TERRITORIOS

Reconocer al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como un territorio que también fue golpeado por la guerra es parte del deber del Estado en cabeza de la nueva institucionalidad, con los ciudadanos y sobrevivientes del conflicto armado. La violencia armada ha cobrado la vida de personas raizales, ha generado desplazamiento forzado hacía San Andrés y Providencia y ha afectado las condiciones de vida y las relaciones sociales en las comunidades. Muchas familias luego de años no han podido conocer la verdad de los hechos que dejó la violencia en las islas. Ahora, la JEP y las organizaciones sociales lideradas en su mayoría mujeres buscan trabajar por el reconocimiento del daño causado a las familias y comunidades y la participación en la construcción de paz.

San Andrés, Providencia y Santa Catalina aparecen en el imaginario colectivo colombiano como un destino turístico, casi que de paso, en el que pareciera que su realidad social y política fuera lejana a las problemáticas que se viven en el continente. Nada más alejado de la realidad.

La ubicación estratégica del Archipiélago como corredor estratégico marítimo que conecta al Caribe con los Estados Unidos y sirve de puente, con pasos previos que conectan circuitos ilegales del narcotráfico, tráfico de armas, ingreso ilegal de divisas y lavado de activos, entre otras actividades, ha echado mano de violencias estructurales como el racismo y la exclusión de la población raizal para involucrar a isleños, especialmente jóvenes, en estas actividades.

Dada la histórica relación con Centro América y el Caribe en el intercambio de comercio, el narcotráfico hizo de las islas del Caribe Colombiano un fortín marítimo. Hasta allí llegaron grupos armados al margen de la ley que utilizan las Islas como paradas logísticas del tráfico de armas, drogas y la trata de personas como parte

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. | Imágen tomata de Señal Memoria.

de sus actividades ilegales. La violencia que se vivió en el Archipiélago dista mucho en intensidad de la que se vivió en el continente. Especialmente entre 1980 y 2000, el Archipiélago recibió cientos de desplazados. Desde 2009 y tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, bandas criminales empezaron a ejercer un control social que produjo homicidios selectivos, desapariciones forzadas, secuestros, amenazas y extorsiones entre otras agresiones en contra de la población de las Islas, en particular de las comunidades raizales. Actualmente los registros oficiales de la Unidad de Víctimas indican que 420 víctimas del con-

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. | Imágen tomata de Señal Memoria.

flicto habitan el archipiélago. La labor de la Jurisdicción Especial para la Paz cobra especial importancia en el entramado social, político, económico y cultural de las islas. No solo por el reconocimiento de las violencias históricas que de forma diferenciada afectan a la población raizal, sino porque también la invisibilización de las víctimas ha dejado profundas huellas en la forma en que se clama justicia, verdad, reparación y no repetición.

En 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad han sostenido reuniones con organizaciones de víctimas que buscan en las instituciones del Sistema Inte

Hasta allí llegaron grupos armados al margen de la ley que utilizan las Islas como paradas logísticas del tráfico de armas, drogas y la trata de personas como parte de sus actividades ilegales.

gral de Justicia, Verdad, Reparación y no repetición respuestas a sus situaciones particulares. “San Andrés, Providencia y Santa Catalina son parte del País. Lamentablemente también hacen parte de las poblaciones y territorios afectados por la confrontación armada. Es indispensable que quienes han sido afectados por la guerra se sientan reconocidos y cobijados por la JEP. La Jurisdicción busca reconocer los efectos del conflicto y las consecuencias que dejó principalmente en temas de desaparición forzada”, afirmó Harvey Suárez, subsecretario de la JEP.

Para la investigadora Shirley Cottrell Madariaga, que ha trabajado en las raíces del

conflicto armado en el Archipiélago, “reconocer la complejidad del conflicto armado y sus múltiples manifestaciones de violencia amplía el carácter de las actuaciones de justicia en un proceso de paz, donde se confirma la diversidad de las víctimas, las especificidades de los territorios y cómo estos y sus pobladores vivieron, enfrentaron, sufrieron y resistieron la violencia”. El 20 de mayo se llevó a cabo reunión virtual con la organización Cane Roots, equipo que desarrolla su trabajo con las mujeres raizales de San Andrés y Providencia. La reunión contó con la presencia de víctimas y el dialogó giró alrederor de los ejes de Derechos Humanos, Mujeres y Territorio, en especial sobre la misión y mandato de las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

A partir de estas acciones se espera avanzar en estratégia de divulgación de la JEP y su mandato en el departamento, generar un acercamiento con la ciudadanía de San Andrés y Providencia y desarrollar acciones y actividades dirigidas a mujeres raizales víctimas del conflicto armado con el fin de motivar y facilitar su participación ante la Jurisdicción. Estos son los primeros pasos en el reconocimiento de las víctimas y comunidades afectadas que han permanecido en el silencio durante muchos años. De la mano de sus liderazgos y organizaciones, los habitantes del Archipiélago tendrán la oportunidad de acercarse a un proyecto colectivo que permita sanar heridas, reivindicar la dignidad de las víctimas a través de la presentación de informes y acreditaciones y la construcción de una paz estable y duradera.

JEP al Día analiza en este espacio una de las herramientas que tiene la JEP en su misión de administrar justicia en el contexto de la transición. Se trata de los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador – Restaurador (TOAR).

Para que haya una sanción propia se debe garantizar la participación de las víctimas, el aporte a la verdad detallado y exhaustivo y la aceptación de responsabilidad por parte de los comparecientes ante la JEP.

La Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz de la JEP dictó los lineamientos de las Sanciones Propias y de los trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador (Toar), que algunos comparecientes deben realizar.

La sigla Toar se refiere a los Trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador que deben realizar algunos comparecientes ante la JEP. Es también voluntario para quienes no han sido sancionados. El artículo 141 de la Ley Estatutaria de la JEP presenta un listado de los Toar que pueden hacer los comparecientes. Sin embargo, el listado no es cerrado o taxativo. La JEP puede valorar otras acciones, siempre que sea posible determinar que fueron reparadoras-restauradoras, que fueron compatibles con el listado propuesto, que permitieron la aplicación de los enfoques territoriales y diferenciales y que se realizaron con garantías adecuadas para víctimas y comparecientes. Además, los Toar deben ser compatibles con las políticas públicas del Estado y armonizarse con las tradiciones y costumbres de las comunidades.

Los Toar pueden ser realizados por personas sobre las que la JEP tiene competencia. Es decir: excombatientes de las Farc-EP, integrantes o exintegrantes de la fuerza pública que hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado, agentes del Estado no miembros de la fuerza pública y terceros civiles que hayan tenido participación en hechos de esa misma naturaleza. Los comparecientes deben participar directa y activamente en su ejecución. No es posible delegar en otras personas su realización.

Los Toar deben estar enmarcados en la justicia restaurativa, que es la que se im- parte principalmente en la JEP. Esta se caracteriza por permitir a los interesados (las víctimas y las comunidades) discutir la solución a los conflictos que enfrentan y llegar a acuerdos para la superación del daño, mediante mecanismos que aseguren el diálogo. Los Toar deben garantizar la participación efectiva de las víctimas, deben atender las afectaciones causadas, no pueden lesio- nar sus derechos, deben contribuir a la re- construcción de los lazos sociales o a una transformación de la sociedad que permita la superación del conflicto y deben ser ap- tos para alcanzar la reintegración del com- pareciente a la sociedad.

La Secretaría Ejecutiva de la JEP tiene la función de certificar los Toar. La Secretaría debe levantar, fijar, documentar y recolectar información pertinente sobre la realización de trabajos, obras y actividades que ejecutan los comparecientes y, en especial, cuando así lo soliciten el compareciente, las salas de justicia o las secciones del Tribunal para la Paz. La Secretaría Ejecutiva debe dar fe de la realización de los trabajos, obras o actividades, pero no puede pronunciarse sobre el contenido reparador o el impacto restaurador de estos. La valoración de los Toar anticipados es una tarea judicial que corresponde en la etapa inicial del proceso a la Sala de Reconocimiento, en el marco de los macro casos y posteriormente, al Tribunal para la Paz.

El Equipo de Seguimiento de Medidas Reparadoras o Restaurativas (ESMRR) de la Secretaría Ejecutiva tiene la responsabilidad de documentar y sistematizar la información sobre la ejecución de los TOAR, de manera que la magistratura disponga de la información necesaria para tomar las decisiones en cada caso.

Fuente: Subsecretaría JEP