Pulso Regional

La Revista del Sur | Año 06 | #53 - Marzo de 2022

Congreso y Ejecutivo no paran la crisis política que está destruyendo lo poco que avanzamos como país. Un gran acuerdo nacional con objetivos comunes ayudaría a superarlo. La tregua reciente no ayuda mucho.

Al borde del naufragio

2 / Editorial

La última.

EDITORIAL

Nota al cierre de edición

UNA CRISIS CRÓNICA El Perú, en los últimos años, se ha convertido en un país políticamente impredecible. Las cosas se han agravado en el quinquenio pasado cuando se sucedieron hechos que llevaron a que cuatro personas ocupen precariamente Palacio de Gobierno y ejerzan la presidencia de la república.

Los resultados de las elecciones del año pasado fueron como poner más leña a la hoguera. La victoria del presidente Pedro Castillo Terrones provocó como todos saben una reacción hostil y desaforada de los perdedores, quienes levantaron irresponsablemente la bandera de un supuesto “fraude en mesa”, pese a que esta denuncia había sido descartada por organismos internacionales.

Desde entonces todo ha sido confrontación entre ganadores y perdedores. A esto se sumaron los errores y la actuación poco transparente de Castillo respecto a las graves denuncias de corrupción que involucra a su entorno más cercano, que han debilitado su gobierno al punto de ponerlo casi al borde del desafuero.

La conformación de su último gabinete, que se presentará a pedir el voto de confianza el 8 de marzo próximo, demuestra que Castillo ha empezado a apostar por la supervivencia en lugar de enmendar errores y gobernar en beneficio del país.

Los principales responsables de la crisis que padece el Perú son el Congreso, que piensa que solo la salida de Castillo resolverá la crisis, y el Ejecutivo que alucina que tiene respaldo ciudadano y que quienes lo cuestionan -todos- son solo grupos con intereses ajenos a los del Perú y que no quieren perder el poder que antes tenían. Por eso los niveles de desaprobación de ambos poderes del Estado son altísimos. Quizás por eso, en la última semana de febrero, Congreso y Ejecutivo se dieron una “tregua” para darle gobernabilidad al país. ¿Cuánto tiempo seguirá izada la bandera blanca? Nadie lo sabe.

Los otros responsables son los partidos políticos que, convertidos en vientres de alquiler y maquinarias que defienden intereses de grupo y particulares, alientan la confrontación y aprovechan este desgobierno para desmontar reformas como la reforma universitaria y del transporte o aprobar normas a favor de sectores que actúan al margen de la ley, como la minería informal e ilegal.

Mientras los intereses particulares y de grupo sigan mandando a la hora de hacer “política”, la crisis seguirá agravándose y el país estará cada vez más cerca del abismo. El Perú vive una crisis múltiple y crónica. ¿Cuál es la salida? Algunos dicen que un gran acuerdo nacional en torno a una agenda mínima y otros apuestan por un proceso constituyente para cambiarlo todo. Pero, como se ha dicho, el Perú es impredecible.

EDITOR PERIODÍSTICO: José Salcedo Ccama DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: Cristian Yarin Trujillo DISEÑO PORTADA: Cristian Yarin Trujillo

Los alcaldes corruptos se “devoran” el dinero en La Convención

El alcalde del distrito de Echarati, provincia de La Convención (Cusco), Hebert Peña Arroyo, es acusado por corrupción. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios consiguió que un juez ordenara su detención preliminar por siete días tras la difusión de audios en redes sociales que daban cuenta del cobro de coimas a proveedores municipales.

La Fiscalía lo acusa de los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y colusión. Según el Ministerio Público, dentro de la comuna edil se direccionaban las adjudicaciones de obras y servicios.

Dos personas muy cercanas al burgomaestre eran los encargados del ilícito: el chofer del alcalde, Abel Huamán, quien recibía el dinero, y el asistente del secretario de alcaldía, Vladimir Butrón, que contactaba con los proveedores ediles. Los dos hombres del alcalde están en calidad de detenidos y sus testimonios serán claves para resolver este nuevo caso de corrupción.

Hebert se convierte en el quinto alcalde de Echarati -el segundo distrito más millonario de La

Convención y la región Cusco, con un presupuesto anual promedio de S/100 millones- en caer por robarle a la municipalidad.

Todos sus antecesores acabaron en prisión o están buscados por la justicia. Helio Pro Herrera (2007-2010) fue condenado a diez años de cárcel en 2015 por colusión; José Ríos (2011-2014), alías Cocho Ríos, está fugado de la justicia desde el 2015 cuando dictaron una orden de prisión preventiva en su contra; Raúl Morales (2015-2018) no terminó su gestión porque fue detenido cuando recibía una coima, fue a prisión preventiva y tras salir murió de un infarto; Boris Chávez (2019-2022) tampoco pudo terminar su mandato; está preso desde 2019 acusado de liderar una organización criminal y por cohecho pasivo propio por recibir coimas de proveedores.

Chávez fue suspendido y reemplazado por Hebert Peña Arroyo. Este, sin embargo, siguió los malos pasos de su antecesor. Recibía coimas de los proveedores municipales de bienes y servicios. En un audio se habla de la entrega de S/50,000 a favor del alcalde.

Hebert Peña Arroyo es el quinto alcalde de Echarati acusado por corrupción.

COMITÉ EDITORIAL: Centro Bartolomé de Las Casas - CBC

Correo: pulsoregionalcusco@gmail.com Dirección: Barrio Profesional A-8/3er piso

Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu – CEDEP AYLLU

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Derechos Humanos Sin Fronteras DHSF Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH

pulsoregionalcusco Impreso en: ARTEYPAPEL /Av. Pardo 526, Cusco / Cel: 957 532 826 - 944 197113 Tiraje: 1.000

Informe / 3

Al borde del naufragio Escribe: José Víctor Salcedo CRISIS SOBRE CRISIS. El presidente Pedro Castillo sucumbe en sus propios errores y la falta de transparencia en la administración y la designación de sus funcionarios, mientras que la oposición, que domina el Congreso, solo piensa en vacarlo o forzar su renuncia. Ninguna de las partes que ostentan el poder plantean salidas duraderas, lo que podría llevarnos a una crisis mayor en corto tiempo. Tres profesionales analizan el actual momento político y plantean algunas acciones urgentes y de largo plazo para hacer del Perú un país gobernable.

El elenco estable de la política peruana y los medios de comunicación concentrados están obsesionados con la vacancia, la renuncia o la suspensión del cargo del presidente de la república, Pedro Castillo Terrenos. Para la oposición política, empresarial y mediática no hay otra alternativa que la salida del jefe de Estado

para salir de la crisis que arrastra el Perú desde hace por lo menos seis años.

Pareciera que no se ha entendido que la ruptura de un mandato constitucional no resuelve los problemas, sino que los agrava aún más, como ocurrió tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, la vacancia de Martín Vizcarra y la

forzada dimisión de Manuel Merino de Lama.

El relato de la oposición es repetitivo: vacancia, renuncia o suspensión del cargo. No plantean otra alternativa, porque no la hay, según ellos. En tanto, otro sector vuelve a repetir aquel estribillo del 2019: ¡Que se vayan todos!

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, cuestionó la intención de los vacadores. Y el presidente Castillo atribuyó esa intención a un “pequeño grupo” de personas. Desde el Congreso anunciaban un nuevo proceso de vacancia. Al día siguiente de esas declaraciones, sin embargo, se dieron una “tregua”, que nadie sabe cuánto tiempo durará.

Camino al naufragio Más allá de eso, ¿son realmente estas salidas planteadas las soluciones a la crisis crónica peruana? ¿No es un camino facilista que la agravaría? ¿A dónde nos pueden conducir estas opciones cortoplacistas? Si hubiera nuevas elecciones generales, ¿las nuevas autoridades serían mejores que las actuales? ¿Cambiar de rostros, pero no de propuestas ni planes de gobierno será mejor?

La respuesta es compleja. El Perú necesita una salida duradera a la crisis política.

PRESIDENCIA PERÚ

El presidente Pedro Castillo Terrones se deshizo de su sombrero, pero aún no redirecciona su gobierno y la crisis política solo está en una “tregua”.

4 / Informe No es conveniente ni racional el camino cortoplacista de la vacancia o la renuncia salvo que el jefe de Estado incurra en las causales materiales de la vacancia establecidas en la Constitución Política. Una medida de ese tipo no puede reducirse a una simple acción aritmética de reunir las 87 firmas para vacarlo, así no haya razones justificadas.

Pulso Regional recoge en esta nota tres miradas de personas que analizan el actual momento político y plantean medidas urgentes y acciones de largo aliento para salir de la crisis.

Corregir los errores El analista político cusqueño Oscar Matutti considera que, si el gobierno no corrige sus errores, si no hace cambios y mejoras en la administración del Estado, y si no da muestras claras de transparencia podría implosionar y provocar su vacancia o un golpe parlamentario. “Vacar al presidente es más fácil que cerrar el Congreso en ese momento”, refiere Matutti.

Erbert Cárdenas, director ejecutivo de la Asociación Wara y coordinador del proyecto de Ayuda en Acción en Cusco, señaló que ni la vacancia, ni la renuncia son una salida a la crisis, porque agravaría la ingobernabilidad y, además, van en contra de la democracia y la Constitución. “Castillo debe seguir y cumplir los cinco años para los que fue

elegido en elecciones limpias. Lo que sí debe hacer son cambios necesarios para asegurar un buen gobierno y en beneficio de todos los peruanos”, señaló.

Para Cárdenas la crisis la azuza la clase política de derecha que no acepta a Castillo como presidente de la república, pese a su triunfo en las urnas. “Hubo un intento de vacancia y luego cambios a la Constitución para romper el equilibrio de poderes. Y el error que comete el presidente es darles con sus errores razones para que cuestionen su gobierno. La ciudadanía votó por un gobierno por cinco años y ese mandato que es constitucional se debe cumplir. La gobernabilidad del país está en juego”.

Buscando alternativas Matutti precisa que si queremos evitar que el país llegue al sótano de la ingobernabilidad y se destruya la institucionalidad democrática es preciso convocar a todos los sectores y elaborar un gran plan de aquí a 200 años. Sólo así, asegura, podremos mirar el futuro y no sucumbir en los debates cortoplacistas que están destruyendo la poca institucionalidad que habíamos construido desde que el Perú recuperó la democracia en 2001.

Cárdenas señala que el presidente debería impulsar dos acciones urgentes: fortalecer su gabinete y plantear bien su programa político, que incluya el Plan Bicentenario. “Debe hablar con

los partidos de izquierda para fortalecer sus propuestas, así como acercarse más a las organizaciones representativas de la sociedad civil organizada. Ellos son los que pueden darle soporte al gobierno”.

Además -dice Cárdenas- debe impulsar un gran acuerdo nacional para garantizar la gobernabilidad y definir una agenda mínima en el que se deben trabajar para evitar la caída de un gobierno tras otro como ocurrió con PPK, Vizcarra y Merino.

Asimismo, Mayk Pilares Rado, decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco y presidente de la Junta Nacional de Decanos Abogados del Perú, dijo que el presidente Castillo debe entender que es indispensable mayor preparación y transparencia para gobernar el país. “Para gobernar debe convocar a todos los peruanos y tener un gobierno de ancha base. La izquierda o su partido político no son suficientes, más cuando nuestro país, para seguir creciendo, necesita del concurso de todos los peruanos”.

Pilares Rado insiste en que Castillo, al convocar a su equipo de gobierno para conducir los destinos del país, debe recurrir a los mejores cuadros y debe primar la solvencia moral, idoneidad y meritocracia para garantizar la estabilidad y gobernabilidad.

Para Matutti no hay una salida duradera en este momento. “Somos un

El nuevo gabinete, liderado por Aníbal Torres, solo apunta a garantizar la supervivencia del gobierno.

Informe / 5 Estado fallido, que va a seguir provocando Castillos, Cerrones, Antauros.

Tendríamos que refundar el país y eso pasa por un proceso de educación que no es corto, sino a largo plazo, así como priorizar que aquel que entre al aparato público esté profesionalizado, que tenga cierta noción de lo que es ejercer un cargo”.

El principio, señala el analista, podría ser refundar todo, lo que implica profesionalizar la burocracia, educar al pueblo sobre democracia, exigir mayor institucionalidad a los partidos políticos y reforzar el sistema representativo que es actualmente precario. “Eso demanda 20, 30 o 50 años, si no lo hacemos vamos a ir de mal en peor”.

El factor Fujimori Desde el 2016, Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, no ha mostrado capacidad de admitir su derrota electoral y reconocer al ganador. Después de su tercera derrota, Fujimori y sus operadores trataron de desconocer los resultados con denuncias de un “fraude en mesa” inexistente, las que han sido archivadas por el Ministerio Público.

El analista Matutti señala que mientras el fujimorismo esté suelto, esté haciendo lo que le da la gana con nuestra democracia, no va a ser posible una salida a la crisis. “En tanto el fujimorismo no asuma su derrota y no expíe sus culpas con la historia, no es posible. El fujimorismo es en gran parte culpable de lo que ha pasado. Ellos son un agente disociador que siempre van a ocasionar mayor división”.

De igual forma, Erbert Cárdenas señaló que el papel de Keiko Fujimori en la desestabilización de la democracia ha sido nefasto y a la vez determinante.

Ahora -dice- se han sumado a ella Renovación Popular, Avanza País y algunos otros actores políticos y mediáticos

que le hacen el juego a la iniciativa de la vacancia. “En este marco debe hacérsele frente a esta ofensiva de vacadores a partir de un gran acuerdo nacional que movilice una agenda por el bien del país y que sea ajeno de los intereses de los grupos de poder y los partidos políticos y algunos medios de comunicación”, señaló Cárdenas.

ANÁLISIS

A dónde vamos Matutti señala que lamentablemente el presidente no entiende el sistema legal ni los antecedentes históricos, políticos, socioculturales. Mientras eso no cambie, lo que puede pasar es un desenlace violento. “El siglo XXI ya no tolera autocracias, pero probablemente la implosión del partido de gobierno o del Ejecutivo ocasionará una salida con apariencia de legalidad que casi posteriormente va a conducir a que el Congreso tenga que convocar a elecciones generales”.

A su vez, Pilares sostiene que el presidente y su partido deben entender que el país y la población menos atendida y postergada no le van a dar otra oportunidad más de equivocarse y de ponernos en situación de incertidumbre e inestabilidad. “El compromiso de los peruanos es con el respeto a la ley y la Constitución, pero el gobierno debe hacer bien las cosas y debe buscar el bienestar para todos, sino el pueblo reaccionará tarde o temprano”.

El futuro es poco alentador, sostiene el analista Matutti. “En el Perú siempre puede llegar alguien peor o más precario. Se pensaba lo mismo con (Ollanta) Humala, pero llegó (Pedro) Castillo y puede llegar Antauro o alguien más. En una democracia como la nuestra, con gente que se deja llevar con discursos para incendiar la pradera, se ve un panorama poco alentador para los próximos años”.

Oscar Matutti Sánchez Experto en temas electorales “En tanto el fujimorismo no asuma su derrota y no expíe sus culpas con la historia, no es posible. El fujimorismo es en gran parte culpable de lo que ha pasado. Ellos son un agente disociador que siempre van a ocasionar mayor división”.

Erbert Cárdenas Farfán Sociólogo y político “En este marco debe hacérsele frente a esta ofensiva de vacadores a partir de un gran acuerdo nacional que movilice una agenda por el bien del país y que sea ajeno de los intereses de los grupos de poder y los partidos políticos y algunos medios de comunicación”.

Mayk Pilares Rado Decano del Colegio de Abogados Cusco

La mayoría en el Congreso, además de pensar en la vacancia, empezó a desmontar varias reformas.

“Para gobernar debe convocar a todos los peruanos y tener un gobierno de ancha base. La izquierda o su partido político no son suficientes, más cuando nuestro país, para seguir creciendo, necesita del concurso de todos los peruanos”.

6 / Informe

ANDINA

Las zonas donde el presidente Pedro Castillo cosechó masivo respaldo empiezan a decepcionarse de su gobierno, porque no cumple sus promesas electorales.

Se acaba la luna de miel Escribe: José Víctor Salcedo

DESAPROBACIÓN. Los desaciertos y la falta de transparencia del gobierno de Pedro Castillo empezaron a pasarle factura. Su nivel de aprobación cayó a 25 %, pero lo más preocupante es que perdió respaldo, según las encuestas, en las regiones del sur y el nivel socioeconómico E, que fueron su mayor respaldo en las elecciones del año pasado y le dieron el triunfo frente al fujimorismo.

Varios líderes sociales consideran que para recuperar la confianza debe cumplir sus compromisos y trabajar por el bien de la mayoría de peruanos.

“El presidente (Pedro Castillo Terrones) dijo que iba hacer un gobierno para el pueblo. Hasta ahora no vemos nada de eso. Esperemos que el gobierno atienda nuestros reclamos”, señala con molestia y desazón el dirigente de la comunidad campesina de Ccapacmarca, en Chumbivilcas (Cusco), César Pastor. Lo dijo cuando cuatro comunidades de Ccapac-

marca llevaban 16 días bloqueando el corredor minero del sur.

El presidente de la república había prometido que su gobierno impulsaría cambios para que las actividades extractivas beneficien más al país, a las comunidades campesinas, respeten el medio ambiente y las fuentes de agua.

A más de medio año de gestión no hay

ninguna propuesta que apunte a cambiar las reglas de juego de las actividades extractivas en el país.

La desazón de César Pastor pone de manifiesto lo rápido que el presidente Castillo perdió respaldo en aquellos sectores que depositaron su confianza y sus esperanzas en él, así como de otros que lo apoyaron para evitar que el partido Fuerza Popular, investigado como organización criminal, tome el poder.

En la segunda vuelta electoral, más del 90 % de los electores de Chumbivilcas votaron por la propuesta de Pedro Castillo. El respaldo aluvional fue tan inesperado que los perdedores de la contienda acusaron “fraude en mesa” que nunca pudieron probar y que el Ministerio Público archivó recientemente porque no había pruebas.

Sin embargo, en poco tiempo, la legitimidad de origen que Castillo obtuvo en las urnas empezó a perderla muy rápidamente por el ejercicio displicente de esa legitimidad, traducida en decisiones erráticas no enmendadas, falta de autocrítica, sospechas de corrupción, nombramientos de funcionarios cuestionados, etc.

Lo reiterativo de los desaciertos originaron que la fase de decepción en las regiones del sur, por ejemplo, donde el mandatario había recibido un masivo respaldo en la primera y la segunda vuelta electoral, empiece a ganar terreno.

Informe / 7 Uno de estos sectores es la Junta de Usuarios de Agua del Cusco. Marco Pino, presidente de la Junta de Usuario de Agua de Cusco, cuestiona que no haya apoyo al pequeño agricultor porque no se implementa la segunda reforma agraria, que fue puesta en marcha en una pomposa ceremonia en la explanada de la Fortaleza Inca de Sacsayhuaman, en octubre del 2021.

Asimismo, el alcalde del distrito de Coporaque, de la provincia de Espinar, Edilberto Companocca Checco, se siente decepcionado con el gobierno actual.

“Nosotros hemos votado en el 90 % por él. Pensábamos que nos iba a atender rápido y no lo está haciendo”, dijo el burgomaestre.

Hasta la segunda semana de febrero, Castillo tenía una desaprobación, según Ipsos, del 65 % y un nivel de respaldo de tan solo 25 %, que es el porcentaje más bajo desde que asumió la presidencia de la república.

Además, es la primera vez que la desaprobación y aprobación de Pedro Castillo están igualados en 46 % en las regiones del sur, donde en las elecciones del año pasado recibió un respaldo promedio que superó ampliamente el 70%. Asimismo, es la primera vez que su desaprobación (54 %) es mayor a la aprobación (41 %) en el grupo socioeconómico E.

Los apoyos que se van El escenario político es el más complicado para el jefe de Estado. Perdió el apoyo del Partido Morado, que se ha sumado a la narrativa sobre que las únicas salidas a la crisis política son la vacancia o la renuncia presidencial.

En la segunda vuelta, la figura de Pedro Castillo aglutinó a sectores de varias tendencias ideológicas opuestas al fujimorismo que reencarnada en Keiko Fujimori reivindicaba el nefasto fujimorismo de los 90’.

Por supuesto que el apoyo no fue incondicional. No fue un cheque en blanco. Ahora que el presidente no ha aprendido de sus errores empiezan a pasar a la vereda de la oposición.

El político Aarón Medina Cervantes, reciente incorporación y precandidato a la alcaldía del Cusco, considera que las organizaciones como el Partido Morado se alejan porque se han alineado con la aplanadora vacadora. “El Partido Morado dice ser un partido de centro y republicano, sin embargo, su militante más impor-

tante (Francisco Sagasti) tiene este tipo de comentarios bastante acelerados. Ellos saben bien que la caída de Castillo es una oportunidad para la derecha más dura del Perú: para poder eternizarse y buscar impunidad en el caso “Lava Jato”. Entonces, el Partido Morado ante la crisis juega a su conveniencia; no veo una posición principista, sino una maniobra política para no “quemarse” en la coyuntura”, señaló.

Medina Cervantes consideró que el presidente debe dar gestos de solvencia política y gestión. “Se le ve como un presidente que renuncia, por momentos, a gobernar. Como un jinete que no puede controlar al caballo. En ese sentido, debe comunicar su plan de salida de la crisis con claridad y seguridad, de tal suerte que entregue tranquilidad a los ciudadanos en lo económico y sanitario. Por otro lado, debe evitar cualquier otro escándalo de corrupción: las acusaciones e investigaciones sobre corrupción en su gobierno le están restando puntos porque, justamente, él representaba la esperanza de una gestión reformista. No se puede reformar el Perú si se mantiene un mal colonial como es la corrupción”.

Comienza la decepción La población del sur se caracteriza por decepcionarse rápidamente con los gobernantes de turno si es que no cumplen sus compromisos de campaña. Ocurrió con Alejandro Toledo Manrique, Alan García Pérez y sobre todo con Ollanta Humala Tasso, a quien todavía lo consideran como un traidor por haber cambiado su programa de la “Gran Transformación” por la “Hoja de Ruta”.

Yovana Idalia Laime Mendoza, fiscal de la organización Defensoras Comunitarias Kusiqoyllor y responsable del Área de Prensa y Propaganda del Frente de Defensa de Chumbivilcas, está también decepcionada con los seis primeros meses del gobierno de Castillo.

Cuestiona que el jefe de Estado no implemente ninguno de los compromisos electorales dirigidos a cambiar las cosas en el país y beneficiar a las poblaciones que siempre estuvieron olvidadas por el Estado.

“No está cumpliendo con las promesas que ha hecho en campaña. Se puede decir que estoy decepcionada, porque no está cumpliendo. Dijo que no iba a ser como Ollanta (Humala). Aunque está tratando de cambiar, su entorno no les está apoyando mucho. Diría que es una decepción, porque él debería manejar bien las cosas”, señaló la lideresa.

Laime Mendoza sostiene que, si Castillo no enmienda el camino y empieza a cumplir sus promesas, como el cambio de la Constitución Política, “va a perder más respaldo de todos” y, por ende, su situación será mucho más crítica.

El jefe del Estado se ha acercado a los gobernadores regionales para recibir su respaldo.

En el corredor minero del sur, el premier Aníbal Vásquez espera resolver los múltiples conflictos.

8 / Informe

Elecciones 2022: Se busca candidato ANDINA

La elección de octubre próximo será clave para el desarrollo y el futuro de las regiones, provincias y distritos del país.

Escribe: Alberto García Campana (*) VIENTRES DE ALQUILER. A siete meses de las elecciones regionales y municipales, las organizaciones políticas han emprendido una carrera desesperada, no por fortalecer su estructura ni engrosar su militancia, sino por conquistar a personas que pudieran postular al Gobierno regional, así como a las alcaldías provinciales y distritales. La trayectoria, la hoja de vida, la experiencia y otros requisitos han sido archivados, y en su lugar se exige solamente que los candidatos caigan simpáticos a los electores.

Dentro de siete meses, los electores acudiremos a las urnas para elegir autoridades regionales y municipales. En el Cusco, el 2 de octubre próximo serán elegidos el gobernador y el (la) vicegobernador (a) regional, así como 17 consejeros regionales, además de 13 alcaldes provinciales, a quienes acompañarán en total 119 regidores. De igual modo, serán expresión de la voluntad popular un total de 99 alcaldes distritales con un total de 513 regidores.

En total, en el departamento del Cusco, con una población electoral calculada en poco más de un millón de electores, los votantes elegiremos a 763 autoridades regionales y municipales, quienes asumirán sus funciones el 1 de enero del 2023 y culminarán su mandato el 31 de diciembre del 2026.

Sin color político Tal vez el único presidente regional que tuvo clara militancia política y respondió

Informe / 9 a una orientación ideológica definida fue Adolfo Saloma, quien ejerció el cargo entre 1990 y 1992. Estuvo solamente dos años en el ejercicio del poder porque Fujimori disolvió los Gobiernos regionales el cinco de abril de 1992. Saloma Gonzáles fue y es militante de Patria Roja y su elección fue resultado de una propuesta política de izquierda.

Quienes llegaron después carecieron por completo de color político. Durante el decenio fujimorista, fueron designados presidentes de los Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR) funcionarios sin trayectoria y sin militancia y que solo obedecieron los mandatos del dictador.

Recuperada la democracia en el 2001, fueron elegidos sucesivamente mandatarios regionales que, a pesar de haber tenido militancia en partidos políticos (Carlos Cuaresma Sánchez, Hugo Gonzáles Sayán, Jorge Acurio Tito) postularon por movimientos que pretendían encarnar las aspiraciones regionales. Todos ellos se alejaron de sus orígenes políticos y tal vez esa fue la razón de que carecieran del soporte social que les ayudara a desarrollar una buena gestión.

Se llega al 2022 con un gobernador regional de reciente militancia, aunque no orgánica, en Acción Popular. Cuatro años atrás, Jean Paul Benavente se postuló en las filas de Acuerdo Popular Unificado (APU).

Partidos buscan candidatos…

Hoy, marzo del 2022, las organizaciones políticas han emprendido una carrera desesperada, no por fortalecer su estructura ni engrosar su militancia, sino por conquistar a personas que pudieran postular al Gobierno regional, así como a las alcaldías provinciales y distritales.

La trayectoria, la hoja de vida, la experiencia y otros requisitos han sido archivados, y en su lugar se exige solamente que los candidatos caigan simpáticos a los electores. Y si han tenido alguna presencia en los medios de comunicación, mejor. El plus es también que sean o hayan sido autoridades, y no importa qué tan bien o qué tan mal cumplieron sus responsabilidades.

Para gobernador regional del Cusco, son muchos los nombres voceados, y

todos ellos no exhiben militancia alguna.

El pudor político ha sido también enterrado, y así vemos que un candidato que hace cuatro años postuló por un partido, hoy lo hace por otro. Entre uno y otro no existe similitud ni cercanía ideológica alguna.

Hay algunas personas que, a fuerza de postular con insistencia, ya son considerados como “candidatos naturales”.

Uno de ellos es, sin duda, el médico Luis Wilson, quien en el segundo gobierno de Alan García fue diputado por Cusco por el Partido Aprista. Años más tarde, postuló por Restauración Nacional al cargo de gobernador regional del Cusco, habiendo quedado en segundo lugar.

Se esperaba que el dos de octubre se presentara nuevamente a ese cargo, pero esta vez por Alianza Para el Progreso, partido en el que se inscribió hace poco, pero que al parecer no cumplía algunos requisitos por lo que fue dejado de lado. Trascendió que un triunvirato integrado por un exalcalde cusqueño, un galeno y un congresista de la república, están evaluando los CV de los postulantes, aunque lo cierto es que están tratando de encontrar a alguien que acepte esa nominación.

Si a mediados del año pasado se creía que Perú Libre, el partido de gobierno, podría ganar las elecciones regionales y municipales en Cusco, el panorama se ha complicado debido a los desaciertos del Ejecutivo actual, y por eso se habría decidido llevar como candidato a la gobernación regional al ex regidor Héctor Acurio, quien en las elecciones del 2018 postuló por el Frente Amplio. En Renovación Popular anuncian a un comunicador (Luis Alberto Soto) que se hizo conocido por transmitir partidos de fútbol en quechua. Ese es el partido de López Aliaga.

Hay otros nombres que también defendieron otras camisetas, distintas a las que hoy visten, lo que revela que lo que menos existe en los partidos es respeto por la militancia.

… Y candidatos buscan partidos Si bien la Constitución Política del Perú considera que todos podemos elegir y ser elegidos, es decir que todos podemos ser candidatos, la proliferación de aspirantes al Gobierno regional y a los Gobiernos muni-

Así elegirán los partidos, movimientos y alianzas electorales las listas de sus candidatos.

cipales pone en evidencia que cualquiera, si quiere, puede ser candidato. El problema se presenta cuando uno de esos “NN” es elegido y no cuenta con el respaldo del partido por el que postuló, pues no siente afinidad alguna por la sencilla razón que no es militante ni comparte el ideario ni la doctrina.

A quien muchos dan como favorito para la alcaldía provincial del Cusco, es a Luis Flórez, flamante contratación de Alianza para el Progreso, quien hace varios años fue burgomaestre por un movimiento llamado Patria Arriba, Perú Adelante (PAPA).

Un “candidato natural”, por su presencia en muchas contiendas electorales, es Policarpo Ccorimanya, rostro visible y casi dueño de Somos Perú en Cusco durante muchos años. Esta vez, postulará a la alcaldía del Cusco por el Frente Esperanza, de Fernando Olivera. ¿Y quién postulará por Somos Perú?, pues alguien que siempre le hizo la guerra a ese partido: el actual alcalde del distrito de San Jerónimo, Albert Arenas.

Y quien defendió en anteriores elecciones a Unión por el Perú, llegando a ser elegido diputado por Cusco, el policía retirado Rubén Pantoja, tentará la alcaldía del Cusco por el Movimiento Pachakuteq.

El que hace cuatro años postuló al gobierno regional por Democracia Directa, el partido de los fonavistas, Werner Salcedo, en octubre vestirá la camiseta de Somos Perú. Y el excongresista del Frente Amplio, Edgard Ochoa, se apresta a candidatear por una alianza que encabeza Autogobierno Ayllu. ¿Se podría decir que los partidos han buscado a estos candidatos? Las evidencias apuntan a señalar que es al revés: que estas personas están buscando algún vientre de alquiler, algún partido o movimiento que los cobije para poder postular.

El cuento de las primarias Las normas electorales exigen a los partidos políticos y movimientos regionales, desarrollar elecciones internas o primarias, cerradas o abiertas, para nominar a sus candidatos. Esa disposición termina siendo letra muerta porque las consultas internas se reducen a una reunión de tres o cuatro personas, propietarias de los partidos, quienes evalúan la hoja de vida de los postulantes y, probablemente también, sus posibilidades económicas.

No es secreto que los cupos tienen tarifas establecidas, aunque la explicación que se da es que esos “aportes” sirven para sufragar los gastos de campaña. Si antes se consideraba que más rentable que asaltar un banco era fundar un banco, hoy se sospecha que es un gran negocio fundar un partido político.

Con candidatos surgidos de la voluntad de unos cuantos, a espaldas de la opinión de los militantes, los órganos de gobierno regionales y municipales nacen debilitados y sin legitimidad alguna. Y en este escenario, el fracaso es el destino inevitable. (*) Analista y catedrático de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac).

10 / Informe

Hayuni es un pueblo en las alturas del distrito de Quiquijana, en Cusco, donde la crianza de alpacas es su principal actividad.

La carne de la alpaca es uno de los principales alimentos en Hayuni.

Las alpacas caminan libres durante el día. En enero y

y febrero se corta la lana.

Informe / 11

Victoriano camina por las alturas y chequea la calidad de la lana de sus alpacas.

HAYUNI, PARAÍSO DE ALPACAS Y SITIOS TURÍSTICOS Era un día con mucho frío y caía nieve cuando llegamos al pueblo de Hayuni en el distrito de Quiquijana, provincia de Quispicanchi (Cusco). Victoriano me ha preparado para esta experiencia. El aire es fresco y las nubes tapan los grandes cerros en los alrededores. En el camino pasamos encima de pequeños ríos y unas casas perdidas en el campo. La casa principal del campo es de adobe y parece el único lugar caliente donde su mujer hace mate y también el desayuno típico: sopa de chuño. Victoriano me dice que se siente bien con sus hijos y libre como eran sus padres. El trabajo se hace sobre todo en los meses de verano cuando el frío y la lluvia son fuertes. Toda la familia está presente por el corte de la lana.

Sudando, pero feliz se hace el trabajo en la tradición del ayni.

Los días pueden ser largos ahora, pero siempre terminan con una sonrisa. Victoriano me dice que los últimos dos años fueron difíciles porque ya no había turistas que iban a ver las famosas líneas y ruedas enigmáticas: su principal atractivo turístico. En un futuro próximo quiere organizar caminatas y trekking con sus llamas, como lo hacía antes. Sueña también con un pequeño hospedaje, a casi 4,700 metros de altura, donde las nubes tocan la cima de las montañas y donde la libertad del hombre es todavía una realidad.

Texto y fotos: Gunnar Lentz.

Hayuni posee hermosas montañas, así como líneas enigmáticas, que son un paraíso.

12 / Informe

MIGUEL GUTIÉRREZ

Espinar es una de las localidades del Perú donde la presencia de metales tóxicos contaminó a muchos campesinos, que reclaman atención al gobierno.

Contaminación en Espinar bajo la lupa de la ONU

VISITA. El relator especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos de la ONU escuchó a los pobladores de esta provincia sobre la afectación con metales tóxicos. En los últimos años se diagnosticaron 1621 dosajes con presencia de arsénico, plomo, mercurio y cadmio en los organismos de los habitantes que viven en el entorno de la mina Antapaccay, de la transnacional Glencore. Los metales tóxicos pueden afectar los órganos, originar cáncer y provocar la muerte.

Marcos Orellana, relator especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos de la ONU, escuchó a líderes y ciudadanos afectados por la presencia de metales tóxicos en la provincia cusqueña de Espinar, donde funciona la mina Antapaccay, de la transnacional Glencore. Lo hizo el 24 de febrero. El funcionario llegó al Perú el 21 de ese mes como parte de una visita académica. Su periplo concluyó el 26, luego de visitar territorios afectados por la contaminación en la Costa, los Andes y la Amazonía.

En Espinar, Orellana visitó la comunidad de Huisa, que alberga a una cantidad importante de pobladores

con presencia de metales tóxicos en el organismo. Después, se reunió con organizaciones sociales de base de esta provincia. Orellana se desempeñó anteriormente como asesor jurídico de diversos gobiernos, organizaciones no gubernamentales y organismos de las Naciones Unidas.

Según el Ministerio de Salud (Minsa), en Espinar se diagnosticaron 1621 dosajes con presencia de arsénico, plomo, mercurio y cadmio en sus cuerpos. Hay preocupación en la población, pues las sustancias tóxicas pueden causar daños a los órganos, originar cáncer y provocar la muerte.

“Aunque no es una visita oficial,

la visita del relator de la ONU es muy significativa, no solo para Espinar, sino para el Perú, para que nos asesore en temas de salud, pero también para que conozca la realidad que enfrentamos.

Aquí nos estamos enfermando, se mueren nuestros animales, quizá es necesario que venga alguien de otro país para que el gobierno vea qué pasa en nuestro territorio”, señaló Flor Nélida Cuti Nuñoncca, afectada de Espinar.

En 2021, a nivel nacional, según el Minsa, había más de 10 millones de ciudadanos en situación de riesgo por la exposición de metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas. Ante esta problemática y la constante lucha de los afectados, el 23 de diciembre de 2021, el gobierno publicó el Decreto Supremo 037-2021-MINAM, referido al «Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas».

El decreto establece que los ministerios, organismos públicos y Gobiernos regionales articulen e implementen acciones necesarias para reducir el impacto de los metales pesados en la vida de la ciudadanía afectada. La actual congresista cusqueña Ruth Luque impulsó

Informe / 13 una disposición complementaria a la Ley de Presupuesto 2022 que beneficia a Espinar (Cusco), Cuninico (Loreto), La Oroya (Junín), Cerro de Pasco y a la cuenca Coata (Puno) con un presupuesto de hasta 30 millones de soles para promover atenciones a la salud.

Sí hay contaminación La contaminación en Espinar está probada desde hace una década por al menos cuatro estudios especializados del Ministerio de Salud (Minsa) y organismos internacionales. En 2010, el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (Censopas) del Minsa confirmó la presencia de metales pesados en el organismo de pobladores de Espinar.

Censopas halló cuatro metales tóxicos (arsénico, mercurio, plomo y cadmio) en el organismo de los campesinos. Se tomó muestras y el 100 % de la población evaluada tenía niveles por encima de los permitidos de estos metales mencionados.

Asimismo, la municipalidad de Espinar realizó un análisis químico de metales pesados en animales cerca de la mina Tintaya (que ya cerró), donde hallaron presencia de cobre, zinc, cadmio, plomo, cromo y arsénico en animales.

Cinco años después, en 2018, la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) hizo un estudio y también detectó presencia de metales tóxicos por encima de los niveles permitidos en Espinar. Aquel análisis identificó la presencia de 23 metales y minerales, pero el arsénico, hierro, manganeso y aluminio se encontraban con una concentración mayor a lo que está permitido.

El año pasado se conocieron los resultados de otro estudio. Entre 2018 y 2020, Amnistía Internacional, en colaboración con Derechos Humanos Sin Fronteras y el experto en salud ambiental de la Universidad de Saint Louis (Missouri), Fernando Serrano, evaluó varias muestras y confirmó la exposición a metales pesados y sustancias tóxicas de los habitantes de 11 comunidades quechuas que habitan en el área de influencia del proyecto minero Integración Coroccohuayco, que es la expansión de la mina Antapaccay de propiedad de Glencore.

El estudio denominado “Estado de salud fallido: Emergencia de salud en Pueblos Indígenas de Espinar, Perú” se hizo a pedido de las comunidades. El equipo de investigación tomó muestras de sangre y orina a 150 voluntarios de las comunidades originarias y muestras de agua en 291 puntos de las comunidades indígenas de Huano Huano, Pacopata, Huini Coroccohuayco, Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Alto Huarca, Cala Cala, Huarca, Huisa Ccollana y Huisa.

El principal hallazgo: la presencia de plomo, arsénico, cadmio, mercurio y manganeso. “A excepción del

Las fuentes de agua son las principales contaminadas en las comunidades de Espinar.

El relator de la ONU también visitó otras regiones expuestas a sustancias tóxicas.

manganeso, que es un elemento útil en el cuerpo humano en cantidades muy pequeñas, ninguno de los otros metales y sustancias tóxicas mencionadas cumple una función esencial en el funcionamiento del cuerpo humano. Al contrario, el plomo, el cadmio y el mercurio son tóxicos aún en niveles bajos en el cuerpo, y el arsénico, especialmente el arsénico inorgánico, es altamente tóxico”, precisa el estudio.

Según Amnistía Internacional, los habitantes de Espinar tienen altos niveles de metales y sustancias tóxicas en su cuerpo y el Estado peruano falla en su obligación de garantizarles el derecho a la salud: Un 78 % (117 personas) presentaron alguna de estas sustancias en niveles por encima de los valores de referencia en sus organismos, lo que representa un riesgo para su salud.

Al menos 58 % de las personas

analizadas presentaron niveles elevados de arsénico en su organismo, más del 29 % manganeso, más del 12 % cadmio, más del 4 % plomo y más del 3 % mercurio. Identificaron 16 casos de personas de casos denominados emblemáticos: 14 tenían más de un metal en su organismo por encima de los valores de referencia y dos con un metal con niveles más altos del permitido. Cada uno presentaba síntomas vinculados a problemas neurológicos, respiratorios, digestivos, oculares cardiovasculares, renales, reumáticos, urinarios y dentales.

Es muy posible -señala el documento- que el número de personas con niveles preocupantes de metales y sustancias tóxicas en el cuerpo refleje una población más numerosa, porque en las 11 comunidades viven aproximadamente 8,000 personas.

14 / Informe

Día de la Mujer: Otro año de lucha JESSICA CLEMENTE

La violencia contra la mujer sigue siendo uno de los flagelos desatendidos por las sucesivas gestiones de los gobernantes de turno.

Escribe: Jessica Clemente Racua

REFLEXIONES Y TEMAS PENDIENTES. Según el INEI, a nivel nacional, 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia de pareja alguna vez en su vida. El Observatorio Nacional de Violencia contras las Mujeres indica que los mayores porcentajes de mujeres que sufrieron violencia física o sexual se encuentran en los departamentos de Cusco (15.1 %), Apurímac (14 %), Piura (13,9 %), Huancavelica (12,9 %) y San Martín (12,6 %).

Cada 8 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. Esta fecha surgió en un contexto de lucha por parte de mujeres que buscaban la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. En Perú, la fecha tardó en ser reconocida por el Estado.

En 1996 se sumó a través del Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano (Promudeh), hoy Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Con el paso de los años, el propósito de esta fecha ha sido distorsionado por algunos, ya que se celebra a la mujer mas no se reflexiona sobre los avances, retrocesos y obstáculos que tienen en la defensa y ejercicio de sus derechos.

Durante estos últimos años de pandemia se han evidenciado diversos problemas que afectan directa e indirectamente a las mujeres, siendo uno de los principales la violencia de género. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Informe / 15 recientemente ha expresado su preocupación por los altos índices debido a que los registros oficiales indican que en 2021 se atendieron 140,833 casos de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, lo que representa un incremento del 43 % en comparación con el 2020.

Estado indiferente A esto se suma la preocupación de la ciudadanía y organizaciones no gubernamentales por tener representantes y autoridades políticas en el actual gobierno que invisibilizan esta problemática o que son parte del problema. Susana Chávez, directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), observó la composición del penúltimo gabinete. “Nuestro marco legal impide que autoridades que hayan cometido violencia de género particularmente asuman cargos públicos y, sin embargo, el cargo de primer ministro se lo dieron a alguien que tiene ciertas denuncias probadas

y sistemáticas tanto en el ámbito familiar como en el público”.

Si bien se realizó el cambio de gabinete, varios de los actuales ministros están involucrados en denuncias por violencia. Así mismo, este nuevo gabinete solo cuenta con un 15 % de representación femenina. Igual que en los anteriores gabinetes del actual gobierno, las mujeres son minoría.

En febrero del presente año se sustentó el noveno informe ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (Cedaw) de las Naciones Unidas. En este, el Perú confirmó su compromiso con la eliminación de la discriminación contra la mujer y la promoción de la igualdad de género; no obstante, es evidente la incoherencia y el trabajo pendiente de parte de las autoridades, ya que no se ha garantizado hasta el momento un real cumplimiento de la protección y promoción de los derechos de la mujer, como es el caso de la falta de paridad en los gabinetes.

Por otra parte, en cuanto a la socieJESSICA CLEMENTE

Las mujeres de Apurímac lograron consolidar organizaciones que defienden sus derechos.

dad, la actual ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, afirmó que, pese a los avances alcanzados en los últimos años, aún existe una alta tolerancia frente a la violencia de género. Esto se evidencia en discursos públicos de parte de autoridades que la justifican al considerarla “asunto privado o personal” o también en los altos porcentajes presentados por el INEI, que muestran que 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia de pareja alguna vez en su vida.

Derechos de las mujeres El Observatorio Nacional de Violencia contras las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar indica que los mayores porcentajes de mujeres que sufrieron violencia física o sexual se encuentran en los departamentos de Cusco (15.1 %), Apurímac (14 %), Piura (13,9 %), Huancavelica (12,9 %) y San Martín (12,6 %). Asimismo, de acuerdo con la ENDES (2020), en Apurímac el 41.8 % de mujeres alguna vez sufrieron violencia física ejercida por el esposo o compañero, de las cuales el 68 % sufrieron violencia psicológica y el 14.3 % de mujeres enfrentaron violencia sexual. Estas cifras ubican a Apurímac como uno de los departamentos con más alto número de hechos de violencia hacia las mujeres ejercida por su pareja o compañero, lo cual no les permite ejercer su derecho a una vida digna y libre de violencia.

Por otra parte, en cuanto al trabajo, las mujeres se enfrentan a problemas como desigualdad salarial, acoso y hostigamiento laboral, despidos arbitrarios y otros; sin embargo, la situación de las mujeres de zonas rurales es aún más preocupante. Si bien ellas aportan a la economía de cuidados y en espacios de producción al cuidar de sus familias y sus territorios, esto no es reconocido como tal. Además, el 81 % trabaja en agricultura, pero solo el 20 % de ellas tiene acceso a un salario que está por debajo de lo que reciben los hombres; y, en zonas mineras, el acceso a un trabajo por parte de las mujeres es menor.

¿Qué falta por hacer?

Las mujeres esterilizadas todavía sufren los estragos y no encuentran justicia.

A nivel nacional, urge la implementación de la Política Nacional de Igualdad de Género y que a partir de esta cada región actualice o inicie el trabajo de sus planes regionales de igualdad de género, en el que se contemple las necesidades de grupos de especial protección, como las mujeres defensoras de los derechos humanos, mujeres indígenas u originarias, mujeres afroperuanas, mujeres LGTBI y mujeres privadas de su libertad, entre otras.

Esto debido a que en el caso de las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas aún está pendiente una reparación integral y, por su parte, las mujeres que han sido afectadas con metales tóxicos o que han sido criminalizadas por defender sus territorios, aún no han sido atendidas.

Así mismo, es importante la construcción y aprobación del sistema de cuidados para la mejora de servicios y la redistribución de las tareas equitativamente.

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Lo que se invierte en la lucha contra la violencia a la mujer Escribe: Jorge L. Sáenz A. (*)

PRESUPUESTO. El Estado tiene la obligación de trabajar en el objetivo de reducir la violencia contra las mujeres.

El actual gobierno aprobó un presupuesto total para el 2022 de S/290’624,411, de los cuales hasta la fecha ya se ha ejecutado el 14.1 %. Se muestra un ligero incremento con respecto al año anterior que fue de S/282’199,547 con una ejecución del 95.8 %. En esta nota analizamos el presupuesto destinado a programas a nivel de las regiones Apurímac, Cusco, Madre de Dios y Puno.

Cuadro 1

Cuadro 2

El Estado peruano, a través de los programas presupuestales, busca mejorar la situación de las personas, con especial énfasis en aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Este esfuerzo del Estado no es suficiente para que los derechos de las personas se ejerzan, ya que depende de las prioridades que le den el Gobierno nacional y a los Gobiernos subnacionales (regionales y locales), además de las capacidades de las autoridades y funcionario/as. El modelo económico neoliberal vigente es excluyente.

Un aspecto que nos preocupa es la situación de las mujeres. Una de las principales brechas que se mantiene por la presencia de actitudes machistas e inacción de las autoridades es la violencia de género.

Son dos los programas presupuestales que tienen como objetivo la reducción de la violencia contra las mujeres: lucha contra la violencia familiar y productos específicos para la reducción de la violencia contra la mujer. El Gobierno nacional, los Gobiernos regionales y los Gobiernos locales tienen que programar, asignar y ejecutar presupuestos para la reducción de esta violencia.

En este artículo presentaremos información relacionada a estos programas a nivel de las regiones Apurímac, Cusco, Madre de Dios y Puno.

Las cifras del presupuesto corresponden a datos de la Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del 18 de febrero del 2022.

Programa 0080 El primero es el Programa presupuestal 0080, referido a la lucha contra la violencia familiar. El total del presupuesto para este 2022 es de S/290’624,411, de los cuales hasta la fecha ya se ha ejecutado el 14.1 %. Se muestra un ligero incremento con respecto al año anterior que fue de S/282’199,547 con una ejecución del 95.8 %.

Recordemos que los productos de este programa presupuestal son acciones comunes, personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de atención, y población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar (ver cuadro 1).

Como observamos en este cuadro solo el departamento de Cusco ha presupuestado recursos para las acciones comunes. Todos los departamentos han asignado recursos para la atención de la violencia familiar y ningún departamento destinó recursos para la prevención de la violencia (ver cuadro 2).

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Productos específicos El otro programa presupuestal son los productos para la reducción de la violencia contra la mujer. El presupuesto total a nivel nacional para este año asciende a S/301’361,855. Hay una ligera disminución con respecto al año anterior que fue de S/354’554,769 con una ejecución presupuestal del 88.6 % (ver cuadro 3).

Observamos que todos

los departamentos señalados asignaron recursos para la protección; solo Apurímac y Cusco para la detección, referenciación y atención inmediata, y solo Madre de Dios y Puno para la prevención de acoso sexual en estudiantes escolares (ver cuadro 4).

Una de las funciones que deben realizar las y los integrantes de la sociedad civil de las instancias de concertación regionales y locales para la prevención, atención y erradicación de la violencia Cuadro 3

contra la mujer e integrantes del grupo familiar es la vigilancia ciudadana: vigilar que los recursos asignados sean ejecutados y que las actividades y proyectos se desarrollen. Es importante que las autoridades y funcionarios programen y presupuesten acciones para la lucha contra la violencia de género, tomando en cuenta las causas que originan esta. (*) Centro Bartolomé de Las Casas (CBC).

Cuadro 4

Las Bambas: Los derechos de las comunidades en el corredor minero El corredor minero del sur atraviesa las regiones Apurímac, Cusco y Arequipa.

Esta ruta es una fuente constante de conflictos sociales, porque las comunidades consideran que la minera MMG Las Bambas ocasiona contaminación o incumple con sus compromisos de responsabilidad social.

El corredor, usado para el transporte de minerales, pasa por tierras de 37 comunidades campesinas de las tres regiones; sin embargo, las autoridades y dirigentes de la región Apurímac consideran que es la única afectada y, por ende, debe ser la única beneficiada o atendida por el gobierno y Las Bambas.

El 16 de febrero pasado, en una reunión multisectorial, las autoridades y dirigentes sociales acordaron exigir la anulación de las cuatro actas firmadas por el Gobierno con las comunidades quechuas de la provincia cusqueña de Chumbivilcas. No les gustó el compromiso asumido por MMG Las Bambas para cumplir la disposición dada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en setiembre del 2019, luego de confirmar la existencia de contaminación sonora y afectaciones al aire, al agua y a los suelos de las comunidades ubicadas en los distritos de Velille, Ccapacmarca, Santo Tomás, Chamaca, Livitaca y

Colquemarca (Chumbivilcas).

Mediante la Resolución Directoral 00069-2019, OEFA dispuso un conjunto de medidas para reducir los impactos ambientales en los distritos de Chumbivilcas y ordenó la modificación o actualización del EIA de MMG Las Bambas para incorporar en ese instrumento estas disposiciones e incluir a varias comunidades como zona de influencia social y ambiental.

En octubre de 2019, la minera interpuso un recurso de apelación ante la Sala Especializada en Minería, Energía y Actividades Productivas e Infraestructura y Servicios del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA. En dicho documento cuestionaba las competencias de OEFA y la calidad de la fiscalización ambiental realizada en el corredor minero.

Por mayoría -solo con el voto en discordia del vocal César Abraham Neyra Cruzado- la sala confirmó la resolución de OEFA, en enero de 2020.

Esta disposición, sin embargo, todavía no se ha implementado. Recientemente, Las Bambas aceptó ante las comunidades de Ccapacmarca, en Chumbivilcas, que convocará a los dirigentes para modificar su EIA y así, como ordenó OEFA, incluir a estas como zona de influencia.

La mala reclasificación El problema del corredor vial sí involucra a las comunidades de Cusco, aunque en Apurímac sostengan lo contrario y alienten una innecesaria confrontación.

Las comunidades fueron involucradas cuando el proyecto Las Bambas fue vendida por Xstrata Glencore a MMG y esta anuló el mineroducto y aprobó el transporte en camiones.

Con ese cambio también se redujo el área de influencia ambiental y social. Varias comunidades de Cotabambas y Grau, en la región Apurímac, así como de Chumbivilcas y Espinar, en la región Cusco, fueron excluidas de los beneficios que originalmente iban a recibir. Como consecuencia de eso, las comunidades no han recibido compensaciones económicas y no hay obras ni labores de control ambiental en sus territorios.

Inicialmente, el área de influencia social establecido en el EIA incluía no solamente a aquellas comunidades afectadas por las operaciones de Las Bambas, sino también a 20 que colindaban con el trazado del mineroducto.

Entre ellas Ahuichanta Isuray, Anansaya Ccollana, Ccayao, Ccocha, Charamuray, Choaquere, Huaccoto, Chilla, Huarca, Huaylla, Huaylla, Tuntuma, Urinsaya, etc.

18 / Informe CEDEP AYLLU

Los productores agrarios de varias regiones -entre ellas Cusco- no están contentos con la forma como avanza la segunda reforma agraria.

Segunda reforma agraria: ¿Para quiénes es?

Escribe: Hysha Y. Palomino Tomaylla (*)

DUDAS. Desde el Ejecutivo se ha propuesto un proyecto de Ley de la Segunda Reforma Agraria que, según la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), no es coherente con los lineamientos propuestos por esta inicialmente. Se ha dejado de lado a los agricultores familiares.

En lo que va del gobierno del presidente Pedro Castillo Terrones ya van tres ministros de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Los antecesores del actual ministro, Óscar Zea Choquechambi, fueron Víctor Maita Frisancho y Alberto Ramos Quilca, quien estuvo solo algunos días al frente de esta cartera.

Después del lanzamiento de la segunda reforma agraria en la ciudad del Cusco, se desarrollaron reuniones descentralizadas en otras regiones del país. Sin embargo, a la fecha el Congreso no ha dispuesto una fecha para la discusión del proyecto de Ley de la Segunda Reforma Agraria.

El actual ministro Oscar Zea ha ratificado su compromiso de seguir impulsando la reforma, porque este fue un compromiso del presidente durante su campaña política. Dijo que en este proceso se debe complementar el trabajo de los pequeños, medianos y grandes productores y exportadores, con el objetivo de tomar medidas inmediatas.

Informe / 19 El 16 de febrero pasado, la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) lanzó un comunicado en el que afirmaron que el proyecto de Ley de la Segunda Reforma Agraria no es coherente con los lineamientos propuestos por esta inicialmente. Se ha dejado de lado a los agricultores familiares. Asimismo, indican que el contenido del proyecto de ley no responde a las demandas de los agricultores y se estaría priorizando a los agroexportadores como antes.

En este contexto, es importante recordar que el 11 de septiembre del 2021 se realizó la segunda cumbre agropecuaria en la región Cusco, donde los gremios campesinos, los agricultores y agricultoras presentaron y formularon sus necesidades y demandas ante el entonces viceministro, José Muro Venturo.

En el desarrollo de esta cumbre, un agricultor de la provincia cusqueña de La Convención pidió a las autoridades que la segunda reforma refleje sus pedidos y que no sean medidas adecuadas de acuerdo a lo que “a ellos les parece mejor”.

Como en Cusco, se desarrollaron otras sesiones descentralizadas con las mujeres y varones campesinos, donde también se presentaron las demandas de los territorios de acuerdo a sus contextos. Sin embargo, la realidad es que aún hay agricultores que no tienen claro lo que significará la segunda reforma agraria para ellos y sus territorios.

“Nosotros no comprendemos en su totalidad qué es la segunda reforma agraria, nos han dicho que favorecerá a los agricultores […] por años hemos sido olvidados, ojalá que haya un cambio porque trabajar la chacra no es fácil. Esperemos que haya mejores condiciones y que nuestros productos tengan un mayor costo”, afirma Anselmo Gonzales Quispe, de la comunidad campesina Totora, distrito de Marangani, provincia de Canchis.

Por ahora no se ven grandes cambios. Al contrario, bajo el paraguas de la segunda reforma agraria continúan las acciones que normalmente se realizaban desde el ministerio, pese a los esfuerzos del exministro Maita. Aún no se ha aterrizado en cosas concretas.

Con Oscar Zea al frente del ministerio se ha generado una serie de dudas sobre la continuidad en la implementación de la segunda reforma. En estas últimas semanas, el representante de Conveagro, Clímaco Cárdenas, a través de una entrevista a la Agencia Agraria de Noticias, señaló: “Vemos signos de que no hay coherencia en reconocer la política agraria del gobierno de Pedro Castillo y eso es incomprensible porque se supone que [Zea] es un ministro puesto por el gobierno y, lamentablemente, no conoce o no lee los lineamientos y la política nacional agraria de la Segunda Reforma Agraria publicada oficialmente”, agregó.

“Esperemos que con esta segunda reforma agraria el gobierno preste atención a las comunidades, sobre todo dándonos asistencia técnica y a través de sus programas sociales den mejores semillas, que sean certificadas, que sean de calidad […]”, dice Valerio Huamaní Mamani, presidente de la comunidad Toccorani, del distrito de Pomacanchi, en Acomayo.

La crisis política por la vacancia y la conformación del nuevo gabinete ministerial ha opacado otros temas de interés para el Perú. Es destacable la importancia que el actual gobierno le está dando a la agricultura, pero es necesario que se centre en hechos y se haga realidad los 9 lineamientos propuestos.

Es necesaria una campaña de comunicación masiva, que llegue a todos los rincones de las zonas rurales para que más campesinos estén informados de las consecuencias que traerá la segunda reforma agraria, porque ellos son los actores principales de esta reforma.

Miles de agricultores y agricultoras esperan que se haga realidad lo ofrecido por el presidente Pedro Castillo. Desde la sociedad civil instamos al Congreso a poner una fecha para el debate del proyecto de ley, y que este refleje las necesidades de los pequeños agricultores, que es uno de los sectores más olvidados. (*) CEDEP AYLLU. MIGUEL GUTIERREZ

En octubre de 2021, cientos de campesinos apoyaron la propuesta de Pedro Castillo.

CEDEP AYLLU

Los verdaderos productores esperan recibir asistencia técnica y apoyo.

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Vacunas en comunidades quechuas El golpe de la tercera ola de la pandemia de la Covid-19 no cesa. Cusco registra todavía contagiados y decesos. Brigadas de la Gerencia Regional de Salud de Cusco recorren las comunidades quechuas para proteger con la vacuna a sus poblaciones.

En febrero llevaron vacunas a las comunidades originarias de la provincia de Urubamba, en el Valle Sagrado de los Incas. Vacunaron a los niños de 5 a 11 años de Huacahuasi, Huilloc, Chaullacocha, Chupani, Pallata, Yanamayo, Qhelqanqa y Tastayoc. La jornada se cumplió en la ciudadela de salud infantil Virgen de Vidawasi.

FOTOS: LUIS CASTILLO.

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