CajaDEL LA Agua
Y sigue avanzando la ola verde…
LA postura de la dirigencia nacional del verde en relación con San Luis Potosí fue clara y contundente…
KAREN Castrejón dirigente nacional del verde señaló que las encuestas estatales y nacionales favorecen a la senadora Ruth González y que su candidatura para la gubernatura del estado se definirá mediante el voto ciudadano…
LA dirigente verde afirmó que seguirá buscando la alianza con el partido Morena y que coincide con la presidenta Scheinbaum en la postura de ir contra del nepotismo, pero si dejo claro que en la figura de la senadora Ruth González no se da el nepotismo pues será el pueblo quien designe mediante voto a su próximo gobernador(a) y no por designación de un familiar…
POR su lado Morena en San Luis Potosí ha descartado cualquier posibilidad de coalición con el Partido Verde Ecologista para la elección a la gubernatura de la entidad ya que sostiene el principio de rechazo al nepotismo…
LO cierto es que después del golpe “gringo” a Morena en lo que se refiere al gobernador Rocha y otros exfuncionarios, la abolladura electoral a los morenos, hace más fuerte e indispensables a sus aliados del PT y del verde…
MAS de lo mismo…
CON la entrega de los dos ex funcionarios del gabinete del gobernador con licencia, Rubén Rocha, los exsecreatarios de seguridad y finanzas Gerardo Merida y Enrique Díaz, queda pendiente de saber si ellos mismos tomaron la decisión de entregarse, o si recibieron la orden de hacerlo para despresurizar el problema con EUA … El tiempo nos dira cual fue la realidad de la entrega…
POR lo pronto el gobierno de TRUMP sigue afirmando y diciendo a los cuatro vientos que siguen mas funcionarios involucrados con el crimen organizado. ¡PACATELAS!...
BIEN por el gobierno de Villa de Pozos que sigue poniendo orden en lo que se refiere a los tiraderos clandestinos, situación que se venia generando desde hace muchos años al considerar a Villa de Pozos como el patio trasero de San Luis Potosí capital…
POR lo pronto el gobierno municipal a través de la Direcciones de Gestión Ambiental y Policía Víal Municipal se aseguraron dos vehiculos que fuerón sorprendidos arrojando residuos sólidos urbanos y de manejo especial de manera ilegal en la Colonia Borregos…
EN horabuena por acciones municipales en bien de la ciudadania…
HASTA LA PROXIMA…
VILLA DE POZOS ASEGURA DOS VEHÍCULOS POR TIRADEROS CLANDESTINOS EN LOS BORREGOS
Por: Agencias
El Gobierno Municipal de Villa de Pozos, a través de la Dirección de Gestión Ambiental y la Dirección de Policía Vial Municipal, aseguró dos vehículos que fueron sorprendidos arrojando residuos sólidos urbanos y de manejo especial de manera ilegal en la colonia Los Borregos. La acción forma parte de los operativos permanentes para combatir los tiraderos clandestinos en el municipio.
El director de Gestión Ambiental, Alejandro Leal Espinosa, detalló que durante recorridos de supervisión y vigilancia realizados de manera constante, personal municipal detectó esta práctica irregular que representa un riesgo ambiental y sanitario para las familias de la zona. Con el apoyo de elementos de seguridad pública, se detuvieron las unidades involucradas y se iniciaron los procedimientos sancionatorios correspondientes conforme a la normatividad vigente.
Leal Espinosa señaló que estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el Gobierno Municipal para fortalecer el orden, la limpieza y el cuidado del entorno en Villa de Pozos, mediante operativos permanentes que buscan frenar conductas que afectan la salud pública y deterioran la imagen urbana del municipio.
El funcionario reiteró que los operativos de vigilancia continuarán en distintos puntos de Villa de Pozos para reforzar la protección ambiental y evitar la proliferación de tiraderos clandestinos. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier actividad sospechosa y contribuir a mantener un municipio más limpio, seguro y responsable con el medio ambiente.
Directorio
Coordinación Editorial:
Alejandro Leal T.
Carmen Martens P.
Información: Sarahí Ortíz A.
Publicidad: Liz Rivera R.
Colaboradores de la edición:
Preprensa: Felipe González L.
Diseño Gráfico y Edición: Gerardo Dorantes R.
Brenda A. Padilla
Periódico Ingrata Noticia 16 de mayo de 2026 año 02, Edición 136, es una publicación semanal, editor responsable Carmen Martens Pizzuto número de certificado de reserva de derechos al uso exclusivo otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2023-072016285400-101. Número de certificado de licitud de título y contenido en trámite. Domicilio del impresor: Industrias Gráficas del Tangamanga Sagitario 190 Fraccionamiento Central, San Luis Potosí, SLP, C.P. 78399 tel. 444 822 13 16. Este número se terminó de imprimir el 19 de octubre del 2025 con un tiraje de 5,000 ejemplares. Las opiniones aquí expresadas por lo autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del editor.
CONAGUA CONFIRMA INVERSIÓN FEDERAL DE 7 MILLONES PARA SANEAR LA PRESA SAN JOSÉ
Por Redacción
El director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Darío Fernando González Castillo, informó que el proyecto de saneamiento y rehabilitación de la Presa San José implicará una inversión federal de 7 millones de pesos y será ejecutado por la Comisión Estatal del Agua (CEA).
El proyecto contempla la rehabilitación de la planta tratadora de aguas residuales de Escalerillas, una planta potabilizadora y el drenaje principal, con el objetivo de resolver las descargas residuales que afectan al embalse.
En entrevista, González Castillo explicó que el diputado local Cuauhtli Badillo Moreno acudió directamente a la Dirección General de Conagua para abordar el tema; sin embargo, posteriormente fue canalizado a la Dirección Local en San Luis Potosí para atender las gestiones y aclaraciones correspondientes. El funcionario detalló que tanto la Dirección General como la representación local de Conagua acordaron que antes de iniciar los trabajos relacionados con el ducto de la presa El Peaje hacia la planta Los Filtros, era necesario atender primero el problema de fondo en la Presa San José. Añadió que el proyecto ya es conocido por la CEA y por el Ayuntamiento de San Luis Potosí, e incluso confirmó que ya existe un acuerdo firmado con la Comisión Estatal del Agua para transferirle el financiamiento correspondiente al programa Proagua y permitir que sea esta instancia la encargada de ejecutar las obras.
González Castillo subrayó que la rehabilitación de la planta tratadora permitirá avanzar en el saneamiento integral de la presa y descartó que se contemple un plan emergente basado en maquinaria pesada o aplicación de químicos para retirar el lirio acuático.
“La información que le di al diputado Cuauhtli Moreno es la misma que te voy a dar ahorita (…) que ellos ejecuten, porque cuando se hizo esa planta tratadora, aunque nunca ha funcionado, esa planta la construyó una empresa con una patente y la ejecutó la CEA”, explicó.
El titular de Conagua estimó que el proyecto será entregado formalmente a la CEA durante la primera semana de junio, con la intención de concluir las obras en agosto próximo y permitir que el nuevo acueducto entre en operación en enero del siguiente año bajo condiciones óptimas.
Respecto al papel del legislador morenista en el proyecto, González Castillo afirmó que Badillo Moreno ayudó a impulsar la gestión de recursos federales para concretar el financiamiento.
“Ahí nos dio un impulso muy fuerte el diputado”, señaló.
DEFIENDE GALINDO USO DE FUNDADORES PARA EL MUNDIAL; GOBIERNO ESTATAL TRASLADA TRANSMISIONES AL
Por Redacción
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que la Plaza de Fundadores cuenta con condiciones seguras para la realización de transmisiones públicas y actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El edil afirmó que existen estudios técnicos, incluidos análisis realizados por el Colegio de Ingenieros, que descartan riesgos en la zona del estacionamiento subterráneo de la plaza. Sin embargo, indicó que el Ayuntamiento atenderá las recomendaciones emitidas por Protección Civil y aplicará medidas adicionales de seguridad durante los eventos.
Galindo Ceballos explicó que el proyecto busca fortalecer la actividad económica, turística y comercial del Centro Histórico mediante actividades vinculadas al Mundial de Futbol.
Como antecedente, recordó que durante la presentación de Mon Laferte en el Festival San Luis en Primavera se registró la asistencia de miles de personas sin incidentes.
Añadió que para las transmisiones de los partidos mundialistas en Plaza de Fundadores se prevé un aforo limitado a tres mil asistentes y que también habrá actividades en la Plaza de Armas y Plaza del Carmen para distribuir la concentración de personas.
El presidente municipal sostuvo
ALFONSO LASTRAS
además que el Ayuntamiento mantiene disposición para realizar un reforzamiento definitivo de la plancha del estacionamiento subterráneo, en coordinación con el Gobierno del Estado.
No obstante, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que el Gobierno estatal decidió no utilizar la Plaza de Fundadores para la transmisión de los partidos del Mundial debido a los riesgos estructurales detectados en la plancha del lugar.
“Nosotros nos tuvimos que mover, estábamos para organizar todo en Fundadores, pero debido a varios problemas que existen en Fundadores y no queremos tener una irresponsabilidad. Llegamos a un acuerdo con el Atlético de San Luis donde nos van a prestar todo el estadio, vamos a utilizar el Estadio Alfonso Lastras para la transmisión de todos los partidos del Mundial, todos los partidos de México”, declaró.
El mandatario estatal adelantó que además de las transmisiones se realizarán actividades recreativas y se entregarán playeras de la selección mexicana y otras dinámicas para los asistentes.
Gallardo Cardona insistió en que la decisión de no utilizar Plaza de Fundadores se tomó después de que durante el Festival San Luis en Primavera aparecieran nuevas fisuras en la plancha debido a los conciertos realizados en el sitio.
“Preferimos movernos a un lugar más cómodo para la ciudadanía y seguro”, concluyó.
Por Agencia Reforma
ASÍ REACCIONA EU CUANDO SE METEN CON SUS AGENTES
Desde 1985, dos agentes estadounidenses han sido asesinados en territorio nacional por traficantes de droga, dos murieron en un accidente, dos resultaron heridos de bala y otros dos fueron amenazados de muerte, cara a cara, por un capo del narcotráfico.
El caso más reciente de un incidente relacionado con miembros de corporaciones del país vecino fue el de los dos agentes de la CIA fallecidos en un siniestro automovilístico en Chihuahua, tras presuntamente participar en el desmantelamiento de un narcolaboratorio.
Desde el 21 de abril, en que el diario Washington Post informó que los fallecidos pertenecían a la agencia de inteligencia, el Gobierno federal ha reiterado casi todos los días una postura soberanista y en su conferencia del 28 de abril la Presidenta Claudia Sheinbaum expresó que los agentes fallecidos estaban “fuera de la ley”.
En este contexto, al día siguiente Estados Unidos dio a conocer la acusación por narcotráfico contra el ahora Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros 9 políticos, funcionarios y ex jefes policiacos de la entidad.
La difusión de la imputación rompió una regla no escrita con la que Estados Unidos había administrado este tipo de asuntos penales hasta entonces: no tramitar una solicitud de detención con fines de extradición contra un político mexicano en funciones
En el pasado, las agresiones contra agentes estadounidenses en México tuvieron consecuencias mayores para distintos actores y gobiernos.
El desmantelamiento de organizaciones del narcotráfico que parecían invencibles, la disolución de la policía política de un régimen, la parálisis de la economía en la frontera, el secuestro de ciudadanos mexicanos en territorio nacional y la persecución sin descanso de los responsables, son parte de ese corolario.
Algunos de sus objetivos -como extraditar a uno de sus principales enemigos públicos- no los lograron pronto ni por las vías legales, pero supieron esperar hasta por 40 años para finalmente conseguirlo.
Estos son los cuatro incidentes en los que han estado involucrados agentes estadounidenses en México, previo al caso de Chihuahua.
ASESINATO DE CAMARENA
En 1984 el agente de la DEA Enrique Camarena y el piloto mexicano Alfredo Zavala descubrieron el mayor centro de acopio y manufactura de mariguana del que hasta hoy se tenga noticia, en el rancho “El Búfalo”, en Chihuahua.
La agencia estadounidense proporcionó a México la ubicación y el 6 de noviembre de ese año el Ejército aseguró el complejo de 10 mil hectáreas, en el que laboraban 4 mil campesinos y se aseguraron más de 6 mil toneladas de mariguana.
Los dueños de esta gran industria cobraron las pérdidas con sangre. El 7 de febrero de 1985 Camarena y Zavala fueron secuestrados en Guadalajara y casi un mes después, el 5 de marzo, sus cuerpos con signos de tortura fueron encontrados en un paraje del municipio de Vista Hermosa, Michoacán.
El crimen marcó la más grave crisis diplomática de México y Estados Unidos en todo el siglo 20. Estados Unidos no sólo lanzó una cacería contra los traficantes sinaloenses implicados en el crimen de Camarena, sino que ejerció por distintos flancos una presión inédita sobre su vecino del sur.
El 16 de febrero, cuando Camarena aún estaba desaparecido, los estadounidenses lanzaron la Operación Intercepción para conseguir pistas de su paradero, lo que significó endurecer los controles de la frontera con México y paralizar la actividad económica en esa zona del País.
Como principales responsables del crimen fueron señalados los capos Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, y Miguel Ángel Félix Gallardo, todos detenidos entre 1985 y 1989.
Pero la persecución vino acompañada de revelaciones en la prensa estadounidense que implicaban a militares, policías, empresarios y políticos mexicanos con el narcotráfico.
A los pocos días de la desaparición de Camarena, Francis Mullen, el jefe de la DEA, denunció que Caro Quintero había sido detenido y luego liberado para que huyera de México vía aérea.
Después salió a la luz que, para escapar a Costa Rica, el capo usó una “charola” que lo acreditaba como agente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la Policía política que dirigía José Antonio Zorrilla, quien a su vez estaba bajo las órdenes del Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett.
Una de las consecuencias del escándalo fue que el Presidente Miguel de la Madrid disolvió a la DFS el 29 de noviembre de 1985 y, al inicio del sexenio de Carlos Salinas,
Zorrilla fue encarcelado como autor intelectual del crimen del periodista Manuel Buendía, registrado en 1984.
Lo que también se ventiló en aquella época es que los testigos colaboradores de la DEA declararon que, además de Bartlett, el General Juan Arévalo Gardoqui, Secretario de la Defensa; Enrique Álvarez del Castillo, Gobernador de Jalisco; Rubén Zuno Arce, cuñado del ex Presidente Luis Echeverría, y Javier García Paniagua, ex jefe de la DFS, supuestamente frecuentaban a los capos sinaloenses.
La DEA fue por Zuno Arce y lo detuvo en 1989 en Texas; el cuñado del ex Mandatario terminaría sus días en una prisión federal de Florida, purgando una cadena perpetua.
En 1990 la agencia antidrogas contrató a unos “caza recompensas” mexicanos para secuestrar en la Ciudad de México al médico Humberto Álvarez Machain, acusado de mantener vivo con lidocaína a Camarena mientras era torturado por los traficantes. Álvarez fue trasladado a la Unión Americana y tres años después liberado.
Caro Quintero nunca pudo ser entregado por la vía de la extradición, sin embargo, Estados Unidos conseguiría su objetivo tras aguardar durante 7 sexenios por su enemigo público.
El año pasado los estadounidenses lograron la entrega del capo con un acuerdo en el que México aceptó expulsar ilegalmente a más de 90 presuntos narcotraficantes nacionales.
En su primera audiencia en una Corte de Nueva York, la DEA le colocó al sinaloense las mismas esposas que Camarena usaba para los arrestos.
“Creo que necesitamos decir a la gente en todo el mundo hoy: si ustedes tocan a un agente estadounidense, se verán en serios problemas”, advirtió la senadora republicana Paula Hawkins, entonces presidenta de la Subcomisión del Senado sobre Alcoholismo y Drogas, el 8 de marzo de 1985.
Ese fue el día en que Camarena fue enterrado en una ceremonia fúnebre con los honores de un héroe militar.
LA CAÍDA DE LOS ZETAS
Cuando Los Zetas ya habían consolidado su poderío en casi una veintena de estados de la República, cometieron un error que significaría el principio del fin de la organización criminal, la más disruptiva de las últimas décadas.
El 15 de febrero de 2011 un grupo de sicarios del grupo delictivo abrió fuego contra una camioneta con placas diplomáticas, sobre la Carretera federal 57, en San Luis Potosí.
En el vehículo iban Jaime Zapata y Víctor Ávila, agentes de Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (ICE). Viajaban de Laredo, Texas, a la Ciudad de México. Zapata murió antes de llegar a un hospi-
tal y Ávila resultó herido.
Fue cuestión de horas para que Washington emitiera una advertencia.
“Que no quede duda: cualquier acto de violencia contra nuestro personal del ICE, o de cualquier miembro del Departamento de Seguridad Interna, es un ataque contra todos aquellos que sirven a nuestra nación y ponen en riesgo su vida por nuestra seguridad”, dijo Janet Napolitano, Secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos.
Un día después del crimen, el Procurador General Eric Holder anunció la creación de un grupo especial para localizar y llevar ante la justicia a los responsables del ataque.
“Debemos -y lo haremos- erradicar esa escoria que le quitó la vida”, prometió Holder.
Julián Zapata Espinoza, “El Piolín”
Los Zetas nacieron a fines de los años 90 como una guardia de ex militares al servicio de Osiel Cárdenas, líder del Cártel del Golfo, pero tras la captura del capo en 2003 el grupo empezó a adquirir autonomía y no hizo más que expandirse a base del terror y violencia indiscriminada, con un modelo de negocios basado en la diversificación de sus ingresos ilegales.
No eran sólo traficantes de droga, lograron centralizar el control sobre grupos de delincuencia común y todo giro ilegal a su alcance, incluidos el contrabando de mercancías, armas, prostitución, trata de personas, extorsión y robo de combustibles.
Lo ocurrido en la Carretera 57 inmediatamente lo dimensionaron los líderes de la organización.
El sicario Armando Francisco González, “El Ojitos”, declaró a la FGR que desde el momento en que empezó a circular la noticia, los capos de Los Zetas intercambiaron comunicaciones para definir cómo responder a la situación.
Cuando ya tenían claro que el asesino había sido Julián Zapata Espinoza, “El Piolín”, los mandos le ordenaron a Sergio Mora Cortés, “El Toto”, su jefe inmediato, matarlo o entregarlo a las autoridades.
Mora optó por llamar a la Delegación de la FGR en San Luis Potosí y el 23 de febrero de 2011 el Ejército capturó a “El Piolín” en una casa del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, conurbado a la capital potosina.
La detención sólo ocasionó un efecto dominó que resquebrajaría los cimientos de la estructura de los Zetas. Cinco días después “El Toto”, quien había delatado a “El Piolín”, sería detenido en Saltillo.
Jaime Zapata, agente de Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (ICE)
El ex militar Jesús Enrique Rejón Aguilar, “El Mamito”, líder fundador de la organización y jefe de “El Toto”, fue capturado el 4 de julio del mismo año en Atizapán, Estado de México. Así fueron cayendo más de 20 presuntos implicados en los hechos.
Por encima de “El Mamito” ya sólo había dos jefes: Heriberto Lazcano Lazcano, “El Lazca”, y Miguel Treviño Morales, “El 40”.
El 7 de octubre de 2012 Lazcano fue abatido por la Marina en Progreso, Coahuila, y el 15 de julio de 2013 las Fuerzas Especiales de la Armada capturaron a Treviño en Anáhuac, Nuevo León.
A partir de entonces, Los Zetas iniciaron un proceso de escisión y debilitamiento que los dejó reducidos a unas cuantas zonas de influencia en Tamaulipas.
Casi todos los detenidos por la muerte de Zapata fueron extraditados y hoy están sentenciados, varios de ellos a cadena perpetua.
Desde 2012, el ICE conmemora cada año el aniversario luctuoso de Jaime Zapata.
“En este aniversario triste, miramos en retrospectiva para lamentar la pérdida, pero también para recordar que fue un hombre valiente y honorable”, indicó el ICE en el primer aniversario.
UN MONTAJE Y DOS HERIDOS DE LA CIA
El 24 de agosto de 2012 un grupo de agentes de la División de Seguridad Regional de Secretaría de Seguridad Pública Federal disparó contra una camioneta Toyota Landcruiser con placas diplomáticas, en un paraje de Tres Marías, en Morelos.
A bordo del vehículo iban Chess Hoods Garner y Stan Dove Boss, agentes de la CIA, y Fabián Molino Yera, Capitán de Fragata de la Secretaría de Marina.
A pesar del blindaje de la unidad, Garner sufrió heridas de bala y esquirlas en el codo y antebrazo derechos; un balazo en el glúteo derecho, y moretones y heridas de esquirla en la zona derecha del abdomen, cadera y glúteo. Boss tu-
vo lesiones por esquirlas tanto en el hombro y la parte posterior del brazo y muslo derechos, como en la parte derecha del cráneo, que afectaron su lóbulo auricular con “desprendimiento de lobulillo” y exposición de cartílago.
Al menos en público, no hubo protestas del Departamento de Justicia ni de las agencias estadounidenses, las cuales habían mantenido durante los 12 años previos una relación muy estrecha con Genaro García Luna, el titular de la SSP.
Un total de 14 agentes de la Policía Federal fueron detenidos y arraigados por la FGR y más tarde encarcelados por los delitos de tentativa de homicidio y daño en propiedad ajena.
El 2 de septiembre, apenas unos días después de los hechos, el entonces jefe de la División de Seguridad Regional de la SSP, Luis Cárdenas Palomino, aseguró que los federales en realidad investigaban un secuestro que había ocurrido unas horas antes en la zona.
Exactamente un mes después de lo dicho por Cárdenas, la agencia de noticias AP dijo que un funcionario estadounidense -al que citó de manera anónima- le informó que había pruebas de que los policías agresores estaban coludidos con el Cártel de los Beltrán Leyva.
Cuando los federales acudieron a la FGR, repitieron la versión que Cárdenas Palomino había comunicado a la prensa, es decir, que indagaban un secuestro -al parecer de un funcionario- y que dispararon para repeler una agresión.
El 18 de noviembre del mismo año la entonces subprocuradora de Control Regional de la FGR, Victoria Pacheco Jiménez, hizo pedazos esa versión y exhibió lo que, a su parecer, era un montaje y una operación de encubrimiento de la SSP.
La funcionaria reveló que, según los análisis periciales, los casquillos hallados en el lugar eran de armas de la Policía Federal, lo que dejaba en entredicho que los acusados hubiesen repelido un ataque de los agentes de la CIA y el Capitán.
También exhibió a los policías por haber declarado que iban uniformados y en patrullas balizadas el día de los hechos, ya que los videos de Capufe demostraron que estaban vestidos de civil y usaron vehículos particulares.
Con relación al secuestro, dijo que éste era investigado por la Procuraduría de Morelos y no por ellos.
Poco antes de ser llevados a prisión, dijo la subprocuradora, los policías entregaron una declaración por escrito a la PGR en la que admitieron haber mentido y falseado los hechos ante el Ministerio Público, por orden de sus mandos.
Esto derivó en 5 nuevas órdenes de aprehensión contra sus jefes inmediatos.
Pacheco Jiménez relató que dichos mandatos de captura los entregó a la SSP de García Luna para que los detuvieran, pero sólo capturaron al inspector general Juan Manuel Pacheco Salgado.
Los otros no fueron aprehendidos y, además, fueron avisados de la orden judicial, ya que enseguida presentaron amparos y lograron que un juez suspendiera la captura.
En el 2023 un total de 11 de los federales fueron absueltos, tras una década de litigio, y 3 continuaron presos por condenas de 16 años de cárcel.
A pesar de que hubo un castigo contra los directamente responsables y de que este incidente no escaló por la vía diplomática, un alto funcionario de la FGR de aquella época consideró que el intento de montaje ocasionó una molestia en algunos funcionarios estadounidenses y marcaría la suerte de García Luna.
Desde el 10 de diciembre de 2019, García Luna está preso en Nueva York y hoy litiga contra una condena de 38 años de prisión por narcotráfico.
Cárdenas Palomino, el superior jerárquico de los federales que hirieron a los agentes de la CIA, fue encarcelado en México el 5 de julio de 2021.
Él también está acusado en el mismo proceso de García Luna por proteger a traficantes de droga, entre ellos a los Beltrán Leyva.
NARRAN CÓMO CÁRTEL DE SINALOA TRABAJÓ CON POLÍTICOS
Por Agencia Reforma
A pesar de las más de 200 denuncias documentadas de intimidación armada, robo de boletas y secuestros de candidatos, las autoridades electorales locales y federales desestimaron ese momento de crisis en 2021 como una serie de incidentes aislados y confirmaron formalmente la victoria de Rocha.
Tres de los miembros del cártel dijeron estar vinculados a la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Uno dijo que estaba relacionado con la facción contraria, los Mayos. No facilitaron sus nombres completos y hablaron bajo condición de anonimato, por temor a represalias de las fuerzas de seguridad y de sus jefes.
Sus descripciones de las redes de protección en las que participaban el cártel y las autoridades locales fueron corroboradas por expertos, antiguos funcionarios y pruebas de casos penales previos.
Según los integrantes del cártel, las autoridades locales siguen proporcionando cierta protección en la actualidad, aunque el acuerdo se ha debilitado debido a la guerra interna entre las facciones de los Chapitos y los Mayos y a la represión de los grupos delictivos por parte del Gbierno de la Pesidenta Claudia Sheinbaum. “Los policías de Sinaloa han sido escoltas de muchos capos en Sinaloa”, dijo Guillermo Valdés, ex jefe de la agencia federal de inteligencia de México de 2007 a 2011, y añadió que los grupos criminales de México han sobornado históricamente a fuerzas policiales enteras, aprovechándose de su escasa remuneración y de las protecciones endebles para quien se niega a cooperar.
Rocha, quien se ha apartado temporalmente del cargo de gobernador, ha negado los cargos de la acusación estadounidense, calificándolos como acusaciones “falsas y sin fundamento”. También dijo que las acusaciones eran un intento del Gobierno de Donald Trump de socavar la soberanía de México y de atacar a la coalición política de izquierda encabezada por Sheinbaum, de la que Rocha es parte.
Sheinbaum ha rechazado las peticiones de Estados Unidos de detener a Rocha, alegando que las pruebas son insuficientes, y en su lugar ha pedido a la fiscalía general de México que investigue. Las pruebas de corrupción en el Gobierno de México están bien documentadas tanto en los tribunales mexicanos como en los estadounidenses. En 2024, Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México y, en su momento, el rostro de la guerra contra los cárteles en el país, fue condenado en un tribunal estadounidense por aceptar millones en sobornos del Cártel de Sinaloa por más de una década.
En Sinaloa, tres de los miembros del cártel dijeron que la forma más consistente de protección procedía de las fuerzas policiales locales y estatales, que actuaban como colaboradores confiables. Los agentes realizaron detenciones selectivas, siguieron la pista de rivales y los entregaron a sus enemigos y, en algunos casos, participaron directamente en operaciones del cártel, según dijeron los operativos.z
Detecta SAT otras 107 empresas fantasma
Por Agencia Reforma
Estas 107 empresas y personas morales emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios, o bien, producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes. Así lo muestra el listado global definitivo de los contribuyentes que cometieron el delito de emitir facturas falsas y simular operaciones, establecido en el Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Entre las comercializadoras y constructoras fantasma que detectaron las autoridades fiscales están Nequis
A veces, dijo un operativo, los propios miembros de los cárteles se unían a las redadas oficiales de la policía, vestidos de uniforme con el fin de cometer delitos para las fuerzas del orden.
Uno de los miembros del cártel que entrevisté, un joven de 22 años de Culiacán, describió cómo a los miembros de menor rango se les daban nombres de rivales que debían dinero, que eran sospechosos de ser soplones o que habían traicionado a la organización, y se les ordenaba que les pasaran esos nombres a los agentes y mandos policiales.
Dijo que los funcionarios municipales y estatales también avisaban con antelación al cártel de operaciones militares importantes, sobre todo en zonas rurales y ranchos donde se reunían los líderes del cártel o donde funcionaban laboratorios de drogas.
“Con tanta protección”, dijo con una leve sonrisa, “pues haz de cuenta que uno se siente Rambo o tipo John Wick”.
También contó que, hace un par de meses, oyó por la radio que un alto miembro del cártel había quedado atrapado en un tiroteo con el ejército. Otro integrante del cártel le dijo más tarde que la policía estatal había intervenido, escoltando al hombre para que pudiera escapar.
Otro narco, de 28 años, quien dijo que trabaja con el cártel desde que tenía 13 años, dijo cómo esa cooperación gubernamental se extendía a algunos miembros del ejército.
Explicó que, en los puestos de control, los soldados dejaban pasar a los miembros del cártel con drogas o armas cuando daban las palabras en clave rotativas -”verde, R8, delta”, por ejemplo- para verificar su afiliación.
El operativo era tranquilo y hablaba de su línea de trabajo con remordimiento. “Trato de no pensar mucho”, dijo. “Me arrepiento de todo, ojalá y nunca hubiera entrado a esto ni a esta vida”. Dijo que comprendió la profundidad de la protección que el cártel recibe de las autoridades hace unos dos años, cuando su jefe perseguía a una persona que le debía dinero al grupo. El aviso llegó a estaciones de autobuses, peajes, puestos de control y el aeropuerto. Recibió una llamada de un empleado del aeropuerto. El objetivo acababa de comprar un boleto a Tijuana. El operativo dijo que fue al aeropuerto, donde lo detuvieron unos soldados. Tras un breve intercambio, se limitó a decir dos palabras -”la Chapiza”- y lo dejaron pasar. Se acercó al objetivo, lo tomó del brazo y le mostró la pistola que llevaba bajo la chamarra.
Dijo que fue entonces cuando pensó: “Sí estamos apalabrados, la charola nunca ha estado tan arriba”.
El miembro del cártel relató la historia mientras llevaba tres celulares y una radio. Uno de esos teléfonos, explicó, servía para que tanto los integrantes del cártel como los agentes de policía compartieran información sobre cuáles calles debían evitar, por dónde se movían los rivales y dónde estaban establecidos los puestos de control militares.
Funcionarios, empleados y residentes de a pie entendían los términos, dijo: si cooperabas con el cártel, te llevabas algo de dinero y seguías con tu vida; si te negabas, morías y el cártel iba por tu familia.
Olmedo, Runde, Trabego, Blockbin, Basel, Consorcio Administrador de Obras Rex, Comercializadora Blunday, Construcción Capa Leasing, Constructora Naerobi, Fortek Construcción y Aceros, así como Gestión y Servicios Fiscales Dax.
En la “lista negra” de las empresas fantasma también aparecen los contribuyentes Carrera Lopez Mirian, Campos Pineda Magdaleno, Castañon Sanchez Patricia Guadalupe, Carranza Villazana Diego, Cruz Mendez Diana Janeli, Diaz Ruiz Hector, Juarez Herrera Mario Alberto y Medina Martinez Ileana, entre otros.
En el Oficio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), El Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Administración General de Auditoría Fiscal Federal y la Administración Central
de Fiscalización Estratégica señalaron que a cada contribuyente se le notificó y se le otorgó un plazo para entregar pruebas que pudieran desvincular el delito, pero no se presentaron ante ninguna autoridad fiscal.
“Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud de que esos contribuyentes durante el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, no se apersonaron ante la autoridad fiscal correspondiente, no obstante estar debidamente notificados y, por lo tanto, no presentaron ninguna documentación tendiente a desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios individuales.
“Se hizo efectivo el apercibimiento y las autoridades fiscales procedieron a emitir las resoluciones individuales definitivas en las que se determinó que al no
haberse apersonado ante la autoridad no desvirtuaron los hechos que se les imputan, y, por tanto, que se actualiza definitivamente la hipótesis prevista en el primer párrafo de este artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, ello por las razones expuestas en dichas resoluciones definitivas”, indicó Hacienda en el Oficio.
SE ENTREGAN 2 A EU; PROMETEN PRUEBAS
Dos de los más cercanos colaboradores de Rubén Rocha, Gobernador de Sinaloa con licencia, se entregaron esta semana al Gobierno de Estados Unidos, y se presume que podrían llevar las pruebas que ha solicitado el Gobierno de México para proceder contra el Mandatario morenista y el resto de ex funcionarios solicitados en extradición.
Se trata del ex Secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, y del ex Secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, quienes enfrentarán las acusaciones en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se radicó la acusación de narcogobierno en Sinaloa. Ahí podrían negociar beneficios a cambio de colaboración con los fiscales estadounidenses.
La Administración federal ha demandado pruebas al Gobierno de los Estados Unidos para entregar a los funcionarios señalados.
El General en retiro Mérida Sánchez, de 66 años, viajó el pasado lunes de
Apunta Washington contra más funcionarios
Por Agencia Reforma
Citando instrucciones dadas por el Subprocurador General Adjunto, Aakash Singh, durante una llamada con 93 fiscales federales de EU, el diario aseguró que la petición fue incrementar los casos contra políticos mexicanos sin importar que se genere una molestia al Gobierno de la Presidenta Sheinbaum.
“Deberíamos triplicar el número de acusaciones contra funcionarios gu-
Hermosillo a Nogales, Sonora, donde ingresó a Arizona, a través de la garita, y quedó bajo custodia de los US Marshals, informaron autoridades federales.
Ayer compareció asistido por abogados de oficio y con apoyo de una intérprete ante la Jueza Sarah Netburn, en Nueva York, donde se declaró no culpable de la acusación de haber recibido 100 mil dólares mensuales entre 2023 y 2024, a cambio de brindar protección a “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.
Recomendado en 2023 por el entonces Secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, debido a su labor al frente de zonas militares en Tamaulipas y Michoacán, el General en retiro no pudo contener la mayor escalada de violencia en la entidad, luego del secuestro y entrega a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, justamente por parte de “Los Chapitos”.
Apenas se desató la guerra entre este grupo y “Los Mayitos”, en septiembre de 2024, el funcionario dejó el puesto en diciembre.
En el caso del ex Secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, trascendió que quedó en custodia de EU, sin embargo hasta anoche no existían registros de su ubicación.
Esto indica que su detención podría haberse dado fuera de territorio estadounidense, y que estaría en trámites de ser trasladado a alguna prisión en ese país.
Díaz Vega es acusado de reunirse en 2021 con “Los Chapitos” para señalar qué candidatos debían ser intimidados durante el proceso electoral de 2021, cuando Rocha resultó electo Gobernador de Sinaloa.
De 50 años, era considerado como uno de los “amigos” del Gobernador Rocha en Sinaloa; antes de integrarse al gabinete era conocido por sus negocios
bernamentales corruptos en México que utilizan su poder y sus cargos para encubrir a terroristas y monstruos que trafican con miseria y veneno”, citó el diario al Subprocurador Singh.
“Si esto resulta desagradable para los funcionarios del Gobierno mexicano y les ofende que estemos haciendo esto, no puedo pensar en nada que me importe menos. Si además los avergonzamos y humillamos en el proceso, entonces eso sería la cereza del pastel para nosotros”.
Por Agencia Reforma
inmobiliarios, y ya durante su encargo -de casi tres años- incrementó su patrimonio con al menos 10 nuevas propiedades, valuadas en 18 millones de pesos, la mayoría liquidadas de contado. En caso de ser declarado culpable, su condena iría de una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión a la cadena perpetua.
Congela UIF cuentas a Rocha e Inzunza
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda congeló las cuentas bancarias del Gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha, del senador morenista Enrique Inzunza y de los otros ocho implicados en las acusaciones de EU por narcogobierno en esa entidad.Se trata de todos los funcionarios y ex funcionarios que son requeridos en extradición por la Fiscalía de Estados Unidos.
El Mandatario morenista reportó al menos cinco cuentas en su más reciente declaración patrimonial pública de 2025, entre ellos una cuenta de ahorro y una cuenta maestra en Banamex, una de ahorro en Banorte y otra en Scotiabank, así como un depósito a plazos en Banorte.
Todos estos instrumentos están registrados en México y operan en pesos mexicanos, sin embargo no declaró montos ni saldos.
Del senador Enrique Inzunza no hay registro de declaración patrimonial.
La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló por la mañana que, si había irregularidades, el congelamiento de cuentas sería procedente.
“La UIF es un área técnica, digamos. Si encuentra alguna irregularidad, pues, procede”, dijo la Mandataria antes de que se oficializara el congelamiento.
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