Pulso Regional

La Revista del Sur | Año 04 | #38 - Diciembre 2020

Corrupción y violaciones a los derechos humanos minan la legitimidad del Estado y alimentan el rechazo a los políticos.

País en crisis

2 / Editorial

La última.

Editorial Generación del Bicentenario La muerte de los jóvenes Inti Sotelo Camargo, de 24 años, y Bryan Pintado Sánchez, de 22, a causa de la criminal represión del gobierno de facto de Manuel Merino, demostró que estamos ante una juventud con capacidad de indignación y capaz de responder cuando la democracia está en riesgo.

La llamada “Generación del Bicentenario” lideró la indignación, traducida en masivas protestas en todo el país, en contra de la clase política, que se había acostumbrado a anteponer sus intereses particulares a los intereses nacionales.

Como en el 2015, cuando salieron en rechazo a la Ley Pulpín, aquella norma que precarizaba el trabajo para los jóvenes, se organizaron en sus círculos más cercanos y en sus barrios y, luego, tomaron las calles en contra de los políticos. Una cualidad destacable es que la mayoría no tiene militancia política, que no es lo mismo que ser apolítico.

Aunque se trata de jóvenes que crecieron en un período de democracia y de estabilidad económica, ellos perciben que las instituciones no están funcionando bien, y, por ende, decidieron protestar para cambiar el statu quo. Algunos han planteado la necesidad de impulsar una asamblea constituyente para elaborar, como en Chile, una nueva Constitución Política.

Desde que empezaron las manifestaciones, sin embargo, hubo intentos de deslegitimación y estigmatización. Les dijeron –además del ya manido terruqueo- que eran una “manada” utilizada por algunos políticos. Estas personas no entendieron la indignación ciudadana y el hastío con la forma en que se usa el poder para beneficio propio. El despertar de los jóvenes muestra que hay esperanzas para el cambio en el Perú.

Nota al cierre de edición

Segunda ola de COVID-19 llegaría en 2021 El Ministerio de Salud (Minsa) informó que una eventual segunda ola pandémica por COVID-19 en el Perú ocurrirá en 2021. Según el Documento Técnico: Plan de preparación y respuesta ante un posible brote, hay tres posibles escenarios ante una segunda ola: leve, más probable y peor.

Si Perú afronta un escenario leve llegaría a tener 811 mil 363 nuevos contagios y habría 14 mil 60 fallecimientos. En un contexto intermedio o más probable se podrían reportar más de un millón de casos positivos y 17 mil 189 defunciones. Y en el peor de los escenarios, el más crítico o peor, los infectados ascenderían a 2 millones 434 mil 89, mientras que los muertos sumarían 19 mil 785.

El trabajo del Minsa precisa que los que actualmente están infectados ya no volverán a contagiarse con el virus en una segunda ola. No obstante, la situación podría cambiar para mejor si se halla una vacuna segura y eficiente. Eso evitaría llegar al segundo momento crítico de la pandemia.

Otro asunto importante es que más allá de las proyecciones se debe fortalecer la participación multisectorial en los tres niveles de Gobierno, la prevención y control de la transmisión comunitaria, la detección de los casos de coronavirus e investigación epidemiológica, así como la respuesta rápida de la atención de pacientes y el conocimiento de la población sobre el virus.

Gobierno dispone que establecimientos de salud se preparen para una eventual segunda ola.

EDITOR GENERAL: Miguel Gutiérrez Chero

COMITÉ EDITORIAL: Centro Bartolomé de Las Casas - CBC

Correo: pulsoregionalcusco@gmail.com Dirección: Barrio Profesional A-8/3er piso

EDITOR PERIODÍSTICO: José Salcedo Ccama

Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu – CEDEP AYLLU

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DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: Cristian Yarin Trujillo

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Informe / 3

Los cuatro magistrados del TC que rehuyeron a su responsabilidad pasarán a la historia como enemigos del Estado de derecho.

Congreso con carta libre para vacar a presidentes IRRESPONSABLES. Los magistrados del Tribunal Constitucional Augusto Ferrero, Manuel Miranda, Ernesto Blume y José Luis Sardón decidieron por mayoría que no era necesario limitar la “incapacidad moral permanente” para evitar su uso abusivo.

El Perú tuvo tres presidentes en una sola semana. Un grupo de 105 congresistas, en un acto golpista, destituyó al entonces presidente Martín Vizcarra el 9 de noviembre pasado. Al día siguiente asumió el cargo Manuel Merino de Lama, quien tuvo que renunciar el 15 de noviembre ante el masivo rechazo ciudadano. Y el 17 juró el actual jefe de Estado de transición, Francisco Sagasti.

Sin embargo, la crisis no ha terminado y este vergonzoso capítulo podría repetirse nuevamente. Sucede que el Tribunal Constitucional (TC) decidió que el Congreso puede seguir usando la figura de la incapacidad moral permanente para impulsar la vacancia presidencial. En un

fallo duramente criticado, declaró infundada la acción competencial presentada contra el primer pedido de vacancia del expresidente Vizcarra. Tampoco puso límites a la interpretación de esta causal fijada en la Constitución Política.

Con ello, el Legislativo puede seguir echando mano a esta figura para impulsar la salida de los jefes del Estado en el futuro, aunque no haya fundamentos para hacerlo, solo con la finalidad de desestabilizar al Gobierno.

Se negaron a hacer la precisión los magistrados Augusto Ferrero, Manuel Miranda, Ernesto Blume y José Luis Sardón. Mientras que la apoyaron los tribunos Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña.

“Lamento profundamente que la mayoría de mis colegas magistrados del Tribunal Constitucional, órgano de cierre del sistema de justicia en el Perú, haya desperdiciado la ocasión para definir el difuso, subjetivo, ambiguo y arbitrario término de ‘incapacidad moral permanente’”, sostuvo el tribuno Ramos Núñez.

En contraste, el magistrado Ernesto Blume sostuvo que el concepto de incapacidad moral permanente es una cláusula abierta que habilita al Congreso a diversas situaciones. “Ese concepto no debe estar claro porque depende de

cada situación de la peculiaridad”, expresó.

Más allá de si se declaraba fundada o no la demanda, si el TC hubiera estado a la altura de las circunstancias históricas, habría dotado de predictibilidad y seguridad al precario sistema político peruano. “El TC no es cualquier tribunal de justicia para refugiarse en subterfugios formalistas; es una Corte de la que se espera decisiones trascendentales que marquen el derrotero institucional del país. Queda que el próximo Congreso o una Asamblea Constituyente o elimine esa causal de vacancia o la limite objetivamente”, dijo Ramos.

Cabe precisar que la ambigüedad de la “incapacidad moral permanente” ocurre porque es una figura introducida en la Constitución de 1839. El investigador Abraham García Chávarri sostiene que, para algunos autores, el término “moral” debe traducirse como “mental”, tal y como se entendía aquella dimensión en el siglo XIX, que es la época cuando aparece por vez primera.

Si se entendiera que “incapacidad moral” equivale a “incapacidad mental”, la controversia estaría resuelta y la causal sería de la misma naturaleza objetiva y fáctica que las otras causales de vacancia estipulaciones en la Constitución.

4 / Informe

La corrupción quebranta la democracia Escribe: Henry Delgado Urrutia, ex procurador anticorrupción del Cusco

Los expresidentes Toledo, García, Humala, Kuczynski y Vizcarra están inmersos en denuncias por corrupción. García ya no porque se suicidó.

PROBLEMA NACIONAL. El aprovechamiento de cargos para robar las arcas públicas volvió a ponerse en evidencia con los últimos casos develados: Los cuellos blancos, Lava Jato, Club de la construcción y otros. Según la Contraloría General de la República, el Perú perdió, solo en el 2019, S/ 23 000 millones por corrupción e inconducta funcional. Mientras más corrupto es el sistema, más se debilitan las instituciones del Estado.

El Perú, en este 2020, como en ningún otro año, se ha enfrentado al problema sanitario por el COVID-19. Este hecho ha puesto en riesgo la sobrevivencia de la población y del mundo entero. Para paliar esta contingencia de salud, el Estado ha tenido que implementar una serie de acciones para combatir y tratar de disminuir no solo la enfermedad devenida del coronavirus, sino de las muertes que ésta ocasionó y enlutó a todos los peruanos.

Entre las acciones implementadas por el Estado se encuentran las desarrolladas en el ámbito de la Salud, Educación, Economía, etc., recurriendo a aspectos presupuestarios para adquirir equipos médicos, compra y distribución de canastas de alimentos para la población y entrega de bonos para los peruanos vulnerables

-que por cierto no ha llegado a todos-.

Ahora bien. A las acciones señaladas precedentemente se sumaron el desempleo creciente, la muerte y los contagios que en un momento llegó a colocar al Perú en el segundo país en Sudamérica con mayores infectados con COVID-19, pese al confinamiento estricto dispuesto por el Estado.

El Ministerio Público, según datos de la Procuraduría Nacional Anticorrupción, hasta junio de 2020, investigaba más de 869 casos, en su mayoría, por los delitos de cohecho, negociación incompatible, colusión, peculado y otros tipos penales que se encuentran contemplados en los delitos contra la administración pública. Esto es corroborado con el informe n.° 344-2020, emitido por la Contraloría Ge-

neral de la República, en el que concluyó que “el Perú pierde anualmente S/23 000 millones por corrupción e inconducta funcional”.

Frente al sombrío panorama descrito, es evidente que los daños y efectos sociales de la corrupción son complejos, llegando incluso a la inestabilidad institucional y política. Lo que ha devenido en que tengamos hasta tres presidentes de la República en una sola semana y dos muertes provocadas por un mal accionar de algunos integrantes de la Policía (que está en investigación). El malestar creciente de la ciudadanía surge porque ya no cree en sus autoridades.

Corrupción del sistema La corrupción ha penetrado a todo el sistema. La caída del régimen autoritario del exdictador Alberto Fujimori, en noviembre del 2000 (e inclusive desde mucho antes, según los datos del libro “Historia de la Corrupción en el Perú” de Alfonso Quiroz), develó una red de corrupción que había venido actuando sistemáticamente y que involucró a los más altos funcionarios vinculados a dicho régimen y que muchos de ellos purgan penitenciaria.

A esto, casi 20 años después, se suma el caso “Lava Jato” que involucra en supuestos cobros de coimas a los últi-

Informe / 5 ANDINA

mos cuatro expresidentes de la República: Alejandro Toledo Manrique, Alan García Pérez, Ollanta Humala Tasso y Pedro Pablo Kuczynski. El otro escándalo de grandes proporciones es el caso “Club de la construcción”, que involucra a un grupo de empresas peruanas y extranjeras que se repartían obras viales a cambio del pago de coimas. Uno de los implicados recientemente es el expresidente Martín Vizcarra.

Tan grave como los dos anteriores es el caso “Los cuellos blancos”, que demostró que algunos jueces y fiscales eran parte de una organización criminal que negociaba procesos judiciales, puestos de trabajo y pedía favores a cambio de torcer la justicia.

Corrupción en las regiones En las regiones del país, hasta el 4 junio de 2020, la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción presentó 264 denuncias ante el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción cometidos durante el estado de emergencia.

Del total de casos, el 51% se concentra en siete regiones del país: Áncash, Lima, Arequipa, La Libertad, Junín, Ayacucho y Cajamarca. Cusco no ha sido la excepción, sobre todo, porque las investigaciones, en su mayoría, están relacionadas a las contrataciones públicas de bienes y servicios, como la adquisición de implementos de bioseguridad, equipos médicos, productos de limpieza y aseo personal, alimentos, entre otros. Estos presuntos delitos habrían sido cometidos

Los fiscales del equipo especial Lava Jato llevan varios años investigando y hasta ahora no hay acusación.

en municipalidades distritales y provinciales, gobiernos regionales, áreas policiales, entre otros.

Sin duda alguna, la corrupción ha mermado la confianza de la población en las autoridades e instituciones. La ineficiencia e incapacidad, además del aprovechamiento de los recursos públicos en favor de unos pocos, rompe las bases sociales de la ciudadanía, llevándola a un clima de anomia y desestructuración social.

Así, cada 9 de diciembre se recuerda el Día Internacional contra la Corrup-

ción, decidida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Frente al hecho antes señalado tiene especial relevancia en nuestro país, sobre todo este 2020, por los últimos sucesos. Por lo tanto, la lucha contra la corrupción implica investigación, juzgamiento, sanción y reparación para el fortalecimiento de la democracia en nuestro país.

Finalmente, la corrupción como lo vivimos en el día a día no solo socava y mina el desarrollo y progreso del Perú, sino también de sus regiones, afectando la democracia y la gobernabilidad.

LA REPÚBLICA

La empresa Graña y Montero es una de las inmersas en el caso “Club de la construcción”.

6 / Informe

La corrupción del “Club de la construcción” en Cusco ANDINA

El ex presidente regional del Cusco, Jorge Acurio Tito, es investigado por haber supuestamente recibido más de S/ 15 millones de coimas por concesionar las redes viales.

OBRAS SUBASTADAS. CONCAR, ICCGSA y Consorcio Peruano de Conservación obtuvieron la buena pro de tres redes viales por más de S/ 713 millones.

Obras no fueron concluidas y empresas cobrando más de 400 millones a la Región. Proceso se hizo, según el Congreso, en tiempo récord: 24 horas. Contraloría halló favorecimientos y la Fiscalía investiga el caso.

El colaborador eficaz 10-2018 declaró ante el fiscal Germán Juárez Atoche que el expresidente del Cusco, Jorge Acurio Tito, recibió una coima de la empresa Obrainsa a cambio de la concesión de una obra vial.

Acurio, según este testimonio, recibió el 3% del costo a cambio de entregar la buena pro de dos de las tres redes viales: una al Consorcio Peruano de Conservación, integrado por Obrainsa y CONCAR, y otro a CONCAR. Ambas firmas forman parte del denominado “Club de la Construcción”, grupo empresarial que se habría

beneficiado en forma fraudulenta, entre 2011 y 2014, de obras públicas.

La concesión de las redes viales de Cusco está investigada por la Fiscalía Anticorrupción del Cusco. Se habla, según los documentos fiscales, de un perjuicio de 63 millones de soles en contra del Gobierno Regional de Cusco.

Las empresas del club Acurio creó el Plan Vial Regional (PVR) con un presupuesto de S/ 713 millones.

Consistía en el asfaltado con pavimento básico y trabajos de conservación rutinaria a 1500 kilómetros de carreteras, dividido en tres grandes tramos llamados redes viales 1, 2 y 3.

Se conformó una comisión Ad Hoc para que haga la licitación. Las tres redes fueron adjudicadas a tres empresas del Club de la construcción. La concesión se dio en 2012, segundo año del periodo de Acurio, con el objetivo de mejorar la interconexión vial regional para facilitar el comercio interno.

CONCAR se adjudicó la red vial 1; Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A (ICCGSA) la red 2; y el Consorcio Peruano de Conservación (CONCAR-Obrainsa) la 3. Ninguna de las empresas, por diversas razones, cumplió el contrato y las

obras viales quedaron abandonadas a medias. No obstante, las tres cobraron más de S/ 400 millones.

Cobros y vicios El Consorcio Peruano de Conservación tenía a su cargo un tramo de 524 kilómetros, que une territorios de Calca y La Convención, por S/ 226 millones 245 mil 264.44 soles. Cobró, pese al trabajo incompleto, más de S/ 200 millones de soles entre 2012 y 2016.

El informe 271-2016 de Contraloría encontró que la Región Cusco habría favorecido a Concar-Obrainsa para que cobre varios millones de soles en forma irregular durante la fase de ejecución. Los funcionarios de Acurio aprobaron tres ampliaciones de plazo pese a que eran “extemporáneos e injustificados”. Con eso evitaron que la Región cobre una penalidad por retraso de S/ 22 millones 636 mil 798.34.

Concar S.A., asociada a Graña y Montero, también hizo mal su trabajo en la red vial 1 que debía abarcar 641 kilómetros desde Chumbivilcas, pasando por Canas, Espinar y Canchis hasta llegar a Cusco.

Cobró S/ 108 millones por el “asfaltado” de la ruta. La Región hizo los pagos los años 2012, 2013 y 2015.

Informe / 7

Asimismo, ICCGSA, a la que se encargó la colocación de asfaltado básico en una extensión total de 319 kilómetros entre las provincias de Acomayo y Paruro, tuvo un trabajo deficiente. El monto de concesión supera los S/ 156 millones, de los cuales cobró más de S/ 80 millones. Los desembolsos más cuantiosos se hicieron en 2012 y 2013.

Las denuncias

ICCGSA ganó la buena por del asfaltado básico de 319 kilómetros entre las provincias de Acomayo y Paruro. La obra nunca se concluyó.

El ex consejero Alaín Alanoca es uno de los que denunció las irregularidades en las redes viales del Cusco.

Las obras viales fueron investigadas por el Consejo Regional, Congreso y la Contraloría. Un informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso de abril del 2016 advierte un dato relevante: “todos los contenidos de las bases, términos de referencia, y los expedientes de contratación se han basado en los documentos que maneja Provias Nacional para procesos de selección similares, se han copiado los mismos contenidos, los mismos formatos, y otros se han adecuado para los procesos antes mencionados”.

Los formatos de los que habla la comisión congresal son los usados para favorecer al “Club de la construcción” en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Un año después, en 2017, el entonces procurador de la Contraloría, Jaime Ortiz Rivero, denunció por colusión agravada a varios funcionarios y empresarios que participaron en la licitación y ejecución de esta obra.

El exconsejero regional, Alaín Alanoca, recuerda que aquel año también ellos interpusieron otra denuncia que incluía en los presuntos ilícitos a los exgobernantes regionales Jorge Acurio, René Concha Lezama y Edwin Licona por colusión, peculado doloso y malversación de fondos. Según la denuncia, la concesión “habría sido dirigida” a favor de Concar-Obrainsa desde la elaboración de las bases administrativas y el proceso de selección.

El fundamento de la denuncia coincide con uno de los hallazgos de la Comisión de Fiscalización: en un solo día se convocó a licitación, se elaboraron las bases y se seleccionó a las empresas ganadoras. Además, no existió un estudio de preinversión a nivel de factibilidad.

Importante testimonio

Contraloría también detectó pagos irregulares a las tres empresas durante la gestión del expresidente Jorge Acurio.

No hay que olvidar que el colaborador eficaz 06-2017 en el caso Lava Jato, exfuncionario de Odebrecht, contó a la Fiscalía que en 2012 el expresidente cusqueño les presentó esos tres proyectos y les dijo que los podía favorecerlos con la concesión a cambio de una coima del 3% del valor de cada obra. Aquella vez Odebrecht no aceptó, pero se presentó como postor para el servicio de “Gestión vial por niveles en las redes 1, 2 y 3”. No ganó. Quienes sí ganaron fueron Concar, Obrainsa e ICCGSA.

Este mismo testigo dijo que después, un intermediario de Acurio, lo buscó para proponer favorecerlo con la concesión de la avenida Evitamiento a cambio de una coima equivalente del 3% del valor de la obra. Aquella vez sí aceptó pagar la coima y ganó la vía. Acurio está con detención domiciliaria por este caso.

8 / Informe

Manuel Merino fue destituido por la calle MIGUEL GUTIÉRREZ

Cusco fue una de las ciudades donde las manifestaciones de rechazo al golpe parlamentario fueron más contundentes.

Lunes 9 de noviembre. Ocho de la noche. Uno, dos, diez, cincuenta, cien y doscientos ciudadanos, la mayoría jóvenes, pueblan las calles de la ciudad del Cusco. Apenas han pasado unos cincuenta minutos desde que 105 impresentables congresistas vacaron, haciendo uso abusivo de la figura de incapacidad moral permanente, al entonces presidente Martín Vizcarra Cornejo.

La escena se repetía con algunos matices en Lima, Arequipa y otras ciudades del país. Aquella noche se encendió la chispa de la que en los siguientes días se convertiría en una de las manifestaciones ciudadanas más masivas y contundentes de los últimos 50 años en el país.

Al día siguiente, martes 10 de noviembre, las protestas empezaron temprano. Diez de la mañana. Mientras el golpista Manuel Merino de Lama juraba como presidente de facto del Perú, miles de peruanos estaban en plazas y calles del Perú expresando su rechazo a su asunción. Por la noche no cesaban las manifestaciones de rechazo.

Merino y los otros golpistas

BOTADO. Los jóvenes de la Generación del Bicentenario echaron a Merino del cargo al que entró por la puerta falsa. El usurpador tuvo que abandonar la sede de Palacio de Gobierno por la puerta trasera.

No obstante, el Perú sigue viviendo una crisis de eficiencia y legitimidad que podría agravar el descontento social si no se corrigen los defectos del actual modelo. empezaron entonces a deslegitimar las protestas. Acusaron a los jóvenes de ser azuzados y hasta financiados por los precandidatos presidenciales Julio Guzmán (Partido Morado), Ollanta Humala (Partido Nacionalista Peruano) y Veró-

nika Mendoza (Juntos por el Perú).

La respuesta de la multitud fue deslindar con los tres políticos. Inclusive Mendoza fue abucheada en la plaza del Cusco esa misma noche. La estrategia golpista no funcionaba, el rechazo crecía aceleradamente y se extendía por todos los rincones del país. Entonces Merino y compañía, teniendo ya como primer ministro al ultraconservador y racista, Ántero Flores-Aráoz, acusaron al vacado Vizcarra de alentar el caos.

Los jóvenes no estaban dispuestos a aceptar las calumnias. “No es por Vizcarra, es por el Perú”, corearon en plazas y calles. “¡Fuera, Merino!”, “Merino golpista” y “Este Congreso no me representaba”, completaron las arengas.

Así empezó a tomar cuerpo la lucha de la Generación del Bicentenario que en cinco días “botó” al usurpador de Palacio de Gobierno.

Merino se quedó solo: sus ministros renunciaron uno tras otro (salvo Flores-Aráoz y Juan Sheput) y las Fuerzas Armadas no hicieron caso a su pedido de respaldarlo. El 15 de noviembre por la mañana renunció.

Informe / 9 El logro tuvo un enorme costo: la muerte de los jóvenes Bryan Pintado e Inti Sotelo y decenas de heridos. Ocurrió la noche del 14 de noviembre en Lima. La noche más triste en la historia política de los últimos años en el país. La noche en que las manos de Merino de Lama se mancharon de sangre inocente.

Los ausentes Mientras la calle no daba tregua, las organizaciones sindicales se mostraron ajenas a las luchas de los jóvenes y ciudadanos. En Cusco, por ejemplo, brillaba por su ausencia la Federación Departamental de Trabajadores (FDTC), la Federación Departamental de Campesinos (FDCC), el Sutep y otros gremios sindicales.

En contraste, tomaban protagonismo los colectivos de jóvenes y de mujeres, la Federación Universitaria del Cusco, asociaciones de artistas, el colectivo Perú te quiero diferente, comunidades del Valle Sagrado de los Incas y miles de jóvenes cansados de los políticos que sólo llegan al poder para beneficiarse o favorecer a sus allegados.

El 10 de noviembre hubo una reacción de la Policía que disparó bombas a los jóvenes que quisieron entrar a la plaza.

MIGUEL GUTIÉRREZ

Crisis de legitimidad El hastío tiene su raíz en la corrupción enraizada en el Estado, el aprovechamiento político y la falta de eficiencia estatal, lo que deviene en la carencia de legitimidad de las autoridades e instituciones. La consecuencia de todo esto es el debilitamiento del aparato estatal y la democracia como sistema de gobierno.

El investigador belga David Van Reybrouck explica en su libro “Contra las elecciones, cómo salvar la democracia”, que hay dos razones que debilitan la democracia: la ineficiencia y la falta de legitimidad. “La eficiencia gira en torno a la cuestión de la rapidez con que la administración es capaz de hallar soluciones válidas a los problemas que surgen. La legitimidad, por su parte, se refiere al grado en que los ciudadanos se ven reflejados en esas soluciones y hasta qué punto reconocen la autoridad el Estado”, precisa.

Actualmente vivimos un momento en el que la democracia se enfrenta tanto a una crisis de legitimidad como de eficiencia y eso ha convertido al país en una oleada de descontento social. Quizás el ejemplo más claro sea Chile donde semanas atrás se cumplió un año de las protestas sociales por esa falta de eficiencia para atender problemas ciudadanos y ausencia de legitimidad de las autoridades e instituciones chilenas.

¿El cambio de la Constitución Política es la solución? Algunos dicen que sí, otros que no necesariamente.

Será, sin embargo, el tiempo y las decisiones del gobierno de transición y el próximo régimen las que se encarguen de señalar el camino a seguir para recuperar la confianza en el Estado.

Acción Popular fue el partido más repudiado durante las manifestaciones de rechazo e indignación.

La plaza del Cusco fue el epicentro de las protestas durante los días y noches del 9 al 17 de noviembre.

10 / Página Central

Inti y Bryan, los dos jóvenes héroes del Bicentenario, que murieron el 14 de noviembre, fueron homenajeados en todas las ciudades. Cusco no fue l

Las calles del Cusco se inundaron de jóvenes conscientes de que se le debe cerrar el paso a la corrupción.

Las banderas y la camiseta de la selección eran la

la excepción.

as “armas” de los jóvenes que salieron a protestar.

Página Central / 11

Un sector de los manifestantes demandan el cambio de la Constitución Política del Perú.

FOTOS: MIGUEL GUTIÉRREZ

EL DESPERTAR DE LOS JÓVENES El 2020 será recordado como un año en el que los jóvenes despertaron y desalojaron al inquilino precario de Palacio de Gobierno en cinco días.

Aquellos peruanos menores de 25 años, que vivieron casi toda su vida en democracia y en un periodo de estabilidad económica, decidieron recuperar las calles para rechazar al gobierno de facto de Manuel Merino de Lama, quien ingresó a Palacio de Gobierno arropado por el voto de 105 congresistas, la mayoría de los cuales defienden intereses de universidades “chicha” no licenciadas y otros protegen sus intereses particulares. La calle depuso al golpista.

Durante cinco noches seguidas, los cusqueños protestaron.

Las madres de familia se unieron al rechazo con sendos cacerolazos desde sus viviendas.

12 / Informe

La extinción de las ideologías

Escribe: Alberto García Campana.

La falta de ideología y formación política es una de las características más comunes de los presidenciables. George Forsyth pertenece a esa especie.

El desaparecido líder aprista Andrés Townsend acuñó esta frase durante la campaña electoral de 1980: “Acción Popular no es un partido político, sino una federación de independientes”.

Algunos analistas atribuyen al encarcelado dictador Alberto Fujimori el haber sepultado a los partidos políticos a los que, con perversa intención, calificó de “tradicionales”, imponiendo en lugar de ellos conglomerados electorales que negaban la existencia de posturas de derecha e izquierda.

Desde entonces, las organizaciones que han participado en procesos electorales desde 1990 a la fecha, han negado su pertenencia a cualquiera de esos espacios, pero presionados por la necesidad de ubicarse, se declararon “de centro”.

Y llegamos al año 2020 en que, el favorito para ser elegido presidente del Perú, según las encuestadoras, es el candidato de una organización llamada Victo-

PARTIDOS SIN IDENTIDAD. Las organizaciones que han participado en procesos electorales desde 1990 a la fecha, han negado su pertenencia a la izquierda o la derecha, pero presionados por la necesidad de ubicarse, se declararon “de centro”. Ser de izquierda o ser de derecha había pasado de moda. El oportunismo fue rebautizado como pragmatismo. ria Nacional, encabezada por el exalcalde del distrito limeño de La Victoria, George Forsyth, quien probablemente sepa más

de patear pelotas que de doctrinas, programas e ideologías.

La “Mazamorra Negra” Así llamó Fujimori a los partidos políticos que, desde el Congreso de la República, torpedeaban las iniciativas populistas del súbdito nipón. Entonces, los partidos que entonces dominaban el escenario político, como el Apra, el Partido Popular Cristiano y Acción Popular y alianzas como Izquierda Unida y el Frente Democrático –FREDEMO-, fueron vistos como parte de un pasado que había que sepultar.

Debido a las acusaciones y a la persecución inmisericorde, muchos de esos partidos optaron por el repliegue, mientras nacían, sucesivamente, organizaciones como Cambio 90, Nueva Mayoría, Vamos Vecino y otros de similar tendencia fujimorista.

Nadie pudo ubicar a esos movi-

Informe / 13 mientos en determinado lugar del espectro político. Ser de izquierda o ser de derecha había pasado de moda. El oportunismo fue rebautizado como pragmatismo.

Nadie más osó proclamarse de izquierda en parte porque a ese segmento político el dictador insistió, con algún éxito, en relacionarlo con el terrorismo. Y la derecha era la que saqueaba el país.

Frente a una izquierda casi cómplice de la subversión (Fujimori dixit) y una derecha desfasada y arcaica, la tendencia mayoritaria se dirigía al centro. Fujimori, también obligado en los debates, se declaró “de centro”.

Alejandro Toledo, no quiso ubicarse ni a la izquierda, ni al centro ni a la derecha.

El “cholo sano y sagrado” se proclamó representante del pueblo.

Luego de un breve paréntesis en el que un partido político, el PAP, ganó las elecciones en el 2006, otra vez se pusieron de moda los independientes. La presidencia de la República fue asumida por el militar retirado Ollanta Humala, quien dijo que no era de derecha ni de izquierda, sino “de abajo”.

Después vencería en las elecciones generales otro conglomerado sin doctrina, pero sí con mucho dinero: Peruanos por el Cambio, oportunistamente inscrito como Peruanos por el Kambio, para hacer juego con las iniciales de su candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski.

El electorado fluctuó entre las aguas del populismo y los aires conservadores del pragmatismo. De Humala a PPK, pasando por Toledo. Y todos ellos

sin formación política, sin adherencia a principios, sin conocimiento de la doctrina, sin filiación ideológica. Más que partidos políticos, demostraron ser solamente estados de ánimo, y, como tales, pasajeros y volátiles.

Lo que se viene

Con el exdictador Alberto Fujimori empezó el menosprecio y la muerte de las ideologías político-partidarias.

Según las encuestadoras, la presidencia de la República la disputarán en abril del próximo año, George Forsyth, Daniel Urresti y Julio Guzmán, corriendo muy cerca de ellos Verónika Mendoza. De ese pelotón, esta última es la que acepta su militancia socialista. Mendoza es de izquierda, y eso nadie se lo discute, aunque muchos la condenen.

Los tres primeros pertenecen a organizaciones sin ideología, sin doctrina y sin principios. Victoria Nacional es solo un membrete. Alianza para el Progreso es solamente un hombre, César Acuña, respaldado por “plata como cancha”. Julio Guzmán tiene su propia organización, el Partido Morado, que nadie sabe lo que significa.

Si alguno de ellos gana las elecciones, su organización política se extinguirá, porque entre sus adherentes no hay nada en común, excepto la obsesión por el poder. Y si pierden en los comicios del próximo año, igualmente desaparecerán, porque al carecer de una estructura con alguna solidez y permanencia, probablemente resuciten en vísperas de alguna otra elección.

En consecuencia, las elecciones generales de abril del próximo año ratificarán el fin de las ideologías y darán lugar al nacimiento de formas menos decorosas pero tal vez más convenientes de entender la política.

Y si a nivel nacional el panorama es desolador, a nivel local la situación se presenta aún más preocupante, pues en cercanías a elecciones municipales y regionales, surgen movimientos que se bautizan incluso con nombres de tubérculos.

César Acuña, el candidato de la “plata como cancha”, también es un autoproclamado político de “centro”.

Julio Guzmán, del Partido Morado, es otro de la especie de “centristas”.

Estados de ánimo Caída la dictadura fujimorista, irrumpió con vehemencia un movimiento que de un proceso a otro cambió de nombre: de País Posible en 1995 pasó a ser Perú Posible en el 2000. Su candidato presidencial,

14 / Informe

Criminalización en el Corredor Minero del Sur Escribe: Helio Cruz- Derechos Humanos Sin Fronteras

El Corredor Minero es usado por mineras para transportar los minerales para exportarlos. Afectan a comunidades y ocasionan conflictos sociales.

ESTADO AUSENTE. En los últimos 20 años, las comunidades campesinas denunciaron contaminación ambiental y exigen el cumplimiento de acuerdos con el Estado y las empresas mineras. La respuesta de ambos sectores ha sido la represión.

El Corredor Minero atraviesa en el departamento de Cusco principalmente por los territorios de las provincias de Chumbivilcas y Espinar. Es utilizado para el transporte minero de los proyectos de las mineras MMG Las Bambas, Hudbay, Antapaccay y otras.

En los últimos 20 años, las comunidades campesinas denunciaron contaminación ambiental y exigen el cumplimiento de acuerdos entre los cuales está la mitigación de impactos ambientales. La actividad extractiva de recursos naturales ha modificado sustancialmente las relaciones de convivencia, teniendo varios actores en el escenario: comunidad campesina,

empresa minera, Gobierno (nacional y sub-nacional), Ministerio Público, Policía, entre otros.

Los representantes de las comunidades inician gestiones para demandar o denunciar ante el Estado, no son escuchados, hay una desatención a las exigencias de la población, se crea incertidumbre. Todo lo anterior lleva inevitablemente a ejercer el derecho a protestar, teniendo como salida la paralización del transporte que circula por el Corredor Minero o vías de acceso a las actividades mineras.

Desde el 2011 se registran eventos de protesta social que lamentablemente terminaron en represión policial.

Como resultado hubo muertos, heridos graves y leves, afectaciones de toda índole y una determinada política del Estado por presión del privado para encarcelar a dirigentes, presidentes comunales o representantes sociales que cumplen su rol de defensores de derechos humanos y del medio ambiente. Al final son sometidos al sistema de justicia (Policía, Fiscalía y Poder Judicial), obligándolos a declarar para auto incriminarse por hechos que no cometieron.

Aquí no se respeta el debido proceso y mucho menos el acceso a una defensa legal adecuada.

Espinar y Chumbivilcas son escenarios de constantes discusiones sobre la actividad minera. Las organizaciones sociales encuentran como camino inmediato instalar una “Mesa de Diálogo” y allí debatir las diversas agendas. Los dirigentes saben que las mesas son para que el Gobierno y las empresas ganen tiempo para denunciarlos, estigmatizarlos y denigrar su dignidad humana.

Sin embargo, someter a inves-

Informe / 15 LA REPÚBLICA

tigación penal a personas por su condición de dirigentes es la forma de criminalización de derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la protesta social. Todo esto agudiza el conflicto y no se soluciona las demandas y denuncias de la población, mientras que la empresa encuentra seguridad y respaldo estatal.

Criminalización La criminalización ha sido la única respuesta del Estado y de la empresa minera para evitar los cuestionamientos al impacto ambiental negativo en las comunidades que habitan alrededor de la actividad minera o para ocultar que constantemente incumplen con los acuerdos entre comunidad – empresa minera – Estado.

Esta forma de criminalización de derechos está relacionada con la acusación por parte de la Fiscalía y la empresa minera por delitos de secuestro, disturbios, daños, toma de carreteras, entorpecimiento de servicios públicos, tenencia ilegal de municiones o armas, asociación ilícita para delinquir y otros. Así, piden que sean encarcelados por hasta 35 años de pena privativa de la libertad y exigen a los dirigentes una reparación civil que supera los 5 millones de soles. Esto lo ha permitido el Estado por falta de participación y transparencia desde el inicio de la concesión y desde antes de la aprobación de los estudios de impacto ambiental.

El Estado vulnera de forma sistemática los derechos humanos, lo mismo que la empresa minera. Es decir, se afecta el derecho a la calidad de vida, a gozar de un medio ambiente sano, a la participación ciudadana, a la consulta y consentimiento, a la libertad de opinión y expresión. Asimismo, el derecho de reunión, de asociación, a la información y transparencia en materia am-

Oscar Mollohuanca, ex alcalde de Espinar, es uno de los procesados por apoyar las protestas.

biental, a la protesta, entre otros, que son continuamente vulnerados por el Estado y las mismas empresas.

Ante este contexto adverso para la población, que está obligada a convivir con la minería, el Gobierno debe desarrollar políticas públicas de protección y promoción de derechos humanos con un medio ambiente de calidad.

Esas políticas deben también estar relacionadas a mejorar la organización del Estado, porque la actual no responde a proteger derechos de comunidades.

El punto más débil es la falta de información y transparencia a partir de los estudios de impacto ambiental. No es suficiente reproducir en copias que superan las 8 mil páginas del estudio de impacto ambiental, sino es necesario socializarlas y discutirlas en la comunidad afectada.

El gobierno municipal y regional necesitan tener un rol más activo dejando de lado la limitada satisfac-

ción personal con la ejecución de proyectos de inversión por encima de los derechos que tienen los ciudadanos, ciudadanas, niños, niñas y adolescentes que habitan las comunidades afectadas.

Debo subrayar que ser menor de edad no es sinónimo de inexistencia.

La Presidencia del Consejo de Ministros, el Organismo Especializado en Fiscalización Ambiental (OEFA), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) no deben mantener una desconexión de la realidad en los territorios mineros.

Frente a este panorama, es necesario cambiar las formas de diálogo y la relación beligerante de la empresa y el Estado en contra de la población afectada. Urge pasar a una relación de convivencia pacífica, previa, informada y transparente de los acuerdos, y de las formas de mitigación ambiental.

En Chumbivilcas hubo sucesivas protestas con el bloqueo del corredor vial. Las últimas ocurrieron hace unas cuatro semanas.

16 / Informe MIGUEL GUTIÉRREZ

Una buena noticia. La prohibición del ingreso de productos transgénicos se amplió hasta el 2035.

Perú le dice no a los transgénicos Escribe: Cecilia Sueiro – Centro Bartolomé de Las Casas.

MEDIDA NECESARIA. Hasta el 31 de diciembre de 2035 se impide el ingreso y producción en el territorio nacional de Organismos Vivos Modificados (OVM), conocido como productos transgénicos. Se trata de un importante logro de organizaciones campesinas y sociales articuladas.

Estamos en medio de una crisis política, institucional y moral profunda. Las

movilizaciones en todo el país muestran que una mayoría de peruanas y peruanos buscamos cambios profundos y estamos hartos de la forma de hacer la política tradicional y que se expresa en los distintos aspectos de la vida y la cotidianeidad.

Las expresiones racistas, elitistas e ignorantes de las necesidades y exigencias de la población contrastan con la creciente búsqueda de justicia social, económica, ambiental y climática, así como de la búsqueda de la institucionalidad y formalidad que debieran estar más presentes en el debate público.

Es necesario plantear propuestas que generen la superación de las situaciones que estamos viviendo y que traten de ser algo más que parches a un

sistema resquebrajado. Tomemos como ejemplo el caso de la moratoria a los transgénicos, importante logro de organizaciones campesinas y sociales articuladas.

Buena noticia Primero recordemos lo que significa la extensión de la Ley de moratoria. Hasta el 31 de diciembre de 2035 se impide el “ingreso y producción en el territorio nacional de Organismos Vivos Modificados (OVM) con fines de cultivo o crianza, incluidos los acuáticos, a ser liberados en el ambiente”.

Sin embargo, no se prohíbe la investigación con estos OVM (los transgénicos) en espacios donde supuesta-

Informe / 17 mente no haya riesgo de liberación al campo, ni se cuestiona ni prohíbe importar productos agrícolas provenientes de siembra transgénica y/o llena de agroquímicos como lo que ocurre con los inmensos volúmenes que ingresan al país de maíz para pollos, trigo y arroz.

Igualmente, no se ha aplicado el etiquetado de productos que tengan ingredientes transgénicos y poco se ha discutido el tema durante este proceso de ampliación de la moratoria.

Un aspecto muy importante que se suma a lo anterior es que siguen siendo muy limitadas las acciones para proteger la salud de las personas y de los ecosistemas de los tan nocivos agroquímicos, usados en muchos casos con mayor intensidad, inclusive por quienes practican la pequeña agricultura familiar, poniendo en riesgo a quienes compran los productos en el mercado interno.

Lo que se quiere resaltar es cuánto hemos logrado realmente relacionar la moratoria en la introducción de semillas transgénicas con la campaña que promueva la soberanía alimentaria, con el consecuente reconocimiento de la importancia de la producción local y de la valoración del conocimiento y tecnologías tradicionales y adaptadas a los muchos y variables climas de nuestra geografía, promovidas y practicadas por los hombres y mujeres del campo.

Llamamos “convencional” a la agricultura con agroquímicos. La palabra significa acuerdo, consenso. ¿Quiere decir que hemos llegado a un acuerdo de que la producción agrícola requiere de agroquímicos? Es con la llamada revolución verde que se introducen al campo en el mundo estos “paquetes tecnológicos” que han degradado suelos, hecho menos sostenibles y más dependientes los campos e instaurado sistemas mercantilistas para la producción agrícola, encontrando su máxima expresión actualmente en los transgénicos y el modelo de patentes y negociado que significan.

El Congreso tuvo el acuerdo de avalar la demanda de las comunidades campesinas. tivo para ser rentable.

Ese modelo agropecuario extractivista se presenta como contrapuesto a las prácticas comunales que promueven la agricultura familiar. El extractivismo en el agro es altamente exigente de insumos fósiles, responde mayormente a los intereses de grandes capitales, se sustenta en la concentración de tierras y agua, se enfoca hacia mercados externos y en la importación de productos chatarra. Así, convierten los alimentos en un negociado de mercado y refuerza una relación laboral de trabajadores con limitados derechos laborales y sociales, y contribuye a generar consumidores acríticos. Es decir, muy lejos de una propuesta que se oriente a las grandes necesidades de la población peruana.

Soberanía alimentaria Entonces se hace urgente que busquemos soluciones integrales como las que plantean los caminos de la agroecolo-

gía y la soberanía alimentaria. Recuperar saberes para una producción libre y diversa, sabiendo que mientras más variedades de cultivos tengamos, más posibilidades tendremos de afrontar la crisis climática que estamos viviendo.

Diversificar la alimentación, recuperando variedades de tubérculos, granos, frutas cultivadas y plantas silvestres comestible. Acercar los lugares de producción y consumo, como parte de una comunidad mayor, fortaleciendo nuestras economías locales, resistiendo a fluctuaciones externas. Proteger ecosistemas, polinizadores, flora y fauna silvestre, para adaptarnos mejor y resistir a los riesgos de desastres.

Aceptar que las decisiones políticas no son cosa de otros o de solo momentos de elecciones, sino una práctica cotidiana y en los diversos espacios de nuestra vida. Organizarnos como una sociedad diversa pero solidaria, construyendo un país para todos y todas y no para los pocos de siempre.

LA VANGUARDIA

Agricultura familiar En el Perú, en lugar de un proceso de trabajo de recuperación y reconocimiento de tecnologías, conocimiento y prácticas tradicionales indígenas, de reconocimiento de la importancia de la producción agrícola campesina para la salud económica y alimentaria del país, de propuestas para trabajar en beneficio de la pequeña agricultura familiar, fuente de empleo del 83% de la PEA del sector agropecuario, se instauró un modelo extractivista.

En este el precio de los minerales importa más que la vida, el agua se hace ajena y se destina a productos para exportar y se promueven consumos corporativos e importación de productos agrícolas con la falsa idea de que la producción debe ser masiva y de monocul-

Los transgénicos son productos modificados usando genes de otras plantas o animales.

18 / Informe

Lucha de las mujeres por justicia Escribe: Jharit Mogollón Villafuerte. APRODEH. NODAL

Mujeres de Ica protestaron contra el vergonzoso fallo de los tres jueces que dijeron que la víctima quería tener relaciones sexuales.

Todos los días vemos en las noticias un nuevo caso de violencia de género cometida en contra de mujeres, niñas y adolescentes. Apurímac sigue siendo la región en la que la mayoría de las mujeres, por encima del 70%, son violentadas por sus parejas. Sin embargo, menos del 2% denuncia. Esta situación se agravó durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19. Fue más difícil denunciar y por tanto lograr mayor atención para la protección contra la violencia ejercida hacia las mujeres. Las denuncias descendieron por debajo del 1% durante abril, mayo y junio del 2020.

Muy a pesar de esta realidad y estadística regional, un gran sector de operadores del sistema de justicia continúa de espaldas a las demandas de justicia de las mujeres. Un terrible e indignante mal ejemplo ocurrió en el Juzgado Penal Colegiado Transitorio Zona Sur de Ica que emitió un fallo a favor del acusado por violencia sexual Gianfranco Miguel Espinoza Ramos. Los magistrados Ronald Niltón Anayhuamán Andia, Diana María Jurado Espino y Lucy Juliana Castro Chacaltana decidieron absolver al acusado argumentando que la víctima utilizaba un “calzón rojo” y que esto supone una predisposición para tener relaciones sexuales.

La sentencia dice “…por la máxima de la experiencia, este tipo de atuendo interior suele usarse en ocasiones especiales para momentos de intimidad, por lo que conlleva a inferir que la agraviada se había preparado o estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales con el imputado…”. Este tipo de “argumentos”

no solo revelan prejuicios y estereotipos machistas expandidos por la cultura patriarcal en el sistema de justicia, también limita, niega y vulnera el derecho al acceso a justicia de las víctimas. Las revictimiza y alimenta la normalización de la violencia sexual.

Después del rechazo y denuncia pública, realizada por el movimiento feminista, organizaciones por los derechos de las mujeres, así como el rechazo del Ministerio de la Mujer y el Ministerio Público, el Órgano de Control de la Magistratura suspendió por 6 meses a los tres jueces. Un importante pasó en la lucha contra la violencia sexual contra las mujeres.

Sin embargo, estos “argumentos” machistas prejuiciosos y estereotipados no son una excepción. En gran medida sigue siendo un enfoque dominante, que incluso se traduce en ejercer violencia física contra las mujeres, tal como sucedió con el hombre que trabajaba en la Corte Superior de justicia de Apurímac, que agredió brutalmente a una trabajadora de un mercado de Abancay. La Corte decidió separarlo de su institución.

Otras situaciones que afectan el eficaz acceso a justicia son las investigaciones lentas, las medidas de protección incumplidas, la falta de centros de acogida temporales, la corrupción, etc. La lista de debilidades del sistema de justicia para brindar una mejor atención es larga, por lo cual urge que sea revisado y transformado.

El 25 de noviembre se recuerda el día internacional de la no violencia contra la mujer. ¿Cuánto y en qué

hemos avanzado en materia legal para sancionar a los agresores y reparar a las víctimas?, ¿cuántos hombres agresores trabajan en instituciones públicas dedicadas a brindar justicia?, ¿cómo regular este aspecto para lograr confianza en las mujeres?, ¿no es urgente agilizar y mejorar las debilidades del sistema de justicia capacitando y fortaleciendo a los y las funcionarios con el enfoque de género e interculturalidad?

Sabemos que contamos con la Ley 30364 que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, de la que se emana una serie de acciones que autoridades regionales, locales y sistemas de gestión deben utilizar.

Sin embargo, falta mucho para que las instituciones la implementen.

Lo alentador es que cada vez hay mayores esfuerzos de las organizaciones sociales de mujeres y feministas de la región y del país que denuncian, luchan, se organizan y movilizan para hacer valer sus derechos. Además, construyen y tejen y retejen sus redes de acompañamiento, sororidad (solidaridad), apoyo y lucha colectivas, como se ha expresado también en su participación en las marchas recientes contra el golpe de estado parlamentario. El reto es enorme y el camino difícil. Pero queda claro que además de hacer valer y cumplir plenamente la Ley 30364 y trabajar una nueva Constitución, que también debe ser escrita por las mujeres de abajo y de las regiones, el reto es transformar la cultura patriarcal a fin de que lograr un mundo donde todos y todas seamos plenamente libres.

Informe / 19

Todos los Santos: Entre ofrendas, recuerdos y esperanzas Escribe: Gloria Velasco Jauregui - CEDEP AYLLU. Para nuestras culturas, principalmente andinas, los rituales de convivencia y relacionamiento con el tiempo y espacio ocupan un lugar preponderante, y la ritualidad a la muerte no es ajena a estas formas de vida. La fiesta de Todos los Santos es el momento propicio de reuniones familiares y comunales.

Todo este vínculo con los que ya no están de manera física entre nosotros supone una ritualidad única con alto contenido espiritual. En todo el sector rural es un momento sagrado de reencuentro con las almas de nuestros seres queridos que están presentes de otra forma.

La fiesta de Todos los Santos no es casual ya que noviembre es el inicio de la época de lluvias e inicio de los sembríos, por lo tanto nuestras “almitas” vuelven a nuestra pachamama y serán las semillas y se encargarán de proteger y dar vida de otra manera.

“En nuestra comunidad festejamos dos días: el primer día ofrecemos a los vivos, allí preparamos diferentes comidas que nos ha dado nuestra pachamamita y festejamos la vida en familia con nuestros ayllus; el segundo día recordamos a todos nuestros seres que ya partieron, que están ya en el más halla y ponemos las ofrendas con todas las comidas que le gustaba en vida y otros productos que nosotros producimos en nuestras comunidades.

Es una fecha que esperamos para volver a encontrarnos con los que ya nos adelantaron en el camino y siempre tenerlos presente a todos”, explica Line Sevillanos Córdoba, de la comunidad Sihuina Accha, en Paruro.

El “Aya Killa” significa “mes de los muertos”. Coincide con noviembre del calendario gregoriano, que considera la fiesta de Todos los Santos. En Ayacucho, Cusco, Apurímac y Puno los días festivos son el 1 y 2 de noviembre; días en que se consume las tanta wawas y se visita a familiares difuntos que se encuentran en el cementerio.

“Desde mi niñez soy testigo de rituales, ofrendas y homenajes a los familiares que fallecieron. Concebimos que la muerte es la continuidad de la vida terrenal en la ‘otra vida’. Es decir, para nosotros los andinos la muerte es como una conclusión, cumplimiento y culminación de una etapa de la vida.

En esa lógica justamente la fecha de retorno del difunto al reencuentro con sus familiares es el 1 y 2 de noviembre. Para ello se hacen los preparativos como las ofrendas a base de comidas y

La preparación de altares con ofrendas para esperar a los difuntos es una tradición andina.

bebidas... La tanta wawa ocupa el principal elemento de esta ofrenda ya que es la manera más significativa de mostrar afecto y mejor interrelacionamiento entre los que estamos en esta vida y con las que ya no están. Además, la elaboración de las tanta wawas son un mecanismo de relacionamiento entre las personas vivas, ya que también es la que permite mejor la convivencia social entre familiares, compadres, padrinos y otros miembros de nuestra comunidad”, precisa el antropólogo Félix F. Zárate Najarro (Vilcashuamán, Ayacucho).

Esta festividad, principalmente para las comunidades, es la más esperada y en muchos lugares empieza el 30 de octubre con los preparativos para recibir como corresponde.

Es la visita esperada de las almas de todos sus seres queridos. “Aquí, en mi comunidad, la llegada de nuestras almitas es el 1 de noviembre a mediodía y se queda hasta el mediodía del 2 de noviembre. En la ofrenda que se pone en nuestras mesas está la foto del difunto donde se le rodea por panes elaborados por los deudos en diferentes formas como palomitas, caballos, canastas, casas, flores. Se le

llama ‘los teloles’, también acompaña la chicha de jora, la coca. Ese día se va al cementerio al retorno se reparte la ofrenda a toda la gente que acompaña”, cuenta Otilia Flores Yábar del sector Cusibamba en Colcha, Paruro.

Esta festividad tan importante del día de Todos los Santos corresponde a los rituales de duelo, costumbres que a lo largo de los territorios del sur va adquiriendo matices distintos, pero en el fondo los elementos siguen siendo los mismos. “En las culturas andinas la muerte es un momento de tránsito para el comienzo de una nueva vida; es decir, la muerte es propiciador de vida. Las almas están relacionadas con las semillas, generan fertilidad, es por eso que, cuando celebramos a nuestros difuntos en noviembre, el símbolo principal son las wawas”, señala el antropólogo Julio César Aroquipa

Es importante mantener nuestras costumbres y tradiciones que nos permiten vivir en armonía, respeto y reciprocidad con las diferentes formas de vida en el cosmos. La festividad de los difuntos en las comunidades andinas demuestra la esperanza y construcción de la humanidad, incluso más allá del espacio temporal.

EL OTRO ESPINAR. Hermelinda Umasi pasta sus ganados en las alturas del distrito de Yauri. Aquí no todo es minería.

FOTO: Miguel Gutiérrez