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El dinosaurio que creímos dragón Tras la condena –la primera de las tres que le esperan. Porque las tres tendrán efectos negativos para Garzón- parte de la opinión pública –racional- quedó escandalizada ante los efectos que había producido el caso Gürtel tras ser destapado a principios de 2009: Los imputados Francisco Correa, Antoine Sánchez, Francisco Camps y derivados, quedan libres y brindan con champán, como bien dijo la hija del señalado, cuando se les supo entre rejas, y el juez del caso, Baltasar Garzón, degustará una condena de 11 años de inhabilitación por prevaricación. La costumbre es decir que la justicia está politizada. Claro ejemplo de que no es justicia en realidad, pues esta o es justa o no lo es. La idea de justicia –real- no entiende de partidismos ni teorías. Si la Fiscalía del Supremo declaró como fraudulenta la querella interpuesta por Ignacio Peláez –abogado de José Luis Ulibarri, uno de los imputados por la trama- , fue el propio Tribunal Supremo el que la dio por válida, sin duda un poder alejado de toda política de partidos y casi próxima a otras épocas donde decir “partido” provocaba carcajadas. Pero lo que ocupa estas líneas no es el afán por condenar la condena. De hecho tampoco es el placer reivindicativo de la figura de Garzón que, aunque sí protagonista de esto, no es más que la víctima de lo inamovible, el poder residual del franquismo –aquel que a su líder el Diccionario Biográfico dejó en light pese a cargar miles de muertes- que está más allá del bien o del mal. Sí, en plena segunda década del siglo XXI. Y es que ese dinosaurio que creímos dragón, por mitológico, siempre estuvo ahí, en hibernación. Durmiendo como la liebre, con los ojos bien abiertos. La Ley de Memoria Histórica, promulgada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero allá por octubre de 2007, hizo convertir las críticas en rugidos a la derecha y su mensaje de no mirar atrás –ahora empeñado en hacer la del cangrejo: andar hacia atrás pero sin volver la cabeza- y devolver a la opinión pública un tema tan delicado como la guerra civil de 1936. Los errores del galardonado como peor presidente de la democracia española –Mariano Rajoy va tan rápido hacia esa meta como el coche del guiñol de Rafael Nadal- fue alabar y casi abrazar una época ya pasada, es cierto, pero no fueron más que palabras que crisis y sus amigas fulminaron de un plumazo. La principal preocupación para los afectados por aquella ley –no los fascistas pululantes aún en nuestra rica sociedad- fue ni más ni menos que aquel texto, lleno de buenas intenciones, no resolvía los problemas de las víctimas que quedaron enterradas como quien tira una colilla. Aquella serie de medidas estaba más pendiente en donar ayudas a los diferentes organismos de víctimas y organizaciones de la memoria que en establecer una verdad para el Estado, unas donaciones que poco tenían que hacer ante los aún hoy más de 100.000 desaparecidos por el conflicto –más desapariciones forzadas que en toda Sudamérica durante todo el siglo XX-. Más allá de toda polémica -que por parte del Partido Popular no se hizo esperar- la serie de puntos que no contentaban a casi nadie no se alejaron de lo que para el resto del mundo –a excepción de la pseudo democracia rusa tras su pseudo reconversión pseudo contrarrevolucionaria- fue un paso normal: avanzar hacia una sociedad democrática eliminando todo vestigio de dictadura. Alemania o Italia, por poner un ejemplo próximo, hicieron lo propio. Algo tan básico como quitar estatuas indebidas, nombres de calles


impropios o darle un nuevo uso al Valle de los Caídos (tema verdaderamente preocupante, pues es el único monumento europeo que sigue en pie y rinde culto a un líder de extrema derecha y por definición a todo el movimiento) como, por ejemplo se hizo con Auschwitz, transformando aquel matadero en un centro para la memoria de la guerra. Aquello no gustó. Fue hiriente, supongo. ¿Quitar la calle Primo de Rivera? Los vecinos podrían confundirse. Todo ese papeleo…el PP y la extrema derecha pusieron de nuevo el grito en el cielo. Algo normal en toda democracia que aquí se vistió de ofensa. Para el PP europeo, liderado en aquella ocasión por Jaime Mayor Oreja, fue tan preocupante que fue el único partido en toda la Unión que votó en contra –junto a la extrema derecha polaca, casualidad es el adjetivo calificativo- en la condena del franquismo. Y en estas apareció la figura redonda y cana del juez Baltasar con la sotana negra decorada con encaje en mangas. El magistrado con afán de protagonismo, como alguno con olor a naftalina señala, decidió que era el momento de proceder a rescatar todos esos cuerpos, a recuperar su historia. Con los Derechos Humanos –que el estado español firmó- en una mano y la Ley de Memoria Histórica en otra, Garzón, procedió a la exhumación de fosas y recuperación de cadáveres. El juez, dado a hacer la guerra por su cuenta ante un gremio que huele a rancio, pronto fue levantando el polvo de los muertos y el que hacía dormir al dinosaurio –que no dragón-, despertando por completo de su letargo. ¿Cómo? En forma del sindicato, en representación de muertos vivientes e ideas rancias, Manos Limpias y con el objetivo de acabar con la carrera del magistrado para que no molestara más los intereses de la extrema derecha. Ahí fue la querella. Esta vez, las fuerzas de la derecha radical, emplearon la Ley de Amnistía elaborada en 1977. El Comité de Derechos Humanos de la ONU –en la que España tiene representación- exigió en hasta tres ocasiones al gobierno español que derogara la Ley de Amnistía del 77 por no cumplir todas las garantías procesales que un estado democrático debe ofrecer. Además, esta dichosa ley iba en contra de lo promulgado en la carta de los Derechos Humanos, carta magna por excelencia. No sólo eso, el mismo comité aplaudía las acciones que Garzón estaba llevando a cabo en cuanto a la recuperación de los desaparecidos durante la contienda y la posterior represión, a la que la ONU considera crímenes contra la humanidad y que por tanto no prescriben. Garzón imputado por actuar en contra de la Ley del 77 por defender los Derechos Humanos. El final no parece ser muy diferente al inicio de la historia, todo hace pensar que esos 11 años por luchar contra la corrupción aumentaran aumentarán por intentar que no se riegue más tiempo los campos de muertos cultivados en cientos de kilómetros de la geografía española. Lo que ese fantasma conseguirá derrotando a Baltasar Garzón no será únicamente acabar con una figura que ha luchado por defender los derechos y responsabilidades de los ciudadanos, sino también advertir a futuros jueces con “afán de protagonismo” de que aquel tiranosaurio mitológico que una vez real está más vivo que nunca y no permitirá que este país que tan enfermizamente ama se mueva hacia el progreso social y la igualdad ante la ley.

Jesús Castellanos


La mecha sigue encendida por la Ley de Memoria Histórica

El pasado diciembre se cumplen cuatro años de la aprobación por el Parlamento de la Ley de Memoria Histórica. Cuatro años que confirman los oscuros presagios que acompañaron su tortuoso recorrido parlamentario. En el que aquí entró la labor del periodista por informar de lo sucedido, el historiador que cuenta el hecho pasado, sin dejar atrás el sentido crítico y el revisionismo histórico de los políticos. Éstos últimos, se lucieron en cuanto al escaso interés que mostraron. El Gobierno de Zapatero y el grupo socialista, atrapado por una promesa electoral a la que a duras penas quería dar cumplimiento, y la feroz oposición de un Partido Popular incapaz de marcar distancias con el franquismo lastraron su alcance y contenidos.

Sin olvidar que gracias a la acción de grupos como Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya, junto con la incansable labor del movimiento asociativo, se pudo lograr la aprobación de la ley. Era de esperar que tal panorama se trasladase al día después, cuando debía comenzar la tarea reglamentaria de su desarrollo.

Desde entonces, han pasado cuatro años caracterizado por huecos y silencios más que por la implantación de políticas de ejecución de la legalidad del texto. Es donde la historia busca la verdad de los hechos resolviéndose mediante el saber relativo pero dirigida a narrar la verdad. Cuatro años en el que lo anecdótico ha sido suplantado a la categoría de trascendental y en el que se ha pretendido y, en buena medida, conseguido, sacar el tema de la memoria histórica de la agenda política.

La responsabilidad recae casi en su totalidad en el Gobierno. Sus razones expuestas aquí: la primera razón fue la lentitud con que se puso en marcha la ejecución de la ley. Los primeros decretos a desarrollar fueron el 3 de noviembre de 2008, casi un año después de su entrada en vigor.

La preparación de estos decretos fue anunciada por la vicepresidenta del Gobierno el mismo día de septiembre en que se hizo pública la ya famosa providencia de Garzón. A pesar de su destino, se sacan las siguientes conclusiones: se pueden entresacar de la actuación de este magistrado una, que puso de manifiesto cómo todavía hoy importantes sectores de la cultura jurídica se niegan a aceptar las obligaciones que el Derecho internacional impone a los Estados para investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos, perpetradas o toleradas por agentes del propio Estado y otra, enseñó cómo una concreta decisión judicial puede tener consecuencias más allá del particular proceso bajo el que nació. Por tanto, parece fuera sin


ninguna duda que su actuación sirvió para reactivar al Gobierno, que hasta esa fecha parecía optar por la vía del silencio.

Es aquí donde la prensa entro en juego. El periodista es el mejor conocedor de la actualidad. Sabiendo indagar y dar a conocer los hechos a través de los medios de comunicación. Su fuerte participación en la opinión pública hicieron que éste asunto se convirtiera en un tema de trascendencia social. A favor o en contra, los medios de comunicación sacaron el tema a la luz y a la población española se posicionó según su opinión, creencias, ideologías, etc.

Sin desviarnos, la segunda de las razones es el contenido de los decretos en si. Por ejemplo, el establecido para obtener ante el ministerio de Justicia, la declaración de reparación y reconocimiento personal a las víctimas que impone a estas y a sus familiares la carga de la prueba. Resulta sarcástico que personas sometidas a condenas, sanciones y calamidades sin fin por defender los valores democráticos, sean ahora las que tengan que aportar los documentos que prueben los hechos. La violencia de la dictadura franquista llevaba el sello del Estado, de manera que es este, y no las víctimas ni sus familiares, quien debe soportar el peso y el coste de estos procedimientos de reparación. El lugar al que tendrán que dirigirse: la División de Tramitación de Derechos de Gracia y Otros Derechos, es decir, la competente para tramitar, además de los asuntos relativos a los títulos nobiliarios, el perdón o la extinción de la responsabilidad penal.

La tercera razón consiste en el desvío de aspectos relevantes de la memoria histórica al ámbito privado. Esto anterior relacionado con la búsqueda y exhumación de las víctimas, delegadas a las familias a través de la concesión de subvenciones que a duras penas cubren los gastos de su trabajo voluntario para conseguir identificar y recuperar los restos de las víctimas.

Una vez más, el Gobierno de Zapatero hizo dejación de sus funciones. Resulta cómico que sea éste un asunto de competencia local y autonómica, cuando se trata de exhumación de cadáveres. Según información periodística, algunas entidades se niegan y esto afecta al principio de igualdad es decir, algunas fosas se abrirán, mientras que otras permanecerán en el olvido.

Para terminar, hacer mención al problema de la retirada de los símbolos franquistas de nuestras calles. En este punto, el Gobierno anterior siguió sin hacer uso del artículo 15 de la ley, que le permite no conceder subvenciones o ayudas públicas a aquellas instituciones que mantengan tales símbolos. Ahora que tanto se habla de financiación local, no estaría de más incluir una referencia a este tema para aquellos ayuntamientos que los siguen conservando.


No es por falta de mecanismos legales, sino tan sólo de un esfuerzo político, por lo que sigue existiendo la aparición de tales horrores en cualquier espacio público. La historia es una ciencia evolutiva que va perfeccionándose. Por tanto, conocer la historia entre periodistas y políticos es importante. Son ellos los que tienen que enseñar a la sociedad un modelo único de civismo político. Considerándolo, la Ley de Memoria Histórica se aleja mucho de exigir en cualquier sociedad que se reclame a sí misma respetuosa con los valores de la legalidad democrática y los derechos humanos de quienes lucharon por defenderlos. Manuel Jimeno Parejo

Se armó la Marimorena La contienda entre Francia y Turquía ha despertado perplejidades políticas, jurídicas y diplomáticas

Ya saben que, en nuestro refranero castellano, “amarse la Marimorena” viene a significar riña o pendencia. De igual modo, la ley que condena el genocidio armenio, aprobada por el senado francés el pasado mes de enero, ha “armado la Marimorena” en las relaciones existentes entre el país galo y Turquía. Los franceses piensan que esta ley desempeña un papel crucial en la defensa de los valores humanos, mientras que los turcos critican esta medida respaldándose en la idea de que se trata, en realidad, de una masacre a la libertad de opinión. Francia no cede y Turquía menos aún, la cual ha ido soltando una serie de amenazas continuas al Gobierno galo. Esto hace que el enfrentamiento haya cogido un alto grado de ebullición en apenas un mes. Sin embargo, esto no ha llegado como un golpe de sorpresa, ya que la tensión se ha ido cociendo a fuego lento desde 2005, cuando un tribunal turco celebró una vista en la que se sometía a proceso al escritor turco Orhan Pamuk, quien posteriormente ganó el Premio Nobel de Literatura, acusándole de haber declarado que un millón de armenios fueron asesinados en esas tierras entre 1915 y 1917. Debido a las fuertes críticas internacionales, la causa se archivó. Esto claramente denota que Turquía no está todavía madura para considerarla como un país sólido, en el que los derechos humanos se encuentran completamente arraigados. Debería investigar seriamente y reconocer, sin complejos, cuál es su verdad histórica. Me reitero en la relación que existe entre este asunto y la Marimorena. El refrán tiene su origen en 1579, a raíz de una de las peleas monumentales entre los amantes María Morena, más conocida como Marimorena, y Alonso de Zayas. Francia ha parecido cansarse de Turquía y ha intentado divorciarse de ella con la aprobación de la ley que condena el genocidio armenio. Muy pilla, es consciente de la posibilidad del ingreso de


Turquía en la Unión Europa. Esto le molesta profundamente, ya que Turquía aspira a ser reconocida como una potencia regional. Además, a esto se ha unido el hecho de que solo falten tres meses para las elecciones presidenciales. La finalidad del texto es electoral, pues en Francia hay 500.000 votantes de origen armenio. No es descabellado pensar que los conservadores se quieran asegurar medio millón de votos de los franceses de procedencia armenia. Turquía, por su parte, se siente despechada y ha actuado con una aspereza inusual, con intolerancia y hasta con amenazas de represalias dirigidas contra el país galo y sus autoridades. Los franceses recibieron varias llamadas de parte de los turcos, los cuales les advertían que se atuvieran a la razón y que condenaran la discriminación y el racismo y que, si no viesen un cambio en su actitud, su Gobierno daría nuevos pasos al respecto. De momento, tras la aprobación del proyecto, Ankara ha cancelado todas las reuniones económicas, políticas y militares con París. Un grupo turco, llamado Akincilar, integrado por hackers, también amenazó con un “ataque total” contra Francia y su presidente, Nicolás Sarkozy. Antes de la votación, hackers pro turcos ya atacaron varias webs, entre ellas la de la diputada y autora de la ley, Valérie Boyer, del partido UMP de Sarkozy. Turquía habrá sopesado el alcance de sus ofensivas, y le ha dado la espalda al país galo, aun sabiendo que Francia es el segundo inversor en Turquía, donde están implantadas 400 empresas galas. De esta riña se deja entrever que la admirable, aunque intencionada, acción de defender a las víctimas ante repugnantes episodios de negacionismo, ha alcanzado consecuencias jurídicas, políticas y diplomáticas. La pugna entre quienes ven en él una doble defensa de la memoria y aquello que lo consideran un peligroso recorte a la libertad de opinión se inscribe, en este caso, en el marco de un vibrante conflicto diplomático con Turquía. La relación entre estos dos países está más que tensa, y deja en el aire interrogantes sobre la posible futura relación entre estos dos países si alguna vez pudieran enfrentar sus caras en algún congreso de la Unión Europea. La aprobación de la ley no ha sido unánime en el Senado francés, ya que un grupo de parlamentarios franceses presentó un recurso ante el Consejo Constitucional, para anular una ley que criminaliza la negación de los genocidios reconocidos como tales por el Parlamento nacional. En mi opinión, considero que la ley es demasiado extremista, en el hecho de que permitirá llevar al banquillo a cualquiera que argumente que el conflicto armenio no se trató de un genocidio, sin distinguir entre aquellos que niegan burdamente con la intención de fomentar odio y violencia, y aquellos que argumenten objeciones con respecto hacia las víctimas, que no niegan los hechos, sino que se basan sobre investigaciones académicas, sobre una calificación jurídico-histórica. Los franceses parecen olvidarse de que la historia busca la verdad, de que cada persona tiene su verdad y de que ésta debe ser ratificada. La objetividad en la historia es posible si el objetivo es la búsqueda de la verdad. Hay que ser honestos y verificar todas las fuentes. Hay que considerar, que en un Estado libre no compete a las autoridades políticas definir la verdad histórica y restringir la libertad de los investigadores bajo


amenaza penal. Conceder al legislador potestad para definir qué actos fueron genocidios es claramente un paso más. Resulta inadmisible un procedimiento penal contra el prestigioso historiador Bernard Lewis que, con argumentos académicos, sostiene que la masacre de armenios en Anatolia no puede clasificarse como genocidio. Teniendo en cuenta todo lo dicho, la jurisprudencia española es más interesante. La criminización de la justificación del genocidio ha sido salvada por el Constitucional, pero solo cuando ésta constituye una provocación indirecta a la comisión de crímenes. El límite a la libertad de expresión empieza en el punto de equilibrio en el que ésta se usa para organizar un clima favorable a que se atente contra un determinado grupo étnico, religioso… sin embargo, la sentencia del Constitucional va a contracorriente de la tendencia europea, en la que se extiende la aceptación de la penalización de la negación, que es reclamada por las propias instituciones europeas. Dejando al margen las diferencias entre estas jurisprudencias, así como los argumentos de unos y otros, reconozcamos que lo que Turquía hizo al principio del siglo XX fue repulsivo y que debería aprender a reconocer sus propios errores con humildad y obediencia. Más allá de los datos históricos en los que se basan los dos bandos, lo que sí es cierto es que la batalla cada día se hace más patente. El ambiente se respira tenso y enrarecido. Cada uno ha sacado su poder y su orgullo a relucir, y muy seguros de sus respectivos convencimientos, han sacado sus “armas” políticas y han empezado la gran pendencia, la contienda cada día se hace más ruidosa y su riña ha acabado por “armar la Marimorena”. Marta Aldana

Fuentes consultadas http://www.lanacion.com.ar/1444676-francia-y-el-genocidio-armenio http://elpais.com/diario/2012/01/30/internacional/1327878009_850215.html http://internacional.elpais.com/internacional/2012/01/23/actualidad/1327306831_450310.ht ml http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/23/internacional/1327355856.html http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centrostic/14002984/helvia/aula/archivos/repositorio/1000/1106/html/alterglobalizacion1/Como%20 escribir%20un%20articulo.htm http://aixerrotagaztelania.wordpress.com/como-escribir-un-articulo-de-opinion/ http://www.elimparcial.es/sociedad/como-se-escribe-un-articulo-29351.html http://www.gruposantillana.com.pe/planlector/el_articulo_periodistico1.pdf


http://www.lavanguardia.com/internacional/20120124/54245801664/turquia-acusa-afrancia-de-racista-por-genocidio-armenio.html http://www.larazon.es/noticia/7900-el-senado-frances-aprueba-la-ley-que-penaliza-lanegacion-del-genocidio-armenio http://www.diariojornada.com.ar/34908/Internacional/Malestar_en_Turquia_por_Ley_de_Fra ncia_sobre_genocidio_armenio http://elpais.com/elpais/2012/02/07/opinion/1328625592_991744.html http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/02/05/actualidad/1328480544_092116.html http://elpais.com/elpais/2012/02/07/opinion/1328638564_172307.html http://cultura.elpais.com/cultura/2012/01/30/actualidad/1327958698_804862.html http://elpais.com/elpais/2012/02/08/opinion/1328701130_669117.html

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