Revista InduAmbiente N° 202 by Revista InduAmbiente

CONTENIDO

ENERGÍA Y TRANSPORTE SOSTENIBLE

DESAFÍOS PARA LA TRANSMISIÓN

REVISTA DE DESCONTAMINACIÓN INDUSTRIAL, RECURSOS ENERGÉTICOS Y SUSTENTABILIDAD. Editada por Comunicaciones Tiempo Nuevo S.A.

Artículos sobre transmisión eléctrica, electromovilidad y el uso eficiente de la energía en la minería constituyen la base de este segmento orientado a fomentar el desarrollo energético sustentable.

DIRECTOR GERENTE Carlos Araya Cortés caraya@induambiente.cl SUBDIRECTOR Cristián Araya Berroeta cristian.araya@induambiente.cl

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EDITOR GENERAL Rodolfo Bravo Galdames rodolfobravo@induambiente.cl JEFE DE INFORMACIONES Jaime Romero García jaimeromero@induambiente.cl FOTOGRAFÍA Archivo Comunicaciones Tiempo Nuevo S.A. DIRECCIÓN DE ARTE Jorge Moraga Pedraza jmoraga@induambiente.cl DISEÑO Fabricio Basso Bertrand diseno@induambiente.cl

CAMBIO CLIMÁTICO

¿NECESITAMOS RADARES? Analizamos la posibilidad de que Chile incorpore radares meteorológicos y otras tecnologías complementarias a sus sistemas de alerta para prevenir eventos extremos asociados al cambio climático.

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COLUMNISTAS IN MEMORIAM Claudio Friedmann Aníbal Mege

PUNTOS DE VISTA

HUMOR Orlando Lagos

CAMBIOS EN EVALUACIÓN

DIRECTORA DE MARKETING Y PUBLICIDAD Norma Berroeta Bustos info@induambiente.cl

Conozca la opinión de cinco especialistas sobre los cambios a los procesos de evaluación ambiental de los proyectos de inversión incluidos en la Ley de Reconstrucción y en otras propuestas de modificación.

MARKETING Y PUBLICIDAD Roberto Vallejos Guzmán rvallejos@induambiente.cl IMPRESIÓN A Impresores, que sólo actúa como impresor.

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INDUAMBIENTE es una publicación independiente, que se distribuye en los sectores industriales y empresariales, y a profesionales, técnicos, académicos y ejecutivos relacionados con los temas de descontaminación, recursos energéticos y sustentabilidad.

CALIDAD DEL AIRE

METANO Y COV BAJO CONTROL

SUSCRIPCIÓN ANUAL $ 70.000 + IVA (Seis ediciones) DIRECCIÓN Av. Los Leones 382 - Of. 102 - Providencia Santiago de Chile Tel +56 2 2927 2000 – info@induambiente.cl

www.induambiente.com

Combinar tecnologías para detectar y cuantificar emisiones fugitivas reduce pérdidas, fortalece la seguridad y refuerza el desempeño ambiental y operacional de las industrias.

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CONTENIDO

LABORATORIOS E INSTRUMENTACIÓN

ANÁLISIS A LAS ETFA Un artículo en que se evalúa el desempeño y los desafíos para las Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental abre esta sección que aporta información para mejorar el ejercicio de los laboratorios.

59 a 72 SOLUCIONES DIGITALES

PORTADA

LA NUBE “VERDE”

Yo soy las montañas y los valles, Soy los ríos y los mares, Soy los bosques y los árboles, Soy la tierra de los libres.

Dada su rápida expansión en Chile, revisamos las principales soluciones tecnológicas que han incorporado los centros de datos para operar con eficiencia y sin afectar el medio ambiente.

Soy el país de los valientes, Yo soy el hogar de la verdad, Soy la tierra de los libres, Y estoy orgulloso de serlo.

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Alonso González

BIODIVERSIDAD

¿CÓMO PROTEGER LOS HUMEDALES? Dos especialistas advierten que la protección legal a los humedales ha crecido, pero no ha existido uniformidad en los criterios aplicados por las autoridades, generando incerteza jurídica.

82 a 83 MINERÍA SUSTENTABLE

MÁS ORO, MENOS IMPACTOS Impulsada por nuevos proyectos, la minería aurífera en nuestro país busca aumentar la producción y mejorar su desempeño ambiental. Le contamos de qué manera.

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SECCIONES Editorial En Pocas Líneas Sustentabilidad Soluciones Digitales Quién es Quién Agenda Eventos Bitácora Entretención Pulso Empresarial Cultura

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COLUMNISTAS: Lorenzo Reyes Mónica Gazmuri Pablo Madrid María Paz Acuña Claudio Zaror Sebastián Carvallo Karla Rojas

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EDITORIAL

Prioridad a la acción climática

os recientes eventos meteorológicos extremos que han afectado a distintas ciudades y regiones del país vuelven a poner en evidencia nuestra vulnerabilidad frente al cambio climático y la urgencia de fortalecer las políticas públicas y la responsabilidad privada para anticiparse y enfrentar sus consecuencias. Inundaciones, aluviones, desbordes de ríos, e incluso inusuales episodios tornádicos, que dejaron cientos de personas damnificadas y daños en viviendas e infraestructura son señales de un escenario que exige mayor prevención, planificación y capacidad de adaptación. Y el futuro cercano es tanto o más inquietante: de hecho, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ya declaró una alerta temprana preventiva nacional por calor, hasta marzo de 2027. Aunque no todos estos fenómenos pueden atribuirse directamente al cambio climático -factores como El Niño también inciden en su ocurrencia-, la evidencia científica muestra que el calentamiento global está modificando los patrones y aumentando la intensidad o frecuencia de algunos eventos extremos. Frente a esta realidad, Chile necesita una política ambiental y climática ambiciosa, transversal y respaldada por los recursos necesarios. Sin embargo, algunas decisiones gubernamentales parecen ir en sentido contrario. Claro ejemplo es el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 que, según un análisis del centro de pensamiento Rumbo Colectivo, tendría una reducción real de 0,7% en lo asignado al Ministerio del Medio Ambiente (MMA) respecto de 2026. Más preocupante aún son los ajustes que se harían en áreas estratégicas: el programa de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático disminuiría su presupuesto en 19,3%, mientras que los recursos destinados a la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), caerían de $717 millones a $293 millones, una rebaja de 59,1%. A ello se sumaría una disminución de 19,2% en los recursos para fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente, y un 23% real menos en el programa de administración de procesos del Servicio de Evaluación Ambiental. Por el contrario, en el MMA sostienen que los $98.632 millones asignados serían 0,3% más de lo que recibieron en 2026 y que la propuesta plantea cambios sustantivos en la distribución de los recursos a raíz de la subejecución de recursos registrada en los últimos cuatro años, que estiman en 6,7%. Más allá de quién tenga la razón en la discusión porcentual, la inquietud queda instalada, incluso considerando que la acción climática se financia con recursos provenientes de muchas otras fuentes públicas y privadas.

Es que los desafíos que se deben atender en esta materia son enormes. Cabe recordar que Chile tiene una Ley Marco de Cambio Climático que establece la meta de alcanzar la carbono neutralidad y la resiliencia climática a más tardar en 2050. Cumplirla requiere implementar los planes sectoriales y regionales de adaptación, fortalecer los sistemas de alerta temprana, proteger humedales y cuencas, recuperar ecosistemas degradados y mejorar la planificación territorial, entre otras grandes tareas. La adaptación al cambio climático demanda coordinación entre organismos públicos, gobiernos regionales y municipios, además de inversiones en infraestructura resiliente, gestión de aguas lluvias y protección de zonas expuestas a amenazas naturales. Solo en la Región Metropolitana, por ejemplo, el Gobierno Regional ha identificado 175 puntos críticos de muy alto riesgo por lluvias e inundaciones, en cuyas áreas de influencia viven más de un millón de personas. La necesaria mitigación y adaptación al cambio climático, por cierto, también impone responsabilidades para el sector privado. Para las empresas del sector productivo integrar la variable climática en la planificación estratégica dejó de ser un compromiso voluntario para transformarse en un imperativo de sostenibilidad financiera y operativa. Los eventos climáticos extremos generan interrupciones directas en las cadenas de suministro, daños en infraestructura crítica y paralizaciones de faenas productivas. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Chile proyecta que en el sector minero la escasez hídrica y los eventos pluviométricos anómalos podrían comprometer hasta un 10% de la producción de cobre hacia el año 2030 si no se implementan obras de adaptación e infraestructura hídrica resiliente. Asimismo, el mercado financiero y de capitales ha integrado de manera sistemática los criterios ESG (Medioambiental, Social y Gobernanza). Informes de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y del sector bancario han advertido que hasta un 27% de la cartera de crédito comercial de la banca chilena se encuentra expuesta a riesgos físicos y de transición derivados del cambio climático. Asimismo, en la actualidad, las corporaciones que no cuantifican ni mitigan sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) ni incorporan escenarios climáticos en los estudios de impacto ambiental del SEIA enfrentan un sobrecosto en el acceso a financiamiento internacional, mayores tasas de interés y un endurecimiento en las condiciones de asegurabilidad de sus activos. El desarrollo económico y la protección ambiental no pueden ser objetivos contrapuestos. Las recientes emergencias climáticas deberían constituir un punto de inflexión para entenderlo de manera definitiva. Chile necesita compromisos que trasciendan los ciclos políticos, presupuestos acordes con la magnitud del desafío y una acción climática coherente con las necesidades. Porque debilitar la gestión ambiental no significa ahorrar recursos, sino más bien acumular riesgos y trasladar sus consecuencias a las próximas generaciones.

ENERGÍA Y TRANSPORTE SOSTENIBLE Artículos que abordan los retos socioambientales del sector de transmisión eléctrica en Chile y los desafíos para la expansión de los puntos de carga para vehículos eléctricos, dan el vamos al principal segmento de esta edición.

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Foto: Transelec

Especialistas plantean los principales retos socioambientales del sector de transmisión eléctrica en Chile y cómo afrontarlos.

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ENERGÍA Y TRANSPORTE SOSTENIBLE 11

n coloso de la transmisión eléctrica. Así se podría catalogar al proyecto Kimal-Lo Aguirre, que cruzará 5 regiones (entre Antofagasta y la Metropolitana) y 28 comunas, abarcando 1.342 kilómetros de extensión. En ese tramo se instalarán cerca de 2.700 torres de alta tensión, las cuales deberían entrar en servicio durante 2029. El estudio de impacto ambiental de esta línea se tramitó en 735 días y consideró sus efectos en el entorno natural y humano, específicamente en el paisaje, suelo, vegetación, flora y fauna, y recursos arqueológicos, principalmente. En la Asociación de Transmisoras de Energía precisan que la construcción y operación de líneas y subestaciones puede causar la intervención de la vegetación, alteración del paisaje, interacción con fauna (especialmente aves), cruces de cursos de agua, afectación del patrimonio cultural y convivencia con comunidades y actividades productivas. ¿Cómo este rubro se ha ido haciendo cargo de esos impactos? Javier Tapia, director ejecutivo del gremio, sostiene que “el avance del sector se expresa precisamente en una mayor capacidad para identificar estos impactos desde la etapa de diseño de los proyectos, evitar aquellos que sea posible y aplicar medidas de mitigación, reparación o compensación cuando corresponda. Nuestro balance, por lo tanto, es positivo por la evolución de los estándares y capacidades, pero no complaciente”. Indica también que este mejor desempeño “responde a una institucionalidad ambiental más exigente, a mayores estándares corporativos y a una ciudadanía que demanda información, participación y una relación más temprana y transparente con los proyectos. Las empresas han debido fortalecer sus equipos especializados, sus sistemas de cumplimiento ambiental y sus mecanismos de vinculación con comunidades, propietarios y autoridades”. Agrega otro gran beneficio ambiental que genera la transmisión en el contexto de la transición energética: “Contar con redes suficientes y oportunas es indispensable para incorporar generación renovable, reducir la dependencia de combustibles fósiles y avanzar hacia las metas climáticas del país”.

biental, incorporando en forma temprana variables territoriales, sociales y de biodiversidad en el diseño de proyectos. También destaca el avance en herramientas de planificación energética de largo plazo, que buscan compatibilizar el desarrollo de la infraestructura eléctrica con criterios de sostenibilidad”. No obstante lo anterior, Eloísa Sánchez, representante también del Comité de Sostenibilidad de CIGRE Chile, afirma que “la expansión de la red de transmisión requerida para habilitar la transición energética ha generado importantes desafíos ambientales y territoriales. En especial, se observa una mayor complejidad en los procesos de evalua-

“El desafío de la próxima década es convertir las buenas prácticas desarrolladas por distintas empresas en aprendizajes más sistemáticos, comparables y compartidos por el conjunto del sector”. Javier Tapia, director ejecutivo de Transmisoras de Chile EVOLUCIÓN SIGNIFICATIVA Matías Larraín, chair del Comité de Sostenibilidad del Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas (CIGRE) en Chile, coincide en que la transmisión en nuestro país ha mostrado una evolución significativa en materia ambiental, “impulsada principalmente por los objetivos de descarbonización y la incorporación de energías renovables al sistema eléctrico. Además, el sector ha fortalecido sus estándares de evaluación am-

Eloísa Sánchez: “los tiempos de tramitación ambiental y permisos se han transformado en un importante riesgo para la materialización de estos proyectos”. ción ambiental y de relacionamiento comunitario, especialmente en zonas con alto valor ecológico o sensibilidad social. Por otra parte, los tiempos de tramitación ambiental y permisos se han transformado en uno de los principales riesgos para la materialización de proyectos estratégicos para el país”. Para ambos profesionales, hoy existe una creciente necesidad de abordar los proyectos desde una lógica más integrada y territorial que permita anticipar conflictos, optimizar corredores eléctricos y reducir impactos. En este contexto, manifiestan que “el rol de organizaciones globales como CIGRE, que reúne a expertos mundiales para compartir mejores prácticas en el rubro, resulta vital para evidenciar que estos desafíos deben abordarse de manera técnica, constante y colaborativa”.

BRECHAS A SUPERAR

40.371 Kilómetros de

líneas de alta tensión operativas existen entre Arica y Chiloé.

Matías Larraín destaca la inclusión de herramientas de planificación energética de largo plazo en el rubro.

Para lograr una mejora continua, Javier Tapia sostiene que el sector “requiere mayor certeza, coordinación y anticipación, no una evaluación ambiental menos exigente”. A su juicio, existe una insuficiente articu-

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lación entre la planificación energética, la planificación territorial y la evaluación ambiental. “Con frecuencia, parte importante de las definiciones ambientales y territoriales deben resolverse cuando el proyecto ya se encuentra en una etapa avanzada. Incorporar estas variables desde la planificación permitiría comparar alternativas con mayor anticipación, evitar zonas particularmente sensibles y reducir posteriores conflictos o rediseños”, expone. El director ejecutivo de la Asociación de Transmisoras de Energía añade que existe fragmentación entre la evaluación ambiental y los distintos permisos sectoriales, por lo que “una ventanilla única efectiva, expedientes interoperables y criterios técnicos más uniformes permitirían mejorar el proceso sin debilitar el control ambiental”. Aboga, asimismo, para que haya información territorial y ambiental suficientemente actualizada, interoperable y disponible para todos los actores; como también mayor estabilidad y claridad de criterios técnicos, ya que “los titulares deben conocer oportunamente las metodologías aplicables a materias como biodiversidad, paisaje, patrimonio, efectos acumulativos y cambio climático”, afirma. Otro aspecto clave que releva el representante de las empresas transmisoras es la innovación. Especifica que “el uso de herramientas geoespaciales, sensores, monitoreo remoto, inteligencia artificial y mejores sistemas de información puede ayudar a seleccionar emplazamientos en base a criterios de bajo impacto, identificar riesgos, supervisar medidas ambientales y compartir datos útiles para la toma de decisiones”. Y en la dimensión humana, plantea que el desafío “es contar con mecanismos de participación más tempranos, pertinentes al territorio y capaces de distinguir impactos ambientales de otras expectativas o necesidades locales. El acceso a información y la participación pública son componentes esenciales de la legitimidad de los proyectos, en línea con los principios del Acuerdo de Escazú”. En resumen, Transmisoras de Chile pone sobre la mesa los siguientes retos prioritarios: •

Fortalecer la planificación territorial y ambiental temprana, de manera que las zonas de mayor sensibilidad sean consideradas antes de definir completamente las soluciones y trazados.

•

Mejorar la información pública y estandarizada sobre biodiversidad, rutas de vuelo, sitios de reproducción y alimentación de aves, ecosistemas, patrimonio y usos del territorio. “Una mejor base de información permite adoptar decisiones más oportunas y disminuir incertidumbres”, comenta Javier Tapia.

•

Profundizar la prevención de impactos sobre aves y otra fauna, mediante mejores líneas de base, monitoreo, intercambio de evidencia y aplicación de medidas acordes con las características de cada especie y territorio.

•

Abordar los impactos acumulativos y sinérgicos. “La evaluación proyecto a proyecto es indispensable, pero puede resultar insuficiente en territorios donde convergen numerosas instalaciones energéticas, mineras, viales u otras actividades productivas”, acota el ejecutivo.

•

Fortalecer la adaptación al cambio climático: Las redes deben estar preparadas para enfrentar temperaturas extremas, incendios forestales, aluviones, inundaciones y otros eventos que puedan afectar tanto a la infraestructura como a los ecosistemas y comunidades circundantes.

•

Continuar mejorando la participación y el relacionamiento temprano con las comunidades. “El diálogo debe comenzar antes de que las principales decisiones estén cerradas y mantenerse durante la construcción, operación y eventual cierre de las instalaciones”, explicita.

3.182 Toneladas de

residuos provenientes de subestaciones, mantenimiento de líneas y desarme de equipos generaron durante 2025 las operaciones de Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica en Chile. Del total, 1.547 toneladas se reciclaron y las 1.635 restantes se depositaron en rellenos sanitarios.

MAYOR ARTICULACIÓN Para Silvia Ormazábal, coordinadora Working Group Normativa Ambiental y Estándares Sociales de CIGRE, “existe un desafío de mayor coordinación y predictibilidad regulatoria. Los proyectos de transmisión deben interactuar con distintas autoridades, permisos y exigencias ambientales y sectoriales. Una mayor articulación entre estos procesos, junto con criterios más claros y predecibles, permitiría anticipar mejor los riesgos y reducir incertidumbres durante el desarrollo de los proyectos”. Al respecto, manifiesta que falta una mirada más clara y de largo plazo por parte del Estado, “con una mejor planificación y lineamientos que den mayor certeza al desarrollo de los proyectos”. También remarca que “es necesario incorporar las variables ambientales y territoriales desde etapas más tempranas de la planificación, ya que la transmisión debe convivir con áreas de valor ambiental, actividades productivas, comunidades y distintos usos del territorio. Muchas veces los proyectos ingresan a evaluación ambiental cuando las alternativas de trazado ya son limitadas, lo que dificulta evitar áreas ambiental o socialmente sensibles y aumenta los riesgos de conflictividad”. En ese contexto, afirma que “necesitamos avanzar hacia un relacionamiento comunitario más temprano, continuo y transparente, que permita comprender mejor las dinámicas y preocu-

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“Existe un desafío de mayor coordinación y predictibilidad regulatoria”, asegura Silvia Ormazábal. paciones de cada territorio y, cuando sea posible, incorporarlas en las decisiones de los proyectos. El éxito de estos dependerá cada vez más de la capacidad de generar confianza, transparencia y beneficios compartidos en los territorios donde se emplaza la infraestructura”. Los expertos de CIGRE, además, plantean que se requiere perfeccionar los procesos de consulta indígena “para que no pierdan su objetivo central y se consoliden como diálogos transparentes de protección de derechos, en lugar de convertirse en plataformas meramente transaccionales”. En el Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas consideran, asimismo, que “la regulación debe volverse más progresiva para adaptar mejoras tecnológicas de manera ágil y evitar trabas administrativas excesivas como las reiteradas consultas de pertinencia”.

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Chile tiene una de las redes de carga pública y privada para vehículos eléctricos más avanzadas de Latinoamérica, con más de 8.400 puntos, pero afronta retos relevantes para acompañar la expansión del parque. ¿Cómo se están abordando?

a electromovilidad avanza en Chile y, con ella, aumenta la necesidad de contar con infraestructura que permita recargar los vehículos eléctricos de manera segura, oportuna y a costos competitivos. En los últimos años, el país ha experimentado un crecimiento significativo de los puntos de abastecimiento, incorporando nuevas tecnologías y operadores. No obstante, la expansión de esta red enfrenta desafíos importantes, especialmente en materia de cobertura territorial, instalaciones EDICIÓN 202 SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2026

residenciales y disponibilidad de potencia eléctrica. El diagnóstico general es positivo. “Chile ha avanzado significativamente en el despliegue de infraestructura de carga de acceso público y privado, junto con el desarrollo de normas de seguridad, procedimientos de declaración de instalaciones, mecanismos de interoperabilidad y herramientas de información para los usuarios”, destacan desde el Ministerio de Energía. Jean Paul Zalaquett, fundador de la aceleradora de electromovilidad

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OpenEVlab, va aún más allá y sostiene que nuestro país “cuenta con una de las infraestructuras de carga más avanzadas de Latinoamérica, comparable en varios aspectos con las de países desarrollados”. Las cifras reflejan esta evolución. De acuerdo con antecedentes de la mencionada secretaría de Estado, el número acumulado de puntos de carga públicos pasó de 36 en 2018 a 1.881 durante 2026, mientras que a octubre de este año se registraban al menos 6.554 de tipo privado, “incluyendo instalaciones domiciliarias, edificios y condominios, centros de carga para transporte público y electroterminales”. Por su parte, Zalaquett resalta que, según datos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), “entre 2019 y 2023 se instalaron, en promedio, 120 cargadores públicos al año. En 2024 esa cifra se duplicó y en 2025 se triplicó, llegando a 638 nuevas instalaciones”; y este año, hasta septiembre, se habían sumado otros 179 puntos de suministro. Una de las principales empresas proveedoras de esta red ha sido Enel, desde donde destacan que vienen trabajando y preparando su infraestructura eléctrica “hace más de 15 años, precisamente para absorber de forma progresiva el aumento de la demanda de energía con la masificación de la movilidad eléctrica, de manera de contribuir con una transición energética justa y ordenada. Esta planificación ha permitido a Chile posicionarse como el país líder en electromovilidad en América Latina”. No obstante, ir a la par con la expansión de un parque vehicular que también ha ido creciendo aceleradamente no es un desafío fácil. Las estadísticas gubernamentales señalan que las compras acumuladas de nuevas unidades cero emisiones saltaron de 140 en 2017 a 12.702 hasta mediados de octubre de 2026, un incremento que está generando presión sobre la infraestructura de carga disponible. De hecho, el Ministerio de Energía advierte que la relación entre vehículos eléctricos (VE) y puntos de carga públicos conectados a su Plataforma de Interoperabilidad pasó de aproximadamente 13 vehículos por cargador en 2025 a 17 en agosto de 2026, “reflejando la necesidad de acelerar el despliegue de infraestructura para acompañar el crecimiento de la electromovilidad”. Algo absolutamente necesario para aprovechar los beneficios que esta modalidad de transporte más limpia ofrece a sus usuarios, como son los ahorros asociados al consumo de combustible y mantenimiento de los vehículos. Y también para las comunidades y el medio ambiente, al aportar a la descarbonización y descontaminación del entorno.

COBERTURA DESIGUAL Aunque la red de carga para vehículos eléctricos cubre todo Chile, su distribución territorial presenta importantes desequilibrios. Antecedentes del Ministerio de Energía indican que la Región Metropolitana concentra poco más del 70% de todos los puntos públicos instalados. Muy por detrás le siguen Valparaíso, con un 5%; O’Higgins, con 3,7%; y Coquimbo, con 3,2%. Las regiones extremas son las más rezagadas: Arica y Parinacota tiene el 0,4% de los cargadores y Magallanes, el 0,5%. En Enel concuerdan en que la brecha geográfica es uno de los principales focos que se requiere atender para masificar la electromovilidad a nivel regional. “Un importante desafío es ganar en cobertura de la infraestructura de carga pública a lo largo del país, habilitando puntos de carga rápidos de alta potencia, que permitan abastecer a todos los segmentos, tanto buses, camiones como vehículos livianos”, dicen. Añaden que una red pública de carga debe diseñarse considerando tanto la demanda actual como el crecimiento futuro, haciéndose cargo del potencial de desarrollo y la usabilidad de cada segmento. “Esto implica contar con estaciones estratégicamente ubicadas en ciudades, centros comerciales y polos logísticos, garantizando su implementación en las principales

Jean Paul Zalaquett reconoce la desigualdad geográfica en la distribución de cargadores, pero plantea que la situación ha mejorado considerablemente.

rutas interurbanas, idealmente con puntos de carga separados por no más de 100 kilómetros, como plantea el Plan Maestro de Infraestructura de Carga Pública”, acotan. Jean Paul Zalaquett también reconoce la desigualdad geográfica en la distribución de cargadores, pero plantea que la situación ha mejorado considerablemente. “Si bien todavía falta avanzar en cobertura regional, vivir fuera de Santiago ya no constituye necesariamente un impedimento para tener un vehículo eléctrico. De hecho, el 35% de los cargadores públicos instalados durante 2026 se encuentran fuera de la Región Metropolitana”, señala. Asimismo, destaca que la Ruta 5 cuenta con infraestructura pública de carga en gran parte de su extensión, con una excepción importante: el tramo entre Copiapó y Antofagasta, de aproximadamente 515 kilómetros. El fundador de OpenEVlab advierte que en las ciudades también persisten dificultades: algunas estaciones de Santiago, por ejemplo, presentan episodios de saturación y los usuarios todavía deben recurrir a distintas aplicaciones para acceder a las redes de carga. A ello se suma que algunas plataformas ofrecen experiencias de uso poco amigables. Sobre ese escenario, el desafío no consiste solamente en instalar más equipos, sino también en asegurar que funcionen adecuadamente, sean accesibles y permitan planificar los desplazamientos con información confiable. En esa línea, desde Enel recalcan la importancia de la interoperabilidad técnica y de servicio: “Cualquier usuario debe poder localizar un cargador, conocer su disponibilidad, potencia, tarifa, conectores, y acceder al servicio de manera sencilla, independientemente del operador. Para ello, se requieren estándares técnicos comunes, sistemas de pago accesibles, información en tiempo real y altos niveles de seguridad y continuidad operacional”.

ESTRATEGIA Y PLAN MAESTRO La principal herramienta que orienta el desarrollo del transporte eléctrico en nuestro país es la Estrategia Nacional de Electromovilidad 2030, la cual en materia de infraestructura de carga “contempla ampliar

1 Sitio web desarrolló la SEC para mostrar la

ubicación y disponibilidad de los puntos de carga de acceso público: http://cargadorespublicos.cl Esta información también se puede ver en la app Eco carga.

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Foto: ENEL

CARGA DE ALTA POTENCIA

La estación ENEA en Pudahuel es parte de la primera Carretera Eléctrica de Alta Potencia del país, que se está desarrollando entre Santiago y Chillán. la cobertura domiciliaria, urbana e interurbana y avanzar hacia una red en que los corredores prioritarios dispongan, al menos, de un cargador cada 100 kilómetros. También busca fortalecer la interoperabilidad, facilitar la carga en edificios y condominios, impulsar corredores logísticos de alta potencia y mejorar la coordinación entre el Estado, gobiernos regionales, distribuidoras, operadores e inversionistas, temas en los cual se ha estado avanzado”, aseguran desde el Ministerio de Energía. En ese marco, en junio pasado, se publicó el Plan Maestro de Infraestructura de Carga Pública, cuyo propósito es “planificar y coordinar el despliegue de infraestructura a lo largo del territorio, asegurando condiciones mínimas de cobertura, como la existencia de puntos de carga cada 100 kilómetros en rutas interurbanas, y promoviendo un acceso más equitativo entre regiones”, declara el propio documento. Para lograr sus objetivos establece cuatro ejes de trabajo, que involucran a distintos organismos públicos: aumentar la cobertura de infraestructura pública e integrarla a la red eléctrica; fortalecer el ecosistema de electromovilidad y la coordinación interinstitucional; desarrollar capital humano y divulgar tecnologías; e impulsar la electrificación del transporte pesado. Desde la cartera de Energía comentan que el Plan Maestro “permite avanzar hacia una planificación territorial y estratégica, identificando brechas de cobertura (de energía, de información y cobertura de internet, entre otras), zonas prioritarias y corredores relevantes tanto para vehículos livianos como para transporte de carga”. Así, uno de los primeros resultados ha sido la definición de 175 zonas prioritarias para instalar nuevos puntos de carga a nivel nacional, “incorporando variables como disponibilidad de suministro eléctrico, conectividad, accesibilidad vial y necesidades territoriales”, informan. A su vez, el Ministerio de Obras Públicas confirmó que la instalación, operación y mantención de infraestructura de carga es jurídicamente admisible en rutas concesionadas. De hecho, ya incorporó la electromovilidad en el Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055 y empezó a considerar estas instalaciones en nuevas licitaciones de concesiones. Paralelamente, existen iniciativas para ampliar la cobertura regional. Entre ellas, el proyecto CLETS, impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente con apoyo de su par de Energía, que contempla instalar cargadores en la región del Biobío durante 2027. Por su parte, la Agencia de Sostenibilidad Energética espera adjudicar la implementación de infraestructura para Antofagasta, Atacama y la zona norte del Maule. A esto se suma un acuerdo con una empresa minera para instalar cargadores en Tarapacá.

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Como se mencionó, uno de los ámbitos que considera el Plan Maestro de Infraestructura de Carga Pública y que podría experimentar una transformación importante en los próximos años es el transporte pesado. La incorporación de camiones eléctricos requiere infraestructura de abastecimiento de mayor potencia, capaz de atender vehículos que recorren largas distancias y operan bajo exigentes condiciones logísticas. En este segmento, ya se dio un paso pionero este año con la puesta en operación de la primera Carretera Eléctrica de Alta Potencia entre Santiago y Chillán, impulsada por una alianza estratégica y colaborativa entre privados: Enel, encargada de desarrollar y operar las electroestaciones; la concesionaria de infraestructura vial ISA Vías; la cooperativa Copelec que aporta con terreno y puntos estratégicos de energía; y Sotraser, empresa de transporte que colabora en la integración y prueba de camiones pesados en esta ruta. Desde Enel detallan: “La Carretera Eléctrica de Alta Potencia sigue creciendo y consolidándose. Hoy están operativas tres electroestaciones, una en Santiago (Enea en Pudahuel) y las otras dos en la Ruta 5 Sur: Itahue, en el kilómetro 211, y Copelec, en el kilómetro 407. Esta última resulta especialmente relevante por su capacidad para atender camiones, buses y vehículos menores, mediante dispositivos de carga ultrarrápidos de 600 kW, los más potentes del mercado. A ellas se sumarán las electroestaciones Los Lagartos, en el kilómetro 61, y La Platina, en el kilómetro 159, completando progresivamente este primer corredor de alta potencia para el transporte pesado”. Además, la empresa pretende extender progresivamente este tipo de infraestructura “hacia otros corredores estratégicos, con una proyección hacia la región de Los Lagos por el sur y la región de Coquimbo por el norte. El objetivo es que la infraestructura de carga acompañe el crecimiento de los camiones eléctricos, reduciendo los tiempos de detención y entregando mayor autonomía y continuidad operacional”, comentan. Añaden que el transporte pesado plantea desafíos distintos a los vehículos livianos, principalmente por sus mayores requerimientos de potencia, espacios y radios de giro, autonomía y continuidad operacional. “Para que la electrificación sea viable en larga distancia se requiere una infraestructura capaz de entregar grandes cantidades de energía en menores tiempos, con estaciones estratégicamente ubicadas en los principales corredores logísticos y con capacidad suficiente para atender simultáneamente a varios camiones. Esto requiere inversiones no solo en cargadores ultrarrápidos, sino también en conexiones eléctricas, subestaciones, transformadores y sistemas de gestión inteligente de la energía”, sostienen. Agregan que la experiencia que se está desarrollando con la Carretera Eléctrica de Alta Potencia, con equipos de hasta 600 kW, permite avanzar en esa dirección. Y que “el siguiente paso es escalar este modelo y habilitar corredores que entreguen certeza operacional a las empresas de transporte en todos los sectores productivos del país, y que permitan conectar el norte y el sur con la zona central. Para ello será fundamental combinar carga de alta potencia, almacenamiento energético, sistemas de gestión que optimicen el uso de la red e interoperabilidad para facilitar el acceso de distintos operadores y flotas”. En este ámbito, el Plan Maestro de Infraestructura de Carga Pública identificó como vías logísticas prioritarias para la electrificación del transporte pesado el eje Santiago-Valparaíso-San Antonio y sus conexiones portuarias, el corredor Centro-Sur asociado a la Ruta 5, los corredores mineros de la Macrozona Norte y la Ruta 66 o Ruta de la Fruta. También se está evaluando sumar el tramo Calama-Mejillones. Durante noviembre se contempla desarrollar una mesa de trabajo con generadores de carga, operadores logísticos y empresas de transporte, destinada a identificar los puntos con mayor potencial para instalar infraestructura para camiones eléctricos.

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A su vez, Jean Paul Zalaquett indica que hay consenso en que el transporte de carga será uno de los segmentos que más crecerá en electromovilidad en los próximos años. Comenta que en Chile ya se ha llegado al 1% de ventas de camiones eléctricos, que en Santiago se observan unidades de este tipo trabajando para supermercados y que a medida que lleguen camiones con mayor autonomía y a precios competitivos se irán incorporando nuevas rutas. “Es razonable esperar que los corredores de carga eléctrica de alta potencia se extiendan progresivamente desde Santiago hacia el sur, hasta llegar a Puerto Montt”, señala. Y que en el norte, la actividad minera y logística ofrece condiciones favorables para su desarrollo, en particular entre Antofagasta e Iquique. Añade que para que eso ocurra será fundamental “disponer de tarifas eléctricas apropiadas para la carga de alta potencia y anticipar las necesidades de suministro eléctrico. Las instalaciones para camiones requieren potencias muy superiores a las de los vehículos livianos, por lo que su desarrollo debe coordinarse oportunamente con las empresas distribuidoras y otros actores del sistema eléctrico”. Y enfatiza: “La clave será que la infraestructura de carga y las redes eléctricas crezcan de manera coordinada con la demanda del transporte de carga”. Desde el Ministerio de Energía coinciden en que para viabilizar este tipo de proyectos se deben planificar de modo anticipado las conexiones “debido a que estas instalaciones pueden requerir varios MW, extensión y refuerzos de la red eléctrica”. Enseguida, mencionan algunos hitos a concretarse en 2027 que deberían acelerar el desarrollo de la infraestructura de carga para camiones eléctricos: •

Preparación de las redes eléctricas para la electromovilidad, incorpo-

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rando la información levantada por el Plan Maestro y los puntos de acopios de buses a levantar con el Ministerio de Transporte en los procesos de expansión y planificación del sistema eléctrico. Actualización de la normativa técnica de distribución eléctrica para resolver diversas materias asociadas a la conexión de infraestructura de carga, cuya propuesta se encuentra en consulta pública. Definición de los pesos máximos permitidos para camiones eléctricos, considerando el peso adicional de sus baterías, y sus efectos sobre pavimentos, puentes y seguridad vial. Pilotos de transporte de carga pesada para levantar información técnica y operacional que permita definir las condiciones para la infraestructura de carga de alta potencia.

Para que la electromovilidad sea viable para el transporte de carga, la autoridad también estima necesario el establecimiento de estándares técnicos e interoperabilidad para cargadores de alta potencia y la evaluación de incentivos transitorios para las primeras flotas y corredores, especialmente cuando el uso inicial sea insuficiente para sustentar la inversión. Además, en la cartera gubernamental destacan que Chile presenta oportunidades para este segmento “en los corredores que conectan zonas mineras cordilleranas con los puertos. En determinados trayectos, con carga desde el descenso desde la cordillera permite recuperar energía mediante frenado regenerativo, mejorando la eficiencia operacional y haciendo más atractiva la electrificación del transporte de minerales. Se trata de una alternativa que distintas empresas mineras y logísticas ya están evaluando”.

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Desde la cartera gubernamental advierten que la implementación de la Estrategia Nacional de Electromovilidad 2030 en materia de infraestructura de carga requiere seguir eliminando barreras regulatorias y administrativas. “Una acción prioritaria es revisar y actualizar el Pliego Técnico Normativo RIC N° 15 de infraestructura de carga, ajustándolo a la evolución tecnológica y a la experiencia adquirida. La SEC ya ha iniciado este proceso de actualización y se invita a los operadores y demás actores a presentar antecedentes y propuestas técnicas que permitan mantener la seguridad, evitando exigencias innecesarias o desactualizadas”, plantean. En el área normativa, la autoridad energética además pretende presentar en 2027, junto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, una modificación a la ley de copropiedad para ampliar la cobertura de carga domiciliaria. Este segmento hoy también enfrenta algunas dificultades, tal como lo exponen en Enel: “En el ámbito residencial, instalar un punto de carga en una casa es una tarea sencilla y resuelta, no obstante, hacerlo en un edificio de departamentos, donde lidiar con la burocracia administrativa de las distintas comunidades, por no existir normativas y criterios comunes, generan desincentivos en aquellas personas residentes que desean cambiarse a la electromovilidad”. Por su parte, Jean Paul Zalaquett sentencia que una de las principales trabas para consolidar la infraestructura de carga está en las condiciones de suministro y en la estructura de las tarifas eléctricas. “Los cargadores rápidos y ultrarrápidos requieren una elevada potencia, y las tarifas eléctricas que se aplican a este tipo de instalaciones pueden encarecer considerablemente su operación, especialmente cuando la utilización de los cargadores todavía es baja. Por eso, es necesario avanzar hacia esquemas tarifarios adecuados para la electromovilidad, como se ha hecho en países con mercados más desarrollados”, explica. A su juicio, en el ámbito residencial también convendría contar con tarifas diferenciadas por horario, que incentiven el consumo eléctrico durante los períodos de menor demanda de la red o de mayor disponibilidad de energía. “Esto permitiría reducir el costo de carga de los vehículos eléctricos y, al mismo tiempo, contribuiría a un uso más eficiente de la infraestructura eléctrica. Es importante destacar que este beneficio no debería limitarse a la electromovilidad, sino estar disponible para otros consumos que puedan desplazarse hacia horarios más convenientes”, postula. El fundador de OpenEVlab reitera que otro desafío relevante es la disponibilidad oportuna de potencia eléctrica para nuevas instalaciones de carga, en especial las destinados a vehículos pesados, que pueden requerir refuerzos de las redes de distribución o la construcción de nuevas líneas eléctricas. “Por lo tanto, además de seguir instalando cargadores, necesitamos una mejor planificación de la infraestructura eléctrica y condiciones tarifarias que faciliten la inversión y hagan económicamente sostenible la operación de las redes de carga”, concluye Zalaquett.

SISTEMA ELÉCTRICO La expansión de la infraestructura de carga para VE aumentará la demanda y la presión sobre el Sistema Eléctrico Nacional. En ese contexto, desde el Ministerio de Energía sostienen que “el principal desafío no será necesariamente la energía anual requerida, sino la potencia simultánea, la localización de los puntos de cargas y el horario de recarga. Una concentración de cargadores rápidos en un mismo punto puede generar exigencias locales importantes, aun cuando su impacto agregado en el sistema sea manejable”. Enseguida, la autoridad gubernamental detalla algunas medidas y propuestas que están revisando para abordar los principales retos que plantea el crecimiento de la infraestructura de carga para la electromovilidad:

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Foto: ENEL

MÁS BARRERAS Y AVANCES

La recarga de camiones eléctricos tiene mayores requerimientos en cuanto a potencia, espacios y radios de giro, autonomía y continuidad operacional. •

Planificación y refuerzo de redes: Se considera fundamental que las distribuidoras incorporen las proyecciones de electromovilidad en sus procesos de planificación; se refuercen alimentadores, transformadores, empalmes y subestaciones; y se mejoren los procedimientos de conexión, entregando información anticipada sobre capacidad disponible, costos y obras necesarias. • Gestión inteligente, tarifas y almacenamiento: La autoridad afirma que una parte de las inversiones se puede optimizar mediante sistemas de carga inteligente que distribuyan la potencia entre vehículos, desplacen la recarga hacia horarios de menor demanda y consideren las restricciones de la red. “También será necesario evaluar señales tarifarias que incentiven la recarga en horarios con mayor disponibilidad de energía y menores costos para el sistema”, acota, mientras que en instalaciones de gran escala se podría complementar la conexión con almacenamiento, generación solar local, microrredes, limitación dinámica de potencia y sistemas de gestión energética. • Modernización del mercado eléctrico para aprovechar la eficiencia y flexibilidad que puede aportar la electromovilidad masiva. Los vehículos eléctricos deben considerarse también “como recursos energéticos distribuidos capaces de gestionar su demanda, desplazar la recarga hacia horarios más convenientes y complementar la generación renovable”, aseguran en el Ministerio de Energía. Agregan que en lugares con alta concentración de vehículos eléctricos, se podrían desarrollar modelos que optimicen la compra y el uso de la energía, aprovechar las diferencias horarias de precios y reducir las demandas máximas. Además, sostienen que a futuro, la carga bidireccional permitirá aprovechar la energía almacenada en las baterías para abastecer edificios, hogares o incluso entregar servicios al sistema eléctrico. Y que las baterías desechadas se pueden reutilizar en sistemas estacionarios de almacenamiento. Para concluir, en el Ministerio de Energía afirman: “La flexibilidad aportada por la electromovilidad permitirá utilizar mejor las inversiones existentes y futuras en redes, reducir requerimientos asociados a las demandas máximas y apoyar la operación segura y eficiente del sistema. Por ello, estamos trabajando para que la modernización del mercado eléctrico, la gestión activa de la demanda y el desarrollo de nuevos servicios energéticos surjan de manera coordinada para avanzar hacia un sistema energético y de transporte integrado, más eficiente, flexible y resiliente”.

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Dr. Lorenzo Reyes Decano Facultad de Ingeniería y Negocios Universidad de Las Américas

Gasolina E10: Una oportunidad para Chile

a incorporación de etanol a las gasolinas vuelve a instalarse en la discusión energética chilena. Según antecedentes publicados recientemente, se ha evaluado avanzar hacia una gasolina E10, con 90% de gasolina y 10% de etanol, que podría generar un ahorro cercano a US$107 millones anuales en costos de suministro. El Ministerio de Energía ha precisado que no existe actualmente una propuesta formal, pero el debate abre una oportunidad para analizar una alternativa con amplia experiencia internacional. Brasil utiliza actualmente gasolina con 32% de etanol y Estados Unidos posee décadas de experiencia con E10, E15 y vehículos flex-fuel. Esta trayectoria demuestra la viabilidad técnica de estas mezclas, siempre que exista compatibilidad entre combustible, vehículos e infraestructura. Brasil, en particular, desarrolló durante décadas una industria, regulación y red de distribución capaz de sostener elevados porcentajes de etanol. Para Chile, un E10 no exigiría reemplazar la flota actual. Los motores modernos pueden operar con esta mezcla cuando el combustible cumple las especificaciones y el fabricante certifica su compatibilidad. Sí sería necesario adaptar infraestructura de almacenamiento y mezcla, establecer estándares de calidad y desarrollar una logística capaz de manejar etanol anhidro a escala nacional. El componente económico también es relevante. El etanol contiene menos energía por litro que la gasolina, por lo que su incorporación puede aumentar ligeramente el consumo. Por ello, el impacto para los consumidores debe evaluarse en pesos por kilómetro, y no únicamente en pesos por litro. Un combustible más barato no necesariamente significa, en igual proporción, un menor costo de movilidad. La dimensión ambiental requiere igual rigor. El etanol no elimina las emisiones de CO2. Materias primas, energía, transporte, uso de suelo y agua determinan su contribución efectiva a mitigar la crisis climática. También debe evitarse generar presiones sobre la producción de alimentos o recursos hídricos. Chile enfrenta una limitación relevante: no dispone actualmente de una industria de bioetanol carburante de la escala necesaria para abastecer un E10 nacional. Inicialmente, sería necesario importar una parte importante del etanol, mientras se desarrollan alternativas locales a partir de residuos agrícolas y biomasa. El E10 puede contribuir a diversificar la matriz energética, reducir la dependencia de combustibles fósiles y disminuir emisiones. Su incorporación debe abordarse con una mirada integral, combinando competitividad, seguridad energética y sostenibilidad.

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PARA ACELERAR EL TRÁNSITO Aunque la electromovilidad ha crecido más en 2026, las flotas empresariales siguen siendo mayoritariamente diésel. Explicamos por qué y cómo revertir esta realidad.

Que las patentes verdes sean mayoría! Aunque ese sea el deseo de muchos en Chile, la venta de vehículos eléctricos -cuyos modelos nuevos deben usar ese color de placas desde julio pasado- no ha aumentado al nivel esperado. Sin embargo, fruto del alza considerable del petróleo, en 2026 la electromovilidad ha tenido un mayor impulso. Por ejemplo, en agosto último, de acuerdo a cifras de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), se vendieron 1.289 unidades electrificadas enchufables, un 64% más que en igual mes de 2025, totalizando 12.702 durante el 2026, con un crecimiento

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de 143,4% respecto a los primeros ocho meses del año anterior. “Pese a este fuerte incremento, este segmento todavía representó solo 6,2% del mercado total de vehículos livianos y medianos nuevos, lo que da cuenta de que su incorporación sigue encontrándose en una etapa temprana dentro del parque automotor nacional”, señala un informe de ANAC. Por tecnología, los vehículos 100% eléctricos (BEV) acumularon 6.902 unidades entre enero y agosto, con un crecimiento de 102,3%, mientras que los híbridos enchufables (PHEV) alcanzaron 4.955 máquinas, avanzando 181,9%.

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FLOTAS EMPRESARIALES Haciendo el desglose, solo 453 vehículos BEV (el 6,6% del total) vendidos en el mismo lapso entran en la categoría de comerciales, precisa ANAC, participación que en 2021 llegó a 52%. A su vez, la comercialización de camiones de cero y bajas emisiones acumuló 51 unidades entre enero y agosto, un 7,3% menos que las 55 vendidas en igual período de 2025. Luz Ubilla, jefa de Movilidad Sostenible de la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE), evalúa la penetración hasta ahora de la electricidad en las flotas empresariales, señalando que “es positiva. La electromovilidad está avanzando y el mercado está entrando en una etapa de mayor madurez, aunque todavía representa una proporción acotada de las flotas de transporte de carga. Los datos de la última Guía de Electromovilidad en Flotas de Transporte Pesado de Giro Limpio –programa de la AgenciaSE– muestran que un 33,3% de las empresas encuestadas ya cuenta con camiones eléctricos o híbridos, mientras que 46,7% proyecta incorporarlos durante los próximos 1 a 2 años. Además, las experiencias que ya están operando muestran autonomías reales de entre 130 y 250 kilómetros, dependiendo de la carga y la ruta”. Agrega que en las flotas de Giro Limpio, a noviembre de 2025, se registraban 115 vehículos eléctricos, incluyendo camiones rígidos y tractocamiones, “lo que muestra que la tecnología ya está presente en distintos tipos de operación. Por lo tanto, ya no estamos solamente hablando de pilotos o demostraciones: existen experiencias comerciales reales que están permitiendo evaluar costos, autonomía, infraestructura y desempeño operacional”, subraya. Aportando otra mirada, Jorge García, investigador postdoctoral del Centro de Aceleración Sostenible de Electromovilidad (CASE) de la Universidad de Chile, señala que en la entidad “vemos un avance claro y, particularmente durante el último año, en la adopción de vehículos electrificados. Sin embargo, si nos concentramos en flotas comerciales y de carga, todavía estamos en una etapa relativamente temprana. En el primer segmento se observa mayor oferta y presencia de vehículos eléctricos, pero las flotas convencionales siguen siendo ampliamente mayoritarias. Por eso, el avance es positivo, pero ha sido más gradual de lo que probablemente se esperaba hace algunos años. La adopción tiende a ser más sencilla en operaciones con recorridos relativamente predecibles, kilometrajes conocidos y posibilidad de regresar a una base donde el vehículo pueda cargarse. Y en aplicaciones de mayor distancia o con una operación muy variable, la transición es naturalmente más compleja”. Desde la vereda de los proveedores de vehículos, Tomás Ramírez, gerente comercial y flotas de Mitsubishi Motors Chile, plantea que hoy la tecnología híbrida enchufable aparece como la solución más inteligente para la geografía y los hábitos de uso en nuestro país. “La gran fortaleza del formato PHEV radica en su capacidad de eliminar la barrera de entrada a la electromovilidad. Permite experimentar la conducción eléctrica pura en la rutina diaria, pero manteniendo intacta la flexibilidad de emprender un viaje largo sin depender de un punto de carga en la carretera”, manifiesta.

DIVERSAS BARRERAS Sobre las causas del insuficiente desarrollo de la electromovilidad a nivel empresarial en Chile, Diego Troncoso, ingeniero del CASE, asegura que “no hay una sola barrera. El costo inicial del vehículo sigue siendo relevante, pero en una flota hay otros factores que pesan tanto o más. Se necesita infraestructura de carga, capacidad eléctrica suficiente en los puntos donde operan las máquinas y una planificación que permita cargar sin afectar la productividad. Para una empresa que utiliza sus vehículos muchas horas al día, el tiempo en que éstos están detenidos también tiene un costo”. Explica, asimismo, que algunas incertidumbres operacionales todavía

“El principal desafío es generar las condiciones para que cada empresa pueda identificar qué tecnología es más adecuada para su operación y en qué momento realizar la transición”. Luz Ubilla, jefa de Movilidad Sostenible de la Agencia de Sostenibilidad Energética

Los camiones que usan diésel presentan ventajas respecto a los que emplean electricidad. influyen en la decisión de compra. “La autonomía real depende de la carga transportada, la ruta, la topografía, la forma de conducción y las condiciones de operación. A eso se suma la degradación de la batería con el uso. Un gestor de flota no toma la decisión solo mirando la autonomía indicada por el fabricante; necesita saber si ese vehículo podrá cumplir su ruta o su turno de manera confiable durante varios años. Y también influyen aspectos como el financiamiento, el valor residual y la disponibilidad de soporte técnico e infraestructura. De hecho, la Estrategia Nacional de Electromovilidad 2030 vuelve a poner un énfasis importante tanto en la infraestructura de carga como en el transporte pesado”, especifica. A pesar de los ahorros a largo plazo en combustible y mantenimiento, “el desembolso inicial en vehículos eléctricos frena a muchas pymes que necesitan cuidar su capital de trabajo diario”, acota Héctor Silva, gerente de Pyme de Banco Bci. Sin embargo, destaca que las pymes están perdiendo el miedo a in-

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precio del camión. Hay que analizar la operación completa: rutas, kilometraje diario, carga transportada, disponibilidad de infraestructura, tiempos de carga y costo energético”, expone Luz Ubilla. Cabe indicar que la propia encuesta de Giro Limpio muestra que para las empresas es prioritario el desarrollo de infraestructura pública de carga y que existan incentivos tributarios y un marco normativo más claro y estable.

VENTAJAS DEL DIÉSEL

Los puntos de carga para la electromovilidad han ido aumentando aceleradamente.

novar, según la experiencia de la entidad financiera. “Entre 2022 y 2025, la cantidad de empresas que renovaron sus activos a través del Leasing Verde de Bci se multiplicó por ocho. Más aún, sólo en los primeros ocho meses de 2026 los contratos para adquirir vehículos limpios superaron en un 20% a todo lo registrado el año anterior”, resalta. En Giro Limpio mencionan como trabas, para un crecimiento mayor de la electromovilidad en las flotas, el alto costo inicial de los vehículos, su autonomía, la disponibilidad de infraestructura de carga pública y algunos aspectos regulatorios, particularmente los relacionados con el peso adicional de las baterías. “También existen desafíos asociados a los tiempos de implementación de la infraestructura de carga. Una empresa puede estar dispuesta a electrificar su flota, pero necesita contar con un sistema de carga adecuado, capacidad eléctrica suficiente y, en algunos casos, realizar inversiones importantes en sus instalaciones. Por eso, por ejemplo, la decisión de electrificar no depende solamente del

Competencia directa de la electromovilidad en las flotas empresariales es el diésel. ¿Qué beneficios sigue aportando? Para la especialista de la AgenciaSE, este combustible “ofrece ventajas operacionales importantes, especialmente en operaciones de larga distancia y alta exigencia: existe una infraestructura de abastecimiento ampliamente desplegada, los tiempos de carga de combustible son muy inferiores a los de recarga eléctrica y existe una oferta mucho más amplia de vehículos y modelos disponibles. Además, las flotas diésel tienen actualmente una gran autonomía y una operación conocida por las empresas y conductores”. En Giro Limpio creen que la transición debe hacerse considerando las características de cada operación y no desde una lógica de reemplazo tecnológico inmediato. “En determinadas rutas y segmentos, un vehículo eléctrico puede ser actualmente una muy buena alternativa; en otros, todavía pueden existir condiciones que hagan más conveniente una tecnología convencional o una solución de transición”, precisa Luz Ubilla. Al mismo tiempo, pone de relieve que el diésel aún tiene espacio para mejorar. “La eficiencia energética permite reducir su consumo y emisiones mediante medidas como conducción eficiente, mantenimiento, aerodinámica, gestión del ralentí y una adecuada configuración de las flotas”, detalla. En términos similares, Jorge García comenta: “El diésel todavía entrega una gran flexibilidad operacional. Existe una infraestructura de abastecimiento muy extendida, la recarga de energía se hace en pocos minutos y hay una oferta muy amplia de vehículos para distintos tipos de carga y operación. Además, es

El aporte del gas licuado Entre las alternativas de combustibles disponibles para las flotas comerciales, el gas licuado de petróleo (GLP) destaca por sus beneficios económicos, medioambientales y operacionales. Según señala Jaime Ávila, subgerente de Negocio Industrial de Empresas GASCO, “el gas licuado ofrece importantes ventajas: representa una alternativa más económica que la gasolina –con ahorros estimados de entre un 30 % y un 35 %, según la región y las condiciones de operación– y disminuye las emisiones contaminantes en un 20 % menos de CO2 que la gasolina y un 30 % menos que el diésel. Asimismo, mediante una conversión certificada, los vehículos pueden operar de manera dual (gasolina y gas), lo que amplía su autonomía. En el ámbito de la seguridad, los estanques cumplen con estrictas normas de calidad y resistencia frente a impactos y altas temperaturas”. Añade que la sólida trayectoria de Empresas GASCO en la distribución de gas licuado vehicular la ha posicionado como un referente en soluciones de movilidad sostenible. Para ello, la compañía cuenta con una red interregional de estaciones de carga y un software de control en línea que optimiza la gestión y el monitoreo del consumo en flotas comerciales. Además, ofrece la instalación de estanques de abastecimiento privados directamente en las dependencias de los clientes, alternativa sujeta a factibilidad técnica y comercial.

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“Es importante entender la electrificación de una flota como un problema de sistema y no simplemente como el reemplazo de un vehículo diésel por uno eléctrico”. Jorge García, investigador del Centro de Aceleración Sostenible de Electromovilidad

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una tecnología que las empresas conocen muy bien y alrededor de la cual existe una cadena madura de mantenimiento, repuestos y servicios. Estas ventajas son especialmente importantes en recorridos largos, operaciones poco predecibles o vehículos que deben trabajar muchas horas con pocas oportunidades para detenerse”. Lo anterior, a su juicio, no significa que el vehículo eléctrico no pueda competir en esos segmentos, “sino que la conveniencia depende mucho del perfil de uso. En distribución urbana o última milla, por ejemplo, las detenciones frecuentes y el retorno a una base pueden favorecer bastante a la electromovilidad”.

APORTES PARTICULARES Para contribuir a que el transporte de carga transite hacia la electromovilidad, la AgenciaSE está trabajando en varios niveles: generación de información, pilotos, sensibilización, articulación público-privada y apoyo técnico a las empresas. Asimismo, en articulación con iniciativas como Electrologística, impulsada por Conecta Logística, Giro Limpio ha contribuido mediante la difusión y puesta a disposición de información y resultados, fortaleciendo el acceso a evidencia que permita a las empresas del sector evaluar alternativas de electromovilidad y avanzar en la toma de decisiones informadas.

El costo inicial de los vehículos eléctricos es aún una importante barrera de entrada para adoptar esta tecnología. “También se han desarrollado guías y herramientas para apoyar a las empresas. El ejemplo más reciente es la Guía de Electromovilidad en Flotas de Transporte Pesado, que reúne información técnica, experiencias reales, datos de operación y recomendaciones para facilitar la evaluación de proyectos de electrificación”, releva Luz Ubilla. El CASE, en tanto, se ha preocupado fundamentalmente de reducir la incertidumbre asociada a operar vehículos eléctricos. Diego Troncoso aporta más antecedentes: “Trabajamos con datos reales para estimar variables como el estado de salud de la batería y la energía disponible, pronosticar la autonomía y evaluar qué tan probable es que un vehículo pueda completar una determinada ruta bajo distintas condiciones de operación”. En dicho Centro también están desarrollando herramientas de monitoreo y pronóstico que permiten seguir el comportamiento de los vehículos y sus baterías a lo largo del tiempo, identificar degradaciones anómalas y entregar información que apoye decisiones de operación, carga y planificación. “Para una flota empresarial esto es importante porque incorporar el vehículo es solo una parte del problema. Después hay que asegurar que pueda cumplir su función productiva de manera confiable y que el uso de la batería sea adecuado durante su vida útil”, concluye.

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EFICIENCIA EN LA MINERÍA Presentamos algunas medidas e innovaciones que pueden contribuir al uso eficiente de la energía en las faenas de carguío y transporte de material minero.

ien podríamos decir que para la minería, la energía es un bien casi tan preciado como los metales que busca bajo tierra. Es que sin ella, simplemente, no podría desarrollar las actividades que le permiten obtener sus productos. Ese consumo energético intensivo impone el desafío de optimizar el uso de este recurso para así reducir los costos y las emisiones derivadas de los combustibles fósiles, dos aspectos que hoy son clave para aumentar la competitividad en los mercados internacionales. EDICIÓN 202 SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2026

Dentro de las operaciones mineras cupríferas, que son las mayoritarias en el país, el carguío -proceso de la etapa de extracción que consiste en retirar el material tronado y depositarlo en camiones- y el transporte de material extraído concentran gran parte del consumo de energía. Víctor Garay, director (s) de Estudios y Políticas Públicas de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) comenta que, de acuerdo con el último informe de la entidad sobre esta materia, “la minería a rajo abierto es el proceso más intensivo en

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energía de la industria: concentra el 44% del consumo total y se abastece casi exclusivamente de combustibles, principalmente diésel. Dentro del rajo, el transporte de material en camiones de extracción es por lejos el proceso con mayor intensidad energética, seguido a distancia por el carguío. Entre ambos explican cerca de tres cuartas partes de la energía del rajo, lo que equivale aproximadamente a un tercio del consumo energético total de la minería del cobre en Chile”. Similares datos entrega la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE), en su guía de eficiencia energética (EE) para la minería: “El porcentaje de consumo energético asociado al proceso carguío y transporte en minería a rajo abierto se acerca al 75% respecto al consumo total de energía asociado al proceso de extracción; en cuanto a la minería subterránea, ésta se aproxima al 43%”. Para afrontar mejor ese escenario, a continuación presentamos algunas medidas aplicadas y probadas, como también innovaciones que pueden contribuir a optimizar el uso de la energía en estas actividades mineras.

MEDIDAS EN MARCHA Víctor Garay señala que el alza en el uso de energía en el carguío y transporte al interior de las faenas de cobre “no refleja necesariamente una menor eficiencia de los equipos, sino condiciones estructurales de una minería madura. La disminución de las leyes del mineral y el aumento de la razón estéril/ mineral obligan a mover volúmenes crecientes de material por cada tonelada de cobre fino. A esto se suman mayores distancias de acarreo y rajos cada vez más profundos”. ¿Cuáles son las principales medidas que están aplicando las empresas para afrontar esta problemática? El representante de Cochilco responde: “La base es la gestión energética sistemática. Con la Ley N°21.305 de Eficiencia Energética, prácticamente la totalidad de las operaciones obligadas ya cuenta con un Sistema de Gestión de la Energía (SGE). Este sistema les permite identificar sus usos significativos de energía, establecer líneas base e indicadores de desempeño, y hacer seguimiento a sus metas. Algunas compañías han certificado su SGE bajo la norma ISO 50001 y han incorporado criterios de desempeño energético en sus procesos de abastecimiento y licitación, lo que extiende el esfuerzo a la cadena de proveedores”. De manera más específica, añade que las medidas operacionales más efectivas implementadas para reducir el consumo energético en los procesos mencionados apuntan a optimizar el ciclo de transporte. “Los sistemas de despacho permiten reducir colas y tiempos improductivos, mientras que el control de carga útil ayuda a que cada equipo opere cerca de su capacidad nominal”, acota. En el plano tecnológico, en tanto, Garay destaca la operación autónoma de flotas de transporte, que optimiza el uso de la energía gracias a “ciclos más regulares, una menor variabilidad operacional y velocidades más estables, aunque los camiones siguen usando diésel. En el carguío, el reemplazo de equipos diésel por palas eléctricas ha permitido ahorros energéticos significativos en algunas operaciones”. El director (s) de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco agrega que la industria coincide en que aún no existe una alternativa capaz de reemplazar el diésel en los camiones de extracción a gran escala comercial. Por eso, se están probando distintas soluciones para reducir su consumo, principalmente sistemas Trolley Assist y camiones híbridos. “La que más ha avanzado es el Trolley Assist. El sistema electrifica los tramos de subida con carga, que es donde el camión consume más combustible. En esos tramos, el camión se conecta a una línea aérea mediante un pantógrafo y avanza con electricidad en lugar de diésel. Su gran ventaja es que no obliga a renovar la flota, porque los camiones existentes se pueden adaptar. En Chile ya hay una primera experiencia, aún en fase inicial, que ha permitido reducir de forma

Víctor Garay señala que el carguío y el transporte de material consumen cerca de tres cuartas partes de la energía en la minería de cobre a rajo abierto. importante el uso de diésel en el tramo electrificado. También hay proyectos de mayor escala en desarrollo”, detalla. Cuenta también que otra línea de innovación son los camiones híbridos, los cuales recuperan la energía que se genera al frenar en las bajadas, la guardan en baterías y la reutilizan para avanzar. Ya está operando un primer prototipo en una faena productiva nacional, con ahorros de combustible que pueden superar el 30% en algunas rutas. “A más largo plazo, según los reportes de las propias empresas, la industria proyecta avanzar desde el Trolley hacia sistemas con baterías y, finalmente, hacia camiones completamente eléctricos. También se evalúa triturar el mineral dentro del rajo y trasladarlo en correas transportadoras, lo que acorta los trayectos de los camiones. Estos avances también aportan a la descarbonización. Como el 80,1% de la electricidad del sector ya está acreditada como renovable, electrificar el transporte permite reducir de forma importante las emisiones asociadas al diésel”, resalta Víctor Garay.

ELECTRIFICACIÓN Y AUTONOMÍA Una de las entidades técnicas que está desarrollando soluciones innovadoras de eficiencia energética enfocadas en el carguío y transporte minero es el Advanced Mining Technology Center (AMTC) de la Universidad de Chile. El Dr. Javier Ruiz del Solar, investigador titular y líder de la línea de investigación en autonomía en minería, comenta que dichos procesos representan el corazón del consumo de diésel y, por lo mismo, de las emisiones directas del sector. En ese contexto, sostiene que existen tres grandes fuentes de ineficiencia energética: “La primera es tecnológica: el motor diésel convierte en trabajo útil solo una fracción de la energía del combustible, y en minería subterránea ese diésel obliga además a ventilar intensamente, lo que suma un consumo eléctrico importante. La segunda es operacional: tiempos de espera en colas frente a palas y chancadores, equipos en ralentí y caminos en mal estado, son fuentes importantes de uso ineficiencia de la energía. La tercera tiene que ver con el estado mecánico de los equipos, el cual a pesar del mantenimiento que se les realiza, se deteriora por el uso intensivo al que se ven sujetos en minería”. Frente a ese panorama, en el AMTC están trabajando en dos líneas que convergen: electrificación y autonomía. En la primera, están impulsando instrumentos para acelerar la adopción de vehículos eléctricos. “Desarrollamos ELMOMine-UG, una herramienta

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que simula y optimiza flotas de vehículos eléctricos a batería en minería subterránea masiva antes de llevarlos a terreno. A partir del layout de la mina, el plan de producción, la infraestructura eléctrica y las características de las baterías, permite comparar tecnologías, decidir cuándo y dónde cargar cada equipo, y estimar productividad, consumo energético y costos. La optimización puede apuntar a distintos objetivos: maximizar producción, reducir el costo de la energía frente a tarifas variables o evitar peaks de demanda. Planeamos extender esta herramienta a minería a rajo abierto y evolucionar hacia un gemelo digital que optimice la operación de la flota en tiempo real”, explica Javier Ruiz. En autonomía, en tanto, han generado desarrollos en LHD (cargadores para minería subterránea) y vehículos que apuntan a reducir la variabilidad de la conducción, lo que se traduce en menor consumo de combustible y menor desgaste de equipos. El investigador del AMTC subraya que estas innovaciones pueden generar beneficios económicos asociados al menor costo energético, infraestructura de carga bien dimensionada y mayor vida útil de las baterías. Y también socioambientales, gracias al desplazamiento del diésel, lo que permite reducir las emisiones mineras de alcance 1, disminuir la ventilación en minas subterráneas y mejorar la calidad del aire para los trabajadores. En relación con el impacto ambiental, Ruiz agrega que existen dos desafíos transversales a tener en cuenta: “La electrificación descarboniza solo si la energía proviene de fuentes limpias, y además, debemos resolver el ciclo de vida completo de las baterías, incluyendo segunda vida y reciclaje”. Como se mencionó, la transición hacia sistemas de carga y transporte de bajo consumo energético y menores emisiones avanza mediante el uso de Trolley Assist, maquinaria eléctrica y también algunos proyectos con hidrógeno verde. ¿Cuál es la madurez tecnológica de estas alternativas y qué retos técnicos aún deben resolver para que sean un aporte efectivo a la eficiencia energética y a la descarbonización? El experto del AMTC indica que el Trolley es la opción más madura: “La industria lo usa hace décadas y entrega altas eficiencias cuando se utiliza para alimentar vehículos mineros en rampas con pendiente. Su desafío principal es de diseño y flexibilidad, porque la infraestructura fija requerida que requiere debe acompañar un rajo que cambia en el tiempo. Por lo mismo se debe optimizar dónde ubicar las rampas, considerando el dinamismo del rajo”, manifiesta. Con respecto a los vehículos a batería, indica que ya operan comercialmente en minas subterráneas de tamaño mediano, en especial cargadores de tipo LHD. Y que los retos son: escalarlos a operaciones masivas, mantener o aumentar la producción con equipos de autonomía limitada, gestionar la vida útil de las baterías, asegurar la interoperabilidad entre componentes de distintos fabricantes y adecuar la infraestructura eléctrica de la mina. En camiones de gran tonelaje para rajo, la tecnología a batería está aún en etapa piloto, dice el especialista. En cuanto al hidrógeno verde, el Dr. Ruiz expresa que está menos maduro para estas aplicaciones. “Convertir electricidad en hidrógeno y luego nuevamente en electricidad implica pérdidas importantes de energía, y la producción, almacenamiento y manejo seguro del hidrógeno en faena exige contar con infraestructura que hoy no existe a la escala requerida. A pesar de esto, a futuro el hidrógeno verde puede jugar un rol en nichos donde la batería o el Trolley no resulten viables”, postula.

BENEFICIOS COMPROBADOS La Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE) cuenta en su sitio web con una guía de EE para la minería que describe 118 medidas aplicables a distintos procesos, como también un centenar de proyectos impleEDICIÓN 202 SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2026

El AMTC desarrolla iniciativas en electrificación y autonomía de vehículos mineros que aportan a la eficiencia energética, destaca el Dr. Javier Ruiz. mentados. Allí se detalla el ahorro de energía y la reducción de emisiones logrados en algunos casos reportados en el marco convenio de cooperación entre el Ministerio de Energía y el Consejo Minero para avanzar en esta materia. Si bien la información corresponde a pruebas efectuadas en 2019 y 2020, es un antecedente que comprueba los beneficios económicos y ambientales que genera la eficiencia energética y sirve como una referencia que conviene tener en cuenta. En el área de transporte de material, en particular, destacan casos como los siguientes: •

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Reducción de consumo de combustible en camiones de extracción (CAEX) en Minera Antucoya, mediante la optimización del trayecto de los vehículos, la implementación de un comedor móvil, una auditoría al despacho mina con plan de acción para estandarizar turnos, la reducción en el cambio de turno y la gestión en mejora de caminos. Ahorro: 2.160.777 l/año (diésel). Reducción emisiones: 6.461 tCO2e/año. Gestión en el envío de CAEX a recarga de combustible en Minera Zaldívar, buscando minimizar los tiempos de espera asociados al abastecimiento. Reposición de sensores de llenado de combustible durante detenciones programadas y creación de avisos por SAP para esa tarea. Ahorro: 77.119 l/año (diésel). Reducción de emisiones: 231 tCO2e/año. Incorporación de 18 camiones autónomos en mina Gaby (división Gabriela Mistral de Codelco), transformándose en la primera operación que realiza todo el proceso de transporte de minerales con estos vehículos guiados a través de un sistema de posicionamiento global (GPS). “El uso de este tipo de camiones permite una baja en los costos asociados al rendimiento de los camiones, pues al operar a una velocidad constante, logran un ahorro de combustible (estimado entre 10% y 25%) y un menor desgaste de los neumáticos”, señala la guía de la AgenciaSE. Aumento de factor de carga CAEX en División Andina de Codelco, en al menos 1 tonelada por camión, para reducir los viajes y el consumo de diésel. “Para esto, se utilizó el sistema de manejo de flotas, que sincroniza a las unidades y despachadores permitiéndoles conocer información necesaria para obtener el factor de carga en tiempo real, de manera de tomar

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Foto: CODELCO

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decisiones que permitan optimizar el carguío y el transporte”, apunta la publicación. Se reportó una reducción energía de 2 TJ y un ahorro de 37.519 USD/año, como también una disminución de 176 tCO2. Incorporación de aditivo a combustible diésel en CAEX de Minera Escondida BHP, en forma escalonada hasta alcanzar 280 ppm cada 10 m3. Se realizó seguimiento y control durante ocho meses a un grupo de 5 camiones de la flota, registrándose un 2% de reducción en promedio de consumos de diésel (7.200 m3/año). Cambio de 15 camiones extractores diésel en mina BHP Spence por 4 unidades eléctricas, con lo cual aumentó el tonelaje por mover de 225 a 353 toneladas, estimándose un ahorro anual de 7% en combustible para camiones y traslado de mineral.

el consumo de energía en las faenas de carguío y transporte de material minero. Un ejemplo es la aplicación de herramientas basadas en datos, como la denominada Indimin Coach, que entre 2023 y 2025, se utilizó en una operación minera para apoyar a supervisores y operadores en la toma de decisiones durante sus turnos, a partir del análisis de información de la propia faena. Desde la empresa gestora señalan que durante ese período se registró una reducción de 2,8 puntos porcentuales en el ratio de pérdidas operacionales sobre el tiempo operativo total, asociadas a tiempos de espera y cola de camiones de extracción. Un análisis posterior evaluó el impacto energético de dicha reducción considerando la espera de camiones en equipos de carguío y las descargas en botaderos y chancado. “La estimación determinó un ahorro potencial de hasta 0,39 litros de combustible por ciclo. Considerando como referencia más de 130 mil ciclos anuales por CAEX, el potencial de ahorro energético alcanzó 651 MWh al año, equivalentes a poco más de 50 mil litros de combustible al año”, aseguran en Indimin. Otro caso más reciente es el inicio de la validación industrial de una tecnología para monitorear el consumo de combustible y las emisiones de CO2 con miras a identificar oportunidades de eficiencia energética y descarbonización. La solución desarrollada por la empresa Zizcar se probará en 7 camiones y 5 cargadores que operan en la planta El Salado de ENAMI. Usando sensores y una plataforma de monitoreo y analítica en tiempo real se recopilará información operacional para establecer una línea base, detectar oportunidades de mejora y evaluar una reducción de al menos 10% en el consumo de combustible en el 70% de los equipos monitoreados. El proyecto es liderado por GreenMineTech, iniciativa apoyada por Corfo, ejecutada por el Centro Integrado de Pilotaje de Tecnologías Mineras y coejecutada por Optimiza.

Los camiones autónomos reducen la variabilidad de la conducción, lo que se traduce en menor consumo de combustible y menor desgaste. En lo que corresponde a carguío, en tanto, resaltan: •

Mejora en el manejo y descarga de ripios, en Minera Zaldívar. Esto implicó “unificar del corte de pila en rotopala, instalar correas móviles, mejorar faldones en chutes de traspaso, estandarizar prácticas operacionales para los turnos, implementar pesómetro en rotopala nueva, revisar topografía de piso de calicatas y el apoyo de camiones CAEX y de Asercop”, se detalla. Ahorro: 5.177 MWh/año. Reducción de emisiones: 2.091 tCO2e/año. • Mejora del rendimiento de palas en Los Pelambres, gracias al aumento del factor de carga y a la gestión del tiempo de ciclo de carguío. Esto implicó el cambio de baldes de las palas, la capacitación de los trabajadores, la implementación de pesómetros y su visualización en pantalla. Se reportó un ahorro de 1.486 MWh/año y una reducción de emisiones de 609 tCO2e/año. • Uso de palas hidráulicas en Minera Antucoya, con la respectiva capacitación y generación de operadores multipropósito para dar continuidad a la operación. El ahorro de diésel llegó a 311.902 l/año y la disminución de emisiones a 933 tCO2e/año. I• ncorporación de 2 palas eléctricas en minera Los Pelambres que permitieron mejorar la productividad de carguío en un 15%, gracias a su mayor capacidad de carga y una disponibilidad superior al 90%.

OTRAS INNOVACIONES Cada cierto tiempo surgen nuevas iniciativas que buscan optimizar

PROYECCIONES Considerando todo lo expuesto, cabe preguntarse: ¿en qué áreas convendría seguir innovando para mejorar la eficiencia energética en los procesos de carguío y transporte minero? A juicio del Dr. Javier Ruiz existen cuatro segmentos a considerar: •

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Gestión de flotas con la energía como variable explícita: “Los sistemas de despacho optimizan producción; necesitamos que optimicen también consumo, carga de baterías y demanda eléctrica, idealmente con gemelos digitales que operen en tiempo real”, apunta. Integración entre autonomía y electrificación: El investigador del AMTC señala que un vehículo autónomo y eléctrico puede planificar su conducción y su recarga de forma coordinada con el resto de la flota, algo muy difícil de lograr con operación manual. Monitoreo y diagnóstico de baterías, para predecir su degradación y definir políticas de recambio. “Aquí aparece una oportunidad para Chile: diagnóstico, mantenimiento, reacondicionamiento y segunda vida de baterías representan un nicho donde los proveedores locales sí pueden competir”, asegura. Planificación minera e infraestructura: El especialista recomienda trabajar en el diseño de rampas y caminos pensando en el tránsito de vehículos a batería, así como en el mantenimiento de caminos para reducir la resistencia a la rodadura y una infraestructura eléctrica dimensionada para flotas eléctricas.

“En el AMTC estamos trabajando en estas cuatro áreas, con distintos socios académicos e industriales, entre los cuales figuran Codelco y el Centro CASE de la Universidad de Chile”, finaliza Javier Ruiz.

28 PUNTOS DE VISTA

Mónica Gazmuri Gerente General de Anesco Chile A.G.

Eficiencia energética y reducción de emisiones

l contexto energético actual ha sido el más cambiante y desafiante de los últimos tiempos. Mientras la guerra llevó los precios de los energéticos a un alza histórica, en lo interno las empresas deben cumplir con la Ley de Eficiencia Energética y Ley Marco de Cambio Climático, entre otras exigencias. Cuando la situación climática puede incrementar el estrés financiero de las compañías, cabe recordar que hay soluciones de eficiencia energética y autoconsumo que no sólo ayudarán a bajar los costos, sino que también permitirán innovar, mejorar infraestructura, procesos y cumplir con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) internas y también de otros países. Dichas emisiones pueden y deben ser evitadas, reducidas, compensadas. La eficiencia energética en Chile permitiría evitar unos 14 millones de toneladas de CO2/año y ahorrar unos 30.000 GW/h año. Y podríamos potenciarla con la lógica del mercado de carbono que, por cierto, atraería más inversión, generando un ingreso adicional a los proyectos. El artículo 6 del Acuerdo de París es para muchos un tema aún complejo, pero que no deberíamos dejar de considerar. El contexto actual exige facilitar este tipo de transacciones. La gran oportunidad de un círculo virtuoso de mitigación y adaptación, integración de soluciones y masificación en distintos sectores productivos o comunidades, bien merece un tiempo de calidad para activar mejoras sustantivas de alto impacto. Esto requiere de equipos y voluntad para que suceda. Cambios de combustibles y tecnología de alto costo, serán posibles solo si se simplifica el proceso para identificar los proyectos a replicar. Agruparlos, hacerlos más integrales, simbióticos, coordinados o intercomunicados, y la adicionalidad, pueden ser parte de la solución. Y si bien los Ministerios de Energía y Medio Ambiente han dado pasos importantes, resolver los cuellos de botella para la eficiencia energética y el autoconsumo a pequeña y gran escala, podrían impulsar la generación de empleo y reactivación económica hoy. Hay grandes proyectos, de alto consumo térmico, que no se realizan y podrían ser realidad usando los incentivos que nos entrega el mercado internacional de carbono. Según el Ministerio del Medio Ambiente, en acuerdos con Suiza, Japón y Singapur ya se autorizaron proyectos de mitigación por un monto de 1.000 MMUSD y se espera llegar a 4.000-6.000 MMUSD anuales. Este círculo virtuoso está implícito en la descarbonización y en especial en el artículo 6 del Acuerdo de París. Unir las puntas y armar este rompecabezas requiere no de muchos, pero sí de algunos bien inspirados para que los cambios sucedan hoy cuando se necesita. Mañana puede costar muy caro.

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WEG provee transformadores de alta eficiencia que optimizan la transmisión eléctrica renovable y reducen el impacto ambiental.

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a incorporación masiva de energías renovables no convencionales (ERNC) en Chile exige evacuar grandes volúmenes de energía limpia con la menor pérdida posible hacia los centros de consumo, para así maximizar los beneficios económicos y ambientales de esta transición energética sostenible. En ese contexto, los transformadores de potencia -que permiten modificar los niveles de tensión de la energía para transportarla a grandes distancias y distribuirla de forma segura a los distintos consumidores- juegan un rol fundamental. Así lo entienden en WEG, compañía global que provee “transformadores de alta eficiencia que reducen significativamente las pérdidas en el núcleo (no carga) y en los devanados (con carga), optimizando el rendimiento global del Sistema Eléctrico Nacional. Al elevar la eficiencia del transporte de energía, WEG contribuye directamente a evitar la generación térmica de respaldo, reduciendo emisiones indirectas y fortaleciendo la estabilidad y flexibilidad de la red eléctrica”, destaca Álex Patricio Vargas, product manager de la línea de Transmisión y Distribución de la firma en Chile. Estos equipos, además, cuentan con una serie de cualidades técnicas que reducen su impacto ambiental, aportando a la sustentabilidad de la industria energética.

pérdidas kilováticas acumuladas en la transmisión, los equipos WEG reducen el requerimiento adicional de generación eléctrica para compensar disipaciones térmicas, lo que trae aparejados beneficios ambientales y económicos. “Un transformador de transmisión típico de gran potencia (por ejemplo, 100 MVA / 220 kV) operado durante 30 a 40 años con un diseño WEG de alta eficiencia puede evitar miles de MWh de pérdidas acumuladas. Considerando el factor de emisión promedio de la matriz eléctrica de Chile, esto se traduce en cientos o miles de toneladas de CO2 (dióxido de carbono) equivalente evitadas a lo largo de su ciclo de vida útil, además de representar un importante ahorro económico operacional, evaluado mediante la fórmula de capitalización de pérdidas”, asegura.

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Vargas resalta, asimismo, que para los fluidos aislantes de los transformadores, la compañía “ofrece la opción de utilizar ésteres naturales y sintéticos (fluidos vegetales), en lugar del aceite mineral tradicional, seleccionados bajo estrictos criterios de sostenibilidad y desempeño operacional”. Dichos fluidos presentan las siguientes ventajas: •

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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS Vargas indica que WEG diseña y fabrica transformadores de potencia de alta tensión (de 500 kV y hasta 800 MVA), a los cuales incorpora las siguientes innovaciones clave: •

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Núcleos magnéticos de alta permeabilidad: Estos equipos se fabrican “con chapa de acero al silicio de grano orientado (CGO/HiB) con corte a 45° (step-lap), lo que minimiza drásticamente las corrientes de excitación y las pérdidas en vacío”, destaca el especialista. Diseño térmico optimizado: La compañía aplica una simulación avanzada de flujos mediante dinámica de fluidos computacional (CFD) para evitar puntos calientes (hot spots) y garantizar una disipación térmica uniforme. Sistemas de monitoreo inteligente (WEG Transformer Monitoring System-TMS): La implementación de los transformadores integra “sensores para el análisis continuo de gases disueltos (DGA), temperatura, descargas parciales y estado de los aisladores, permitiendo una gestión predictiva y una operación continuamente eficiente”, señala Álex Patricio Vargas. Comenta, enseguida, que al disminuir las

• Álex Patricio Vargas destaca que los transformadores WEG elevan la eficiencia y sostenibilidad en el transporte de energía.

MENOR IMPACTO AMBIENTAL Álex Patricio Vargas indica que para garantizar una vida útil extendida (superior a 40 años) de los transformadores y mitigar los riesgos ambientales asociados a su operación, WEG aplica soluciones de diseño, como las siguientes: •

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Secado de devanados por Vapor Phase: Se trata de “un proceso térmico de secado de vanguardia que extrae al máximo la humedad del aislamiento sólido (papel prensado y celulosa), elevando sustancialmente la rigidez dieléctrica y ralentizando el envejecimiento térmico del papel”, explica. Diseño sismo-resistente y sellado avanzado: Los equipos se modelan “con análisis de elementos finitos (FEA) para soportar eventos sísmicos de alta magnitud, acordes a las exigencias normativas en Chile, minimizando el riesgo de fallas estructurales o fugas de fluido”, acota.

Pinturas de alta durabilidad y materiales reciclables: WEG aplica recubrimientos anticorrosivos ecológicos con bajo contenido de solventes (COV) aptos para ambientes salinos/costeros o desérticos. Esto asegura la reciclabilidad de la gran mayoría de las partes metálicas al final de su vida útil.

Biodegradabilidad superior: Los ésteres naturales –como los derivados de aceites vegetales– son biodegradables en más de un 90% en 28 días. Esto elimina el riesgo de contaminación severa de suelos y napas subterráneas ante eventuales derrames o filtraciones, asegura el product manager de la línea de Transmisión y Distribución de WEG en Chile. Elevado punto de inflamación y combustión: El punto de combustión de estos fluidos aislantes es superior a 300 °C (Clase K), “lo que minimiza sustancialmente el riesgo de incendio o explosión, permitiendo reducir el tamaño de las fosas de retención de aceite y las distancias de seguridad”, apunta. Mayor absorción de humedad: Los ésteres absorben mayores cantidades de agua sin perder rigidez dieléctrica, lo que protege el papel aislante y extiende sensiblemente la longevidad del transformador, indica el especialista.

RESULTADOS PROBADOS WEG ha suministrado transformadores de potencia y unidades para subestaciones en proyectos estratégicos de transmisión y evacuación de parques eólicos y solares en el norte y centro de Chile, así como masivamente en Brasil, Colombia y Perú. A modo de evidencia práctica de los beneficios asociados a la implementación de estos equipos, Álex Patricio Vargas concluye: “En subestaciones de evacuación renovable de alta exigencia, los transformadores WEG han logrado mantener niveles de pérdidas sensiblemente inferiores a los límites estándar de la industria, registrando índices de disponibilidad operativa cercanos al 100% y demostrando un comportamiento sísmico y térmico óptimo en condiciones ambientales extremas, como la alta radiación y las variaciones térmicas del desierto de Atacama”.

32 ENERGÍA Y TRANSPORTE SOSTENIBLE

Neoelectra consolida en Chile un modelo que va desde el suministro eléctrico a clientes libres hasta soluciones de eficiencia energética a medida. Y ahora suma la captura y comercialización de CO2. Marcos Pérez Mayoral Country Manager de Neoelectra

ay empresas de energía que únicamente venden electricidad. Neoelectra eligió un camino distinto: acompañar a la industria en todo el recorrido, desde el contrato de suministro hasta el es-

tudio energético en todos sus procesos. Esa mirada integral todavía poco frecuente en el mercado chileno explica en buena parte por qué este año la compañía estuvo presente en dos escenarios tan distintos como Aquasur

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2026, en Puerto Montt, y el Summit de Transición Energética del Biobío. Neoelectra trabaja sobre una convicción simple: la energía deja de ser un costo incómodo cuando se gestiona como parte del proceso

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productivo. Para eso, su operación reúne a varias líneas de negocio especializadas, cada una enfocada en un eslabón concreto de la cadena. El resultado es una empresa capaz de sentarse con un cliente industrial y resolverle el problema completo, no solo una factura.

SUMINISTRO PENSADO A través de Neoelectra Energía Chile, la compañía diseña contratos ajustados al perfil de consumo de cada cliente, con precios competitivos y fórmulas que permiten ordenar el gasto energético en el mediano y largo plazo. En un sistema donde el costo marginal y la volatilidad son parte del paisaje, contar con un suministrador que entiende el proceso productivo detrás de cada empalme hace una diferencia real. A esa oferta se suma algo que las empresas valoran cada vez más: la certificación de energía renovable mediante IRECs. Para muchos clientes exportadores, poder acreditar que su consumo proviene de fuentes limpias ya no es un gesto voluntario, sino una exigencia de sus propios mercados. Neoelectra lo resuelve dentro del mismo contrato, sin que el cliente tenga que salir a buscar atributos por su cuenta.

SOLUCIONES ENERGÉTICAS El contrato de suministro es sólo el punto de partida. Donde Neoelectra marca la diferencia es en el diseño de soluciones energéticas completas. Todo parte por entender cómo consume energía cada proceso: cuánta electricidad, cuánto calor y frío, en qué condiciones y horarios, para posteriormente evaluar las tecnologías que mejor encajan: cogeneración, trigeneración, electrificación de consumos térmicos mediante bombas de calor, recuperaciones de calor residual, etc. Y por supuesto el mix energético óptimo: electricidad, gas, biomasa u otras fuentes se comparan en costo, disponibilidad, estabilidad de precio y huella de carbono, hasta dar con la combinación que mejor responde a cada operación. Y algo muy relevante es la estructura operativa: autogeneración, net billing u otros esquemas, según lo que tenga más sentido técnico y económico para el cliente. El resultado no es un catálogo de productos, sino la solución óptima para cada caso.

NEOMAS: BIOMASA CIRCULAR Un buen ejemplo de este enfoque es Neo-

Neoelectra participa en distintos eventos donde la energía es parte de la conversación. En Aquasur 2026 (izquierda) estuvo representada por Rodrigo Rubio, Eduardo Rodríguez y Rosario Montenegro; mientras que en el Summit de Transición Energética del Biobío estuvieron presentes Andrés Leal, Matías Espinoza, Juan Cantillana y Rodrigo Rubio. mas, planta de cogeneración Neoelectra en la Región del Biobío. A partir de biomasa, produce electricidad y vapor para la industria, y así resuelve en un mismo punto dos consumos que suelen gestionarse por separado. Parte del combustible proviene de subproductos de la propia actividad industrial del cliente. Esos subproductos dejan de ser un residuo que hay que gestionar y se valorizan como fuente de energía. Es economía circular aplicada: menos residuos, menos combustibles fósiles y un suministro estable de calor y electricidad para la operación.

CAPTURA Y VENTA DE CO2 El movimiento más reciente y el que mejor refleja hacia dónde mira la empresa es el desarrollo de una línea de captura y comercialización de dióxido de carbono (CO2) de origen biogénico. La lógica es sencilla de enunciar y difícil de ejecutar: en vez de tratar el CO2 solo como un pasivo ambiental que hay que mitigar, convertirlo en un producto con valor y con mercado. Hay industrias que necesitan CO2 de calidad para sus procesos, y hay procesos de combustión que hoy lo liberan a la atmósfera. Conectar esos dos extremos es, en el fondo, lo que Neoelectra viene haciendo en sus otras líneas: encontrar valor donde otros ven un costo. Es una apuesta temprana en Chile y, precisamente por eso, relevante. La descarbonización de la industria no se juega únicamente en la matriz eléctrica; se juega también en el calor de proceso y en las emisiones que ningún panel solar resuelve por sí solo. Ahí es

donde una empresa con generación térmica, suministro y ahora captura de carbono tiene algo distinto que ofrecer.

PRESENCIA EN TERRENO Nada de esto se construye desde un escritorio. Por eso Neoelectra mantiene presencia en los principales eventos en los que la energía forma parte de la conversación, como el Summit de Transición Energética del Biobío, una región que concentra buena parte de la industria pesada del país y que se ha propuesto liderar la descarbonización productiva. O en Aquasur 2026, la feria acuícola más importante del hemisferio sur, que entre el 24 y el 26 de marzo reunió en Puerto Montt a más de 550 expositores y a cerca de 20 mil visitantes de 34 países. Para una industria que enfrenta exigencias crecientes en materia ambiental y de eficiencia, las soluciones de energía, vapor y frío que ofrece Neoelectra encajan con naturalidad. Nuestro objetivo es que descarbonizar deje de verse como un sacrificio para la industria y pase a ser una decisión que también tiene sentido económico. Porque al final el desafío no es solo generar energía más limpia. Es acompañar a quienes producen los bienes que todos consumimos para que puedan seguir haciéndolo de una forma que resista las exigencias actuales y futuras. En ese terreno, tener todas las piezas de la cadena bajo un mismo techo se convierte en una ventaja estratégica. Por todo lo descrito y más, Neoelectra es el partner que la industria necesita.

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Hyvolution 2026 llamó a concretar proyectos de hidrógeno verde y anunció su cambio a Energyvolution, que integrará a todas las fuentes renovables.

l “ecosistema” o cadena de valor del hidrógeno verde (H2v) se sigue ampliando. Así lo demostró, una vez más, Hyvolution, cuya edición 2026, en el Metropolitan Santiago, sirvió para monitorear los avances concretos de los proyectos de H2v en desarrollo. Además, abrió formalmente una nueva etapa en la conversación sectorial, marcada por la urgencia de acelerar la transición y diversificar las matrices limpias en el país y el mundo. Con respaldo público y privado, el evento contó en su inauguración con la ministra de Energía, Ximena Rincón, quien remarcó la posición estratégica que juega Chile en el mapa global de los nuevos vectores energéticos. Al respecto, sostuvo que “Chile tiene condiciones excepcionales para el desarrollo del hidrógeno verde y las energías limpias. Pero después de años hablando de potencial, el desafío hoy es transformar eso en proyectos concretos: con reglas claras, permisos con plazos ciertos y una industria que genere empleo y valor en los territorios donde se instala”.

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La competencia escolar de autos a escala impulsados por H2V, otra atracción del evento.

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Los temas de medio ambiente y sostenibilidad fueron protagonistas del congreso. En el mismo sentido, la presidenta del Congreso Hyvolution 2026, Vivianne Blanlot, planteó que “a nivel nacional tenemos el potencial, pero existe un camino que recorrer respecto a definir con precisión los espacios de competencia, la demanda real y la estructuración de negocios con posibilidades sólidas de materializarse. La pregunta no es si el hidrógeno verde tendrá un papel en la transición energética, sino en qué usos aporta más y, por ende, es más competitivo”.

ENERGYVOLUTION En la jornada inaugural también se hizo un anuncio que pretende ampliar el alcance del evento en los próximos años. Francisco Sotomayor, CEO de GL events Chile, organizadora del certamen, presentó oficialmente Energyvolution, una plataforma ferial de mayor escala diseñada para convocar a todas las fuentes y tecnologías que marcarán la pauta de la transición energética. Según explicó el ejecutivo, “el hidrógeno seguirá siendo uno de los pilares fundamentales de esta plataforma. Lo que estamos haciendo es reconocer que forma parte de un sistema energético mucho más amplio, interconectado y complejo. Por eso, Energyvolution reunirá a todas aquellas tecnologías que están transformando la manera en que producimos, transportamos, almacenamos y consumimos energía. Porque, finalmente, la energía es una sola. Todo está conectado”. Junto con la exhibición, el otro “plato fuerte” del encuentro fue el Congreso Hyvolution, que abarcó 15 paneles de conversación sobre la realidad operativa y las perspectivas a mediano plazo de las energías limpias. Contó con la participación de especialistas locales e internacionales. A este intercambio se sumaron charlas técnicas y diversas actividades paralelas que acercaron la tecnología a nuevas generaciones, destacando la definición del torneo escolar H2GP. Otro hito relevante fue la presentación del PH2EV, el primer camión de reparto a hidrógeno diseñado y producido en Chile. Se trata de un proyecto liderado por el Centro Mario Molina Chile y coejecutado por SouthEnergy con el apoyo de Corfo. El vehículo exhibido en la entrada del Metropolitan Santiago, que iniciará su pilotaje en condiciones reales de operación junto a empresas del sector logístico, destaca por superar las limitaciones de la electromovilidad convencional: logra una carga completa en solo 6 minutos y una autonomía de 600 kilómetros. Además, cuenta con una capacidad para transportar hasta 2.000 kg y un volumen de 15 metros cúbicos.

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Pablo Madrid Investigador de Fundación Terram

La salmonicultura crece más rápido que sus reglas

a industria salmonera en Chile suele presentarse como una historia exitosa de desarrollo, con cifras elocuentes de aporte económico. Sin embargo, este relato ha ido cambiando hacia uno que sostiene que las regulaciones estatales estarían “ahogando” su expansión y crecimiento. Esa narrativa se desmorona rápidamente al observar las curvas en alza de las empresas, cuyas utilidades crecen año a año mientras los incumplimientos ambientales se multiplican. El marco regulatorio que se aplica a esta industria sigue siendo disperso. La actividad se rige principalmente por la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) y la ley ambiental, y sus reformas han sido reacciones a las distintas crisis que ha vivido el sector. La actualización de la cartilla “El régimen jurídico ambiental de la salmonicultura en Chile”, publicada por Fundación Terram, sistematiza gran parte de este entramado regulatorio y evidencia la brecha que existe entre los lineamientos que establece el principio precautorio y el enfoque ecosistémico de la LGPA. En el plano territorial, una expresión clara de fragmentación y reactividad, tiene relación con la presencia de la industria dentro de parques nacionales. Desde la entrada en vigencia de la LGPA el desarrollo de la industria dentro de esta categoría de área protegida se encuentra expresamente proscrito. No obstante, a la fecha aún existen 29 concesiones vigentes. En cuanto a la evaluación ambiental, si bien la Ley N° 19.300 obliga a estos proyectos a ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, también señala que aquellos que están dentro o próximos a áreas protegidas deben hacerlo vía Estudio de Impacto Ambiental (EIA), sin embargo, sólo siete centros de cultivo de salmónidos lo han hecho de esta forma. Los demás ingresaron por Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un procedimiento que no obliga a abrir participación ciudadana ni a evaluar los efectos acumulativos o sinérgicos. La dispersión de competencias se evidencia en un diseño institucional en que sobre un mismo espacio marino están involucrados Subpesca, Sernapesca, SSFFAA, el Servicio de Evaluación Ambiental y ahora el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), pero no existe un procedimiento formal que articule sus decisiones, ni una mirada integral de lo que ocurre en los distintos espacios marinos-costeros. Frente a este escenario, la respuesta del Estado ha sido principalmente reactiva. La creación del SBAP no logró cerrar la puerta a la salmonicultura en las reservas nacionales. La indicación que habría impedido nuevas concesiones en estas áreas se rechazó y el texto final solo terminó por exigir un plan de manejo, compatibilidad con los objetos de conservación y un informe favorable de dicho servicio. Mientras la industria siga respondiendo primero a la lógica productiva, amparado en instituciones públicas sin capacidad real de fiscalización y sanción, y solo después, de forma tardía y reactiva, se ocupe de la protección ambiental, la salmonicultura seguirá creciendo más rápido que sus reglas. Y el costo lo seguirán pagando los ecosistemas marinos de la Patagonia chilena.

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¿NECESITAMOS RADARES? Especialistas analizan la posibilidad de que Chile tenga radares meteorológicos y otras tecnologías complementarias para prevenir desastres asociados al cambio climático.

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ten mejorar el seguimiento de tormentas y precipitaciones intensas en tiempo casi real, contribuyendo a anticipar eventos que pueden desencadenar inundaciones y aluviones. Su información puede aportar tiempo valioso para activar alertas y medidas preventivas, especialmente en zonas urbanas expuestas a este tipo de amenazas”. Sin embargo, expone que el radar “es solo una pieza de un sistema más amplio. Su adquisición debe complementarse con capital humano especializado para operar, mantener y calibrar estos equipos, junto con financiamiento permanente que asegure su continuidad operacional. También se requiere una gobernanza clara que defina las responsabilidades que permitan transformar las mediciones en alertas y acciones oportunas, de lo contrario esta inversión no se verá traducida en una mayor protección a la población”. Algo distinta es la opinión de Raúl Valenzuela, investigador del Centro de Ciencia del

1 Aporte: AFRY Chile contribuye a la gestión de riesgo de desastres generando la base técnica necesaria para que las decisiones de prevención, mitigación y preparación respondan a las características reales de cada territorio.

Clima y la Resiliencia (CR2), quien señala que “ante recursos escasos hay que priorizar, por lo que Santiago no es necesariamente la prioridad para un sistema fijo. Parece tener más sentido contar con un radar móvil que administre la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para que se utilice en la Región Metropolitana u otras zonas de país según los riesgos hidroclimáticos o hidrometeorológicos que presenten. Es más justificable tener radares en las regiones del Biobío, Ñuble, Araucanía, Los Lagos y Los Ríos porque registran la mayor frecuencia de tornados y lluvias que desbordan ríos y producen deslizamientos de tierra”.

MANTENIMIENTO El mantenimiento de una red de radares meteorológicos presenta desafíos técnicos y económicos importantes. Por lo mismo, plantea Andrade, “se requiere asegurar condiciones adecuadas de instalación y funcionamiento, disponer de soporte técnico y repuestos y, como ya señalé, contar con financiamiento permanente para garantizar su continuidad operacional”. Agrega un aspecto práctico que no se debe pasar por alto: la protección de los equipos frente a robos y vandalismo. “No basta con instalar infraestructura tecnológica de alto valor. Es necesario protegerla y generar conciencia sobre su importancia para la seguridad de la población”, afirma. Valenzuela concuerda en que su mantenimiento no es sencillo, “porque los radares son sistemas complejos que tienen partes móviles y combinan electrónica y procesamiento de señal. Además, requieren calibración tanto para este

Foto: Lukas Solis/Agencia Uno

o fue únicamente por las lluvias intensas. Tampoco solo por los abundantes granizos y el tornado que causó daños en Estación Central. Lo que “movió la aguja” fue el aluvión que afectó a la comuna de Las Condes. Y, por cierto, que todos esos eventos hayan sucedido en Santiago. ¿Qué consecuencia relevante tuvo ese conjunto de episodios climáticos extremos en un corto periodo de tiempo? Que el Ejecutivo anunciara la casi segura asignación de recursos para la compra de radares meteorológicos que potencien la red nacional de monitoreo y alerta temprana a nivel nacional. Respecto al porqué de esa decisión, Jorge Arévalo, investigador y profesor del departamento de Meteorología de la Universidad de Valparaíso (UV), en una publicación de esta casa de estudios, explica que “un radar permite observar con gran detalle y prácticamente en tiempo real dónde se producen las precipitaciones, cómo evolucionan las tormentas y aspectos de su estructura y movimiento interno. En episodios de lluvia intensa y localizada, como el que desencadenó el aluvión, esta información puede ser especialmente valiosa. También lo es ante otros eventos que han afectado al país recientemente como las crecidas de ríos e inundaciones o tornados como el ocurrido en 2025 en Puerto Varas”. Para él, Chile debe contar con estas tecnologías, aunque “esta discusión debe ir más allá de la compra de equipos: necesitamos definir cómo utilizarlos para comprender mejor nuestros fenómenos extremos y proteger a la población”. También aclara que “los radares no predicen aluviones ni emiten alertas por sí mismos. Sus mediciones complementan las estaciones meteorológicas, los satélites y los modelos de pronóstico. Además, deben integrarse con información hidrológica, conocimiento de las cuencas y sistemas de gestión del riesgo. Solo así pueden contribuir a transformar una observación en una advertencia útil”. La UV, con Arévalo a la cabeza, lidera un proyecto para adquirir el primer radar meteorológico de Chile. “Este será móvil, por lo que podremos investigar tormentas en distintas regiones, estudiar cómo el relieve modifica las precipitaciones, cómo interactúan los ríos atmosféricos con nuestras montañas y cómo se forman tornados y trombas marinas en nuestro territorio”, detalla.

¿DÓNDE TENERLOS? Carlos Andrade, geólogo y especialista en riesgos naturales de AFRY Chile, considera también muy necesario que Santiago y otras ciudades del país cuenten con esta tecnología. Su argumento es similar: “Estos equipos permi-

Los especialistas aclaran que los radares no predicen aluviones ni emiten alertas por sí mismos.

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“Es importante entender que la gestión del riesgo de desastres no se resuelve con una sola tecnología ni con una única medida de mitigación”. Carlos Andrade, geólogo y especialista en riesgos naturales de AFRY Chile sistema como para el movimiento de la antena”. Sobre si en Chile existen capacidades técnicas y formación especializada en instrumentación meteorológica, Jorge Arévalo asegura que “es un desafío igualmente importante formar especialistas para operar, mantener y calibrar estos equipos; interpretar sus datos e incorporarlos a los sistemas de pronóstico y alerta. Sin esas capacidades, incluso una inversión considerable puede quedar subutilizada. Por ello, el llamado a las autoridades es a incorporar desde el inicio a la academia, sobre todo a las universidades regionales”. A su vez, Carlos Andrade indica que no dispone de antecedentes que permitan afirmar si contamos o no con la dotación y experiencia suficientes para operar y mantener una red de radares de alcance nacional. “Considero que este aspecto debe evaluarse formalmente por parte del Estado. En los últimos puntos de prensa, la Dirección Meteorológica de Chile ha declarado la importancia de la planificación y la capacitación de meteorólogos para implementar esta tecnología”, manifiesta.

Las imágenes satelitales también apoyan los sistemas de alerta temprana.

OTRAS TECNOLOGÍAS Además de los radares meteorológicos, existen diversas tecnologías que pueden fortalecer los sistemas de alerta temprana, como estaciones pluviométricas e hidrométricas, sensores en terreno, imágenes satelitales, modelos matemáticos de propagación de inundaciones y aluviones, y cartografías de susceptibilidad y amenaza. “Sin embargo, estas herramientas deben seleccionarse según la amenaza que se busca anticipar y las características de cada territorio”, explica el profesional de AFRY Chile. Desde su perspectiva, primero se debe comprender la amenaza, sus mecanismos de generación y propagación, para luego determinar las variables que permiten anticipar su ocurrencia y evolución. “A partir de ese diagnóstico podemos definir qué medir, dónde hacerlo y qué combinación de tecnologías resulta más adecuada. No se trata simplemente de adquirir equipos”, enfatiza Andrade. Comenta, asimismo, que experiencias como la de los aluviones de Atacama en 2015 –cuando Sernageomin utilizó información de redes sociales, videos y reportes ciudadanos para identificar zonas afectadas, estimar la evolución de los flujos y apoyar decisiones de emergencia– han demostrado que la población puede ser un actor activo en la generación de información para la gestión del riesgo, complementando los sistemas instrumentales y los modelos de predicción.

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“Solo si existe una política de Estado se podrá implementar un sistema de alerta temprana preciso y fiable, de lo contrario tomará mucho años tenerlo”. Raúl Valenzuela, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2). Raúl Valenzuela, en tanto, destaca que la DMC cuenta hoy con un sistema de detección de rayos que le permite tener abundante información sobre este tipo de descarga eléctrica. No obstante, asegura que “un radar meteorológico es único en su tipo, o sea, no hay otra tecnología de observación que lo pueda reemplazar. El más parecido es el perfilador de lluvia para monitorear precipitaciones. También hacen falta, porque al parecer la DMC no los tiene, perfiladores de viento. Estos sistemas, que están fijos en un punto, tienen una alta capacidad para registrar en el tiempo y en altura los eventos que están pasando en la atmósfera. Muchos países han invertido en estas soluciones que ayudan a alimentar modelos numéricos de pronósticos”. A su juicio, Chile adolece de un plan en este ámbito, de una inteligencia hidroclimática, ya que está todo sectorizado. “Estamos a unos 10 años de tenerla por falta de voluntad política. Los investigadores hacemos lo que podemos y solo a través de fondos concursables podemos adquirir equipamiento”, subraya.

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Dra. María Paz Acuña-Ruz Centro de la Tierra y el Espacio Facultad de Ingeniería y Ciencia, Universidad Adolfo Ibáñez

El futuro no nos puede seguir tomando por sorpresa

ada vez que un aluvión arrastra nuestras calles, un incendio consume nuestros bosques o una lluvia transforma el paisaje, volvemos a preguntarnos: ¿cómo pudo ocurrir?, ¿cuánto podríamos haber anticipado? Vivimos en un planeta que nunca ha dejado de cambiar. Fósiles y paisajes narran extinciones y nuevas formas de vida. Como ecóloga y naturalista, miro ese pasado no por nostalgia, sino porque comprender cómo respondió la vida nos ayuda a imaginar futuros posibles. Pero hoy transformamos el planeta a una escala inédita y conocemos las consecuencias de nuestras acciones. Los eventos extremos nos recuerdan que Chile es un territorio dinámico. El Niño y La Niña influyen en la variabilidad natural del clima, mientras el calentamiento global altera las condiciones en que ocurren muchos extremos, pero el daño que causan también depende de cómo habitamos el territorio. Una amenaza natural no tiene por qué convertirse en una catástrofe humana. El desastre también se construye cuando urbanizamos quebradas, eliminamos humedales o impermeabilizamos ciudades sin comprender sus dinámicas. Hemos visto la naturaleza como un espacio disponible para intervenir, olvidando que también sostiene nuestra seguridad. Un humedal puede amortiguar inundaciones; un bosque protege los suelos y un río necesita espacio para seguir su curso. Al perder esas funciones, perdemos capacidad de adaptación. Hoy podemos observar esos cambios como nunca antes. Los satélites permiten observar décadas de cambios del paisaje, reconocer zonas expuestas y explorar futuros posibles. Las aves también nos alertan sobre cambios ambientales que aún no percibimos. Nunca habíamos tenido tanta información sobre nuestro territorio y, aun así, seguimos tomando decisiones como si no la tuviéramos. Anticiparnos no es adivinar la próxima tormenta. Es convertir ese conocimiento en planificación, proteger la infraestructura verde y azul y escuchar a quienes habitan los territorios. Los mapas no bastan si quedan archivados mientras ocupamos zonas de riesgo. Quizás llegamos tarde para evitar algunos cambios y hay pérdidas irreversibles, pero eso no significa que el futuro esté escrito. Cada humedal que protegemos y cada comunidad que participa en las decisiones sobre su territorio nos recuerdan que podemos cambiar el rumbo. La esperanza no consiste en creer que todo saldrá bien, sino en reconocer nuestra capacidad de actuar juntos. El pasado nos enseña que la Tierra siempre ha cambiado, pero hoy contamos con el conocimiento para comprender mejor esas transformaciones y decidir cómo enfrentarlas. Porque el futuro no está escrito: se construye con lo que decidimos hacer hoy.

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n los últimos años, se han impulsado diversas iniciativas para mejorar los procesos de evaluación ambiental de los proyectos de inversión en nuestro país, con miras a resolver distintas problemáticas y cuestionamientos que, cada cierto tiempo, surgen a su funcionamiento como son: la demora excesiva en la tramitación de algunos proyectos, la falta de información relevante en ciertas declaraciones y estudios de impacto ambiental, y la injerencia política en decisiones que debieran basarse en argumentos técnicos. En ese marco, la novedad más reciente está en la Ley 21.850 para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, publicada el 17 de octubre pasado, que contiene una serie de modificaciones que principalmente buscan destrabar y agilizar la evaluación ambiental, tal como lo ha

declarado el Gobierno. A esto se suma el proyecto de ley que busca mejorar la institucionalidad ambiental e incluye cambios relevantes al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, conocido como “Reforma al SEIA”, el cual está en su segundo trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y otras proposiciones de modificaciones legales y reglamentarias que están en discusión. Este nuevo escenario fue analizado por cinco especialistas de distintos sectores, en nuestro tradicional foro desayuno que detallamos a continuación. Cabe señalar que también invitamos a participar en esta instancia a representantes del Ministerio del Medio Ambiente y del Servicio de Evaluación Ambiental, pero se excusaron de participar.

INVITADOS

CRISTÓBAL FERNÁNDEZ Gerente del Área Legal Ambiental en ORBE Ambiental y Legal.

PATRICIO WALKER Gerente General de la consultora ECOS Chile.

VALENTINA DURÁN Profesora Asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ex directora del Servicio de Evaluación Ambiental (2022-2026).

FLAVIA LIBERONA Directora Ejecutiva de Fundación Terram.

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CARLOS URENDA Gerente General del Consejo Minero.

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nduAmbiente: En primer lugar, nos gustaría conocer la visión general que cada uno de ustedes tiene sobre los cambios a los procesos de evaluación ambiental incluidos en la Ley de Reconstrucción y si creen que, efectivamente, esas modificaciones contribuirán a agilizar dichos procesos sin debilitar la protección de las personas y el medio ambiente. Urenda: Primero es necesario decir que la Ley de Reconstrucción considera solo algunos aspectos relacionados con la evaluación ambiental y que los cambios sustanciales al respecto van a ser dados por una serie de otras normas. Ahora, creo que los temas que se priorizaron en esta Ley son correctos. Desde el sector empresarial hemos dicho que la Ley MAS (Marco de Autorizaciones Sectoriales) es una gran contribución y que había muchas señales positivas en la modificación de otras leyes, pero no se hacían cargo del tema de los recursos administrativos que al final pueden tomar mucho más tiempo que la obtención del permiso mismo. En ese sentido, unificar y acotar los recursos sin duda que es un avance sumamente importante. El otro punto que destacamos es lo relativo a la gestión adaptativa, ya que cuando un proyecto ya tiene una RCA (Resolución de Calificación Ambiental) favorable y va a hacer una modificación que no afecta sustancialmente los impactos, en un área que ya está evaluada,

no tiene ningún sentido ingresar a una nueva evaluación ambiental. Nosotros resaltamos esos dos aspectos de la Ley, pero insistiendo en que tienen que combinarse con otras cosas para rendir fruto. Fernández: Para mí la principal modificación es la eliminación del recurso de invalidación de las Resoluciones de Calificación Ambiental, que mantenía la incertidumbre por dos años desde la generación del acto administrativo. Ese cambio da certeza jurídica al proceso de evaluación. Haber ordenado toda la parte recursiva es mucho más significativo que la reducción de plazos para presentar, por ejemplo, un recurso de reclamación. Por otra parte, la posibilidad de que la modificación de un proyecto no se someta a una nueva evaluación, ya estaba resuelta en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Puede ser una señal importante remarcarlo a nivel legal, pero me parece que hay una redundancia de la Ley sobre algo que ya funcionaba y estaba totalmente incorporado. Walker: A nivel muy general, tengo la sensación de que esta Ley tiene varias cosas positivas en línea con la necesidad de tener certezas, para que todos entendamos mejor lo que debemos hacer. Mi preocupación pasa por los recursos

para la evaluación ambiental, porque cuando se acortan los plazos hay que dotar también al servicio público de las herramientas para que pueda alinearse con eso. Si no se entregan más recursos y se mantienen las mismas personas que ya tienen mucho trabajo, evidentemente va a ser difícil mantener la calidad de la evaluación con plazos más acotados. Existen nuevas herramientas que se pueden ocupar, como la Inteligencia Artificial (IA) pero usada responsablemente para evitar eventuales riesgos. Por ejemplo, realizar un test de admisión de un proyecto usando la IA probablemente no necesita cinco días. Claro está que eso es distinto a evaluar si las medidas de mitigación son idóneas, lo cual sí requiere un análisis humano que la IA no puede ponderar, pero sí hay ciertas áreas en que se pueden mejorar las herramientas. Durán: Cuando se presentó el proyecto de Ley de Reconstrucción, me parecía muy poco apropiado y complejo que hubiese dos iniciativas legales que simultáneamente pretendían corregir o modificar las mismas disposiciones, en sentido similar en algunos casos y diferente en otros. Ahora entiendo que se quería dar una señal política. En particular me tuvo muy preocupada la propuesta de indemnización por la anulación judicial de las Resoluciones de Calificación Ambiental porque mostraba desconfianza en

Los invitados analizaron las modificaciones al proceso de evaluación ambiental que trae la Ley para la Reconstrucción Nacional y otras propuestas de cambio legislativo y reglamentario.

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las instituciones y me parecía algo muy complejo desde el punto de vista jurídico y político, así es que respiré con alivio cuando el Tribunal Constitucional finalmente rechazó esa idea. Dicho eso, se observan algunos cambios que pueden ser positivos como la reducción del plazo para la invalidación de los actos administrativos, ya que el periodo de dos años puede ser excesivo. También me parece apropiado que se haya abierto más el recurso de reclamación, como finalmente se hizo con los cambios que introdujo el Tribunal Constitucional, porque le da la posibilidad de recurrir en contra de una Resolución de Calificación Ambiental a cualquier persona que pueda verse afectada de manera directa, pero en un tiempo acotado. Desde una perspectiva de acceso a la justicia ambiental, el desafío será dar a conocer de manera oportuna y efectiva esa Resolución porque el plazo se va a contar desde que ésta se publica. Y si eso llega a funcionar bien, puede agilizar y dar un camino que combine la certeza que debe tener quien invierte con la posibilidad más abierta de impugnar y que esa opción no esté necesariamente asociada a si se formularon o no observaciones. Por otro lado, se cierran los argumentos para poder recurrir en contra de una RCA para quien formuló observaciones, lo cual genera un desincentivo para presentar observaciones en el SEIA. Creo que eso se podría haber sido ajustado de mejor manera. Liberona: Desde hace muchos años, en Fundación Terram hemos planteado que cada gobierno trata de hacer modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por distintas vías, pero nunca hay una mirada integral. Entonces cada gobierno, va poniendo su sesgo, que en el caso actual es agilizar la inversión. En el caso de Gabriel Boric, en una primera etapa uno podría decir que fue más ponderado, pero al final con la modificación al Reglamento del SEIA hubo un cambio sustantivo en la mirada desde el Ministerio de Medio Ambiente para agilizar la inversión. En lo particular, hay algunas cosas que nos preocupan que están tanto en la Ley de Reconstrucción como en el proyecto de reforma al SEIA que se discute en el Congreso. En ese sentido, creemos que tener los mismos artículos en dos proyectos resulta súper complejo y vamos a tener que esperar la publicación de ambas leyes para ver qué va a quedar finalmente y poder tener una mirada integral, porque hoy podría no haber una coherencia entre sus contenidos.

“Unificar y acotar los recursos administrativos es un avance sumamente importante. El otro punto que destacamos de la Ley de Reconstrucción es lo relativo a la gestión adaptativa”. Carlos Urenda PLAZOS Y RÉGIMEN VOLUNTARIO InduAmbiente: Varios de ustedes destacaron las modificaciones introducidas al funcionamiento del sistema recursivo, lo que incluye plazos más acotados para presentar y resolver las reclamaciones. ¿Consideran que eso agilizará la tramitación de los proyectos sin descuidar la protección socioambiental? Walker: Yo creo que la modificación que acota los plazos para presentar y resolver los recursos no solo es conveniente para la inversión, sino que también le veo valor desde el punto de vista ambiental porque el territorio donde se desarrollan los proyectos es dinámico y es probable que en 6 o 7 años más no sea el mismo que hoy. Entonces, el hecho de que los proyectos se ejecuten en un periodo cercano a la evaluación permite tener más certezas en materia ambiental porque la base, los impactos y las medidas son más acordes a lo que se evaluó inicialmente.

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Liberona: Con respecto a la reducción de plazos, quiero abordar dos temas. Primero, que en la Ley de Reconstrucción se aprobó un régimen especial de tramitación y evaluación de impacto ambiental, al cual podrán acogerse voluntariamente los titulares, con la idea de que este proceso sea más rápido. Para eso, en el caso de los EIA (Estudios de Impacto Ambiental) se acota a un máximo de dos ICSARA (Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones) para luego pasar al Informe Consolidado de Evaluación (ICE). Por un lado, eso puede ser positivo porque obliga al titular a entrar con más información y a dar menos vueltas en el proceso, pero también se corre el riesgo -porque esta es una decisión que no es solo técnica, es política- que el titular no responda y, por lo tanto, no se evalúen los efectos y se apruebe un proyecto que genera impactos no evaluados. Entonces, no sé si es mejor o peor. El segundo punto no está recogido en la Ley de Reconstrucción ni en la reforma del SEIA y tiene que ver con el Artículo 25 quinquies de la Ley 19.300, referido a la revisión de las RCA. Creo que eso también debiera mejorarse para abordar los casos en que, por ejemplo, los proyectos no se ejecutan, pese a que el límite son cinco años desde que se otorga la resolución, pero ésta se mantiene vigente solo porque el titular inicia alguna obra. Entonces, hay que tener una mirada integral de todo el proceso, pero también de todas las partes que son beneficiadas o afectadas. Walker: Estoy de acuerdo con que acortar mucho el proceso de evaluación puede tener riesgos. Pero una vez que se obtiene la RCA, es mejor no meterse en un bucle de recursos administrativos por muchos años porque una vez que se sale de ahí, el territorio puede ser muy distinto al aprobado en el proceso de evaluación. InduAmbiente: El procedimiento especial voluntario que busca acelerar la tramitación de proyectos limita las instancias para presentar las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones solicitadas por los servicios públicos, a una para las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y a dos para los EIA, siendo la segunda de carácter excepcional y fundado. Carlos (Urenda), ¿considera aplicable o ventajoso este régimen para la minería? Urenda: Creo que es bueno que exista esta posibilidad. Sin embargo, en principio, no veo que sea muy aplicable o una solución

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relevante para el sector minero que tiene proyectos grandes y complejos. No descarto que alguien lo ocupe, pero no es un tema que hayamos mirado como una especial ventaja para nuestro sector porque cuando algo muy complejo se trata de meter en un traje muy sencillo para andar más rápido, al final puede resultar mal. InduAmbiente: Cristóbal (Fernández) y Patricio (Walker), ¿cómo cambia la estrategia de diseño y línea de base de un proyecto cuando se sabe que solo habrá una o dos oportunidades para responder a los requerimientos de los servicios? Fernández: El ingreso al SEIA siempre se debiera hacer en buena forma. Uno debería pensar que con esta modificación lo que se está intentando es reforzar un ingreso sólido, robusto, bien contundente, de manera que las observaciones sean las menos posibles. Esa ha sido la política siempre dentro de nuestra gestión como consultores. Lo ideal siempre sería lograr la aprobación de una DIA sin observaciones o de manera rauda, pero eso es consecuencia de la calidad del producto y del proyecto, más que de imponerlo por ley. Creo que este cambio apunta a concientizar sobre la necesidad de mejorar los ingresos al SEIA que debería ser la base para todo. Walker: Estoy totalmente de acuerdo con la importancia de la calidad de los proyectos, ya que es probable que se generen menos observaciones y se pueda cumplir con las expectativas. InduAmbiente: Cada cierto tiempo surgen cuestionamientos desde distintos sectores por la calidad técnica y la falta de información relevante en las DIA o EIA, y se señala que eso también es causa importante de la demora en su tramitación. ¿Ha ido mejorando efectivamente la calidad de los proyectos? Walker: Por supuesto. Las evaluaciones ambientales como las entendemos hoy en día son muy distintas a cómo eran hace 10 o 20 años. En el fondo, se trata de que el proyecto que ingresa al SEIA cumpla con las expectativas de quienes evalúan ambientalmente, las cuales están plasmadas de alguna manera en la ley y en el reglamento, pero eso no siempre es suficiente. Como país tenemos que ponernos de acuerdo en esa expectativa para que esto funcione bien. Esto tiene dos partes: lo que se pide y lo que se entrega. Y a veces, desde el lado de la consultoría, uno hace su mejor esfuerzo, pero no llega a cumplir las expectativas porque no están alineadas. En la medida en que las cosas sean más claras, podemos llegar a ese punto en que lo que se ingrese sea más adecuado a la expectativa y se evalúe mejor. Hay que trabajar en dar esa certeza. Durán: A mi juicio, el régimen voluntario que plantea la Ley de Reconstrucción abre una posibilidad que vamos a ver si se usa o no. El año pasado hubo algunos proyectos en los que se evitó llegar a la adenda extraordinaria. Y en eso, creo que han aportado las criticadas guías y criterios del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) porque han reducido la discrecionalidad, señalando cuáles son los criterios que la autoridad va a considerar en los distintos aspectos de este proceso. El SEA hace un gran esfuerzo de comunicación y de capacitación que ha rendido sus frutos y hemos podido observar cómo ha mejorado la calidad de los proyectos. También se han estandarizado algunos aspectos de la evaluación, como las formas de participación. Todo eso permite dar claridad respecto

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plataforma del SEIA estén todas las RCA que tiene un titular en un mismo proyecto y las consultas de pertinencia porque si no la fiscalización ciudadana es imposible. Eso es importante para la transparencia del sistema que, en todo caso, es bastante transparente si uno lo compara con otros países.

de cómo se puede presentar correctamente un proyecto para que tenga buenas chances de ser aprobado. En ese sentido, creo que para lograr evaluaciones más ágiles se requiere el ingreso de mejores proyectos y que el Servicio pueda seguir dictando las guías y criterios necesarios para orientar a los usuarios del sistema. Liberona: A mí me gustaría agregar que para que este régimen especial incluido en la Ley de Reconstrucción funcione también son necesarias otras medidas más integrales, como por ejemplo, desfasar la admisibilidad del proceso en que los servicios públicos deben entregar sus informes técnicos, porque en general son los mismos funcionarios los que ejecutan esas tareas. Para asegurarse que los EIA o las DIA que ingresan a evaluación tengan la mejor información disponible, debe haber más tiempo para quienes evalúan la admisibilidad. Si no, se terminará teniendo un proceso acelerado en que se van a aprobar proyectos sin haberlos evaluado adecuadamente.

RECTORÍA TÉCNICA DEL SEA Durán: Hay otro cambio que, habiendo sido directora del Servicio de Evaluación Ambiental, me gustaría destacar: hasta ahora la función del SEA era administrar el SEIA y coordinar los organismos que participan en el proceso, y la Ley de Reconstrucción agrega que además de eso le corresponde la evaluación de impacto ambiental. Al mismo tiempo, se refuerza la rectoría técnica del Servicio y otra cosa que ya estaba en el Reglamento y en varios instructivos: la responsabilidad que tiene el SEA de evaluar los proyectos en los plazos legales. Y quiero subrayar que eso se cumple siempre. Además se remarca otra regla que ya existe: que el Servicio podrá eventualmente no considerar las observaciones de otros organismos que se excedan de sus competencias. Lo otro que valoro es que se dispuso que el Servicio va a poder dictar instrucciones de carácter general y obligatorio para el procedimiento de evaluación y la coordinación con los otros entes administrativos. Me hubiese gustado tener esa facultad porque, por ejemplo, nosotros dictábamos un instructivo diciendo que las consultas de pertinencia no son un trámite obligatorio para el otorgamiento de otro permiso, pero como la Dirección Ejecutiva del SEA no tenía ninguna posibilidad de imponerse ante otros organismos del Estado, algunos servicios seguían exigiendo dicha consulta a

“Lo ideal siempre sería lograr la aprobación de una DIA sin observaciones o de manera rauda, pero eso es consecuencia de la calidad del producto y del proyecto, más que de imponerlo por ley”. Cristóbal Fernández

pesar de que no correspondía. Todo esto me parece positivo porque se necesitaban más herramientas para que el Servicio pudiera conducir de mejor manera la evaluación de impacto ambiental. Liberona: Con respecto a la rectoría técnica del SEA, entiendo la necesidad del Servicio de tener mayores facultades, porque cuando he participado en los COSOC (Consejos de la Sociedad Civil), por ejemplo, he visto que a las instituciones ambientales no las toman muy en cuenta. Pero por otro lado, también creo que se puede correr riesgos porque la autoridad de turno podría no considerar ciertas evaluaciones sectoriales de los servicios públicos con competencia ambiental, con la intención política de aprobar ciertos proyectos. Además, considero necesario que en la

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Fernández: Yo estoy de acuerdo con el reforzamiento de la rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental porque este organismo ha ganado una madurez histórica a lo largo de mucho tiempo. Desde un principio, las decisiones finales sectoriales han radicado en los servicios que tienen competencias en el recurso o componente correspondiente y creo que el SEA, coordinando a todos estos órganos, adquirió una capacidad suficiente para asumir una rectoría en ese sentido. Es probable que este cambio genere algunos conflictos, pero confío en que el Servicio tendrá la capacidad para conducirlo bien. Y con respecto a la posible influencia política en la Dirección Ejecutiva del SEA, a mi juicio todos los organismos están sometidos a lo mismo. Entonces, no creo que ese sea el punto dirimente respecto de su rectoría. A mí me gusta ver a un Servicio de Evaluación Ambiental empoderado, con buena capacidad de coordinación y de liderazgo en la materia. Durán: Les doy otro ejemplo de porqué considero buena esta rectoría técnica. Dentro de los órganos con competencia en la evaluación ambiental está el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) que entre sus objetivos debe asegurar la seguridad alimentaria y que existan suelos para la agricultura. Por lo mismo, le suele pedir a los proyectos compromisos voluntarios de mejoramiento de determinados suelos que, muchas veces, son de tal envergadura que deben ingresar al SEIA. Creo que estos organismos con competencia ambiental deben perseguir ese tipo de objetivos con sus propios instrumentos, porque es complejo que se lo carguen a la evaluación de impacto ambiental. Entonces, hay casos específicos como ese en que existe una permanente tensión y que podrían ser resueltos con una mayor rectoría técnica del SEA. InduAmbiente: ¿Los organismos sectoriales que participan en la evaluación están a la altura de la evaluación moderna que se requiere? Durán: Siempre se hacen esfuerzos por

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o el Comité de Ministros, preferimos que sea éste último porque hay más responsables, pero tampoco es lo que, en definitiva, nos gustaría. Preferiríamos que el proceso recursivo fuera distinto.

responder a los nuevos desafíos. Por ejemplo, cuando empezó todo el boom del hidrógeno verde, se hicieron distintos esfuerzos a través de contratos de honorarios y otros mecanismos, administrando los recursos que son escasos, para poder evaluar esas iniciativas. Por lo mismo, la rectoría técnica del SEA también debe ir acompañada de mayores recursos y seguir en la senda de la modernización de la evaluación de impacto ambiental. En la administración pasada se inició la mejora tecnológica del SEIA incorporando inteligencia artificial, mejor gestión de datos y automatización de algunos procesos. Ese es un camino que requiere la máxima prioridad para poder continuar. Walker: Yo también veo muy positivo el reforzamiento de la rectoría técnica del SEA. Hay que recordar que esto es para la coordinación y en lo estrictamente técnico tiene tres criterios: que los servicios se pronuncien dentro de su competencia, que el procedimiento sea pertinente y que éste sea fundado. Eso entrega un marco bastante razonable. Ocurre también que cuando el SEA no ejerce una rectoría técnica y los servicios no se coordinan bien, es el titular del proyecto con el equipo de consultores, desde afuera del sistema, el que tiene que resolver esa controversia de alguna manera y eso es muy difícil. Hay servicios que, a veces, tienen opiniones distintas sobre una misma obra, como ocurre de pronto con la DGA (Dirección General de Aguas) y la DOH (Dirección de Obras Hidráulicas). El titular del proyecto no puede, desde afuera, gestionar eso.

COMITÉ DE MINISTROS InduAmbiente: Nos gustaría conocer su opinión sobre la “resurrección” del Comité de Ministros. La Ley de Reconstrucción plantea que las reclamaciones contra la resolución de calificación ambiental de las DIA serán resueltas por el Director Ejecutivo del SEA, y si se trata de estudios de impacto ambiental las resolverá el Comité de Ministros que tendrá la obligación de sesionar al menos diez veces al año. Esta instancia, cuestionada por su carácter político más que técnico, se había eliminado en el proyecto de ley de reforma al SEIA que pasó a la Cámara de Diputados, pero el Gobierno presentó una indicación para reponerla. ¿Qué opinan sobre estos cambios? Urenda: Nosotros teníamos la visión de que la calificación debía derivar hacia organis-

InduAmbiente: Esta disyuntiva entre las decisiones unipersonales o colegiadas también se da la calificación misma de los proyectos: el proyecto de ley que reforma la institucionalidad propone entregar esa facultad a los Directores Regionales del SEA, eliminando las Comisiones de Evaluación Ambiental (COEVA). A su juicio, ¿esto restaría representatividad en la decisión final y debilitaría la gobernanza local?

“Dentro de las cosas que se pueden valorar, yo destaco que se refuerce la rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental”. Valentina Durán

mos más técnicos. En ese sentido veíamos bien la idea de que existiese un consejo para ejercer la rectoría técnica y también para conocer las reclamaciones, respecto de lo cual durante mucho tiempo se había venido gestando un consenso. No consideramos que la reposición del Comité de Ministros vaya a provocar un desastre ni a impedir capitalizar todas las ventajas que tiene la Ley de Reconstrucción y que va a tener la ley del SEIA, sin embargo, creemos que habría sido bueno mantener el criterio de avanzar hacia una institucionalidad más técnica. Yo creo que todavía estamos a tiempo de hacerlo. Liberona: Este es un tema súper complejo porque mezcla lo político con lo técnico. A nosotros no nos gusta que en los procesos recursivos de reclamación quede todo en manos de la Dirección Ejecutiva del SEA. Esa decisión unipersonal es lo que más nos preocupa. Creemos que es mejor que sea un órgano colegiado, pero no conformado por los ministros, el que resuelva las reclamaciones. En ese sentido, si hay que escoger entre la Dirección del SEA

Liberona: Esta discusión es súper difícil y la venimos teniendo hace mucho tiempo. El problema de las COEVA es que votan los Seremi y, a veces, algunos de ellos representan a dos servicios públicos que tienen posiciones contrapuestas, como ocurre en ocasiones con el Seremi de Agricultura que representa al SAG y la CONAF. Subsanar eso es difícil porque tampoco puedes tener una COEVA con una treintena de funcionarios que sean los jefes regionales de los servicios. InduAmbiente: La propuesta legal también contempla un Comité Técnico como instancia de apoyo a la calificación ambiental de los proyectos, integrado por representantes de los mismos servicios públicos que participan en su evaluación. ¿Qué les parece esta idea? Liberona: Nosotros tenemos un poco de desconfianza en los comités técnicos, en el sentido de cómo hacer que sus actos sean transparentes y que la ciudadanía pueda fiscalizar aquello. Ahí entramos en un sistema medio engorroso que hace más difícil implementar el Acuerdo de Escazú, más aún cuando el Gobierno le acaba de dar cero peso en la propuesta presupuestaria. La ciudadanía necesita tener mayor capacidad de fiscalización; eso le hace bien al país, a las instituciones públicas y a las empresas. Y eso pasa por tener más transparencia en la información. Durán: La OCDE nos ha recomendado reforzar el carácter técnico en la evaluación de impacto ambiental. Al respecto hay distintas posturas y yo creo que las reglas previas de evaluación, la fundamentación de las resoluciones y la rectoría técnica del SEA son más importantes que el órgano que califica y el órgano que resuelve un recurso. Por lo tanto, es bueno esperar quizás que madure esa discusión.

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Creo que no hay una fuente de incertidumbre tan alta en el órgano que hoy califica los proyectos. Cuando se hizo la reforma a la institucionalidad en el año 2010, se reforzó que el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) era vinculante para los Seremi en aquellos aspectos normados; ese tipo de reglas se pueden mejorar y profundizar, y ahí no va a ser tan importante quién toma la decisión de calificación. Para aumentar la certeza jurídica y la protección ambiental, me parece que es más importante y urgente tener una discusión sobre otros temas como la forma de nombramiento de los Tribunales Ambientales y el alcance del estándar de revisión que tienen estos órganos, ya que el “loop” que se produce en estas instancias judiciales se debe a que éstas no pueden reemplazar la decisión de la autoridad ni cerrar los temas.

MEDIDAS CAUTELARES InduAmbiente: A propósito de los Tribunales Ambientales, la Ley de Reconstrucción Nacional también introduce cambios al régimen de medidas cautelares que suspendan total o parcialmente los efectos de una RCA, estableciendo una duración máxima de 30 días corridos, prorrogables hasta un máximo de seis meses en total a contar de su otorgamiento. ¿Qué efectos concretos podrían tener estas modificaciones? Liberona: Nuestra visión es que eso tendría que ir acompañado de un plazo para resolver el fondo de los recursos, para que se haga una gestión adecuada de ciertas situaciones críticas. Walker: Yo en ese punto estoy profundamente en desacuerdo con la Ley porque las medidas cautelares buscan la protección del medio ambiente bajo ciertas circunstancias y esas circunstancias pueden no tener plazo. Es un tema de realidad material. Si hay cierta actividad de un proyecto que genera contaminación y se impone una cautelar para que esa parte quede suspendida mientras no se arregle el problema, hay que tomarse el tiempo necesario para encontrar la solución, porque si a los seis meses se acaba la medida cautelar y se reanuda la actividad sin resolver el problema se volverá a generar contaminación. Este tipo de cosas no se pueden resolver solo por los plazos y no le veo sentido a que tenga esa limitación. Fernández: Entiendo que al mismo tiempo que se limita el plazo de las medidas caute-

no habría que recurrir al recurso de protección. Fernández: Ahora, entiendo que el tema de las medidas cautelares no es realmente un gran problema… Durán: Exactamente. Yo creo que esta Ley refleja una visión que asume determinados problemas que no siempre existen… Liberona: Claro, porque las medidas cautelares tienen más bien que ver con proyectos en operación que con los procesos de evaluación. Y los Tribunales están atochados con los casos que vienen de las reclamaciones administrativas.

“Cada gobierno trata de hacer modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por distintas vías, pero nunca hay una mirada integral”. Flavia Liberona

lares, también se ordena acelerar la dictación de las resoluciones de las reclamaciones: 30 días en el caso de las DIA y 60 días para los EIA. Pero esos son plazos que, difícilmente, se van a cumplir. Entonces, se limita el plazo de una medida cautelar porque, supuestamente, va a haber una resolución, pero es probable que eso no llegue, y este proceso no incorpora ningún silencio administrativo. Durán: Afortunadamente se dejó un resguardo para situaciones graves, pero se elevan mucho los estándares. Si bien se establece que en ningún caso una medida cautelar podrá extenderse por más de seis meses, también señala textual que ello “será sin perjuicio de que, excepcionalmente, de oficio o a solicitud de parte y mediante resolución fundada, el Tribunal pueda decretar una nueva medida cautelar cuando ello resulte necesario para evitar un riesgo grave e irreversible al medio ambiente o a la salud de las personas, o exista un incumplimiento manifiesto de las condiciones, normas o medidas establecidas en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental”. Ahí queda una “válvula de salida” para el Tribunal, lo que es bien importante porque si

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Durán: Y tampoco existe una multitud de casos en que, por otra parte, la Superintendencia del Medio Ambiente haya suspendido una Resolución de Calificación Ambiental. Son muy excepcionales. Entonces, esa regla no está atendiendo a un problema que esté generando una traba para la inversión. Walker: Creo que estamos todos de acuerdo en eso.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA InduAmbiente: Otras propuestas de cambio relevantes tienen que ver con la participación ciudadana. En el proyecto de ley de reforma al SEIA se elimina el requisito de justificar cargas ambientales para abrir procesos de participación ciudadana en las DIA dentro del proceso formal de evaluación. Además, inicialmente se proponía establecer un procedimiento regulado de participación temprana voluntaria previo al ingreso al SEIA, pero eso fue rechazado y ya no está en el texto que ahora se está discutiendo en la Cámara de Diputados. ¿Consideran adecuadas estas modificaciones? Walker: Yo creo que la eliminación de las cargas ambientales es un cambio razonable porque hoy en día se podría decir, prácticamente, que cualquier proyecto las genera, así es que ese concepto no es efectivo para discriminar. Y la verdad es que me parece que no va a cambiar mucho cómo está funcionando esto actualmente. Y lo de la participación temprana me parecía un poco “cosmético” porque hoy existen instructivos que la regulan en el SEA y también se puede hacer este proceso de manera voluntaria. Yo lo valoro como concepto, pero no

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creo que en lo operativo vaya a generar alguna diferencia. Durán: A su juicio, ¿debería ser obligatoria? Walker: No, porque hay proyectos en que quizá no es necesario hacer participación temprana y, además, demanda muchos recursos. Creo que está bien que sea voluntario, pero que no se gana mucho en lo operativo. Durán: Además, hoy se exige informar si hubo participación temprana y están todos los mecanismos para darle trazabilidad a ese ejercicio y evaluar en unos años más cuán positivo o no fue haber tenido ese proceso. Liberona: La participación temprana, desde nuestro punto de vista, tiene varios problemas. Uno, ¿en qué tipo de proyectos se aplica? Dos, este proceso no es vinculante y después está la participación ciudadana dentro del SEIA, que implica un desgaste tremendo no solo de recursos públicos, sino también para las comunidades, sobre todo para las más

pequeñas. Además, si con la participación temprana vas a llegar a un acuerdo no vinculante y no existe posibilidad de que el proyecto se cambie de lugar, entonces no es algo que sea tan interesante para las comunidades.

MODIFICACIÓN DE RCA Durán: Quiero agregar un punto que no se abordó en la Ley de Reconstrucción ni se ha tratado adecuadamente en el proyecto de ley de modificación institucional: cómo resolver la tensión que existe en el sistema por la rigidez que tienen las Resoluciones de Calificación Ambiental y la falta de mecanismos más apropiados para actualizarlas y modificarlas. Hoy tenemos las consultas de pertinencia, a las cuales además la Ley de Delitos Económicos y Ambientales le dio mayor valor, pero que no modifican una RCA. Si bien se han dictado guías y criterios que promueven el uso de medidas adaptativas, creo que hay mucho que hacer todavía en esta materia. Siempre he sido partidaria de que haya actualizaciones periódicas de las RCA, lo que se podría hacer por ejemplo en un procedimiento iniciado por los

titulares donde puedan agregar aquellas modificaciones que estiman que son de no consideración y ajustar eventualmente algunas medidas. Lo que no puede pasar es que un titular siga ejecutando una medida que sabe que no es idónea para el objetivo ambiental que buscó y, peor aún, que la autoridad esté consciente de eso. InduAmbiente: ¿Esa rigidez también afecta la fiscalización del cumplimiento de las regulaciones y compromisos ambientales? Durán: Claro. Este es un problema de diseño. El proyecto de ley que modifica la Superintendencia del Medio Ambiente también ha tratado de validar la posibilidad de modificar los planes de seguimiento. Creo que debiera haber una mejor sinergia entre evaluación y cumplimiento para permitir mayor flexibilidad y modificaciones más ágiles a las Resoluciones de Calificación Ambiental. Walker: Yo también creo que la revisión y adaptación de las RCA es un tema súper importante. Hoy en día es prácticamente im-

50 PUNTOS DE VISTA

En el proyecto de ley que reforma el SEIA se elimina el requisito de justificar cargas ambientales para abrir procesos de participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental. posible modificar un proyecto sin una nueva RCA y con eso saturamos el SEIA. Si queremos un sistema que funcione mejor y no tenemos capacidad de tener más recursos para eso, entonces descomprimámoslo; y una buena forma de hacerlo sería sacar todas las evaluaciones que van a “ponerle un parche” a otras evaluaciones. Si bien existe el Artículo 25 quinquies que permite revisar las RCA, éste tiene una serie de restricciones que impiden utilizarlo en todos los casos y no le aplican los plazos del SEIA sino de la Ley 19.880, por lo que hacer una revisión de la resolución por esa vía demora más que obtener una RCA desde cero.

danía, como también para la propia empresa. Entonces, tendría mucho sentido trabajar mirando el sistema en su conjunto, porque eso ayudaría a descomprimir un poco el SEA y a entender qué cosas están funcionando y cuáles no, y cómo mejorarlas.

Liberona: Las DIA no se pueden revisar por el Artículo 25 quinquies…

InduAmbiente: Hay otras propuestas de cambios legales y reglamentarios que abordan distintos aspectos de la evaluación ambiental. Entre ellas, por ejemplo, está el anteproyecto de modificación al Reglamento del SEIA que estuvo en consulta pública, donde el Ministerio del Medio Ambiente planteó modificar algunos criterios y umbrales de ingreso al SEIA, especialmente para proyectos inmobiliarios y de desarrollo minero. ¿Qué opinan de eso?

Walker: Es que ahí el problema es que la Contraloría dijo que las DIA no se podían revisar porque no tenían plan de seguimiento ambiental, pero actualmente sí lo tienen. Eso cambia el escenario. Liberona: Habría que volver a preguntarle a la Contraloría, entonces. Walker: De todos modos, aunque esto pudiera aplicarse a las DIA, igual se llegaría a lo mismo: resulta más rápido someterse a una nueva evaluación. En relación con esto, hay que tener en cuenta que cuando un proyecto tiene muchas RCA se hace más difícil hacer seguimiento a las medidas que debe cumplir, tanto para efectos de la fiscalización del Estado y de la ciuda-

Durán: Se trata de generar sinergias entre la evaluación y la fiscalización… Walker: Exactamente.

OTRAS PROPUESTAS DE CAMBIOS

Urenda: Para nosotros lo más relevante es el tema de la exploración. Creemos que muchas actividades de exploración tienen escaso impacto ambiental y que es muy necesario aumentar el número de plataformas en estos proyectos sin que deban ingresar a evaluación ambiental. Creemos que eso va a fomentar la exploración. El 80% de los proyectos de inversión que hoy tenemos son brownfield, es decir, es el mismo rajo que se va expandiendo, y esta

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medida puede ser un potente impulsor para esa exploración que es lo que permite descubrir yacimientos nuevos. Esa es una iniciativa que compartimos y ha sido esperada durante muchos años en el sector. Liberona: A las organizaciones y al mundo ambiental nos preocupa que en la última modificación al Reglamento del SEIA se hayan variado los umbrales de ingreso y también nos preocupa el tema de las plataformas de exploración minera, sobre todo ahora que estamos en un momento de transición con las áreas protegidas. Está el ejemplo de Parque Andino Juncal, un terreno de propiedad privada que la familia ha decidido que sea un lugar para la conservación natural y además es un humedal reconocido en Ramsar, sin embargo, no tiene ninguna categoría real de protección porque la institucionalidad no ha dado el ancho hasta aquí para que sea declarado parque, por ser privado. Y ahí varias veces han intentado entrar con exploraciones mineras. Entonces, ¿cómo protegemos y, de alguna manera también, abordamos la problemática de expandir plataformas de exploración? Eso es algo que tenemos que resolver. Hoy existe una institucionalidad ambiental “incompleta” porque aún no se ha podido implementar la Ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas ya que se retiraron los reglamentos para hacerlo y el Ministerio del Medio Ambiente no ha entregado ningún cronograma para saber cuándo se reincorporarán. InduAmbiente: ¿Qué otros problemas

PUNTOS DE VISTA

no mencionados creen necesario abordar o resolver para mejorar los procesos de evaluación ambiental? Fernández: A mi juicio, más que resolver problemas de procedimientos formales, que son necesarios, hay que poner el foco en nudos y cuestiones de fondo que están complejizando los procesos de evaluación de impacto ambiental. Por ejemplo, hemos tenido problemas por la incompatibilidad territorial de proyectos mineros con los planes reguladores intercomunales o instrumentos de origen urbanista que se expanden al territorio rural completo, definiendo lo que se puede hacer o no, según el uso de suelo, cuestión que yo discuto por la estructura y el origen de esos instrumentos. Eso ha entrado en conflicto con el desarrollo minero porque un yacimiento está donde está y no se puede planificar territorialmente hasta que se explora y se descubre; no es posible decir “orientemos el desarrollo para que la minería esté en determinado sitio”, pero me he encontrado con casos en que me han dicho “no está previsto en el plan regulador que aquí haya una mina”. Entonces, hay determinadas actividades, como la minería, que no pueden someterse a ese tipo de condicionamiento. Liberona: Dentro del proyecto de reforma al SEIA que está en discusión hay un tema que nos preocupa extremadamente: la taxatividad del Artículo 10 de la Ley 19.300, el cual define los proyectos o actividades que deben someterse a evaluación, porque eso limita la facultad del Servicio para revisar proyectos que sí tienen impacto ambiental, como los de hidrógeno verde, las desaladoras o los data centers que hoy tampoco se evalúan debido a la variación en los umbrales que se hizo en la modificación reglamentaria realizada en el Gobierno pasado. Lo otro que nos preocupa mucho está en la Ley de Reconstrucción: que se exima de evaluación ambiental a las modificaciones de proyectos con RCA que se desarrollen en la misma área y no generen impactos sustantivos, como también aquellas que impliquen solo mejoras tecnológicas. Eso no nos parece adecuado porque, por un lado, no está definido qué son los impactos sustantivos y, por otra parte, no tenemos cómo asegurarnos que una mejora tecnológica no va a producir efectos negativos. Desde nuestro punto de vista, eso quedó demasiado amplio y habría que acotarlo. Urenda: Yo quiero hacer mención al pro-

creemos que no son suficientes. También nos complica ver que en la discusión del proyecto de ley de la Superintendencia se sigue insistiendo en que las infracciones tienen penas que son insuficientes y no se considera que esa infracción puede ser también considerada un delito. Ese es un tema del que nadie se hace cargo. Este proyecto está avanzando y se están haciendo algunos ajustes menores, pero al final la persecución, tanto en materia penal como administrativa, va a ser un problema grave que puede demorar procesos mucho más que la obtención de un permiso.

“Mi preocupación pasa por los recursos para la evaluación ambiental, porque cuando se acortan los plazos hay que dotar también al servicio público de las herramientas para que pueda alinearse con eso”. Patricio Walker

yecto de ley que modifica la Superintendencia del Medio Ambiente y vincularlo con el tema de los delitos medioambientales. A diferencia de otros gremios, nosotros somos partidarios de que exista una regulación al respecto, pero creemos que cuando se redactó esta ley que establecía más de cien nuevos delitos que iban a ser de responsabilidad también de la empresa, la parte ambiental no quedó muy bien desarrollada: los tipos que se describen se superponen con las infracciones administrativas, no queda claro cuándo hay una infracción administrativa y cuándo hay un delito, y no hay una debida coordinación entre los procedimientos penales y administrativos en materia ambiental. Con esto no estamos diciendo que se eliminen los delitos ambientales; lo que queremos es que se mejoren los aspectos señalados. Se han tomado algunas medidas para por ejemplo, coordinar los procedimientos penales y administrativos, pero

Liberona: Con respecto a la fiscalización, yo creo que hay un tema central: la sanción siempre tiene que ser superior a la ganancia que obtuvo la empresa. Si no, se producen situaciones muy preocupantes como el de una empresa salmonera que se autodenunció para que le bajen la sanción por incumplimiento de las DIA en 40 casos, en un solo acto administrativo. Eso no es un error, es una política de una empresa que generó ganancias con la sobreproducción que hay que pesquisar y sancionar debidamente. Durán: Por mi parte, quiero agregar que también creo necesario reforzar en general la política pública. Hoy tenemos una batería de instrumentos que están en la Ley Marco de Cambio Climático como en la Ley que creó el Servicio de Biodiversidad y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas que tienen que desarrollarse y desplegarse, y que también nos van a dar mayor certeza para la inversión y para la ciudadanía. Los problemas que vemos en el SEIA deben enfrentarse a través de mejor y más política pública. Y en relación con el proyecto de ley que reforma el SEIA pienso que el Ejecutivo tiene la gran tarea de reestructurarlo sobre la base de lo que ya se aprobó en la Ley de Reconstrucción, pero también tiene la oportunidad de retomar materias como la modificación de las Resoluciones de Calificación Ambiental que es un tema muy relevante para todos los actores, el papel que puede tener el registro de consultores y otras mejoras sustantivas para la fundamentación de las decisiones de evaluación ambiental. Creo que el sistema tiene suficiente transparencia para poder tomar decisiones basadas en evidencia y atendiendo a problemas reales. Y también considero que hay distintas oportunidades legislativas, reglamentarias y de gestión para seguir mejorando los procesos de evaluación ambiental.

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY REP Representantes de las Mesas Ejecutivas para la Productividad de la Ley sobre Responsabilidad Extendida del Productor (REP), desarrolladas en las áreas de envases y embalajes (EyE) y neumáticos fuera de uso (NFU), presentaron al Ministerio del Medio Ambiente las trabas identificadas para implementar los decretos establecidos para alcanzar las metas de recolección y valorización de dichos productos priorizados, así como algunas recomendaciones para abordarlas. En estas instancias participaron sistemas de gestión, gremios, empresas, municipios y organismos públicos. El diagnóstico para EyE identificó trabas como la carencia de incentivos para que los gestores aporten al cumplimiento de las metas de los sistemas de gestión; complejidad y falta de información clara en los procesos licitatorios; y la participación heterogénea de consumidores y municipios en la segregación de residuos, lo que se podría abordar con iniciativas de etiquetado, educación ambiental y actualización de ordenanzas municipales. En el caso de los NFU, en tanto, se propuso impulsar convenios con instituciones públicas y desarrollar normas de estandarización para fomentar el mercado incipiente de los materiales recuperados, como el gránulo de caucho o el aceite pirolítico. Y también abordar la rigidez en la fijación de metas anuales de recolección y valorización, así como la necesidad de mejorar los mecanismos de trazabilidad de los neumáticos puestos en el mercado, con propuestas orientadas al control aduanero y la formalización de actores.

COMENZÓ A REGIR LA NORMA LUMÍNICA EN TODO EL PAÍS La Superintendencia del Medio Ambiente anunció el inicio de una gestión preventiva masiva mediante la emisión de oficios dirigidos a los titulares de Unidades Fiscalizables reguladas por el Decreto Supremo N° 1/2022 del Ministerio del Medio Ambiente, norma que regula la contamiEDICIÓN 202 SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2026

NUEVA AGENDA DE ECONOMÍA CIRCULAR BUSCA ELEVAR RECICLAJE AL 40% El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) lanzó una renovada agenda nacional de economía circular, denominada REgenera Chile, que tiene entre sus principales objetivos alcanzar una tasa de reciclaje del 40%, reforzar la infraestructura para la valorización de residuos y duplicar a 7.000 los recicladores de base certificados. Para lograr esas metas, esta agenda se organiza en tres pilares. El primero busca que las políticas públicas asociadas a economía circular -entre las que se incluyen las leyes REP, Bolsas Plásticas y de Plásticos de Un Solo Uso- operen de manera coordinada, se implementen de forma correcta y den certeza jurídica a todos los actores. El segundo eje apunta a reducir la presión que enfrentan los rellenos sanitarios, para lo cual contempla un Plan Nacional de Infraestructura Circular de Residuos y un Programa Nacional de Fortalecimiento de Recicladores de Base, con una meta de 800 nuevas certificaciones al año para duplicar la cobertura de 3.500 a 7.000. El tercer pilar busca transformar la información dispersa que hoy generan empresas, municipios y sistemas de gestión en conocimiento útil para evaluar políticas públicas. Su principal herramienta será el Dashboard Nacional de Economía Circular, con información pública por región, y una plataforma con indicadores para facilitar la toma de decisiones. Como eje transversal se potenciará el trabajo educativo con la ciudadanía, los municipios y el sector privado. La presentación de REgenera Chile se realizó el 10 de septiembre durante la inauguración en Talca de la planta de compostaje municipal más grande del país, la cual procesa hasta 24 toneladas diarias de residuos orgánicos provenientes de la macroferia de la ciudad y de la mantención de áreas verdes municipales, que antes iban a dar al relleno sanitario El Retamo. nación lumínica en todo el país. La instrucción se dio en el marco de la entrada en plena vigencia de la Norma Lumínica a partir del 19 de octubre de 2026. Desde esa fecha, todas las exigencias ambientales para alumbrados de exteriores -tanto instalaciones nuevas como recambios- pasan a ser obligatorias a lo largo de Chile, extendiendo el alcance que desde octubre de 2024 regía exclusivamente para Áreas de Protección Especial. La Norma Lumínica busca limitar la emisión de luz hacia el hemisferio superior (cielo), controlar los niveles de iluminación a lo estrictamente necesario y exigir el uso de luminarias cálidas con baja emisión en el espectro azul. Asimismo, se mantiene vigente en todo el país la prohibición de encendido y la exigencia de apagado obligatorio de alumbrados publicitarios, deportivos y ornamentales a contar de las 00:00 horas.

ALTAS CONCENTRACIONES DE METALES ASOCIADOS A LA MINERÍA EN COLEGIOS DE CALAMA El polvo acumulado en salas de clases de Calama contiene concentraciones elevadas de metales potencialmente tóxicos asociados a la actividad minera, según un estudio científico que analizó muestras de 38 colegios de esta ciudad de la región de Antofagasta. La investigación detectó arsénico, plomo, cobre, molibdeno y antimonio en espacios interiores y exteriores, con niveles que superan hasta 10 veces los valores de referencia naturales del desierto de Atacama. El trabajo fue liderado por investigadores de las universidades de Chile, Heidelberg, de Tarapacá y del Desarrollo, entre otras instituciones. Uno de sus aportes centrales radica en demostrar que la infraestructura escolar no opera como una barrera aislante frente al material particulado del entorno, toda vez que las concentraciones interiores de cuatro de los principales metales estudiados fueron similares a los niveles encontrados fuera de los establecimientos. Además, el equipo de investigadores logró trazar la huella geoquímica de los componentes, determinando que la composición química del polvo en las aulas corresponde principalmente a partículas asociadas al procesamiento de minerales y residuos de la industria extractiva local, descartando que la contaminación provenga del parque vehicular o de procesos de combustión.

97%

Hasta ese porcentaje del litio presente en las baterías de autos eléctricos logra recuperar una tecnología basada en el uso de ácidos orgánicos biodegradables, como el cítrico, el ascórbico (vitamina C) y el oxálico. La innovación desarrollada por investigadores de la Universidad Autónoma de Chile y validada en una planta piloto en Huechuraba apunta a tratar las más de 15 mil toneladas de baterías en desuso que se acumularán en los próximos cinco años y que hoy no se pueden reciclar en el país.

54 CALIDAD DEL AIRE

METANO Y COV BAJO CONTROL Combinar tecnologías para detectar y cuantificar emisiones fugitivas reduce pérdidas y fortalece la seguridad y el desempeño ambiental y operacional de las industrias. Alejandro Jiménez Puech y Antonio Alvarado Ramos INERCO / VIRA GAS Imaging

as emisiones fugitivas de gases y compuestos orgánicos volátiles (COV) son un desafío relevante para la industria. Además de las exigencias regulatorias, afectan la calidad del aire, contribuyen al cambio climático y pueden representar pérdidas económicas y riesgos para las personas y las instalaciones. A diferencia de las emisiones conducidas por ductos o chimeneas, se originan en escapes no intencionales de válvulas, bridas, conexiones, estanques y sistemas de transporte o almacenamiento. Su detección y cuantificación exige, por ello, métodos específicos. En Europa, la Directiva de Emisiones Industriales y el Reglamento (UE) 2024/1787 sobre emisiones de metano en el sector energético ha reforzado los requerimientos de control. A estos se suman referentes internacionales como GHG Protocol, IPCC y la iniciativa OGMP 2.0. Para Chile, estas EDICIÓN 202 SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2026

disposiciones constituyen antecedentes internacionales y no obligaciones locales de aplicación general. La gestión debe considerar la normativa y los permisos ambientales que correspondan a cada instalación.

DISTINTAS ESCALAS, UN MISMO OBJETIVO La detección y cuantificación de emisiones fugitivas requiere combinar tecnologías con distintos alcances, niveles de precisión y costos. Los programas de detección y reparación de fugas (LDAR, por su sigla en inglés) permiten revisar individualmente miles de componentes, identificar el punto de escape y priorizar reparaciones según su magnitud. Son una herramienta fundamental para vincular el monitoreo con el

CALIDAD DEL AIRE 55

mantenimiento de los equipos. Cuando se necesita vigilancia permanente, las redes de sensores y las cámaras fijas permiten advertir eventos que podrían pasar inadvertidos entre campañas de inspección. En redes de distribución, los vehículos equipados con analizadores de gases ayudan a cubrir grandes extensiones y orientar revisiones posteriores. Los drones, en tanto, facilitan la inspección en sectores de difícil acceso o donde no es recomendable exponer al personal. Y para gasoductos e infraestructura extensa, las inspecciones aéreas permiten recorrer grandes distancias. A una escala territorial mayor, los satélites pueden identificar emisiones significativas, aunque su resolución espacial y frecuencia de observación limitan la detección de fugas pequeñas. Estos métodos no compiten entre sí: algunos permiten identificar áreas de interés, otros entregan alertas continuas, y los más detallados ayudan a localizar el componente que requiere intervención.

TECNOLOGÍAS PARA DETECTAR Y CUANTIFICAR La termografía infrarroja para visualización de gases (OGI, Optical Gas Imaging) permite observar determinadas emisiones a distancia, con rapidez y menor exposición de los trabajadores. Sin embargo, su capacidad de detección depende de las condiciones de operación y del uso adecuado del equipo. El análisis cuantitativo de estas imágenes (QOGI) busca estimar el caudal de fuga mediante algoritmos, considerando la incertidumbre del resultado. Otra alternativa es la espectroscopía de absorción láser de diodo sintonizable (TDLAS), útil para detectar metano y otros gases específicos. Puede incorporarse en equipos portátiles, drones, vehículos o sistemas de monitoreo continuo. Para inspecciones de proximidad se utilizan detectores de gases, incluidos sensores semiconductores de óxido metálico (MOS), que pueden complementar los sistemas OGI en programas LDAR. Cuando se requiere medir concentraciones de hidrocarburos, los detectores de ionización de llama (FID) ofrecen sensibilidad y estabilidad, aunque necesitan suministro de hidrógeno para operar. Para cuantificar directamente la tasa de emisión se emplean también equipos de muestreo de alto flujo (High Flow Sampler) o técnicas de encapsulamiento y captura (bagging). Son procedimientos de ejecución más lenta y que requieren acceso al punto de fuga, pero sirven para contrastar otras metodologías y obtener factores de emisión específicos.

La evolución de las tecnologías permite combinar inspecciones en terreno, monitoreo continuo y observación remota para obtener mejores resultados.

La detección temprana de las emisiones fugitivas contribuye a recuperar recursos y disminuir costos operacionales.

Los programas de detección y reparación de fugas permiten revisar componentes, identificar el punto de escape y priorizar acciones.

BENEFICIOS MÁS ALLÁ DEL CUMPLIMIENTO Un control efectivo de las emisiones fugitivas no solo permite cumplir exigencias ambientales. Muchas fugas implican la pérdida de materias primas, gases de proceso o productos comercializables. Su detección temprana contribuye a recuperar recursos y disminuir costos operacionales. La información de las inspecciones también ayuda a anticipar fallas, fortalecer el mantenimiento preventivo y predictivo, y priorizar intervenciones en equipos críticos. Al mismo tiempo, identificar escapes de gases inflamables o peligrosos reduce la exposición de las personas y los riesgos de incidentes, detenciones no programadas y emergencias. Desde el punto de vista ambiental, contar con mediciones confiables facilita la elaboración de inventarios, el seguimiento de metas de reducción de emisiones y la entrega de antecedentes a clientes, autoridades y organismos verificadores. Así, la gestión de fugas puede aportar a los compromisos corporativos de sostenibilidad y a una mayor transparencia frente a trabajadores, comunidades y otros grupos de interés.

HERRAMIENTA ESTRATÉGICA La evolución de las tecnologías permite combinar inspecciones en terreno, monitoreo continuo y observación remota para mejorar la cobertura y la confiabilidad de los resultados. La selección de herramientas debe responder al tipo de instalación, los gases involucrados, los riesgos y los objetivos de cada campaña. En definitiva, gestionar las emisiones fugitivas no debiera entenderse solo como una obligación ambiental: es una oportunidad para elevar la eficiencia, reforzar la seguridad, evitar pérdidas y mejorar el desempeño de las instalaciones. Esta mirada será igualmente relevante a medida que gases como el hidrógeno y el dióxido de carbono adquieran mayor presencia en los procesos industriales y energéticos.

INSERCIÓN 56

Olga Barbosa, Directora Alterna de IEB Chile; Gabriel Fuenzalida, Senior Manager Environmental Performance & Compliance de Gold Fields; Fernando Valenzuela, Gerente de IEB Chile; y Cristian Álvarez, Senior Vice President Chile de Gold Fields sellaron el acuerdo.

Ciencia y minería:

Gold Fields y el Instituto de Ecología y Biodiversidad firman alianza de largo plazo para la investigación y la conservación de la chinchilla de cola corta La iniciativa pone foco en los desafíos de conocimiento y cuidado de esta especie endémica del ecosistema altoandino. El plan de trabajo contempla, entre otras acciones, el monitoreo de poblaciones, estudios inéditos sobre su comportamiento y el diseño de protocolos de protección basados en ciencia. EDICIÓN 202 SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2026

PUNTOS DE VISTA 57

Foto: Flora y Fauna Chile Ltda.

omo parte de un trabajo colaborativo entre el mundo científico y la industria minera, Gold Fields y el Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) formalizaron una alianza de colaboración orientada a impulsar investigación de frontera para la conservación de la chinchilla de cola corta (Chinchilla chinchilla). Esta iniciativa marca un hito en la gestión ambiental de la industria, al materializar una mirada integral y de largo plazo respecto al cuidado de esta especie, y que trasciende a sus compromisos normativos. La alianza contempla un programa a 5 años, con líneas de trabajo que apuntan tanto a la especie como a su hábitat y paisaje. “Para nosotros esta alianza representa el siguiente paso en nuestra forma de gestionar el desempeño ambiental. Esta alianza busca ir más allá del valor que generamos como empresa minera, a través de una mirada de largo plazo, que incorpora una contribución mayor en materia de investigación científica y que, a partir de ella, identifica claves para la conservación de esta especie”, explica Gabriel Fuenzalida, Senior Manager Environmental Performance & Compliance de Gold Fields. “Al colaborar con el IEB, estamos integrando las mejores capacidades académicas del país, buscando desarrollar caminos efectivos y sostenibles que aseguren la conservación de la chinchilla de cola corta en su entorno natural”, añade. Por su parte, Fernando Valenzuela, Gerente del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), destacó la relevancia de este vínculo y las características que permitirán su aporte real a través del tiempo: “Esta alianza es posible porque el IEB hace ciencia de forma independiente, y esa independencia es justamente lo que la hace valiosa, pues nuestro compromiso es con la evidencia y con la especie. Durante los próximos 5 años vamos a generar conocimiento científico que aporte tanto a la comprensión de la chinchilla, como a la construcción de soluciones para mejorar prácticas en el sector productivo, minero en este caso, y ese conocimiento tendrá utilidad más allá de esta alianza”. Esta alianza permitirá generar nuevo conocimiento, aprendizajes integrales y medidas de conservación basadas en evidencia científica para su cuidado. El programa de investigación contempla cinco líneas de trabajo y busca convertirse en un referente de colaboración entre ciencia y sector productivo, demostrando cómo la investigación de excelencia puede contribuir a enfrentar desafíos ambientales complejos, de largo plazo.

La alianza permitirá generar nuevo conocimiento sobre la chinchilla de cola corta y desarrollar medidas de conservación basadas en evidencia científica para su cuidado.

Claudio Zaror Profesor Emérito del Depto. Ingeniería Química Facultad de Ingeniería, Universidad de Concepción

Crisis valórica, polarización y sostenibilidad

a cohesión social es una condición sine qua non para el desarrollo sustentable. A través de la historia, la supervivencia de las comunidades ha dependido de su capacidad para actuar colectivamente ante las adversidades. Sin embargo, hoy enfrentamos un dilema ético agudo: la urgencia de avanzar hacia la sustentabilidad choca con una regresión valórica global, marcada por la intolerancia, la polarización y el incremento de la violencia y la corrupción. La radicalización ideológica y discursiva destruye las confianzas y anula la empatía social. Al perderse la virtud de “ver a otros como válidos otros” –bajo la noción de Humberto Maturana– el tejido comunitario se fractura. En un entorno dominado por la lógica de la realpolitik y del “nosotros contra ellos”, el diálogo constructivo se clausura; cuidar el entorno social y natural deja de ser un imperativo ético universal para convertirse en un disputado campo de batalla partidista y mediático, sacrificando la responsabilidad intergeneracional en pos de réditos inmediatos. Esta hostilidad se traduce rápidamente en violencia material, quebrando la paz indispensable para la estabilidad institucional y la gobernanza global. Bajo el viejo dicho maquiavélico de que el fin justifica los medios, se concede tácitamente una peligrosa licencia para vulnerar los límites ecológicos del planeta y el orden social en beneficio propio. Sin justicia ni paz, cualquier estrategia para lograr la sustentabilidad carece de viabilidad a largo plazo. Revertir esta crisis valórica y reconstruir la empatía y la confianza social exige ir más allá de las trincheras individuales, de los códigos de conducta corporativos y de los marcos normativos. Requiere robustecer la base cultural desde la familia y el sistema educacional, para formar una ciudadanía ética. La sustentabilidad no es una meta puramente técnica o un indicador de huella de carbono; es, ante todo, un imperativo moral. Un porvenir viable solo será posible si logramos asegurar las bases de la convivencia pacífica y la colaboración colectiva.

58 SUSTENTABILIDAD

En su VIII Encuentro de Sustentabilidad, CCU destacó el valor del deporte como espacio de integración, motor de progreso y nuevas oportunidades.

“estadio lleno” se realizó el VIII Encuentro de Sustentabilidad de CCU, instancia en que la empresa releva las realizaciones, desafíos y valores que aporta su quehacer en la materia. La cita cada año tiene un énfasis distinto: así como en 2025, el evento giró en torno a los avances de las iniciativas que CCU desarrolla junto a las comunidades donde está presente -como parte de su compromiso con un desarrollo sostenible y colaborativo, con mirada país-, en 2026 reunió a representantes de los sectores público, privado y social para resaltar al deporte como motor de bienestar y progreso. El encuentro contó con la presencia de la subsecretaria de Deportes, María Paz Ríos, y su momento cúlmine fue la entrega, por primera vez, del reconocimiento “Progreso País” a Guillermo Rolando, cofundador y director ejecutivo global de Fútbol Más. “En CCU estamos convencidos de que el deporte tiene una enorme capacidad de generar encuentro, integración y bienestar. Y creemos que, cuando sumamos capacidades y trabajamos junto a otros, puede transformarse también en un motor de progreso”, destacó Eduardo French-Davis, gerente general de la compañía, durante la apertura del encuentro.

IMPACTO POSITIVO CCU ha sido un aliado histórico de la actividad deportiva. Durante este año sus marcas han estado presentes en más de 600 eventos de las más variadas disciplinas y magnitudes, realizando un trabajo directo e integral con las comunidades. Esto, junto a aliados estratégicos como Fútbol Más y Ganémosle a la Calle. A modo de balance, entre 2025 y 2026 esta labor conjunta ha impacEDICIÓN 202 SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2026

tado positivamente a más de un millón de personas. Bajo el concepto “Construir Juntos un Mejor Vivir”, el evento dejó en claro que el deporte parte moviendo a la gente, pero su huella puede ir mucho más allá al generar vínculos, recuperar espacios, abrir oportunidades y contribuir al bienestar y desarrollo de las personas. En sintonía con lo anterior, María Paz Ríos también subrayó el aporte de esta actividad al desarrollo del país y la importancia de plasmar alianzas que permitan ampliar su acceso y multiplicar su impacto. “Nuestra misión desde el Ministerio es llevar la actividad física y el deporte a todo el país, y para lograrlo, trabajar en alianza con el sector privado es clave. Valoramos profundamente iniciativas como ésta de CCU, que demuestran un compromiso concreto con las comunidades y marcan un camino para seguir fortaleciendo alianzas público-privadas”, indicó la autoridad. Considerando el rol que tiene el deporte en la generación de oportunidades, durante la jornada se compartieron experiencias que mostraron su potencial para producir bienestar, integración y nuevas opciones de vida. Por ejemplo, el trabajo de Fútbol Más, acciones de Gatorade vinculadas a la restitución de áreas deportivas y el desarrollo del programa Puro Sol en Paraguay. Además, se puso énfasis en la importancia de recuperar y activar espacios para el encuentro y la actividad física a partir de iniciativas como la Reserva Natural Villavicencio en Mendoza (Argentina) y Cerros de Renca en Santiago (Chile). Al respecto, la gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de CCU, Bárbara Wolff, señaló que “nuestro desafío está en identificar dónde podemos aportar desde nuestras capacidades. Recuperar espacios, acercar la actividad física a más personas y apoyar iniciativas que abren oportunidades son distintas formas de llevar nuestra estrategia de sustentabilidad a acciones concretas”.

LABORATORIOS E INSTRUMENTACIÓN Con un artículo en que se evalúa el desempeño y los desafíos que enfrentan las Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental, a una década del inicio de sus operaciones, abrimos esta sección dedicada a entregar información técnica útil para mejorar el ejercicio de los laboratorios de análisis ambientales. Y, con ello, contribuir al cumplimiento regulatorio de las empresas y, sobre todo, al resguardo del entorno natural y humano.

60 LABORATORIOS E INSTRUMENTACIÓN

ANÁLISIS A LAS ETFA A 10 años del inicio de su operación, dos entidades técnicas de fiscalización ambiental y la SMA se pronuncian sobre su desempeño y nuevos desafíos.

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LABORATORIOS E INSTRUMENTACIÓN 61

i su empresa aspira a convertirse en una entidad técnica de fiscalización ambiental (ETFA) –autorizada como tal por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para apoyar dicha labor– debe demostrar dos grandes atributos: competencia técnica y resultados confiables. La SMA comprueba ambas cualidades a través de ensayos de aptitud que realiza de manera periódica. Justamente su laboratorio de la Sección de Entidades Técnicas y Laboratorio (SETL) obtuvo recientemente la acreditación bajo la norma NCh-ISO/IEC 17043:2023 por parte del Instituto Nacional de Normalización (INN). Este estándar, reconocido internacionalmente, establece los requisitos para los proveedores de tales pruebas. “Los ensayos de aptitud constituyen una herramienta fundamental en el seguimiento que la SMA realiza al desempeño analítico de las ETFA y, de este modo, complementar los instrumentos de seguimiento y control de sus actividades aplicados en el marco de su autorización”, aseguran en la Superintendencia.

MEJOR DESEMPEÑO El 1 de octubre pasado, las ETFA cumplieron 10 años de actividad en Chile, hito propicio para que Mónica Vergara, encargada de la SETL, parte de la División de Fiscalización de la SMA, evalúe su desempeño en esta década: “Ha ido mejorando en el tiempo, considerando que al inicio existían áreas que nunca se habían acreditado según las normas ISO, lo que fue un cambio importante de paradigma. Las entidades han tendido al orden y a tener mayor consciencia de que son actores relevantes para el cumplimiento ambiental. Aunque, por supuesto, existe margen de mejora para que sigan en la senda de la optimización continua de sus procesos”.

Mónica Vergara (SMA) evalúa el desempeño que han tenido las ETFA.

Destaca que uno de los logros importantes del sistema ETFA ha sido “la erradicación de la informalidad en las actividades de terreno y la estandarización de la ejecución de esas labores y en laboratorio, alineadas con las normas ISO 17025 (para laboratorios de ensayo) e ISO 17020 (para organismos de inspección), que son rigurosos estándares establecidos internacionalmente y que fueron adoptados por la SMA como requisito para la autorización”. La especialista agrega que las ETFA disponen de infraestructura analítica avanzada, softwares e instrumentos complejos que garantizan datos de alta confiabilidad científica y trazabilidad de la información, así como personal altamente especializado, “elementos importantes para depositar confianza en su trabajo”, afirma. En la SMA resaltan que el sistema ETFA sobresale por su cobertura multidisciplinaria, con autorizaciones en tres componentes ambientales básicos: aire (ruido y emisiones atmosféricas de fuentes fijas), agua (principalmente superficial, subterránea y residual) y suelo (residuos,

1 Plataforma, Datanam, desarrolló ANAM para

convertir los resultados analíticos y de monitoreo en información ambiental accesible, trazable y de alto valor para la toma de decisiones.

lodos, sedimentos y suelo, entre otros). “Además, es descentralizado, con entidades instaladas en varias regiones del país, lo que otorga alternativas a los titulares para contratar a la ETFA más cercana a su proyecto”, acota Mónica Vergara.

CUALIDADES Una ETFA que presta servicios desde 2016 para el componente agua (potable/bebida, superficial, subterránea, de mar y residuales, principalmente) es ANAM. Gerhard Allesch, gerente de Calidad Operacional de la empresa, destaca que su desempeño se sostiene “en una sólida capacidad técnica, una amplia experiencia operacional y un robusto sistema de aseguramiento de la calidad. Entre nuestras principales fortalezas destacan las capacidades analíticas y de muestreo, las acreditaciones nacionales e internacionales vigentes, la amplia cobertura de parámetros autorizados (más de 1.800 a la fecha), junto con cerca de 1.500 parámetros adicionales en proceso de ampliación”. Marcela Díaz, su jefa de Calidad, releva que también cuentan “con equipos de trabajo altamente especializados, inspectores ambientales autorizados en todas las áreas y personal de respaldo para asegurar la continuidad operacional y el cumplimiento de los servicios comprometidos con nuestros clientes”. Proterm, por su parte, apoya a la SMA en el componente aire (material particulado y gases). Su gerente de Mediciones en Fuentes Fijas, Mauricio Mera, subraya: “Hemos puesto nuestra experiencia y conocimientos en medición de emisiones en fuentes fijas al servicio de una labor que exige rigurosidad técnica, independencia y capacidad para responder a las distintas realidades de la industria. Nuestro compromiso es entregar información confiable y representativa, con el respaldo de profesionales competentes, procedimientos estandarizados y nuestra acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025. Entendemos muy bien que mantener este desempeño requiere una evaluación constante, adaptación a las exigencias regulatorias y un compromiso permanente con la mejora continua”.

Mauricio Mera destaca el aporte de Proterm al sistema.

62 LABORATORIOS E INSTRUMENTACIÓN

La SMA realiza fiscalizaciones en terreno al trabajo de las ETFA.

La confiabilidad de los resultados analíticos es fundamental para estas entidades.

ACREDITACIÓN Y MEJORAS Junto con los ensayos de aptitud –cuyos resultados la SMA publica para que los titulares de proyectos puedan seleccionar a las ETFA con mejor desempeño para ejecutar sus compromisos ambientales–, la confiabilidad y competencia técnica de estas entidades se asegura mediante la acreditación ISO. En ese marco, organismos como el INN evalúan la infraestructura y el equipamiento requerido para realizar las actividades de fiscalización, así como el sistema de gestión de calidad (conjunto de documentos que sustentan tales labores) y la competencia técnica de las personas que ejecutan las actividades objeto de la acreditación. Además, la SMA realiza fiscalizaciones permanentes a las ETFA, “las cuales se han ido profundizando técnicamente en el transcurso de los años, llegando a ser muy específicas en la actualidad, lo que ayuda a las entidades a identificar los puntos críticos en sus procesos analíticos”, indica Mónica Vergara. La profesional aboga para que las ETFA fortalezcan sus sistemas de control interno para que no incurran en irregularidades técnicas y administrativas, como ejecutar actividades asociadas a alcances sin autorización, tener desviaciones a los métodos analíticos y registrar tiempos de respuesta prolongados, entre otros. Manifiesta, asimismo, que estas entidades deben implementar nuevas tecnologías para abordar de mejor manera las exigencias ambientales futuras y abarcar zonas extremas o de difícil acceso en el país. Para alcanzar un mayor nivel de satisfacción y fortalecer su desempeño, en ANAM tienen claro que deben enfocar sus esfuerzos “en la prevención de desviaciones, asegurando un control permanente de los alcances autorizados vigentes y avanzando en la ampliación de autorizaciones actualmente en proceso ante la SMA. También es fundamental fortalecer la gestión de competencias del personal y la trazabilidad de los servicios en todas sus etapas”, especifica Gerhard Allesch. En la empresa, además, pretenden mejorar la oportunidad de respuesta y la comunicación con sus clientes, así como profundizar el análisis de causa raíz de los hallazgos detectados, “de manera que estos se traduzcan en acciones correctivas eficaces y sostenibles que prevengan su recurrencia”, asegura el ingeniero civil bioquímico. Más en el largo plazo, proyectan mantener y ampliar sus capacidades y alcances autorizados para responder oportunamente a nuevas exigencias ambientales, incorporando metodologías analíticas, matrices y tecnologías de monitoreo cada vez más especializadas. “Y será fundamental EDICIÓN 202 SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2026

49 ETFA estaban autorizadas por la

Superintendencia del Medio Ambiente para ofrecer servicios al 20 de octubre pasado.

avanzar en la digitalización, automatización y trazabilidad de la información ambiental, fortaleciendo la calidad, integridad y disponibilidad de los datos que respaldan la evaluación del cumplimiento ambiental de las fuentes reguladas”, sostiene Marcela Díaz.

FORTALECER EL SERVICIO En Proterm, en tanto, aspiran a seguir fortaleciendo toda la cadena del servicio: desde la planificación y preparación de las actividades hasta la ejecución en terreno, el análisis de datos y la emisión de informes. “Las prioridades son la capacitación continua, la supervisión técnica, la trazabilidad de la información y el control de los equipos. A la vez, es fundamental transformar las observaciones de las evaluaciones en mejoras efectivas y sostenibles”, explicita Mauricio Mera. Añade que uno de los principales desafíos que tienen es “formar y retener personal especializado, combinando conocimiento técnico, experiencia en terreno y capacidad de adaptación. También será necesario sostener la inversión en equipamiento, incorporar herramientas digitales que mejoren la trazabilidad y responder a nuevos requerimientos ambientales y tecnológicos. Todo ello debe ir acompañado de una gestión que permita mantener la calidad, la seguridad y la independencia técnica en cada servicio”. Respecto a optimizaciones que requiere el sistema ETFA, apunta que “existen oportunidades para mejorar la claridad de algunos requisitos técnicos y uniformar sus criterios de aplicación, reduciendo así posibles diferencias de interpretación. Asimismo, los tiempos de respuesta para aprobaciones de ampliaciones de alcances suelen ser prolongados, por lo que sería valioso avanzar hacia una tramitación más oportuna, manteniendo la rigurosidad de la revisión. Esto facilitaría la incorporación de nuevas capacidades y una mejor respuesta a las necesidades de la industria”.

PUNTOS DE VISTA 63

Sebastián Carvallo Director Ejecutivo (s) Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo

¿Cuánto nos cuesta producir solos?

ay un viejo dicho: “la basura de unos es el tesoro de otros”. O, en términos más formales, hay empresas que pagan por disponer un residuo que otra podría aprovechar como insumo. Ambas buscan reducir costos, mejorar sus procesos y usar mejor los recursos. Sin embargo, si desconocen las necesidades y posibilidades de la otra, esa oportunidad pasa inadvertida. Esta situación plantea una pregunta clave para la productividad: ¿cuánto podemos mejorar si, además de optimizar cada empresa, buscamos oportunidades de colaboración? La simbiosis industrial propone abordar esa oportunidad conectando empresas para que intercambien materiales, aprovechen subproductos o compartan recursos como agua, energía e infraestructura. Su lógica es sencilla, pero llevarla a la práctica requiere más que cercanía física: información, confianza, capacidades técnicas y acuerdos que hagan viable y conveniente colaborar. Podemos reunir empresas en un mismo parque industrial y seguir operando como si cada una estuviera sola. Compartir una ubicación facilita los vínculos, pero no garantiza que se concreten. Para aprovechar un subproducto como insumo, es necesario conocer sus características, evaluar su disponibilidad y verificar que cumpla con los requerimientos del proceso que lo recibirá. En La Araucanía, el acuerdo de producción limpia de Simbiosis Industrial y Economía Circular del Parque Industrial Lautaro, impulsado por Corparaucanía y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo, busca avanzar en esta dirección. Durante 18 meses, más de 20 empresas de distintos sectores explorarán oportunidades para intercambiar materiales y compartir recursos. El valor de esta iniciativa estará en identificar los materiales disponibles, evaluar posibles conexiones y concretar acuerdos entre empresas. El proceso permitirá reconocer oportunidades y dificultades, y generar aprendizajes que orienten nuevas experiencias en otros parques industriales del país. Los acuerdos de producción limpia ofrecen una base para este trabajo al organizar la colaboración público-privada con compromisos, plazos y seguimiento. La política pública cumple un rol clave al facilitar la coordinación, reducir las brechas de información y convertir las oportunidades identificadas en soluciones concretas. La experiencia de Lautaro puede dar mayor protagonismo a la colaboración entre empresas en la agenda de productividad del país. Los recursos aprovechados, los costos evitados y la continuidad de los intercambios medirán su aporte y permitirán extender este enfoque. El desafío es reconocer oportunidades más allá de cada instalación y generar las condiciones para aprovecharlas. Porque producir solos también tiene un costo: seguir pagando por lo que podríamos estar aprovechando juntos.

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OJO CON EL PROCEDIMIENTO El incumplimiento de exigencias administrativas establecidas en la resolución 1770/2025 de la SMA ha derivado en evaluaciones insatisfactorias en los ensayos de aptitud de algunas ETFA, que juegan un rol clave en la fiscalización ambiental.

a confiabilidad de los datos que entregan las Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFA) es clave para verificar el cumplimiento normativo de las empresas reguladas. Por ello, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) estableció un procedimiento marco estandarizado y reforzó el carácter obligatorio de los ensayos de aptitud a los que deben someterse esos laboratorios, mediante la Resolución Exenta 1770/2025, publicada el 1 de septiembre del año pasado. EDICIÓN 202 SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2026

Su aplicación hasta ahora ha evidenciado que, además de las capacidades técnicas, las ETFA deben cumplir rigurosamente los requisitos administrativos, pues omisiones en firmas, alteraciones de formatos o entregas fuera de plazo pueden derivar en malas calificaciones. Así lo indica Rodrigo Carrasco, encargado de la Unidad de Laboratorio de la SMA, que en relación con los resultados de las primeras evaluaciones realizadas bajo este nuevo régimen, comenta: “En términos generales,

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el comportamiento de los laboratorios nos demuestra que son técnicamente competentes en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, el incumplimiento de algunos requisitos formales termina arrojando evaluaciones insatisfactorias debido a desviaciones netamente administrativas. Al ser este el primer año de aplicación de la Resolución, esperamos que este tipo de brechas desaparezcan, permitiendo que en el corto plazo la evaluación del desempeño de las ETFA se focalice netamente en sus capacidades técnicas”. Añade que el desempeño de los participantes en los ensayos de aptitud se registra de manera transparente en el Ranking ETFA que publica la Superintendencia. “Esta herramienta pública permite visibilizar el desempeño de cada laboratorio, generando un incentivo para que corrijan rápidamente sus brechas de cumplimiento, y para que los titulares puedan seleccionar a las que obtienen mejor desempeño en los alcances correspondientes”, subraya.

REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Según explica Rodrigo Carrasco, la principal novedad que introdujo la Resolución Exenta (RE) 1770/2025 “es que migramos desde un esquema de ensayos de aptitud que se ejecutaba mediante convocatorias aisladas, a un procedimiento marco único y estandarizado que refuerza su carácter obligatorio. A partir de esta resolución, se releva y formaliza el proceso de ejecución de los ensayos de aptitud, estableciendo las instrucciones generales que deben cumplir las ETFA. En términos de obligaciones, el control ahora es mucho más estricto a nivel procedimental, estableciendo también un estándar administrativo más riguroso; cualquier omisión en las firmas del Representante Legal, alteración de formatos o envíos fuera de plazo, se califica automáticamente como un resultado insatisfactorio”. La mencionada resolución organiza el procedimiento para efectuar los ensayos de aptitud del siguiente modo: •

Inicio: La SMA dicta una resolución exenta que notifica a los participantes habilitados e indica los lineamientos técnicos.

Rodrigo Carrasco señala que la RE 1770/2025 definió un procedimiento marco único y estandarizado que refuerza el carácter obligatorio de los ensayos de aptitud. •

Envío de muestras: Se remiten a la dirección registrada de cada sucursal participante. Si intervienen varias sucursales de una ETFA, se mandan muestras a cada una.

•

Análisis y reporte: La entidad analiza las muestras y entrega sus resultados de acuerdo con las instrucciones y plazos establecidos.

•

Evaluación y publicación: La SMA emite una resolución que pone término al procedimiento, aprueba el informe y declara los resultados de los participantes. La resolución y el informe se publican en el sitio web de la Superintendencia.

66 LABORATORIOS E INSTRUMENTACIÓN

A partir de la publicación de la RE 1770/2025 el control procedimental y administrativo de los laboratorios es mucho más estricto.

4 ETFA obtuvieron un 100% de resultados

satisfactorios en el último Informe de Ensayo de Aptitud publicado por la SMA, en agosto pasado, acorde a la RE 1770/2025: Silob Laboratorio Puerto Montt, Hidrolab, el Centro Eula Chile de la U. de Concepción y el Centro de Ecología Aplicada. En la ronda participaron ocho laboratorios.

8 Entidades muestran 100% de resultados De acuerdo a la RE 1770/2025, la autoridad fiscalizadora define las características de los ensayos de aptitud mediante uno o más programas que pone a disposición en su página web. Allí se indica el tipo de ensayo, la matriz, los parámetros, el intervalo de concentración, la frecuencia, la fecha aproximada de envío de muestras y los plazos de recepción de resultados y de emisión del informe. La ejecución de estas actividades, sin embargo, queda sujeta a la disponibilidad presupuestaria de la SMA. En ese marco, la norma exige a las ETFA: •

Participar obligatoriamente en los ensayos de aptitud en los alcances correspondientes, como requisito para mantener o renovar sus autorizaciones.

•

Formalizar la participación: Deben firmar los términos y condiciones mediante un representante legal habilitado y facultado para ello.

•

Verificar las muestras recibidas: El encargado de cada sucursal participante debe comprobar que estén todos los envases identificados y que se encuentren en condiciones adecuadas para someterlos a los ensayos correspondientes. También debe registrar cualquier anomalía y enviar una copia firmada según las instrucciones de la SMA.

•

Entregar los resultados en tiempo y forma: Los resultados deben enviarse mediante una carta firmada por el representante legal, dentro del plazo fijado en el programa respectivo. Solo se deben reportar los alcances autorizados o la información solicitada por la SMA, sin alterar la estructura ni el nombre de los archivos.

•

Seguir los protocolos técnicos: Las entidades deben ajustarse a las instrucciones específicas de cada procedimiento y a los protocolos de los ensayos de aptitud que publica la SMA.

La RE 1770/2025 indica que las ETFA tienen cinco días hábiles, contados desde que se le notifican los resultados, para apelar a la resolución de la SMA sobre los ensayos de aptitud. El mismo plazo existe para presentar una queja por las actuaciones de la Superintendencia que no se relacionen directamente con el informe o la resolución que lo aprueba.

EFECTOS Y RECOMENDACIONES ¿Qué efecto se espera que tengan estas exigencias sobre la calidad, confiabilidad y comparabilidad de los resultados de análisis ambientales que sustentan la fiscalización de la SMA? Rodrigo Carrasco responde: “El impacto es estratégico para la institucionalidad ambiental del país. Nuestro objetivo es que los análisis arrojen resultados equivalentes y comparables, sin importar el laboratorio que lo ejecute. Al someter a las ETFA a los ensayos de aptitud bajo la norma internacional ISO EDICIÓN 202 SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2026

satisfactorios en el Ranking ETA. En aguas residuales: el Centro de Ecología Aplicada y CREA de la U. Católica de la Santísima Concepción; en aguas superficiales: el Laboratorio de Recursos Renovables de la U. de Concepción; y en gravimetría de filtros impactados con material particulado: JHG Servicios Ambientales, Cesmec División Medio Ambiente, Airtestlab, Sercoamb Tobalaba y Ambiquim.

17043, minimizamos el sesgo y la variabilidad analítica, fortaleciendo de manera directa la confiabilidad de los datos. Además, la SMA está acreditada como Proveedor de Ensayos de Aptitud según esta norma ISO, lo que significa que hemos demostrado nuestra competencia técnica para ejecutar estos ensayos. Para lograr nuestro objetivo, combinamos las directrices de la acreditación de los laboratorios bajo el estándar ISO 17025 y su participación en ensayos de aptitud, con fiscalizaciones permanentes de la SMA, las cuales hoy son mucho más rigurosas y específicas. Lo que buscamos finalmente es robustecer la validez probatoria de los datos, ya que necesitamos que cada resultado reportado cuente con un respaldo técnico robusto e incuestionable”. Enseguida, el encargado de la Unidad de Laboratorio de la SMA remarca la incidencia que estas nuevas exigencias para las ETFA pueden tener en la evaluación del desempeño ambiental de los sujetos regulados: “Un dato deficiente o un reporte invalidado debido a una gestión técnica deficiente de la ETFA, puede dejar al titular del proyecto en una situación de incumplimiento. Por eso es clave que los regulados consulten el Ranking ETFA de la SMA antes de contratar un laboratorio. Si miramos el balance de estos 10 años de operación del sistema, vemos que se ha logrado fortalecer el marco normativo en el que se desarrollan las actividades de medición, muestreo y análisis, tanto en terreno como en el laboratorio. Hoy las empresas tienen mayor consciencia de que dependen de datos confiables para demostrar su cumplimiento ambiental”. A modo de conclusión, Carrasco comenta que, para que las ETFA cumplan con las exigencias de la Resolución Exenta 1770/2025, “nuestra recomendación principal es que fortalezcan sus sistemas de control interno para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos, teniendo presente que la formalidad administrativa también es importante. En nuestras evaluaciones aún detectamos desviaciones que son graves, como ejecutar actividades en alcances donde no tienen autorización vigente, inspectores ambientales no autorizados, situaciones que se deben erradicar. El llamado es a mantener la mejora continua como un elemento central en su desempeño para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente”.

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Karla Rojas Godoy Subgerente de Tecnologías Gestión Ambiental Consultores

Soluciones digitales para decisiones ambientales

urante años, transformación digital significó reemplazar planillas, formularios y correos por plataformas. Ese avance fue necesario, pero hoy es insuficiente. En el área ambiental, donde una decisión puede depender de miles de páginas, datos territoriales y compromisos, digitalizar no es solo hacer más rápido lo mismo: debe permitir mayor trazabilidad, anticipación y calidad. Una solución útil no comienza con una tecnología de moda, sino con preguntas operacionales: ¿Dónde se pierde tiempo? ¿Qué información se registra más de una vez? ¿Qué inconsistencias aparecen entre capítulos, anexos, tablas y cartografía? ¿Qué conocimiento queda concentrado en pocas personas? Desde esas preguntas, la inteligencia artificial, los sistemas de información geográfica y la automatización pueden generar un impacto real. En la consultoría ambiental ya es posible apoyar la revisión de documentos extensos, comparar versiones, detectar diferencias en fechas, unidades o coordenadas, consultar información territorial y vincular impactos, medidas, indicadores y compromisos. También podemos integrar planificación, responsables, avance y riesgos para observar un proyecto de forma más completa. El valor está en conectarlas y transformar datos dispersos en información útil para decidir. Incorporar inteligencia artificial no significa delegar el criterio técnico. Un modelo puede acelerar búsquedas, cruces y revisiones preliminares, pero la interpretación ambiental y la responsabilidad sobre las conclusiones siguen correspondiendo a especialistas. Toda solución debe indicar el origen de la información, la versión utilizada y cómo llegó a un resultado. Sin evidencia y trazabilidad, la velocidad pierde valor. Son condiciones menos visibles, pero decisivas: calidad y gobierno de datos, integración con los procesos, seguridad, control de acceso, continuidad operacional y gestión del cambio. Una plataforma puede fracasar si duplica tareas, no conversa con los sistemas existentes o no es comprendida por quienes deben utilizarla. El éxito no debería medirse por la cantidad de licencias, automatizaciones o agentes implementados. Debiera medirse en horas de trabajo repetitivo evitadas, inconsistencias detectadas a tiempo, mejores tiempos de respuesta, conocimiento reutilizado y capacidad de fundamentar una decisión frente a clientes, comunidades y autoridades. La transformación digital ambiental no reemplaza la experiencia: la amplifica. El desafío es construir soluciones que combinen tecnología, conocimiento del negocio y rigurosidad técnica. Cuando eso ocurre, lo digital deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en una herramienta para desarrollar proyectos mejor gestionados y decisiones ambientales más sólidas.

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SUELOS AL DESCUBIERTO Mejores tecnologías y mayores exigencias de aseguramiento de la calidad hacen que el análisis de suelos tenga hoy un estándar superior.

as actividades humanas no son inocuas: suelen generar impactos ambientales adversos sobre matrices naturales como el suelo, que no son renovables. Tales efectos se expresan, principalmente, en forma de erosión y contaminación, esta última provocada por el derrame de hidrocarburos, metales pesados y/o compuestos químicos, entre otros agentes. ¿Cómo medirlos? A través de métodos y tecnologías analíticas cada vez más sofisticadas. Marlene Mejías, jefa de Laboratorio de Agroanálisis UC, señala que en los últimos años “ha existido una evolución importante, principalmente asociada a la incorporación de nuevas tecnologías, instrumentación más sensible y automatizada, sistemas de gestión de datos y mayores

exigencias de aseguramiento de la calidad”. Afirma también que la mejora ha sido particularmente significativa en la etapa instrumental. “Técnicas como la espectrometría de emisión óptica con plasma acoplado inductivamente (ICP-OES) permiten determinar simultáneamente distintos elementos con buena sensibilidad, mayor eficiencia analítica y en tiempos considerablemente menores que técnicas instrumentales anteriores. Y los analizadores elementales por combustión permiten realizar determinaciones de carbono y nitrógeno de manera automatizada”, especifica. Sin embargo, revela que muchos de los métodos tradicionales utilizados para evaluar la fertilidad de los suelos “continúan plenamente vigentes, ya que cuentan con años de infor-

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mación y criterios de interpretación agronómica asociados a ellos”. En Chile, una referencia importante en este ámbito son los Métodos de Análisis Recomendados para los Suelos de Chile, elaborados por la Comisión de Normalización y Acreditación (CNA) de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, que establecen procedimientos para parámetros como pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, fósforo disponible, bases de intercambio, micronutrientes, entre otros.

CALIDAD AMBIENTAL Catalina Schmidt, coordinadora del Área Ambiental de Agroanálisis UC, destaca la mayor

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relevancia que han ido adquiriendo los análisis relacionados con la calidad ambiental de los suelos, como la determinación de elementos traza y metales, carbono y otras propiedades vinculadas con la salud y calidad de este recurso. Los análisis, además, permiten detectar condiciones que pueden afectar el funcionamiento del suelo, como salinidad, desequilibrios nutricionales o presencia de contaminantes según los parámetros evaluados. “Esta información contribuye a utilizar los insumos de manera eficiente y reducir los riesgos de contaminación del suelo y del agua”, acota. Para optimizar estos procesos, expone que “a nivel internacional se están desarrollando técnicas como la espectroscopía de suelos, que representan una línea de desarrollo interesante para obtener información de manera más rápida y con menor utilización de reactivos. Por lo tanto, actualmente conviven métodos tradicionales de extracción y determinación, que mantienen su importancia por estar asociados a criterios de interpretación agronómica, con tecnologías instrumentales más modernas que permiten mejorar la sensibilidad, eficiencia y capacidad analítica de los laboratorios”. Más que un reemplazo completo de los métodos tradicionales, la especialista en suelos y agua manifiesta que “la tendencia ha sido hacia su complementación con nuevas tecnologías, junto con mayores exigencias de control de calidad, trazabilidad y comparabilidad de los resultados entre laboratorios”.

RESULTADOS CONFIABLES Para asegurar la confiabilidad de los resultados, los laboratorios de suelos suelen participar en las rondas interlaboratorio de la Red Nacional de Laboratorios de Suelos de Chile (Renalasch) y la CNA. “Estas instancias permiten comparar los resultados obtenidos por distintos laboratorios al analizar las mismas muestras, evaluar el desempeño analítico e identificar oportunidades de mejora”, explica Marlene Mejías, quien resalta que Agroanálisis UC fue parte del ensayo de aptitud global 2025 de la Global Soil Laboratory Network (GLOSOLAN), iniciativa de la Alianza Mundial por el Suelo de la FAO. “La participación en ejercicios de aptitud nacionales e internacionales debe complementarse con el aseguramiento de la calidad dentro del laboratorio: con procedimientos documentados, verificación y calibración de equipos, materiales de referencia y controles analíticos, según corresponda a cada ensayo. La trazabilidad de las muestras y la revisión técnica de los resultados también son fundamentales”, añade.

Para la experta, la confiabilidad comienza con el muestreo, ya que “un análisis puede ser técnicamente correcto, pero si la muestra no representa adecuadamente el suelo que se quiere evaluar, las decisiones derivadas de sus resultados pueden ser inadecuadas”.

BRECHAS Y NORMA Catalina Schmidt considera fundamental, para asegurar la calidad de los resultados analíticos, que todos los laboratorios de suelos del país participen en las rondas interlaboratorio que organiza el Renalasch o la CNA. “Además, observamos que el conocimiento y aprovechamiento de esta información no siempre son transversales, lo que limita las oportunidades de autoevaluación y mejora. Por ello, es importante fortalecer tanto la participación como la difusión y comprensión de sus resultados”, comenta. Afirma, asimismo, que por la gran diversidad de suelos de Chile “las metodologías deben ser apropiadas para las características de la muestra y el objetivo del análisis. Por ejemplo, los suelos salinos, volcánicos o con alto contenido de materia orgánica pueden requerir consideraciones específicas para evitar interferencias en determinadas mediciones. Armonizar los análisis implica establecer criterios comunes y procedimientos validados que contemplen esta diversidad”. Para ambas profesionales, la dictación de una norma de calidad para suelos podría contribuir significativamente al trabajo analítico “al establecer un marco común para evaluar sus condiciones y orientar las decisiones de manejo y protección”. Según su criterio, para facilitar el trabajo de los laboratorios, sería importante que la implementación de la norma “estuviera acompañada de protocolos de muestreo, métodos analíticos de referencia y requisitos de aseguramiento de la calidad. Esto permitiría mejorar la comparabilidad de los resultados y establecer criterios claros para su interpretación. Además, la regulación debería considerar la diversidad natural de los suelos, sus usos y las variables que pueden influir en las mediciones”. Como última reflexión, Marlene Mejías plantea: “Entendemos el análisis de suelos no solo como la generación de un resultado analítico, sino como una cadena completa que comienza con un muestreo representativo, continúa con metodologías apropiadas y procesos analíticos controlados, y termina con resultados trazables y correctamente interpretados. Todo ello es fundamental para que la información generada contribuya efectivamente a un manejo más eficiente y sustentable del suelo, el agua, los fertilizantes y otros recursos”.

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Conozca los avances tecnológicos recientes de la cromatografía de gases para mejorar la sensibilidad, selectividad, precisión, rapidez y automatización de los análisis ambientales.

na de las técnicas de laboratorio de mayor utilidad para los análisis ambientales es la cromatografía de gases (GC, por su nombre en inglés). Esta tecnología permite separar los componentes de una mezcla en estado gaseoso o vaporizado, con lo que se pueden identificar y cuantificar con precisión, por ejemplo, las sustancias presentes en compuestos orgánicos volátiles (COV), hidrocarburos o trazas de contaminantes en muestras recogidas en emisiones industriales o en el aire. Datos clave para mejorar las soluciones de ingeniería y la gestión de las empresas para resguardar el medio ambiente y la salud de las personas. Durante los últimos años, la GC “ha experimentado importantes avances tecnológicos, principalmente orientados a mejorar la sensibilidad, EDICIÓN 202 SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2026

selectividad, precisión, rapidez y automatización de los análisis. Aunque algunos de estos principios tecnológicos existen desde hace décadas, su perfeccionamiento e integración en sistemas modernos está permitiendo obtener resultados más confiables, especialmente cuando se investigan contaminantes presentes en concentraciones muy bajas o en muestras ambientales complejas”, señala Francisco Morales, ingeniero de servicio y especialista de la línea de GC, GC-MS y GC-MS/MS de la empresa Del Carpio Análisis y Asesorías, representante de fabricantes de instrumentación analítica para laboratorio químico. ¿Cuáles son los principales avances y qué beneficios entregan para los usuarios de esta tecnología y para el cuidado del entorno humano y natural?

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El especialista detalla: — Detectores de mayor sensibilidad y selectividad: “Una de las mejoras más relevantes ha sido el desarrollo de sistemas de detección más sensibles, especialmente los cromatógrafos acoplados a espectrometría de masas (GC-MS) y espectrometría de masas en tándem (GC-MS/MS)”, dice. Estos equipos permiten identificar sustancias químicas a partir de sus características moleculares y, dependiendo del método, alcanzar concentraciones de partes por billón (ppb) e incluso partes por trillón (ppt). “La GC-MS/MS, particularmente con detectores de triple cuadrupolo, permite seleccionar señales características de los contaminantes, reduciendo las interferencias provenientes de otras sustancias presentes en la muestra. Esto resulta especialmente útil para investigar: residuos de plaguicidas organoclorados y organofosforados, hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP o PAH), bifenilos policlorados (PCB), compuestos orgánicos semivolátiles, sustancias orgánicas persistentes y algunos contaminantes emergentes”, comenta Morales. Añade que una ventaja importante respecto de los sistemas más antiguos es la posibilidad de diferenciar compuestos que antes podían producir señales superpuestas o difíciles de interpretar.

— Mejoras en columnas cromatográficas y control de temperatura: “Las nuevas generaciones de columnas capilares ofrecen mayor estabilidad térmica, menor sangrado de fase estacionaria en determinadas aplicaciones y diversas selectividades para separar mezclas complejas. Asimismo, los sistemas modernos permiten controlar con mayor precisión la temperatura del horno y la presión o flujo del gas portador”, apunta Francisco Morales. Asegura que estas características favorecen la separación de los compuestos y la reproducibilidad de sus tiempos de retención. Agrega que también se ha desarrollado la cromatografía de gases bidimensional integral (GC×GC), que utiliza dos etapas de separación cromatográfica. “Esta tecnología permite resolver mezclas de gran complejidad, como residuos derivados del petróleo, contaminantes orgánicos atmosféricos y compuestos presentes en sedimentos. Es especialmente valiosa cuando la separación obtenida mediante una sola columna no resulta suficiente”, indica.

— Automatización de la inyección y preparación de muestras: El representante de Del Carpio informa que otra innovación importante es el perfeccionamiento de los sistemas automáticos de introducción de muestras. Actualmente, distintas configuraciones permiten utilizar: muestreadores automáticos de líquidos, sistemas de espacio de cabeza (headspace), equipos de purga y trampa, desorción térmica y microextracción en fase sólida. “Estos sistemas reducen la manipulación manual, ayudan a controlar las condiciones de análisis y disminuyen la variabilidad introducida por el operador. Por ejemplo, el sistema headspace permite analizar sustancias volátiles presentes en aguas contaminadas sin necesidad de introducir directamente toda la matriz líquida al cromatógrafo”, detalla. — Diagnóstico instrumental y modularidad: Francisco Morales destaca asimismo que los cromatógrafos modernos pueden incorporar monitoreo de temperatura, presión, flujo, funcionamiento de módulos y condiciones generales del instrumento. “Algunos diseños también permiten reemplazar módulos de inyección o detección con mayor facilidad. Un ejemplo es la familia Thermo Scientific TRACE 1600, cuyos módulos de inyección y detección iConnect facilitan la adaptación a diferentes

aplicaciones analíticas. Estos módulos también son compatibles con la serie TRACE 1300, lo que ofrece posibilidades de actualización sin reemplazar necesariamente todo el cromatógrafo”, resalta. En síntesis, el especialista señala que los cromatógrafos modernos pueden entregar beneficios como una mayor capacidad para detectar concentraciones bajas, una mejor identificación de contaminantes, una menor influencia de interferencias, más automatización, mejor repetibilidad instrumental y reducción de tiempos improductivos. No obstante, advierte: “Un cromatógrafo nuevo no garantiza por sí solo resultados más exactos. La calidad de los resultados también depende de la preparación de las muestras, del estado de la columna, de la calibración, del método de integración y del control de calidad del laboratorio”.

VENTAJAS PARA EL MONITOREO Por cierto, las innovaciones incorporadas a los cromatógrafos de gases están contribuyendo a optimizar el monitoreo ambiental, principalmente porque permiten generar información analítica más sensible, reproducible, documentada y oportuna. “Esto es particularmente relevante considerando que las autoridades ambientales requieren mediciones confiables para evaluar el cumplimiento de límites de emisión, calidad ambiental, presencia de contaminantes y posibles riesgos para la salud humana y los ecosistemas”, apunta Morales. En ese marco, remarca las ventajas que entregan la cromatografía mejorada: •

•

Detección de contaminantes en concentraciones cada vez más bajas: Al respecto, el experto señala que la incorporación de detectores más selectivos, mejores sistemas de introducción de muestras y técnicas de preconcentración permite investigar contaminantes que, mediante configuraciones convencionales, podrían resultar difíciles de detectar o cuantificar. Además, facilita la adaptación a futuros requerimientos regulatorios, siempre que los métodos sean debidamente validados. Mayor capacidad para procesar muestras ambientales gracias a la automatización: “Por ejemplo, un laboratorio puede programar una secuencia que incluya estándares de calibración, blancos, muestras ambientales, duplicados y controles de verificación. El sistema puede ejecutar las inyecciones y procesar los cromatogramas siguiendo métodos previamente establecidos. Esto permite aumentar la productividad, reducir errores de operación y entregar resultados más oportunos. No obstante,

Francisco Morales señala que el desarrollo tecnológico de la GC ayuda a los laboratorios a responder con más eficiencia y confiabilidad a los desafíos de la gestión ambiental.

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Los cromatógrafos modernos cuentan con sistemas más sensibles y selectivos que permiten detectar contaminantes en concentraciones cada vez más bajas.

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los resultados deben ser revisados y aprobados por personal competente antes de emitir informes oficiales”, acota el especialista de Del Carpio. Monitoreo ambiental continuo o de alta frecuencia: Morales dice que uno de los desarrollos más interesantes es la incorporación de sistemas de cromatografía de gases en línea para monitoreo ambiental, los cuales pueden realizar muestreos y análisis automatizados de manera sucesiva, permitiendo estudiar cambios en las concentraciones de contaminantes durante el día. “Por ejemplo, existen sistemas diseñados para analizar compuestos orgánicos volátiles en el aire, incluyendo benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos (BTEX), que son especialmente útiles para monitorear áreas industriales, emisiones atmosféricas y calidad del aire en sectores urbanos”, grafica. Mayor capacidad para cumplir las exigencias regulatorias: El experto destaca que los sistemas modernos favorecen la aplicación de controles de calidad tales como verificaciones de calibración, análisis de blancos, muestras duplicadas, controles de recuperación y seguimiento de estándares internos. Y plantea: “En Chile, la Superintendencia del Medio Ambiente establece requisitos para las Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental, las cuales deben contar con las autorizaciones correspondientes a las actividades y alcances que realizan. Por consiguiente, la modernización de los cromatógrafos contribuye a que los laboratorios puedan responder a exigencias analíticas cada vez mayores, aunque la adquisición de un equipo no reemplaza los procesos de acreditación, autorización y validación de métodos”.

En relación con esto último, Francisco Morales comenta que también se han ido incorporando herramientas que contribuyen a asegurar la trazabilidad y la integridad de los datos que entregan los laboratorios. “Uno de los avances más significativos es la integración de los cromatógrafos de gases con sistemas informáticos especializados, conocidos como Chromatography Data Systems (CDS), que permiten gestionar el proceso analítico desde la adquisición de las señales hasta la emisión de los resultados”, señala.

SOSTENIBILIDAD El ingeniero de servicio en Del Carpio destaca también que los cromatógrafos de gases han ido incorporando mejoras relevantes que contribuye a una mayor sostenibilidad de los laboratorios. A saber: • Reducción del consumo de gases: Morales explica que, habitualmente, los cromatógrafos usan helio como gas portador, pero su limitada disponibilidad y costo pueden afectar la operación de los laboratorios. Frente a eso, algunos fabricantes han desarrollado funciones de ahorro y sistemas que permiten utilizar alternativas (como nitrógeno o hidrógeno) durante períodos de inactividad o cuando la configuración instrumental y el método analítico lo permiten. EDICIÓN 202 SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2026

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Menor consumo energético: Los equipos modernos pueden incorporar funciones de programación energética que reducen las temperaturas y los flujos durante períodos en que no se realizan análisis. Disminución del uso de solventes y generación de residuos: La sostenibilidad también se está fortaleciendo mediante técnicas de preparación de muestras que requieren menos reactivos y solventes orgánicos. Una de ellas es la microextracción en fase sólida que “utiliza un material adsorbente o absorbente para concentrar determinados compuestos presentes en la muestra, reduciendo o evitando el uso de solventes de extracción”, expone el especialista. También se pueden usar sistemas de espacio de cabeza y desorción térmica, dependiendo del analito y la matriz ambiental. Todo esto contribuye a reducir residuos peligrosos, exposición ocupacional y costos de disposición. Componentes más duraderos y menos análisis repetidos: Morales plantea que el uso de módulos reemplazables, sistemas de diagnóstico y controles instrumentales también puede disminuir la generación de residuos tecnológicos. Además, una mejor reproducibilidad y la detección temprana de fallas pueden reducir el número de análisis que deben repetirse debido a problemas instrumentales, lo cual representa un ahorro potencial de energía, gases, reactivos y tiempo de trabajo.

Más allá de lo descrito, el especialista advierte “que los detectores más complejos también pueden presentar un mayor consumo energético o requerimientos adicionales de mantenimiento. Por ello, la sostenibilidad debe evaluarse considerando el ciclo completo de operación del laboratorio y no únicamente el consumo nominal del equipo”.

COSTOS Y CONSIDERACIONES Francisco Morales afirma que la incorporación de tecnologías avanzadas en cromatografía de gases puede significar una inversión inicial mayor, “especialmente cuando se consideran sistemas de espectrometría de masas, inyección automatizada, detectores especializados y plataformas informáticas para la gestión de datos. Sin embargo, el mayor costo de adquisición no necesariamente implica un mayor costo total de operación. La conveniencia económica depende de la cantidad de muestras analizadas, la complejidad de los métodos, los requerimientos de detección, la disponibilidad de personal técnico y las necesidades regulatorias”. En ese contexto, comenta que hay diferencias en la inversión según la tecnología y que al evaluar un cromatógrafo, no debería considerarse exclusivamente el precio de compra, sino el “costo total de propiedad”, que comprende los gastos asociados al funcionamiento del equipo durante su vida útil, como son el consumo de insumos, la frecuencia en las interrupciones o las dificultades para obtener repuestos. Luego enumera los principales aspectos que conviene evaluar antes de adquirir un cromatógrafo de gases: los contaminantes que se necesitan analizar, la sensibilidad y los límites de cuantificación del equipo, los requisitos para el cumplimiento normativo y validación de métodos, la capacidad de procesamiento que necesita el laboratorio y la disponibilidad de asistencia técnica y capacitación asociada a la compra del instrumento. Asimismo, comenta que no siempre es necesario ni recomendable reemplazar un cromatógrafo antiguo, ya que si funciona correctamente y cumple los requerimientos analíticos puede resultar mejor modernizar o sumar ciertos componentes específicos. “La mejor alternativa no es necesariamente el equipo más sofisticado, sino aquel que responde de manera confiable y económicamente sostenible a las necesidades analíticas reales”, concluye.

Foto: Schneider Electric

Revisamos las principales soluciones tecnológicas que aplican los centros de datos en Chile para operar con eficiencia y en armonía con el medio ambiente.

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hoy de apenas 325 MW”. Además, sostuvo que estos proyectos “no llegan donde no hay crecimiento. Llegan donde hay una energía firme, limpia y competitiva”. Específicamente, en el Coordinador Eléctrico Nacional anticipan que el consumo eléctrico de estos recintos se triplicará hacia 2032, alcanzando más de 1.300 MW, o sea, cerca de un 10% de la demanda total del país. “El 80% de este consumo se concentrará en la Región Metropolitana, lo que plantea retos de infraestructura, transmisión y planificación para garantizar un suministro seguro y eficiente”, aseguran en la entidad.

MEJORAS EN REFRIGERACIÓN

ivimos un boom de la economía digital en Chile. Y sus límites no están claros. ¿Qué lo evidencia? Por ejemplo, el auge que han tenido en la última década los data centers o centros de datos: al 30 de junio pasado, había 37 de estas infraestructuras operando, con una capacidad instalada de 258 MW, y otros 15 proyectos estaban en distintas etapas de desarrollo, según antecedentes del gremio que los agrupa. Confirmando su importancia creciente en nuestro país, en ChileDay Madrid 2026, la ministra de Energía, Ximena Rincón, reveló que “la demanda eléctrica de los centros de datos en Chile proyectada a 2030 es de 1.200 MW, siendo

¿Cómo compatibilizar este incremento significativo del consumo eléctrico con una mayor eficiencia energética? Nicolás Castro, jefe de Infraestructura de Data Center de IFX Chile, explica que “una parte importante de las mejoras está en los sistemas de climatización, aprovechando correctamente y responsablemente los flujos de aire frío y caliente. Ajustar los equipos a la carga térmica real permite reducir consumos. La automatización y el monitoreo también ayudan a detectar dónde se está siendo más y menos eficientes y, en base a ello, comprobar si las medidas funcionan y qué nuevas acciones se deben adoptar”. En el mismo sentido, Cristián Eyzaguirre, gerente general de Gtdata, apunta que “los principales esfuerzos se concentran en sistemas de refrigeración más eficientes, automatización operacional, optimización de cargas y una creciente incorporación de uso de energías renovables”. También en materia de eficiencia energética y térmica, Luis Santamaría, Cloud and Service Provider Segment Leader en Schneider Electric, plantea que “la transición hacia cargas de alta densidad impulsadas por la inteligencia artificial ha hecho que los sistemas tradicionales de enfriamiento por aire resulten insuficientes por sí solos. Ante esto, la industria está adoptando tecnologías de refrigeración líquida (liquid cooling), incluyendo el enfriamiento directo al chip y la inmersión, que permiten remover el calor directamente desde los procesadores con una eficiencia sustancialmente mayor”. Revela, asimismo, que se están implementando arquitecturas híbridas que combinan enfriamiento por aire y líquido con sistemas de free cooling, aprovechando las condiciones climáticas del entorno. “A esto se suma el despliegue de diseños modulares y escalables, que evitan el sobredimensionamiento inicial de la infraestructura y pueden reducir hasta en un 40%

ISO 14001Sistema

de gestión ambiental que IFX implementa en sus centros de datos en Chile. Para mejorar la climatización, la empresa confina los pasillos, automatiza los sistemas de enfriamiento y emplea sistemas modernos y eficientes para aprovechar mejor el aire frío y reducir el consumo eléctrico.

Luis Santamaría revela que hoy muchos centros de datos usan refrigeración gratuita para minimizar el consumo de energía y agua. el desperdicio energético asociado a capacidad no aprovechada”, manifiesta.

AGUA Y RESIDUOS En lo referente a gestión hídrica, Castro sostiene que se deben elegir soluciones adecuadas para cada sitio, mejorar la recirculación y el uso cíclico, y controlar las pérdidas. “Las decisiones deben considerar ambos recursos, porque una mejora en el consumo eléctrico también puede tener efectos sobre el consumo hídrico”, señala.

Foto: Schneider Electric

El actual reglamento del SEIA no contempla una tipología específica de evaluación para data centers. Santamaría, en tanto, recuerda que tradicionalmente las torres de enfriamiento en centros de datos de gran escala pueden consumir volúmenes significativos de agua, llegando hasta 25,5 millones de litros al año en instalaciones estándar. “Esto genera una presión relevante, especialmente en zonas con estrés hídrico, por lo que la adopción de sistemas de refrigeración líquida de circuito cerrado permite disminuir drásticamente la evaporación y la dependencia de grandes caudales de agua de enfriamiento. A esto se suma la integración de tecnologías para la reutilización de agua tratada y la captura del calor residual generado por los servidores para su aprovechamiento en procesos secundarios”, detalla. Agrega que hoy en día muchos centros de datos usan también la refrigeración gratuita (free cooling) para minimizar el consumo de energía y agua. “Y el mayor gasto de energía de los chips de IA permitirá contar con centros de datos más eficientes energéticamente y con menor consumo de agua”, afirma. Eyzaguirre, por su parte, comenta que una de las tendencias actuales más importantes es la eliminación del consumo de agua en los procesos de climatización utilizando sistemas de circuitos cerrados. Esto, junto con el empleo de tecnologías como el free cooling, “que aprovecha las condiciones ambientales para refrigerar los equipos con un consumo mínimo de energía, lo que permite aumentar la eficiencia energética y disminuir significativamente la huella hídrica de estas instalaciones”, especifica. Y sobre el manejo de residuos en los centros de datos, el experto de Gtd comenta que

0 Es el indicador Water Usage Effectiveness que alcanzó Gtd en sus centros de datos. Esto significa que las instalaciones no consumen agua de red ni de pozos para los procesos de enfriamiento de equipos tecnológicos.

“hay una experiencia importante en la gestión responsable de residuos electrónicos, reciclaje de equipamiento tecnológico, reutilización de componentes y correcta disposición de materiales asociados a baterías, sistemas eléctricos y equipos fuera de servicio, promoviendo cada vez más principios de economía circular. En Gtd, estas prácticas ya forman parte de la operación de sus data centers”. A su vez, el representante de Schneider Electric resalta que esta industria está avanzando desde un enfoque reactivo hacia principios de circularidad y descarbonización en origen. Profundiza: “para reducir la dependencia de generadores diésel tradicionales, que representan una fuente de residuos contaminantes y emisiones durante las pruebas y la operación, las instalaciones están evolucionando hacia micro redes activas equipadas con sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de larga duración y

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celdas de combustible de hidrógeno verde. Adicionalmente, el mantenimiento predictivo basado en condición permite extender la vida útil de los equipos críticos y reducir hasta en un 40% las intervenciones presenciales y el reemplazo prematuro de componentes”. Y en IFX consideran fundamental “extender la vida útil de los equipos cuando sea técnicamente viable y asegurar que las baterías, componentes electrónicos y aceites tengan un manejo adecuado y trazable”, indica Castro.

PRÓXIMOS RETOS Para desarrollarse de manera más sostenible, Nicolás Castro estima que el mayor desafío del rubro “será acompañar el crecimiento de la demanda digital con un uso cada vez más eficiente de los recursos. La inteligencia artificial, el procesamiento de imágenes, la realidad virtual y otras aplicaciones están aumentando las necesidades de procesamiento y energía, lo que exige planificar bien la infraestructura y el suministro eléctrico. También habrá que adaptar la refrigeración a equipos de mayor densidad y evaluar soluciones según las condiciones de cada sitio. Otro punto clave es medir y mostrar resultados. Necesitamos saber cuánto consumimos, qué residuos generamos y qué efecto tienen las mejoras que implementamos”. Luis Santamaría va más allá y menciona cuatro desafíos estructurales para los centros de datos: •

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Rediseñar la ingeniería eléctrica y térmica de estas instalaciones para soportar cargas hiperintensivas sin disparar el consumo de energía ni saturar las capacidades de enfriamiento. Evolucionar desde simples consumidores pasivos de la red hacia microredes activas, con capacidad de almacenamiento masivo y respuesta rápida, contribuyendo a la estabilidad del sistema eléctrico local. Superar la fragmentación entre los equipos de TI, energía y climatización, adoptando un modelo donde el software, la automatización y la analítica predictiva permitan optimizar la operación en tiempo real. Establecer un nuevo estándar de transparencia mediante el reporte de métricas e indicadores verificables de sostenibilidad, el monitoreo ambiental oportuno y la revalorización del calor residual.

Y en opinión de Cristián Eyzaguirre, “el principal desafío será responder al crecimiento

3 Objetivos persigue Schneider Electric con su oferta de soluciones para data centers: mejorar la eficiencia, resiliencia y sostenibilidad de estas instalaciones mediante la electrificación, automatización y digitalización.

acelerado de la demanda digital sin aumentar desproporcionadamente el consumo de recursos. El avance de la inteligencia artificial, la nube y el procesamiento masivo de datos exigirá seguir mejorando la eficiencia energética de las instalaciones y la sostenibilidad de las operaciones. También será fundamental seguir impulsando el uso de energías renovables, la reducción de emisiones, la optimización del consumo hídrico y la incorporación de tecnologías de refrigeración de nueva generación, así como fortalecer la relación con las comunidades desde las etapas iniciales de los proyectos”.

EVALUACIÓN EN EL SEIA

Así quedó de manifiesto en los últimos días luego que, el 16 de octubre pasado, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) resolviera que el proyecto de centro de datos que Google busca construir en Cerrillos podrá desarrollarse sin ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en virtud de una modificación normativa de 2025 que elevó de 80 a 1.000 toneladas el umbral de almacenamiento de combustible que obliga a someterse a evaluación.

Foto: Gtdata

Más allá de las mejoras tecnológicas mencionadas, la prevención de los eventuales impactos ambientales asociados a la operación de los data centers causa inquietud y controversia.

Su principal desafío “será responder al crecimiento acelerado de la demanda digital sin aumentar demasiado el consumo de recursos”, plantea Cristián Eyzaguirre.

El centro de datos que Gtdata opera en Puerto Montt.

La iniciativa, que fue reformulada tras la anulación parcial de su aprobación original por la justicia ambiental debido a cuestionamientos por su consumo intensivo de agua y los efectos que tendría en el acuífero Santiago Central, contempla ahora un sistema de refrigeración por aire, pero almacenaría cerca de 700 toneladas de diésel. Vecinos y organizaciones ambientales advierten que, sin una evaluación ambiental, no se analizarían integralmente riesgos de derrames y contaminación, emisiones de ruido y aumento del calor local. La preocupación por el asunto crece considerando que en julio de este año ya se había recurrido al cambio normativo señalado para autorizar la instalación de un data center en Alto Jahuel sin someterlo a evaluación ambiental. Y que otros cinco proyectos de centros de datos -ubicados en Puente Alto, Lampa, Buin y Valparaíso- buscarían seguir el mismo camino, lo que impide exigir a estos proyectos medidas de mitigación y compensación por sus posibles impactos sobre el entorno. El actual reglamento del SEIA no contempla una tipología específica de evaluación para data centers. Según una guía publicada por el Servicio de Evaluación Ambiental en 2026, deben someterse a calificación ambiental los proyectos del rubro que contemplen líneas de transmisión eléctrica de tensión superior a 23 kV y más de 2 kilómetros de longitud, o grupos electrógenos de emergencia y respaldo que superen los 3 MW de potencia. Y que produzcan, dispongan o reutilicen sustancias inflamables en ciertas cantidades, o las almacenen en volúmenes iguales o superiores a 1.000 toneladas. Al respecto, Nicolás Castro se expresa “de acuerdo con que existan umbrales y que las exigencias sean proporcionales al riesgo, pero con una precisión importante: estar bajo las 1.000 toneladas de capacidad de almacenamiento no significa automáticamente quedar fuera del SEIA. Hay que revisar las demás causales que puedan aplicar a cada proyecto según su propia naturaleza, ya que las sustancias inflamables son solo una parte de la operación. También hay que considerar el uso de agua, las emisiones, el ruido y las condiciones del lugar donde se instalará cada data center”. Cristián Eyzaguirre también explicita su postura y la de Gtd: “La normativa vigente establece los criterios que determinan el ingreso al SEIA y corresponde a la autoridad definir los umbrales aplicables. Desde la perspectiva de Gtd, es importante que los mecanismos de evaluación se enfoquen en los riesgos e impactos ambientales efectivos de cada proyecto”.

CAUDAL TECNOLÓGICO Las soluciones digitales contribuyen cada vez más a que las faenas industriales mejoren su gestión hídrica en Chile. Acá presentamos algunas.

i hay una siembra que rinde frutos en la actividad agrícola es la digital, entendida como el uso de tecnologías de la información y la comunicación para optimizar los procesos productivos reduciendo el uso de insumos clave como el agua. En Chile, esto último es fundamental considerando que la agricultura y las faenas pecuarias representan más del 70% de la demanda consuntiva de agua del país. En el campo, por ejemplo, de acuerdo al Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), el empleo de sensores de humedad permite saber con exactitud cuándo y cuánto regar, mientras que drones equipados con cámaras multiespectrales son capaces de detectar estrés hídrico antes de EDICIÓN 202 SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2026

que sean visibles al ojo humano. Esto permite hacer un uso más eficiente del recurso hídrico en base a datos objetivos.

BENEFICIOS En Chile se está haciendo cada vez más habitual el uso de tecnologías digitales en la agroindustria y el resto de los rubros productivos que requieren agua para sus procesos para gestionar mejor el vital elemento. La razón es muy simple: los beneficios que aportan son múltiples, “principalmente asociados a la disminución de los tiempos muertos por paradas

no programadas y por permitir el paso de una operación reactiva a una más proactiva. Al contar con datos en tiempo real y ayuda de softwares basados en inteligencia artificial (IA), la empresa puede extender la vida útil de los equipos al evitar que trabajen forzados o en condiciones inadecuadas, lo que reduce la necesidad de reemplazos costosos. Además, se deja de ‘adivinar’ o revisar planillas con datos pasados a ver exactamente qué pasa con el agua en el momento, detectando fugas o desviaciones antes de que se conviertan en un problema grave. Por último, también existen beneficios directos en el ahorro en costos operativos (OPEX) por menor consumo de agua y energía, mitigación del riesgo de multas o paralizaciones por incumplimiento, y asegurar la continuidad operacional”, expone Rodrigo Cereceda, product manager de Soltex Chile. A su vez, Patricio Valenzuela, gerente de Negocios de la División Tratamiento de Aguas de Simtech, plantea que “la digitalización permite controlar indicadores como caudales, recuperación, presión diferencial, calidad del agua, consumo específico de energía, dosificación de químicos, frecuencia de limpiezas y costos por metro cúbico. Los principales beneficios son mayor continuidad operacional, reducción de consumos, mejor trazabilidad y decisiones más rápidas basadas en datos”.

APLICACIONES EN CHILE ¿Qué tecnologías digitales están teniendo mayor desarrollo y aplicación en nuestro país en este ámbito? Rodrigo Cereceda sostiene que en los últimos años “la incorporación de tecnologías inalámbricas como 4G o el IoT ha tomado bastante fuerza debido, en gran medida, a la normativa de la Dirección General de Aguas para la medición de extracciones de aguas

Rodrigo Cereceda destaca el avance de la IA aplicada en la analítica predictiva que permite, por ejemplo, anticipar la demanda hídrica en las plantas industriales.

subterráneas. Y también el avance de la inteligencia artificial aplicada en la analítica predictiva. Ya no solo se monitorea cuánta agua se consume. Mediante el aprendizaje automático ‘machine learning’ los sistemas analizan los patrones de consumo de las plantas para predecir demanda, detectar anomalías y fugas invisibles en tiempo real, y recomendar ajustes de manera oportuna”. Añade que el uso de estas tecnologías ha impulsado el desarrollo de sensores cada vez más inteligentes. “Hoy no solo encontramos los tradicionales sensores análogos de caudal tipo turbina en aplicaciones simples, sino también integraciones con flujómetros digitales de tipo electromagnéticos para aplicaciones de agua de pozo y flujómetros ultrasónicos en aplicaciones de tipo domiciliarias, ambas con conectividad. Por su principio de medición, estos dispositivos garantizan lecturas significativamente más precisas y confiables en

MAYOR POTENCIAL Patricio Valenzuela dice que la digitalización permite controlar indicadores como caudales, presión diferencial, calidad del agua, frecuencia de limpiezas y costos por metro cúbico.

Según Rodrigo Cereceda, los procesos industriales donde existe mayor potencial de aplicación de estas herramientas digitales son la desalación, las plantas de tratamiento, los procesos donde el agua se utiliza para intercambio térmico o como vehículo de transporte, y en la recuperación de aguas en relaves mineros. “Dentro de las variables prioritarias destaco la presión y el caudal. Las caídas bruscas de cualquiera de ellas son los principales delatores de fugas y está comprobado por diversas fuentes que hoy en día más del 30% del agua se pierde por fugas o mala gestión”, revela. De manera similar, Patricio Valenzuela indica que “existe alto potencial de aplicación en procesos intensivos en energía y con alta instrumentación, como ósmosis inversa, desalación, tratamiento y reúso de agua. En estos sistemas resulta prioritario monitorear caudal, presión, conductividad, temperatura, recuperación, consumo energético, calidad de agua, dosificación química y evolución del ensuciamiento”.

PRINCIPALES BARRERAS

Medición de flujo con caudalímetro electromagnético autónomo en una aplicación de captación de agua. el tiempo”, especifica. El especialista de Soltex destaca, asimismo, que existen muchos ejemplos concretos de soluciones digitales para optimizar la gestión hídrica en empresas. Por ejemplo, sistemas de optimización predictiva y control avanzado de impulsión de agua de mar, o la optimización en la recuperación de aguas en depósitos de relaves. “En este último caso, el proceso dependía tradicionalmente del criterio del operador y de datos desfasados para ajustar las bombas y la inyección de floculante. Hoy en día, en cambio, gracias a la combinación de sensores IoT, cámaras que evalúan la claridad del agua y modelos de simulación en tiempo real, un algoritmo de IA puede asumir el control predictivo del espesador. Al optimizar la dosificación de químicos y la extracción del recurso, esta solución logra aumentar la recuperación de agua entre un 5% a 10% adicional, y se reduce el consumo de reactivos de manera considerable. Esto genera ahorros que pagan la inversión en un corto plazo, además de permitir un monitoreo constante del depósito sin exponer al personal en zonas de riesgo”, resalta. Patricio Valenzuela, en tanto, detalla que las tecnologías que aportan más a la eficiencia hídrica industrial, y con mayor aplicación a nivel país, son la telemetría, los sensores en línea, la integración de datos desde SCADA e historiadores, las plataformas IoT y, crecientemente, la analítica avanzada e inteligencia artificial. “El mayor valor aparece cuando estas herramientas no solo muestran datos, sino que permiten detectar desviaciones, anticipar problemas y apoyar decisiones operacionales”, afirma. Una solución digital concreta es HIDRIA, plataforma SaaS de Simtech que integra datos operacionales provenientes de SCADA, historiadores o archivos Excel/CSV y los transforma en indicadores, tendencias, alertas y análisis económico. “Por ejemplo, en una planta de ósmosis inversa permite evaluar cómo una reducción del consumo energético, una mayor duración entre limpiezas CIP o una optimización de químicos podría impactar el OPEX y el costo por metro cúbico. Estos beneficios deben validarse con datos reales de cada planta”, acota.

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La incorporación de soluciones digitales para contribuir a la eficiencia hídrica en la industria es un proceso no exento de dificultades. Cereceda menciona algunas: “En muchas operaciones, principalmente agrícolas, forestales y mineras, existe una brecha de conectividad e infraestructura por desarrollarse en zonas sin señal. Esto se podría solucionar con la adopción de tecnologías de transmisión de bajo consumo y largo alcance como LoRaWAN o IoT Satelital. Además, existe una resistencia cultural. En más de una oportunidad me han comentado el temor que hay que la IA reemplace al operador. Por eso, la tecnología debe implementarse bajo un enfoque de capacitación constante a los equipos de planta para demostrarles que estas soluciones entregan facilidades en el desarrollo de sus funciones, lo cual les permitirá enfocarse en la toma de decisiones”, explica. Valenzuela, por su parte, expone otras dificultades: la calidad y dispersión de los datos, la integración con sistemas existentes, las exigencias de ciberseguridad, la falta de personal especializado y la dificultad de demostrar inicialmente el retorno de la inversión. “Una forma de reducirlas es realizando pilotos acotados, utilizando datos históricos y sin intervenir directamente los sistemas de control”, apunta.

RECOMENDACIONES A las empresas que quieran comenzar el proceso de digitalización para mejorar su gestión hídrica, Rodrigo Cereceda recomienda “una estrategia escalable para adoptar las tecnologías sin malgastar recursos. Primero, entender en detalle el uso actual del agua antes de invertir en tecnología, para luego probar la solución en pequeña escala y a bajo costo para validar que realmente funciona. Posteriormente, hay que asegurarse que esta nueva solución se conecte fácilmente a los instrumentos o dispositivos que la empresa ya dispone para evitar cambiarlos por completo. Y, fundamentalmente, capacitar y convencer al personal desde el primer día, ya que de nada sirve la incorporación de mejores herramientas si los operadores no confían en ellas o no las utilizarán”. A su vez, Patricio Valenzuela aconseja “partir por un problema concreto y medible, definir una línea base y seleccionar pocos indicadores críticos. La integración puede hacerse progresivamente: primero mediante archivos históricos, luego a través de exportaciones automáticas y, cuando exista madurez técnica y autorización de TI/OT, realizando integración directa y segura con los sistemas de planta”.

Emanuel Ibarra Soto

l derecho ambiental ha sido la vocación y pasión, por cerca de dos décadas, de Emanuel Ibarra, abogado con un magíster en la materia que el 1 de septiembre pasado asumió como Superintendente del Medio Ambiente. Especializado en fiscalización y sanción ambiental, regulación de recursos naturales, delitos ambientales, compliance y derecho administrativo, ha desarrollado más de la mitad de su trayectoria profesional en la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), donde también ejerció como abogado, jefe del Departamento Judicial, fiscal, jefe subrogante de la División de Sanción y Cumplimiento y superintendente subrogante. En su actual cargo lidera la conducción estratégica institucional del organismo, con foco en el resguardo ambiental y el cumplimiento normativo eficiente en todo Chile. Esta tarea se ordena en cinco áreas: eficiencia y aceleración de procesos, fiscalización estratégica territorial, incentivo al cumplimiento y reparación temprana, modernización del foco de fiscalización de ruidos, y probidad y gobierno corporativo. ¿Objetivos? En lo inmediato, “reducir sustancialmente los tiempos de tramitación y la burocracia interna mediante la automatización de procesos e IA, asegurando una respuesta oportuna ante denuncias y procedimientos”, asegura. A mediano plazo, Emanuel Ibarra pretende modernizar la respuesta sancionatoria y promover los incentivos al cumplimiento, mientras que más a futuro buscará posicionar a la SMA como un organismo regulador de estándares internacionales en inteligencia ambiental, transparencia e integridad, de manera de entregar certeza jurídica al país. Para cumplir con aquello, asegura que enfrenta su trabajo “con rigurosidad técnica y jurídica, capacidad de gestión y liderazgo de equipos multidisciplinarios, conocimiento del servicio y de la institucionalidad ambiental, perfil litigante con visión estratégica, y firme compromiso con la probidad, la transparencia y la reparación ambiental efectiva”. Hoy en día, Ibarra mantiene también un compromiso con la docencia de postgrado y la formación de profesionales en derecho e institucionalidad ambiental en la U. Católica de Chile, U. Católica de Valparaíso y U. Finis Terrae.

Gerhard Allesch Peñailillo

elar por la excelencia del trabajo que desarrolla una de las principales proveedoras de servicios para el cumplimiento ambiental de las actividades industriales en el país. Esa es la importante tarea que lidera Gerhard Allesch, como Gerente de Calidad Operacional de Análisis Ambientales (ANAM), empresa del Grupo Veolia. Ingeniero Civil Bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con estudios especializados de Auditor Líder ISO 9.001, ISO 14.001 y OHSAS 18.001; modelación matemática de la difusión de contaminantes atmosféricos; y técnicas de análisis de laboratorio de dioxinas, furanos, hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) y bifenilos policlorados (PCB); suma más de 27 de años de experiencia laboral. En 2020 asumió su actual cargo en ANAM, compañía “compuesta por laboratorios ubicados en Santiago y Puerto Montt; logística y muestreo a nivel nacional; telemetría, diagnóstico y control de olores, calidad, y TI; con un sistema de reportabilidad digital online (Datanam) conectado al sistema de gestión de información de laboratorio (LIMS Labware) y/o equipamiento en terreno”, describe. Sobre esa base, la empresa presta servicios de análisis físicos, químicos y microbiológicos de recursos hídricos, residuos sólidos, residuos peligrosos, lodos y suelos; monitoreo y análisis de olores y gases odorantes; y servicios de flujo, instrumentación y control. Gerhard Allesch comenta que los principales logros de su gestión hasta la fecha son “la actualización de la plataforma online Datanam 2.0, la implementación y operación del nuevo laboratorio en Puerto Montt, la implementación de técnicas rápidas de A&G, PCR y Microscopía Automática (Flow Cam), la implementación y operación de nuevo Banco de Medidores de Agua Domiciliarios”, la obtención de nuevas autorizaciones como entidad técnica de fiscalización ambiental (ETFA) que entrega la Superintendencia del Medio Ambiente, y el primer proceso de acreditación de servicios con American Association For Laboratory Accreditation. Entre sus objetivos a corto y mediano plazo, en tanto, destacan: la implementación de la última versión de LIMS en actividades de ANAM, la puesta en marcha de un centro operativo en la zona norte del país y la instalación del servicio de muestreo y análisis de nuevos contaminantes (drogas, sustancias per y polifluoroalquiladas, entre otros).

Foto: I. Municipalidad de Maipú.

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Sepa cuánto se ha avanzado en el resguardo legal de estos sitios en Chile y qué rumbo se debería seguir. Santiago Pérez, abogado Universidad de Chile Arturo Brandt, presidente de la Asociación Chilena de Derecho Ambiental

os humedales son ecosistemas que cumplen un rol fundamental en la lucha contra el cambio climático: son una barrera natural ante inundaciones y deslizamientos de tierra, purifican el agua, filtran contaminantes y constituyen el hábitat de más del 40% de las especies a nivel mundial, entre otros beneficios.

A nivel internacional, su protección oficial partió el 2 de febrero de 1971 en la ciudad iraní de Ramsar, donde se firmó un Convenio que definió el concepto de humedal de manera amplia. Además, catalogó como principales obligaciones de las entidades signatarias su conservación mediante la declaración oficial de sitios de preservación, la mantención de sus

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características ecológicas, el uso racional y sustentable de sus recursos, así como su manejo y restauración. Nuestro país suscribe el Convenio y, por lo tanto, está obligado a desarrollar políticas ambientales para resguardar los humedales, lo que está plasmado, principalmente, en la Ley 21.202, que establece un marco legal

BIODIVERSIDAD 83

para proteger los humedales urbanos; la Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP); y en la Ley Marco de Cambio Climático.

CAMBIOS DE CRITERIO Los criterios de esta protección han variado sustantivamente, tanto en los Tribunales Ambientales y en la Contraloría General de la República (CGR) como en la Corte Suprema y el Servicio de Evaluación Ambiental. Así, en un comienzo, la CGR, mediante dictamen E129413 del 2021, en el contexto de la delimitación del alcance de la protección de un humedal, frente al desarrollo de un proyecto como causal de ingreso al SEIA, señaló: “Como se puede advertir, conforme a las actuales letras p) y s) del artículo 10 de la Ley N.º 19.300, para que las obras, programas o actividades que se ejecuten en humedales urbanos o que puedan significar una alteración física o química de los mismos -en los términos antes indicados- deban someterse al SEIA, es necesario que aquellos hayan sido declarados como tales”. Este dictamen contradijo lo resuelto por la Corte Suprema el año 2018, cuando en la causa Rol N.º 118-2018 “se advierte que, como se dijo, el cuerpo de aguas denominado ‘Humedal de Llantén’ no tiene la categoría Ramsar, pero no es menos cierto que (...) las definiciones sobre humedal antes transcritas permiten reconocerlo como un ecosistema constituido por la acumulación de aguas, en el que existe y se desarrolla biota acuática, fauna y flora. De esta manera (...) dicho cuerpo de agua se adapta al concepto de humedal y, por consiguiente (...) emana la necesidad de su protección desde que estos sitios han sido considerados por la comunidad internacional”. La Corte Suprema ha sido consistente en fallar en tal sentido, ordenando a los órganos de la administración a desplegar sus facultades de tutela en atención a las propiedades ecológicas de estos cuerpos por sobre la declaración formal del Ministerio del Medio Ambiente, incluso desde antes de la publicación de la ley 21.202. Razonamientos como el anterior llevaron a la CGR a adoptar un cambio de criterio a lo resuelto en el dictamen E129413 del 2021, aclarando que “los proyectos que afecten humedales en los términos que establece el literal s), deben someterse al SEIA aun cuando a su respecto no haya mediado declaración de humedal urbano (...) si concurren los presupuestos correspondientes. De este modo, para estos efectos, debe entenderse que es objeto de protección cualquier humedal (...) independiente de la declaratoria de ‘humedal urbano’ a cargo del Ministerio del Medio Ambiente”.

Santiago Pérez y Arturo Brandt advierten que si bien la protección a los humedales ha aumentado, no ha existido uniformidad en los criterios aplicados por las autoridades, lo cual ha generado una incerteza jurídica perjudicial para el desarrollo de proyectos y para la conservación de estos ecosistemas. En el mismo sentido, en el dictamen CGR N° 157665 de 2021, se asentó el siguiente criterio: i) la causal de ingreso por el literal p) aplica para los proyectos que contemplen obras sobre o cercanos a humedales declarados por el MMA; y ii) el literal s) para los proyectos que puedan significar una alteración física o química a los componentes bióticos, a las interacciones o a los flujos ecosistémicos de humedales que se encuentran total o parcialmente dentro del límite urbano (hayan sido reconocidos o no por el MMA). El Tercer Tribunal Ambiental, en la causa D-92019, resolvió de la misma manera, señalando que la Ley N° 21.202 “viene a dar protección a los humedales, y según la interpretación de la CGR (...), ello es independiente a la existencia de un acto administrativo que le otorgue protección oficial”.

OTROS TEMAS DE DISCUSIÓN Otros temas relevantes discutidos en los Tribunales Ambientales sobre esta norma han sido: •

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La protección de los humedales por sobre el derecho de propiedad, esto es, como fundamento legítimo para limitar el dominio privado y absoluto sobre la tierra en atención a los intereses generales de la Nación, en este caso, la conservación del patrimonio ambiental. Una elevada exigencia en cuanto a la debida fundamentación por parte del MMA en el acto declaratorio de un humedal, en base a los efectos que éstos tienen sobre la propiedad de terceros.

En el área penal, su resguardo se ha traducido en la criminalización de conductas que atenten contra sus componentes y propieda-

des. Así, la Ley N° 21.595 que incorporó los denominados “Delitos Económicos y contra el Medio Ambiente”, introdujo cambios sustantivos en nuestro Código Penal, penalizando a aquel que, en elusión del SEIA y a sabiendas de ello, vierta tierra o sólidos sobre humedales (Art. 305 Nº 4), o a aquel que vertiendo, depositando o liberando sustancias contaminantes, o extrayendo aguas o componentes del suelo o subsuelo afectare gravemente los humedales (Art. 308). Y, por último, a aquel que, autorizado para descargar tierra u otros elementos sólidos sobre un humedal, lo hubiere realizado en exceso a lo autorizado (Art. 306).

INCERTIDUMBRE JURÍDICA La protección a los humedales, si bien ha aumentado, ha carecido de unicidad de criterios, lo que ha imposibilitado asentar certeza jurídica, situación perniciosa tanto para los desarrolladores de proyectos como para la conservación de estos ecosistemas. En este sentido, el proyecto de ley consagrado en el Boletín N° 18275-12, que busca modificar diversos cuerpos legales para precisar las funciones ecosistémicas esenciales de los humedales urbanos y los criterios para su delimitación y protección, debe ser estudiado de cerca. El resultado deseable sería una norma que delimite certeramente la improcedencia de proyectos cuando se genere un impacto significativo sobre estos ecosistemas críticos, y que avale el desarrollo de los proyectos en su cercanía cuando aseguren y/o potencien la conservación de la biodiversidad en estos sitios. Así, se sentaría una política ambiental que armonice la protección de los humedales con el desarrollo de proyectos.

La minería aurífera en nuestro país busca aumentar la producción y elevar sus estándares ambientales. Sepa de qué manera.

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os productores de oro en Chile tienen una gran inclinación por los nombres compuestos a la hora de bautizar los yacimientos. Los mejores ejemplos son Pascua Lama, Fénix Gold, Salares Norte y Lobo Marte, cuatro grandes proyectos del rubro que están en distintas etapas de desarrollo o con su actividad ya cesada, como ocurre con el primero. El ex megaproyecto de Barrick Gold, por orden del Primer Tribunal Ambiental, debió concluir definitivamente sus labores, y desmantelar sus instalaciones en la Región de Atacama, por desviaciones en el manejo de glaciares y la contaminación de aguas locales. Tal decisión refleja lo crucial que es el cumplimiento de la normativa y de altos estándares ambientales en las faenas auríferas asociados a esos aspectos, al uso intensivo de químicos (sobre todo cianuro y metales pesados como

mercurio), a la gestión de residuos y relaves, y a la estabilidad física y química de las construcciones tras el cierre de faenas, principalmente. En las operaciones de oro de mayor tamaño, la producción nacional del metal ha ido aumentando: en 2025, alcanzó a 45,27 toneladas de metal fino, un alza de 27,1% respecto de 2024, cuando se registraron 35,68 toneladas, de acuerdo con cifras de Cochilco. Y entre enero y mayo de 2026 la producción fue de 21.273 kg. “Este contexto hace especialmente relevante que el crecimiento productivo esté acompañado por mecanismos adecuados de prevención y control ambiental”, asegura Carolina González, analista del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO). Cabe señalar que entre un 55% y 60% del oro obtenido ha sido históricamente subproducto de la extracción de cobre, “pero nuevos proyectos podrían elevar la producción directa en hasta cerca de 60%, diversificando la matriz sin desplazar al cobre”, destaca Cristián Cifuentes, líder senior de Estudios de CESCO, entidad que especifica que el potencial aurífero se concentra, en su gran mayoría, en las regiones de Atacama, Coquimbo y Antofagasta. En el Ministerio de Minería, en tanto, resaltan que el actual escenario favorable de precios y la puesta en marcha en el último año de operaciones de mediana escala con altos estándares ambientales y de sustentabilidad en la Región de Atacama, como Salares Norte, “representan una oportunidad para diversificar la matriz minera chilena, que históricamente ha estado concentrada en cobre. Esto significa nuevas inversiones, empleo y actividad económica impulsada por encadenamientos productivos locales”.

Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que impactan en la gestión ambiental del rubro. “Además, proyectos en evaluación, como Lobo Marte y la extensión de La Coipa-Purén, han realizado procesos de participación ciudadana temprana e incorporado a las comunidades Colla en la línea base. También comprometieron el uso exclusivo de derechos de agua existentes sin aumentar la extracción. En conjunto, esto refleja una industria que aprende de experiencias pasadas y busca anticiparse a los impactos”, asegura la especialista. Asimismo, recuerda que la Ley de Cierre de Faenas Mineras ha incorporado obligaciones de estabilidad física y química y garantías financieras, ampliando la gestión ambiental hacia todo el ciclo de vida de las operaciones. Con respecto al mercurio, usado aún en minería aurífera artesanal y de pequeña escala,

EVOLUCIÓN POSITIVA En CESCO aseguran que el desempeño ambiental actual de la minería del oro en Chile muestra una evolución positiva, sobre todo la nueva generación de operaciones. “Proyectos como Salares Norte incorporan relaves filtrados en seco, lo que evita depósitos de relaves convencionales y permite recircular más del 80% del agua de proceso en una zona de alta escasez hídrica. Y Fénix Gold opera con lixiviación en pilas de mineral sin chancar, lo que reduce su huella al prescindir de chancado y relaves, y evalúa usar agua desalinizada en una futura expansión”, revela Carolina González. Añade que a lo anterior se suman avances institucionales, como el fortalecimiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y de las labores de fiscalización por parte de la

Carolina González releva los altos estándares ambientales de los proyectos auríferos más nuevos.

Chile es Estado Parte del Convenio de Minamata desde 2018, estableciendo compromisos para reducir los riesgos asociados al empleo de este metal pesado. Desde el punto de vista ambiental, la principal amenaza vinculada a las faenas de oro corresponde precisamente a su uso y liberación cuando se emplea amalgamación para recuperar el metal, generando impactos sobre suelos, aguas, cadenas alimentarias y biodiversidad.

La producción de oro, en Chile y el resto del mundo, ha sido históricamente cuestionada por sus impactos ambientales negativos.

DESDE EL DISEÑO En procura de una mejora continua, el gran desafío de la minería del oro no es solo producir más, sino hacerlo “bajo estándares ambientales que, desde el diseño de los proyectos, consideren variables como eficiencia energética, biodiversidad, residuos y adaptación al cambio climático. Se trata de ámbitos transversales a la transformación ambiental y energética que está experimentando toda la minería chilena. Claramente, los nuevos proyectos deben avanzar también en descarbonización, gestión hídrica y la promoción de estrategias en economía circular. En particular, esta actividad presenta espacios para profundizar en la disminución del consumo de agua fresca y la reducción de residuos líquidos por medio de la implementación de alternativas de recirculación y tratamiento y control de descargas”, puntualizan en el Ministerio de Minería. En CESCO sostienen que las principales oportunidades de mejora se concentran en cuatro ámbitos: •

Gestión del agua y ecosistemas altoandinos, donde se emplaza gran parte de la minería aurífera, en cuencas con estrés hídrico y cerca de humedales y salares

sensibles. “Los avances deberían orientarse en aumentar la eficiencia y recirculación que ya muestran las nuevas operaciones, fortalecer el monitoreo de aguas superficiales y subterráneas, y evaluar alternativas de abastecimiento con menor presión sobre fuentes continentales”, expone Carolina González. •

remediación sigue pendiente. “Aquí se requiere fortalecer la identificación de riesgos, el cierre progresivo, el monitoreo post-cierre y la priorización de sitios para remediación”, afirma la analista de CESCO. •

Mayor fiscalización basada en información y riesgo, integrando los datos generados por empresas, SMA y organismos sectoriales. “Esto permitiría detectar tempranamente desviaciones y mejorar la coordinación institucional”, acota la profesional.

•

Formalización, asistencia técnica y tecnologías que reduzcan o eliminen el uso de mercurio, en línea con el Convenio de Minamata, en la pequeña minería aurífera. Esto puede hacerse usando instrumentos de fomento ya existentes, plantea.

Gestión de relaves y pasivos ambientales: Tecnologías como los relaves filtrados y la lixiviación sin relaves son un avance, pero persisten instalaciones históricas cuya

US$1.500 Millones

de dólares en inversión, y una vida útil de 22 años, considera el proyecto de oro Lobo Marte, cuyo estudio de impacto ambiental se tramita actualmente en el SEIA. Se pretende emplazaren la región de Atacama.

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En relación al último punto, González subraya además que “aunque la evidencia disponible no permite caracterizar la minería ilegal de oro como un problema masivo en Chile, su baja visibilidad, dificultad de fiscalización y potencial impacto localizado justifican fortalecer su identificación, seguimiento y prevención, especialmente en zonas ambientalmente sensibles”.

AGENDA AL DÍA 87

Los congresos son mayoría en los eventos que incorporan temas de sustentabilidad en los próximos meses en Chile. Y abarcando tópicos que van desde oceanografía y transición energética, hasta agronomía y acuicultura. ¡Revísalos a continuación!

Congreso OFMC - DOCA El 8° Congreso de Oceanografía Física, Meteorología y Clima del Pacífico Suroriental tiene definidas sus coordenadas: entre el 24 y 27 de noviembre en el hotel Veranda de Viña del Mar. Reunirá a investigadores, profesionales, estudiantes y representantes de instituciones públicas y privadas para compartir avances científicos, experiencias y desafíos relacionados con el estudio del océano, la atmósfera y el clima en nuestra región. Esto, para comprender los procesos que influyen en la variabilidad climática, los ecosistemas marinos y los impactos del cambio climático en el Pacífico Suroriental. Inscripciones en: www.doca2026.cl

Congreso de Transición Energética Chile 2026

XI Congreso Nacional de Acuicultura

El evento reunirá a líderes de la industria energética, investigadores y representantes de empresas tecnológicas, organismos públicos, startups y de la academia para analizar los desafíos y oportunidades que enfrenta la transición hacia sistemas energéticos más sostenibles. ¿Cuándo? Entre el 9 y 11 de diciembre en Santiago. Además, contempla un cuarto día de visitas técnicas. Abordará áreas estratégicas como hidrógeno verde y combustibles sostenibles, energías renovables y sistemas eléctricos, descarbonización industrial y almacenamiento energético. Sitio oficial: https://set.usm.cl/congresode-transicion-energetica-chile-2026/

Este encuentro busca ser la plataforma líder de intercambio científico y tecnológico en el sector, para lo cual está convocando a académicos, investigadores, estudiantes y líderes de esta industria para discutir los desafíos y oportunidades de la acuicultura del futuro. Se efectuará entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre próximos en el teatro Diego Rivera de Puerto Montt. Ejes temáticos: nutrición y alimentación, sanidad y bienestar animal, genética y biotecnología, tecnología e innovación digital, sostenibilidad y diversificación, reproducción y larvicultura, inocuidad y valor agregado, entre otros. Más información en: https://congresoacuicultura2026.cl/

75º Congreso Agronómico de Chile En el marco de la conmemoración de los 150 años de su presencia en la educación superior en nuestro país, la Sociedad Agronómica de Chile y la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile invitan a la comunidad científica y profesional a participar en este evento, a desarrollarse entre el 2 y 4 de diciembre en el Campus Antumapu de este plantel académico, en La Pintana, Santiago. Temas a tratar: crisis climática y eficiencia hídrica, desarrollo productivo sostenible, agroindustria y postcosecha, agricultura inteligente e IA, gestión y desarrollo económico. Los detalles en: https://congresoagronomico.cl/

Seminario sobre Permisos y Evaluación Ambiental ALos permisos ambientales y sectoriales se han convertido en uno de los principales desafíos para la ejecución de proyectos de inversión en Chile. Para abordar este escenario, ORBE Ambiental realizará el próximo 26 de noviembre, de 8 a 13 horas, en el Hotel DoubleTree Santiago Kennedy, en Vitacura, el seminario “De la estrategia al cumplimiento: desafíos para la ejecución de proyectos de inversión”. El programa se estructurará en cuatro bloques temáticos enfocados en evaluación ambiental, permisos sectoriales, fiscalización y cumplimiento, y experiencias en energía e infraestructura. Entérese de más en www.orbeconsultores.com

88 EVENTOS

REFERENTE EN ATACAMA Con la sustentabilidad presente, Expo Forede se sigue consolidando como el encuentro industrial y minero más importante de esa región.

irada en retrospectiva, Expo Forede 2026 tuvo una diferencia sideral con Expo Forede 2016. La décima versión, ni más ni menos, contó con la presencia, en la ceremonia inaugural, del Presidente José Antonio Kast y cerró sus puertas con un balance de unos 400 expositores y 24.100 visitantes durante tres jornadas, ratificándose como el encuentro empresarial, industrial y minero más importante de la Región de Atacama. En su intervención, el Primer Mandatario reconoció que Chile atraviesa un momento

complejo en empleo y seguridad, frente al cual comprometió un rol del Estado como “facilitador” de las inversiones, reduciendo tiempos de tramitación y acompañando al sector privado. Destacó, además, la integración con Argentina y Bolivia en minería y energía, y subrayó que el mundo necesita más cobre, litio y oro, de los cuales Atacama es un proveedor relevante. Organizada por la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (Corproa), Expo Forede este año se trasladó al Parque El Pretil –un predio urbano de seis hectáreas–, “lo que permitió

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desplegar una exhibición robusta en las áreas descubiertas y los pabellones industriales, un área exclusiva para 90 pymes regionales, un salón de seminarios, un pabellón de ruedas de negocios, un área de charlas técnicas y una cafetería central junto a un área de foodtrucks”, destaca el gremio. Añaden que, pese al importante crecimiento, el evento preservó el concepto de “Feria boutique” que lo ha caracterizado: un espacio de negocios de alta calidad que mantiene la cercanía entre grandes mandantes, proveedores locales, ejecutivos y ciudadanía.

EVENTOS 89

El equipo de Resiter destacó la oferta de servicios de valorización de residuos, especialmente mineros, de la compañía.

Los equipos y soluciones de Soltex fueron ampliamente consultadas durante las 3 jornadas del evento.

SUSTENTABILIDAD Puntos altos del encuentro fueron los seis seminarios que reunieron a ejecutivos de alto nivel. Uno de ellos, “ESG: Construyendo Confianza”, se enfocó en el desafío de fortalecer la relación entre la industria, las comunidades y el territorio. Además, y con el Primer Mandatario presente, Corproa entregó los “Reconocimientos Forede”, que buscan visibilizar a las empresas que durante el año han elevado el estándar de la actividad industrial en la región. En la categoría “Sustentabilidad” fueron premiadas tres empresas con reconocidos logros y avances en materia de protección del medio ambiente y eficiencia de recursos durante el año en curso: Gestam, CMP y Amffal. A su vez, la rueda de negocios superó las 2.200 reuniones bilaterales entre las áreas de compras y empresas proveedoras. En paralelo, el pabellón pyme ofreció una vitrina comercial a 90 emprendedores productivos de distintas comunas, integrando al tejido más pequeño de la economía regional al circuito de la gran industria. A modo de balance, en Corproa destacan, junto con la participación por primera vez de un Presidente de la República, la satisfacción unánime expresada por expositores y visitantes respecto a la nueva locación. “La sectorización del recinto, la logística de accesos y la integración de todos los componentes operativos en un solo lugar permitieron que la experiencia superara el estándar de ediciones anteriores”, aseguran. También anuncian que la proyección internacional de Expo Forede está sellada: Italia fue confirmada como país invitado para la versión de 2027, continuando la presencia destacada de Australia este año y de Canadá en 2025. Revise en estas páginas algunas imágenes del evento.

La plataforma de monitoreo online Vigía fue una de las tecnologías que presentó Proterm a los interesados.

Tomás Olivares y Nibaldo Reyes detallaron la oferta de BFS Chile para el manejo del agua.

Una maqueta de Salares Norte, el proyecto de oro y plata que opera en Atacama, fue parte de la puesta en escena de Gold Fields.

Cuatro protagonistas del evento: Rosario Navarro (Sofofa), Sebastián Pino (Corproa-Amffal), José Pakomio (CNC) y Óscar Pino (Amffal).

Corproa entrega los “Reconocimientos Forede”, incluyendo la categoría Sustentabilidad, a las empresas que se destacan en la región.

92 ENTRETENCIÓN

Chile se ha tomado muy en serio lo de la transición energética. Los datos lo corroboran: su capacidad instalada neta de energías renovables no convencionales (ERNC) llegó a 20.579 MW al cierre de septiembre de 2026, equivalente al 53% de la capacidad total del sistema eléctrico. Y la generación con estas tecnologías alcanzó los 3.431 GWh durante ese mes, lo que representó el 50% de la electricidad inyectada al Sistema Eléctrico Nacional, según el último reporte de la Comisión Nacional de Energía. Por si fuera poco, al 30 de septiembre había 187 proyectos ERNC declarados en construcción, muchos de los cuales incluyen sistemas de almacenamiento con baterías (BESS), que viven un momento de expansión histórica en 2026. Por cierto, sobre energía y otros temas le interrogaremos a continuación, aunque primero vamos con el sistema de puntaje: 7 aciertos lo dejarán como un erudito ambiental; 6 o 5 positivos lo elevarán a la categoría de ejemplo a seguir; con 4 buenas puede quedarse tranquilo-nervioso; y con 3 o menos correctas queda obligado a sumar horas de estudio. Las siguientes son las consultas: 1. ¿Cuáles son las características principales del proyecto de transmisión KimalLo Aguirre? 2. ¿Cuánto han crecido los puntos de carga públicos para los vehículos eléctricos entre 2018 y 2026? 3. Destaque algunas ventajas comparativas del uso del diésel vs. electricidad en flotas empresariales. 4. Mencione 3 tecnologías que permiten fortalecer los sistemas de alerta temprana ante eventos climáticos extremos. 5. ¿Qué son las ETFA y cuántas hay autorizadas a nivel nacional? 6. ¿Cuál es el consumo eléctrico proyectado de los data centers al 2032? 7. Señale los 4 proyectos auríferos de mayor tamaño que se han impulsado en Chile en las últimas dos décadas. Solución en página 94

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EBI Chile refuerza su capacidad para valorizar residuos orgánicos EBI Chile concretó la adquisición de ZeroCorp, empresa chilena especializada en el tratamiento y valorización de residuos orgánicos industriales, dando un nuevo paso en su estrategia de crecimiento, diversificación y desarrollo de soluciones vinculadas a la economía circular. La operación potencia capacidades complementarias: ZeroCorp aporta experiencia y conocimiento especializado en compostaje, tratamiento de lodos orgánicos y desarrollo de soluciones para su valorización, mientras que EBI Chile suma su trayectoria internacional, capacidad de desarrollo, cobertura nacional y experiencia en gestión integral de residuos para municipios, industrias y grandes operaciones productivas como la minería.

Primer gran sistema colectivo de reciclaje electrónico en Chile En un paso decisivo para la transformación de la gestión de residuos en el país, la Cámara de Comercio de Santiago y el sistema de gestión TRAEE anunciaron la conformación oficial del primer Gran Sistema Colectivo de Gestión (Gransic) enfocado en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y pilas. La iniciativa reúne a 22 marcas líderes del sector industrial y retail, las cuales representan más de un 50% del mercado de consumo masivo en Chile. Son ABC, Airolite, Canon, Casaideas, Cencosud, Dell, Duracell, Electrolux, Falabella, Honor, Midea, PC Factory, Ripley, Samsung, Sodimac, Sonda, Sony, Stanley, Tecnoglobal, Temponovo, Tottus, Walmart.

Primera hidrolinera para camiones de alto tonelaje Walmart Chile y Copec inauguraron la primera hidrolinera del país destinada al abastecimiento de camiones de alto tonelaje. Ubicada en el Centro de Distribución de Walmart Chile en Quilicura, la estación permite incorporar el hidrógeno verde a una operación logística y avanzar en el desarrollo de nuevas alternativas para el transporte de carga. La instalación es resultado de una colaboración público-privada desarrollada desde 2024 junto a Marval Clean Logistics, IEE y Mining3 Chile, con cofinanciamiento de Corfo a través del Programa Tecnológico Hidrohaul.

San Antonio avanza hacia una logística portuaria más sustentable La Comunidad Logística de San Antonio y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo firmaron un segundo acuerdo de producción limpia para avanzar hacia una cadena logística integrada, eficiente en el uso de recursos, con menores emisiones, mayor circularidad y resiliencia climática. El acuerdo es implementado por 14 empresas que integran la cadena logística portuaria, incluyendo terminales portuarios, transporte de carga, operaciones extraportuarias, almacenamiento de contenedores, operaciones intermodales, agencias navieras y otros servicios asociados.

Respuestas a ¿Cuánto Sabe Ud.? 1. Cruzará 5 regiones (entre Antofagasta y la Metropolitana) y 28 comunas, abarcando 1.342 km de extensión, donde se instalarán cerca de 2.700 torres de alta tensión. 2. Los puntos de carga públicos pasaron de 36 en 2018 a 1.881 hasta octubre de 2026. 3. Existe una infraestructura de abastecimiento ampliamente desplegada, los tiempos de carga de combustible son muy inferiores y existe una oferta mucho más amplia de vehículos y modelos disponibles. 4. Radares meteorológicos, estaciones pluviométricas e hidrométricas, sensores en terreno e imágenes satelitales, entre otras. 5. Son las Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental. Al 20 de octubre había 49 autorizadas por la SMA. 6. De más de 1.300 MW, cerca de un 10% de la demanda total del país, según el Coordinador Eléctrico Nacional. 7. Pascua Lama, Fénix Gold, Salares Norte y Lobo Marte.

Juan Greibe asumió gerencia general de AZA Para liderar la próxima etapa de crecimiento de AZA, el 30 de septiembre pasado asumió la gerencia general de la compañía el ingeniero civil mecánico Juan Greibe, quien cuenta con una amplia trayectoria en la industria siderúrgica, especialmente en operaciones, logística y reciclaje metálico. Comenzó su carrera hace más de dos décadas en esta empresa y luego ocupó posiciones ejecutivas en Siderperú y Gerdau Diaco en Colombia. Desde 2021 se desempeñaba como gerente de Metálicos y Desarrollo de Proyectos de AZA, área clave para el abastecimiento de chatarra ferrosa. Reemplazó a Hermann von Mühlenbrock, quien se mantendrá vinculado a AZA como integrante de su directorio.

Solución Puzle

Los Lagos amplía capacidad para gestionar residuos de construcción La Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo certificó a 12 empresas y 15 instalaciones del sector construcción de la región de Los Lagos, tras concluir un acuerdo de producción limpia (APL) que contribuyó a fortalecer la infraestructura regional para el manejo adecuado de residuos de construcción y demolición (RCD), evitando la disposición final de 62.802 toneladas y la generación de unas 3.858 toneladas de CO2 equivalente. Durante la ejecución de la iniciativa, comenzaron a operar de manera autorizada un sitio de disposición final de estos residuos, a cargo de REXIN, y un recinto destinado a su valorización, operado por REMAP. Además, se impulsaron medidas para un uso más eficiente del agua, lo que permitió reducir su consumo hasta en un 28,45%. EDICIÓN 202 SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2026

IFX

Aguas Andinas www.aguasandinas.cl

Tapa 2

Ambiental y Sectorial

www.ifxnetworks.com

InduAmbiente

www.ambientalysectorial.cl

www.induambiente.com 37-73-90

Ambiente y Tecnología www.ayt.cl

Inquinat www.inquinat.cl

Acción Empresas: XXVI Encuentro de Desarrollo Sostenible Las decisiones que toma el sector empresarial chileno en materia de inversión, innovación, personas y gestión de riesgos inciden en su capacidad de competir y en las oportunidades de crecimiento de Chile. Con ese planteamiento, Acción Empresas convocó al sector privado a incorporar la sostenibilidad de manera transversal en su gestión y en la toma de decisiones estratégicas durante su XXVI Encuentro de Desarrollo Sostenible. Bajo el concepto “No da lo mismo: cómo hacemos posible el crecimiento de Chile”, el evento reunió a más de 600 personas entre líderes empresariales, autoridades, representantes de la academia y la sociedad civil.

ANAM www.anam.cl

Neoelectra www.neoelectra.es

Del Carpio www.delcarpio.cl

Orbe Consultores www.orbeconsultores.com

EBI Chile www.grupoebi.cl

Oregon Chem Group www.oregonchem.com

Ecolife www.ecolife.cl

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ECOS www.ecos.chile.com

41 Proyecto Ilustrador www.proyectoilustrador.cl

Expomin www.expomin.cl

Tapa 3 Simtech

Gasco

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División Salvador concretó primer cierre de faena de Codelco Codelco logró completar el plan de cierre de la ex planta de secado solar y de filtros ubicada en la localidad de Llanta, y restituir un entorno natural de 210 mil m2 en la región de Atacama. El proyecto, desarrollado en la instalación que operó durante más de 40 años en la División Salvador, es el primero de este tipo realizado por la Corporación, marcando un precedente para la recuperación de sitios mineros que han finalizado su vida útil. Esta operación facilitó el traslado del concentrado hacia la fundición de Potrerillos. A través de un ducto, la pulpa recorría cerca de 24 kilómetros desde la planta concentradora hasta las instalaciones de filtrado.

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8 Soltex

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