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Junio 2011 Nº 10

Boletín del International Peace Observatory - IPO

El movimiento campesino en el Bajo Cauca antioqueño pág. 3-11

Sucre, por la tierra y contra la impunidad pág. 18-19

Hablamos con Germán Romero pág. 20-23

Realizada la I audiencia sobre derechos humanos en el Cauca pág. 16-17

El primero de mayo en Bogotá y Villavicencio pág. 12-13

Putumayo, la audiencia por la verdad pág. 14-15

International Peace Observatory


Editorial

Observatorio Internacional de Paz Telefax: +57 1 232 1006 Celular: +57 314 296 4769 info@peaceobservatory.org www.peaceobservatory.org

Restitución de tierras: luces y sombras

Foto de portada: Marcha campesina en Tarazá en contra de las fumigaciones aéreas con glifosato.

Pa’lante!

Boletín del International Peace Observatory

Edición Principal Andreu Vilardell Nick Steinke Jaume Fortuño

Diagramación Andreu VIlardell Nick Steinke

Edición Adicional Hasan Dodwell Nick Stenike David Molina Sergi Torner Jaume Fortuño

REALIZADO CON EL GENEROSO APOYO DE:

Este documento ha sido realizado con el apoyo financiero de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament y l’Ajuntament de Barcelona. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de International Peace Observatory - IPO y de ningún modo se debe considerar que refleja la posición de ninguna de las instituciones financiadoras mencionadas.

CopyLeft International Peace Observatory 2011 !Por favor distribuye!

E

l pasado 23 de marzo tres líderes de procesos vinculados a la problemática de la tierra fueron asesinados en menos de 24 horas. Con estos, son ya más de 10 los líderes de procesos de restitución de tierras asesinados en lo que llevamos de año, aunque la cifra de los últimos 3 años sobrepasa los 501. Estos casos son la trágica prueba de que no es viable diseñar procesos de justicia transicional para un escenario de postconflicto en un contexto en que el conflicto armado sigue sin resolverse. En esta situación nos preocupa la seguridad de las comunidades que participen en la restitución de tierras que adelanta el gobierno. Con qué garantías pueden estas comunidades retornar a sus tierras, cuando los paramilitares que los desplazaron siguen ejerciendo un control económico, político y militar sobre éstas? Cómo pretende el proceso de restitución lograr su cometido sin tener en cuenta en el articulado de la ley y en la aplicación de esta, los testaferros, las cadenas de despojo y la permanencia de las estructuras paramilitares? No sobra decir, que las garantías que organizaciones colombianas e internacionales demandan, en materia de seguridad, deben ser provistas por mecanismos que emanen de la sociedad civil y las instituciones democráticas, y no recaigan en una mayor militarización del territorio y las violaciones a el Derecho Internacional Humanitario. En este sentido, nos preocupa que la estrategia de protección del gobierno para las comunidades se base en el Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras, que pretende brindar seguridad a las comunidades restituidas mediante la Fuerza Pública, a través de la creación de una unidad especial para estos procesos de restitución2. A nuestras preocupaciones en materia de seguridad cabe añadir las que se refieren a

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de qué modo se va a dar esta restitución y cómo se van a resolver las necesidades de sus beneficiarios. A nuestro modo de ver, una verdadera restitución de tierras debería comprender alternativas productivas para fortalecer las pequeñas economías campesinas que fueron devastadas por la violencia. Esto debe comprender la implementación de proyectos productivos, garantizar el acceso a los mercados, atender a las necesidades de salud y educación del campesinado... todo ello de un modo respetuoso con el medio ambiente y con la participación de las comunidades. De no ser así, cobra sentido el miedo a que las comunidades puedan retornar, pero no hallen como permanecer en el territorio, viéndose obligadas a vender las tierras, por ejemplo, a empresas nacionales y extranjeras. En este sentido es necesario que el campesinado pueda hacer oír su voz, frente a las propuestas como las de alianzas productivas con el empresariado o la implementación de megaproyectos minero–energéticos o de monocultivos para biocombustibles. La importancia geoestratégica, en términos de recursos naturales e intereses económicos, de muchas de las tierras que sufrieron el azote de la violencia y el desplazamiento, así como la permanencia y reestructuración del paramilitarismo en las mismas3, son motivo de preocupación para IPO en lo que se refiere al retorno de las comunidades desplazadas a su territorio. Por ello, con nuestra tarea de acompañamiento internacional, seguiremos apoyando a las organizaciones campesinas y de defensa de los derechos humanos en el desarrollo de este proceso. FUENTES

1.http://m.eltiempo.com/justicia/llderes-de-tierras-asesinados/9064506 ver también: http://www.alainet.org/ac tive/45942%C3%A2%C5 %92%C2%A9=es %92%C2%A9=es Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 251 Corporación Viva la Ciudadanía. 2. http://www.businesscol.com/noticias/fullnews.php?id=17487 3. ver informe INDEPAZ: V Informe sobre narcoparamilitares en 2010


Sección Bajo Cauca

BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO

Crónica de una lucha por la permanencia en el territorio y contra la fumigacion Andreu Vilardell - IPO

L

a región del Bajo Cauca situada al nordeste de Antioquia y atravesada por el río Cauca vive marcada por el conflicto social y armado que azota el país. La parte urbana está controlada por bandas paramilitares como “Los Paisas”, “Los Urabeños”, “Águilas Negras” y “Los Rastrojos”en guerra entre sí por el control de las economías legales e ilegales. En la zona rural tiene presencia el bloque 36 y 18 de las FARC, en confrontación con el ejército nacional. En medio esta la población civil, víctima de atropellos, asesinatos, desplazamientos forzados, falsos positivos, militarización de la vida, etcétera. El Estado hace presencia en la zona rural únicamente en forma de ejército y avionetas de fumigación teniendo la zona abandonada en cuanto a la inversión en infraestructuras y proyectos productivos que den una oportunidad a las economías campesinas. Históricamente el Bajo Cauca ha sido una región minera y agrícola donde la explotación artesanal de oro de pequeñas vetas y de río ha coexistido con las pequeñas plantaciones de pancoger como el arroz, el frijol o el plátano. No fue hasta la implementación del modelo neoliberal y la quiebra del agro colombiano con la importación de productos que la zona se convirtió en región cocalera. Esto tuvo un auge entre los años noventa y el 2004-2005. Fue en el 2004 que el Gobierno departamental inició un ambicioso plan de erradicación en la región vía aspersión aérea, combinada con procesos de erradicación manual. Si bien las fumigaciones han permitido que las hectáreas sembradas con hoja de coca se hayan reducido en un 64% no han sido pocos los

Foto: Andreu Vilardell - IPO

problemas que el glifosato ha generado a las comunidades campesinas.

Fumigaciones Los campesinos vienen denunciando desdel el 2004 los efectos que las aspersiones aéreas con glifosato tienen sobre sus economías. Denuncian que el “veneno”, como lo llaman ellos, les quema los cultivos lícitos y los ilícitos, les contamina el medio ambiente y la tierra se vuelve improductiva por tiempo dejándolos sin oportunidad de supervivencia en una zona totalmente abandonada por el Estado. También reconocen que si bien muchos de ellos han plantado hoja de coca no lo han hecho por gusto sino por que no había alternativa para la supervivencia y la permanencia en el territorio. Así mismo manifiestan que de tener alternativas y proyectos productivos el problema de la coca se solucionaría rápido. Hoy en día son muchas menos las hectáreas sembradas con hoja de coca pero sigue sin explicarse como las fumigaciones se han incluso intensificado y como se fumigan cultivos lícitos que los mismos campesinos han sustituido.

Antecedentes Por todo esto desde la implementación del plan de fumigación del Gobierno de Antioquia las protestas campesinas han sido numerosas. Consiguiendo del Gobierno en julio del 2008 un compromiso de no seguir con los métodos de aspersión aérea y apostar por la erradicación manual de los cultivos ilícitos. El Estado también se comprometió a indemnizar a los afectados por los daños ocasionados en los cultivos lícitos. Aún así ninguno de estos compromisos se cumplió.

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El paro campesino A raíz de estas nuevas fumigaciones, el 17 de febrero pasado unos 3000 campesinos provenientes de Santa Rita de Ituango, El Guaymaro, Cañon de iglesias, la Estrella, etcétera. abandonaron sus casas y marcharon hasta las ciudades que se encuentran al borde de las vías principales, concentrándose principalmente en Tarazá y Valdívia, donde permanecerían más de 10 días. La protesta era organizada por la Asociación Campesina del Bajo Cauca (ASOCBAC), organización que nació de los procesos de movilización campesina contra las fumigaciones en el 2008. Las reivindicaciones campesinas se centraban en: “el cese inmediato de las fumigaciones aéreas en el Bajo Cauca Antioqueño y Nudo de Paramillo. La reparación inmediata por perdidas de cultivos lícitos y proyectos productivos que el mismo Estado ha brindado a los Campesinos para la sustitución, los cuales han sido afectados por estas fumigaciones. Garantías en Derechos Humanos para los campesinos desplazados por las fumigaciones con glifosato y sus dirigentes. Inversión y proyectos productivos para sustituir los cultivos de uso ilícito concertados con la comunidad, que garanticen su autonomía y soberanía alimentaria” entre otras.

Primeros efectos de las fumigaciones en la vereda La América, Bajo Cauca. Foto: Jaume Fortuño - IPO

A raíz de los acuerdos firmados según denuncia la Asociación Campesina del Bajo Cauca: “desde mediados del 2008 los campesinos del bajo Cauca Antioqueño han venido sustituyendo los cultivos ilícitos, encontrándose muchas veredas de la zona certificadas como libres de ilícitos por la oficina de Naciones Unidas para tales efectos. Encontrándonos desarrollando un proyecto de cacao como sustitución y sembrando diversos productos de pan coger para nuestra subsistencia” Y es que la Undoc comenzó desde mediados de 2008 un proceso de certificación de veredas libres de hoja de coca, centros de procesamiento y laboratorios para la producción de cocaína, para luego apoyarlas con proyectos agrícolas de sustitución. En el marco de esta política, municipios como Tarazá cuentan con 20 veredas certificadas de un total de 49 mientras que Cáceres cuenta con el 70% del territorio certificado. Pero el Estado entre diciembre de 2010 y enero de 2011 empezó de nuevo con la aspersión aérea de glifosato, incumpliendo así los acuerdos alcanzados en julio de 2008.Esto provocó daños en los cultivos de pancoger y en proyectos productivos de substitución de cultivos ilícitos apoyados por diversas agencias del sistema de Naciones Unidas situados en los municipios certificados como libres de ilícitos.

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A raiz de estas nuevas fumigaciones, el 17 de febrero pasado unos 3000 campesinos abandonaron sus casas y marcharon hasta las ciudades donde permanecerían más de 10 días.

El domingo 20 de febrero la ASOCBAC organizó una marcha legal y pacífica por el municipio de Tarazá donde 1500 campesinos se movilizaron por la troncal y que terminó sin ningún tipo de incidente. En la misma marcha el ejército distribuyó unos panfletos donde se acusaba a las FARC de haber promovido el desplazamiento y se animaba a los campesinos a denunciarlo. También durante el transcurso de la manifestación varios policías estuvieron presentes filmando a los manifestantes, procedimiento ilegal según la misma ley colombiana. En ese mismo sentido en el coliseo de Tarazá, el recinto donde se alojaban los campesinos, varios sujetos identificados como de la Fiscalia tomaron fotos de los presentes. El Estado por su parte movilizó a centenares de ESMAD (Escuadrón Móvil Antimotines) así como ejército y policía judicial. Los medios de comunicación no tardaron en criminalizar la protesta. Luis Alfredo Ramos Botero, Gobernador de Antioquia, afirmaba en los medios que las fumigaciones no se detendrían, que la protesta era promovida por las FARC y que ya tenían identificados a los cinco voceros de la guerrilla. Los voceros de


Día a día y hasta que el paro campesino terminó centenares de campesinos siguieron llegando a los coliseos de Valdívia y Tarazá, llegando a ser la cifra próxima a 3000. En un clima de tensión por la gran presencia paramilitar que hay en Tarazá y por los acontecimientos que se iban sucediendo de reportes de muertos a diario, en lo que podría ser un enfrentamiento entre grupos paramilitares rivales, los campesinos denunciaron que 12 campesinos de la vereda Curumana de Tarazá habrían sido desplazados forzosamente por el ejército. Así lo hacía público la ASOCBAC en un comunicado que apuntaba a tropas de la Brigada Móvil 25, integrantes de la VII División, como las responsables de dicho desplazamiento con el argumento que necesitaban la zona despejada para pelear y que los campesinos debían irse para Tarazá.

Acuerdos Y así después de más de 10 días la Asociación campesina y las autoridades llegaban a un acuerdo que ponía fin al desplazamiento. Se crearía una comisión para verificar en terreno la afectación de cultivos lícitos, se priorizaría la erradicación manual en corrales de 6 veredas con proyectos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La gobernación se comprometía a llegar con proyectos productivos, titulación y Coliseo de Tarazá durante el Paro Campesino en el Bajo Cauca antioqueño. Foto: Andreu Vilardell - IPO

legalización de tierras, seguridad alimentaria, pancoger y proyectos de largo plazo: cacao y café a las veredas libres de cultivos ilícitos. Y finalmente se culminarían los 4 días de tarea para la culminación del actual plan de fumigaciones a mastardar el 18 de marzo. La ASOCBAC mostró su satisfacción por el acuerdo: “Con las propuestas de solución realizadas por el Estado colombiano por medio del Secretario de Gobierno departamental, vimos que nuestros objetivos organizativos se habían cumplido en un 95%”.

Incumplimiento Pero la alegría duró poco pues dos días después del retorno el Estado ya empezó a incumplir nuevamente los acuerdos, fumigando algunas de las veredas donde se había comprometido a no hacerlo y donde habían implementados proyectos productivos de cacao de la OIM financiados por Naciones Unidas. Incluso una mujer de la vereda de La América del corregimiento de Puerto Valdivia tuvo que ser hospitalizada al ser intoxicada después de que una avioneta le fumigara la casa donde vive. Ya antes de este incumplimiento la mayoría de campesinos se mostraban escépticos ante la voluntad del estado de respetar lo firmado. Incumplimiento tras incumplimiento, para muchos campesinos, lo único que pueden esperar del estado son las avionetas de fumigación y el ejército colombiano.

Sección Bajo Cauca

los campesinos desmentían esa afirmación argumentado que lo único que los desplazó de sus veredas fueron las fumigaciones aéreas con glifosato que dañaron sus cultivos lícitos.


BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO

Hablamos con la Asociación Campesina del Bajo Cauca - ASOCBAC Andreu Vilardell - IPO Coliseo de Tarazá durante el Paro Campesino de febrero. Foto: Andreu Vilardell - IPO

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PO- Cuáles son las características de las comunidades y de las economías de subsistencia de la región?

ASOCBAC. El Bajo Cauca antioqueño tiene una población con unas características interétnicas marcadas por ser la frontera entre Antioquia y Córdoba, esto representa una mezcla entre paisa montañero y costeño, algo que vulgarmente se llama chilapo. Hay pues una gran variedad tanto de paisajes como de culturas. Por otro lado la población esta marcada por un ente geográfico concreto, que es el Rio Cauca y colinda con otro ente que es el Nudo de Paramillo, las comunidades que aquí hay, hablando en términos étnicos, son el campesino mestizo, comunidades indígenas varias, como la Zenú y también hay población negra. IPO. Pasamos a las características de las economías. ASOCBAC. El campesinado principalmente sobrevivió hasta los 80 y 90 a partir del cultivo de fríjol, maíz, yuca y arroz. También hacia el lado de Caucasia hubo sembrado algodón. Y ha sido una zona muy ganadera, también como tal en las zonas donde se va aplanando mas, hay mas concentración de terratenientes, sobre todo hacia el lado de Caucasia. IPO. La proporción de gente en campo y ciudad es de 60% en el campo y 40% en la ciudad verdad? ASOCBAC. Estamos en región netamente campesina, así es todo el Bajo Cauca antioqueño. Hay zonas mas

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pobladas como Caucasia, pero tiene mayor incidencia en el Bajo Cauca la población campesina. Es una zona con las necesidades básicas insatisfechas, en términos de salud, infraestructuras, educación, etcétera. IPO. Siguiendo con la historia de las economías de la región, que viene después del cultivo de arroz y algodón? ASOCBAC. A partir de la implantación del modelo neoliberal viene la quiebra del agro colombiano con la importación de productos agrícolas entre ellos el arroz, el fríjol y demás y el auge del narcotráfico. Así es como esta región se convirtió en zona de producción cocalera. Esto tuvo un auge entre los 90 y el año 2004-2005. Ese fenómeno generó, por una parte, una gran fluctuación de precios, o sea inflación y cierto nivel de desarraigo de la economía campesina. Es el problema del cultivo ilícito, da solución inmediata y pragmática al campesino: el cultivo le da subsistencia y al tener niveles de educación muy bajos eso se vuelve plata de bolsillo, un fluctuante y es un espejismo capitalista netamente. Como tal en esta región quedó nada, en la época de la coca los campesinos podían tener 20 millones de pesos por semana. Pero toda la plata terminó en los bares. Y esa es la historia de la región, hoy en día existen unos cultivos, que creo yo que son mas de economía de subsistencia, no como esas bonanzas y demás. Y el campesino esta abocado a un tema muy berraco que es el tema de cómo sustituir esos cultivos de coca, porque? por que si bien el campesino hasta los 80 arriesgó lo propio, podía invertir en el campo, tenía posibilidad de que le compra-


sea el énfasi del Estado en el tema de sustitución es el tema de la represión militar y la fumigación.

IPO. Aparte del campesinado hay otras actividades económicas importantes?

IPO- Qué intereses geo-estratégicos hay y qué papel juegan los megaproyectos en la región? Cómo se viene implementando los programas del estado? (familias guardabosques, planes de choque, programas gubernamentales, etcétera...)

ASOCBAC. La zona ha sido minera también, en dos sentidos, minería de río y de pequeñas vetas. Minería de oro. A raíz de la quiebra de la economía de la coca, mucho campesino va a explorar vetas para sacar oro. Hoy el gobierno nacional viene proscribiendo la actividad de la pequeña minería, supuestamente entorno a la protección del medio ambiente, digo supuestamente porque lo que viene detrás es todo el empuje de al menos 3 multinacionales del oro: La Anglo Gold Ashanti, los Mineros de Antioquia y La Muriel para depredarse el territorio colombiano entorno a la explotación de oro, que hoy está carísimo.

ASOCBAC. Esta región es un corredor de paso entre Córdoba y Antioquia. Y entre el Nudo de Paramillo y el noreste antioqueño. O sea, es un corredor geográfico muy grande y estratégico. También en medio de esa situación estratégica tan favorable hay una serie de recursos que la hacen muy rica. El oro, recursos maderables, flora y fauna y también el tema de aguas. Y linda o hace parte de la mayor hidroeléctrica que piensan construir en América Latina que es la presa de Ituango.

IPO. Cuáles son las problemáticas del campesinado? ASOCBAC. A nivel económico, uno es que las propuestas que han habido desde el 2007 se enmarcan en el término del mercado liberal: monopolios, cadenas productivas, tales como el cacao, el caucho y nos han propuesto también el tema de la palma. Aquí hemos dicho no al caucho porque no le da rentabilidad al campesino y también es una cadena productiva muy desgastante. Hemos aceptado hasta el cacao, y hemos aceptado porque de todas maneras es tratar de darle cierta salida al campesino. Pero hoy en día tenemos esa inquietud, hacia donde vamos a llevar eso. Quién nos va a comprar a buenos precios? Supuestamente esto es un acuerdo entre Naciones Unidas, la Fecacao, y la compañía nacional de chocolates, entorno a comprar esas primeras cosechas pero a posteriori qué? Cuando se tiene únicamente el vendedor, ellos son los que ponen los precios, o sea que no sabemos si en verdad se va a ganar tanto.

El campesino en general no tiene tranquilidad para trabajar, por una parte le fumigan los cultivos lícitos e ilícitos, indiscriminadamente, por otra parte no puede ir a sembrar porque en sus tierras están militares armados del ejército

IPO. Qué alternativa a los cultivos ilícitos hay por parte del estado? ASOCBAC. El estado ha hecho un supuesto esfuerzo para un plan de sustitución que son unas semillas malgastadas en el ámbito transgénico que da Acción Social, sin mucho programa de capacitación técnico, y ya. O

La Cristalina. Cafetales quemados por las fumigaciones. Foto: Andreu Vilardell Sallés - IPO

IPO. Cómo afectan estos megaproyectos al campesinado? ASOCBAC. Hay varias aristas en un triangulo, cierto? Una de ellas dice que el conflicto que hay aquí es porque han habido unos actores armados que son ilegales y entonces el Estado está cumpliendo su función constitucional de reprimirlos. Otra arista es la comunidad que dice que todos son iguales, todos nos violan los derechos y todas esas cosas. La posición de nosotros, es que así no existiera guerrilla u otros actores armados estas acciones las vendrían haciendo para desalojar a los campesinos, porque necesitan, para viabilizar esos proyectos, reducir el costo de indemnización así como posibles resistencias que hay hacia los proyectos. Toda oposición tiene que ser reducida al máximo. En el 98

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Sección Bajo Cauca

ran, hoy en día no hay mercado para el campo, no hay precios de compensación.


La Esperanza. Reunión de ASOCBAC con las comunidades. Foto: Andreu Vilardell - IPO

hacia la zona del Lago Ituango hubo una gran masacre, para muchos es el inicio de la construcción de la presa de Ituagno. Están dispuestos a hacer lo que sea para construir ese mega proyecto, el estado y los agentes ilegales al servicio de él. Hoy en día hay una alta militarización del Bajo Cauca. Se nos dice que aquí están operando la Brigada Móvil 11, la 25, y hacia ciertos sectores del norte de Ituango, Nudo de Paramillo, está la Brigada Móvil 18. O sea 3 brigadas móviles y están diciendo que para este año vendrá el Comando Conjunto del Caribe hacia Caucasia, no es muy certero pero lo que sí sé, es que se está acercando el Batallon Baez de la 4 Brigada. Éste és netamente contraguerrilla y con altos índices de infracciones al DIH y violaciones a los DDHH en relación también a falsos positivos y demás. IPO- Cómo se desarrolla el conflicto armado en la región? Qué impacto ha tenido y tiene el conflicto armado en la región? Qué violaciones a los DDHH y al DIH se vienen dando? Cómo han afectado estas a la asociación y en las comunidades? ASOCBAC. Desde los 90 para aquí en los cascos urbanos hubo una presencia de grupos paramilitares de la sAUC. Básicamente esta zona era dominada por Macaco y Cucubanoi, también Don Berna tuvo incidencia. Aquí hubieron unas entregas de paramilitares, en los sectores del Cauca y demás y a partir del 2005 hay un recicle de esas estructuras paramilitares. Donde sectores descompuestos del ejército y sectores desmovilizados de los grupos, también de la famosa política de reinserción de grupos insurgentes, al verse sin plata acometieron

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actividades ilícitas. Al parecer el centro de esas actividades es el control del narcotráfico, sobre todo las rutas y el transporte. Aquí tenemos incidencia de los Rastrojos, de los Paisas, de las Águilas Negras. Al parecer las Águilas Negras son el grupo con una política contrainsurgentemás clara. Pero todo este resto de organizaciones, son una nueva fase del paramilitarismo donde el campesinado está en alto riesgo. Ha habido sobre todo presencia e intimidación, lo que nosotros hemos detectado es que la confrontación se ha dado más entre ellos, pero hay zonas más complicadas como Caucasia, donde la vida allá es imposible pues actúan todos estos actores, en conflicto entre ellos, y si no le pagas a uno tienes que pagar a todos.

El gobierno nacional viene proscribiendo la actividad de la pequeña minería, para dejar paso a al menos 3 multinacionales del oro: La Anglo Gold Ashanti, los Mineros de Antioquia y La Muriel para depredarse el territorio colombiano entorno a la explotación de oro.

Aquí hay una presencia de las FARC, históricamente, sobretodo a partir de finales de los 70. Y también es un corredor de paso. Aquí es una de las zonas de mayor vigencia del conflicto de este país, por una parte no hemos detectado confrontaciones claras entre FARC y estructuras paramilitares porque estos últimos están ata-


Aquí hay una gran infracción del DIH que es el tema del Plan Colombia II, el CCAI (Centro de Coordinación de Acción Integral), que busca de una forma generalizada y sistemática de involucrar la población civil en el conflicto, por medio de la acción cívico militar. Este Plan Colombia II o doctrina de acción integral para la consolidación de la política de seguridad democrática es orquestado por organizaciones sociales, los proyectos como el de las familias guardabosques que quien lo administra es el ejército. Eso pone al campesino en una situación muy complicada: es un blanco militar por colaboración. Hemos peleado y denunciado esto, creemos que todo esto hace parte de una estrategia de confinamiento por estrategia militar, confinamiento colectivo de alimentos y de movilidad. Hay hechos particulares, como los empadronamientos, quitar la carga que llevan los campesinos de remesa de comida, quedarse en las escuelas, mantenerse en las casas del campesinado acampando, retenciones en los caminos, morterazos indiscriminados de noche como fue en setiembre... El campesino en general no tiene tranquilidad para trabajar, por una parte le fumigan los cultivos lícitos e ilícitos, indiscriminadamente, por otra parte no puede ir a sembrar porque en sus tierras están militares armados del ejército. Pueden ser blanco de un francotirador. También se le genera un estigma. Un señalamiento directo cuando el campesino le reclama al ejército que por favor se salga de sus zona de vida civil y le dicen que están manipulados por la guerrilla y le ponen como un blanco militar posible para una detención, un falso positivo o un montaje judicial. Ha habido una ejecución extrajudicial en Cañon de Iglesias, aquí en Tarazá. El ejercito entró en una casa diciendo que por allá estaba la guerrillla y mató a un señor que estaba partiendo leña. Los planes del Estado son en forma de represión y van en vías a desplazar a la población campesina, generarle una situación de vida tan miserable que no tiene otra opción más que desplazarse. IPO. Podrías contar más sobre el impacto que tienen las fumigaciones en el campesino? ASOCBAC. Es la quiebra de lo poco que queda de la economía campesina. Se le quita la coca al campesino sin alternativa alguna, es un problema social, hoy hay menos coca de lo que había en el Bajo Cauca sin embar-

go se hacen aspersiones aéreas con glifosato y esas aspersiones casi no golpean al cultivo de uso ilícito y sí al licito como el plátano, la yuca y demás. Contaminando también los bosques, las aguas y los suelos. Por ejemplo, se fumigan 2 o 3 hectáreas cierto? Y alrededor del cultivo hay 15-20 hectáreas tanto de bosques, fuentes de agua, cultivos de cacao como cultivos de pancojer. Eso lo quema todo indiscriminadamente, pasa la avioneta hoy y en 5 días esos efectos se van viendo. Por el tema de los vientos, de las aguas, se van viendo.

La política de la asociación es buscar el desarrollo del campo en el Bajo Cauca y organizar a todas las organizaciones del campo en pro de sus derechos.

Coliseo de Tarazá durante el Paro Campesino. Foto: Hasan Dodwell - IPO

IPO- Qué es ASOCBAC? Cuáles son las inquietudes de las que nace? Y en que contexto? Qué impacto tuvieron las fumigaciones del 2007 y 2008? cuáles fueron las respuestas? ASOCBAC. ASOBAC es una asociación política y social por el campesinado del Bajo Cauca. Surge en julio del 2008 como síntesis de los procesos de movilización campesina que se dieron a partir del 2007 y 2008 en contra del tema de las fumigaciones en el Bajo Cauca. Nosotros vimos que era necesario conformar la asociación ya que había habido un gran impulso en el tema de la movilización. Se habían ganado muchas cosas en la calle, se logró parar la troncal durante casi 15 días seguidos, una gran beligerancia de la gente, bien organizada, pero en el tema de la negociación logramos muy poco. Parar esas fumigaciones y el tema del cacao pero sin un gran seguimiento. Había inexperiencia.

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Sección Bajo Cauca

reados en pelearse entre ellos para a ver quién se queda con el negocio. Pero entre en 99 y el 2002 hubo muchos enfrentamientos entre paramilitares del las AUC y frentes de las FARC también en zonas de Ituango. Entre FARC y ejército hay hostigamientos a diario, combates, y es una zona muy minada; la mayoría de las bajas de las minas son militares, pero esto no se hace público.


humanos al igual que con el tema del DIH. Este ha sido nuestro mayor éxito hasta el momento: llegar a contener en alguna medida el tema de infracciones al DIH y el tema de violaciones a los DDHH. O sea, no decimos de que estando aquí no hayan habido violaciones, sí las han habido, pero ahora el Estado sabe que nosotros estamos vigilándole. Sabe que hemos estado haciendo gestiones a nivel nacional e internacional y en esta medida tiene que pensar dos veces en cuanto a atacar al campesino. Nuestros objetivos están en torno al desarrollo integral alternativo del campo, entorno a la defensa de los DDHH y DIH, entorno a la organización campesina y entorno a una transformación social integral del país en beneficio de las grandes mayorías. Nosotros abogamos por una solución política a al conflicto social y armado que vive este país. Lo que nosotros hemos visto, sobre todo por parte del Estado es una obsesión guerrerista netamente, donde a comunidades enteras se las señala de ser proclives, insurgentes y guerrilleras. Qué diálogos de paz van a tener con actores armados como la guerrilla?

Efectos de las fumigaciones en la vereda La Cristalina. Foto: Andreu Vilardell - IPO

IPO. La coca era muy importante para la economía de la región? ASOCBAC. Había muchas mas extensiones. Todavía no había sido golpeada la tradición entorno a esto, hoy en día el estado ha erradicado manualmente. Nosotros no nos oponemos a que se acabe la coca sino que creemos que así no se acaba, con erradicadores que generalmente son un grupo de desmovilizados protegidos por fuerza publica que les vale 18 millones de pesos al día podiendoselo dar a una junta de acción comunal y la coca se acaba y se la erradica. IPO- Qué tareas realizáis y cuáles son los objetivos específicos de vuestra asociación? ASOCBAC. La asociación está constituida alrededor de 1200 familias, de Tarazá, Puerto Valdivia y Valdivia, nuestros núcleos organizativos. También hemos llegado a ciertas zonas de Ituango como Santa Rita. La política de la asociación es buscar el desarrollo del campo en el Bajo Cauca y organizar a todas las organizaciones del campo en pro de sus derechos. En estos momentos hacemos promoción, difusión y defensa de los derechos

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Los planes del Estado son en forma de represión y van en vías a desplazar a la población campesina, generarle una situación de vida tan miserable que no tiene otra opción más que desplazarse.

Esta asociación tiene una anécdota que todo el mundo te la va a recitar y es que la asociación des de que nació, desde el 2007, hay una negación absoluta a negociar y un señalamiento pleno de ser una fachada guerrillera, desde esto hay una estigmatización, pero a la vez es un demostración de como el Estado genera un conflicto mayor. IPO- Qué proyecto tienen para la región del Bajo Cauca? Hacia donde quisieran avanzar como organización y como comunidades campesinas del Bajo Cauca? ASOCBAC. Nosotros miramos entorno al desarrollo alternativo local y social entorno a la formas de cooperativización agrícola bajo las inquietudes que te decía sobre el tema del cacao. Hacia el futuro nosotros creemos que podemos incidir en lo político en esta zona y vamos a tratar de hacerlo teniendo en cuenta las experiencias pasadas de organizaciones políticas sociales de izquierdas. Esta zona era de la UP y aquí hubo parte del genocidio a la UP como en todo el país y hay que prevenir en esa cuestión.


En temas del proyección organizativa, nosotros aquí estamos. Después de mas de 15 años de terror paramilitar en Colombia de las AUC y con su reciclaje en otras estructuras paramilitares estos actores son un peligro para todo tipo de organización popular. Porque toda esta actividad paramilitar de estos años en Antioquia fue una cosa horrenda que acabó con toda organización campesina. Porque antes aquí había ligas de la ANUC, una asociación campesina de Antioquia que hoy sobrevive pero antes tenía mucha capacidad. Nosotros les hemos estado proponiendo a las organizaciones campesinas ya constituidas que sobrevivieron. También tenemos lazos de cercanía con la ACVC, con CAHUCOPANA. Hemos propuesto, una federación campesina en el noroccidente colombiano, que incluiría Antioquia,

El Río Cauca a su paso por Puerto Valdivia. Foto: Andreu Vilardell - IPO

sectores de Córdoba, Chocó, e incluso si es posible de Caldas, intentaríamos tener esto para finales de este año. Como asociación tenemos muy buen trabajo así como potencialidades, pero por la misma dispersión del Bajo Cauca nos resulta muy difícil. Estamos en proceso de consolidación. Dentro de la perspectiva nacional nosotros estamos discutiendo impulsar las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en el área del Bajo Cauca. Estamos estudiando también el tema de la titulación de predios y el tema a nivel nacional de la promoción de los cabildos abiertos y de las conclusiones y proclamas patrióticas dentro del bicentenario de independencia en Colombia. Nosotros como organización política y social agradecemos a las organizaciones internacionales que nos quieran acompañar, su papel es importante en aras de la protección a los DDHH y al DIH. Nosotros luchamos por mantener el papel organizativo que es cimiento de toda organización campesina y por esto estamos trabajando y a pesar de vivir en un contexto difícil de estigmatizacion y criminalización hemos logrado subsistir. Para esto nos ha tocado saber manejarnos muy bien, por ejemplo en situaciones como cuando los paramilitares asesinaron a uno de nuestros lideres fundadores en julio de 2009.

Sección Bajo Cauca

Sobre el crecimiento es un trabajo muy grande, es muy grande y en cero recursos es difícil. Hemos entrado en contacto con el tema de cooperación, hay mucha gente que nos ha dicho que nos buscan financiación a nivel internacional, pero lo estamos estudiando. No queremos experiencias como las de organizaciones campesinas en Antioquia o de otros procesos como los Laboratorios de Paz en el oriente antioqueño, donde entró un montón de cooperación europea y en últimas lo que no dejo fué organizaciones. Ahorita estamos mirando el tema de la solidaridad internacionalista más que la cooperación.


BOGOTÁ

1 de mayo: ¿Día de los derechos de los trabajadores? Sergi Torner - IPO

Yuri Neira al lado de la foto de su hijo asesinado en 2005 y otras fotos del primero de mayo en Bogota. Fotos: seryozem.blogspot.com

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rimero de mayo de 2011. 7:00AM. Nos dirigimos hacia la seda de MOVICE, Capítulo Cundinamarca. En el centro de Bogotá. A medida que nos vamos acercando al centro vamos viendo como la fuerza pública se van desplegando, preparando sus fuerzas, incluyendo muchas tanquetas. Una vez en la sede de MOVICE agarramos los pertrechos (pancartas, afiches…) y nos dirigimos a la Séptima con 18. En el lugar donde hace 6 años, un mismo 1 de mayo de 2005 la policía asesinó a Nicolás Neira. El despliegue de las pancartas, colgando entre dos árboles, recuerdan a las personas que han sido víctimas de la represión del Estado colombiano. Una vez iniciada la marcha empiezan a desfilar con cierta tranquilidad gente diversa mostrando diferentes colores, pancartas, siglas y lemas. Van parando brevemente para ver los afiches. Algunos grupos se detienen para gritar lemas como: “porque el que muere luchando vive dentro de cada uno de nosotros,…”Pero semejante al tiempo que suele haber en Bogotá, era la tranquilidad que precede a la tormenta. Cuando ya llevan un rato desfilando empieza a verse en el fondo como una neblina y espacios vacíos en la marcha. Y es cuando se oye y se ven a manifestantes corriendo en tropel por la calle seguidos por ruidos de armas con gases lacrimógenos. A nosotros nos llegan los primeros gases, estando en nuestro lugar. La primera tanda de gases es bastante suave, apenas se percibe. Vuelve la marcha a continuar sin altercados. Y entonces vuelve el segundo tropel, el cual se anuncia como el anterior. Nosotros volvemos a ponernos en la esquina. Se dice de no alejarse de las pancartas, porque sino corren el riesgo de que se quemen. El aire se ha convertido en neblina, los gases lacrimógenos nos envuelven como una bruma, el gas se

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nos infiltra en los pulmones. La sensación de ahogo se incrementa, los ojos cerrados, mirando hacia el suelo. Nada de mirar, sería peor. Alguien me da vinagre para que me eche en la camisa y respire por ella. La garganta quema, alrededor se oyen ruidos, pero uno no está atento, porque está demasiado ocupado con los gases, con intentar que el pánico no se apodere de uno. Se recuerda, mantener la calma , respirar tranquilo. Vuelve a aclararse el aire. Miramos si estamos todos bien, si hay algún herido… Por fortuna todos estamos bien. Esta vez no hay que esperar mucho para otro tropel. Entonces volvemos a la esquina. Mirar hacia abajo, respirar a través de la camisa. Calmarse. Pero esta vez los gases nos están atrapando. Apenas uno alcanza a mirar si los demás están con uno. La respiración parece que se acaba, por mucho que uno respira a través del vinagre, el aire quema, los ojos escuecen. Salimos por una calle hacia arriba, dejando todas las pancartas allá. Nunca me había parecido el aire de Bogotá tan limpio. Después del tropel y que el lugar esté libre se decide que ya hay que quitar las pancartas y salir de allí porque es posible que el próximo tropel aún sea más duro. Recogemos las pancartas y carteles, algunos de ellos agujereados por las balas de los gases, y vamos hacia la sede de MOVICE. Luego supimos que hubieron muchos disturbios en la plaza Bolivar. Hubieron heridos, detenciones en la marcha, pero no se acabaron las detenciones solo con la marcha, en la tarde, a modo de ejemplo detuvieron a un miembro del MOVICE. En definitiva, quedó patente una vez más la represión que se realiza a los movimientos sociales colombianos por parte del Estado.


Las comunidades campesinas ribereñas del Guayabero tambien se movilizan David Molina - IPO

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os márgenes del Río Guayabero se han caracterizado por el asentamiento histórico de comunidades indígenas y más recientemente, con las migraciones, de asentamientos campesinos, pero también por masacres como la del 1997 en Mapiripán. Esta es una región muy afectada por el paramilitarismo, de hecho a mediados de 2009 detuvieron a Óscar de Jesús López, gobernante de la región del Guaviare por sus vínculos con el paramilitar Pedro Oliverio Guerrero, alias ‘Cuchillo’, por su coligamiento en una empresa de explotación minera. Así, las comunidades ribereñas han ido soportando la violencia contínua y, con el tiempo, una alta presencia militar se ha ido adueñando del río. Son constantes las vulneraciones de los derechos humanos en esta región, que limita el Meta y el Guaviare, y continuos los hostigamientos que tienen que soportar los habitantes de esta zona del país en sus desplazamientos y actividades por la región, por parte de la fuerza pública. De cara al Primero de Mayo, varias veredas ribereñas, entre ellas las de “Villahermosa”, “La Carpa” y “Nueva Colombia”, decidieron enfrentarse a la realidad que impera y al miedo, y viajaron hasta Villavicencio a la marcha con motivo del Primero de Mayo. Navegaron por el río hasta San José del Guaviare, bajo un gran dispositivo militar y cogieron los autobuses para llegar a Villavicencio. Esta marcha fue convocada por varias organizaciones campesinas, de trabajadores y estudiantes y englobó a las regiones del Meta, Guaviare y Vichada. Ya en Villavicencio, se unieron a las demás organizaciones campesinas que iban a participar en la marcha, congregadas en el colegio Ben Posta. La marcha campesina salió de este colegio hacia las 7 de la ma-

Marcha del primero de mayo en Villavicencio. Fotos: David Molina

ñana, con unos 2000 participantes, y fue recorriendo la carretera principal hasta llegar al centro de Villavicencio y unirse a los demás manifestantes de organizaciones de trabajadores y estudiantes. Una vez unida la marcha se pudieron contabilizar entre 3000 y 4000 personas caminando por las calles de la ciudad, bajo el lema “PRIMERO DE MAYO UNITARIO, CAMPESINO, OBRERO Y POPULAR”. Cabe destacar el orden en que marcharon los campesinos, que llevaron a cabo su protesta de forma pacífica y respetuosa con la legalidad, en una marcha en la que los incidentes fueron aislados y siempre ajenos al numeroso contingente de campesinos.

Las comunidades ribereñas han ido soportando la violencia contínua y, con el tiempo, una alta presencia militar se ha ido adueñando del río.

Pero lo que caracterizó esta marcha fue el valor con que participaron los asistentes, exigiendo el cumplimiento de sus derechos pese a los riesgos que esto les conlleva, en un contexto de señalamientos, amenazas, persecución y guerra sucia, demostrando una vez más la dignidad de los movimientos campesinos y populares de estas regiones. La marcha acabó en el Parque Principal, al lado del edificio de Gobernación del Meta, y cerca de la Alcaldía de Villavicencio, con la lectura de varios manifiestos de las organizaciones convocantes, con la intención de transmitir un mensaje de unidad y lucha, y apostando por un próximo paro nacional, por la soberanía y la justicia social.

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Sección Primero de mayo

META


SUCRE

Por la tierra y contra la impunidad Jaume Fortuño - IPO

Marcha en Sincelejo el día de la mujer trabajadora. Foto: Andreu Vilardell - IPO

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l pasado 3 de diciembre tuvo lugar la Audiencia Rogelio Martinez Mercado, llamada así en honor al dirigente campesino que lideraba el proceso de retorno de 53 famílias a la finca de la Alemania, de la que fueron desplazados por los paramilitares bajo el mando del “Cadena”. Rogelio Martinez Mercado fue asesinado en la Alemania, San Onofre, el 18 de mayo de 2010, pero su memoria vive en la gente que lucha por la tierra y la dignidad, como lo demostró el sentido homenaje que se le realizó en esta audiencia. En la Audiencia del 3 de Diciembre se presentaron numerosos casos de violaciones de derechos humanos que han ocurrido y siguen teniendo lugar en el departamento de Sucre. En las denuncias presentadas ante miembros del Senado, representantes de instituciones nacionales y de la comunidad internacional, medios de comunicación y voceros de organizaciones sociales, quedó claro que el tema que está detrás de la grave crisis humanitaria que vive Sucre no es otro que el problema de la tierra. Los paramilitares, que tanto tiempo han detentado altas cuotas de control territorial, político y económico en el departamento, siguen teniendo un interés primordial en el acceso a la tierra. Por eso, bajo la fachada de las BACRIM, durante los últimos años, se ha dado un proceso de avance y consolidación del control paramilitar sobre los municipios de departamentos como Sucre. Los paramilitares mantienen su estrategia de despojo del campesinado, para poner la tierra al servicio de terratenientes, empresas nacionales y extranjeras, o de si mismos. En este contexto, nos preocupa como se pueden dar los procesos de restitución de tierras o de configuración de zonas de reserva campesina que adelanta el gobierno, tenien-

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do en cuenta la situación de impunidad y omisión de responsabilidades por parte de las instituciones competentes que observamos en casos como los que presentamos más abajo.

Ciénaga de Cholen, San Benito Abad El pasado 11 de marzo de 2011, Gustavo de la Ossa y Moises Rodriguez llegaron a la finca de la familia Lambraño con un revolver en la mano, amenazando a las personas que se encontraban trabajando allí y cortando los alambres de la parcela. Desde 2009, la família Lambraño ha venido sufriendo daños sobre sus propiedades, amenazas, hostigamientos, agresiones y asesinatos para forzarlos al desplazamiento y arrebatarles las tierras en las que permanecen desde hace más de 20 años. Esta situación se agravó cuando el 28 de febrero de 2010, 10 hombres armados que se autodenominaban “Aguilas Negras”, entraron en la finca de los Lambraño, amarraron y torturaron a los hombres allí presentes y los amenazaron diciéndoles que tenían que salir de allí, quemándoles viviendas y herramientas de trabajo. El 21 de Mayo del mismo año fueron asesinados Betilda Lambraño y su hijo Francisco Rafael Vides Lambraño, sufriendo antes de su muerte torturas tipificadas como crímenes de lesa humanidad. Pese a que este caso fue presentado en la Audiencia Rogelio Martinez Mercado del pasado 3 de diciembre, siendo radicada también ante Fiscalía la denuncia por los hechos del 11 de marzo, los victimarios de los Lambraño siguen libres, corriendo grave riesgo la situación de seguridad de la familia.


Otro de los casos que hemos podido observar como IPO, siendo motivo de preocupación para nosotros, es el de los campesinos del predio de La Europa, en el municipio de Ovejas. En él, los campesinos que viven y trabajan en ese predio, han recibido fuertes presiones por parte de la empresa “Arepas Don Juancho”, para desocupar las tierras en favor de los propietarios de la empresa. Dichas presiones se han materializado en los primeros meses de este 2011, mediante la entrada de empleados de “Arepas Don Juancho” a la finca, la tala de árboles y el intento de construir cercas por parte de los mismos, la presencia de grupos de seguridad privada y representantes de la empresa, y los continuos señalamientos, hostigamientos y amenazas a los campesinos para que abandonen el predio. Cabe destacar el censo que miembros del Ejército Nacional realizaron el día 16 de febrero, así como la petición de firmas a los campesinos y la filmación de los mismos que realizaron miembros de la Policia de Ovejas el día 15 de marzo, sin conocerse la autoridad que ordenó estas actuaciones ni el objetivo de las mismas. Mientras que la comunidad, con el acompañamiento del MOVICE, apela a las autoridades competentes, como el INCODER y la rama judicial, para resolver el conflicto, la empresa obstruye el trabajo de la comunidad y la presiona para que abandone la tierra.

Nos preocupa como se pueden dar los procesos de restitución de tierras o de configuración de zonas de reserva campesina que adelanta el gobierno, teniendo en cuenta la situación de impunidad y omisión de responsabilidades por parte de las instituciones competentes

La família Verbel, San Onofre El 23 de marzo en la tarde, en el municipio de San Onofre, Orlando y Eder, junto con el hijo del segundo, menor de edad, regresaban en motocicleta de la jornada de trabajo en su finca. En el camino se encontraron con dos hombres armados que, sin mediar palabra, dispararon sobre los tres miembros de la família Verbel. Hirieron de muerte a Eder, a quién después remataron a culatazos y patadas, mientras Orlando y el niño lograban huir de los disparos. Horas después fueron detenidos los presuntos autores de los hechos; Jose Manuel Rivera de Avila, alias el “Begueta”, y Eder Antonio Arroyo Hernandez”, alias el “Pólvora”, siendo puesto en libertad este último inmediatamente. La familia Verbel ha sufrido amenazas, hostigamientos, atentados y asesinatos, como el de Guillermo Verbel Rocha, asesinado el 4 de enero de 2005. Según los Verbel y el Capítulo Sucre de MOVICE, que acompaña el proceso

de la familia, esta persecución obedece a un conflicto de tierras: los victimarios pretenden quedarse con su finca y con este objetivo están matando a la familia, para amedrentarla y lograr que venda el predio.

Sigue la persecución al MOVICE Mientras nos encontramos terminando la edición y las últimas correcciones de este boletín, recibimos otra denuncia del capítulo Sucre de MOVICE. En el comunicado se relata la agresión y el robo de información a uno de los miembros del capítulo, Pedro Luís Jeney Arrieta.

Reunión del MOVICE en Sincelejo. Foto: Andreu Vilardell - IPO

El dia 5 de mayo, en Sincelejo, Pedro Luis Jeney fue sorprendido por un motorista y el parrillero, que le encañonaron con un arma de fuego y le arrebataron la mochila con una tarjeta de cámara fotográfica con imágenes de actividades de MOVICE, varios documentos y una agenda con el cronograma de actividades del capítulo. En el robo los agresores le dijeron “entrégame la mochila que ahí llevas la información”, quedando clara así la intención de estos. Posteriormente a estos hechos, Pedro Luís llamó a la polícia e identificó a los agresores, que junto a otros compañeros suyos lo amenazaron y hostigaron incluso en las mismas instalaciones de la polícia. Resulta preocupante el hecho que pese a haber sido identificados, los agresores sigan en libertad, con el peligro que esto conlleva para la integridad física de Pedro Luís. Este caso, como los demás que mencionamos, muestra la gravedad de la situación de derechos humanos en Sucre, donde mediante la guerra sucia y la persecución política se trata de acallar toda voz de denuncia del poder que detentan los paramilitares y la impunidad que los arropa.

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Sección Sucre

La Europa, Ovejas


PUTUMAYO

La audiencia por la verdad “Para una verdadera paz, primero que haya justicia” Hasan Dodwell - IPO

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Momento de la audiencia en Puerto Asís. Foto: Hasan Dodwell - IPO

l mensaje fue claro. Las organizaciones sociales de Putumayo buscan justicia, una justicia jurídica y social que es fundamental en la construcción de un camino hacia una paz verdadera y justa.

Frente Sur Putumayo en marzo de 2006. Una desmovilización que proponía poner fin a su reinado de horror de casi diez años.

En el casco urbano de Puerto Asís, Putumayo, en el suroccidente colombiano, una coalición de organizaciones sociales y de derechos humanos convocó un evento de dos días para ofrecer un espacio para analizar y visibilizar la realidad que se vive en la región. Las numerosas víctimas tuvieron un papel central. Los abogados de derechos humanos brindaron su apoyo atendiendo a las víctimas y sus cientos de casos. Las víctimas llegaron para pedir justicia en Putumayo, una justicia que empieza con el fin de la crisis humanitaria y con el fin de la impunidad; dos realidades que aún prevalecen en Putumayo como por toda Colombia.

Aunque ya se sembraba la violencia paramilitar por Putumayo durante los 80 y 90, fue desde el año 1997 con la llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que la población del Putumayo empezó a sentir el daño que infligirían los paramilitares. Aunque se desmovilizaron oficialmente bajo un programa estatal, siguen activos, gozando de una extensa influencia en varias partes del país. Inevitablemente el departamento de Putumayo está incluido en esa lista. El informe de derechos humanos de 2010 publicado por la ONU destaca la actividad de estos grupos paramilitares y su extendida colaboración con fuerzas estatales.

El conflicto en el Putumayo

En Putumayo se responsabiliza al Frente Sur Putumayo por crímenes que dejaron a 5.500 víctimas. Entrando en la región bajo la premisa de derrotar a la guerrilla, masacraron la población civil para apoderarse del territorio y el negocio del narcotráfico. La Fiscalía estima que hay 3.000 víctimas asesinadas enterradas en fosas comunes. Aunque este bloque paramilitar ahora se encuentra desmovilizado y la controvertida ley de Justicia y Paz de 2005 ha dado luz a algunos de los resultados, a las víctimas aún les queda un camino muy largo para conseguir justicia.

El departamento de Putumayo ha vivido y sigue viviendo las condiciones más extremas que ofrece el conflicto colombiano. Su ubicación geográfica en la zona fronteriza, además de la presencia y extensa explotación del petróleo y el cultivo de coca, ha contribuido sin duda al recrudecimiento de la realidad que tienen que soportar sus habitantes. Por varias décadas ha habido una alta presencia de la guerrilla, particularmente las FARC-EP. La zona se caracteriza también por la alta militarización por parte de las Fuerzas Públicas. El Plan Colombia ha tenido un fuerte impacto en la región. La fumigación aérea indiscriminada, parte principal del acuerdo bilateral, ha generado un daño muy profundo y ha causado la continuación del desplazamiento forzado de la población civil. “Se muestra (Plan Colombia) como un éxito”, comentó Mario, un líder campesino del Putumayo que jugó un papel importante en la preparación del evento. “Hablan de los logros en términos de seguridad y la reducción en la pobreza. Pero para los campesinos nos ha traido miseria, desplazamiento forzado y muerte”. Y para terminar, cabe anotar la continua presencia de los paramilitares. Una presencia que aún sigue a pesar de la supuesta desmovilización del

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Destrucción paramilitar

La violencia paramilitar continúa Bajo nuevos nombres, el fenómeno del paramilitarismo sigue con una alta presencia y un control social profundo. Las Águilas Negras y los Rastrojos todavía amenazan, siembran miedo y cometen atrocidades. El mismo día del evento, se nos hizo recordar una vez más esta realidad. Un miembro de la Mesa Departamental denunció a los asistentes que el día anterior cinco personas fueron masacrados en un municipio cerca de Puerto Asís. Entre los asesinados había una niña de tan sólo cinco años a quien cortaron las manos antes de degollarla. Otra de las personas víctimas de la


Las víctimas del Putumayo Más que 800 personas asistieron a la Audiencia por la verdad. Delegados de las casi 30 organizaciones regionales que forman parte de la coalición llegaron de todas partes del departamento. Una serie de organizaciones de derechos humanos suministraban un total de 20 profesionales quienes ofrecían a las víctimas apoyo y asistencia en asuntos jurídicos y psicosociales. Un delegado de un sindicato de docentes, la Asociación de Educadores del Putumayo, informó que 20 profesores habían sido asesinados desde el 1997. En ni un solo caso se ha visto una condena. Escuchamos sobre el caso de una niña de dos años. Ella perdió la pierna después de que tres helicópteros del Ejército atacaran a su hogar infantil. Después del ataque, se le negó la entrada al hospital local por no tener los papeles adecuados. Fue enviada para Bogotá pero ya era demasiado tarde para salvar su pierna. Varios campesinos denunciaron el impacto de las fumigaciones aéreas efectuadas por el Ejército bajo el Plan Colombia. Una campesina nos comentó que en noviembre de 1999, 20 días después de bañarse en un caño recién fumigado con el químico glifosato utilizado para las fumigaciones, su esposo se enfermó. Cuatro días más tarde murió. Un sindicalista y líder cañero le explicó a la audiencia su experiencia. Una experiencia que sirve como caso emblemático para demostrar la victimización y revictimización que se les hace sufrir a tantos líderes comunitarios y defensores de derechos humanos. En agosto del 2002 tenía siete hectáreas de caña de azúcar que La guardia indígena, Puerto Asís. Foto: Hasan Dodwell - IPO

fué destruida por fumigación aérea. Siguió. En julio del 2003 tenía 22 Ha de caña de azúcar cultivada y lista para cosechar. Al principio de ese mes llegó la segunda fumigación, erradicando una vez más su cosecha entera. Mientras buscaba justicia por el daño infligido a su cultivo, en cambio de alguna reparación, recibió ataques de paramilitares, acusaciones del CTI de estar cultivando para la guerrilla y una serie de órdenes judiciales que terminaron en su captura por supuesta rebelión. Fue detenido y liberado después de ocho días.

El fin a la impunidad El nivel de impunidad en Colombia es alarmante. Según la organización de derechos humanos de Washington, US Office on Colombia, de los 784 casos entre 2002 y 2009 en que defensores de derechos humanos han sido víctimas de amenazas, ataques o hasta asesinatos, sólo se han dado condenas en diez casos. Varios funcionarios de la ONU han manifestado su preocupación, en varias ocasiones, sobre el tema. En su informe de derechos humanos de 2010 hacen público una vez más su incomodidad con la falta de un avance destacable de parte del gobierno. Pero no es solamente la impunidad que genera el rechazo. En lugar de darse resultados jurídicos positivos, las víctimas se enfrentan muchas veces a amenazas, ataques o hasta procesos legales en su contra. Antes de cerrar el evento, se recogieron los 390 casos y con el respaldo de tres congresistas se presentaron a un delegado de la Fiscalía. La coalición de organizaciones sociales y de derechos humanos se ha movilizado y seguirá movilizándose para seguir exigiendo el fin de la impunidad y una nueva realidad social para la población de Putumayo. La responsabilidad corresponde ahora a las instituciones públicas, para que ellas cumplan con sus obligaciones para que haya un fin de la impunidad y haya justicia para las víctimas de Putumayo y por toda Colombia. Como dijo Mario, el líder campesino, “para una verdadera paz, primero que haya justicia”.

Sección Putumayo

masacre fue un líder comunitario. La continua existencia de estos nuevos grupos paramilitares significa para los líderes comunitarios, activistas sociales, defensores de derechos humanos, hasta las víctimas que vienen denunciando los crímenes que ellos mismos han sufrido, seguir viviendo bajo un riesgo permanente. Con la carencia de justicia y la continuidad de la impunidad, los victimarios de estos crímenes seguirán sembrando terror a lo largo de Putumayo.


CAUCA

Realizada la I Audiencia de Derechos Humanos en el Cauca El suroccidente en el ojo del huracán Jaume Fortuño - IPO

Parlamentaria Gloria Inés Ramírez durante la audiencia en Popayán. Foto: Notimundo

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oy por hoy, el departamento del Cauca, y el resto de la región suroccidente de Colombia (Valle, Nariño, Putumayo) son uno de los puntos del país en que el conflicto aramado se da con más dureza. En departamentos como Cauca y Nariño, la fuerte confrontación entre el Ejército Nacional y la insurgencia, FARC-EP y ELN, deja a la población civil en medio de el conflicto, causando en las comunidades una gran cantidad de violaciones a los DDHH e infracciones a el DIH. Además, en estos departamentos, se está dando un fuerte avance de las estructuras paramilitares herederas de las AUC, tales como Rastrojos, Águilas Negras, Urabeños, Nueva Generación y Autodefensas Campesinas de Nariño. En esta rearticulación del paramilitarismo, estos grupos se han adueñado de algunas economías de la región, como el narcotráfico, y han articulado numerosas operaciones de contrainsurgencia y de la llamada “limpieza social”. Para comprender el porqué el conflicto armado que vive Colombia tiene en el suroccidente, y en el Cauca en concreto, uno de sus principales focos debemos tener en cuenta la importancia geoestratégica y en recursos naturales de la región. Por una parte está la existencia de corredores que permiten pasar de la Amazonía al Pacífico, de Ecuador a Cali, etc. que lo convierten en un lugar de gran importancia estratégica. Por otra, están sus riquezas; el macizo caucano y los nacimientos de las cordilleras central y oriental, dan lugar a una gran diversidad de climas y ecosistemas que hacen de esta una de las regiones con más biodiversidad del planeta. La llamada “estrella hidrográfica”, ubicada en el Macizo

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Caucano, contiene el nacimiento de los principales ríos de Colombia; Magdalena, Cauca, Patía, y Caquetá, de los que se nutren el 72% de los acueductos del país. Además las transnacionales están realizando exploraciones y solicitando concesiones para explotar reservas minerales todavía no cuantificadas, yacimientos que podrían contener uranio, coltán, oro, zinc, cobre, plata, platino, molibdeno, entre otros. Todo ello está motivando la construcción de una gran cantidad de megaproyectos viales y energéticos en el suroccidente. Finalmente, otros renglones de la economía giran en torno a la producción de biocombustibles y el narcotráfico, con los cultivos de coca, marihuana y amapola y las rutas para su comercialización controladas por los paramilitares. Los intereses económicos y geoestratégicos enumerados, que conciernen tanto a capitales nacionales como transnacionales (por ejemplo en explotaciones auríferas en el caso de la Anglo Gold Ashanti o de energía eléctrica en el de Unión Fenosa), juegan un papel crucial para explicar la militarización y la escalada del conflicto en esta región. El Cauca es una región ejemplo de interculturalidad y fortaleza organizativa; las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes cuentan con sólidos procesos de movilización popular y toda una tradición de resistencia no violenta y lucha por sus derechos. Son comunidades que han sufrido y sufren el conflicto armado en sus propias carnes y que a menudo pueden resultar un “estorbo” para la implementación de los grandes megaproyectos.


Miembros de IPO asistimos a la I Audiencia de DDHH en el Cauca, celebrada en Popayán, el 30 de abril, a través de nuestro acompañamiento al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. La Audiencia se pudo realizar gracias al trabajo que llevan a cabo en región las organizaciones que conforman el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, que previamente recogieron, sistematizaron y presentaron un gran número de denuncias. También hicieron posible esta audiencia el trabajo de colectivos de defensores de DDHH de ámbito nacional, como CPDH y CAJAR, y la presencia de la senadora Gloria Inés Ramirez, el senador Alexander López y el representante a la Cámara Hernando Hernandez Tapasco. Asistieron a la Audiencia representantes de instituciones nacionales e internacionales como la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, medios de comunicación como Voz y Notimundo y miembros de una gran cantidad de organizaciones sociales de la región. Más de 1500 personas colmaron el auditorio del Colegio Alejandro de Humboldt de Popayán, donde se celebró la audiencia y las comunidades denunciaron con valor y entereza los atropellos sufridos por las comunidades en medio de el conflicto. Fueron denunciados casos de amenazas, torturas, violaciones sexuales, ocupación de colegios y viviendas por parte de tropas del ejército, daños de bienes civiles y robos, detenciones arbitrarias, bloqueo a la movilidad de personas, alimentos y medicinas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, masacres, ametrallamientos y bombardeos sobre poblaciones civiles, connivencia del ejército con la estrategia paramilitar, etc. de los que se responsabilizó a las fuerzas públicas y los grupos paramilitares.

La Audiencia termina, la guerra sigue La audiencia ha terminado, pero la problemática en el Cauca sigue; pocos días después de nuestro regreso a Bogotá recibimos nuevas denuncias posteriores a la Audiencia. El lunes 2 de mayo, en el municipio de Mi-

randa, un grupo de ciudadanos que se hallaban frente a la alcaldía, fueron interpelados por oficiales del Comando de Policía Cauca que les dijeron que fueran a la plazoleta. Cuando llegaron allí, un grupo de militares les encañonó preguntándoles “que hacían ahí”, y disparó contra los ciudadanos, hiriendo a uno de ellos e impactando las casas que habían detrás. Cuando los ciudadanos pedían que no dispararan pues eran civiles, los militares les gritaron que se arrimaran contra la pared, al preguntar que a cuál pared, les dijeron; “si quieren plomo, plomo les doy”.

Los intereses económicos y geoestratégicos juegan un papel crucial para explicar la militarización y la escalada del conflicto en la región del Cauca.

En el mismo día, en el los corregimientos de Santa Juana y Albania, municipio de La Vega, integrantes del Batallón de alta montaña No. 4 “Benjamín Herrera Cortés”, ubicaron campamentos militares en las escuelas, ocuparon un puesto de salud y utilizaron las casas de civiles para pernoctar y adelantar sus operaciones militares. La denuncia hace constar que permanecieron allí hasta el viernes, en una clara infracción al principio de distinción y a los acuerdos en DIH que al Estado colombiano se compromete a respetar. Cabe destacar que en la misma zona tiene presencia una multinacional minera. Estos graves hechos, de los que los denunciantes responsabilizan al Ejército Nacional, son solo dos más de las muchas denuncias que dan cuenta de la grave crisis humanitaria que vive el Cauca.

Fuentes:

Voces del suroccidente: informe especial Núm. 2 “aportes a la visibilización de violaciones al DIDH e infracciones al DIH en los departamentos del Cauca y Nariño 2010 – 2011 http://www.reddhfic.org/ http://notimundo2.blogspot.com/2011/04/popayan-cauca-con-exito-se-realizo-la.html

Afiche de la audiencia.

Sección Cauca

I Audiencia de DDHH en el Cauca


COYUNTURA Y ANÁLISIS

Hablamos con Germán Romero Abogado de la Corporación Yira Castro David Molina - IPO

Foto: David Molina - IPO

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en esta ocasión tuvimos la oportunidad de hablar con Germán Romero Sánchez, de la Corporación Jurídica Yira Castro, sobre el tema de la restitución de tierras y los derechos humanos, así como la situación actual en el centro-sur del departamento de Magdalena, donde trabaja actualmente y donde lo entrevistamos. IPO. ¿En qué trabaja la Corporación Yira Castro? German Romero. Es una organización que lleva diez años trabajando en defensa de los derechos fundamentales de la población victima del desplazamiento forzado y con comunidades campesinas que están en riesgo de desplazamiento. En la Corporación trabajamos el tema de derechos patrimoniales, despojo, restitución de tierras y el tema de reparación integral a estas violaciones. En el marco de la Corporación nosotros hacemos un acompañamiento a alrededor de 15 escenarios locales en diferentes departamentos del país. Vamos a Putumayo, Cauca, Arauca, Norte de Santander, Meta, Vichada, Sucre, Córdoba, Magdalena, Cundinamarca, Bogotá y Soacha. De manera independiente también trabajo con organizaciones y grupos de familiares, por ejemplo el tema del Palacio de Justica, San José de Apartadó, y fundamentalmente procesos contra generales y altos oficiales del ejército en casos de graves violaciones de DDHH.

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IPO. Con respeto a los derechos humanos y la restitución de tierra, ¿qué piensa usted sobre la lectura y política del nuevo gobierno? GR. En el discurso hay un cambio de palabras, de terminología, en el cual se plantea no solamente en el discurso, sino en la figura de Angelino Garzón, una cercanía con el movimiento de DDHH y con los sectores sociales que han sido víctimas históricas y sistemáticas de agresiones, no solamente en tema de violaciones de DDHH, sino en un tema de aniquilación del movimiento social y popular. Ese cambio de discurso, creo yo, va más ligado a mejorar la imagen del país en el exterior y en Colombia. Pretende generar dos cosas: una es un ambiente político que permita la agudización de las políticas neoliberales, fundamentalmente la inversión extranjera, permitir la legalización de negocios mafiosos e incorporar todo lo que son capitales del narcotráfico a los escenarios de economía productiva capitalista, y por el otro lado consolidar Colombia en el escenario internacional económico, eso tiene que ver con la reprimarización de la económica colombiana. Ese es el ejercicio de la locomotora, solo habría una y es la que está en el desarrollo de la inversión en infraestructura, pero es una infraestructura que no está diseñada para la construcción de una nación sino para ponerla al servicio del movimiento de capital y de mercancías. Es decir, garantizar que la extracción minera, agroindustrial, la intervención productiva y de servicios de empresas transnacionales, tengan la infraestructura


IPO. ¿Qué opina usted sobre los nuevos Tratados de Libre Comercio (TLC)? GR. En ambos TLC hay una clara desventaja hacia la economía productiva y hacia sectores sociales colombianos. Lamentablemente los mejores defensores de los intereses de los colombianos se han convertido en los partidos demócratas, por lo menos en Estados Unidos, y algunos sectores en Europa. Ni siquiera nosotros hemos sido capaces de defender nuestros intereses, sino que los están defendiendo desde fuera. Los TLC de EEUU y la UE está claro que se van a implementar, e incluso por lo que yo he podido leer el de la UE es más perjudicial para la economía y la sociedad colombiana que el de EEUU. Por ejemplo se ha hecho más trabajo de oposición con el de EEUU que con el de la UE, y Europa se vende internacionalmente como la defensora de los DDHH, del medio ambiente... cuando el tratado con la UE es completamente de “tierra arrasada”. Por el otro lado, ya en política interna, yo creo que todos los planes de restitución de tierras que está implementando el gobierno colombiano, tienen la clara lógica de poner la tierra al servicio de capitales internacionales que van a entrar de una manera más ágil, sin carga de impuestos a través de estos TLC, para generar agroindustria en Colombia. Agroindustria controlada por estas empresas, con exención de impuestos y que al final de todo este camino lo único que va a generar es mas empobrecimiento del campesinado, porque el campesino no va a tener la posibilidad de competir con estas empresas y este capital extranjero que va a entrar. Van a haber compras masivas de tierra como está pasando en Montes de María y en los Llanos Orientales, y vamos a tener campesinos más dependientes de los programas asistencialistas del gobierno, más cam-

pesinos empobrecidos y, seguramente, más conflicto armado, porque vamos a botar a más campesinos y a pobladores de las ciudades a una situación de miseria que en últimas se va a traducir en la profundización y continuación del conflicto armado y social en Colombia.

El fondo de todos los planes de restitución de tierras que está implementando el Gobierno colombiano, tienen la clara lógica de poner la tierra al servicio de capitales internacionales

IPO. ¿Cuál criticas tendría de este proceso de restitución de tierras? GR. El tema del Congreso Nacional de Tierras (CNT) es la posibilidad y continuidad de voces que desde hace muchos años se han venido dando. Los primeros movimientos campesinos en Colombia se dan en los años 30, luego en los 60 y 70 vuelve a haber una reactivación que termina en los grandes movimientos masivos en los 80, procesos de restitución, de búsqueda del derecho a la tierra, de dotación de tierra, de canales productivos... y, por ejemplo en el 2003, se dio el Congreso Nacional Agrario, que dio como cuenta el mandato nacional agrario, donde se traducían una serie de puntos que eran el respeto a la economía campesina, la productividad de la economía campesina, soberanía y seguridad alimentaria, respeto de los DDHH y los territorios colectivos de afrocolombianos e indígenas, unidad y, obviamente, que cesaran las acciones de hostilidad contra el movimiento social campesino. Creo que es una estrategia válida, porque lo que está pasando con el movimiento social y puntualmente con el tema de la tierra es que se está jugando a la agenda del gobierno. Y si tú sigues jugando a su agenda, siempre vas a estar pegado a los intereses, las necesidades y lo que está buscando el gobierno, y en general el po-

Reunión en la Pola, Municipio de Chivolo. Foto: David Molina

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Sección coyuntura y análisis

necesaria en Colombia para poderse mover libremente. No estamos hablando de una infraestructura que busque mejorar la vida del campesinado colombiano, generar condiciones de vida digna en las grandes ciudades, o que simplemente mejore la comunicación entre los ciudadanos colombianos. Sino que busca reprimarizar la economía a través de la minería y la agroindustria que son como los dos grandes ejes de las locomotoras, y por otro lado legalizar inversiones como es a través de la construcción y la infraestructura, esto fundamentalmente a el servicio de los intereses que se están moviendo por fuera del país y del nuevo escenario que en Colombia se está dando. Recordemos que ahora Colombia se está volviendo un país protagónico en el escenario latinoamericano, y eso tiene que ver con un hermanamiento con gobiernos como Chile, Perú y Méjico, que están más ligados a seguir ahondando en las políticas neoliberales, con un corte político e ideológico de derecha, que a la unión latinoamericana como tal.


der económico que está representado en este gobierno y en todos los gobiernos recientes de Colombia. En ese sentido son importantes estrategias y alternativas como el congreso de tierras, donde se planteen de manera independiente propuestas para salirle al paso a las políticas de restitución del gobierno, y que por el contrario se llegue a una política de desarrollo para el campo colombiano y de respeto por los territorios.

La estrategia paramilitar continúa desde lo político, desde lo económico, y desde lo militar. Hace quince años se necesitaban un ejército de 40, 50 hombres armados con fusil para darse cuenta que era necesario salir corriendo para salvar la vida. Hoy en día se necesita un hombre en una moto y un revolver.

IPO. ¿Cómo se está desarrollando lo que sería el “plan de choque”, y cómo lo están viendo las comunidades? GR. El plan de choque hace parte de una política de restitución de tierras que busca generar la seguridad jurídica y la restitución de derechos patrimoniales a alrededor de unas dos millones de hectáreas en Colombia. El tema del plan de choque lo veo de dos formas. Primero, la puesta a prueba de la capacidad institucional de este Estado y de este gobierno de restituir o no, de ser capaces o no de restituir tierras. Segundo es empezar a probar qué va a pasar con estas tierras restituidas. Ha cogido casos emblemáticos, el plan de choque está lleno de casos emblemáticos como Carimagua en los llanos orientales del país, Chivolo en la costa norte, Las Pavas en Magdalena Medio, algunos sectores de San Carlos en Antioquia, algunos sectores de Urabá, también en Antioquia. Es más o menos a lo que está apostando el gobierno en este momento. Son procesos que tienen que ver con decisiones administrativas, con decisiones que pueden tomar el INCODER o el Ministerio de Agricultura, sin tener que entrar en el aparato judicial de Colombia. IPO. Concretamente, en los casos de Chivolo y Pibijay en el centro-sur de Magdalena ¿Qué es lo que ha pasado con el plan de choque? GR. Lo que es Chivolo estaba presupuestado hacer por ejemplo una gran entrega de tierras más o menos el veinte de diciembre. Terminamos abril, estamos empezando mayo, es decir que ya estamos por fuera del periodo de tiempo del plan de choque, y en la región de Chivolo y Pivijay y San Ángel no se ha devuelto una hectárea de tierra.

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Se ven acciones dispersas, acciones individuales de cada una de las instituciones y, aparte de eso, se encuentra uno los obstáculos de las instituciones locales y regionales como el INCODER Magdalena, las alcaldías municipales, las procuradurías judiciales agrarias, que en lugar de participar activamente en el plan de choque lo único que se convierten es en palos atravesados en las ruedas de las exigencias de los campesinos.

IPO. ¿Cuál fue el contexto anterior de Chivolo y Pivijay? GR. Fundamentalmente hay que plantear, ¿por qué Chivolo es tan importante, territorialmente? Chivolo queda en el centro-sur de Magdalena, con la posibilidad de acceso a las cinco capitales de los departamentos de la costa, con posibilidad de acceso por vías secundarias y terciarias a toda la costa, llegando al Rio Magdalena. Chivolo tiene la salida que permite la reunión de estas dos carreteras, tiene cercanía con poliductos, tiene cercanía con oleoductos, tiene la salida al Río Magdalena. En este sentido territorialmente Chivolo, Pivijay, y San Ángel son demasiado estratégicos para la guerra. Por eso el paramilitarismo y fundamentalmente Jorge 40 generó un control total de esta zona. Entonces estamos hablando que en los 80 hay una gran movilidad campesina, unos movimientos campesinos muy fuertes que hacen exigencias al estado de dotación de tierras, se generan grandísimos procesos de titulación, de extinción del dominio de terratenientes, se generan estos procesos de parcelación, pero inmediatamente llega el paramilitarismo. Cuando se están dando estos procesos, una de las frases que ha recordado Jorge 40 y que se ha escuchado decir acá es que venían por las tierras que se habían quitado a través del movimiento campesino, es decir que no solamente operaba la guerra territorial sino operaba una guerra política contra el movimiento popular campesino que se estaba dando acá. Este es el escenario, estamos hablando que desde el 97 a 2006 aquí no había campesinos, o si lo había eran testaferros o servidores del paramilitarismo. Este es el escenario que había más o menos en Chivolo. IPO. ¿Entonces, qué pasó? GR. Jorge 40 es el último gran comandante que se desmoviliza, recordemos eso. Es un comandante paramilitar que controla las venas del narcotráfico por todos los lados porque tiene el control de la salida de droga por: el Golfo del Morrosquillo, la Sierra Nevada, Santa Marta y por la Guajira. En ese sentido el negocio todavía continúa y eso le permitió inyectar gran cantidad de capital y por eso no quería desmovilizarse. Pero fundamentalmente Jorge 40 tenía un nivel de relaciones politicas al más alto nivel.


IPO. ¿Cuál es el papel del paramilitarismo actualmente en esta región?

Foto: David Molina - IPO

Jorge 40, al ser el último que entra, el gobierno nacional se da cuenta que él se vuelve un elemento peligroso para quedarse en Colombia. Porque en ese sentido podría empezar a relatar a quien sirvió, quienes le servian, quienes eran los beneficiarios de su estrategia de terror o la estrategia de terror en que él ha participado. Entonces se volvió alguien incomodo y lo extraditan a los EEUU en mayo del 2008. En ese sentido lo logran acallar y se da ese apaciguamiento por parte del sector político. Por el otro lado los campesinos cuando se dan cuenta que Jorge 40 se ha desmovilizado, que estaba bajo presión, y que está saliendo prácticamente en extradición entran a estas tierras y en estas tierras encuentran a los cuidadores que no dejan de ser otra cosa que testaferros y miembros de los paramilitares aún armados y con protección del ejército nacional. Una persona muy importante en esa parte fue el señor Orlando Yanes, un líder campesino que lamentablemente ya falleció hace un año largo. Después varias personas más tomaron esa bandera de liderazgo, generando procesos de retorno de los campesinos, y así fuero llegando y retornando, regresando más gente de forma voluntaria, y enfrentándose a los primeros procesos de la continuación del despojo que sufrieron. IPO. ¿Cómo va el proceso de restitución actualmente? GR. Si lo vemos desde la lógica de ceñimiento de tierras para ponerla a la disposición del capital, a la disposición de la agroindustria, no va a ser otra cosa que la legalización del despojo. Porque le van a devolver la tierra al campesino en unas condiciones muy difíciles de sostener, con una productividad que va a ser muy difícil de vender, y eso le obligará a las ventas forzadas. O lo pueden hacer por otros mecanismos, no creo que el tema de la violencia se haya acabado en esta región.

GR. Las estructuras paramilitares continúan. Eso es innegable. Hay que recordar que en Chivolo y Pivijay se firmaron dos pactos políticos para designar quienes iban a ser electos en cargos públicos. La estrategia paramilitar continúa desde lo político, desde lo económico, y desde lo militar también. Ha bajado la intensidad, eso es claro, no se puede negar, hace quince años se necesitaban un ejército de 40, 50 hombres armados con fusil para darse cuenta que era necesario salir corriendo para salvar la vida. Hoy en día necesitas un hombre en una moto y un revolver para recordar que te pueden quitar lo más preciado que tienes y que pueden volver a despojarte de la tierra. IPO. Finalmente, ¿qué papel puede tener organizaciones de acompañamiento y la comunidad internacional en estos procesos? GR. Yo creo que en este sentido es válido seguir tocando puertas afuera del país para que existan procesos de reproche y exigencia al estado colombiano, así sea con las amenazas de los TLCs, “no hacemos TLCs si no haya garantias para los DDHH”. … Pero yo sí creo que todo la gente que politicamente en Colombia queremos tener condiciones de vida digna tenemos que empezar a darnos muy profundamente las peleas en Colombia. Es decir, las peleas frente al Estado colombiano tienen que ser directas, tienen que ser del movimiento social y popular frente al Estado. Que contemos con el apoyo de sectores de la comunidad internacional es fundamental. Creemos que en estos procesos de restitución de tierras los procesos de violencia no se han agotado, y la presencia de organizaciones internacionales solidarias, con la capacidad de visibilización, de interlocución con el Estado colombiano son muy valiosas. Finalmente quiero transmitir un agradecimiento profundo a la solidaridad que se expresa en personas que desde otros lados del mundo deciden acompañar procesos de resistencia y de lucha popular en Colombia, procesos que a veces parecen individuales y muy lejanos pero que sin embargo son la esperanza de esas familias y comunidades. Y creería yo en la posibilidad de tener una Colombia más justa, con paz y justicia social.

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Pero por el otro lado lo podemos ver como una oportunidad, una oportunidad para que el movimiento campesino logre encontrar un espacio de estabilidad en la tierra, y desde ahí generar propuestas para sostenerse en la tierra pero también de vida digna y de solidaridad con otros procesos campesinos en otras regiones del país. Si lo vemos como una posibilidad volver a la tierra, con condiciones dignas, desde ahí podemos continuar las exigencias mínimas de garantías de derechos al Estado colombiano.


International Peace Observatory www.peaceobservatory.org

Acompañando procesos de autodeterminación El International Peace Observatory -IPO- es una organización de solidaridad internacional en Colombia. Nuestra misión consiste en realizar acompañamiento internacional a organizaciones campesinas en proceso de resistencia no violenta y puntualmente otras organizaciones defensores de DDHH. Los principios que nos guían son la autodeterminación, la solidaridad, la conciencia social, la democracia participativa y la alegría. El International Peace Observatory está conformado por grupos nacionales en Catalunya, Escandinavia y Estados Unidos teniendo una sede en Bogotá, Colombia. Entendemos el acompañamiento como un medio que, a través del mecanismo de presión-disuasión, protege a las comunidades en riesgo gracias a la presencia de observadores internacionales. Al mismo tiempo, es un instrumento para recoger informaciones sobre la situación de DDHH y DIH en las regiones acompañadas. La comunicación es un eje fundamental de nuestro trabajo: a través de una red de apoyo nacional e internacional difundimos el material recogido. Asimismo, identificamos como parte fundamental de nuestro accionar, la gestión y realización de talleres, cursos y proyectos técnicos promovidos y realizados de forma conjunta con las organizaciones.

A quién acompañamos MOVICE

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado está conformado por organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales y familiares de víctimas, y se constituye en el II Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de lesa humanidad, en junio de 2005. Su objetivo fundamental es reivindicar a las víctimas de crímenes cometidos por el Estado, exigiendo de manera clara el restablecimiento de los derechos a la verdad, justicia, reparación integral, garantías de no repetición y a la memoria de centenares de miles de hombres y mujeres que le apostaron a construir una Colombia en paz y con justicia social. El MOVICE, constata su vigencia y justeza al reconocer que los crímenes Estado no son cuestión del pasado. http://www.movimientodevictimas.org/

ASOCBAC

SINTRAGRIM

El Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta, filial de FENSUAGRO, desarrolla un trabajo por la defensa de los derechos humanos y el cumplimiento del dererecho internacional humanitario, así como para defender la permanencia en el territorio y mejorar las condiciones en que vive la población campesina en el Meta mediante la construcción de procesos organizativos.

CPDH

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos es una organización no gubernamental creada en 1979. La defensa, protección y promoción de la integralidad de los derechos humanos, e impulso en la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en el marco de la búsqueda de una solución política negociada al conflicto interno, social y armado en Colombia es el principal objetivo del CPDH.

La Asociación de Campesinos del Bajo Cauca nace en 2007 y delanta actividades de autogestión comunitaria, capacitación de tipo informal y de investigación que aporten al mejoramiento de conocimientos con los cuales se pueda contribuir a elevar la calidad de vida del campesinado, con base en un desarrollo integral que tenga en cuenta los aspectos económicos, laborales, sociales, en defensa del medio ambiente, de los derechos humanos, la solidaridad, la educación y la cultura.

htttp://www.comitepermanente.org/

http://www.asocbac.org/

http://cjyiracastro.org.co/

Corporación Jurídica Yira Castro

La Corporación Jurídica Yira Castro es una organización no gubernamental que tiene como misión la defensa y exigibilidad de los derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad, mediante la implementación de acciones jurídicas y políticas a nivel nacional e internacional que permitan alcanzar mayores niveles de justicia social en Colombia.


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