Dr. Sergio F. Morales A. Director IDHUSAC
Coordinadora Msc. Maby Nájera
Diseño, diagramación y edición Lic. Manuel Corleto
Colaboradores Lic. Luis Vásquez Lic. Julián López Licda. Lisbeth Arana Lic. Luis Rolando Yoc Lic. Martín Sacalxot
El fundamento de los Derechos Humanos. Pág. 4
Formación Transversal de Cultura de Paz: Retos de la formación profesional pedagógica. Pág. 8
¿Amor tóxico o violencia? Pág. 12
La indiferencia como estrategia implícita del Sistema Económico Imperante Pág. 14
Agenda Política de la Paz 2017-2026 Compromiso por cumplir Pág. 16
El cumplimiento de los Convenios de Derechos Humanos, No es discrecional Pág. 18
Bien se sabe que una finalidad necesaria para la sociedad es tener acceso a las condiciones que hacen posible una vida pacífica, armónica y en democracia; y en este esfuerzo que nos involucra a todos, cobran
particular importancia las instituciones académicas que brindan elementos de consulta, de investigación y conocimiento.
Con consecuencia en ello, este año, estamos presentando la cuarta Revista IDHUSAC, la cual para el Instituto de
Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos, se ha convertido en un instrumento más de fortalecimiento para la sociedad en su conjunto, ya que en ella plasmamos los ensayos de nuestros especialistas a través de diferentes miradas interdisciplinarias, que presentan temas relevantes de derechos humanos, con el objetivo de ofrecer indagaciones propias desarrolladas, como trabajos claves para el debate, discusión y reflexión de los lectores.
Creemos firmemente que la apertura de estos espacios académicos y literarios a
la vez, con acceso abierto y gratuito, contribuyen a alcanzar la democracia, la condición de paz, la justicia y la igualdad para todos.
La Revista IDHUSAC se convierte entonces, en un espacio propio de expresión con temas del presente y con temas que son historia, contados muchas veces de forma extraordinaria y de experiencias propias y ajenas, pero que son en extremo de relevancia e interés social.
Esperamos una vez más que disfruten la revista.
Son el fin de someternos o no al derecho es necesario conocer ¿Por que es necesario? Y ¿Cuán legítimo es? Discusión que no es nueva, sino ha sido una constante en la historia de la humanidad y una razón de ello es porque la misma varía según los diferentes momentos de la historia, por lo que una característica es su temporalidad y utilidad; desde la etapa de los privilegios hasta los escépticos y desencantados la pregunta sigue siendo la misma ¿Cuál es la razón de los derechos humanos?
Palabras claves:
Fundamento, derechos humanos, privilegios teocráticos, estoicismo, recta razón, la ilustración y racionalismo, el positivismo normativo, limbo jurídico, lógica especulativa, escuelas históricas, románticas o especulativas, corrientes de interés, dogmáticos, relaciones de poder, la crítica, los desencantados.
Cuando hablamos del fundamento de una disciplina jurídica nos referimos, a los motivos o razones principales o básicas sobre dicha materia. Al referirnos a los derechos fundamentales entramos en una disciplina temporal y por tanto variante de un momento a otro, por lo que los consensos son momentáneos y los disensos permanentes. Las primeras preguntas que debemos hacer son ¿Existe un derecho sin obligaciones, ni obligados? ¿Cuál es la razón de los derechos humanos? No es extraño que existan una serie de teorías de ¿Por qué los derechos humanos? Y esto se debe a las reglas sociales que prevalecen en los diferentes períodos de la historia.
En períodos iniciales de la civilización, la sobrevivencia y posteriormente la cohesión social se alcanza por lo que se conoce como sabiduría popular: la enseñanza de las reglas de convivencia de los padres a sus hijos. En esta etapa, los grupos eran muy pequeños y debían apoyarse unos con otros para evitar ser devorados por otros grupos. La primera regla era la fidelidad al grupo filial, a tal extremo que se considera como obligación vengar cualquier afrenta a su clan, incluso poniendo en peligro su propia integridad. Ese era su primer derecho ser miembro del clan, lo cual,
tenía también importantes implicaciones. Debía cuidar su ambiente, buscar comida, respetar a su familia, etcétera, reglas mínimas, pero necesarias para sobrevivir.
El crecimiento del grupo, al unirse varias familias, determinó la división de tareas y formación de estamentos sociales, unos eran responsables de organizar la sociedad y los otros de trabajar para ella a cambio de lo cual se le reconocían el derecho a ser alimentado, tener un lugar donde dormir; diferente fue la suerte del vencido en las luchas que, pasa a ser esclavo, un objeto sin derecho; un nuevo actor social. A fin de legitimar el derecho de las clases dirigentes se crean mitos alrededor de monarcas, sacerdotes y guerreros, quienes se convierten en dioses, semidioses o enviados divinos, el y sus familiares tienen un linaje especial propio y todos los demás tienen la obligación de someterse o ser objeto de terribles castigos en esta y la otra vida.
Los privilegios teocráticos se justifican en la voluntad divina que obliga a todos a obedecer a los iluminados. Esta es la etapa del privilegio divino que, se fundamenta en la razón cósmica, la norma justa no es la creada por el hombre, sino por voluntad divina que, es dada a los sacerdotes y monarcas, para interpretarla en la tierra como una regla natural, construcción a la que el ser humano, muchas veces regresa.
El estoicismo, especialmente a través de Crisipo, proclama la idea del Estado universal y el derecho natural que dictamina lo justo e injusto. El filósofo griego lo expresa al inicio de su libro De la Ley: “la ley rige los actos de dioses y de los hombres, guía con respecto a lo que es honorable o vil, lo justo e injusto, la ley dispone lo que tiene que hacerse y lo que no se debe hacer” Crisipo, citado por Sabine (1994).
Existe un Estado universal, tanto los dioses como los hombres son ciudadanos de él, y tiene una constitución –la recta razón- que enseña a los hombres lo que se debe hacer y lo que se debe evitar. La recta razón es la ley de la naturaleza y el patrón universal de lo justo y de lo bueno, inmutables en cuanto a sus principios y obligatorio para todos los hombres, tanto gobernantes y gobernados –la ley de Dios-. (135)
Lo justo o injusto se define por los mandatos divinos y la responsabilidad de su observancia y respeto depende de los reyes y sacerdotes que obligan a su cumplimiento. En este período no existen derechos, su lugar lo ocupan los privilegios que el monarca concede, por iluminación divina.
Los abusos de las clases nobiliarias sobre la plebe creo conflictos internos que, amenazan la integralidad de los grupos sociales y por tanto su sobrevivencia, esto llevó a luchas entre los diferentes estamentos para buscar salidas a la crisis. Es así como iluministas y racionalistas dan vida a una nueva construcción social: el derecho; en oposición al privilegio real, divino y natural; la Ilustración y el racionalismo luchan por el reconocimiento de los derechos del hombre y el ciudadano, bajo un principio fundante y ordenador que es el bien común.
Thomas Hobbes (1588-1679), afirma: la primera norma del derecho natural es el mutuo consenso que surge de la razón y no la justicia: “la razón sugiere adecuadas normas de paz a las cuales pueden llegar los hombres por mutuo consenso” (Hobbes, 1966: 117).
En la Ilustración el derecho natural transita de lo justo a lo útil. El pacto social que, organiza y regula la convivencia de los seres humanos, no será más la voluntad absoluta del rey, por disposición divina, sino la norma contenida en la constitución que garantiza al ciudadano sus derechos. Las revoluciones liberales del siglo XVII sustituyen el poder arbitrario del rey por uno controlado por normas legales aprobadas en una asamblea, que, en beneficio del ciudadano, organiza al Estado para establecer límites a los gobernantes; estos límites son los derechos negativos que garantizan a toda persona un espacio inviolable de libertad.
Pero ¿cómo fundar esos derechos? Para ello, El positivismo normativo reivindica el valor de la creación humana sobre la concepción naturista. La doctrina del monopolio jurídico se fundamenta en Kant (1724-1804) al señalar que el ser humano es un fin en sí mismo y que la tarea del Estado es protegerlo mediante la normativa legal.
Augusto Comte (1798-1857) afirma que no hay limbo jurídico, sino que simplemente existen normas jurídicas determinadas por el poder del Estado. El hecho es la única realidad científica; la experiencia y la inducción son los métodos exclusivos de la ciencia. El positivismo racionalista es la negación de todo lo ideal, los conceptos normativos surgen de una evolución cuyas etapas anteriores dejan de tener importancia. Lo único importante es el régimen definitivo de la razón humana.
Todas nuestras especulaciones, cualesquiera, están sujetas inevitablemente, sea en el individuo, sea en la especie, a pasar sucesivamente por tres estados teóricos distintos, que las denominaciones habituales de teológico, metafísico y positivo podrán calificarse aquí suficientemente, para aquellos, al menos, que hayan comprendido bien su verdadero sentido general. (…) el primer estado debe considerarse siempre, desde ahora, como provisional y preparatorio; el segundo, que no constituye en realidad más que una modificación disolvente de aquél, no supone nunca más que un simple destino transitorio, a fin de conducir gradualmente al tercero; en éste, el único plenamente normal, es en el que consiste, en todos los géneros, el régimen definitivo de la razón humana. (7)
La lógica especulativa considera a la forma como la totalidad, según la filosofía reflexiva de Hegel (1770-1831), el razonamiento se concreta en normas jurídicas que son el resultado y fin del proceso intelectual y ésta es la única etapa importante lo demás debe olvidarse. “En una palabra, la revolución fundamental que caracteriza a la virilidad de nuestra inteligencia consiste esencialmente en sustituir en todo, a la inaccesible determinación de las causas propiamente dichas, la mera investigación de las leyes, es decir, de las relaciones constantes que existen entre los fenómenos observados” (Comte: 12-13). El derecho subjetivo es la expectativa del cumplimiento del derecho objetivo y la justiciabilidad es la exigencia de protección de la tutela jurisdiccional y judicial de las situaciones subjetivas.
Este fundamento se refuta por la Escuela Histórica, que critica el rasgo reduccionista del positivismo al considerar que el derecho es una simple norma jurídica que no toma en consideración los valores y la realidad social de los pueblos.
Las corrientes históricas, románticas y pandectistas¹ que representan Friedrich Karl Von Savigny (1779-1861) y George Friedrich Puchta (1798-1846), afirman: el derecho es producto de la evolución histórica de un pueblo, que se manifiesta por sus tradiciones y costumbres: “El pueblo actual sólo es la continuación y desarrollo de una población en sus épocas pasadas y punto de enlace con la nación del futuro, sólo es un momento de la historia” (Hernández, 1986: 70).
Los pueblos tienen un origen y una evolución. Von Savigny considera que el derecho no es creado racionalmente, sino ¹ Pandectista: corriente filosófica que se dedica a reinterpretar el derecho romano, siguiendo el método de la dogmática jurídica, es decir, la extracción de principios, así como la deducción de conceptos nuevos. En esta corriente se funda la jurisprudencia de conceptos que hoy es la base del positivismo jurídico.
que es producto de la evolución histórica de las sociedades, debe ser considerado impersonal y temporal. Los derechos no provienen de una ley divina o natural inmutable o ahistórica, son inherentes a la historia.
En oposición a las ideas romancistas, las corrientes del interés cuestionan al historicismo por considerar que el derecho no es el resultado de las voluntades de un pueblo sino de las luchas y contradicciones que se viven en el seno de la sociedad y se decantan en favor de un determinado sector. Von Jhering (1818-1892) afirma: el historicismo es falso, aconseja al hombre que espere, cuando debe obrar; “es una idea romántica, basada en falsa idealización de los tiempos pretéritos, figurarse el nacimiento del derecho sin trabajo, sin esfuerzo alguno, como las plantas nacen en los campos. ¡La triste realidad nos convence de lo contrario!” (Von Jhering: 56).
La teoría del interés afirma “los derechos son conferidos por obligaciones beneficiosas para quien es el titular del derecho en cuestión, siempre que los mismos estén justificados de acuerdo con un criterio de utilidad” (Spector: s/n). El derecho proviene del interés, pero también es norma moral que, cuando se eleva a jurídica, impone derechos y obligaciones a todos los ciudadanos individuales o jurídicos, incluso al mismo Estado, instante en el cual nace el derecho objetivo.
Lo que se conoce como el post individualismo alemán funda sus postulados en la teoría de la jurisprudencia de conceptos, que incorpora la idea de que la ley alemana debe ser creada por científicos. Los únicos que deben participar en la creación de las normas son los llamados juristas, personas dedicadas a la investigación jurídica, quienes observan la realidad social y crean normas imperfectas que se ubican en una especie de limbo conocido como jurisprudencia, donde se convierten en dogmas; de la observación, y atendiendo los momentos históricos, los juristas proponen a los legisladores las verdades consensuadas, con el fin de que se conviertan en normas fundamentales a través del acto de reconocimiento estatal. El Código Civil Alemán de 1900 pretende eliminar toda la influencia romana y adaptar la norma a la realidad alemana.
Engel (1820-1895) critica al idealismo alemán, relaciona el contenido especulativo con la realidad, afirma que, la especulación a priori no toma en cuenta la experiencia, no es suficiente inventar ciertos principios para imponerlos a la realidad objetiva, ya que los pueblos logran el reconocimiento de sus derechos después de grandes esfuerzos; el derecho es producto de luchas y tensiones que se producen en los diferentes grupos sociales con diversos intereses. Por ello, se puede sostener que los derechos fundamentales son exigencias sociales del hombre histórico.
La realidad de los derechos fundamentales no debe buscarse únicamente en la Constitución sino en las relaciones de poder que sirven de soporte y obedecen a determinadas condiciones sociales, económicas y culturales. El socialismo moderno afirma: “los derechos humanos no son humanos porque sus destinatarios sean los hombres, sino y fundamentalmente porque sus creadores son los hombres; su origen no está en los cielos, sino en la tierra, son conquistas históricas y no concesiones divinas” (Atienza: 69).
Las corrientes personalistas, moderadas y conciliadoras, afirman: no es posible interpretar una disposición normativa dejando de lado sus principios filosóficos, históricos y reales, especialmente porque somos memoria. “Es decir, de la misma manera, que no hay sociedad sin Derecho; tampoco hay comunidad humana sin una tradición filosófica, cultural y/o religiosa, que de alguna manera trate el valor de los derechos fundamentales y su proceso de positivización” (Morant, 2017: 3). Retornan para fundamentar los derechos fundamentales el principio de igualdad y libertad, no pertenecen a unos solos, son de todos porque son anteriores al Estado: los derechos humanos son anteriores al Estado y, por tanto, superiores a la legislación interna del Estado. “Los derechos humanos existen y los posee el sujeto independiente de que los reconozca o no el Derecho positivo” (Fernández, citado por Morant: 559).
La corriente personalista, según la cual, los derechos pertenecen a todos los seres humanos por igual, tiene en Jacques Maritain (1882-1973), a uno de sus mejores expositores, defiende el fundamento natural de los derechos propios del hombre y afirma que, “la existencia de los derechos naturalmente inherentes al ser humano, anteriores y superiores a las legislaciones escritas y a los acuerdos entre gobiernos, no le incumbe a la comunidad civil el otorgar, sino el reconocer y sancionar” (Maritain, citado por Morant: 559).
La recta razón que gobierna a todos es el derecho natural que es universal y los Estados lo reconocen en los diferentes pactos sociales soberanos de los diversos pueblos. El proceso lógico-jurídico es el factor fundante del derecho, el órgano soberano que legítima la norma jurídica. Las corrientes pragmáticas, representadas por Bobbio (19092004) afirman: no es necesario fundamentar los derechos humanos, porque estos ya existen, simplemente fueron consensuados, ratificados y aprobados por las naciones del mundo, es por ello que en relación a la fundamentación de los derechos humanos se le denomina la corriente escéptica, por considerar que la fundamentación de un derecho no es necesaria, una vez ya exista.
El respeto a los derechos humanos surge de la convicción de que los mismos ya están fundados. El problema no es
su fundamento sino cómo garantizarlos. “No se trata tanto de saber cuáles y cuántos son estos derechos, cuál es su naturaleza y fundamento, si son derechos naturales o históricos, absolutos o relativos, sino cuál es el modo más seguro para garantizarlos” (Bobbio, 1991: 64).
Los valores están proclamados, falta garantizarlos porque un derecho que no se puede reclamar no es derecho. Norberto Bobbio, conocido como el filósofo de la democracia, afirma que “Toda norma jurídica, como todos los juristas saben, es imperativo-atributiva, esto es, atribuye una obligación a un sujeto en el mismo momento en el que atribuye un derecho a otro sujeto” (Bobbio: 41). La eficacia es el elemento necesario para considerar al ordenamiento jurídico como válido.
El realismo consensual, dirá: los derechos humanos son un escalón del complejo proceso sociopolítico e histórico. Para esta corriente, el fundamento no es un problema inexistente sino uno que es resuelto, de forma temporal, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que contiene los principios y valores consensuados por la mayoría de los Estados soberanos del mundo en un momento y bajo determinadas condiciones.
En oposición al realismo consensual de Bobbio, los escépticos o desencantados señalan que los derechos humanos no provienen de simples acuerdos que no reflejan la realidad social ni la historia, surgen de las condiciones que hacen posible la libertad, igualdad y dignidad humana, lo real son los prejuicios sociales que impiden el ejercicio de los derechos; por otro lado, para los filósofos jurídicos conocidos como problemáticos, la doctrina de los derechos humanos debe verse como una lucha permanente para superar las condiciones de sufrimiento que le son impuestas a las personas y pueblos para poder vivir; rechazan la concepción positiva según la cual los únicos derechos humanos son los consensuados y escritos; afirman que la norma jurídica no es real, lo único verdadero es la injusticia contra la mayor parte de habitantes en el mundo.
Los derechos humanos no son cualidades naturales, ni inherentes, nacen por una afirmación legal arbitraria, estos están determinados por la naturaleza del sistema político y económico de un país.
… los derechos humanos no son ni cualidades ‘naturales’ ni ‘inherentes’, ni son una afirmación legal arbitraria de las oportunidades sociales, sino que están determinados por la naturaleza del sistema político y económico y por el nivel de la cultura material y espiritual. Estos derechos aseguran la vida normal del hombre en la sociedad y son establecidos por el Estado en un sistema de derechos y
deberes legales. (…) En el curso del desarrollo histórico no sólo cambia el alcance y el carácter de estos derechos y deberes, sino también su contenido. (94)
Samuel P. Huntington, en su libro “El choque de civilizaciones” considera a la universalización de los derechos humanos como imposible por los diversos procesos económicos, sociales y políticos actuales.
Huntington (1997):
I. … la modernización económica y social no está produciendo ni una civilización universal ni la occidentalización de las sociedades no occidentales. II. El equilibrio de poder entre civilizaciones está cambiando: Occidente va perdiendo influencia relativa y las civilizaciones no occidentales reafirman, por lo general, el valor de sus propias culturas. III. Está surgiendo un orden mundial basado en la civilización; las sociedades que comparten afinidades culturales cooperan entre sí... IV. Las pretensiones universalistas de Occidente le hacen entrar cada vez más en conflicto con otras civilizaciones… (16-17)
Los funcionalistas afirman que el derecho, además de ser consenso, es valor y tiene la función social de prevenir conductas ilícitas, por lo que su materia de actuación es la realidad y, para ello, es necesario establecer los problemas y sus causas para prevenirlos o resolverlos. La concepción funcional del Derecho “entiende principalmente a la sociedad como un todo coordinado y en equilibrio, la misión fundamental del Derecho consiste en mitigar los elementos potenciales del conflicto y facilitar las relaciones sociales previniendo y reprimiendo las conductas desviadas” (Martínez, 1994: 8).
Para las corrientes disensuales o negativas la razón fundante de los derechos humanos es la lucha contra el sufrimiento, la falta de consensos es la realidad histórica, lo que hoy es, seguramente, cambiará con el tiempo; por ello, el análisis actual de la fundamentación del derecho debe considerarse inacabada y en permanente discusión.
En los momentos actuales, la educación y la cultura de paz son vitales para la preparación significativa de los individuos en su calidad de personas, ciudadanos y estudiantes, ya que permite que sean actores de paz, en mundo tan convulsionado por crecientes manifestaciones de violencia en todos sus tipos. El trabajo constituye un resultado de sistematización desde la aplicación de una investigación con relación a la cultura de paz, soporte de la formación transversal de los estudiantes del profesorado de educación media en Pedagogía y Promotor en Derechos Humanos y Cultura de Paz, de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El presente estudio tiene como objetivo esencial describir la formación de los estudiantes universitarios del profesorado de educación media en pedagogía y promotor de derechos humanos y de la paz en los componentes de la Cultura de Paz, contextualizando que, no solo es pertinente, sino que presenta un grado de urgencia, puesto que en esta área presenta rezagos en la materia, teniendo en cuenta que los estudiantes universitarios, convertidos en profesionales son multiplicadores de conocimientos sobre la paz, las formas alternativas de solución de conflictos, de conductas no violentas, de participación ciudadana, de inclusión de las diferencias, en sí, de unas relaciones humanos armoniosas y en paz.
Palabras claves:
Educación, educación para la paz, formación, cultura de paz, participación ciudadana.
La educación en general, y la superior en particular, son instrumentos esenciales para enfrentar exitosamente los desafíos del mundo y para formar ciudadanos capaces de construir una sociedad más justa y abierta, basada en la solidaridad, el respeto de los derechos humanos y el uso compartido del conocimiento y la información. La educación superior constituye, al mismo tiempo, un elemento insustituible para el desarrollo social, la producción, el crecimiento económico, el fortalecimiento de la identidad cultural, el mantenimiento de la cohesión social, la lucha contra la pobreza y la promoción de la
cultura de paz.” (CRESAL-CUNESCO, 1996:3). Los estudios e investigaciones vinculados con la educación superior, cobran importancia vital, como la producción y socialización del conocimientos en los espacios de las ciencias exactas, tecnológicas y son los estudios relacionados con la educación con el propósito de fortalecer las perspectivas propias para el abordaje de sus problemas y responder a los retos en materia de formación de la personalidad de los estudiantes.
En la presente realidad, se requiere y demanda de un docente, que motive y estimule la capacidad de los discentes, para proporcionales alternativas que les permitan aprender críticamente y formarse como entes de cambio en bien de la sociedad en la viven. Esta situación representa un desafío, para los educadores que se dedican al quehacer educativo y desde luego a los que participan en la formación de los profesionales de la educación. Asimismo es un reto para las instituciones formadoras de estos profesionales, que en este proceso, tendrán que redefinir su misión para poder reflejar la nueva pertinencia y responsabilidad social, ser eficientes y efectivos, en estar en correspondencia y exigencias de los tiempos actuales, que exigen eficiencia, eficacia y calidad educativa. La dinámica constante de cambios, mismos que son complejos y profundos, someten a la sociedad a una urgente y necesaria acción integral del replanteamiento de los objetivos y propósitos de la universidad, como responsable de la educación superior, para fortalecer la construcción de una sociedad más cohesionada, armónica, con justicia para una convivencia pacífica.
La perspectiva contemporánea en materia de formación de los profesionales universitarios, requieren la incorporación de alternativas creativas, que identifiquen paradigmas de convivencia dentro de un contexto de paz, puesto que las condiciones sociales/comunitarias convencionales/ tradicionales, se ven amenazadas, por la tendencia al individualismo, a la satisfacción de las necesidades básicas, sin el concurso colectivo, que va minando la posibilidad de la convivencia conjunta, familiar y comunitaria.
Las Universidades y en específico las facultades de Ciencias Pedagógicas, están obligadas, a incorporarse a estos análisis, discusiones y valoraciones; para precisar los modelos pedagógicos que promuevan con certeza la
educación y la cultura de paz; encaminados a identificar la recuperación de la fuerza moral, los valores morales, cívicos y ciudadanos que hoy la sociedad necesita. Pensar en la paz requiere pensar en el desarrollo social integral de la sociedad. En pleno siglo XXI, las universidades, son los espacios, que dan cohesión a los espacios globales, por tanto llamadas a fortalecer la construcción de la formación de profesionales con alta calificación y con una sólida cultura cívica, sobre una plataforma que tenga un comportamiento crítico, con una ciudadanía con responsabilidad y pacífica.
Teniendo en cuenta los anteriores planteamientos, las universidades formadoras de educadores tienen como retos pedagógicos y didácticos el que se maneje un discurso teórico, didáctico y práctico a su interior sobre la base de la pertinencia, la confrontación y el replanteo de las concepciones teóricas desde el diálogo y la comunicación que logre en la comunidad académica un compromiso con el fomento de una educación para la paz que se convierta en una cultura de paz y colaborar en la formación de un profesional comprometido con los destinos de su nación.
El análisis y revisión documental consultada y analizada, vinculada a la educación superior en materia del proceso enseñanza, para la consecución de una Educación para la paz y cultura de paz, permitió identificar, los siguientes vacios, que limitan a las Universidades de Ciencias Pedagógicas cumplir con este propósito.
Las limitaciones que se evidenciaron son:
• Insuficiente preparación de los docentes en los fundamentos teóricos-metodológicos de la Educación para la paz y la dirección de la formación de una Cultura de Paz.
• La utilización de diferentes códigos de comunicación por los docentes en las diferentes actividades que provoca presencia de violencia fundamentalmente psicológica, en las relaciones interpersonales entre alumnos y en menor proporción en las relaciones alumno-docente.
• El favorecimiento y promoción de imágenes hostiles, estereotipos discriminatorios, conflictos políticos y militares; la exaltación del carácter épico de las guerras y de los héroes, sin percatarse que generan una cultura de intolerancia que no favorece la resolución pacífica de los conflictos.
• Insuficiente conocimiento por los docentes de las manifestaciones de violencia escolar que dificulta su identificación, prevención y tratamiento en el desarrollo del proceso de formación de los profesionales de la educación.
• Acceso a medios de comunicación que aunque tienen múltiples potencialidades para contribuir a una Cultura de
Paz, exaltan la violencia, la guerra y son percibidas como un obstáculo para el logro de este fin.
• La presencia de manifestaciones de violencia en los modos de actuación de los estudiantes.
Las limitaciones anteriormente descritas, indican la necesidad de promover un cambio en la concepción, organización y estructuración del proceso formación de los profesionales de la educación que evidencia insuficiencias para erradicar aquellas conductas violentas que durante siglos han estado enraizada y enmascaradas por el complejo proceso socio histórico.
La Educación para la Paz y la convivencia debe constituir por tanto un proceso medular de la formación general integral de los profesionales de la educación, presupuestos que deben centrarse especialmente en su preparación para el ejercicio de la profesión pedagógica y otras funciones sociales que deberá desempeñar como parte de su labor docente, de manera tal que se logré en este profesional la formación de una cultura de paz sobre la base de una sólida formación ciudadana que le permita desenvolverse en su encargo social.
Múltiples han sido los criterios con relación a las concepciones teóricas respecto a la educación, Suchodolski (1974) y Hernández (1984) que la definen como la actividad del desarrollo integral y multilateral en la influencia orientada y sistemática sobre el desarrollo de la persona que tiende a modelar al hombre a medida de la civilización con el objeto de prepararlo para cumplir una determinada función social para que enfrente responsablemente los problemas que se le presenten en la sociedad.
Las posiciones de estos autores clarifican el papel del sujeto individual dentro de un proceso que, aunque define sus contenidos esenciales a partir de las necesidades y exigencias sociales, no puede obviar la participación activa del mismo individuo creador de la historia. Es decir, se educa al hombre no para que pierda su esencia individual, sino para que la manifieste de la mejor manera posible en el contexto social en el que debe vivir. Por su parte Meier considera que: “constituye, por tanto, un fenómeno social que se manifiesta en múltiples formas, como praxis social, y a niveles sociales totalmente distintos. No se limita a determinada época de la vida ni a una única esfera de la vida.
Se manifiesta tanto de forma espontánea como de forma institucionalizada organizada (Meier, 1984:10). En otro momento se refiere al problema en su totalidad cuando expresa: “entendemos por educación, de forma
generalizada, la influencia de unas personas sobre otras, con ayuda de la cual se logra o pretende encauzar, con un determinado fin, la asimilación de contenidos sociales seleccionados en interés de las clases sociales. En su calidad de proceso social se orienta por metas socialmente establecidas y llevado a la práctica con determinados contenidos sociales, la educación se desarrolla siempre en condiciones históricas concretas dadas”. (Meier, 1984:10). Definiciones más contemporáneas como la de Tuvilla (2001) expresan que: ¨ la educación - cualquiera que sea su definición o función social establecida- es una tarea humana, centrada en el diálogo entre los actores, dirigida a aquel aprendizaje que favorece la comprensión del mundo, un mayor desarrollo de la personalidad de cada cual y la mejor forma posible de utilizar las capacidades (individuales y colectivas) para abordar con creatividad y éxito los problemas reales de una sociedad sometida a acelerados y constantes cambios.¨ (Tuvilla;2001:3)
A partir del análisis de los fundamentos de varios autores como: Álvarez 1999; Freire 1993; Castellanos 1999; Suchodolski 1978, entre otros, la autora Arteaga (2005 señaló que esta constituye: ¨ un proceso sistemático y dirigido, encaminado al desarrollo multilateral del hombre para cumplir determinado papel en el sistema de relaciones sociales en que está inmerso. Tiene un carácter histórico - concreto y clasista; cada época, cada clase, prepara a los hombres para que cumplan determinados roles en ese sistema, en la medida que se apropian de la cultura que le ha antecedido para que pueda enfrentar los retos del momento histórico que les toca vivir. En un sentido amplio se refiere a la acción de todos los agentes sociales y de la sociedad en su conjunto (escolarizados o no) y en el sentido estrecho se refiere al sistema escolar, especialmente creado por la sociedad. ¨ (Arteaga; 2005:15)
Los juicios abordados constituyen puntos clave para considerar a la educación como uno de los agentes más poderoso para el cambio cultural y el progreso social al permitir por un lado el desarrollo integral de la persona, la toma de conciencia sobre las problemáticas sociales y por otro la búsqueda y puesta en práctica de las soluciones adecuadas para hacer frente a los retos del futuro desde el aprendizaje de lo mejor de la cultura universal. La actual visión de Cultura de Paz supone una forma de convivencia socio-cultural que se caracterice por la vivencia de los derechos humanos, el desarrollo sustentable, el desarrollo humano, la justicia, el respeto a las diferencias, la democracia, las nuevas relaciones con la naturaleza, la superación de la pobreza y la solidaridad en las relaciones humanas, que vincule estrechamente componentes universales y nacionales de las sociedades en que se desenvuelve el individuo.
Por consiguiente se trata del desarrollo de planteamientos creativos que hagan posible la transformación del sistema
actual y la creación de una Cultura de Paz. Una Cultura de Paz que, no busque la derrota del oponente, sino el reconocimiento de los intereses recíprocos y el respeto hacia la diversidad de identidades culturales” (Fisas, 1990: 49). La secuencia de proceso en la formación de los profesionales conlleva a que aprenda a utilizar las herramientas cognitivas, procedimentales y metodológicas que ofrece la Educación para la Paz y la convivencia para contrarrestar las tendencias contrarias a ella y la consolidación de una nueva manera de ver, entender y vivir en el mundo, empezando por el propio ser y continuando con los demás.
Las Universidades Pedagógicas son parte de la sociedad, y por consiguiente el conocimiento y el saber que en ellas se producen no puede ser algo aislado de la realidad nacional, sin tomar conciencia de que son parte de esa sociedad civil que está siendo violentada de forma permanente.
La perspectiva de la educación, la cultura de paz y la convivencia exige que este tipo de centro de la educación superior, observe los siguientes elementos:
• Continúe la proyección de líneas claras donde se consoliden las posturas éticas, se enseñe a cada persona a reconocerse a sí mismo como ser histórico; así como la comprensión de su temporalidad para que puedan reinventar su compromiso con la vida y con los procesos de reconstrucción social socialista.
• Estas instituciones como parte de la red universitaria forma parte de uno de los ejes de la sociedad civil, pues constituye el espacio donde se forma el capital humano de la educación en general; uno de los escenario que tiene la responsabilidad de la definición del progreso educacional del país, al que se reclama pertinencia desde una función crítica, que señale rutas claras y marque rumbos en la sociedad.
• Desde esta mirada la comunidad universitaria pedagógica no puede perder de vista esa prospectiva de las sociedades que construye y que requiere de personas con altos niveles cognitivos, procedimentales, actitudinales e íntegras que puedan contribuir a la transformación y a la humanización de las sociedades, desarrollando un sentido de la vida, del valor de la existencia humana, en un proceso continuo y permanente de educación para la paz.
En este análisis resultan necesarias las siguientes interrogantes: ¿Existe un pleno conocimiento de las concepciones pedagógicas y didácticas de la educación y la cultura de paz por parte de actores de las Universidades Pedagógicas? ¿Proporcionan estas instituciones una cosmovisión clara, que mire a la no violencia, al respeto
por la vida y al compromiso por generar alternativas de convivencia, diálogo y concertación desde las disciplinas del currículo de las carreras?, ¿Se reconoce el impacto de la violencia y sus efectos en todos los órdenes?, ¿Se educa para asumir el conflicto?, ¿Contribuye a marcar rumbos en la reconstrucción social?, ¿Forma para la resolución de conflictos? Para una mejor comprensión es precisa la conceptualización de algunos términos desde la perspectiva pedagógica que constituyen puntos de partida para poder responder las preguntas antes mencionadas:
Educación para la paz: la mayoría de los autores, aunque señalan sus rasgos y reflexionan sobre ella, no siempre logran una definición, en el presente trabajo se asume el que aporta la autora Susana Arteaga que la define como: ¨ un proceso formativo continuo, dinámico, fundamentado en los conceptos de paz positiva, orden mundial real, derechos humanos y la perspectiva de la solución pacífica de los conflictos sobre la base de la ética, que prepare al hombre en su dimensión individual y social para develar críticamente la compleja y conflictiva realidad, actuar en consecuencia a partir del papel regulador de los valores con un profundo humanismo y aprovechando las vivencias y experiencias que más favorecen las relaciones humanas, buscando salidas constructivas, no violentas; evitando lo que implique daño o destrucción del hombre, de su cultura material y espiritual y de su medio ecológico.¨ (Arteaga,2005:20) Cultura de paz: la UNESCO la define como: “...un cuerpo creciente de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida compartidos, basados en la no violencia y el respeto a los derechos y libertades fundamentales, en la comprensión, la tolerancia y la solidaridad, en la coparticipación y la libre circulación de la información, así como en la plena participación y fortalecimiento de la mujer”. (UNESCO, 1995: 22). El Modelo del Profesional de las carreras pedagógicas que se basa en un egresado con un perfil amplio que propicia la concreción de los objetivos y los principios didácticos de la educación y la cultura de paz, como el compromiso, de la construcción de una mejor sociedad, y el reconocimiento de las posibilidades históricas de aprender a ser, a convivir y a participar en forma activa con la comunidad.
La Educación y la cultura de paz debe concretarse en la Educación Superior Pedagógica como un ejemplo de vida para los alumnos y en el afianzamiento del manejo de datos e información sobre la paz y la violencia, así como de las causas y consecuencias de la misma, que se vayan identificando de manera particular en los diferentes planes y programas de estudio de las diferentes carreras.
La aplicación del programa del Educación para la paz y la convivencia en las carreras pedagógicas demostró que no se debe olvidar que estas universidades tienen, además del aprendizaje académico, la obligación de enseñar a los jóvenes a vivir juntos y a resolver conflictos de sus vidas, lo que permitirá que aprendan de manera más efectiva; así
como enseñar a sus estudiantes a aprender a enseñar a solventar cada día los conflictos en las aulas como líneas de investigación y de perfeccionamiento de la educación para evitar el fenómeno de la violencia escolar.
La educación, la cultura de paz y la convivencia que se promueva en estos centros debe entenderse como un proceso que se persista durante toda la vida y parta de una perspectiva en su formación como hombre, profesional y ser social con un sustento ético y una pedagogía en el manejo del conflicto fundamentada en el diálogo y en la capacidad de interactuar con el otro desde el reconocimiento y el respeto a la diferencia. En ese proceso de reconocimiento del otro, de respeto por sus ideas, de diálogo y razonamiento implica valores, principios y sentido de autonomía.
La formación de profesionales de la educación con un compromiso social desde los fundamentos de la educación para la paz y la convivencia debe partir de la formación de maestros artistas, personas abiertos a la ciencia, líderes comprometidos, que muestren nuevos caminos en la responsabilidad y el compromiso con la paz y la no violencia, a partir de la aceptación de la dimensión y el sentido de la ética en lo público
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Qué pasa con esos vínculos posesivos y controlados, como el hecho de vigilar qué es lo que hace la otra persona, el interpretar negativamente y desconfiar de todos esos comportamientos. ¿A dónde nos lleva? El noviazgo o las relaciones se vuelven un vínculo que se sostiene, más que nada de eso, de las restricciones y prohibiciones. ¿Qué pasa con los acuerdos singulares que cada uno pueda construir? Porque un vínculo debería ser una cesión de una persona para complementar el deseo de otra, ¿Qué tiene de interesante?, es bonito tener un vínculo donde lo más importante es la confianza, el afecto y el respeto.
Si realmente tenemos que estar todo el tiempo gastando energía, revisar y desconfiar; sentirnos mal al respecto de eso, es un llamado a la reflexión de cómo nos estamos vinculando y cuáles están siendo nuestros pilares, además debemos tener mucho cuidado de cómo estos chistes o discursos siguen reproduciendo estereotipos de género y maneras enlatadas de vincularnos que indudablemente no están llevando a ningún otro lugar que a tener relaciones, también enlatadas y estereotipadas, y quizá, aunque sea difícil, asumir que si a un vínculo, debemos dedicarle tanta cabeza en el sentido de la desesperación, quizá debamos replantearnos si ese vínculo es para nosotros en este momento.
Está muy de moda el hecho de confundir el amor con el abuso, todo va perfecto hasta que la pareja, ya sea el hombre o la mujer hace que modifiques tu forma de vestir, abandonas tus amistades porque tu pareja se enoja por cualquier cosa, hace que te sientas perdida en un laberinto sin salida, pero te da miedo quedarte sola, pensando que nadie te va a querer, que por no acceder a sus peticiones te puede cambiar.
El amor no es violencia, la idea de celebrar el amor, la ilusión, enamorarse, tener pareja y amarse, es una idea muy emocionante, tener un amor de película o de cuento de hadas, en un momento dado, todos soñamos con eso. Pero nos hemos preguntado en algún momento ¿Qué es el amor? ¿Qué significa el amar? ¿De qué forma me ama? El caso es que el amor no es violencia, la violencia en la actualidad está tan disfrazada que pareciera que no existe, pero ahí está y esto es debido a que las actitudes son socialmente aceptadas, las personas piensan que esto es algo normal, tan común, controlar los me gusta de tu pareja en las redes
Licda. Lisbeth Arana Docente/investigador IDHUSAC
sociales, ver comentarios, si sigues o no a determinadas personas, tener que compartir las claves del teléfono, ver las conversaciones de WhatsApp, vemos que este tipo de violencia es tan sutil, está tan disfrazada que pareciera que no existe, pero ahí está. Pienso que las actitudes son socialmente aceptadas, en la actualidad pensamos que esto es algo normal y tan común, que pusimos de moda llamarle a la pareja, el tóxico, la tóxica, porque ejercen un control restrictivo en la pareja; la víctima si denuncia o cuenta la situación o violencia a la que se encuentra sometida, es víctima de burlas par parte de su círculo social, con la tendencia a minimizar sus sentimientos.
Las relaciones en la actualidad inician con los celos, las prohibiciones, empujones, pellizcos, malas expresiones y la presión de tener relaciones sexuales como prueba de amor, sin darnos cuenta que todas estas actitudes también son violencia y debemos tener claro que estas actitudes no son normales en una relación de pareja, las relaciones deben basarse en el respeto e igualdad entre el hombre y la mujer. Aún se tiene la falsa creencia que los hombres y las mujeres no somos iguales, pero si tan solo llegáramos a comprender que hay tantos puntos en los que el hombre y la mujer son iguales, no existiría el maltrato en una relación, el problema es que nuestros hijos crecen con la falsa creencia de que eso es amor, es normal que en una relación haya violencia, creemos que no enseñamos eso, pero con los ejemplos y actitudes, crecen con violencia e indiferencia y no conocen otra realidad más que la que se vive en el hogar.
En cualquier noviazgo en el que se encuentra implícita la violencia, no hay cabida para el amor.
Podemos preguntarnos ¿Cómo es el noviazgo? pensamos, él a veces se queja y tiene razón, me tardé para subir al carro, me quedé platicando y casi me atropella.
Él, en ocasiones me hacía reflexionar, siempre me cuidaba, se preocupaba por mí, me amaba, solo jugaba (cuando abusó de mí) y yo no entendía.
La violencia en el noviazgo se refiere a toda acción u omisión que daña tanto física, emocional como sexualmente, con el fin de dominar y mantener el control sobre la otra persona.
Se considera violencia de pareja el ataque a la autoestima, los insultos, el chantaje, la manipulación sutil o los golpes; para saber si te encuentras en una relación violenta, simplemente debes analizar cómo te sientes cuando estás con tu pareja, es decir, te sientes libre de comentar o hacer cualquier cosa o tienes que cuidar tus comentarios y comportamientos, porque temes que en cualquier momento se enoje y la situación se salga de control.
La violencia se puede manifestar de diferentes formas, por lo que hoy dejo algunas banderas rojas: tu pareja te pone apodos que te desagradan, se burla de ti en frente de tus o sus amigos, revisa tu celular, Facebook, Twitter o cualquier red social para ver con quién hablas, sólo estamos jugando, me cela porque me quiere, me dice como vestirme porque se preocupa por mí, me vigila todo el tiempo porque no quiere que me pase nada, me golpea porque yo lo provoqué… No olvidemos que las conductas que son violentas para nada enriquecen y menos estimulan una relación.
Es difícil detectar las relaciones violentas, pero si encuentras una bandera roja, busca apoyo con tu familia o con un profesional de la salud mental.
Una relación es para conocerse y disfrutarse, no para manipular y menos lastimar.
Recordemos que las relaciones no se buscan ni se encuentran, las relaciones se construyen,
Antes que a nadie, nosotros debemos amarnos.
La indiferencia es una actitud terrible que denigra y desvaloriza a quien se dirige, pero es peor para quien la practica de manera consciente o inconsciente en su vida diaria, como una actitud común y corriente. Por qué razón esto es así, porque es muy triste que las personas hayan perdido, si alguna vez fue parte de sus cualidades y actitudes normales, la sensibilidad y el humanismo que los hace tener esa facilidad para sentir como propios los sufrimientos de los demás, que en otras palabras sería tener empatía ante el sufrimiento de los demás.
Lo anterior nos hace pensar en cuáles deberían ser las cualidades o las actitudes contrarias que debe tener una persona que no es indiferente y, entonces hablamos de sensibilidad, humanismo, empatía, solidaridad.
Pero nos preguntamos por qué las personas son indiferentes y cuál es la situación actual en la cual se vive la indiferencia. Las respuestas se entremezclan porque se relacionan íntimamente, por lo que el orden de respuesta no es importante y entonces cuando se habla de la situación o la realidad actual, se puede ver con claridad y certeza que la indiferencia es una actitud negativa y un comportamiento bastante normal en la vida de las personas, quienes la viven, la practican incluso de manera inconsciente, ni se diga cuando es una cualidad negativa de las personas que de manera consciente y cotidiana la ejercen sin importarles las consecuencias en sus vidas y menos en las vidas de quienes sufren esa indiferencia.
Dentro de un contexto general, podemos hablar de Guatemala o más allá a nivel internacional, vemos cómo el Sistema Neoliberal, que no es Liberalismo y tampoco Capitalismo, dentro del cual transcurren nuestras vidas, es la base fundamental que promueve, practica y le da sustento a un antivalor que es parte indispensable para el sistema porque permite que las personas no tengan ningún inconveniente, obstáculo o reparo para actuar sin detenerse ni siquiera a considerar el sufrimiento de la gran mayoría de personas con las que conviven en un país subdesarrollado como Guatemala. Su vida material, de apariencias, del espectáculo, transcurre siendo fiel a los anteriores elementos que forman parte integral del Sistema Neoliberal, en el que importa únicamente el beneficio, el lucro, la ganancia, estar dentro del grupo, en sintonía con la tecnología y los programas alienantes que les roban la poca
inteligencia y los alejan completamente del humanismo, de la solidaridad, la empatía y el bien común, que es uno de los principios fundamentales de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala.
El actual sistema imperante, se ve agravado por otras situaciones, estrategias y actitudes alienadoras que contribuyen de manera segura y sostenida a preservar y proteger el Sistema, condenando a la gran mayoría de población de clase media baja, pobre y extremadamente pobre, al olvido, al sufrimiento y a la muerte; entre estas estrategias están la constitución y activación efectiva de las llamadas iglesias neopentecostales, las cuales promueven la prosperidad de unos pocos, la alienación de la mayoría y la codicia por el dinero, como elementos principales de su accionar; adicionalmente, están las organizaciones del crimen organizado en sus diferentes formas, los empresarios emergentes surgidos de la corrupción, entre otros.
Todos contribuyen decididamente a la protección y preservación del Sistema, dentro del cual, la indiferencia es una estrategia fundamental, que no se mira, no está expresada en documento alguno, pero guía las vidas de la gran mayoría que sólo sienten y piensan para sí mismos y para sus grupos de influencia, que coincidentemente son quienes están en el poder de los diferentes países a nivel mundial, siendo Guatemala parte integrante y activa de este sistema imperante.
Por otro lado, la indiferencia es una de las actitudes y antivalores más común y generalizado dentro del Sistema imperante y tiene una relación directa con la violación de derechos humanos de las personas. Las personas de manera consciente o inconsciente la viven cotidianamente, en su vida diaria, sin importarles las consecuencias para sí mismos, ni para las personas a quienes las dirigen. La situación se complica porque las personas que son indiferentes, muchos de ellos son trabajadores, funcionarios o agentes del gobierno de diferentes instituciones, por lo que la practican, la promueven y reafirman de manera consciente o inconsciente.
La indiferencia puede actuar de dos formas diferentes pero relacionadas: la primera sería que la indiferencia como una actitud consciente, forma un prejuicio en contra de
los derechos humanos en general y, la atención indebida y violatoria de derechos humanos es consciente y deliberada, sin importar las consecuencias para sí mismos, ni para las personas a quienes se atiende en su gestión específica.
La segunda situación es que sin conocer o importar la existencia de los derechos humanos y las necesidades de quien solicita un servicio o la intervención para solventar una necesidad personal, el agente o trabajador no le importa solucionar u orientar las necesidades de la persona, porque prevalece en él la indiferencia total como una actitud negativa hacia el cumplimiento de su trabajo. En ambas situaciones existe una actitud negativa y violatoria del derecho humano específico que se gestiona y adicionalmente la indebida e incluso prepotente atención del caso.
Como vemos en lo anteriormente expresado, existe una relación directa entre la indiferencia y las violaciones a los derechos humanos, es una infeliz coincidencia totalmente negativa para la vida de las personas, tomando en consideración que cada una por su lado, tiene consecuencias también negativas, pero actualmente ambas situaciones son parte integral del Sistema Neoliberal a ultranza que estamos viviendo en Guatemala, se aceptan no de manera formal pero sí de hecho en la realidad, porque
de otra forma entrarían en contradicción con el Sistema y con los objetivos que se persiguen. Pareciera una ficción y no como en realidades diferentes y normales en donde se respetan los derechos humanos de las personas y se tiene como objetivo fundamental la atención debida y oportuna de todas las necesidades ingentes y prioritarias de la población más necesitada pobre y extremadamente pobre, es increíble porque para la mayoría de la población en Guatemala, la situación que se vive es normal y está totalmente ciega y alienada y de ninguna manera se tiene la conciencia de lo grave y triste que es nuestra realidad; el circo por medio del mundo del espectáculo está presente todos los días a la par de la influencia que ejercen los medios de comunicación alineados y la publicidad vil y descarada que promueve sin ningún pudor ni reparo, todos esos mensajes hedonistas que fortalecen y aseguran el consumismo en grado superior, que es el rey para la vida fría y vacía de la gran mayoría de población enajenada que sólo les importa atender y satisfacer sus propios intereses y los de su grupo de influencia.
A nivel mundial, es una realidad fría y descarada, que prioriza lo material, el individualismo, el lucro, la satisfacción personal, desechando lo colectivo, lo social, los derechos humanos y, todos los principios y valores que deberían caracterizar a la población mundial.
Durante la administración de Jimmy Morales se presentó en abril de 2017 la “Agenda Política de la Paz 2017-2026, Compromisos por cumplir”, por parte de la Secretaría de la Paz. La cual, en su parte introductoria expresaba: “aportará una ruta estratégica para la construcción de una Guatemala más justa, democrática y soberana.
En el prólogo afirma: “Nuestro objetivo es promover procesos que garanticen una mejor institucionalidad pública garante de los derechos humanos y que responda a lo establecido en el “Plan Nacional de Desarrollo: K’atun, Nuestra Guatemala 2032”, la “Política General de Gobierno 2016-2020” y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”
En su momento la Secretaría de la paz, consideró pertinente realizar una evaluación del avance en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Los resultados alcanzados con relación a los compromisos pendientes, permitió la resignificación de los mismos acuerdos y la elaboración de la Agenda Política, tenía como objetivo ser el instrumento que oriente y facilite la concreción de los Acuerdos de Paz para el siguiente decenio en la institucionalidad pública.
El documento reafirma que “es preciso retomar, fortalecer y garantizar la continuidad de los esfuerzos para el cumplimiento de los compromisos pendientes, lo que requiere de acciones concretas y sostenidas por instituciones públicas, personas individuales y jurídicas, el apropiamiento de la juventud y de la sociedad guatemalteca en general, para abonar a una política pública de cultura de paz y la garantía de no repetición de aquellos eventos que propiciaron el enfrentamiento entre los guatemaltecos”
Respecto del contenido: Sometieron a revisión los doce Acuerdos firmados por “las Partes”, el Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que finalizaron con el Acuerdo de Paz Firme y Duradera el 29 de diciembre de 1996, fueron revisados y desagregados a nivel de cada uno de los compromisos a que arribaron ambas Partes, para que la persona lectora tenga a la mano el detalle de qué se consigna en cada Acuerdo y en qué condición está el grado de cumplimiento al año 2016.
La Agenda Política de la Paz es una agenda integral, contextualizada y programada de compromisos por
2017-2026.
cumplir, en un espíritu de conciliación nacional. El camino de la gestación y nacimiento de la Agenda Política de la Paz 2017-2026, Compromisos por Cumplir, fue acompañado por una mesa técnica integrada por organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas del Estado de Guatemala, aportando importantes sugerencias y recomendaciones en las diversas reuniones de trabajo de seguimiento realizadas. La sociedad civil estuvo representada por: la Fundación Esquipulas -para la Paz, Democracia, Desarrollo e Integración-; el Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (DEMOS)-; y la Fundación Propaz, por la institucionalidad pública del Estado, participaron: la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de la Defensa Nacional; la Comisión Específica para la Paz y el Desminado del Congreso de la República de Guatemala; Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas; la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN); el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz (CNAP); el Foro Nacional de la Mujer (FNM); Programa Nacional de Resarcimiento (PNR); la Bancada de URNG-Maíz; y la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes del Parlamento Centroamericano.
Las reuniones de trabajo para el seguimiento de la preparación de la Agenda fueron convocadas y conducidas por la Secretaría de la Paz de la Presidencia de la República.
Para la elaboración de la Agenda de la Paz se contó con el cofinanciamiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- y del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria –NIMD-.
El interés mostrado por la Secretaría de la Paz en su momento materializado en dicho documento no duró mucho tiempo, debido a que con el cambio de gobierno, por decisión del Presidente de la República que recién asumió su mandato enero 2020- 2024; por decisión unilateral cerro distintas dependencias que se crearon para la implementación de los Acuerdos de Paz.
El 30 de julio de 2020, el gobierno de Alejandro Giammattei derogó los acuerdos gubernativos que crearon la Secretaría de la Paz (SEPAZ), el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) y la
Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH).
Según argumenta el actual gobierno, las tareas de dichas instituciones serán asumidas por la recién creada Comisión Presidencial de Paz y Derechos Humanos (COPADEH), con el propósito de “unificar y promover la paz y el respeto a los derechos humanos”
Al respecto, varias organizaciones sociales y el Procurador de Derechos Humanos (PDH) interpusieron recursos de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad (CC), los cuales fueron admitidos y al día de hoy están pendientes de resolución.
Este proceso de cierre ha impactado en muchas organizaciones de víctimas sobrevivientes del Conflicto Armado Interno (CAI), de población indígena y campesina, de derechos humanos (DDHH), etc., pues constituían herramientas para enfrentar y superar las causas estructurales que desde hace siglos mantiene a la gran mayoría de la población indígena en la pobreza, sin acceso a derechos tan básicos como salud, educación y trabajo. En la raíz de esta situación está instalado el racismo, la desigualdad y la exclusión, que constituyen causas históricas.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su informe 2015/16, señala que esta realidad sigue vigente:
“Al terminar el plazo para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en 2015, la mayoría de las metas no se cumplieron. Guatemala es el único país de América Latina que no logró reducir la pobreza de ingresos en ese periodo.
La pobreza y la desigualdad impactan especialmente a poblaciones rurales, a los Pueblos Indígenas y a las mujeres, que sobreviven con altos índices de pobreza multidimensional, sin acceso a servicios básicos de saneamiento, de educación, a activos productivos o a fuentes de empleo decente. En algunos de los indicadores de base, las privaciones en las poblaciones rurales y en los pueblos indígenas alcanzan al 90% de la población, que no logra cubrir sus necesidades económicas básicas, incluyendo más del 40% de la población adulta sin escolaridad”
Otro de los objetivos de las instituciones de la paz fue facilitar el camino hacia la justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado por el Estado de Guatemala contra la población, en su gran mayoría perteneciente a los Pueblos Indígenas.
Se han dado grandes pasos en este camino. El ejemplo más significativo lo constituye el hecho de que en los años 2013 y 2018, dos tribunales distintos concluyeron que el Estado cometió un genocidio contra la población Ixil durante el gobierno militar de Efraín Ríos Montt (1982/83). Esto es un hito histórico sin precedentes que convierte a Guatemala en el único país del mundo donde un tribunal nacional ha sentenciado un genocidio en su propio país. Sin embargo, considerando la magnitud de la extrema violencia sufrida por la población durante dicho conflicto, este es un proceso inacabado. Los casos judiciales presentados y las sentencias logradas solo visibilizan una parte de todo el horror vivido.
Todos los logros, tanto en justicia transicional como referentes a recuperación de territorios indígenas, no hubiesen sido posibles sin la ingente labor, paciencia y persistencia de víctimas sobrevivientes, en su mayoría población indígena y campesina, que no han cejado en la persecución de su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no-repetición. Sin embargo, la Corte Interamericana de DDHH (Corte IDH), a través de varias sentencias y de la supervisión del cumplimiento de las mismas, ha señalado el desacato de sus resoluciones, por parte del Estado.
El cierre de las instituciones de la Paz se da en un contexto político donde las vías de diálogo entre instituciones estatales y sociedad civil están prácticamente quebradas y prevalece la desconfianza de las organizaciones por experiencias previas muy negativas. La decisión del cierre se tomó sin consultar a la sociedad civil ni a las organizaciones interesadas. Las organizaciones de víctimas y sobrevivientes están especialmente preocupadas por la falta de transparencia con que están siendo manejados los documentos acumulados durante los años de existencia de estas instituciones. Los procesos de acceso a tierras que llevaban las organizaciones campesinas con la SAA han quedado estancados y no hay información de cómo seguirán al igual que otros procesos.
Los países, en virtud del ejercicio de su soberanía, suscriben, se adhieren y ratifican los convenios internacionales de derechos humanos y asumen frente a las demás naciones, compromisos que en su seno, se vuelven obligaciones jurídicas.
Guatemala guarda en su Constitución Política el principio de las relaciones internacionales del Estado (artículo 149) con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de los procesos democráticos e institucionales que garanticen el beneficio común y equitativo entre los Estados. Por aparte establece, (artículo 46) como principio general de que en materia de derechos humanos las convenciones aceptadas y ratificadas tienen preeminencia sobre el derecho interno; según la Corte de Constitucionalidad ¹ la preeminencia de los derechos humanos contenidos en el texto constitucional, es entendida como la evolución en materia de derechos humanos, que de forma explícita la propia constitución señala en su artículo 44 párrafo segundo que “Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana”; es decir, el texto de los convenios de derechos humanos vienen a complementar y desarrollar los derechos humanos para una mejor garantía, aparte de ingresar como máximas jurídicas por ser inherentes a la persona.
La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, contiene el principio de la observancia, aplicación e interpretación de los tratados o convenios, como lo prescribe el artículo 26, todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe. Y que, no podrá invocarse las disposiciones del derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Artículo 27.
Guatemala ha mostrado una especie de política de puertas
abiertas a lo largo de los años frente a los organismos internacionales de los derechos humanos, tanto de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, como también a los organismos especializados de las Naciones Unidas como por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo. Esto ha permitido la ratificación de varios instrumentos de derechos humanos como convenios y protocolos, así como la suscripción de otro conjunto de declaraciones de derechos humanos. En la Organización de las Naciones Unidas se identifican 28 instrumentos ratificados entre Convenios y Protocolos. 9 instrumentos de la Organización de Estados Americanos² y 74 instrumentos en materia laboral de la Organización Internacional del Trabajo ³.
El ingreso de los Convenios internacionales de derechos humanos al andamiaje jurídico guatemalteco ha creado una obligación gigantesca que demanda enormes y serios esfuerzos sostenidos a nivel gubernamental para su cumplimiento, el Estado se ha comprometido con estándares de derechos humanos, donde la voluntad política y la disponibilidad de recursos económicos y técnicos, se ponen a prueba. La planificación gubernamental debía al menos estar en sintonía con estas obligaciones, lo que no ocurre siempre.
El país es examinado periódicamente en el cumplimiento de los convenios de derechos humanos que ha ratificado, solo en las Naciones Unidas existen al menos diez mecanismos entre Comités y el examen periódico universal ⁴. Cada vez que esto ocurre se examina internamente los avances, donde técnicos y funcionarios de la administración gubernamental se ocupan en demostrar que se han atendido las obligaciones de Estado, en tanto que, organizaciones de derechos humanos y colectivos de sociedad civil, se empeñan en señalar que no existen avances.
¹Expediente número 199-1995 del 18 de mayo de 1995 que analizar la constitucionalidad del Convenio 169 de OIT. En esta opinión se señala que la Corte ha considerado que la Constitución debe interpretarse como un conjunto armónico, en el que cada parte se interpreta en forma acorde con las restantes, que ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y que debe preferirse la conclusión que armonice y no la que coloque en pugna a los distintos preceptos del texto constitucional. Y que los términos del artículo 46, debe entenderse como su reconocimiento a la evolución en materia de derechos humanos, pero su jerarquización es la de ingresar al ordenamiento jurídico interno aquellas normas que superen al reconocimiento explícito de los derechos que ella posee, pero nunca con potestad reformadora y menos derogatoria de sus preceptos por la eventualidad de entrar en contradicción con normas de la propia Constitución.
² Principales tratados internacionales sobre derechos humanos aprobados y ratificados por Guatemala. Organización de las Naciones Unidas.
³ La OIT cuenta con 8 Convenios fundamentales, 4 Convenios de gobernanza y 178 Convenios técnicos. Guatemala ha ratificado 74 Convenios. Los 8 Convenios fundamentales y los 4 de gobernanza, así como 62 Convenios técnicos. Los Convenios fundamentales y los de gobernanza tienen un ciclo me memoria de 3 años. El Convenio técnico tiene un ciclo de memoria de 6 años. La memoria de país, es el mecanismo de examen de cumplimiento que lleva a cabo este organismo especializado de las Naciones Unidas.
⁴
Como país, es correcto valorar correctamente los avances en cada tema, así como los cambios en las condiciones de los sectores a los que se enfocan las obligaciones, a los habitantes en general, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, los adultos mayores, la niñez, entre otros. Los avances son a su vez, el resultado del trabajo tesonero de los actores sociales y del gobierno en la defensa e implementación de los derechos. Es sabido que ningún país del mundo ha obtenido cien puntos en los exámenes de cumplimiento de los derechos humanos, menos aún en los países como los latinoamericanos, claro está que esto no justifica la desatención o falta de acción.
La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales han sido novedades en la defensa de los derechos humanos en los últimos quince años, los casos concretos de incumplimiento en el derecho a la alimentación, la educación, la consulta a los pueblos indígenas, la discriminación, la defensa de los recursos naturales y el territorio, ya ocupan a los tribunales de justicia de diversos países, una situación que advierte seriamente sobre el deber y la obligación de los gobiernos al asumir los instrumentos o convenios de derechos humanos5
A manera de ejemplo, la implementación progresiva que ha existido en la aplicación del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales número 169, ratificado en 1996 por el Estado de Guatemala y como resultado de la firma del Acuerdo de Paz sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas en 1995, en este tema, cuya importancia radica en la composición étnica del país cuya población alcanza al menos 6 millones y medio de guatemaltecos, es decir un 43.75 por ciento de la población nacional, conformado por tres pueblos, el maya, el garífuna y el xinka.
Desde la ratificación del Convenio 169 de OIT, el gobierno ha venido institucionalizando las acciones mediante programas, políticas, legislación y diversas medidas administrativas. En cuanto al derecho al desarrollo y participación, por ejemplo, sin ser exhaustivos, se incluyó en la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto 11-2002 la participación de forma extendida a nivel nacional de los pueblos indígenas en los diferentes niveles para decidir sus prioridades de desarrollo. Y que, el sistema se rige por principios, artículo 2, como a) El respeto a las culturas de los pueblos que conviven en Guatemala; b) El fomento a la armonía en las relaciones interculturales; d) La constante atención porque se asigne a cada uno de los niveles de la administración pública las funciones
que por su complejidad y características pueda realizar mejor que cualquier otro nivel. La promoción de procesos de democracia participativa, en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades de los pueblos maya, xinca y garífuna y de la población no indígena, sin discriminación alguna; e) La conservación y el mantenimiento del equilibrio ambiental y el desarrollo humano, con base en las cosmovisiones de los pueblos maya, xínca y garifuna y de la población no indígena; f) La equidad de género, entendida como la no discriminación de la mujer y participación efectiva, tanto del hombre como de la mujer.
En materia de justicia y aplicación del derecho consuetudinario o derecho indígena, artículos 8 al 10 del Convenio 169 se han planteado iniciativas de ley en el Congreso de la República como la número 3946 Ley de Jurisdicción Indígena, el cual cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Pueblos Indígenas, con fecha 17 de abril de 2013. El Organismo Judicial mediante medidas administrativas ha incorporado la función de los intérpretes de idiomas mayas en sus servicios a nivel de país, así como la Aprobación de la ley de Idiomas Nacionales Dto. 19-2003 en cuyos artículos 14 y 15 se precisa la obligación de prestar los servicios de justicia en el propio idioma.
En materia de salud, artículo 25 numeral 2, respecto a que, los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. Se han tomado medidas para su implementación como la emisión de la Ley para la Maternidad Responsable Decreto 32-2010 del Congreso de la República en su artículo 2 literales b) y d) establece, b) Fortalecer el programa de Salud Reproductiva y la Unidad de Atención de la Salud de los pueblos Indígenas e Interculturalidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, respetando los métodos de atención a la salud tradicional de las culturas maya, xinca y garífuna y d) Respeto a la interculturalidad: los servicios de salud materno-neonatal deberán prestarse, garantizando el respeto a la identidad cultural, valores y costumbres de las comunidades.
Así también, mediante medida administrativa el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social implementó el programa
De cada instrumento de derechos humanos existe un Comité, a cuyo cargo se encuentra la vigilancia y seguimiento de la aplicación del Convenio, Comité de Derechos Humanos, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité para la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité para la Eliminación de las Discriminación contra la Mujer y el Comité contra las Desapariciones Forzadas. Pero también existen otros mecanismos como el Examen Periódico Universal, los relatores y expertos que igualmente examinan los progresos en el cumplimiento de los derechos humanos. Por aparte los exámenes que realizan los organismos especializados como la Organización Internacional del Trabajo.
5La Corte de Constitucionalidad ha resuelto 26 casos sobre el tema de consulta a pueblos indígenas en el período de 2013 a 2017, de un total de 45 casos relacionados con la aplicación del Convenio 169.
de Modelo Incluyente en Salud –MIS, con la intención de validar el MIS, a partir del año 2003 se implementa el modelo en dos lugares a los que se les ha llamado proyectos piloto: (a) la Boca Costa de los municipios de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, en el departamento de Sololá, y (b) en el municipio de San Juan Ostuncalco del departamento de Quetzaltenango y posteriormente en otros lugares con alta población indígena. En el MIS se revisan conceptos e ideas sobre la salud y la atención, se proponen cambios de actitud, comportamiento y maneras diferentes de organizar la atención, asignar los recursos y coordinarse con la población, como se ha reportado en informes sobre el modelo.
Por aparte, mediante el Acuerdo Ministerial SP-M-239-2004 del 6 de enero de 2004 el Ministerio de Salud, creó entre otros, el “Programa de Medina Tradicional y Alternativa” enfocada a valorar y aplicar los conocimientos en salud de los pueblos indígenas de Guatemala. Y mediante el Acuerdo Ministerial número 1632-2009 del 16 de noviembre de 2009 el Ministerio de Salud creó la Unidad de Atención de la Salud de los Pueblos Indígenas e Interculturalidad en Guatemala y desarrolla un conjunto de conceptos básicos sobre adecuación cultural en salud, interculturalidad y pertinencia cultural en salud.
En materia de derecho a las prácticas religiosas, espirituales para que sean reconocidas, respetando así la integridad de sus valores y prácticas contenidos en el artículo 5 literales a) y b), mediante Acuerdo Ministerial número 391-2004 el Ministerio de Cultura y Deportes procedió a declarar Patrimonio Cultural y Natural de la Nación el cerro denominado «JOLOM B’AY» o Cerro Candelaria y su área circundante. Es un cerro o sitio sagrado ubicado en San Juan Sacatepéquez, Guatemala donde se práctica la espiritualidad indígena. Mediante Acuerdo Ministerial número 826-2012 el Ministerio de Cultura y Deportes procedió a declarar Patrimonio Cultural Intangible de la Nación el libro sagrado Popol Wuj, desde donde se fundamenta en buena parte las formas de vida y la espiritualidad de los pueblos indígenas.
En materia de propiedad y posesión sobre las tierras contenido en el artículo 14 numeral 1, mediante Acuerdo Administrativo 123-001-2009 del Consejo Directivo del Registro de Información Catastral RIC de fecha 18 de mayo de 2009. Por aparte, fundado en el Convenio 169 según el Considerando dos, sobre el respeto a la importancia especial que la tierra tiene para los pueblos indígenas y particular naturaleza colectiva y relación, aprueba el Reglamento Específico para el reconocimiento y declaración de tierras comunales en pueblos indígenas.
Así existen otras medidas relativas a educación, trabajo y artesanías entre otros, que buscan implementar y dar cumplimiento a la obligación que deriva del Convenio.
Puede notarse con los ejemplos dados, con tan solo uno de aquel conjunto de convenios ratificados por Guatemala, que son diversas las medidas que llevan al cumplimiento, tomados en diversos tiempos. Un instrumento o convenio puede conllevar la necesidad de una ley específica o un reglamento que desarrolle una de sus materias, un manual, una política, un plan, una guía o cualquier otra medida administrativa tomada desde las dependencias competentes.
Finalmente ha de tenerse presente los principios relacionados al bloque de constitucionalidad o control de convencionalidad utilizado en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte de constitucionalidad de Guatemala, como parámetro de control de constitucionalidad de las normas integradas a la constitución política por vía de la ratificación, es decir, han adquirido rango constitucional, por lo tanto justiciable, lo que obliga a que todo agente de gobierno lo aplique en el cumplimiento de su deber y deja fuera la discrecionalidad.
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala Noviembre 2022