en las formas y tecnocrático en el contenido, funcional al piloto automático del actual modelo neoliberal, como si el país y la sociedad no salieran de una pandemia con altos costos sociales y mortales, que exigían una propuesta más renovadora por acercar la economía a las grandes mayorías.

La tercera vía Mientras tanto la tercera vía, la propuesta de ley de un colectivo de organizaciones sociales, otro de jóvenes y del ex presidente Francisco Sagasti de adelanto de elecciones generales no ha generado ni comentarios de los congresistas y menos se ve el interés para discutirlo y eventualmente aprobarlo.

En el Congreso creen que el único que debe irse es Castillo, pese a que la población los rechaza incluso más que al presidente precario. Y no solo pretenden vacar al presidente. Antes buscan inhabilitar a la vicepresidenta Dina Boluarte para evitar una sucesión constitucional y conseguir que la presidencia caiga en manos de un congresista.

Los próximos días serán claves para saber qué mecanismos activan desde el Congreso para volver a intentar la destitución presidencial. En el primer año de gobierno hubo dos intentos fallidos de vacancia.

6 / Elecciones 2022

La campaña ya empezó de cara al día de la votación del 2 de octubre próximo. Caravanas y pintas se hacen más presentes.

Candidatos tránsfugas y con planes de gobierno cortoplacistas Escribe: José Víctor Salcedo SIN PROYECCIÓN. Casi todos los postulantes han vestido más de una camiseta política. Y varios han pasado de partido en partido, incluso entre organizaciones con membretes ideológicos diametralmente opuestos. Además, los planes de gobierno son una declaración de intenciones sin propuestas claras ni planteamientos en asuntos claves como minería, medio ambiente, crisis del sector agrario, lucha anticorrupción, etc.

El 3 de agosto es la fecha límite para la publicación de las listas que participarán en las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre próximo. Los cinco jurados electorales especiales de Cusco (JEE) recibieron 709 solicitudes de inscripción y casi dos decenas han quedado fuera de carrera.

Ocho listas regionales ingresaron al JEE de Cusco. La de Edgar Ochoa, del Frente Regional Túpac, quedó fuera de carrera porque la organización no consiguió su inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). La de Werner Salcedo Álvarez, de Somos Perú, corre el riesgo de ser excluido también.

Una tacha por omitir información en su hoja de vida es la causal. Si eso ocurre solo seis postulantes competirían por el sillón del Gobierno Regional de Cusco.

Más allá de eso, un denominador común de los postulantes es que todos

Elecciones 2022. / 7 cambiaron de camiseta partidaria entre una y cinco veces durante su vida política. Es decir, estamos ante candidatos con una frágil identidad ideológica y partidaria, o simplemente con ausencia de ella.

Un segundo rasgo se encuentra en sus planes de gobierno, que son documentos parecidos a una declaración de buenas intenciones sin propuestas claras ni alusiones a asuntos claves como la minería, el cuidado del medio ambiente, la crisis del sector agrario, la lucha anticorrupción, etc. Una nueva decepción parece asomarse.

apareció como parte de la Coordinadora Nacional de Independientes (CNI) que apoyó la candidatura de Keiko Fujimori.

Si Wener Salcedo sale librado de la tacha contra su candidatura representará a Somos Perú. Antes defendió la bandera de Democracia Directa y Unión Por el Perú (UPP). Rosmi Rivas Hurtado, del Movimiento Autogobierno Ayllu, y Hugo Prieto, de Podemos, son los rostros nuevos y esperan convertirse en el outsider de la contienda. Ninguno tiene un pasado con militantes en otras agrupaciones políticas.

Los tránsfugas

Las propuestas

Boris Mujica Paredes postula al GORE Cusco por Alianza Para el Progreso (APP) después de haber militado, simpatizado o postulado por cuatro partidos antes de llegar a la organización del César Acuña: Cusco Lindo, Etnocacerismo, Somos Perú, PAPA y Renovación Popular.

Pasa lo mismo con Carlos Cuaresma Sánchez del Frente de la Esperanza 2021. En procesos anteriores transitó por tiendas políticas tan disímiles como Inka Pachakuteq, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Frente Independiente Moralizador, etc. Cuaresma postula por sexta vez al sillón regional. Ganó en la primera elección en 2003 y fue la primera autoridad regional del Cusco.

Edy Cuéllar es el candidato del movimiento regional Inka Pachakuteq.

En su hoja de vida declaró haber militado antes en la organización conservadora Partido Popular Cristiano (PPC) y, después, en la izquierdista Unión Por el Perú (UPP). En la segunda vuelta de las elecciones del año pasado, su nombre

No solo las hojas de vida y el pasado de los candidatos dan señales de lo que representan y si son una buena alternativa para ser autoridades. Otro documento clave para saber hacia dónde apuntan o qué quieren es el plan de gobierno que entregaron al JEE. Cada postulante al sillón regional de Cusco entregó un plan de gobierno que tiene entre 40 y 90 páginas. Gran parte está dedicada a una presentación diagnostica pormenorizada de la situación actual de la región, aunque con estadísticas de diferentes fuentes y años.

Hay, por ejemplo, planes que recogen data del censo del 2017 y otros que arrancan cifras de los estudios Endes o Enaho del INEI y otras fuentes de información de 2018, 2020, etc. ¿Qué tan serio es basarse en cifras de años pasados y no tan actuales para proyectar acciones a futuro?

Los documentos revisados por Pulso Regional ponen también en evidencia que su contenido carece de planteamientos programáticos claros y hay

Así será la cédula de votación en las elecciones regionales aprobada por la ONPE.

ausencia de asuntos que actualmente son claves. Más que planes de gobierno parecen declaraciones de buenas intenciones sin propuestas en minería, cuidado del medio ambiente, crisis del sector agrario, la lucha anticorrupción, etc.

En ninguno de los planes se trata el grave problema que enfrenta la actividad minera en el corredor minero del sur. Ningún postulante tiene una propuesta que contribuya a la solución de las agendas comunales y distritales que ayuden a evitar la activación de los conflictos sociales en Espinar y Chumbivilcas, que pasa por temas de contaminación con metales tóxicos, del medio ambiente, criminalización, saneamiento de terrenos comunales, planes de desarrollo, etc. Con ello, es decir, la ausencia de propuestas, uno puede predecir que el próximo gobernador hará el mismo papel de Jean Paul Benavente: evadir su responsabilidad y mantenerse al margen del problema.

Pero no solo eso. No hay planteamientos para atender la crisis que golpea actualmente a los productores agrarias, aquellos que se dedican a la agricultura familiar y alimentan las mesas de los hogares peruanos. Solo hay menciones sobre el impulso de proyectos de siembra y cosecha de agua y, en algunos casos, hablan de proyectos de irrigación.

Una agenda limitada También hay que mencionar que los postulantes mantienen la agenda tradicional y hasta ahora imposible vinculada a la construcción de la Planta de Fraccionamiento de Kepashiato para producir GLP en balones, masificación del gas de Camisea, conclusión del Hospital Antonio Lorena, de la avenida Evitamiento, incremento del número de visitantes a Machupicchu, etc.

No hay, en concreto, planes con visión regional y de largo plazo. Sus propuestas son cortoplacistas y podría decirse inclusive municipalista. Se agotan en pequeñas obras y proyectos que están dirigidas a concluir la herencia de gobiernos anteriores y concretar algunas que tengan en sello de la nueva gestión.

Enseguida algunos ejemplos. Somos Perú propone disponer una cuota de mujeres en los proyectos de inversión, lo que está bien, pero no resuelve el problema de género. APP apunta a impulsar corredores turísticos y gastronómicos y construcción de carreteras, pero que son medidas puntuales y aisladas de un gran proyecto de desarrollo. Inka Pachakuteq plantea gestionar la conclusión de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento y ampliar la carga a Machupicchu, asunto que es competencia del sector Cultura, y no mejora el deficiente modelo de gestión del turismo en la región, que sigue siendo en torno a la maravilla mundial. No hay mención a un programa de ampliación o diversificación de los recorridos turísticos.

8 / Informe ANDINA

El ingreso libre demandaría una mayor inversión en infraestructura educativa y en contratación de docentes para garantizar la enseñanza.

Pros y contras del ingreso libre a las universidades Escribe: Alberto García Campana (*) EL SUELO ESTÁ PAREJO. La propuesta del Ejecutivo para el ingreso libre de estudiantes a las universidades públicas generó rechazo en las autoridades de los centros de estudios superiores. Señalan que no hay condiciones para que, por ejemplo, la Unsaac de Cusco acoja a 40 mil alumnos. No obstante, la ley hace una precisión que debería generar calma. Señala: “El ingreso libre y gratuito a las universidades públicas se implementará de manera progresiva y planificada por cada universidad pública, previa definición de las vacantes”.

La reiteración del anuncio presidencial de promover el ingreso libre de estudiantes a las universidades públicas del país ha generado una reacción casi unánime en quienes gobiernan actualmente esos centros de estudios superiores, quienes

han puesto el parche antes de que salte el chupo, exponiendo como razón de su negativa las enormes dificultades materiales para recibir a un gran número de nuevos integrantes de la comunidad estudiantil universitaria.

Sin embargo, el candado para el ingreso libre y gratuito a las universidades ya ha sido puesto por la misma iniciativa. Los promotores de abrir las puertas se han encargado de acabar con el entusiasmo inicial.

El Proyecto de Ley 0047-2021CR señala claramente, en sus disposiciones complementarias, que “el ingreso libre y gratuito a las universidades públicas se implementará de manera progresiva y planificada por cada universidad pública del país, previa definición de las vacantes”.

Es decir, el ingreso “libre” se implementará siempre y cuando haya vacantes en las universidades. En consecuencia, serán las autoridades de las propias universidades las que determinen si otorgan vacantes o no en determinadas escuelas profesionales. Y las autoridades universitarias ya han adelantado opinión al respecto: no hay condiciones para el ingreso libre.

Lo que dice la ley La Ley Universitaria 30220 actualmente en vigencia y cuya aprobación y promulgación fue resultado de una tenaz lucha entre la Comisión de Educación del

Informe / 9 Congreso de la República, por entonces encabezada por el general Daniel Mora (Perú Posible) y la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). El descrédito de esta última, debido a su manejo vicioso y abusivo, dio lugar a que la nueva ley fuera recibida con mucho entusiasmo por la mayoría de la comunidad estudiantil universitaria y también por vastos sectores de la docencia y del aparato administrativo, pues se pretendía acabar con las “argollas” que reinaban en la ANR y que se expresaban claramente en el otorgamiento de licencias de funcionamiento a universidades que ofrecían servicios educativos incluso en cocheras y en patios traseros de restaurantes.

A estas se denominaba universidades de cartón porque su infraestructura era de triplay e incluso de cartón prensado.

Con respecto al ingreso a las universidades públicas, la Ley 30220 establece textualmente que “ingresan a la universidad los postulantes que alcancen plaza vacante y en estricto orden de mérito”. El Proyecto de Ley 0047-2021CR señala en cambio que “ingresan a la universidad los postulantes que alcancen plaza vacante y por estricto orden de inscripción”.

El propio Consejo Nacional de Educación, dependiente del Ministerio de Educación, ha advertido que el proyecto de ley que permitiría el ingreso libre y gratuito a las universidades públicas podría abrir brechas y perjudicar precisamente a quienes se pretende beneficiar, es decir, que los estudiantes que concluyen el quinto año de secundaria en planteles rurales no podrían competir en el proceso de inscripción con quienes viven en zonas urbanas en las que tienen sus sedes principales las universidades.

Se entiende que la inscripción debe ser presencial, y aquí la desventaja es mayor para los postulantes que viven en zonas alejadas, y si la inscripción fuera de manera virtual, la falta de conectividad y la debilidad de señal de Internet en lugares alejados terminarían por perjudicar a los postulantes.

programas de estudios.

También se calcula que hay mil 400 docentes, entre nombrados y contratados, así como 800 trabajadores administrativos. Hay una especie de balance que permite atender con mediana eficacia las demandas de aulas, bibliotecas, laboratorios y otros servicios como sistemas, salud y comedor universitario.

No solo es ingresar

Velasco Alvarado propuso que los hijos de los campesinos tuvieran ingreso libre a las universidades públicas. Los sindicatos de campesinos, las ligas agrarias, las federaciones provinciales y demás organizaciones del campo recibieron el encargo de calificar los expedientes de los hijos de campesinos que quisieran seguir estudios universitarios. Ellos, junto con los estudiantes que ocuparon los dos primeros lugares en rendimiento académico de colegios estatales, tuvieron acceso libre y gratuito a las universidades estatales.

Por este camino, muchos jóvenes de procedencia rural cristalizaron el sueño de convertirse en estudiantes universitarios. No existen, sin embargo, investigaciones que permitan calificar esa experiencia, pues se carece de datos sobre la permanencia y conclusión de estudios por parte de los hijos de los campesinos.

No se trata, entonces, solamente de promover el ingreso libre a las universidades, sino de garantizar su permanencia y asegurar su profesionalización. Son estos dos últimos elementos los que podrían justificar una propuesta como la que ha planteado en reiteradas oportunidades el presidente de la República, Pedro Castillo.

En fin, como se advierte, el proyecto de Ley 0047-2021-CR proporciona elementos para un debate mayor, no obstante que en su espíritu puede ser de provecho para quienes, por razones económicas o de formación previa, tienen muy pocas posibilidades de continuar estudios superiores.

Durante la primera fase del Gobierno Militar (1968 – 1975), el general Juan

(*) Analista político y catedrático de la Unsaac.

Relación numérica El ratio (en Europa se denomina la ratio) es la relación que existe entre el número de estudiantes por cada docente. Por ejemplo, en España, se mantiene la media de 12 estudiantes por docente.

En el Perú, esa cifra se eleva en el global a 16 alumnos por docente y va un punto más arriba cuando se trata de universidades públicas, y se eleva otro punto más, llegando a 18 alumnos por docente, en el caso de universidades públicas ubicadas en la Sierra del Perú, entre las que se encuentra obviamente la Unsaac.

Continuando con la mirada en perspectiva, se calcula que en el presente año, alrededor de 20 mil estudiantes egresarán de colegios públicos y privados del departamento del Cusco. Todos ellos cursan actualmente el quinto de secundaria.

En un escenario improbable, si todos decidieran acogerse al ingreso libre, la población estudiantil en la Unsaac pasaría de 20 mil a 40 mil. Reiteramos, este es un escenario improbable, porque las tendencias de ingreso se orientan mayoritariamente a las universidades privadas y a carreras no universitarias.

Resistencia en los frentes Probablemente, la oposición de varios rectores al ingreso libre y gratuito a las universidades públicas tenga su origen en la añoranza que sienten por la antigua y ya sepultada Asamblea Nacional de Rectores, cuya vigencia generó el decaimiento de la calidad educativa.

Pero, no son solamente las autoridades universitarias e incluso los mismos dirigentes estudiantiles quienes expresan oposición a la iniciativa del ingreso libre. La propia realidad muestra que la infraestructura actual de las universidades públicas no resiste una afluencia masiva de nuevos estudiantes.

Para tratar de entender el asunto, citamos el caso de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac). A la fecha, ese centro de estudios cuenta con un aproximado de 22 mil estudiantes matriculados en sus 84

La Unsaac, por ejemplo, no podría recibir a más de 40,000 estudiantes egresados en un año.

10 / Central

Qhapaq Negro es la danza que en español quiere decir “Negro rico”. Rememora la época servil y esclava de la población negra. Le bailan a la

Los maqtas son los encargados de hacer guardar el orden durante la fiesta.

Los majeños representan a los antiguos arrieros

Central / 11

La fiesta de la Virgen del Carmen es una de las más multitudinarias del país.

LAS DANZAS DE LA MAMACHA DEL CARMEN

Es una tarde soleada de julio en el distrito de Paucartambo. Una tarde de coloridas coreografías, de sinfonía de violines y quenas, y de cantos en quechua y español. Es una tarde de hirviente fe y veneración por la Virgen del Carmen, conocida cariñosamente como Mamacha del Carmen. En ese bellísimo espectáculo visual de trajes, un nutrido repertorio de cantos populares en español y en quechua, y bailes se expresa el fervor en la festividad de la virgen. Las danzas y la fe ostentan un gran prestigio desde tiempos pretéritos.

a Mamacha del Carmen.

de Majes que vendían aguardiente.

FOTOS: Luis Castillo Florez.

Los qhapaq ch’uncho son guerreros de selva.

Chunchachas es la danza que representa a las mujeres de la selva de Kosñipata.

12 / Informe DHUMA

El Quelccaya, una de las principales fuentes de agua dulce, es amenazada por actividades extractivas. Este nevado provee con agua a miles.

Quelccaya: un glaciar bajo amenaza por concesiones de litio y uranio Escribe: Vito Yuganson Calderón Villanueva (*)

ESTADO CIEGO. Hay 167 concesiones de litio y uranio de la empresa minera Macusani Yellowcake, propiedad de la compañía minera canadiense American Lithium. Quelccaya es el glaciar tropical más grande del mundo. Alimenta el río Vilcanota, que a su vez provee de agua potable a más del 50 % de la población de la región Cusco. Es además fuente de energía hidroeléctrica para Puno, Cusco y Apurímac, y fuente de agua del río Amazonas.

En los últimos años, la política extractiva de los recursos naturales se intensificó con más agresividad, afectando y poniendo en riesgo la salud de las personas y la salud de la pachamama (madre naturaleza).

La narrativa de los políticos

que gobiernan el país, replicada por los medios de comunicación que apoyan la política extractiva, dice que la minería ilegal e informal son actividades que tienen gran impacto negativo en las riberas de ríos, lagunas, cabeceras de cuenca y zonas de amortiguamiento de

áreas naturales protegidas. Es cierto.

Sin embargo, padecen de miopía, ceguera o se hacen los “chuecos” al momento de gestionar o administrar los recursos naturales con los que cuenta el Estado.

En el caso del departamento de Puno, la mayoría de concesiones, proyectos y actividades mineras formales están ubicadas en las riberas de los ríos, lagunas, cabeceras de cuenca y zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas. Un ejemplo es la minera Aruntani S.A.C., que causó la contaminación de la cuenca Jatun Ayllu del distrito de Ocuviri y de la cuenca Llallimayo del distrito de Llalli. Las consecuencias ambientales son terribles y desfavorables para la población que depende de las aguas de las dos nacientes.

Otro ejemplo son las 167 concesiones de litio y uranio de la empresa minera Macusani Yellowcake, propiedad de la compañía minera canadiense American Lithium desde 11 de mayo de 2021. Estas se ubican alrededor y sobre el nevado Quelccaya. La concesión minera Colibrí XXXIX de 900 hectáreas, con código 010148007, tiene como titular a Globald Gold desde el

Informe / 13 año 2007 (hoy Macusani Yellowcake), se encuentra sobrepuesta al nevado.

Glaciar amenazado Quelccaya es el glaciar tropical más grande del mundo. Se alza al sureste del Perú, a más de 5,600 metros de altitud y se asienta en la cordillera Vilcanota. Tiene una longitud que supera los 17 km, una superficie de 44 km² y una capa de hielo de 200 m de espesor. Desde 1974 es considerado como un termómetro mundial, que mide el calentamiento global, a cargo del científico Lonnie Thompson, investigador principal del Centro de Investigación Polar y Climática Byrd del Estado de Ohio (Estados Unidos).

Las aguas del nevado Quelccaya contribuyen a la formación de ríos, lagunas y riachuelos, que abastecen con agua dulce a los pobladores que habitan alrededor del nevado y a toda la biodiversidad de la zona. También alimenta el río Vilcanota, que provee de agua potable a más del 50 % de la población de la región Cusco. Es además fuente de energía hidroeléctrica para Puno, Cusco y Apurímac en épocas de estiaje, y fuente de agua del río Amazonas.

El hecho de otorgar concesiones y proyectos mineros sobre nevados, cuencas y en territorios de las comunidades campesinas sin informar a los pobladores es una vulneración de los derechos de los pueblos indígenas.

El alcalde de Corani, provincia de Carabaya, Edmundo Alejandrino Cáceres Guerra, dice que los petitorios mineros en su jurisdicción, entre ellos los proyectos de litio y uranio, no pasaron por un proceso de consulta a los pueblos y comunidades campesinas donde se pretende implementar la actividad minera. Incluso dijo desconocer la presencia de concesiones de litio y uranio sobre el nevado Quelccaya, pues solo alcanzaría hasta la zona de Chujñatira, a 50 kilómetros lineales próximo al nevado Quelccaya, parte

del territorio de la comunidad campesina de Quelccaya.

Por su parte, Ulises Solís, gerente general de la empresa minera Macusani Yellowcake, señala que aún no tienen permisos legales de exploración y explotación de litio, pero sí autorización social, mediante la firma de un convenio con las comunidades campesinas donde se encuentra el yacimiento. Esto hace suponer que las comunidades campesinas conocen sobre las concesiones de litio y uranio sobre el nevado Quelccaya. Sin embargo, hay al respecto dudas.

Lo que se espera es que la empresa minera responda sobre la finalidad de tener concesiones de litio y uranio sobre el nevado Quelccaya, el glaciar tropical más grande del mundo.

Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas tendría que responder en base a qué tipo de información técnica otorgó la titularidad de varias concesiones mineras sobre el nevado a favor de la empresa minera. Y, finalmente, debe explicar cuál es la responsabilidad del Ministerio del Ambiente en proteger las cabeceras de cuenca, teniendo presente que el nevado Quelccaya es cabecera de las cuencas Inambari y Urubamba, y sus aguas discurren hacia la Amazonía.

Voces preocupadas Mientras tanto se escuchan voces preocupadas sobre el inicio de explotación e industrialización de litio, así como también por las fuentes laborales que generará la explotación de litio para el departamento de Puno.

La industrialización de litio (responsabilidad del Gobierno nacional) está lejos de alcanzarse, ya que el negocio de la empresa minera Macusani Yellowcake es producir carbonato de litio mediante una refinería, pero no fabricar baterías de litio, ni mucho menos carros eléctricos. Además, para fabricar baterías de litio se requiere otros recursos como cobalto y carbón, que MONGABAY

La laguna Sibinachoca nace del nevado y da agua a los campesinos.

nuestro país no tiene y se tendría que importar de otro país.

Con relación a la fuente laboral, el gerente general de Macusani Yellowcake, Ulises Solís, se comprometió a contratar el 90 % de mano de obra no calificada (trabajadores que no han recibido ningún tipo de instrucción y poseen únicamente su fuerza de trabajo para ofrecer) del departamento de Puno para los trabajos de explotación de litio. Lo dijo en el Foro Académico organizado por la Asociación de Profesionales y Técnicos Carabainos (ASPROTEC).

Sin embargo, no es novedoso escuchar este tipo de compromisos de las empresas mineras, pero cuando empiezan las operaciones terminan incumpliendo los anuncios. Tampoco se mencionó la cantidad de trabajadores especializados que requerirá.

Es responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Ministerio del Ambiente (Minam), Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y Autoridad Nacional del Agua (ANA) evaluar con seriedad las autorizaciones que emitan para los trabajos de exploración que la empresa minera Macusani Yellowcake pretende obtener mediante una Declaración de Impacto Ambiental, desde el año 2021.

Asimismo, urge la acción de los actores sociales desde sus territorios, quienes deben promover la protección, el cuidado y la defensa del nevado Quelccaya, que es la cabecera de las cuencas Inambari y Urubamba.

También es necesario implementar una permanente vigilancia a las acciones que emprenda la empresa minera, sabiendo que en el año 2018 realizó actividades de exploración clandestina, según la versión del alcalde de Corani, y por ello fue multada por OEFA con dos sanciones o multas administrativas, equivalente a 2 millones 301 mil 962 soles. (*) DHUMA. DHUMA

Otro problema que afecta a este nevado es el deshielo.

14 / Análisis

Funciones y límites de las rondas campesinas INFOBAE

Las rondas campesinas actúan en sus territorios para proteger a los ciudadanos de la delincuencia y otros peligros. Es un derecho constitucional.

Escribe: Helio Cruz (*) La intervención de periodistas de Lima y la retención y maltrato físico a mujeres en la Libertad pusieron a los ronderos bajo la mira de todo el país. Hubo análisis de todo tipo, pero muy pocos vinculados al campo legal. Es necesario entender las funciones y los límites que tienen estas organizaciones para aplicar sanciones.

Con apoyo de la fuerza mediática lograron acusar públicamente de secuestro, extorsión y robo agravado a integrantes de la ronda campesina de La Palma del distrito de Chadín, provincia de Chota, en Cajamarca. Periodistas del programa Cuarto Poder contaron que fueron retenidos por

más de cuatro horas, dijeron que los ronderos estaban con chicote en mano y para era ellos eso era una amenaza explícita, dijeron que fueron despojados de sus equipos de filmación, y terminaron el día leyendo en vivo un comunicado en el canal de TV. Los periodistas dicen que fueron a

la zona para recoger testimonios y mayores evidencias para la investigación que le realizan a la cuñada del presidente Pedro Castillo. Esta es la versión que la mayoría de medios tomó como una verdad incuestionable.

Por otro lado, el presidente de las rondas campesinas de la zona dijo que los periodistas estaban interrogando a la fuerza a las comuneras, que las obligaban a declarar, lo que motivó la intervención. Esa falta de respeto no se puede tolerar, señaló.

Para complejizar más la imagen de las rondas, algunos días después de este hecho se conocería de la retención de ocho mujeres, quienes fueron maltratadas. Las rondas excedieron los límites que la legislación ha fijado. Había una mujer acusada de hechicería que estaba siendo colgada de los pies y ello generó indignación en diferentes sectores.

Análisis legal Tenemos recientemente dos hechos concretos que nos permiten hacer un análisis en función de los roles, funciones y límites que tienen las organi-

Análisis / 15 zaciones de rondas campesinas.

En primer lugar, debemos prestar atención al artículo 149 de la Constitución Política del Perú en la que se establece el “ejercicio de la función jurisdiccional por las comunidades campesinas y nativas”. Su lectura debe estar asociada al artículo 2, inciso 19, de la Constitución, referido al derecho a “su identidad étnica y cultural”.

En el acuerdo plenario (1-2009/ CJ-116) destaca que la actuación de las rondas campesinas y de sus integrantes no está orientada a obtener beneficios ilegales o con fines de lucro.

Asimismo, el Tribunal Constitucional señala que nuestro país tiene la configuración de “Constitución multicultural”, la jurisprudencia hace referencia a la existencia y al reconocimiento constitucional de nuestra diversidad cultural, para lo cual es necesario esclarecer que la relación entre las culturas debe darse como expresión de un “constitucionalismo intercultural”, que implica que ninguna cultura o cosmovisión debe ser menospreciada o conside-

rarse subordinada a otras (ver sentencia del TC. Exp. 03158-2018).

El TC ya señaló que el Congreso debe trabajar una ley reguladora de las distintas formas de coordinación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria, que consolide el pluralismo jurídico, promueva el desarrollo de la justicia intercultural y otorgue tutela jurisdiccional.

La Jurisdicción Especial Comunal – Ronderil, conforme al acuerdo plenario, está compuesta por el elemento humano, relacionado con el origen étnico – cultural; el elemento orgánico, referido a la existencia de autoridades tradicionales que ejerzan una función de control social en sus comunidades; el elemento normativo, sustentado por la existencia de un sistema jurídico propio; y el elemento geográfico, que comprende el perímetro de la propiedad comunal.

Los límites En segundo lugar, debemos detenernos para abordar sobre los límites en el ejercicio de sanciones de las rondas campesinas. Sobre este particular, sean INFOBAE

rondas en condición de subordinadas a la asamblea general de la comunidad o se trate de rondas independientes, debemos saber que la Corte Suprema en el acuerdo plenario estableció como límites privar de la libertad sin causa y motivo razonable, realizar agresiones irrazonables o injustificadas a las personas cuando son intervenidas o detenidas por los ronderos, la violencia, amenazas o humillaciones, evitar el ejercicio de defensa, aplicar sanciones que no se encuentren en el derecho consuetudinario y las penas de violencia física extrema.

En tercer lugar, debemos señalar que los periodistas y en general todas las personas deben saber que el territorio de las comunidades campesinas y nativas tienen protección constitucional, su reconocimiento en el Convenio 169 de la OIT. La presencia de personas ajenas o extrañas pone en riesgo la seguridad de los integrantes de la comunidad, debido a las actividades ilícitas, robos, abigeato, violencia sexual, asesinatos, entre otros, que son amenazas permanentes en los territorios. Cualquier ingreso a la comunidad debe tener la debida autorización o consentimiento de sus autoridades.

En cuarto lugar, debemos considerar la situación de riesgo de los defensores y más aún cuando son sobre-criminalizados o perseguidos por la justicia. En cuanto a los delitos tenemos, por ejemplo, el secuestro, imputación que debería ser archivada. El acuerdo plenario destaca que las rondas campesinas actúan en el ejercicio legítimo de un derecho (artículo 20.8 del Código Penal).

El sistema de justicia está obligado a respetar los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal señalada en el acuerdo plenario.

Sobre el caso

Las rondas combatieron al terrorismo en los años 80’ y 90’, así lo reconocen varios estudios.

MIGUEL GUTIÉRREZ

Durante la pandemia, los ronderos restringieron el ingreso a sus comunidades.

De los dos eventos narrados al inicio, debemos advertir que nos encontramos sobre el territorio de la comunidad, quienes intervienen son las ronderas y ronderos. Por tanto, no debería prosperar ninguna denuncia si en estas se respetan los derechos fundamentales y no se denigra o violenta el cuerpo de las personas retenidas.

Sin embargo, el segundo caso, en el que se encuentran un grupo de mujeres acusadas de brujería, constituye todo lo contrario de la protección. Allí tenemos otro tipo de elementos, como ver a una mujer colgada y al final son sometidas por supuestamente practicar brujería.

Este caso merece una investigación de las propias rondas y las sanciones que correspondan.

La presencia de las rondas campesinas es una respuesta a la ausencia del Estado, pero esa ausencia está compuesta por su orientación excluyente, porque la lógica era desaparecer comunidades y mantener a los pueblos en la inseguridad, desprotegidas y con impunidad. Todo esto porque en sus territorios tienen recursos naturales (minería, gas, petróleo, etc.). (*) Coordinador del Área Legal de DHSF.

16 / Informe

Cómo dinamizar y tecnificar el agro en Cusco Escribe: Jorge Fidel Suárez Valencia (*) ANÁLISIS. Una gama de técnicos e ingenieros ayudaría a la industrialización y originaría competencia a las empresas y laboratorios en el mercado internacional. Por eso, la creación de institutos técnicos es primordial para el crecimiento económico, social, industrial y agropecuario. Pero a las empresas extranjeras en el Perú y a las autoridades no les interesa.

No quieren que el Perú se industrialice.

En seis años, entre 1950 y 1956, cuando Manuel A. Odría Amoretti era presidente de la República, en la ciudad del Cusco se construyó y equipó dos grandes unidades escolares (GUE) para varones y mujeres, así como de Educación Técnica Industrial y de Educación Técnica Comercial. Al egresar de estas carreras técnicas, los jóvenes eran útiles a la sociedad como mano de obra calificada en industrias manufactureras, minería, petróleos y energías extractivas. También como economistas en la banca, comercio, finanzas, cooperativas, turismo, modas y gastronomía.

Y en algunas comunidades de provincias altas, con sus famosos institutos técnico-agropecuarios mejoraron las explotaciones agropecuarias con la industria textil, curtientes, químico-orgánico, pesca, madera y joyería.

En 1962, el trotskista Hugo Blanco Galdós fue el primer agricultor campesino que lideró con su slogan “¡Tierra o muerte para los que trabajan!”. Y empezaron las luchas por la reforma agraria en la zona tropical de la provincia de La Convención (Cusco).

Años después, entre 1968 y 1975, el presidente de facto, general de división Juan Velasco Alvarado, un notable militar, promulgó la famosa e histórica Ley de reforma agraria con su

lema: “¡Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza!”. Fue de singular trascendencia para la agricultura y ganadería nacional, revaloró la clase campesina, abrió el camino lleno de esperanzas a los hombres del campo para luchar contra la iniquidad y la opresión de los grandes señores feudales, gamonales y terratenientes.

Política de deshacer En el estudiantado, por entonces, había interés por estudiar carreras técnicas.

Cuando todo iba bien, llegaron malos políticos a gobernarnos por más de cuarenta años. Eran corruptos e incapaces, llenos de falta de sinceridad y honradez, y comenzaron a destruir todo lo conseguido: cerraron la mayoría de institutos técnicos.

Los distritos de la provincia de La Convención están en emergencia por más de cincuenta años. El Estado tiene dinero, pero no le interesa el desarrollo de estos pueblos olvidados del Cusco y sus provincias. Cada año, al Estado le quedaba un remanente de US$30 mil millones de dólares que no gastaba del presupuesto anual de la república porque sus instituciones no lograron realizar los proyectos de inversión. Ese dinero sería suficiente para financiar ANDINA

programas de desarrollo en provincias como de La Convención, Espinar, Urubamba, etc.

La creación de institutos técnicos es primordial para el crecimiento económico, social, industrial y agropecuario. Pero a las empresas extranjeras en el Perú no les interesa ni les conviene el desarrollo de regiones por la sencilla razón que están más interesados en la explotación de los minerales y el gas. No quieren que el Perú se industrialice.

Una buena educación de técnicos e ingenieros ayudaría a la industrialización y originaría competencia a las empresas y laboratorios en el mercado internacional. En países occidentales como Canadá, Dinamarca, Suiza, Francia, Inglaterra, Alemania, Norte y Centroamérica, entre otros, solo un porcentaje reducido de estudiantes siguen una escolaridad que conduce a la entendida “antesala de la Universidad”, la mayoría siguen carreras técnicas. Mientras tengamos gobiernos corruptos, la suerte de nuestro país siempre estará echada.

La agricultura En el censo nacional de 1940 éramos 13’231,070 habitantes. En el censo de 1993 éramos 22’048,356. En la actualidad bordeamos los 33 millones de habitantes que alimentar. Dentro de ellos tenemos 6 millones en pobreza y extrema pobreza. La actual producción agraria no cubre la demanda del crecimiento poblacional ascendente. Este sector agrario representa la principal actividad con abundante disponibilidad para el trabajo, sin embargo, es un sector atrasado, postergado y deprimido.

La agricultura familiar representa el 97 % de las unidades agropecuarias y permite laborar a más de 85 % de los trabajadores agrícolas. Es inconcebible entender que teniendo La Ley 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar y su reglamentación, no se hayan logrado avances.

Los candidatos que postulan a la presidencia, Congreso, ministerios, Gobiernos regionales y municipalidades dan a conocer sus propuestas respecto a la agricultura con el objetivo de captar votos. Sin embargo, ninguno tiene explícito la importancia de este sector para nuestra región.

Y si se trata de incorporar a la niñez y adolescentes a una “educación para el trabajo” es momento de tecnificar con la creación de politécnicos y universidades tecnológicas e industriales. (*) Profesor / Columnista invitado.

Informe/ 17

Conservadores atacan los derechos de las mujeres Escribe: Stephany Rodríguez (*) La Comisión de Descentralización del Congreso dio por aprobado el dictamen del proyecto de ley que propone cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables al de Ministerio de la Familia. El proyecto es una iniciativa que pone en peligro avances de décadas en cuanto a políticas de equidad de género en el país.

Ante esta posibilidad, que podría ser puesto en debate en la siguiente legislatura, múltiples organismos internacionales, ONG y colectivos feministas han demostrado su rechazo al PL 1229/2021. En el presente artículo, hacemos un resumen de la problemática en torno a la propuesta, así como buscamos visibilizar los pronunciamientos de dichos colectivos frente a esta lamentable actuación por parte del Congreso.

El proyecto de ley fue propuesto por el congresista Américo Gonza, del grupo parlamentario Perú Libre. Una de las razones detrás de este cambio es, según el autor, “poner en vitrina y darle la importancia real a los demás grupos vulnerables que forman parte de un mismo núcleo familiar”.

A pesar de que el Congreso no tiene dentro de sus facultades el cambio de nombre de un ministerio, se plantea hacer un llamado al Poder Ejecutivo a promulgar una ley declaratoria de interés público.

Este acto viene como parte de una serie de iniciativas legislativas de la gestión parlamentaria actual que ponen en peligro el avance en temas de igualdad de género en el Perú, como lo fue la aprobación del PL 904, que permite la eliminación del enfoque de género en el currículo escolar, así como del PL 1520, que pone en peligro el acceso al aborto terapéutico en el país, procesos que lamentablemente no han sido observados por el Poder Ejecutivo.

El cambio de nombre de una institución es un proceso que tiene impactos a nivel institucional y en la sociedad en general. La creación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables responde a años de lucha por visibilizar la necesidad de reconocer las brechas históricas que afectan a las mujeres e implementar políticas que consigan la equidad de género. Cambiar a Ministerio de la Familia

no sólo invisibiliza esta problemática, sino repercute en el encasillamiento de la mujer como madre, dentro del espacio familiar reproduciendo estereotipos de género. Esto impide el acceso de muchas mujeres, niñas y adolescentes al ejercicio de sus derechos y la correcta implementación del enfoque de género que busca cerrar estas brechas.

En un país que cuenta con tasas altísimas de violencia contra la mujer, donde las brechas de género se han incrementado como resultado de la pandemia, el proponer este cambio de nombre “pone de espaldas a 17 millones de mujeres peruanas y residentes en nuestro país que sufren de discriminación estructural por su condición de mujeres y que afecta severamente sus vidas, sus derechos y sus oportunidades de desarrollo”, como menciona el MIMP en un comunicado que respondió a la aprobación del dictamen.

Este cambio podría incluso tener repercusiones a nivel internacional. Por ejemplo, el cuestionamiento del ingreso del Perú a la OCDE como alertó el MIMP. Asimismo, el Sistema de las Naciones Unidas en el Perú ha mostrado su rechazo al cambio de nombre, aludiendo que particularmente en el “contexto actual de recuperación socioeconómica, se precisan

instituciones fuertes y la implementación efectiva de políticas públicas que promuevan el acceso de niñas y mujeres a educación de calidad, a servicios de salud, incluidos los de salud sexual y reproductiva, a oportunidades de empleo decente y formal, y el incremento de la participación de ellas en la vida pública y política, así como la plena garantía de una vida libre de violencia”.

Voces en contra Las organizaciones de mujeres del sur andino y amazónico del Perú se manifiestan en contra del dictamen, en un contexto que reconocen como de ataques permanentes a las normas y políticas de igualdad y lucha contra la violencia, como lo hace el Proyecto de Ley 1229/2021.

Mencionan que la importancia de mantener el Ministerio de la Mujer radica en que “aún no se ha logrado erradicar la violencia hacia las mujeres y la desigualdad”, haciendo que este cambio que, además de ir en contra de normativas nacionales e internacionales en materia de igualdad de género, agravaría la situación actual de la violencia contra la mujer y desigual goce de derechos.

Las organizaciones mantienen su compromiso de estar en pie de lucha frente a estas amenazas a la igualdad, así como llaman a los congresistas de cada región a que se sumen al pedido para archivar el proyecto de ley que solo afectará los derechos fundamentales de las mujeres. (*) Equipo de APRODEH Apurímac.

Ciertos grupos conservadores insistirán en cambiar el nombre de este ministerio.

ANDINA

18 / Informe

Pedro Castillo se olvidó del agro CEDEP AYLLU

La pequeña agricultura familiar es el sector que menos apoyo ha recibido en los últimos gobiernos de turno. Hay descontento con el gobierno.

Escribe: Hysha Palomino Tomaylla (*)

UN AÑO PERDIDO. Pese a que anunció en una pomposa ceremonia en Cusco una segunda reforma agraria, poco o nada se ha hecho en favor de los miles de productores agrarios del país. Este es uno de los sectores que más mano de obra emplea y ahora sufre los efectos de la pandemia y el alza del precio de los fertilizantes.

Los efectos de la pandemia por la Covid-19 en el sector agricultura se agravaron con la actual crisis. A inicios de año, en marzo de 2022, el sector agropecuario registró un crecimiento de 2,9 % como parte de la reactivación económica, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Ahora estamos inmersos en una nueva crisis como consecuencia ocasionada por el alza de los costos de los fertilizantes. Tras el mensaje del presidente Pedro

Castillo por los 201 años de independencia, recordamos las promesas de campaña con los y las agricultoras del Perú y cuántas se han cumplido.

La lista es larga e igual de extensa que las propuestas incumplidas por el actual gobierno. La segunda reforma agraria es una de ellas. Esa iniciativa, puesta en marcha desde la explanada de Sacsayhuaman en octubre de 2021, consideraba el aumento de presupuesto para garantizar la

seguridad alimentaria, la transición tecnológica agrícola, la ampliación de la frontera agrícola, la siembra y cosecha de agua, la gestión de los proyectos especiales descentralizados a los gobiernos regionales en forestación, vías de comunicación y control sobre la tala ilegal.

Asimismo, la formalización de tierras mediante la titulación, formalización a los agricultores de coca y ser declarada patrimonio del pueblo peruano, recuperar tierras agrícolas que fueron confiscadas al pueblo para proyectos de irrigación, que luego fueron concesionados al capital extranjero y nacional, e incentivar la preservación y mejora de las actividades ganaderas.

El pasado 16 de junio de 2022 en Lima, Pedro Castillo se reunió con dirigentes agrarios y representantes de organizaciones indígenas y aseguró que el gobierno está garantizando los recursos necesarios para seguir impulsando la segunda reforma agraria, política que busca competitividad, innovación y diversificación productiva del campo, y que será una realidad en la medida que se garantice la seguridad hídrica, con el apoyo técnico para los agricultores.

El presidente mantiene su promesa en palabras, sin embargo, no hay sustento en los hechos. Ante esta situación, hay un des-

Entrevista / 19 contento de la población rural, de los hombres y mujeres agricultoras, quienes en su mayoría votaron por su elección.

La actual crisis por los fertilizantes afectará sin duda a la pequeña agricultura familiar. El gobierno aprobó el DU 106-2021, que dispuso el pago de una subvención económica de S/350 y S/1,300 a productores que tengan menos de dos hectáreas entre dos a diez hectáreas de cultivos respectivamente. A su vez, a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AgroRural), se busca incrementar de 20 mil a 60 mil toneladas la extracción de guano de isla y guano fosfatado. Esta propuesta está reforzada con un programa de emergencia de transferencia de tecnología y financiamiento a organizaciones de pequeños productores y el uso de abonos orgánicos. La propuesta del titular del Midagri, Andrés Alencastre Calderón, es buena, pero no asegura una implementación masiva, que afronte la crisis de producción de alimentos para la próxima campaña agrícola.

Sin semillas Con la crisis de la pandemia, muchas familias agricultoras alimentaron a sus familias con la producción que estaba reservada para la siembra, lo que implica que para esta campaña venidera no solo deben comprar semillas, sino pagar más del doble del precio para adquirir los fertilizantes.

La buena noticia es que la propuesta del uso de abonos orgánicos como biol, humus y otros es una propuesta sostenible; la mala noticia es que no es una solución inmediata. Se necesita un buen tiempo para transitar a parcelas agroecológicas libre de insumos externos, acompañado de una serie de saberes y técnicas de producción que

La papa es el principal producto agrario en el sur. Los productores no reciben ayuda.

se debe realizar con los agricultores, sobre todo los de la pequeña agricultura que proveen a los mercados locales, distritales y regionales.

Se reconoce las buenas intenciones del titular del Midagri, pero es necesario poner sobre la mesa que el sector agricultura ha estado en una crisis permanente.

También es cierto que no podemos esperar que el actual gobierno resuelva esta crisis de décadas.

La titulación de tierras es un problema latente y el gobierno ha avanzado poco. Comunidades sin títulos y otras en trámites interminables, sin acompañamiento y asesoría es la realidad en los territorios, la gestión de los proyectos espe-

ciales descentralizados es muy poca, y el programa Sierra Azul es el único a nivel nacional para promover la siembra y cosecha de agua, que es el pilar de la propuesta de la segunda reforma agraria y de las promesas de campaña.

Finalmente, hay malestar y sentimiento de disconformidad del pueblo con el actual gobierno. Las minorías, quienes le dieron su voto de confianza, hoy se sienten defraudadas y sin esperanzas de cambio.

Más que promesas, el pueblo peruano necesita hechos. Porque el Perú de hoy ya no confía en sus autoridades y eso es preocupante. (*) CEDEP AYLLU.

Cotabambas y Progreso piden S/297 millones a Las Bambas La empresa minera china MMG Las Bambas informó que está imposibilitada de comprometer la entrega de un aporte económico para el convenio marco con la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso, de Grau, en la región Apurímac. Sus voceros propusieron gestionar el financiamiento de proyectos por la modalidad de obras por impuestos, asociaciones público privada, etc.

La representación de la población propuso la entrega de S/297 millones 440 mil 600 anuales para financiar proyectos en los sectores salud, educación, agro, turismo, entre otros, en las comunidades y localidades de la zona de influencia de la mina Las Bambas.

En Cotabambas y Progreso, zonas de influencia directa de la mina, quieren que la compañía china asuma un mayor compromiso con estas loca-

lidades como ocurre con otras empresas mineras.

La propuesta fue presentada el 21 de julio pasado en una reunión desarrollada en la cancha sintética del distrito de Challhuahuacho. Casi a las dos de la tarde terminó la cita sin acuerdos. Las organizaciones sociales dieron un ultimátum a la minera y al gobierno para que respondan con una propuesta hasta el 30 de julio. Todavía, al cierre de esta nota, no había una respuesta. Depende de esta decisión si las organizaciones sociales deciden el reinicio de las protestas y el cierre de las actividades en la mina.

Los convenios La firma de un convenio marco no es una propuesta novedosa. Hay dos ejem-

plos, uno antiguo y otro reciente en la región Cusco, de acuerdos entre mineras, comunidades y autoridades locales para la entrega de aportes de dinero a un fondo para obras de desarrollo y proyectos sociales.

La minera Antapaccay Glencore entrega desde 2003 el 3 % de sus utilidades anuales (entre 20 y 60 millones de soles, dependiendo de los precios de los minerales en el mercado mundial) a un fondo llamado convenio marco para proyectos en la provincia cusqueña de Espinar. Ese acuerdo se firmó tras largas jornadas de protesta de la población. En 2020 usaron parte de ese fondo para la entrega de un bono de S/1,000 a los ciudadanos de esa localidad, y hace dos semanas aprobaron uno nuevo de S/2,000, que deberá entregarse en septiembre próximo.

Al proceso de deshielo se suma el riesgo de las concesiones para explotar litio y uranio. (Págs. 12 y 13)