SEMANARIO
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SAN LUIS POTOSÍ | AÑO 02 NO.148 | 08 DE AGOSTO DE 2026
SAN LUIS POTOSI EN LA MIRA
PASAN DE LA ORDEÑA
A TENER SUS REFINERÍAS PAG. O2 Y 06
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08 de agosto de 2026
| Editorial | Opinión
COMO la melodía de Juan Gabriel… TE pareces tanto a mí que no puedes engañarme…
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ASEGURAMIENTO POR HUACHICOL PONE A SAN LUIS POTOSÍ BAJO LOS REFLECTORES
CANCION que le cantan los partidos PRI Y PAN a Morena cada que los guindas hablan de gobernabilidad y de que en este país todo está bien desde la seguridad, la salud, la educación, la movilidad y la aplicación de la justicia… Y este ritmo musical lo estaremos escuchando a partir de ahora y hasta junio del 2027 cuando termine el proceso electoral… Y a propósito de procesos electorales les damos a conocer las fechas del proceso… PUES ya tenemos calendario electoral… INICIO del proceso electoral: 10 de septiembre del 2026, intención de candidaturas independientes: 5 de octubre del 2026, precampañas: 4 de enero al 12 de febrero del 2027, campañas: 4 de abril al 2 de junio 2027, veda electoral: 3 al 5 de junio del 2027, elecciones 6 de junio del 2027… MAS de campañas…
Por: Redacción
MIENTRAS candidatos a la gubernatura y a la presidencia muncipal y en especial de la capital recorren el estado y el municipio, organizando actos públicos, repartiendo propaganda y movilizando simpatizantes para posicionar su imagen rumbo a la elección del 2027, el Instituto Nacional Electoral (INE) permanece sin reglas para fiscalizar esa actividad política anticipada… EN los hechos, los aspirantes andan en plena campaña, pues realizan recorridos, hablan de su aspiración a la gubernatura y a la presidencia municipal, participan en asambleas y reuniones, realizan difusión personalizada en redes sociales, reparten folletos, playeras y gorras, e incluso organizan eventos con porras y grupos musicales, sin obligacion de reportar gastos al INE o autoridad electoral alguna… LA falta de fiscalización tambien impide conocer quien financia el traslado de simpatizantes a actos partidistas o la propaganda utilizada por los contendientes… MIENTRAS los procesos internos legalmente deberían iniciar entre enero y principios de febrero del 2027, la contienda ya se desarrolla en calles, plazas y redes sociales. ----------XXXXXXXXXX---------NADIE sabe, pero todos saben… Y sin querer queriendo nos llegó el coletazo del huachicol… SIN importar que lo decomisado en San Luis Potosi esta semana que termina lo llamemos como lo etiqueta el gobierno federal “centros de procesamiento ilícito de combustibles”, lo que impacta son los centros de almacenamiento en la mismísima zona industrial y en Villa de Reyes… DE seguro lo que sigue en este delicado asunto serán detenciones de potosinos involucrados, bueno eso suponemos… ----------XXXXXXXXXX---------Y para no perder el hilo del tema que está a discusión a nivel nacional el llamado “el derecho de las audiencias” observamos lo siguiente… EN principio se puede comentar que el derecho a las audiencias es claro, preciso y correcto al buscar siempre estar bien informados con verdades y hechos reales y no con manipulación de la propia información que manejan los medios tantos de radio y televisión como los escritos… Y ahí es donde los propios medios tienen sus reglas y autocensura a no publicar información que no sea previamente confirmada y veraz… EL asunto se complica cuando la comisión presidencial que regulará el contenido y programación de los medios tendrá la facultad para evaluar el carácter democrático o antidemocrático de las ideas que se difunden… Y tendría, por lo tanto, poderes para castigar a quienes promuevan ideas equivocadas para el régimen… EN conclusión la propuesta de la presidenta Sheinbaum está escrita con toda claridad: una agencia gubernamental castigaría a los medios que incumplan reglas vagas y que se aparten de la doctrina oficial y ahí es precisamente en donde esta el control y la sensura a los medios por parte del gobierno…¡PACATELAS!... HASTA LA PROXIMA…
Laguna de San Vicente es un ejido donde la fabricación de ladrillo y las actividades agrícolas forman parte de la economía local. En sus alrededores también se ubica el parque industrial Logistik II, donde operan empresas nacionales e internacionales y que anteriormente ha sido señalado por habitantes debido a presuntas afectaciones ambientales. Durante un recorrido por la comunidad se observó poca actividad en sus calles, la mayoría de terracería, y el acceso hacia el inmueble asegurado permanecía restringido. Comerciantes de la localidad indicaron que la mayoría de la población económicamente activa trabaja en empresas instaladas en el parque industrial y aseguraron que desconocen a vecinos que laboraran en el inmueble intervenido por la FGR. Por su parte, Hernández Martínez afirmó que Villa de Reyes mantiene condiciones de seguridad que permiten el desarrollo de nuevas inversiones industriales y destacó que el municipio continúa registrando la llegada y ampliación de empresas. Asimismo, informó que recientemente solicitó mayor presencia de la Guardia Nacional en la carretera 37 para reforzar la vigilancia y prevenir accidentes, debido al incremento del tránsito pesado en la zona. El alcalde sostuvo que, además del crecimiento industrial, el municipio impulsa proyectos de infraestructura, movilidad incluyente y promoción turística, por lo que pidió no estigmatizar a Villa de Reyes por este caso. “No se dejen malinformar por lo que se dice de Villa de Reyes; la mejor manera de conocer al municipio es visitarlo y descubrir todo lo que ofrece”, concluyó.
LA CENSURA: LA LEY ‘RESORTE’ Y LEY DE ‘AUDIENCIAS’
La nueva Ley de Derechos de las Audiencias en México de la 4T ha reavivado comparaciones con la legislación venezolana de Hugo Chávez del 2004, debido a que ambas contemplan mecanismos para regular contenidos en medios. Ésta es la ruta que siguió la “Ley Resorte” de Venezuela:
VENEZUELA 2004: El Presidente Hugo Chávez promulga la Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV (Ley Resorte) para proteger a niños y adolescentes y establecer responsabilidades para los concesionarios.
2004 La norma contempla aclaraciones y sanciones a contenidos “contrarios” a la ley. 2010: La Ley Resorte es reformada para extender su alcance a Internet y los medios electrónicos. Endurece sanciones a radio y TV.
MÉXICO 2017: Se aprueba la Ley contra el Odio para sancionar publicaciones y mensajes “ilícitos”. ONGs señalan que el marco legal ha servido para justificar sanciones, bloqueos, restricciones a periodistas y la autocensura.
Directorio Coordinación Editorial: Alejandro Leal T. Carmen Martens P. Información: Sarahí Ortíz A. Publicidad: Liz Rivera R.
Colaboradores de la edición: Preprensa: Felipe González L. Diseño Gráfico y Edición: Gerardo Dorantes R. Brenda A. Padilla
2026 (24 Jul.). El Gobierno presenta la Ley de “Audiencias” con el objetivo de que los radioescuchas y televidentes puedan distinguir entre publicidad, información y opinión, además de “defenderlos” frente a contenidos engañosos.
Periódico Ingrata Noticia 08 de agosto de 2026 año 02, Edición 148, es una publicación semanal, editor responsable Carmen Martens Pizzuto, número de certificado de reserva de derechos al uso exclusivo otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2023-072016285400-101. Número de certificado de licitud de título y contenido en trámite. Domicilio del impresor: Industrias Gráficas del Tangamanga, Sagitario 190 Fraccionamiento Central, San Luis Potosí, SLP, C.P. 78399 tel. 444 822 13 16. Este número se terminó de imprimir el 19 de octubre del 2025 con un tiraje de 5,000 ejemplares. Las opiniones aquí expresadas por lo autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del editor.
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| Locales | 08 de agosto de 2026
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RECHAZA GALLARDO CAÍDA DE EMPLEO Y ATRIBUYE VACANTES A FALTA DE MANO DE OBRA LOCAL
ALETRTA INTERAPAS POR FALSOS TRABAJADORES QUE BUSCAN INGRESAR A DOMICILIOS
PREPARA GOBIERNO NUEVA LEY DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Por Redacción
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El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, rechazó que la entidad enfrente una caída en el empleo formal, pese a la disminución de mil 154 plazas registrada entre mayo y junio, y sostuvo que el principal problema es la falta de trabajadores locales para cubrir las vacantes disponibles. El mandatario afirmó que las empresas instaladas en el estado mantienen una demanda constante de personal y reveló que una parte importante de su fuerza laboral proviene de entidades vecinas. Según indicó, el 35 por ciento de las plantillas de las industrias corresponde a trabajadores originarios de Guanajuato, mientras que otro 7 por ciento llega desde Zacatecas. Gallardo Cardona explicó que diversas compañías solicitan apoyo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para agilizar los procesos de reclutamiento y contratación, debido a la dificultad para encontrar mano de obra suficiente en la entidad. En ese sentido, dijo desconocer las causas por las que, pese a la existencia de vacantes en distintos sectores productivos, no se logra cubrir la demanda con trabajadores potosinos. “Entonces no entendemos los indicadores cómo midan una tasa de desempleo”, expresó el gobernador. Asimismo, sostuvo que los parámetros utilizados para medir el comportamiento del empleo no reflejan, a su juicio, la realidad del mercado laboral en San Luis Potosí. “No tanto que tengamos caída de empleo, por el contrario, regularmente los que arman los índices para desempleo o empleo, son otro tipo de parámetros los que usan”, concluyó. Las declaraciones del mandatario se producen después de que la Secretaría del Trabajo estatal reportó una reducción de más de mil empleos formales entre mayo y junio, dato que abrió el debate sobre el comportamiento del mercado laboral en la entidad.
El organismo operador Interapas emitió una alerta a la población tras detectar personas que se hacen pasar por trabajadores de la institución para intentar ingresar a viviendas o solicitar algún tipo de apoyo a los usuarios. A través de un aviso, el organismo pidió a la ciudadanía no permitir el acceso a supuestos empleados cuya identidad o motivo de la visita no pueda comprobarse, debido al riesgo de que esta modalidad sea utilizada para cometer delitos. La advertencia adquiere relevancia porque Interapas administra información personal de sus usuarios, como domicilios, números telefónicos, CURP, RFC y otros datos de identificación, los cuales, de acuerdo con su aviso de privacidad, son utilizados para la prestación del servicio, facturación y procesos de cobranza. Hasta el momento, el organismo no ha precisado cuántos casos han sido detectados ni en qué colonias se registraron los intentos de fraude. Tampoco informó si alguno de estos hechos ya fue denunciado formalmente ante las autoridades competentes. Interapas exhortó a la población a mantenerse alerta ante cualquier persona que llegue a su domicilio en nombre del organismo e intente ingresar, solicitar información personal o pedir algún tipo de apoyo. Asimismo, recomendó reportar de inmediato cualquier situación sospechosa para evitar que más usuarios sean víctimas de este tipo de engaños.
San Luis Potosí iniciará este mismo año la elaboración de una nueva Ley de Inteligencia Artificial con el objetivo de regular el uso de estas tecnologías en áreas como la salud, la atención psicológica, el medio ambiente, los procesos electorales y la difusión de contenidos en medios digitales. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que la iniciativa será construida con la participación de académicos, especialistas en salud, profesionales de la psicología, representantes de los medios de comunicación y expertos en distintas disciplinas, a fin de generar un marco normativo acorde con los retos que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial. El mandatario advirtió que cada vez más personas recurren a herramientas de inteligencia artificial para consultar información sobre enfermedades o problemas emocionales, e incluso buscan sustituir la orientación de médicos y psicólogos por respuestas automatizadas. Ante este panorama, consideró necesario que la legislación establezca criterios para prevenir riesgos derivados del uso de estas plataformas en temas que requieren la intervención de profesionales capacitados. Gallardo Cardona señaló que la propuesta también contemplará el uso de la inteligencia artificial en materia ambiental y electoral, especialmente ante la cercanía de futuros procesos comiciales y la posibilidad de que estas tecnologías sean utilizadas para manipular contenidos o influir en la opinión pública. Asimismo, indicó que los medios de comunicación serán convocados a participar en las mesas de trabajo para analizar problemáticas como la proliferación de portales apócrifos, la difusión de noticias falsas y la publicación de contenidos cuyos autores no se identifican ni asumen responsabilidad por la información que difunden. El gobernador recordó que el Congreso del Estado se encuentra en proceso de derogar la llamada “Ley Serrano” y afirmó que la nueva propuesta buscará construir una regulación integral sobre inteligencia artificial mediante un proceso de diálogo con especialistas y diversos sectores de la sociedad. Finalmente, reiteró que la iniciativa será presentada durante este año con el propósito de dotar a San Luis Potosí de un marco legal que responda a los desafíos derivados del avance de la inteligencia artificial.
GASTO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ AUMENTÓ 10.7% EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2026 Por Redacción
El gasto de funcionamiento del Ayuntamiento de San Luis Potosí aumentó 10.7 por ciento durante el primer semestre de 2026, impulsado principalmente por el incremento en los rubros de Servicios Generales y Servicios Personales, de acuerdo con el Estado de Actividades correspondiente al periodo enero-junio. Durante los primeros seis meses del año, el gobierno municipal ejerció mil 503.1 millones de pesos para su operación, cifra superior a los mil 357.8 millones registrados en el mismo periodo de 2025. El mayor crecimiento se concentró en Servicios Generales, cuyo gasto pasó de 560.2 millones de pesos a 680.3 millones, lo que representa un incremento de 21.4 por ciento respecto al año anterior. La nómina municipal también registró un aumento. En el apartado de Servicios Personales, el Ayuntamiento destinó 758 millones de pesos durante el primer semestre de 2026, frente a los 727.9 millones ejercidos en el mismo lapso de 2025. En conjunto, los egresos totales del municipio ascendieron a mil 749.1 millones de pesos, por encima de los mil 589.2 millones
reportados un año antes. Dentro de ese monto se incluyeron 10.2 millones de pesos por intereses y gastos financieros derivados de la deuda pública, así como 133.2 millones destinados a ayudas sociales. Aunque el gasto creció a un ritmo superior al de la recaudación tributaria, los ingresos municipales también registraron un incremento. Entre enero y junio de este año, el Ayuntamiento obtuvo ingresos por 2 mil 308.5 millones de pesos, mientras que en el mismo periodo de 2025 la cifra fue de 2 mil 119.1 millones. Sin embargo, la captación por concepto de impuestos prácticamente permaneció sin variaciones. En el primer semestre de 2026 se recaudaron 758.5 millones de pesos, apenas por encima de los 756.3 millones obtenidos durante el mismo periodo del año pasado. El informe financiero también reporta un ahorro neto de 559.3 millones de pesos al cierre de junio, cifra superior a los 529.8 millones registrados en el primer semestre de 2025. Dentro de los ingresos de gestión destacó la captación extraordinaria de 144.6 millones de pesos por aprovechamientos patrimoniales, un concepto que durante el mismo periodo del año anterior no había registrado ingresos.
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FORMACIÓN DE “SNIPERS”: la élite de las fuerzas especiales
Antes de aprender a impactar un blanco a casi dos kilómetros de distancia, un aspirante a francotirador del Ejército mexicano debe demostrar que puede dominar algo mucho más complejo que un fusil de precisión: su propio cuerpo y su mente. Por Agencia Reforma
Durante casi seis meses, los candidatos son sometidos a un proceso de selección y adiestramiento que combina desgaste físico extremo, presión psicológica, ejercicios tácticos y una preparación técnica que busca convertir a un soldado convencional en uno de los especialistas más exclusivos de las Fuerzas Especiales. Cada año ingresan entre 20 y 25 militares al Curso de Francotiradores. Apenas una tercera parte consigue concluirlo. El resto abandona durante las distintas fases del entrenamiento o es dado de baja al no reunir las capacidades físicas, técnicas o mentales que exige una especialidad donde un solo disparo puede definir el éxito o fracaso de una operación. Pero llegar al curso ya representa superar un primer filtro. Los aspirantes pertenecen previamente al Cuerpo de Fuerzas Especiales, considerado por la Secretaría de la Defensa Nacional como una de las unidades de respuesta estratégica del Ejército Mexicano para ejecutar operaciones de alta complejidad. Antes de acceder a la especialidad, los militares deben acreditar un largo proceso de formación orientado a misiones que demandan movilidad, infiltración, reconocimiento, combate en ambientes hostiles y operaciones de precisión. El Cuerpo fue concebido para ejecutar operaciones que exceden las capacidades de una unidad convencional de infantería y actuar en escenarios donde se requiere rapidez, sorpresa, autonomía y un elevado grado de especialización. Su misión ha evolucionado conforme lo hicieron también las amenazas que enfrenta el Estado mexicano: de operaciones militares convencionales a misiones de alto riesgo vinculadas con la delincuencia organizada, localización de objetivos prioritarios, operaciones aeromóviles y rescate de personas. Esa transformación modificó el perfil de quienes integran la unidad. Y no basta con ser un buen tirador. El operador de Fuerzas Especiales debe desenvolverse en cualquier ambiente geográfico, desplazarse durante horas con equipo completo, infiltrarse sin ser detectado, sobrevivir con recursos mínimos y mantener capacidad de combate bajo condiciones extremas. Los candidatos son sometidos a evaluaciones médicas, psicológicas y físicas antes de ingresar. La preparación comprende marchas de largo alcance, navegación terrestre, combate cercano, infiltración terrestre y aérea, supervivencia, empleo de explosivos, operaciones urbanas y combate en montaña. Dentro de ese universo de capacidades, el curso de francotiradores representa uno de los niveles más altos de especialización. La unidad de “snipers” forma operadores capaces de permanecer inmóviles durante horas, ocultarse a pocos metros de un objetivo sin ser descubiertos, realizar cálculos balísticos bajo presión y tomar decisiones en escenarios donde un error puede comprometer toda una operación. Por esa razón, dentro del propio Ejército suele repetirse una frase que resume la filosofía de la especialidad: los francotiradores no pueden producirse en serie.
PREPARADOS PARA CONDICIONES EXTREMAS Convertirse en francotirador no significa únicamente aprender a disparar con precisión a largas distancias. La especialidad busca formar operadores capaces de calcular, observar, decidir y actuar bajo condiciones donde cualquier error puede comprometer una misión completa. El Curso de Francotiradores tiene una duración aproximada de 24 semanas. Durante ese periodo, los alumnos dejan atrás el concepto tradicional del tiro deportivo para ingresar a un sistema de adiestramiento basado en el combate real. La primera fase comienza lejos de los fusiles de largo alcance. Los aspirantes regresan a los fundamentos básicos: postura, respiración, control del disparador, seguimiento del blanco y disciplina en cada movimiento. La lógica es sencilla, dicen en el campo militar de Temamatla: ningún sistema de alta precisión puede compensar una técnica deficiente. La preparación tampoco consiste en permanecer acostados detrás de un rifle esperando un blanco. Los instructores buscan romper las condiciones ideales de disparo. Los cursantes realizan ejercicios después de marchas con carga, carreras de resistencia y simulaciones de combate que elevan el ritmo cardiaco y alteran la respiración. El propósito es obligarlos a recuperar el control fisiológico antes de efectuar un disparo de precisión. El entrenamiento incorpora además escenarios donde deben atender a un compañero herido, modificar posiciones o continuar la misión bajo presión constante. En esas condiciones, la precisión deja de depender únicamente del arma. Depende del operador. Los alumnos realizan disparos contra objetivos fijos y móviles, ejercicios diurnos y nocturnos y evaluaciones con-
tinuas donde se califica tanto la precisión como la toma de decisiones. Los instructores también modifican deliberadamente las condiciones ambientales. No existe un disparo idéntico a otro: el viento, la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, la altitud y la inclinación del terreno alteran el comportamiento del proyectil. Una diferencia de apenas unos kilómetros por hora en la velocidad del viento puede desplazar varios centímetros una bala a cientos de metros de distancia. Mientras mayor es el alcance, más complejo resulta el cálculo. Por esa razón, el francotirador nunca opera solo. Cada binomio está integrado por un tirador y un observador. El segundo analiza el terreno, mide las condiciones meteorológicas, calcula distancias, identifica riesgos y sigue visualmente la trayectoria del proyectil para corregir el siguiente impacto. La coordinación entre ambos determina buena parte del éxito de la misión. Los sistemas ópticos permiten incluso observar el rastro que deja el proyectil al atravesar el aire caliente, fenómeno conocido entre los especialistas como el “vuelo” o “rastreo” de la ojiva, información que sirve para ajustar inmediatamente el siguiente disparo. La formación incluye prácticas en distintos puntos del País para que los operadores comprendan cómo cambia la balística dependiendo de la altitud. No se comporta igual un proyectil disparado en el Valle de México que uno efectuado al nivel del mar o en zonas montañosas. Cada misión obliga prácticamente a empezar de nuevo.
EL ARMAMENTO DE LOS FRANCOTIRADORES El M110 Semi-Automatic Sniper System (SASS) es un fusil semiautomático calibre 7.62 x 51 milímetros con alcance efectivo cercano a los 800 metros. También entrenan con el Accuracy International AX308, de fabricación británica, considerado entre los fusiles de cerrojo más precisos empleados por fuerzas militares y policiales en el mundo. A ellos se suman los fusiles Barrett M82A1 y M107, ambos calibre 12.7 milímetros (.50), capaces de realizar disparos a distancias superiores al kilómetro y medio. Dentro de la doctrina del Ejército mexicano, estos sistemas cumplen fun-
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ciones claramente diferenciadas. Los fusiles calibre 7.62 están destinados a neutralizar personas hostiles; los Barrett son considerados armas antimaterial, orientadas contra vehículos, infraestructura o equipos. La diferencia constituye una de las primeras lecciones doctrinales del curso. “Se trata de comprender cuándo puede utilizarse cada sistema, bajo qué circunstancias y conforme a qué reglas operacionales”, dice un mando. La decisión sobre qué fusil emplear nunca depende del gusto del tirador: depende de la misión y de los principios de empleo de las Fuerzas Especiales. Un capitán instructor señala que el equipo mexicano se encuentra dentro de los estándares internacionales, aunque reconoce que podría incorporarse un sistema intermedio entre los fusiles de 7.62 y el calibre .50. Después de cientos de disparos y meses de entrenamiento, los instructores sostienen que el mayor desafío no consiste en dominar un arma sofisticada. Consiste en dominar al hombre que está detrás de ella.
“MURCIÉLAGOS” EN ACCIÓN La preparación de un francotirador concluye formalmente con la graduación del curso. En la práctica, apenas comienza una etapa de adiestramiento permanente. A diferencia de otras especialidades militares, el operador de precisión debe entrenar de manera constante para conservar habilidades que se deterioran rápidamente si dejan de practicarse. Los equipos trabajan en células reducidas que privilegian la autonomía, la sorpresa y la velocidad de reacción. La especialización como francotirador se incorpora sobre esa base: no sustituye al operador especial, lo complementa. En los últimos años, las Fuerzas Especiales han sido empleadas en algunas de las operaciones más relevantes contra el crimen organizado. Entre los casos más conocidos se encuentra la recaptura de Ovidio Guzmán López en enero de 2023 en Culiacán, Sinaloa, considerada una de las operaciones más complejas emprendidas por las Fuerzas Armadas en la última década, debido al nivel de resistencia armada que enfrentaron las autoridades. Elementos de Fuerzas Especiales también han participado en Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Guerrero y Sinaloa. Entre las acciones más recientes destaca el operativo del 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador y máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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La operación, sustentada en labores de inteligencia y ejecutada en coordinación con otras fuerzas federales, representó el mayor golpe asestado por el Estado mexicano contra esa organización desde su surgimiento y marcó un punto de inflexión en la ofensiva contra el cártel. La evolución de las Fuerzas Especiales ha respondido a un cambio profundo en las amenazas. Hace dos décadas, las operaciones estaban orientadas al aseguramiento de plantíos o la captura de líderes regionales. Hoy, las organizaciones criminales disponen de armamento de mayor alcance, vehículos blindados de fabricación artesanal, sistemas de comunicación encriptada y drones utilizados para reconocimiento e incluso para el lanzamiento de explosivos. Los francotiradores forman parte de esa respuesta. Su función, sin embargo, suele ser distinta a la imagen construida por el cine. En muchas operaciones, su trabajo comienza mucho antes del primer disparo: realizan observación, vigilancia, reconocimiento del terreno, identificación de rutas de acceso y escape, cobertura durante desplazamientos y recopilación de información para los mandos. En numerosas misiones, la operación concluye sin que el francotirador tenga que abrir fuego. Su sola presencia permite cubrir el avance de otras fuerzas o mantener vigilancia sobre objetivos de alto valor. “¡Impacto!”, es el grito que emite el guía del tirador cuando la bala da en el blanco. Es parecido a decir “buen trabajo”. Música para los oídos del francotirador después de la “patada” del fusil.
LA PRECISIÓN SE CONSTRUYE BAJO PRESIÓN En la formación de francotiradores, disparar con precisión es apenas la última parte de un proceso que combina dominio técnico, resistencia física, control mental y capacidad para interpretar factores como el viento, la distancia, la altura y las condiciones del terreno. Un capitán primero de Infantería, cursante de la especialidad, explicó que el adiestramiento incluye prácticas con fusiles calibre 7.62 milímetros y armamento pesado de 12.7 milímetros. Con los sistemas de 7.62, los tiradores realizan disparos desde 200 y hasta 800 metros; los de mayor potencia pueden alcanzar objetivos materiales hasta a mil 800 metros. Durante la práctica, el militar utilizó un fusil semiautomático M110, calibre 7.62 milímetros, con alcance efectivo de 800 metros. El arma pesa entre 4.5 y 6 kilogramos cuando se encuentra abastecida y puede transportarse mediante portafusil o dentro de su estuche. Los participantes comienzan con armas de menor calibre —carabinas 5.56 milímetros y pistolas de 9 milímetros— para perfeccionar postura, respiración, empuñamiento y control del disparador. Sólo después de dominar esos fundamentos avanzan hacia los fusiles de precisión. El alcance de un fusil no garantiza por sí mismo el impacto. A mayor distancia, aumenta la influencia del viento y de otros factores meteorológicos sobre la trayectoria del proyectil. El capitán, quien se encontraba en la semana 12 del curso, lo explicó con claridad: “En el tiro de precisión influyen mucho estos aspectos meteorológicos, ya que a mayor distancia el viento nos va a afectar dependiendo de su intensidad. Contamos con aparatos de medición que nos ayudan a hacer un cálculo exacto para que en tiros lejanos seamos certeros”. Además de los disparos desde posiciones fijas, el adiestramiento incluye objetivos en movimiento. Los tiradores deben calcular la velocidad y trayectoria de un blanco que se desplaza para anticipar el punto exacto del disparo. “Lo que pasa en la mente es estar concentrado, estar centrado en la actividad que estamos realizando y tener bien fundamentados todos los conocimientos para hacer un tiro preciso”, indica.
NO SE PRODUCEN EN MASA Los aspirantes son sometidos a exigencias físicas, intelectuales, psicológicas y técnicas durante todo el curso. El resultado es una elevada tasa de eliminación: de cada 20 militares que ingresan, aproximadamente la mitad no consigue cumplir con los estándares requeridos. “Hay una palabra que se menciona mucho: los francotiradores no podemos ser producidos en masa”, sostiene el instructor. La Escuela no reduce sus parámetros para cubrir vacantes. “Para no perder la habilidad y para que se siga llevando como debe ser, tenemos que cumplir por lo menos un estándar en el aspecto mental, físico y técnico del tiro”. Una de las primeras dificultades es modificar hábitos adquiridos durante la formación militar anterior. Los instructores observan la capacidad de cada elemento para recibir nuevos conocimientos, corregir posturas e incorporar procedimientos. Los pequeños errores pueden acumularse hasta provocar que un aspirante quede fuera. “No podemos determinar que sea por una causa personal; nosotros nos vamos por los aspectos técnicos en el caso del tiro”, explica el instructor. El adiestramiento busca también reproducir escenarios hostiles: los participantes realizan esfuerzos físicos cargando peso antes de disparar y son colocados en situaciones donde deben atender a un compañero herido mientras responden a una amenaza. El objetivo es que el tirador mantenga el control de su respiración, sus movimientos y sus decisiones aun después de haber sido sometido a cansancio y tensión. La doctrina establece diferencias claras en el empleo de las municiones: el calibre .50 no debe emplearse contra personas —su función es neutralizar vehículos, equipos o amenazas materiales—. El Barrett de 12.7 milímetros puede alcanzar objetivos materiales a mil 850 metros y, bajo determinadas condiciones, llegar hasta los 2 mil metros. Los rifles no son modificados para adaptarlos a la complexión de cada tirador; únicamente se ajusta su posición y la manera de empuñarlos. Mediante el adiestramiento, los militares aprenden a compensar diferencias de fuerza, estatura o complexión para cumplir con la misión esencial de la especialidad: disparar con precisión a través del autodominio.
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PASAN DE LA ORDEÑA A TENER SUS REFINERÍAS Por Agencia Reforma
Hoy, en lugar de puntos de ordeña, controlan plantas capaces de almacenar, separar y procesar hidrocarburos robados, con personal altamente capacitado, inversiones millonarias y redes de protección. Recientes aseguramientos de la FGR en Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos exponen este modelo, aunque sin personas detenidas. Las instalaciones ya aseguradas por la Fiscalía cuentan con tanques de gran capacidad, tuberías, motobombas, sistemas de calentamiento, áreas de separación de hidrocarburos y equipos para almacenar miles de litros. Algunas de ellas, como una de las dos aseguradas en San Luis Potosí, llevaban años operando con permisos para producir biocombustibles, pero derivaron o fueron obligadas a procesar productos del crimen organizado. Estos centros que operan incluso como empresas fachada, también son abastecidos por la ordeña y por el huachicol fiscal, explicó un superintendente de Pemex consultado por REFORMA. “Con los combustibles que ingresan al País con documentos falsos, subvaluados o declarados como aceites, aditivos u otros productos para evadir impuestos. Esos hidrocarbu-
tan viable porque no tenía mercado de venta, pero, con estas instalaciones, ya pueden procesar el crudo y mezclarlo con etanol u otros destilados intermedios. Víctor Hugo Juárez, director de Edge Innovation, agregó que utilizan infraestructura camuflada, como complejos industriales cerca de ductos y refinerías, y contratan personal que trabajó en alguna refinería o en la industria petroquímica y que se quedó sin empleo. En todos los casos, deben tener acuerdos con autoridades que les permiten operar, agregó.
ros pueden almacenarse, mezclarse con producto robado de ductos y procesarse antes de ser distribuidos, incluso a estaciones de servicio”, explicó. Otro ejemplo es la refinería de Reynosa, Tamaulipas, que llevaba cuatro años operando con infraestructura capaz de procesar miles de barriles diarios de hidrocarburos a unos kilómetros de una base de la Guardia Nacional. Expertos coincidieron en que el crimen organizado ha migrado a esta mo-
dalidad industrial por la menor exposición que tienen a los operativos de las autoridades. Gonzalo Monroy, experto en energía y director de la consultora GMEC, dijo que los poliductos por donde se envían combustibles están constantemente vigilados, mientras que nadie está observando los oleoductos, donde tienen mayor libertad para delinquir. Antes, el robo de petróleo no era
Y DETECTAN MÁS TOMAS CLANDESTINAS Pemex detectó 3 mil 836 tomas clandestinas entre enero y abril de 2026, que representan 137 más que en el mismo periodo del año pasado. Los estados de Hidalgo, Jalisco, Puebla, Estado de México y Guanajuato concentraron 2 mil 721, que equivalen al 71 por ciento de las perforaciones ilegales, según el reporte más reciente de la petrolera publicado en agosto. Hidalgo volvió a encabezar la incidencia nacional con 986 piquetes, seguido de Jalisco, con 740, y Puebla, con 362. Estado de México sumó 341 y Guanajuato 292. Entre Hidalgo y Jalisco concentraron mil 726 tomas, es decir, 45 por ciento de todas las detectadas por Pemex entre enero y abril.
DETENCIÓN DE ÁNGEL AGUIRRE REAVIVA EL CASO AYOTZINAPA Y SACUDE LA POLÍTICA DE GUERRERO Por Redacciòn
Hace un año, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó públicamente un regalo enviado por el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. Hoy, ese distanciamiento cobra un nuevo significado: el exmandatario fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR), acusado de obstrucción de la justicia y desaparición forzada de personas por su presunta participación en el ocultamiento de evidencia relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La captura representa uno de los avances más relevantes en la investigación del caso Ayotzinapa a casi 12 años de los hechos y coloca a Aguirre Rivero como el segundo exgobernador de oposición procesado durante la actual administración federal, en un contexto marcado por el inicio del proceso electoral rumbo a la gubernatura de Guerrero en 2027. La investigación permaneció estancada durante varios años. Sin embargo, con la llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República, nuevos testimonios protegidos permitieron reactivar la línea de investigación sobre la desaparición de videograbaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, donde presuntamente quedó registrado el momento en que policías municipales y estatales interceptaron uno de los autobuses en los que viajaban los estudiantes. De acuerdo con la FGR, un primer testigo colaborador confirmó la existencia de esos videos y la presunta sustracción del material por funcionarios estatales. Posteriormente, un segundo testigo señaló directamente a Aguirre Rivero como la
persona que habría ordenado desaparecer dichas grabaciones. Con estos elementos, la Fiscalía sostiene que el exgobernador encabezó una operación deliberada para ocultar pruebas fundamentales en la investigación sobre la desaparición de los normalistas. La detención también tiene implicaciones políticas. Aguirre Rivero conserva influencia en distintas regiones de Guerrero, particularmente en Ometepec, su lugar de origen, y mantiene cercanía con diversos actores políticos que buscan competir por la gubernatura en 2027, entre ellos el senador priista Manuel Añorve y la senadora morenista Beatriz Mojica, quien formó parte de su administración estatal. Ángel Aguirre inició su trayectoria política dentro del PRI y ocupó diversos cargos públicos antes de convertirse en gobernador interino de Guerrero en 1996, tras la salida de Rubén Figueroa Alcocer por la masacre de Aguas Blancas. Posteriormente fue senador y, tras romper con el PRI en 2010, ganó la gubernatura en 2011 como candidato de una coalición integrada por PRD, PT y Convergencia. Durante años logró permanecer al margen de las investigaciones sobre Ayotzinapa, incluso después de comparecer como testigo ante la FGR y sostener reuniones con familiares de los estudiantes desaparecidos. No obstante, la nueva etapa de la investigación derivó en su imputación y posterior detención. El caso vuelve a colocar el expediente Ayotzinapa en el centro del debate nacional, en medio de nuevas investigaciones, de la controversia generada por recientes pronunciamientos de organismos públicos sobre la responsabilidad de distintas autoridades y a pocas semanas de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes.
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Seis deportados, un jet rosa y una mansión en México: el supuesto fraude que volvió millonaria a ‘La abogada de los milagros’ Por Redacciòn
Alexandra Lozano dejó casi 54.000 casos en vilo, lo que apunta a ser uno de los mayores escándalos de presunto fraude migratorio de las últimas décadas Mientras Carlos Navarro Ceja soportaba el encierro en una fría cárcel migratoria, en las redes sociales circulaba una imagen completamente distinta de su caso. En un video, su defensora legal, Alexandra Lozano, quien se autonombró “La abogada de los milagros”, aparecía sonriente junto a él y su esposa, mostrando lo que afirmaba eran las tarjetas de residencia permanente de ambos. Era, en realidad, un permiso de trabajo que más tarde fue revocado por las autoridades. Navarro Ceja nunca obtuvo la green card y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detuvieron en diciembre de 2025. Después de cuatro duros meses bajo custodia, en abril pasado decidió aceptar su deportación y volvió a su natal Michoacán, poniendo fin a 33 años de vida en Estados Unidos. Navarro Ceja y su esposa, María Guadalupe Fernández Raya, entregaron a Lozano los 47.500 dólares que habían ahorrado durante años con la esperanza de regularizar su situación migratoria. Su apuesta era acogerse a la Ley VAWA, una disposición que protege a determinadas víctimas de violencia y les permite solicitar beneficios migratorios. Aseguraban tener evidencia contundente para ganar el caso. Sin embargo, terminaron atrapados en lo que apunta a ser uno de los mayores escándalos de presunto fraude migratorio de las últimas décadas. Tras enfrentar múltiples señalamientos por supuesta mala representación legal, Lozano entregó su licencia para ejercer ante la Barra de Abogados del Estado de Washington y cerró las puertas de varias oficinas legales, dejando casi 54.000 casos migratorios en el limbo. Al menos seis de sus clientes, entre ellos Navarro Ceja, fueron deportados a México, y muchos otros acabaron en la lista negra del ICE. Se alega que varias solicitudes presentadas bajo la Ley VAWA contenían declaraciones falsas o exageradas que no resistieron el escrutinio de los tribunales de inmigración, lo que derivó en que muchos de sus clientes terminaran enfrentando órdenes de expulsión. Dos demandas colectivas presentadas ante un tribunal federal de Seattle sostienen que Lozano amasó una fortuna en pocos años gracias a un presunto esquema fraudulento, impulsado por una agresiva estrategia de mercadotecnia en Facebook y TikTok que proyectaba una imagen casi divina de sus servicios. Con su característica cabellera rubia y un español marcado por un ligero acento, solía grabar videos frente a un cuadro de la Virgen de Guadalupe o ponerse vestidos cuyo diseño evocaba al Sagrado Corazón de Jesús. “Gracias a la Virgencita, por las familias unidas y por las vidas cambiadas”, decía uno de sus anuncios. Hoy, sin embargo, alrededor de 35 mexicanos aseguran en las demandas haber sido víctimas de quien les prometió falsamente sacarlos de las sombras. Enriquecimiento ilícito, crimen organizado, mala práctica legal e incumplimiento de contrato son algunos de los supuestos delitos mencionados en las querellas que pesan contra Lozano. “Basándose en las tarifas promedio cobradas (hasta 25.000 dólares por caso) y en el número de clientes actuales, Lozano ha recibido pagos o promesas de pago por un monto superior a los 400 millones de dólares”, sostiene una de las demandas. “El bufete de Lozano se describía a sí mismo como ‘un despacho de abogados pionero que revolucionó la práctica del Derecho de inmigración”, agrega el documento, señalando que, no obstante, “dicho enfoque ‘pionero’, ‘innovador y novedoso’ de Lozano era fraudulento e ilegal”. La sospechosa fortuna de Lozano En una entrevista concedida a la revista Super Lawyers en julio de 2021, Lozano aseguraba que su firma contaba con unos 100 empleados. Cinco años después, el
| Internacional | 08 de agosto de 2026
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despacho había crecido de forma vertiginosa: la plantilla superaba los 750 trabajadores, que atendían casos desde oficinas en Seattle, Chicago, Houston, Los Ángeles y San Antonio, además de contar con personal en México, Colombia, Nicaragua y Filipinas. Todas esas sedes cerraron tras la pérdida de su licencia. Su éxito se alimentó de una intensa presencia en las redes sociales y del boca a boca entre la comunidad inmigrante, una combinación que disparó el número de clientes y, con ello, sus ingresos. De acuerdo con las demandas colectivas, llegó a representar a más de 80.000 personas, en su mayoría inmigrantes mexicanos en situación irregular, quienes pagaban entre 10.000 y 25.000 dólares por cada caso. Con parte de esas ganancias, la abogada adquirió un avión privado Bombardier Challenger 300, valorado en unos 25 millones de dólares, que mandó a pintar de rosa y utilizaba para viajes de negocios y placer. “Es muy raro que un abogado tenga un avión privado. Es totalmente indignante lo que ella hizo”, dijo Vicente Barraza, quien representa legalmente a 34 presuntas víctimas en una de las demandas, en una entrevista con EL PAÍS. “Este es el peor caso de fraude migratorio del que he tenido conocimiento. Ha sido una auténtica catástrofe para la comunidad hispana de este país”. El jet rosado fue apenas una de las extravagancias que, de acuerdo con los registros, financió Lozano. Se alega que su principal apuesta fue construir lo que las demandas describen como un “portafolio multimillonario de bienes raíces nacionales”. Entre sus activos figuraban dos lujosos condominios en Seattle y Chicago, valorados en más de 4 millones de dólares, así como dos propiedades en México. La más costosa era una mansión ubicada en Bosques de las Lomas, una de las zonas de mayor plusvalía de la Ciudad de México. Según los documentos judiciales, ese patrimonio fue adquirido mediante una red de empresas. Entre ellas se encontraba Sueño Cumplido, que presuntamente intervino en la transferencia de la propiedad del avión privado; Five Star Legacy Trust, que compró los condominios de Seattle y Chicago; y 5 Branches Holding Company, señalada de administrar diversos activos internacionales de Lozano, entre ellos Quetzal International Services y otras sociedades constituidas en Colombia. Lozano tenía otras inversiones, como las empresas Amiga Lawyers y Ally Lozano, dedicadas a capacitar abogados en sus estrategias de negocio. Entre 2019 y 2021, esas compañías habrían facturado más de 1,7 millones de dólares impartiendo cursos sobre los métodos desarrollados por la propia abogada. Pese al crecimiento del despacho, gran parte del trabajo recaía en empleados con conocimientos de derecho migratorio, pero sin licencia para ejercer la abogacía. De acuerdo con los expedientes, la firma los presentaba ante los clientes como “licenciados” para hacerles creer que se trataba de abogados autorizados. El despacho también recurrió a abogados radicados en México y Colombia para revisar expedientes y comunicarse con los migrantes, haciéndoles creer que estaban en Estados Unidos y que podían ejercer en este país. “No hay palabras para explicar el impacto que tendrán las acciones de esta abogada”, afirmó Barraza. “Ella agilizó las deportaciones de muchas personas, siendo quien debía defenderlos”. El estratégico uso de la Virgen de Guadalupe En uno de los videos promocionales que todavía circulan en las redes sociales, Lozano explicaba la presencia de un enorme cuadro de la Virgen de Guadalupe en la entrada de su oficina en Seattle. Muchos clientes acudían al despacho, según relataba, para dejar rosas y flores, mientras su personal encendía veladoras “para darle gracias por todos los buenos resultados y también para pedir su ayuda en los casos”. Esa imagen fue uno de los elementos que influyó en la decisión del matrimonio formado por los mexicanos Erika Mejía Sánchez y Juan Manuel Villanueva Vega, padres de cinco ciudadanos estadounidenses. La pareja aseguró que confió en la firma “en parte debido al uso que Lozano hacía de la Virgen de Guadalupe en sus materiales de marketing y a las connotaciones asociadas con la Virgen”. Pagaron más de 32.000 dólares con la esperanza de obtener algún alivio migratorio. Antes de acudir con Lozano, varios abogados les habían recomendado no iniciar ningún trámite, debido a sus múltiples entradas irregulares al país. Temían que un juez rechazara su solicitud y que el caso terminara atrayendo la atención del ICE. Pero Lozano les ofreció una salida distinta, casi un milagro: les aseguró que en tan solo seis meses ellos recibirían un permiso de trabajo y que en un año obtendrían la anhelada residencia permanente. La estrategia consistía en una mentira que Lozano consideraba piadosa: presentar una solicitud bajo la Ley VAWA que se basó en falsas acusaciones de maltrato por parte de su propia hija. En el expediente se incluyó una evaluación psicológica elaborada con esa información imprecisa por dos empresas vinculadas a Lozano: En Solidaridad y Salud Total. La solicitud de residencia permanente de Villanueva Vega, como ocurrió con otros clientes de la firma, fue rechazada por las autoridades migratorias. Ahora este mexicano enfrenta el escenario que buscaba evitar: un proceso de deportación.