AL ayuntamiento de la capital cabeza de mando del INTERAPAS, no le quedo de otra más que sumarse a la postura de más de 14 sistemas municipales de agua potable al manifestar estos públicamente que para el 2026 no solicitarán aumento en las tarifas de agua potable ante el Congreso del Estado…
QUE por el contrario buscaran como eficientizar la operación diaria del manejo de los sistemas de agua y hasta el ajuste en nóminas…
ANTE la postura colectiva de los poco más de 14 municipios, el Interapas manifestó que para el 2026, no solicitara aumento a las tarifas de servicio de agua potable, drenaje y saneamiento y que se ajustaran a la obligación legal de actualizar montos conforme al Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) que no es aumento de tarifa sino solo ajuste inflacionario…
SIN duda alguna que esto es resultado de la visión electoral del 2027 por parte del alcalde Enrique Galindo ya que el cómo presidente de la Junta de Gobierno del Interapas la solicitud de aumentos a la tarifa del agua le afectaría mediáticamente en escenarios electorales… ASI que todas las acciones en contra de los electores perdón de los ciudadanos tendrían efectos negativos para el proyecto político de Galindo Ceballos…
Y a otra cosa mariposa…
EN el tema de la inseguridad que priva en el país y en especial en los estados “calientes” como Michoacán se han convertido en el gran dolor de cabeza del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum…
CON el asesinato del presidente Municipal de Uruapan Michoacán, Carlos Manzo, arreciaron las críticas a las estrategias de seguridad nacional en contra del gobierno federal… LA presidenta Claudia Sheinbaum anunció la implementación del “Plan Michoacán por la paz y la justicia”, en el que se destaca la presencia de fuerzas federales, reforzamiento de fiscalías y la atención a las causas, pues reiteró que hace falta fortalecer la estrategia en dicha entidad…
CABE recordar que ya en sexenios anteriores se han puesto en práctica diferentes planes de seguridad en el estado de Michoacán y ninguno de ellos con resultados que favorezcan a la ciudadanía y menos que se logre la paz y seguridad en ese conflictivo estado… OJALÁ y en este nuevo intento de instalar la paz y la seguridad en el estado de Michoacán se logre de una vez por todas y si es así pues que se desdoble en la totalidad de los estados que conforman nuestro país por bien de todos los mexicanos… LA danza de los millones…
EL martes 11 de este mes el pleno del Congreso del Estado revisará y de seguro aprobará las cuatro iniciativas presentadas por el diputado morenista Carlos Areola Mallol…
LAS iniciativas presentadas por el curulero Arreola se tratan de autorizar tanto al gobierno del estado como a los municipios créditos bancarios …
AL estado hasta por $9,794,000,000 (nueve mil setecientos noventa y cuatro millones de pesos), pagaderos hasta en veinte años y garantizados con participaciones federales…
A los 59 municipios se les autoriza endeudarse entre todos hasta por $3,618,000,000 (tres mil seiscientos dieciocho millones de pesos) mismos que tendrán que ser cubiertos en un máximo de cinco años es decir solo en una cuarta parte del tiempo que se le da al gobierno del estado…
SOLO le falto a Arreola Mallol, autorizarle al Poder Judicial y al propio Congreso del Estado que también podían endeudarse… COMO quien dice todos coludos o todos
PLANTEA ARREOLA CRÉDITOS A 20 AÑOS PARA EL
ESTADO Y HASTA 5 AÑOS PARA MUNICIPIOS
Por: Redacción
El diputado morenista Carlos Arreola Mallol presentó cuatro iniciativas para autorizar al Gobierno de San Luis Potosí y a los 59 ayuntamientos la contratación de deuda pública de largo plazo por 13,404.6 millones de pesos, con garantía de participaciones federales y distintos fondos.
Los proyectos, enlistados en la Gaceta Parlamentaria para el Pleno del martes 11 de noviembre, contemplan para el Ejecutivo dos créditos: uno por hasta 7,140 mdp a 20 años con cargo al Fondo General de Participaciones y otro por 2,651.8 mdp a 20 años garantizado has-
ta con 25% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. Ambos se podrían contratar en lo que resta de 2025 y durante 2026, y se destinarían a inversión pública productiva en equipo, mobiliario, vehículos para educación, salud y seguridad, adquisición de terrenos y obra pública.
Para los municipios, Arreola planteó dos esquemas: uno por 1,234 mdp en conjunto, con garantía del 25% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y un plazo de 739 días que concluye el 30 de septiembre de 2027; y otro por 2,378.7 mdp a cinco años, respaldado con porcentajes “suficientes” del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal.
En ambos casos, los recursos deberán orientarse a inversión productiva en zonas de rezago alto y muy alto en agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación, así como infraestructura de salud y educativa, además de compra de equipo de seguridad y salud, vehículos, terrenos y obra pública.
Los montos municipales se calcularon según la capacidad de pago de cada ayuntamiento.
VOTACIONES NY
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Coordinación Editorial:
Alejandro Leal T.
Carmen Martens P.
Información: Sarahí Ortíz A.
Publicidad: Liz Rivera R.
Colaboradores de la edición:
Preprensa: Felipe González L.
Diseño Gráfico y Edición: Gerardo Dorantes R. Brenda A. Padilla
Periódico Ingrata Noticia 20 de octubre de 2025 año 02, Edición 108, es una publicación semanal, editor responsable Carmen Martens Pizzuto número de certificado de reserva de derechos al uso exclusivo otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2023-072016285400-101. Número de certificado de licitud de título y contenido en trámite. Domicilio del impresor: Industrias Gráficas del Tangamanga Sagitario 190 Fraccionamiento Central, San Luis Potosí, SLP, C.P. 78399 tel. 444 822 13 16. Este número se terminó de imprimir el 19 de octubre del 2025 con un tiraje de 5,000 ejemplares. Las opiniones aquí expresadas por lo autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del editor.
Zohran Mamdani será el primer Alcalde musulmán de la Ciudad de Nueva York, y obtuvo la gran mayoría del voto de esa población También los jóvenes lo respaldaron abrumadoramente
Fuente: AP, El País
Zohran
Admite Galindo falta de diálogo con Cruz Roja y promete retomar apoyo económico
La propuesta de Movimiento Ciudadano busca visibilizar y respaldar a quienes dedican su vida al cuidado de familiares o personas dependientes.
Por Redacción
La capital potosina retomará el acercamiento con la Cruz Roja Mexicana.
El alcalde Enrique Galindo Ceballos admitió que desde hace tiempo no se han sostenido reuniones formales entre el Ayuntamiento y la institución, pese a su papel clave en la atención de emergencias y el auxilio ciudadano, y adelantó que impulsará un mecanismo de aportaciones económicas para fortalecer su operación.
“Vale la pena acercarnos a ellos y tener un proceso de aportaciones. No teníamos información, pero lo voy a buscar a ver qué se puede hacer. Hay que apoyarla”, dijo el edil, quien contrastó que con el Cuerpo de Bomberos sí mantiene colaboración constante y es su principal patrocinador.
Las declaraciones del presidente municipal se dan luego de que el delegado estatal de la Cruz Roja denunciara públicamente que tanto el Ayuntamiento de la capital como el de Soledad de Graciano Sánchez dejaron de otorgar apoyos en los últimos cuatro años, situación que ha afectado la operatividad y el sostenimiento del organismo.
Galindo Ceballos se comprometió a restablecer la cooperación y señaló que podría replicarse un esquema similar al aplicado recientemente con los bomberos.
Añadió que la Cruz Roja cuenta con amplia acreditación social y un mecanismo sólido de recaudación por medio de sus colectas anuales, por lo que consideró necesario respaldarla desde el ámbito municipal para que continúe brindando servicios humanitarios en beneficio de la población.
Reconoce Canadevi que NO alcanzará meta de vivienda 2025 en SLP
La Cámara Nacional para el Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) anticipó que no se cumplirá la meta de 8 mil viviendas nuevas en San Luis Potosí durante 2025 y que el cierre del año quedaría alrededor de 5 mil unidades.
Su presidente, Francisco Torres Ocejo, atribuyó el rezago a la lentitud en trámites municipales y estatales e insistió en que existen zonas disponibles en la capital y municipios conurbados para detonar nuevos fraccionamientos. Recordó que, por dinámica demográfica, el estado demanda en promedio 13 mil viviendas al año (basadas en nuevos matrimonios y formación de hogares) y que, al no alcanzarse el objetivo de 2025, en 2026 la necesidad podría rondar 20 mil casas.
El representante del sector advirtió que el déficit habitacional resta competitividad a la entidad ante la llegada de inversiones y la creación estimada de 7 mil empleos en 2026, cuyos trabajadores pronto serán sujetos de crédito y requerirán oferta formal.
Añadió que cada vez es más frecuente que empresas trasladen personal desde otros estados (por ejemplo, Guanajuato), con traslados de hasta dos horas y media, por lo que una oferta suficiente en San Luis Potosí mejoraría su calidad de vida. Canadevi llamó a los tres niveles de gobierno a coordinarse con desarrolladores para agilizar permisos y generar inventario habitacional.
Advierte CTM impacto de la jornada de 40 horas y aranceles en la industria automotriz
Por Redacción
Remigio Govea, secretario adjunto de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), advirtió que la reducción de la jornada laboral para ajustarse a 40 horas “va encaminada a las leyes nuevas” y, junto con los efectos de aranceles, presionará los costos que deberán asumir las empresas en San Luis Potosí.
Señaló que el ecosistema automotriz —que representa más del 85 por ciento de la actividad industrial en la entidad— resentirá de manera natural estos cambios, en un contexto que ya genera polémica en la frontera con Estados Unidos.
El dirigente añadió que los inversionistas “están haciendo números” para mantener la rentabilidad de sus negocios en un entorno internacional complejo.
Recordó lo expuesto por el secretario general de la CTM, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, quien estimó que 40 por ciento de las empresas se preparan para ajustar sus jornadas, aunque reconoció que la entrada de nuevos componentes también se ve frenada por aranceles.
Govea subrayó que, si bien hay compañías que ya aplican reducciones de horas, ello impacta positivamente en la calidad de vida: “La prioridad es que las y los trabajadores tengan un rendimiento normal, puedan estar con sus familias y cuenten con mejor descanso”.
Reporta Defensoria Universitaria 270 carpetas en el año; 140 siguen abiertas
y prevén ampliar personal
La Defensoría de los Derechos Universitarios de la UASLP informó que en lo que va del año abrió cerca de 270 carpetas, no todas vinculadas con quejas o violencia de género, sino también con asuntos académicos y laborales de estudiantes.
Olivia Salazar Flores, encargada de despacho, precisó que 140 permanecen pendientes y que buscan cerrar al menos 50 o 60 antes de finalizar el año.
Atribuyó los tiempos de resolución al análisis de versiones y a la necesidad de certeza sobre los hechos, además de limitaciones estructurales por falta de personal, motivo por el que prevén ampliar la plantilla el próximo año tras la planeación institucional de octubre y noviembre.
Sobre métodos de investigación, indicó que recurren a cámaras de vigilancia cuando es posible y, en su defecto, a testimonios y evidencias digitales como capturas de redes sociales y correos electrónicos.
Por su parte, el rector Alejandro Zermeño Guerra reconoció críticas por la lentitud en la atención, pero subrayó que responde al respeto del debido proceso y la presunción de inocencia.
Por Sarahí Ortíz
“EL DERECHO A DECIDIR CUMPLE UN AÑO EN SAN LUIS POTOSÍ: AVANCES, CIFRAS Y RESISTENCIAS”
Hace apenas un año, el 7 de noviembre de 2024, San Luis Potosí se convirtió en la décima sexta entidad del país en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, luego de que un amparo ganado por la Colectiva ILE obligara al Congreso del Estado a reformar el Código Penal. La resolución marcó un precedente histórico en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes, que por décadas habían sido invisibilizadas y criminalizadas.
Hoy, a un año de aquella reforma, los Servicios de Salud del Estado han reportado 134 solicitudes de interrupción legal del embarazo (ILE) realizadas en hospitales y clínicas públicas, con atención garantizada y gratuita para las mujeres que lo han solicitado.
De acuerdo con información oficial, las pacientes que accedieron al procedimiento tienen entre 14 y 44 años, siendo cinco de ellas menores de edad, incluida una adolescente de 14 años, la más joven registrada desde que se modificó el marco legal. La reforma al Código Penal del Estado, aprobada en octubre de 2024, permitió eliminar las sanciones penales contra mujeres que decidan interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas de gestación.
Desde entonces, el sector salud ha implementado protocolos para garanti-
134 interrupciones legales, nuevas iniciativas feministas y una sociedad que todavía debate entre la libertad y el estigma.
zar un acceso seguro, confidencial y con acompañamiento médico. Autoridades estatales informaron que la mayoría de los procedimientos se han realizado en unidades hospitalarias de la zona metropolitana de San Luis Potosí, aunque también se han atendido casos en municipios del Altiplano y la Huasteca. Una lucha que nació desde las aulas y el activismo joven
El camino hacia la despenalización no fue sencillo. Según relata Nuria Serrano, integrante y vocera de la Colectiva ILE, el movimiento comenzó
desde espacios universitarios y de activismo artístico, donde un grupo de jóvenes mujeres empezó a reflexionar sobre los derechos sexuales y reproductivos.
“Este tema se ha movido por generaciones, pero nosotras decidimos retomarlo desde nuestra experiencia. Somos mujeres jóvenes, muchas de nosotras estudiábamos arte contemporáneo, y quisimos defender un derecho que nos atraviesa a todas. Nos organizamos, hablamos del tema y entendimos que aquí, en San Luis, todavía estaba penalizado”, recuerda Serrano.
Fue en junio de 2023 cuando la Colectiva ILE presentó su primera iniciativa ante el Congreso local. Sin embargo, la legislatura de aquel año no la dictaminó y la propuesta caducó después de doce meses sin respuesta. Ante la omisión legislativa, las activistas promovieron un Juicio para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales del Ciudadano (JDC) ante el Tribunal Electoral del Estado, exigiendo al Congreso cumplir con su deber de dictaminar.
Paralelamente, junto con los abogados del Colectivo Praxis Combativa, comenzaron a promover amparos individuales para sentar precedentes jurídicos que respaldaran una futura acción colectiva. “Ganamos siete amparos individuales con distintas compañe-
ras universitarias”, explica Serrano. “Eso fue un gran paso porque demostró que había base legal para avanzar hacia un amparo colectivo.”
El amparo 765/2024: una sentencia que cambió la historia
El 23 de septiembre de 2024, el Juzgado Tercero de Distrito del Noveno Circuito emitió la sentencia definitiva en el amparo colectivo 765/2024, declarando inconstitucionales varios artículos del Código Penal y de la Constitución local que criminalizaban el aborto.
La resolución invalidó los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal y el artículo 16 constitucional, que reconocía “la vida desde la concepción”. La sentencia ordenó al Congreso estatal modificar las normas en un plazo máximo de tres meses.
“Fue un proceso largo y complicado. Hubo momentos en que pensamos que no avanzaríamos, sobre todo por el paro del Poder Judicial Federal, pero el caso fue considerado urgente por tratarse de un tema de salud pública”, relata Serrano.
“Le explicamos al juez que cada día que se retrasaba la resolución, había mujeres poniendo en riesgo su vida por no tener acceso a un aborto seguro. Finalmente, se resolvió a nuestro favor.”
Desde la publicación de la sentencia, la Fiscalía General del Estado suspendió todas las carpetas de investigación por el delito de aborto, deteniendo cualquier proceso penal en curso. Semanas después, el 7 de noviembre, el Congreso del Estado aprobó formalmente la reforma al Código Penal, con lo que la despenalización se convirtió en ley vigente.
San Luis Potosí se sumó así a entidades como Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz y Baja California, que habían reconocido previamente el derecho a decidir. Posteriormente, en diciembre de 2024, también se modificó la Constitución local, reconociendo explícitamente “el derecho a la interrupción legal, voluntaria e informada del embarazo”, un paso que muy pocos es-
tados han dado hasta ahora. Una reforma con impacto real: 134 abortos legales en un año
De acuerdo con datos obtenidos por la Colectiva ILE mediante solicitudes de transparencia, los Servicios de Salud del Estado reportan 134 procedimientos de interrupción legal del embarazo desde noviembre de 2024 hasta octubre de 2025.
La mayoría se han realizado en hospitales de la zona metropolitana de San Luis Potosí, aunque también se han atendido casos en municipios del Altiplano y la Huasteca.
El rango de edad de las usuarias va de los 14 a los 44 años, y el servicio se ha brindado bajo estándares de confidencialidad y acompañamiento psicológico. Las autoridades estatales informan que los protocolos médicos incluyen atención previa y posterior al procedimiento, además de consejería en salud sexual y planificación familiar.
Pese a ello, las activistas señalan que aún existen retos importantes: desinformación, falta de personal capacitado en hospitales rurales y la persistencia de estigmas sociales.
“Aunque ya es legal, muchas mujeres siguen enfrentando obstáculos institucionales. Hay personal médico que se niega a atender o que desinforma a las pacientes. Por eso seguimos vigilando que se cumpla el derecho sin discriminación”, afirma Serrano.
Además de los procedimientos oficiales, la colectiva estima que decenas de abortos adicionales se han realizado fuera del sistema de salud estatal, con acompañamiento de redes feministas o de organizaciones civiles, es-
pecialmente en comunidades donde los servicios médicos son limitados.
Las nuevas iniciativas: cerrar vacíos legales y frenar la violencia obstétrica
A finales de noviembre de 2024, poco después de lograda la despenalización, la Colectiva ILE presentó dos nuevas iniciativas ante el Congreso potosino para fortalecer el marco legal y garantizar una implementación efectiva del derecho a decidir.
La primera plantea modificar nuevamente el artículo 150 del Código Penal para ampliar las causas de no penalización después de las 12 semanas, incluyendo factores sociales y estructurales.
“Queremos que no se criminalice a quienes interrumpen un embarazo después de las 12 semanas por causas fuera de su control: pobreza, retrasos burocráticos o negación del servicio médico”, explica Serrano. “Hay mujeres que viajan horas para llegar a un hospital y no alcanzan a ser atendidas a tiempo. No puede castigárseles por eso.”
La segunda iniciativa busca reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, incorporando el reconocimiento de la violencia obstétrica y reproductiva relacionada con la interrupción del embarazo. Esta figura no está contemplada actualmente en la legislación estatal.
“Muchas mujeres viven malos tratos o negación del servicio en hospitales. Eso también es violencia y debe ser reconocido como tal en la ley”, señala la vocera de ILE. “La despenalización fue un gran paso, pero no el último. Ahora
pos conservadores y de asociaciones religiosas ha continuado, aunque con menor fuerza que en años anteriores. Para las colectivas feministas, el cambio cultural avanza lentamente pero con paso firme.
“Sabemos que no todos están de acuerdo, pero la realidad es que el aborto ocurre, sea legal o no. La diferencia es que ahora las mujeres no mueren por hacerlo”, reflexiona Serrano.
“Nosotras no promovemos el aborto, promovemos la libertad de decidir, el derecho a una vida digna y sin miedo.” Un antes y un después en San Luis Potosí
La despenalización del aborto transformó la política pública potosina en materia de salud y derechos humanos. Hoy, las instituciones tienen la obligación de garantizar acceso gratuito, seguro y confidencial a la interrupción del embarazo, así como de capacitar al personal médico y sensibilizar a la población.
toca garantizar que el acceso sea digno, sin miedo ni estigmas.”
Ambas iniciativas ya fueron admitidas a revisión por el Congreso y cuentan con proyectos de dictamen en proceso, según confirmó la colectiva. Si se aprueban, reforzarían el marco legal potosino en materia de derechos reproductivos.
Resistencias políticas y sociales
La reforma que despenalizó el aborto no fue aprobada de forma unánime. Durante las discusiones legislativas de 2024, las fracciones del PRI y del PAN votaron en contra, argumentando objeciones morales y religiosas. Sin embargo, la mayoría de votos a favor, sumados a la obligación judicial derivada del amparo, bastaron para concretar la modificación.
A nivel social, la oposición de gru-
A un año de distancia, los avances son evidentes, pero los desafíos persisten: fortalecer la atención en zonas rurales, garantizar insumos médicos, prevenir actos de violencia obstétrica y, sobre todo, erradicar el estigma social que aún pesa sobre las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.
“Nosotras seguimos trabajando porque creemos que ningún derecho está ganado del todo. Cada paso debe defenderse”, dice Serrano. “Este logro no fue de una sola colectiva, fue del movimiento de mujeres en San Luis Potosí y en todo México. Y todavía falta camino por recorrer.”
San Luis Potosí no sólo despenalizó el aborto; redefinió el sentido de la justicia reproductiva en el país. La historia de la Colectiva ILE y de las organizaciones que acompañaron el proceso demuestra que el activismo joven, articulado con estrategias jurídicas, puede transformar estructuras legales y culturales profundamente arraigadas.
ES UNO DE LOS ESTADOS MÁS LETALES PARA
LOS ALCALDES A PESAR DE LAS INTERVENCIONES FEDERALES
Por Agencias
Desde el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, Michoacán se ha convertido en epicentro de la violencia contra los alcaldes en México, una sangría que se ha cobrado la vida de al menos 122 ediles en funciones entre 2006 y 2025 a nivel nacional, 18 de ellos en Michoacán, el Estado donde el expresidente Felipe Calderón lanzó un operativo contra la delincuencia organizada. Casi dos décadas más tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum alista los últimos detalles de un plan para pacificar la entidad, que sigue sin poder sacudirse los problemas que arrastra desde hace lustros. La ofensiva de Sheinbaum llega una semana después de que fuera asesinado Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, un homicidio que ha provocado una ola de indignación y una crisis en el Ejecutivo.
En lo que va del Gobierno de Sheinbaum han sido asesinados tres ediles en Michoacán: Salvador Bastida García, alcalde de Tacámbaro, miembro del PT, quien fue atacado el 6 de junio de 2025; Martha Laura Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, perteneciente a Morena, asesinada el 17 de junio, y Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, cuyo crimen desató una batalla política entre el Gobierno de Sheinbaum y la oposición. Manzo es la más reciente víctima de una lista que incluye a políticos de todos los partidos, hombres y mujeres que, según todos los indicios, fueron acribillados por diferentes grupos del crimen organizado que controlan el territorio michoacano.
El Gobierno federal presentará este fin de semana el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, un conjunto de acciones en materia de seguridad, desarrollo económico, educación y cultura, que incluye un sistema de alerta municipal para que los alcaldes puedan pedir auxilio de las autoridades estatales y federales ante las frecuentes amenazas del crimen organizado.
El plan de Sheinbaum recuerda las anteriores intervenciones federales en Michoacán, considerado por los especialistas como un Estado bajo el dominio de una “gobernanza criminal”. “Representan un desafío al Estado y mandan el mensaje de que los grupos criminales no sólo disputan el territorio, sino que deciden quién puede gobernar”, considera Eduardo Guerrero, especialista de la agencia Lantia.
El analista explica que los asesinatos
En 20 años, 18 alcaldes en funciones han sido asesinados en la zona en la que el expresidente Felipe Calderón emprendió su ofensiva contra el narcotráfico
de alcaldes son síntomas de un proceso profundo de captura criminal de los gobiernos locales y de imposición de sus sistemas de gobernanza al margen de las instituciones.
El especialista sugiere combatir la crisis michoacana profesionalizando y depurando a las policías municipales, con apoyo federal y supervisión externa; que el gobierno estatal asuma el mando operativo de las policías municipales más vulnerables e infiltradas, y que el gobierno federal construya una estrategia de presencia sostenida y no sólo reactiva, priorizando la protección efectiva de alcaldes y líderes comunitarios.
Los primeros años de la guerra
Juan Marcelo Ibarra Villa, militante del PRI, fue el primero de la lista. Era alcalde del municipio de Madero cuando fue asesinado el 1 de junio de 2008, apenas seis meses después de haber asumido el cargo. Para entonces, habían transcurrido 18 meses del operativo lanzado por Calderón, que implicó el envío de tropas a territorio michoacano para combatir al cártel entonces denominado La Familia Michoacana.
El expresidente del Partido Acción Nacional (PAN) defendió su estrategia afirmando que la intervención federal fue solicitada por el entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel, un político del PRD que contaba con un linaje de gran simbolismo: nieto del general Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México de 1934 a 1940, e hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, el hombre que encabezó la ruptura del PRI a finales de los años ochenta.
Cárdenas Batel dejó la gubernatura en 2008 en manos de Leonel Godoy, otro militante del PRD, a quien le estalló la crisis por la ofensiva contra los cárteles y el surgimiento del cártel de los Caballeros Templarios, una escisión de La Familia Michoacana.
La reacción de los criminales a la declaración de guerra derivó en enfrentamientos en vías públicas, la exhibición de cuerpos desmembrados, decapitaciones, bloqueos carreteros, emboscadas a las patrullas del Ejército mexicano y actos terroristas como el estallido de dos granadas en la ceremonia del Grito de Independencia en la Plaza de Morelia, la capital del Estado, el 15 de septiembre de 2008. La violencia alcanzó también a los alcaldes de los 113 municipios, quienes se convirtieron en blanco de los cárteles.
El 24 de febrero de 2009, fue asesinado el priista Octavio Manuel Carrillo Castellanos, alcalde de Vista Hermosa, un
municipio de 20.000 habitantes que, como casi todos los de Michoacán, viven bajo el acoso de grupos criminales dedicados al narcotráfico y la extorsión. En los años siguientes, otros dos presidentes municipales fueron abatidos por la delincuencia mientras Calderón era presidente y Godoy gobernador.
En diciembre de 2009, todo el cabildo del municipio de Tancítaro decidió renunciar ante la situación de violencia y narcotráfico, por lo que el Congreso estatal nombró como alcalde interino a Gustavo Sánchez Cervantes, un profesor de karate y líder local sin militancia partidista. Diez meses después, el 27 de septiembre de 2010, el edil sustituto fue asesinado a golpes junto con su secretario particular. Sus cuerpos fueron encontrados atados de las manos por la espalda y vendados de los ojos con paliacates; “sus cabezas que-
daron destrozadas por los golpes propinados”, según el reporte de la fiscalía estatal. El 2 de noviembre de 2011, el alcalde de La Piedad, Ricardo Guzmán Romero, fue asesinado a tiros cuando faltaban sólo 11 días para las elecciones estatales. El alcalde militaba en el PAN y fue asesinado mientras repartía propaganda en favor de la candidata de su partido a la gubernatura, Luisa María Calderón, hermana del presidente de la República. Al igual que Carlos Manzo, fue acribillado en medio de las festividades del Día de Muertos, que en Michoacán se celebran con verbenas populares.
Estos cuatro ediles michoacanos forman parte de los 47 alcaldes que, según la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), fueron asesinados en todo México durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).
EL PORTAZO DE LAS POTENCIAS ACADÉMICAS A LOS UNIVERSITARIOS EXTRANJEROS REDEFINE EL MAPA MUNDIAL
Por Agencias
Las universidades de medio mundo se han encontrado de repente con una ventana de oportunidad inesperada para llenar sus aulas de estudiantes extranjeros, una fuente de riqueza cultural y formativa y sin duda de ingresos para muchos sectores. ¿Qué ha pasado? Las principales potencias en acogida de alumnos han dicho basta, no quieren tantos inmigrantes. La llegada de Donald Trump ha complicado los visados en Estados Unidos. En el vecino Canadá y en Australia, que podían beneficiarse, sus gobiernos aumentan las barreras, para disgusto de sus campus. EL PAÍS reconstruye cómo está cambiando el puzle en conversación con cinco altos cargos académicos que coincidieron en el encuentro Reinventing Higher Education, organizado en Londres por IE University y el Imperial College, y al que este diario acudió invitado.
En Europa las cosas no están mucho mejor. Bruselas propuso a Londres en 2024 el Esquema de Movilidad Juvenil (con permisos limitados para trabajar o estudiar) pero por ahora el Gobierno de Keir Starmer se resiste, temeroso de la derecha populista. Los comunitarios tras el Brexit han visto cómo se han encarecido para ellos las matrículas, han perdido becas y necesitan pedir visado. De resultas, el estudiantado optó por Países Bajos, que cuela nueve universidades entre las 200 mejores del mundo en el ranking Shanghái. Su número creció tanto
Por Agencias
que los campus anunciaron en 2022 que no había alojamiento para tantos. El gobierno saliente intentó cerrar dos tercios de los grupos de docencia en inglés, para primar su idioma, pero las universidades se negaron.
“Las barreras de visados son un enorme problema para el mundo, pero también una gran oportunidad para los países con visión de futuro”, razona el estadounidense Bel Nelson, fundador de la disruptiva universidad Minerva, con alumnos que rotan por el mundo. “Es absurdo que se considere a los individuos con educación universitaria como un ‘problema’ migratorio, cuando en realidad son la solución migratoria para cualquier país. Pero cada vez hay más países que están adoptando esta idea”. Minerva acaba de abrir una universidad de artes en Corea del Sur.
“La inmigración ha sido la mayor ventaja que ha tenido Estados Unidos en los últimos 200 años. Y si se elimina efectivamente ese flujo de talento, se irá a otro lugar”, argumenta Nelson. La llegada de universitarios de fuera a Estados Unidos cayó el pasado agosto casi un 20% respecto a 2024, el mayor descenso registrado desde la pandemia. Hay retraso en la tramitación de visados y sobrevuelan las escenas de las redadas en busca de ilegales -que no sería el caso- y el castigo a Harvard con la suspensión por seis meses prorrogables la concesión de visados a los extranjeros que aspiran a entrar en Harvard. Esta medida fue paralizada por una jueza.
“El mismo estudiante que estaba entre Europa y Estados Unidos se inclinó por Europa, pero es algo residual”, le quita importancia Lucas Grosman, rector de
la Universidad San Andrés de Argentina. Aunque en su institución sí ha hecho mella que “el National Institute of Health de Estados Unidos, que financiaba muchos programas especialmente vinculados con salud, ya no lo hace”. Y añade: “Algunos investigadores están buscando fuentes alternativas de financiamiento. Muchos están mirando mucho a Europa. En el caso de Argentina, se ha combinado con que ha decrecido el apoyo de los organismos locales de financiamiento”. La motosierra del presidente Javier Milei. Canadá no saca provecho de este contexto. Muy al contrario. “En Canadá nos enfrentamos a restricciones sobre la inmigración temporal y a la imposición de cuotas máximas de inmigración. A pesar de la oportunidad única que tenemos de atraer a estudiantes que ya no quieren ir a Estados Unidos o que desean aprovechar el entorno diferente de Canadá, hemos sufrido pérdidas significativas en las inscripciones”, se desespera Daniel Jutras, rector de la Université de Montréal. “Este año, tenemos un 25% menos de inscripciones de estudiantes internacionales. Hay universidades que tienen hasta un 40% menos. Es realmente lamentable”. Pero añade: “Lo que esto produce es otro tipo de selección: los estudiantes que vienen a nosotros son excelentes”. Además del visado, se han reducido a la mitad las horas que los foráneos pueden trabajar mientras estudian.
Hay otras cifras que presagian que la situación va a empeorar en Canadá. El pasado septiembre, el Ministerio de Inmigración anunció que en el primer semestre de 2025 había autorizado la en-
trada de 36.417 universitarios, un 70% menos que en 2024, según recoge la agencia Efe. “Por otra parte, en cuanto a los profesores y los jóvenes investigadores, se está invirtiendo en atraer talento”, prosigue Jutras. “En Montreal, hemos reservado 13 millones de dólares canadienses (8,03 millones de euros) y esperamos llegar a 25 millones (15,4) a largo plazo para atraer a personas que están en Estados Unidos u otros países que ahora podrían cambiar sus planes. En particular, los postdoctorales”.
La universidad española siempre ha renqueado en internacionalización, pero en los últimos ocho años ha duplicado el número de estudiantes internacionales que atrae, aunque su peso en la matrícula es el cuarto más bajo de la EU-27, según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la Fundación BBVA, publicado esta semana. “Las circunstancias nos están favoreciendo”, admite Santiago Íñiguez, presidente de IE University, que acoge entre Madrid y Segovia a estudiantes de 160 nacionalidades. “En alumnos internacionales de grado, hemos pasado del 86% al 90%. No hay ninguna universidad con un porcentaje tan alto, exceptuando el caso de Mónaco”. Íñiguez considera que debería de haber “algún mecanismo de corrección o de ajuste, a nivel europeo, para que se potenciara la movilidad internacional, como pasa con los erasmus”. IE ha logrado, pese a las barreras, cerrar un acuerdo con el Estado de Nueva York que permite a sus alumnos del college IENYC trabajar legalmente tres años en la Gran Manzana.
TRUMP PLANEA USAR CAZARRECOMPENSAS PARA LOCALIZAR A MIGRANTES
El Servicio de Inmigración pretende ahora pagar a empresas privadas para comprobar la ubicación de las personas que quiere deportar
Donald Trump no está contento con el ritmo que llevan las deportaciones, por debajo de sus metas de un millón al año, por lo que la Administración está buscando vías para acelerarlas. La última es un plan para contratar cazarrecompensas que localicen el paradero de los migrantes indocumentados, que pueden pasar a engrosar la lista de deportados.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés) está buscando empresas privadas que se encarguen de encontrar a las personas que busca la agencia a cambio de dinero, según un documento revelado por The Intercept. La agencia afirma que está “explorando” las posibilidades de contratar a los cazarrecompensas y pide a los interesados que presenten sus propuestas.
“Esto es muy peligroso”, advierte Latoya Macbean Pompy, una abogada de inmigración de Nueva York que tiene un canal en YouTube. “Esto convierte a las personas en números e incentiva a perseguir objetivos equivocados y a violar los derechos civiles. Podría incluir a migrantes documentados, indocumentados, residentes permanentes y hasta ciudadanos”.
Según el documento, a las empresas contratadas por el ICE se les entregarán paquetes de información sobre 10.000 inmigrantes a la vez para su localización, con incrementos de 10.000 hasta llegar al millón. La labor de los cazarrecompensas sería comprobar
que la dirección que les proporciona el ICE de sus hogares o de su trabajo es correcta.
“El proveedor deberá dar prioridad a la residencia del extranjero”, señala el documento. “Pero si esto no es posible, intentará verificar el lugar de empleo”. Si los datos que tiene el ICE registrados no son ciertos, la empresa contratada deberá “proporcionar nuevos datos de ubicación al Gobierno que le permitan localizar fácilmente a la persona”. Estos datos incluyen direcciones, números de teléfono, lugar de trabajo, información sobre su vehículo, propiedad y redes sociales.
Además, los contratados deberán proveer al ICE de fotos y documentos que prueben las informaciones enviadas. La agencia puede cerrar el caso o pedirles que entreguen documentos a los migrantes objeto de la investigación, lo que deberán hacer en mano y con su firma de recibo. Los documentos pueden ser recibidos por cualquier adulto de la residencia.
Para la vigilancia y verificación, la agencia insta a los cazarrecompensas a utilizar todos los sistemas tecnológicos disponibles en el mercado, incluyendo la “investigación de ubicación mejorada, que implica el rastreo automatizado y manual en tiempo real”. El ICE ya utiliza en la actualidad programas para la ubicación de los teléfonos de los migrantes perseguidos. El ICE planea ofrecer incentivos, que incluirían bonificaciones monetarias según el rendimiento, para fomentar los resultados rápidos. Como ejemplo, los contratistas podrían recibir una bonificación por identificar la dirección correcta de una persona al primer intento o por encontrar al 90% de sus objetivos en un plazo determinado.
