Impunidad

propio y, aunque muchos son parecidos, las pequeñas diferencias pueden complicar acciones concretas.

En ese esfuerzo por armonizar documentos (y criterios) ya han organizado dos reuniones en las cuales participan enlaces de 32 comisiones estatales de búsqueda, fiscales y fiscalías especializadas. Algo que Quintana no duda en definir como “un logro”. Pero al menos por ahora, no es una política de Estado sino una iniciativa particular de personas que hoy ocupan cargos públicos.

Más allá de estos tres puntos ciegos, hay una situación que limita todo el accionar. Se trata del conflicto que a nivel nacional existe entre las fiscalías y las comisiones de búsqueda.

Una tensión que todo lo impregna, que sigue presente pese a los varios protocolos aprobados. Dice Sonja Perkic:

“[El protocolo] es eje rector para todas las comisiones de búsqueda, te puedo garantizar que todos toman estos protocolos, pero hay una abierta conocida resistencia por parte de las fiscalías para aplicarlo. ¿Por qué? Porque va más allá de su protocolo homologado de investigación y los involucra como actor primario en las acciones de búsqueda. La realidad nos arroja que las fiscalías se concentran en individualizar a los responsables pero no en localizar a la persona.

Hay estados donde la fiscalía no se comunica pero para nada con la comisión local de búsqueda y otros donde hay una buena coordinación. Es difícil generalizar. Pero este obstáculo no está superado”.

El tema impunidad es central para comprender la desaparición de niñas, niños y adolescentes. Se trata de una dinámica estructural: hay casi 100% de impunidad en temas de desaparición; hay apenas 36 sentencias en más de 100 mil casos; son datos oficiales recogidos por el Comité contra la desaparición forzada de la ONU. Y si observamos cuántos casos de desapariciones de adolescentes, niñas o niños han sido adecuadamente investigados; en cuántos se ha establecido la responsabilidad, ya sea de personas particulares o servidoras públicas; y en cuántos se ha dictado una sentencia por la desaparición de algún niño, niña o adolescente, la cifra que exhibe la total impunidad es incuestionable: 0 casos.

Sin embargo, en el amplio diálogo social que debe sostenerse en torno a este tema, también debería abordarse el asunto de la sensación de impunidad. Repetimos que ‘en México no pasa nada’ y cada vez que lo repetimos, esa sensación se hace viva. Sin duda es una sensación reflejo de lo que pasa, pero tampoco abona la confianza de las autoridades y las autoridades, que tampoco sostienen, pueden encontrar una zona de confort para su inacción. Resulta fundamental sostener la exigencia de justicia y de alto a la impunidad en los casos de desapariciones, también de las de niñas y niños.