Pulso Regional

La Revista del Sur | Año 05 | #50 - Diciembre de 2021

Solo en 2020, en plena crisis de la pandemia, seis defensores fueron asesinados en el Perú. En el sur son hostigados judicialmente.

Defensores bajo amenaza Con esta edición reclame el suplemento "Defensores y defensoras de derechos humanos ambientales".

2 / Editorial

La última.

EDITORIAL

Nota al cierre de edición

LOS FALSOS DEMÓCRATAS El gobierno del presidente Pedro Castillo Terrones es una veleta, porque carece de un derrotero claro y comete a menudo errores en la elección de ministros y funcionarios de confianza.

Desde que asumió las riendas del país, Castillo ha dado pasos de ciego, lo que genera incertidumbre y desazón; sin embargo, eso mismo sucedió -aunque no con la misma rapidez- en los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

En consecuencia, es un gobierno deslucido y con muchas cosas que cuestionar y denunciar, como el intento de interferir en el ascenso de los máximos jefes de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, ninguno de estos errores y posibles delitos, que ya son investigados por el Ministerio Público, constituyen razones para desconocer la legitimidad del presidente Castillo.

La teoría dice que la democracia para que funcione debe lograr el equilibrio entre dos criterios elementales: la legitimidad y la eficiencia.

Actualmente, hay legitimidad, pero no hay eficiencia. Eso no puede ser, no obstante, causal de vacancia.

Pero hay un grupo, conformado por políticos y liderado por los perdedores Keiko Fujimori y Rafael Aliaga López, obsesionados con promover la vacancia presidencial. Así como hay un grupo de empresarios, agrupados en la oscura Cofradía del pisco, que apoya decididamente acciones que quieren romper con el orden constitucional. A estos se suman los operadores políticos y mediáticos que refuerzan la idea de que la única salida viable en el país es el desafuero del jefe de Estado.

Todos ellos se han autoproclamado defensores de la democracia, pero irónicamente han sido los que desde la finalización de la votación y la publicación de los primeros resultados oficiales quisieron desconocer su derrota. Son los mismos que alegaron un supuesto “fraude en mesa” y fueron desmentidos por organismos internacionales que avalan la limpieza de las elecciones.

Son los mismos que se han negado a reconocer y llamar presidente al presidente Pedro Castillo, que ostenta el cargo, así no les guste a muchos que haya ganado la elección con menos de 50.000 votos. Ser demócrata es respetar la voluntad de la mayoría.

Todos ellos ahora son los promotores de que se rompa el mandato del presidente y, por ende, la sucesión constitucional que debe ocurrir cada cinco años. Son, en concreto, los falsos demócratas. Son demócratas de papel que quieren destruir lo poco de institucionalidad que se ha construido en el país en las dos últimas décadas.

Alcalde de Megantoni no fue vacado pese a probado nepotismo El alcalde Daniel Ríos Sebastián no fue vacado por los regidores de la Municipalidad Distrital de Megantoni, La Convención (Cusco) y tampoco por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La vacancia por nepotismo fue solicitada por un ciudadano. El alcalde contrató en 2019 a su hermano Nicanor Ríos Sebastián como obrero en la obra Mejoramiento de la institución educativa inicial 376 en la comunidad nativa Nuevo Mundo.

El nepotismo fue corroborado por un informe de la Contraloría General de la República, a través de las planillas y el pago de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Sin embargo, el 17 de febrero de 2020, el JNE ratificó el acuerdo del Concejo Municipal -del 25 de noviembre de 2019-, que rechazó la solicitud de vacancia presentada contra Daniel Ríos Se-

bastián. A pesar de las evidencias entregadas -incluido el informe de la Contraloría- los miembros del organismo electoral no vieron que hubiera causal para el desafuero del burgomaestre.

Según la Contraloría, la gestión municipal modificó documentos para encubrir la configuración de un acto de nepotismo. Demostró el vínculo de parentesco en segundo grado de consanguinidad.

Posteriormente, la entidad modificó los documentos antes entregados a la comisión auditora con el propósito de evitar la confirmación de un acto de nepotismo: Modificó la planilla de pago de personal obrero y suprimió de los registros al hermano del titular de la entidad.

Pese a estas pruebas, Daniel Ríos no fue vacado. Privilegios de ser el alcalde de uno de los distritos más millonarios del Perú.

Daniel Ríos Sebastián debió ser vacado por nepotismo, pero fue salvado por el JNE.

EDITOR GENERAL: Miguel Gutiérrez Chero

COMITÉ EDITORIAL: Centro Bartolomé de Las Casas - CBC

Correo: pulsoregionalcusco@gmail.com Dirección: Barrio Profesional A-8/3er piso

EDITOR PERIODÍSTICO: José Salcedo Ccama

Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu – CEDEP AYLLU

www.pulsoregional.pe

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: Cristian Yarin Trujillo

Derechos Humanos Sin Fronteras DHSF

FOTO PORTADA: Miguel Gutiérrez

Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH

pulsoregionalcusco Impreso en: ARTEYPAPEL /Av. Pardo 526, Cusco / Cel: 957 532 826 - 944 197113 Tiraje: 1.000

Informe / 3

20 años sin justicia ESTERILIZACIONES FORZADAS. Entre 1995 y 2000, el gobierno autocrático de Alberto Fujimori impulsó el denominado Programa Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que estuvo destinado a combatir la pobreza.

Durante ese periodo se practicaron cerca de 300.000 ligaduras de trompas y vasectomías. La Defensoría del Pueblo identificó que durante ese tiempo se realizaron 272.028 operaciones a mujeres y 22.004 a varones.

Felicia Mamani tenía 29 años cuando fue llevada al centro de salud para ser esterilizada sin su consentimiento. Ahora tiene 53 y recuerda cómo la afectó la violación de su derecho sexual y reproductivo. “Me entraron a la sala de operación, estuve en una camilla y la anestesia me pusieron por vía suero. A mí no me hizo efecto la anestesia. Me dijeron cuenta y conté hasta 1.000 y seguía así (despierta). Cuando estaba despierta me han cortado. Sentí dolor como si me estuvieran cortando con Gillette”.

Era mayo de 1995 cuando Inés Condori Anaya viajó a Cusco junto a un familiar para hacerse una revisión médica general en el Hospital Regional de la Ciudad Imperial. Entró al nosocomio a las ocho de la mañana, una enfermera se quedó con su hija y ella fue llevada a una sala del segundo piso donde vio a varias mujeres sentadas y echadas, que se quejaban de dolor a gritos. “¡Ay, ay, gritaban!”,

recuerda Inés Condori.

Han pasado 20 años desde que se denunciaron las esterilizaciones forzadas y la justicia sigue siendo esquiva.

Hace poco se cambió al juez Rafael Martín Martínez, lo que aumenta la sospecha de que quieren dilatar el proceso, aunque este es investigado por presunta corrupción. Las víctimas de esterilizaciones forzadas, la defensa legal y organismos de derechos humanos se pronunciaron sobre la resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que cambió al juez a cargo del caso de esterilizaciones forzadas.

Rafael Martín Martínez no ha resuelto si abrirá investigación judicial contra Alberto Fujimori y sus exministros de Salud, Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer, y el actual congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga.

“Exigimos que el juez Rafael Martín Martínez concluya con la lectura de la resolución, que no aplace más su de-

cisión y que se garantice la continuidad de la audiencia en un plazo razonable o acudiremos a las instancias internacionales”, señaló Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Hasta el cierre de esta edición no había una resolución.

Por su parte, María Ysabel Cedano, abogada de Demus, indicó que la Junta Nacional de Justicia tiene que pronunciarse y actuar frente a estas irregularidades. “Desde el 11 de enero de este año, el juez ha vulnerado la debida diligencia reforzada y el derecho al plazo razonable.

Nos tienen que dar explicaciones de la decisión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial […] El juez Martín Martínez no va más y debe ser retirado”, explicó.

En tanto, el abogado de Demus, Milton Campos, indicó que, desde el 14 de setiembre de este año, el juez ha podido dar a conocer la decisión de abrir o no la investigación judicial a los involucrados en el caso de esterilizaciones forzadas. Señaló que no se trata de una sentencia, sino de una decisión que abre la posibilidad de conocer la verdad.

En tanto, Inés Condori, presidenta de la Asociación de Mujeres Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de Chumbivilcas, manifestó su indignación con la resolución. “Para nosotras este cambio es un maltrato. Son más de 20 años pidiendo justicia. Muchas mujeres han fallecido en este camino, pero nosotras vamos a permanecer firmes ante el maltrato del sistema de justicia”, reclamó Condori.

Mujeres esterilizadas siguen a la espera de sanción contra Alberto Fujimori, Alejandro Aguinaga y otros autores de violaciones a los derechos humanos.

4 / Informe MIGUEL GUTIÉRREZ.

Los defensores sociales son sometidos a engorrosos procesos judiciales por haber impulsado protestas en defensa de sus territorios y el medio ambiente.

Defensores sociales bajo amenaza Escribe: José Víctor Salcedo

SIN PROTECCIÓN. Solo en 2020, en plena crisis de la pandemia, seis defensores fueron asesinados en el Perú. Un informe de la organización Global Witness señala que a nivel global 227 personas defensoras ambientales fueron asesinadas durante el 2020. El Perú ocupa el noveno lugar entre los países con mayor cantidad de ataques registrados en el mundo. Cusco y Apurímac son regiones con una alta tasa de ataques a los defensores y defensoras.

Los derechos de los defensores sociales y las comunidades campesinas en el país siempre están bajo amenaza. Según la organización Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), solo en Cusco hay

más de 60 casos de denuncias penales contra líderes y lideresas por haber salido a protestar para defender sus derechos, sus territorios y el medio ambiente.

Desde inicios de noviembre em-

pezó una campaña para exigir al Gobierno que defienda y garantice los derechos de las comunidades campesinas y los defensores sociales. Solo en 2020, en plena crisis de la pandemia, seis defensores fueron asesinados en el Perú. Un informe de la organización Global Witness señala que a nivel global 227 personas defensoras ambientales fueron asesinadas durante el 2020. El Perú ocupa el noveno lugar entre los países con mayor cantidad de ataques registrados en el mundo.

Cada región presentó casos de defensores y defensoras perseguidas judicialmente por empresas y por el Estado peruano. Pulso Regional presenta en esta edición algunos casos de criminalización registrados en Cusco y Apurímac, donde los conflictos están vinculados con la actividad minera de MMG Las Bambas, Hudbay Perú y Glencore Antapaccay.

Tortura judicial Victoria Quispesivana Corrales es una defensora campesina de la provincia de Chumbivilcas, en Cusco. En 2011 se

Informe / 5 desempeñó como presidenta del Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas (Fudich). A finales de aquel año la población chumbivilcana empezó un paro indefinido en contra de la empresa minera Anabi S.A.C., a la que acusaban de contaminar el río de la comunidad campesina de Pumallacta, en el distrito de Quiñota.

La jornada de protesta se cumplió entre el 14 de diciembre de 2011 y el 5 de febrero de 2012. Durante esos días se registraron marchas, bloqueo de vías, retención de vehículos mineros y de trabajadores de contratistas de la minera, y el incendio del campamento de Anabi.

Esos hechos fueron denunciados por Anabi SAC y sus contratistas Maya SAC, Solexport, Ajani y Club Anabi.

Años después, la Fiscalía identificó a diez exdirigentes y los responsabilizó de

los hechos. Una de las denunciadas era Victoria Quispesivana, pese a que el día de los disturbios y el incendio ella no se encontraba en la zona del conflicto.

La lista también estaba conformada por Jaime Mantilla Chancuaña, Juan Ataucuri Mancilla, Luciano Ataucuri Chávez y Samuel Acero Hurtado. Asimismo, Urbano Cjula Cáceres, Esteban Alvis Ccahuana, Wilber García Huaycani, Grimaldo Asto Puma y Edgardo Aguirre Pacheco.

Los delitos atribuidos a doña Victoria -y los otros defensores- eran siete: secuestro, violación de domicilio por penetrar en negocio ajeno, robo agravado, destrucción de bienes muebles e inmuebles, contra medios de transporte, contra el normal funcionamiento del transporte público, y disturbios.

El fiscal del caso era Willian Solier Guevara. Este concluyó que había

concurso real de delitos. El fiscal Solier Guevara solicitó que se les imponga hasta 35 años de cárcel.

Victoria Quispesivana tuvo que afrontar nueve tortuosos años de citaciones en la Fiscalía y el Poder Judicial.

El 6 de enero del 2020, la Sala Penal de Apelaciones de Canchis desechó la acusación y absolvió a doña Victoria. Los jueces concluyeron que la acusación no incluía pruebas y presentaba otro tipo de deficiencias de fondo y forma, y dispusieron que se investigue la conducta del fiscal Willian Solier Guevara.

La Fiscalía, la Procuraduría del Ministerio del Interior y Anabi S.A.C., Mur Wy S.A.C. y Maya S.A.C. apelaron. Los apelantes querían la realización de una nueva audiencia de juicio oral. El 4 de febrero de 2021, el colegiado de la Sala Penal de Apelaciones de Canchis declaró infundada la apelación. No obstante, esta decisión ha sido cuestionada con un recurso de casación. La casación está en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Un proceso de 8 años

Victoria Quispesivana espera que la Corte Suprema haga justicia y la absuelva de la absurda acusación en su contra.

RED MUQUI

Rodolfo Abarca, exdirigente de Cotabambas, cuestiona que a ellos los persiguen y no a los policías que mataron a tres campesinos.

La imagen de Oscar Mollohuanca Cruz esposado y sacado por un grupo de policías del local de la Municipalidad Provincial de Espinar (Cusco) circuló en todos los medios de comunicación del país. Era el mediodía del 30 de mayo de 2012.

Mollohuanca Cruz, entonces alcalde de Espinar, había sido detenido bajo el supuesto de haber impulsado con recursos públicos la protesta en contra de la minera Xstrata Tintaya (hoy Antapaccay Glencore). También fue detenido el presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar, Herbert Huamán Llave.

La población de Espinar emprendió una huelga pidiendo, entre otras cosas, la reformulación del Convenio Marco con la minera Xstrata Tintaya. El convenio suscrito en 2003 considera un aporte económico de la empresa equivalente al 3% de sus utilidades anuales.

La dirigencia exigía que el porcentaje mínimamente se duplique, porque la gigante Glencore había empezado a explotar su mina Antapaccay, que tiene un mayor volumen de explotación que Tintaya. Hasta hoy sigue pendiente de solución al pedido de la reformulación del Convenio Marco.

Oscar Mollohuanca fue subido ese mismo día a un helicóptero y trasladado a la sede de la Corte Superior de Justicia del Cusco. Dos días después fue llevado e internado en el penal de Ica.

Mollohuanca fue liberado 16 días después, luego de que se rechazara el pedido de prisión preventiva. Sin embargo, el caso siguió su trámite en Ica.

El Ministerio Público tuvo que modificar hasta en tres ocasiones la acusación fiscal porque tenía deficiencias, según el juez de Ica. Después de varios años, en 2016, la Fiscalía acusó y pidió

6 / Informe 10 años de cárcel para Mollohuanca y sus coacusados.

Después, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica solicitó 20 años de prisión efectiva por los delitos de atentado contra la seguridad común, entorpecimiento de los servicios públicos y disturbios. Asimismo, pidió una reparación civil de 100 mil nuevos soles y 250 días de multa a razón de 30% de sus haberes diarios (un total de 1875 soles).

Después de varias modificaciones de la acusación y las penas, el caso llegó a juicio y hubo sentencia. Mollohuanca y sus coacusados fueron declarados inocentes en julio de 2017. Sin embargo, la Procuraduría del Ministerio del Interior y la Fiscalía apelaron y, en 2018, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Ica declaró la nulidad de la sentencia en primera instancia, ordenando que todo debía regresar a fojas cero e iniciar nuevamente el juicio.

El proceso ya lleva 8 años con todo lo que ello implica para los dirigentes criminalizados: traslados continuos desde Espinar a la región Ica (unas 18 horas de trayecto), gastos onerosos en asesoría legal, trámites engorrosos, además de la tensión y la amenaza permanente de una posible sentencia desfavorable. El 8 de octubre inició el juicio oral.

Perseguidos en Las Bambas En 2015, Rodolfo Abarca era presidente del Frente Único de Defensa de los In-

tereses de la Provincia de Cotabambas, en la región Apurímac. En setiembre de aquel año, la población de esa provincia inició una protesta en contra de la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Las Bambas, propiedad de MMG Limited, que cambió el mineroducto por el corredor minero el sur sin consultar a las comunidades campesinas.

Aquel día hubo enfrentamientos con la Policía, cuando los manifestantes intentaron ingresar al campamento de la mina. Hubo tres campesinos muertos por impacto de bala y decenas resultaron heridos.

Como ocurre en este tipo de casos, la minera y el Ministerio de Interior denunciaron a los manifestantes. Después de algunos años, la Fiscalía acusó y solicitó entre 11, 15 y 17 años de prisión por los presuntos delitos de disturbios, daño agravado, además de tenencia ilegal de armas y explosivos. Pidió, además, una reparación civil de 20 mil soles a favor del Estado. En tanto, la compañía MMG Limited ratificó su pedido de reparación civil por 88 mil 600 dólares por daños a la propiedad privada. Uno de los acusados es Rodolfo Abarca. “Somos más de 40 criminalizados. Estamos pidiendo que el Ministerio Público y el Poder Judicial se pronuncien”, demandó Abarca.

Asimismo, cuestionó que solo las denuncias en contra de los defensores tengan avances y no aquellos casos que buscan responsables de los campesinos asesinados en la protesta. “Cuando se

trata de nosotros los procesos sí avanzan y nos llevan a juicio, pero los casos por la muerte de nuestros compañeros no avanzan, se olvidan”.

Luego de varias audiencias, el 19 de octubre del 2018, la jueza del Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas, Patricia Valenza Olivera, emitió el auto de enjuiciamiento contra 19 ciudadanos cotabambinos.

Los abogados de los acusados solicitaron el archivamiento del caso, sosteniendo la insuficiencia de medios probatorios en la acusación fiscal; sin embargo, ese pedido fue denegado por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas.

En marzo de 2020, el juez del Juzgado Unipersonal de Cotabambas, Andrés Abelino Aguilar, absolvió de culpa y pena a los 19 defensores procesados. Sin embargo, esta decisión fue apelada, por lo que el caso continúa abierto, pese a que no hay pruebas en contra de los denunciados.

Dos campesinos fueron enviados a prisión preventiva por seis meses en 2015. Se trata de Javier Mamani Coaquira y Edward Quispe Ccuno, quienes fueron recluidos en el penal de Quencoro de Cusco. Mamani y Quispe fueron liberados en marzo de 2016, tras pagar una caución económica de 5 mil y 2 mil soles, respectivamente.

Durante el proceso, la prueba de absorción atómica realizada a los comuneros Edward Quispe y Javier Mamami – acusados de uso de armas de fuego contra la empresa- no fue concluyente.

ANDINA

Oscar Mollohuanca, ex alcalde de Espinar, lleva ocho años procesado por haber respaldado las protestas de su población.

Informe / 7

Seis universitarios sometidos a juicio sin pruebas en Cusco Escribe: José Víctor Salcedo

ACUSACIÓN. El fiscal provincial de Wanchaq, John Jerí Montalvo, pide seis años para Piter Huilca, Sayhagon Huamaní y Giovan Huamaní, y cuatro años de prisión suspendida para Juan Soncco, Blanca Alejo y Henrry Huamán. Se les acusa de haber destruido el cerco perimétrico del Aeropuerto Alejandro Velasco Astete durante las protestas contra el indulto de Alberto Fujimori, en diciembre de 2017.

Seis estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac) corren el riesgo de ser sentenciados por el delito de disturbios. Se trata de Juan Gabriel Soncco Bellido, Blanca Nélida Alejo Villegas, Giovan Roel Huamani Ramos, Sayhagon Huamaní Chuquirimay, Henrry Gonzalo Huamán Cruz y Piter Mamani Huillca.

En setiembre, el fiscal provincial de Wanchaq, John Jerí Montalvo, presentó su requerimiento de acusación en contra de los jóvenes. El titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, Guido Castillo Lira, programó para el 5 de noviembre la audiencia preliminar de control de acusación, pero esta fue reprogramada para el 16 de diciembre.

El fiscal pide una sanción de seis años de prisión para Piter Huilca, Sayhagon Huamaní y Giovan Huamaní, y cuatro de prisión suspendida para Juan Soncco, Blanca Alejo y Henrry Huamán.

Los estudiantes son señalados como responsables del derrumbamiento de 14.53 metros lineales del cerco perimétrico del Aeropuerto Alejandro Velasco Astete de la Ciudad Imperial, ocurrido el 27 de diciembre del 2017, durante las protestas de rechazo al indulto de Alberto Fujimori.

Sin embargo, la acusación tiene inconsistencias, porque se basa en cuatro actas policiales, el testimonio de un personal de seguridad del aeropuerto y la constatación de lo destruido en la manifestación. “La prueba es que son alumnos de la Unsaac, corroborado por un informe de la Unsaac, y, según el fiscal, eso determina que han sido los responsables. Inaudito,

increíble”, dice Dora Monzón Valverde, abogada defensora de dos acusados.

La insuficiencia de pruebas La mañana del 27 de diciembre del 2017, cientos de universitarios iniciaron una movilización desde la ciudad universitaria de Perayoc en contra del indulto concedido por el entonces presidente Pedro

Pablo Kuczynski a favor de Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad y corrupción. La marcha llegó hasta el óvalo Libertadores, adyacente al terminal aéreo cusqueño.

Un grupo de 30 a 50 personas -según testimonios de policías y un agente de seguridad del aeropuerto- se separó de la multitud y se dirigió a la vía Expresa donde derribó, según la Fiscalía, la pared del aeropuerto.

Fueron casi medio centenar de manifestantes los que participaron en la destrucción del muro. ¿Cómo se identificó a los seis procesados y sobre quienes ahora pesa una acusación fiscal? El fiscal solo se basa en las actas de intervención policial, el testimonio de un trabajador del aeropuerto y fotos del muro derribado.

Ese 27 de diciembre, cuando el muro fue derribado, cuatro equipos policiales intervinieron casi en simultáneo a los seis estudiantes enjuiciados. No obstante, en las actas de intervención solo dicen que “al parecer habrían participado en los daños materiales causados contra el muro del aeropuerto”. Solo una presunción. A pesar de eso, la Fiscalía solicita 4 y 6 años de cárcel, así como el pago en forma solidaria una reparación civil a favor del Estado de S/ 3.000 y el costo de la reposición del muro destruido valorizado en S/ 32.015.

Los jóvenes de la Unsaac exigen que los denunciados sean absueltos, porque no hay pruebas que los incriminen.

8 / Informe

Un país al borde del abismo CRISIS SOBRE CRISIS. Después de cinco años con cuatro presidentes producto de la inestabilidad política, Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País apuntan a vacar al actual jefe de Estado, Pedro Castillo. Si la moción de Patricia Chirinos no prospera -como parece que ocurrirá- buscarán bajar de 87 a 79 el número de votos que se necesitan para alcanzar la vacancia. Lo que se viene es un periodo de permanente crisis.

La vacancia presidencial siempre fue la prioridad de los perdedores de la elección pasada. Ahora que son oposición del deslucido y errático gobierno de Pedro Castillo Terrones quieren ejecutar esa acción lo antes posible.

Los partidos Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular (FP) tienen como agenda principal el desafuero del jefe de Estado. El dueño de Renovación Popular y excandidato presidencial, Rafael López Aliaga, dijo en Lima que el presidente Castillo y la vicepresidente Dina Boluarte deberían ser vacados “antes de fin de año”.

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, anunció la presentación de una moción para vacar al presidente Pedro Castillo por la causal de permanente incapacidad moral. Inicialmente parecía que solo era un globo de ensayo. Sin

embargo, a la iniciativa se sumaron rápidamente las bancadas de FP, Renovación Popular y Avanza País. Los otros grupos consideraron que “no es el momento”.

Es irónico que quienes apoyan la iniciativa de vacar al jefe de Estado por incapacidad moral permanente sean Keiko Fujimori, acusada por el delito de lavado de activos y con un pedido de más de 30 años de cárcel; Rafael López Aliaga, accionista y apoderado de un grupo de empresas deudoras del Estado por S/34.6 millones; y Patricia Chirinos, quien fue parte del corrupto partido Chim Pum Callao que lideró Alex Curi. Curi fue condenado y cumplió su pena, y Chirinos nunca cuestionó la corrupción en la ciudad del puerto.

“En Fuerza Popular (FP) creemos que este gobierno viene demostrando una permanente incapacidad para conducir el

ANDINA

Como en el quinquenio pasado, el Congreso agita la vacancia presidencial bajo el argumento de la incapacidad moral permanente.

país. Por ese motivo, la bancada de FP ha decidido firmar la moción de vacancia presidencial”, escribió Keiko Fujimori en su cuenta de Twitter. En campaña, sin embargo, había señalado que la vacancia debería ser regulada para evitar crisis.

Vacancia o disolución Para el abogado y analista político, Oscar Matutti Sánchez, es una medida que parece “prematura”. “El pedido de vacancia es prematuro, porque esto (la vacancia) es inminente. Estamos camino o a una disolución del Congreso o, en todo caso, a una posible vacancia presidencial en los próximos meses”.

Matutti Sánchez consideró que reducir el debate político a la vacancia del presidente o la disolución del Congreso profundiza la crisis y la inestabilidad política y económica. “Nuestras credenciales democráticas como nación están siendo cuestionadas. No podemos vivir en un eterno colapso del sistema democrático o con riesgo permanente de colapso, siempre al borde del abismo. Este enfrentamiento crónico entre el Congreso y el Ejecutivo, que viene desde el anterior periodo cuando tuvimos cuatro presidentes, hace que las cosas no pinten bien para el país”.

La oposición también, según la revista Hildebrandt en sus trece, también alista cambios en el reglamento del Congreso para bajar de 87 a 79 la cantidad de votos para vacar al presidente o, en su defecto, apelar al inciso 1 del artículo 114 de la Constitución para suspender en el cargo a Castillo. “El ejercicio de la presidencia de la república se suspende por: 1) Incapacidad temporal del presidente, declarada por el Congreso”, señala ese artículo.

“Lo que se está viendo es que se trataría de normas inconstitucionales, de normas que están modificando las facultades presidenciales señaladas en la Constitución. Este enfrentamiento va a continuar y se vienen tiempos de mayor confrontación, y eso va a crear inestabilidad, lo que bajará el nivel de crecimiento”, señaló Matutti Sánchez.

En tanto, el secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, Germán Santoyo, se mostró en contra de la vacancia, porque una medida de ese tipo no solucionará los problemas que tiene el país. Sin embargo, el respaldo ciudadano al jefe de Estado cayó sustancialmente en las regiones del interior del país, que lo apoyaron en las elecciones.

Informe / 9

Cultura andina: desarrollo con enfoque intercultural Escribe: Juan Carlos Sacsa Díaz (*) En primer lugar, podríamos hacer el intento de identificar a nuestros hermanos y hermanas campesinas como personas de mucho conocimiento, con valores, tradiciones marcadas y orientadas a generar, construir y propiciar respeto mutuo y recíproco.

En el mundo andino se tienen bien arraigadas las ideas de territorio, medio ambiente, comunidad, relación familiar, social y productiva. Estos elementos sirven para fortalecer su identidad cultural.

Así mismo, en el mundo andino se practica una cultura democrática digna de ser tomada como ejemplo. Ahí funcionan las reglas informales, donde las normas morales y sociales autogratifican la conciencia andina con el reconocimiento social, creándoles autoestima elevada dentro de sus unidades familiares.

Debemos considerar al mundo andino como un pueblo heredero de grandes civilizaciones, donde resalta su capacidad de invención, a través de un trabajo constante de domesticación de la naturaleza (la papa, la llama, otros productos) con fuerza y decisión, con una clara relación hombre y ambiente, con costumbres, formas de organización propias y distinta a las costumbres y mentalidad europea.

Por lo tanto, se debe apoyar a construir cotidianamente la democracia y la igualdad para todos. La verdadera lucha contra la desigualdad está en el compromiso total de crear proyectos de civilización sin exclusión y responder al futuro de la humanidad. El reto está en construir una sociedad justa, democrática en las decisiones, haciendo conocer la lucha y la esperanza de los más animados al cambio.

El desafío es derribar las fronteras para que cada uno sea el vecino de aquellos que en otros países cada día luchan por una vida justa con derechos. Debemos reflexionar a partir de las manifestaciones culturales como el idioma, el folklore, la cosmovisión andina, entre otros aspectos relevantes, resultado de una creación andina basada en la justicia, la fraternidad, la democracia, la equidad.

No debemos pensar el mundo andino como elementos exóticos, protagonistas de escenas degradantes y atentatorias a la dignidad humana como son la pobreza

extrema, el alcoholismo, la baja autoestima, sujetos de compasión, pena, misericordia.

Si se construyen proyectos, programas, reformas, evoluciones, etc., sin presencia de los andinos en condiciones de igualdad, estaremos llevando, inevitablemente, con nosotros la miseria. En esta lucha por la cohesión social y en contra de la exclusión y de la extrema pobreza debemos ser instancias que generemos una corriente de opinión y de consulta nacional/regional, creando mejores condiciones para el desarrollo real de las poblaciones andinas.

Los programas y proyectos de desarrollo deben incluir las fortalezas y oportunidades de los pueblos andinos y originarios, aprovechando sus ventajas ante las desigualdades a las que están expuestos.

Asimismo, deben crear mecanismos de participación que permitan cogestionar las diferentes iniciativas en los territorios.

Lo que no le gustaría al mundo andino es ser mostrado como un mundo sometido, destruido, corrupto, con una mentalidad alienada con valores im-

puestos, con una pérdida progresiva de estos.

Una investigación del Banco Mundial nos muestra que ahora con la globalización de la economía (por lo general población andina), son los más excluidos de la prosperidad y puso en evidencia no solo al hambre, la dependencia, la fatalidad de vivienda, etc., sino también la vergüenza, la dependencia, la injusticia, la humillación y la ausencia de protección.

El trabajo de quienes buscamos el pleno desarrollo de los pueblos debe estar dentro de una perspectiva educativa, incorporando el conocimiento de la cosmovisión andina, con un claro enfoque intercultural.

También se debe considerar la relación positiva entre los distintos grupos culturales y confrontar la discriminación, el racismo y la exclusión económica. La interculturalidad debe ser un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones orientadas a generar, construir y propiciar el respeto mutuo y a el desarrollo pleno de las capacidades de las personas.

Finalmente, es importante resaltar que los programas y proyectos deben ser trabajados con enfoque de derechos, interculturalidad y género, propiciando el fortalecimiento de ciudadanía, estableciendo relaciones de igualdad y respeto, sin discriminación. (*) Antropólogo y coordinador de Proyecto del CEDEP AYLLU.

La cultura andina tiene bien arraigada la idea de territorio, medio ambiente, comunidad, relación familiar, social y productiva.

10 / Informe

DEFENSORES INDEFENSOS Fotos: Miguel Gutiérrez Chero

Las y los defensores son aquellas personas que deciden alzar su voz de protesta cuando sus derechos son vulnerados. Sin embargo, como respuesta reciben represión policial, criminalización y estigmatización.

Caso Espinar. Durante las protestas del 2012 contra la minera Antapaccay hubo tres personas asesinadas. Hasta hoy no hay investigación.

Poblador de Espinar: “Aquí, antes, había un cerro”.

Caso Urinsaya: Dirigentes durante juicio virtual.

Informe / 11

En Chumbivilcas, hay denuncias por disparos.

El juicio por las esterilizaciones forzadas continúa.

Espinar: Pobladores denuncian muertes de ganado.

12 / Informe PUEBLOS EN CAMINO

Hugo Blanco Galdós fue el precursor de los movimientos campesinos que nacieron en La Convención y que expulsaron a los gamonales.

Hugo Blanco: una vida sin tregua Escribe: Alberto García Campana (*)

EL OTOÑO DEL PATRIARCA. Fue Blanco el que sembró la semilla que se convirtió en una vigorosa movilización que, partiendo del reclamo por mejores condiciones para los peones que labraban la tierra del hacendado, se convirtió luego en una lucha vigorosa por la expropiación de las tierras y su reparto entre los campesinos. Fue miembro de la Asamblea Constituyente en 1978. Cuando se excedía en el tiempo que le era conferido, el presidente de la Asamblea, Víctor Raúl Haya de la Torre, le advertía que su tiempo había terminado. Blanco respondía: ¡Miren quién habla! “[…]Ahora ya camina lento, como perdonando al tiempo […]”. El pasado 15 de noviembre, Hugo Blanco cumplió 87 años de vida. Nacido en 1943 en el distrito de Huanoquite – Paruro, Blanco Galdós puede preciarse de haber vivido intensamente cada momento de su existencia. Desde sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Ciencias, hasta sus recientes luchas

por el agua y el medio ambiente a través de la revista Lucha indígena, el barbudo personaje es, al mismo tiempo, casi venerado y también casi odiado.

Tal vez, lo más conocido de él, parte del mito y la leyenda, es que escopeta en mano puso en fuga a los hacendados que perpetraron abusos contra los campesinos en la provincia de La Convención. El terra-

teniente Romainville fue uno de los primeros en dejar su hacienda y escapar al Cusco. Fue en ese momento en que empezó a sonar en todo el país el nombre de Hugo Blanco Galdós.

¡Tierra o muerte!

Bajo este grito de combate, se formó en el distrito de Maranura el primer sindicato de campesinos de todo el país. Y fue Hugo Blanco el que sembró la semilla que muy poco tiempo después se convirtió en una vigorosa movilización que, partiendo del reclamo por mejores condiciones para los peones que labraban la tierra del hacendado, se convirtió luego en una lucha vigorosa por la expropiación de las tierras y su reparto entre los campesinos, entonces reducidos a pongos, es decir, labradores que trabajaban las chacras del gran señor a cambio del derecho de administrar una pequeña parcela a la que le dedicaban solamente los días domingo, ya que de lunes a sábado, de sol a sol, debían laborar en las haciendas bajo la mirada amenazante del mayordomo encargado por el hacendado.

La movilización campesina en La Convención desembocó en enfrentamientos sangrientos entre los campesinos y la policía. A mediados de 1962 y cuando Hugo Blanco se retiraba del lugar de la pelea, acompañado de algunos leales dirigentes, penetró en la comisaría del distrito de Santa Teresa, donde en un confuso incidente disparó contra un policía, causándole la muerte.

Informe / 13

Capturado meses más tarde, los tribunales condenaron a Hugo Blanco a 25 años de cárcel, aunque se reservaron la posibilidad de aplicarle la pena de muerte.

Mientras esperaba la ejecución en una cárcel de Tacna, llegó el indulto otorgado por el general Juan Velasco Alvarado, quien había asumido la presidencia del Perú en octubre de 1968.

Sin patrones ni generales Recuperada su libertad, el líder campesino de las revueltas en La Convención no amainó su confrontación contra el poder, y blandiendo su mítica figura y proclamando el lema “sin patrones ni generales”, postuló al Congreso Constituyente en 1978, alcanzando la tercera votación más alta a nivel de todo el país, solamente por detrás de Víctor Raúl Haya de la Torre (Partido Aprista) y Luis Bedoya Reyes (Partido Popular Cristiano).

En el Parlamento Nacional, Blanco Galdón no destacó precisamente por sus iniciativas legislativas ni por su labor fiscalizadora, sino por sus permanentes y ásperos debates con Haya de la Torre. Blanco, áspero polemista, se excedía en el tiempo que le era conferido, y cuando el presidente de la Asamblea Constituyente, Haya de la Torre, le advertía que su tiempo había terminado, Blanco respondía invariablemente: ¡Miren quién habla!

El veterano líder aprista no soportó las agresiones verbales del guerrillero convenciano y le impuso numerosas sanciones, algunas de ellas llegaron hasta los 180 días sin goce de haber. Al día siguiente de la suspensión, Hugo Blanco era visto en las calles del centro de Lima, vendiendo bolsitas de café molido y vistiendo su viejo pantalón jean sostenido por una soguilla en lugar de cinturón.

En 1980, siempre como integrante del Frente Obrero, Campesino, Estudiantil y Popular del Perú (FOCEP), liderado por Genaro Ledesma, Blanco fue elegido parlamentario, representación que ostentó hasta 1985.

Volvió en 1990 al Senado de la República y su mandato duró solamente dos años, pues el Poder Legislativo fue disuelto en 1992 por Fujimori. Allí terminaron las andanzas electorales del guerrillero convenciano, quien pasó a acompañar a las organizaciones defensoras de los cultivos legales de la hoja de coca.

Agua y medio ambiente En los años crepusculares, Hugo Blanco dejó las luchas callejeras -aunque siempre acompañó a los manifestantes desde una discreta segunda fila- y se asignó a sí mismo la tarea de defender el agua y el medio ambiente. Los últimos registros fotográficos de él datan de hace un año, cuando la población salió a rechazar el golpe parlamentario encabezado por Manuel Merino.

En su dilatada trayectoria, Blanco estableció relaciones con movimientos de izquierda de varios países, entre ellos los zapatistas de México. Estando en la cárcel,

En 1978, Hugo Blanco fue elegido como integrante de la Asamblea Constituyente, con la tercera mayor votación.

PUEBLOS EN CAMINO

trabó amistad con el destacado novelista José María Arguedas, quien después le dedicaría emotivas piezas literarias.

Una de las últimas noticias que se tiene de Hugo Blanco, es su lucha por defender su pequeña chacra en Chaupimayo, donde algunos años atrás había sembrado café, cacao y frutales. La mezquindad de algunos lugareños pretendió arrebatarle esa propiedad, aduciendo que el terreno se encontraba “abandonado”. Sin duda, entre cosechar café y viajar por el mundo predicando la defensa del agua y el medio ambiente, Blanco escogió lo segundo.

Una modesta habitación ubicada en el local de la Federación de Campesinos del Cusco, ubicada en la calle Hospital, es uno de sus refugios finales.

Que la historia lo juzgue De Hugo Blanco se ha hablado mucho. Se ha hablado bien y se ha hablado mal. Pero, lo que no puede dejar de reconocerse es su participación protagónica en las luchas so-

ciales y políticas en el Perú en las últimas décadas. Quizás, Hugo Blanco no podrá decir, como Fidel Castro, “la historia me absolverá”, pero sin duda, espera que el juicio de la historia le sea benévolo.

El patriarca de las luchas campesinas por el derecho a la tierra ha ingresado a la parte crepuscular de su existencia. Las primaveras de puños en alto han dejado su lugar al otoño de las reflexiones.

En los distritos convencianos, allí donde las revueltas campesinas echaron de las haciendas a los gamonales, debe quedar algún recuerdo de los largos y vigorosos pasos de Hugo Blanco.

El guerrillero espera, para cuando llegue el momento final, que se cumpla su última voluntad: ser enterrado, de pie, en las faldas del cerro más grande del distrito de Huanoquite. Querrá seguir nutriendo, seguramente, las luchas por la justicia social y la reivindicación de los pobres. (*) Catedrático de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

14 / Informe

2022: Un año para cerrar desigualdades y brechas de género Escribe: Jorge L. Sáenz A. (*)

Las elecciones del 2022 deben ser una oportunidad para poner en debate el cierre de brechas. El voto ciudadano será fundamental.

AGENDA URGENTE. En octubre del próximo año elegiremos a las nuevas autoridades regionales y municipales, lo que es una buena oportunidad para que el debate electoral se centre en la construcción de una agenda de desarrollo local para el cierre de brechas. Asimismo, se debe discutir sobre el proceso de descentralización.

Nuestro país está saliendo de una emergencia sanitaria por la presencia de la Covid-19, que hasta la fecha tiene como consecuencia 200.767 muertes (Minsa, 18/11/2021). Si bien la vacunación está avanzando, los efectos de la pandemia todavía continúan y estarán presentes por un largo periodo. Esta pandemia nos ha llamado la atención sobre la precariedad – nula en algunos territorios- de los servicios públicos que tenemos como país, así como nos está increpando sobre las brechas sociales que se mantienen.

Es urgente la recuperación del país y los Gobiernos locales tienen un rol importante. ¿Cuál es el rol y los desafíos de

los Gobiernos locales para la promoción del desarrollo sostenible en el contexto de pandemia?

Debemos recordar que nos encontramos en un proceso de descentralización que tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación de competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la población, según la Ley de Bases de la Descentralización.

Y las competencias y funciones de las municipalidades -según el artículo 73 de la Ley Orgánica de Municipalidades-

están relacionadas a la organización del espacio físico, servicios públicos locales, protección y conservación del ambiente, desarrollo y economía local, participación vecinal, promoción de la salud, promoción de los derechos de la población y servicios sociales locales.

Los retos locales Entonces, podemos decir que la responsabilidad principal de las municipalidades es la promoción del desarrollo sostenible local, que debe tomar en cuenta la situación y consecuencias de la pandemia. ¿Cuáles son los retos de las municipalidades para que la población mejore la situación de todas las personas, situación agravada por la pandemia?

Destacamos la promoción del turismo sostenible, la gestión concertada del desarrollo local, la planificación participativa, el fortalecimiento de la participación ciudadana, la promoción de la agricultura familiar y del desarrollo económico local, la gestión del territorio, el cierre de las brechas de género, entre

Informe / 15 otras. También tienen un rol importante en la implementación del proceso de descentralización y fortalecimiento de la gobernanza territorial, tomando en cuenta la cultura de las poblaciones.

La pandemia acrecentó las desigualdades y las brechas de género. Las mujeres perdieron sus empleos y disminuyeron sus actividades económicas; las niñas están siendo expulsadas del sistema educativo, la violencia hacia las mujeres se incrementó, y los ejercicios ciudadanos están suspendidos.

integrantes del grupo familiar; promoción del ejercicio de los derechos ciudadanos; fortalecimiento de la participación ciudadana, entre otros.

La población y la sociedad civil tienen propuestas, que tienen que ser parte de una elaboración participativa de una agenda de desarrollo local, y deben ser difundidas para la incidencia política.

Las y los candidatos tienen la obligación

de escuchar las voces de la ciudadanía y de la sociedad civil a través de sus propuestas, y que estas propuestas sean parte del debate electoral y de los compromisos que asuman cuando lleguen a ser Gobierno. Es momento de iniciar el debate ciudadano para la promoción y gestión del desarrollo regional y local sostenible. (*) Centro Bartolomé de Las Casas (CBC) ANDINA

Llega un año electoral Termina el 2021 y el 2022 es un año electoral. En octubre del próximo año elegiremos a las nuevas autoridades regionales y municipales, lo que es una buena oportunidad para que los retos -señalados líneas arriba- sean parte de la agenda y del debate electoral.

Los temas que deben ser parte de la discusión electoral son el fortalecimiento del proceso de descentralización y del tejido social; estrategias para la formulación participativa de políticas locales para el cierre de brechas y la equidad de género; actualización de los planes de desarrollo concertado que incluya en enfoque de género; promoción del desarrollo económico local; prevención y atención de la violencia contra las mujeres e

La corrupción también es un problema que impide cerrar las brechas sociales.

JUAN CARLOS TORO

La pobreza y la falta de servicios básicos son los principales problemas que afectan a las personas en regiones.

16 / Informe EL PERUANO

El empresario Rafael López Aliaga se quiso vender como un empresario ejemplar, pero resultó siendo un deudor del Estado y maltratador de sus trabajadores.

Los cuestionados negocios de Rafael López Aliaga en el sur PeruRail bajo la lupa

Escribe: José Víctor Salcedo MILLONARIO NEGOCIO. Hoteles y trenes entre Arequipa y Cusco son manejados por empresas vinculadas al ex candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Este político, además, es uno de los que abiertamente apoya la vacancia presidencial. Durante la pandemia impulsó el despido masivo de trabajadores de sus hoteles. No prosperó en 34 casos. Un empresario ejemplar, no es.

Durante la campaña presidencial, Rafael López Aliaga intentó vender una imagen de empresario multimillonario y exitoso.

Poco a poco, sin embargo, su careta se fue difuminando y mostró su verdadero rostro de empresario abusivo y político ultraconservador, misógino e irrespetuoso.

López Aliaga, además, según la investigación de medios como OjoPúblico y La República, es accionista o apo-

derado de un grupo de empresas que, en conjunto, tienen deudas tributarias con el Estado por S/34.6 millones. Un empresario ejemplar, no es.

Algunas empresas de López Aliaga funcionan en Arequipa, Cusco y Apurímac. Cada una tiene un conflicto social que atender o cuestionamientos a la legalidad de las concesiones y permisos otorgados.

Ferrocarril Trasandino (Fetransa) tiene la concesión del sistema en el sistema ferroviario sur (Puno y Arequipa) y sur oriente (Cusco-Machupicchu-Hidroeléctrica).

PeruRail es la empresa operadora de trenes y se encarga del servicio de transporte de pasajeros y carga. Ambas tienen como accionista al excandidato presidencial e impulsor de la vacancia del presidente Pedro Castillo.

Fetransa y PeruRail tienen la misma dirección en Cusco. Se ubican en la Av. Pachacutec sin número del distrito de Wanchaq. Además, el domicilio fiscal de ambas empresas también es el mismo: Av. Armendariz 480 INT. 601 de la urbanización Armendariz del distrito de Miraflores, en Lima.

El 27 de julio, último día de la gestión del expresidente Francisco Sagasti, PeruRail recibió la renovación del permiso de operaciones, que estará vigente entre el 21 de setiembre de 2021 y el 20 de setiembre de 2026. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), “la gestión del ministro Juan Silva ha identificado una presunta irregularidad. Por ello, ha iniciado una investigación para determinar si el procedimiento se realizó en el marco de la ley”.

Informe / 17

Cuestionada concesión a Fetransa El sistema ferroviario sur y sur oriente fue concesionado a Fetransa. La empresa no habría cumplido con lo que manda el contrato. Un informe del grupo de trabajo de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso (2016-2019) concluyó que Fetransa incurrió en causal de caducidad del contrato. Fetransa obtuvo la concesión por 30 años para administrar la vía férrea. El plazo corría desde el 19 de julio de 1999. Luego, con una adenda, le aumentaron otros 5 años.

Según el informe, hay vicios e incumplimiento de algunos puntos del contrato. Se recomendó al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) tramitar la caducidad del contrato. Ositran no movió un dedo para cumplir esa recomendación, mientras que la empresa niega que haya incumplido las cláusulas del contrato.

Ese informe precisa que la empresa no cuenta con la certificación FRA II (estándares técnicos que garanticen la operación y la infraestructura vial ferroviaria) de un óptimo servicio. En el contrato, Fetransa asumió el compromiso de alcanzar esos estándares dentro de los cinco primeros años de la concesión, plazo que venció en 2004.

económica (comisión fija y variable) de la adenda del Hotel Sanctuary Lodge hasta el 2023, cumplió con las cláusulas contractuales y la normativa y legislación correspondiente.

Además, una comisión del Consejo Regional investigó esa adenda en 2018 y concluyó que la firma de la adenda al contrato de concesión no fue refrendada con un acuerdo regional como establece la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. En consecuencia, esta devendría en ilegal y contribuiría a la posibilidad de anularla.

Belmond debe pagar dos montos mensuales: una comisión fija establecida en $10.000 y otra variable que equivale al 8% de la suma total de los “ingresos brutos mensuales”. Un monto irrisorio si consideramos que el costo más barato de una noche en una habitación del Sanctuary Lodge es de S/3.729.

Los despidos en pandemia No solo eso. La empresa de López Aliaga, cuando empezó la pandemia, reci-

bió un préstamo del Banco Interbank de S/10 millones en el marco del programa estatal Reactiva Perú, que buscaba evitar despidos al garantizar la cadena de pagos.

Sin embargo, echando mano a ese dinero, según Hernán Flores Siancas, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Hotel Monasterio del Cusco – Perú Belmond Hotels S.A., la empresa impulsó el despido de 66 trabajadores de los hoteles Sanctuary Lodge y Monasterio de Cusco, y Las Casitas del Colca, en Arequipa.

En julio pasado, la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo desaprobó el cese de los 34 trabajadores, porque Perú Belmond Hotels S.A. no cumplió con el requisito de entregar a los empleados información pertinente y sustentada sobre la situación de la empresa y las razones que justifican el pedido de cese colectivo. Sin embargo, hasta esa fecha, 32 trabajadores ya habían aceptado el cese de mutuo disenso.

Hotel Sanctuary Lodge López Aliaga también es accionista de Perú Holding de Turismo S.A.A. (PHT), que administra tres hoteles en Cusco y uno en Arequipa, junto a la famosa cadena hotelera Belmond. Belmond administra el hotel Sanctuary Lodge, el único que se ubica en la puerta de ingreso a la ciudadela de Machupicchu. La comisión del Congreso también halló vicios en su concesión y recomendó pedir la nulidad del contrato.

Ese grupo de trabajo recomendó al Gobierno Regional de Cusco fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la concesionaria. Asimismo, el Consejo Regional pidió al gobernador regional Jean Paul Benavente que proceda a caducar el contrato. Hay un proceso de nulidad en apelación ante la Corte Suprema de Justicia.

Este hotel fue concesionado por Alberto Fujimori a la empresa Perú OEH S.A. (ahora Perú Belmond Hotels S.A.).

El contrato fue suscrito el 27 de enero de 1995 por 20 años hasta el 2015. Sin embargo, lo ampliaron por otros diez años con una adenda en el gobierno de Jorge Acurio Tito en noviembre de 2013.

El procurador regional, Pedro Galicia Pimentel, asegura que la adenda no tuvo la autorización del Consejo Regional, por lo que se pidió la nulidad. El 12 de octubre pasado, la Contraloría comunicó a la actual gestión del Gobierno Regional de Cusco el inicio de las acciones de control para determinar de manera exhaustiva si la suscripción y retribución

Un grupo de trabajo del Congreso disuelto concluyó que Fetransa incumplió el contrato y debía caducar la concesión del sistema ferroviario.

La adenda que amplió la concesión del hotel Sanctuary Lodge hasta el 2025 tiene visos de irregularidad. Contraloría investiga el caso.

18 / Informe

Los viejos conflictos con la minería

En Espinar, el conflicto con la minera se arrasa por los menos desde hace 30 años, aunque la Defensoría lo tiene mapeado desde el 2005.

Escribe: José Víctor Salcedo

les conflictos de la provincia de Espinar, en la región Cusco, en contra de la minera Antapaccay, así como del distrito de Livitaca, provincia cusqueña de Chumbivilcas, en contra de la minera Hudbay Perú. Ambos conflictos se activaron en octubre y recién fueron atendidos por la PCM.

Viejos conflictos sociales MILLONARIO NEGOCIO. Hoteles y trenes entre Arequipa y Cusco son manejados por empresas vinculadas al ex candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Este político, además, es uno de los que abiertamente apoya la vacancia presidencial. Durante la pandemia impulsó el despido masivo de trabajadores de sus hoteles. No prosperó en 34 casos. Un empresario ejemplar, no es.

La Defensoría del Pueblo publica cada mes un reporte pormenorizado de los conflictos sociales. El documento de setiembre contenía una lista de alertas tempranas de 22 conflictos que estaban por activarse.

Allí aparecía el caso de la comunidad de Aquia, del distrito del mismo nombre, de la provincia de Bolognesi (Áncash). “Caso en observación. Puede devenir en un nuevo conflicto social”, alertó la Defensoría.

En la relación de casos también figuraba el conflicto de la provincia de Cotabambas, en la región Apurímac, que se activó en octubre con un paro indefinido y el bloqueo del corredor minero del sur. La medida de fuerza fue suspendida el 27 de octubre, tras la llegada de la primera ministra Mirtha Vásquez y la reinstalación de la mesa de diálogo.

Asimismo, aparecen los potencia-

Según la Defensoría del Pueblo, hasta octubre había 198 conflictos sociales entre activos y latentes. Y en la lista de alertas tempranas de ese mes aparece el conflicto en las provincias de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara, en la región Ayacucho, que detonó en actos de violencia.

“Posterior al cambio de fechas por parte del Ejecutivo para la instalación de la mesa de diálogo, los frentes de defensa solicitaron que la reunión se lleve a cabo el 18 de noviembre en el distrito de Cora Cora con la presencia de la premier, de lo contrario reanudarán su medida de protesta”, dice la Defensoría.

El coordinador del Área Legal de Derechos Humanos Sin Fronteras, Helio Cruz, recordó que el conflicto en Ayacucho empezó en 2019 y se centró en demandas por la calidad de agua para consumo humano, obligaciones de las empresas mineras para el cierre de sus actividades,

Entrevista / 19 potenciar la actividad agrícola y pecuaria, elaborar una agenda de desarrollo y proteger las principales cuencas hídricas.

La reunión se desarrolló el 18 de noviembre y el acuerdo más importante fue procesar el cierre de minas, que está programado a pedido de las propias empresas. Se trata del cierre de la unidad minera Apumayo que está en fase de cierre final; Pallancata está en cierre progresivo hasta diciembre y empieza el cierre final a partir de 2022; Inmaculada inicia el cierre final en 2022, y Breapampa tiene un plan de cierre progresivo que se extiende hasta el 2023. Ese acuerdo provocó una reacción airada de los gremios empresariales y mineros en contra del Ejecutivo nacional.

Al respecto, Cruz señala: “Ciertamente, la empresa privada tiene derechos, pero no los tiene por encima de los derechos fundamentales que tiene la ciudadanía, y más aún en comunidades campesinas originarias que tienen derechos colectivos como a la consulta previa, el consentimiento y la participación, que fueron manipuladas o simplemente el gobierno no lo implementó”.

Los viejos conflictos Si uno revisa caso por caso verá que hay muchos conflictos que datan de hace 15, 10 y 5 años, lo que muestra el poco interés del Estado y de las empresas mineras para

El corredor minero es bloqueado constantemente, porque Las Bambas no resuelve los pasivos que arrastra.

Este es el mapa de conflictos del país hasta octubre, según la Defensoría del Pueblo.

solucionar las demandas de las poblaciones de su zona de influencia.

En 2009 surgió la oposición de agricultores, pobladores y autoridades locales de la provincia de Islay, región Arequipa, al proyecto Tía María de la empresa minera Southern Perú por temor a posibles daños ambientales y afectación a la agricultura. En abril de 2011 se declaró inadmisible el Estudio de Impacto Ambiental (EIA); en agosto de 2014 se aprueba el EIA y el conflicto se reinicia produciéndose graves hechos de violencia.

Actualmente, ante el vencimiento del plazo de vigencia del EIA, el Gobierno le ha otorgado a la empresa la licencia de construcción. “Esta decisión ha reavivado las protestas en las provincias de Islay y Arequipa. Ubicación: Distritos de Deán Valdivia, Cocachacra y Punta de Bombón, provincia de Islay, región Arequipa”, señala el reporte de la Defensoría.

Otro caso. En mayo de 2005 empezó el conflicto de la provincia cusqueña de Espinar, en la región Cusco, contra la empresa minera Glencore Antapaccay. Cabe precisar que esta empresa compró la mina en 2011 a Xstrata Tintaya. Los pobladores exigen al Estado y a la compañía minera el cumplimiento de los acuerdos asumidos en la mesa de diálogo de julio de 2013: un plan de acción ambiental y sanitaria, y un programa de inversiones.

En abril de 2019, el Gobierno nacional, autoridades y dirigentes sociales de Espinar acordaron el reinició el diálogo denominado “Mesa de diálogo para el desarrollo sostenible de la provincia de Espinar”. Poco han avanzado las negociaciones y el riesgo del reinicio del conflicto es latente.

Desde el 2008, la Organización para el Desarrollo de las Comunidades Fronterizas de El Cenepa (Odecofroc) y la comunidad de Antiguo Kamam se oponen al desarrollo de la actividad minera en la Cordillera del Cóndor. Temen la contaminación de los ríos Sawientsa, Comaina, Marañón y Amazonas y la afectación del ecosistema del Parque Nacional Ichigkat Muja, de la Zona Reservada Santiago – Comaina y de la Reserva Comunal Tuntanain. Exigen que se reconozca el área de creación del Parque Nacional lchigkat Muja con 152 mil 873,76 hectáreas. El conflicto está en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui (Amazonas).

La Defensoría mapeó minuciosamente muchos otros conflictos sociales de larga data y que se reactivarán debido a la falta de solución a las demandas ciudadanas. ¿Qué hizo el Estado y los sucesivos gobiernos para solucionarlos? Casi nada.

Actuaron como bomberos. Solo reaccionan cuando el conflicto comenzaba a escalar en intensidad y detonaron en violencia.

Instalaron mesas de diálogo que no resolvieron casi nada o muy poco.

Entre 2006 y octubre de 2020 hubo 289 fallecidos en conflictos sociales, la mayoría civiles. Y, claro, aquellos medios preocupados por la paralización de las actividades mineras no trataron el tema de los fallecidos. Era más importante la minería que la vida de una persona.

CINCO SIGLOS RESISTIENDO Fotos: Miguel Gutiérrez La reactivación también fue cultural.

Así, las y los descendientes de Túpac Amaru II y Micaela Bastidas les rindieron homenaje en la conmemoración por los 241 años del inicio de su rebelión. Este símbolo de resistencia contra la dominación española no es solo un acto decorativo, es más bien una ceremonia de agradecimiento y de identidad. El homenaje es una hermosa y valiente forma de decir: ¡Aquí estamos, esto somos, seguimos resistiendo!