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CONTENIDO

REMEDIACIÓN AMBIENTAL

OPTIMICE EL DIAGNÓSTICO

REVISTA DE DESCONTAMINACIÓN INDUSTRIAL, RECURSOS ENERGÉTICOS Y SUSTENTABILIDAD. Editada por Comunicaciones Tiempo Nuevo S.A.

Con artículos sobre las evaluaciones de riesgos de sitios potencialmente contaminados, y los análisis de laboratorio para verificar si una técnica de saneamiento está siendo efectiva, abrimos este segmento.

DIRECTOR GERENTE Carlos Araya Cortés caraya@induambiente.cl SUBDIRECTOR Cristián Araya Berroeta cristian.araya@induambiente.cl

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EDITOR GENERAL Rodolfo Bravo Galdames rodolfobravo@induambiente.cl

PUNTOS DE VISTA

JEFE DE INFORMACIONES Jaime Romero García jaimeromero@induambiente.cl FOTOGRAFÍA Archivo Comunicaciones Tiempo Nuevo S.A. DIRECCIÓN DE ARTE Jorge Moraga Pedraza jmoraga@induambiente.cl DISEÑO Fabricio Basso Bertrand diseno@induambiente.cl

¿CÓMO CUIDAR LA BIODIVERSIDAD? Sobre los avances y desafíos para armonizar el resguardo de la biodiversidad con el desarrollo productivo dialogaron cinco especialistas en el foro desayuno de InduAmbiente.

COLUMNISTAS IN MEMORIAM Claudio Friedmann Aníbal Mege HUMOR Orlando Lagos

40 a 47 ACTUALIDAD

PREVENCIÓN EXTREMA

DIRECTORA DE MARKETING Y PUBLICIDAD Norma Berroeta Bustos info@induambiente.cl

Aportamos propuestas para prevenir de mejor forma los eventos climáticos extremos registrados durante el otoño-invierno, los cuales han desnudado la falta de preparación de las ciudades en Chile.

MARKETING Y PUBLICIDAD Roberto Vallejos Guzmán rvallejos@induambiente.cl IMPRESIÓN A Impresores, que sólo actúa como impresor.

INDUAMBIENTE es una publicación independiente, que se distribuye en los sectores industriales y empresariales, y a profesionales, técnicos, académicos y ejecutivos relacionados con los temas de descontaminación, recursos energéticos y sustentabilidad. SUSCRIPCIÓN ANUAL $ 70.000 + IVA (Seis ediciones) DIRECCIÓN Av. Los Leones 382 - Of. 102 - Providencia Santiago de Chile Tel +56 2 2927 2000 – info@induambiente.cl

www.induambiente.com

50 a 52 RESIDUOS

SOLUCIÓN INTEGRAL Conozca los detalles del centro de gestión integral de residuos que se proyecta en la región de Valparaíso. Contempla reciclaje, compostaje, valorización energética y disposición final.

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CONTENIDO

INFORME TÉCNICO

VALOR COMPARTIDO 2.0 Esta sección dedicada a las relaciones comunitarias parte con un análisis de la evolución y retos que presenta el vínculo entre las empresas y las personas que habitan en el entorno de sus instalaciones.

57 a 73 MINERÍA SUSTENTABLE

PORTADA

FUTURO EDL Detallamos los beneficios ambientales y de otros tipos que genera el cambio del método tradicional de producción de litio por los de extracción directa (EDL), que están sentando las bases en Chile.

Oh, ser libre de mí misma

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sin esperar una lluvia más durante la noche

sin nada que recordar, tener como un árbol en diciembre tan desnudo el corazón descansando, como un árbol descansa cuando sus hojas han partido,

ni el rojo del amanecer.

AGROINDUSTRIA Y FORESTAL

Sara Teasdale

BIOTECNOLOGÍA AGROCLIMÁTICA La edición genética y los bioinsumos pueden ayudar al sector agrícola a enfrentar con mejores resultados los efectos del cambio climático. ¿Cómo? En este artículo se lo contamos.

78 a 81 AGUA

SEGURIDAD HÍDRICA Con miras a avanzar hacia ese objetivo, Expo Agua Santiago 2026 reunió a más de 80 expositores, 76 speakers y casi cinco mil asistentes de los sectores público y privado. Revise el recuento gráfico.

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SECCIONES Editorial En Pocas Líneas Agenda Bitácora Entretención Pulso Empresarial Cultura

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COLUMNISTAS: Flavia Liberona Michelle Rossi Eduardo Astorga Hernán Durán Ximena Ruz Sebastián Videla

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EDITORIAL

Agilización y desarrollo sostenible

urante agosto, el Congreso Nacional despachó a ley el proyecto presentado por el Gobierno para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, el cual contiene una serie de modificaciones para agilizar la tramitación ambiental y dar mayor certeza jurídica a las iniciativas de inversión, con miras a la necesaria reactivación de nuestra economía. Esto último es un objetivo que probablemente todos o la gran mayoría compartimos, pero que se debe compatibilizar de manera cuidadosa y apropiada con el resguardo socioambiental para que el país crezca de manera sostenible. Así lo dio a entender el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucionales algunas disposiciones ambientales que finalmente quedaron fuera de la próxima Ley. Tal fue el caso de la norma que establecía que si una sentencia judicial anulaba una resolución de calificación ambiental (RCA), el titular del proyecto podría exigir al Estado la restitución de los gastos directos, efectivos y no recuperables asociados a la inversión, otorgando así una suerte de compensación o indemnización estatal para esos casos. La propuesta había sido ampliamente cuestionada, partiendo por la propia Corte Suprema, debido a que afectaba la potestad fiscalizadora del Estado, limitaba el ejercicio de la justicia ambiental y condicionaba el deber constitucional de tutelar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, entre otros argumentos presentados por quienes la impugnaron. Asimismo, el TC descartó la disposición que buscaba limitar las posibilidades de reclamación ante una RCA por parte de quienes no hubieran formulado observaciones durante los procesos de participación ciudadana de un proyecto de inversión. El Tribunal Constitucional también descartó las modificaciones propuestas a la Ley 20.434 que permitirían a las concesiones acuícolas desplazarse hasta 350 metros -las denominadas “micro relocalizaciones”- sin someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Una idea que el TC catalogó como una “ficción de inocuidad geométrica”, ya que se asumía que ese traslado era inofensivo para el medio ambiente solo por la distancia. El fallo es coherente con los argumentos de representantes de la comunidad científica y organizaciones ciudadanas especializadas que han puesto énfasis en la necesidad de mantener la evaluación ambiental en estos casos, para analizar adecuadamente sus eventuales impactos sobre los ecosistemas. Más allá del acuerdo o desacuerdo con estos pronunciamientos, lo dictaminado por los Ministros que resguardan el respeto de los principios básicos que nos hemos establecido como país, recuerda que es necesario mantener un equilibrio entre las necesidades económicas y el cuidado de las personas y del entorno natural en que se sostiene el desarrollo. Esa mirada debe primar también frente a otros planteamientos que pueden poner en riesgo esa necesaria ponderación, como la idea manifestada por el Ejecutivo –partiendo por el propio Presidente de la República– y parlamentarios oficialistas de flexibilizar la aplicación de la Ley de Humedales Urbanos. Entre sus argumentos apuntan a que eso permitiría aumentar la disponibilidad de suelos para construir viviendas o viabilizar infraestructura vial crítica, lo que pareciera favorecer el bienestar social y contribuir también a la reactivación económica. Sin embargo, al mismo tiempo es fundamental poner sobre la balanza el enorme valor ambiental de esos ecosistemas que no solo son esenciales para el resguardo de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático, sino que en la práctica protegen a las ciudades y a sus habitantes de riesgos severos como las inundaciones y las lluvias cada vez más intensas que nos afectan en invierno, o las altas temperaturas que nos ahogan en verano. Así lo resaltan representantes de la comunidad científica que, además, aclaran que un humedal no se puede “recortar” arbitrariamente ya que el ecosistema funciona de manera interdependiente y su reducción rompe los flujos hídricos locales. A eso se suman los problemas que se han visto que generan el relleno y la construcción sobre estos sitios, como son los anegamientos crónicos y el hundimiento de los terrenos construidos. Factores relevantes que se deben tener en cuenta para que nuestro desarrollo sea realmente sostenible.

REMEDIACIÓN AMBIENTAL Diversas dimensiones de los procesos de remediación ambiental abordamos a continuación, partiendo por especificar las tecnologías y otras herramientas clave que se requieren para realizar las evaluaciones de riesgo de sitios potencialmente contaminados.

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OPTIMICE EL DIAGNÓSTICO Mejores tecnologías y herramientas de referencia hoy permiten optimizar las evaluaciones de riesgos de sitios potencialmente contaminados. existen 10.253 sitios (suelos y aguas) con potencial presencia de contaminantes (SPPC). De éstos, la mayoría está asociada a estaciones de servicio de combustibles (2.027); extracción y procesamiento de mineral cobre, plata, molibdeno y oro (1.730); disposición de residuos mineros masivos (1.643); disposición de residuos sólidos (1.519); y desarrollo minero de petróleo y gas (920). En cuanto a emplazamiento,

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se concentran en las regiones de Atacama (1.195), Coquimbo (1.024), Metropolitana (992) y Antofagasta (953).

GUÍAS Y NORMAS ¿De qué manera ha evolucionado y se ha optimizado en los últimos años el diagnóstico y/o evaluación de los SPPC en nuestro país?

Foto: Séché

l suelo es un recurso extremadamente vulnerable que enfrenta a diario múltiples amenazas. Una de las más severas es la contaminación por aceites, combustibles, agroquímicos y/o metales pesados, entre otros compuestos. El mismo riesgo viven a diario los cursos y cuerpos de agua. Según los últimos datos dados a conocer por el Ministerio del Medio Ambiente, en Chile

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En un primer análisis, Cristóbal Girardi, líder de remediación ambiental de Fundación Chile, sostiene que estos procesos “han mejorado en el tiempo, con una mayor disponibilidad de guías y normas de referencia, y mayor conocimiento de las autoridades y de los profesionales ejecutores, pero siguen existiendo brechas importantes, como la necesidad de una norma de calidad primaria de suelos y eventualmente de una de agua subterránea”. Más en detalle, recuerda que a nivel nacional, a partir de 2013, existe una guía metodológica para la gestión de los SPPC, la que fue desarrollada por el equipo de Fundación Chile para el Ministerio del Medio Ambiente (MMA). “La guía detalla las tres fases que comprende el estudio de un sitio potencialmente contaminado y permite llegar a un diagnóstico del mismo, pasando, si así lo amerita, por una evaluación de riesgos a la salud de las personas y al medio ambiente que determinará la necesidad de implementar un plan de remediación. Este documento ha sido fundamental para avanzar en la gestión de sitios contaminados, principalmente para autoridades, pero también para empresas, instituciones académicas y técnicas dedicadas, y la ciudadanía, ya que a partir de su publicación se establece un estándar metodológico para el estudio de sitios”, expone. En 2025, el MMA publicó una actualización de la guía en la que se entregan lineamientos complementarios y más específicos para algunas de las actividades de las fases I y II y III, “lo que la convierte en una guía más explicativa, fortaleciendo la evaluación del riesgo asociado al sitio. Por ejemplo, se cambia el uso del concepto suelo a sitio potencialmente contaminado, lo que deja explícito que no solo se requiere del análisis del suelo para elaborar un diagnóstico ambiental, sino que también de otras matrices ambientales como aguas superficiales y subterráneas, sedimentos y polvo depositado, entre otras”, resalta el experto. Además, para la investigación de Fase I se ajustan las actividades potencialmente contaminantes a la realidad de Chile, pasando de más de 100 a 25. Y se entregan detalles que complementan la guía del 2013 para la elaboración de un plan de muestreo, como sugerencias técnicas, normas o guías nacionales e internacionales pertinentes y requisitos de profesionales muestreadores. Otro cambio importante es que la guía 2025 busca ser la principal referencia en Chile en metodologías de evaluación y remediación de sitios para cualquier usuario interesado de los sectores público y privado.

ENFOQUE INTEGRAL Arthur Duvillier, remediation technical

“El avance en equipos para uso a nivel exploratorio y también de las técnicas de análisis químico en laboratorio han permitido detectar concentraciones muy bajas de contaminantes conocidos y de otros emergentes”. Cristóbal Girardi, líder de remediación ambiental de Fundación Chile

Herramientas de referencia destaca Cristóbal Girardi para el diagnóstico y gestión de SPPC: las nuevas guías metodológicas del MMA, la guía para la evaluación ambiental del riesgo para la salud de la población del SEA, las guías de la USEPA para la evaluación de riesgo para la salud de las personas y ecológico, la guía ASTM E1527-21 y la guía ASTM E1903-19. manager en Séché Chile, coincide en que, en los últimos años, el diagnóstico de los SPPC en territorio nacional “ha evolucionado significativamente, pasando de campañas de muestreo puntuales a un enfoque integral basado en la comprensión del funcionamiento del sitio y en la

Foto: Séché

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Las evaluaciones de riesgo de los SPPC se han ido optimizando en los últimos años en nuestro país.

evaluación de riesgos. Actualmente, el punto de partida es la elaboración de un Modelo Conceptual del Sitio que busca identificar tres elementos fundamentales: la fuente de contaminación, las vías o vectores de migración y los receptores potencialmente expuestos. Esta metodología permite orientar las investigaciones desde el inicio y optimizar tanto los recursos como los tiempos de ejecución”. Explica, asimismo, que la estrategia de investigación dependerá del uso histórico del terreno. Por ejemplo, en una antigua refinería o estación de expendio de combustibles el análisis se orientará principalmente a la búsqueda de hidrocarburos, que pueden encontrarse en distintas fases: adsorbidos en el suelo, disueltos en las aguas subterráneas o en fase gaseosa dentro de los poros del terreno. “Las investigaciones suelen comenzar con campañas de muestreo de suelos mediante perforaciones o calicatas ejecutadas con excavadoras. Éstas permiten describir el perfil litológico del terreno, identificar los distintos horizontes geológicos, determinar la profundidad del nivel freático y localizar las zonas potencialmente contaminadas. A partir de esta información, se diseñan e instalan pozos de monitoreo para efectuar el seguimiento de las aguas subterráneas”, especifica. De manera complementaria, los muestreos de gases del suelo permiten cuantificar la presencia de compuestos volátiles y evaluar posibles riesgos por inhalación o intrusión de vapores en futuras edificaciones. A su juicio, “estos datos son fundamentales para desarrollar modelos de riesgo cada vez más precisos. Y la incorporación de equipos de medición en tiempo real, modelos hidrogeológicos, sistemas de información geográfica (SIG) y herramientas de simulación ha logrado optimizar considerablemente el diagnóstico y reducir la incertidumbre durante la caracterización ambiental”. Para Cristóbal Girardi, los avances tecno-

“La investigación de un SPPC sigue metodologías estructuradas y reconocidas internacionalmente que deben adaptarse a la legislación vigente y a las particularidades de cada país”. Arthur Duvillier, remediation technical manager en Séché Chile

lógicos han facilitado la búsqueda y procesamiento de la información, así como el estudio del medio, integrando gran cantidad de datos ambientales y mapas con distinta información relevante para el análisis. “Las herramientas de percepción remota, por ejemplo, permiten obtener una descripción del sitio, incluyendo una primera noción del impacto y también de su entorno cada vez más detallado. Con esto, se logra tener un diagnóstico preliminar de la situación antes de ir a terreno y de elaborar el plan de muestreo para el sitio. Y la inteligencia artificial juega un rol importante a la hora de buscar, recopilar e integrar información ambiental del sitio y el entorno, y ayudando a plasmarla espacialmente de forma simple y didáctica en un modelo conceptual o mapa del sitio, lo que hace posible visualizar y transmitir de mejor forma el diagnóstico para los distintos interesados”, detalla.

ESTUDIOS COMPARABLES Aunque el mercado de empresas que prestan servicios en este campo ha ido cre-

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ciendo, Girardi sostiene que, en general, no cambia significativamente la metodología de trabajo empleada, “ya que los estudios de las distintas consultoras deben poder compararse. Sí pueden variar la experiencia y el conocimiento de los profesionales de cada organización y las herramientas tecnológicas con las que cuenten para realizar los estudios de los sitios”. En el mismo sentido, Arthur Duvillier indica que muchas empresas emplean metodologías similares, por lo que “las principales diferencias radican en la experiencia técnica, la calidad del modelo conceptual, la capacidad para interpretar correctamente los resultados y la selección de las tecnologías de investigación y remediación más adecuadas para cada proyecto”.

¿REMEDIAR O NO? Respecto a los casos en que se recomienda proceder con la remediación ambiental, Girardi comenta que “la evaluación de sitios contaminados se realiza con un enfoque de riesgo, es decir, si se demuestra la existencia de una fuenteruta-receptor, se caracteriza y cuantifica el riesgo. Éste, en función de su magnitud, si supera el nivel aceptable, deberá impulsar la implementación o no de acciones de remediación. Las medidas más costo eficientes para el sitio dependerán del nivel de riesgo, de si se configura un riesgo actual o futuro asociado a un cambio en el uso del sitio, y de sus características. Lo anterior determinará el tipo de medidas a implementar y la urgencia con que se deban aplicar”. Arthur Duvillier concuerda y complementa: “La decisión de remediar un sitio no depende únicamente de la presencia de contaminación, sino, principalmente, del riesgo que ésta representa. Cuando existe un riesgo significativo para la población, los trabajadores, las aguas subterráneas o los ecosistemas, es necesario implementar medidas de remediación o de gestión del riesgo”. El representante de Séché añade que otro aspecto fundamental a considerar es el uso futuro del terreno. “Un mismo nivel de contaminación puede ser aceptable para un uso industrial, pero no para un proyecto residencial, un establecimiento educacional o un parque público. Por ello, la evaluación de riesgos incorpora escenarios futuros mediante modelos que permiten determinar si el sitio será compatible con el uso previsto”, plantea. Agrega que la tendencia internacional es privilegiar soluciones que eliminen o controlen el riesgo de manera sostenible, favoreciendo las tecnologías in situ y los tratamientos biológicos cuando las condiciones del sitio lo permiten.

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¿AVANZA LA REMEDIACIÓN?

Foto: ANAM

Sepa qué análisis de laboratorio permiten verificar si una técnica de saneamiento está siendo efectiva y cómo se aseguran resultados confiables.

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os laboratorios ambientales cumplen funciones clave en los proyectos de remediación de sitios contaminados. Una de ellas es proveer datos y evidencia técnica confiable para evaluar los avances de estos procesos y el desempeño de las herramientas utilizadas para el saneamiento. ¿Qué parámetros analíticos permiten determinar si una técnica de descontaminación está funcionando realmente? Virna Nardone, supervisora de RESPEL y suelos en SGS, señala que al momento de evaluar un proceso de remediación es importante considerar el contaminante, el tipo y la composición del suelo. “Por ejemplo, para contaminantes que contienen hidrocarburos, los compuestos de interés para todas las matrices ambientales son los hidrocarburos totales de petróleo en diferentes cadenas que permita distinguirlos en volátiles, semivolátiles y pesados; asimismo deben determinarse las fracciones aromáticas y alifáticas de estos hidrocarburos como los aromáticos policíclicos. Dentro de los indicadores básicos también se encuentran los BTEX, los fenoles clorados, pesticidas y algunos metales pesados. Y cuando el proceso de remediación contempla técnicas biológicas (biorremediación) deben tomarse como compuestos de interés las concentraciones de nutrientes del suelo, como por ejemplo, nitratos, nitritos, car-

bono orgánico, fósforo disponible, entre otros”, detalla. Agrega que de manera complementaria, la evaluación de bioindicadores puede aportar una visión más integral sobre la efectividad de la remediación. “Comunidades microbianas, macroinvertebrados e insectos del suelo permiten evaluar los efectos históricos de la contaminación y la recuperación ecológica del sitio. Mientras los análisis fisicoquímicos entregan una fotografía de las condiciones existentes al momento del muestreo, los indicadores biológicos aportan una visión de la evolución y recuperación del ecosistema en el tiempo”, expone. La especialista advierte, además, que los resultados analíticos deben ir acompañados por una buena aplicación de muestreo en la zona afectada y en las áreas aledañas, empleando técnicas específicas para los compuestos de interés. Por su parte, Paulina Bustamante, jefa de laboratorio en ANAM, plantea: “En remediación ambiental, es fundamental evaluar los procesos de degradación química y biológica de los contaminantes, ya que éstos permiten complementar y verificar la efectividad de las estrategias de saneamiento. Para medir el éxito de una remediación, se consideran indicadores como la reducción de la masa total contaminante, la disminución del flujo

Validez técnica y regulatoria Los resultados de un laboratorio adquieren validez técnica y reconocimiento regulatorio cuando son generados bajo sistemas de acreditación como la NCh-ISO/IEC 17025, que demuestra la competencia técnica del personal, los métodos, los equipos y los controles de calidad aplicados. Así lo resalta la jefa de calidad en ANAM, Marcela Díaz, quien dice también que “esta competencia se verifica mediante auditorías, ensayos de aptitud y controles permanentes que aseguran resultados confiables, trazables y reproducibles”. Agrega que hay autorizaciones específicas como las otorgadas por la SEREMI de Salud para caracterización de residuos peligrosos (RESPEL) o por la Superintendencia del Medio Ambiente bajo la figura de Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA), que reconocen la capacidad de un laboratorio para realizar muestreos, mediciones y análisis con validez regulatoria. “Esto permite generar información ambiental de alta calidad para el control de procesos industriales, la detección de contaminantes a niveles de trazas y la verificación del cumplimiento normativo, contribuyendo a la protección de la salud humana y del medio ambiente”, subraya. Desde SGS, Eduardo Calvo y Cynthia García comentan, además, que los análisis deben ejecutarse mediante metodologías estandarizadas y reconocidas, o, en su defecto, mediante metodologías desarrolladas o adaptadas por el laboratorio que cuenten con la respectiva validación y acreditación. Entre las principales referencias se encuentran EPA, ISO, ASTM y Standard Methods. A esto suman la necesidad de contar con equipos de medición apropiados para los métodos utilizados y los niveles de concentración requeridos. “Estos deben mantenerse calibrados, verificados y con trazabilidad metrológica”, dicen. Finalmente, remarcan que es fundamental contar con protocolos de cadena de custodia y trazabilidad, que permitan demostrar que la muestra analizada corresponde a la que se tomó en terreno y que su integridad se mantuvo durante todo el proceso.

y la descarga de contaminantes, así como la estabilidad de la pluma contaminante y la ausencia de efectos de rebote una vez implementadas las medidas de tratamiento”. Añade que existen otros análisis y criterios de evaluación que pueden estar definidos por normas, decretos o requisitos regulatorios específicos. “Dependiendo de las características del sitio y de los puntos de monitoreo, se establecen líneas base previas al tratamiento, las cuales sirven como referencia para evaluar posteriormente los avances y la efectividad de las acciones de remediación a través del tiempo”, explica. Comenta, asimismo, que en la industria es habitual desarrollar programas de monitoreo ambiental destinados a demostrar el cumplimiento de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), normas de calidad ambiental u otras exigencias regulatorias. En este contexto, los laboratorios desempeñan un rol clave al analizar muestras asociadas a estos programas y entregar resultados dentro de los plazos comprometidos, ya sea por tipo de análisis o según los tiempos necesarios para emitir informes completos con la batería de parámetros requerida. “En el caso de ANAM, nuestra propuesta de valor va más allá de la ejecución de análisis de laboratorio. A través de la plataforma DATANAM, es posible gestionar y dar seguimiento a los monitoreos ambientales mediante herramientas de visualización y análisis de datos, incluyendo gráficos de tendencias, definición de límites de control y evaluación histórica de resultados. Esto permite a los clientes tomar decisiones oportunas y basadas en evidencia, facilitando la gestión ambiental y la mejora continua de sus procesos”, destaca.

ENSAYOS ESPECÍFICOS Paulina Bustamante señala que para validar una remediación se requiere evaluar no solo la disminución del contaminante principal, sino también, la generación de metabolitos y las evidencias que demuestren su degradación efectiva. “Para ello, se pueden utilizar herramientas como balances de masa, análisis isotópicos, indicadores geoquímicos, técnicas de PCR para identificar microorganismos degradadores y ensayos de toxicidad residual, generando una evaluación integral del proceso”, indica. A su vez, Marcela Díaz, jefa de calidad en ANAM, resalta que la empresa cuenta con la autorización del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y con acreditaciones del Instituto Nacional de Normalización (INN) que garantizan que sus resultados son técnicamente confiables y reconocidos por la autoridad. “Esto nos permite

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La evaluación de bioindicadores puede aportar una visión más integral sobre la efectividad de la remediación, dice Virna Nardone.

Eduardo Calvo recuerda que cada matriz tiene características particulares que pueden afectar el resultado analítico.

Los análisis se deben ejecutar mediante metodologías estandarizadas y reconocidas, resalta Cynthia García.

apoyar a nuestros clientes no solo con análisis de laboratorio, sino también con evidencia sólida para demostrar cumplimiento regulatorio y la efectividad de sus procesos de remediación ambiental”, subraya. Virna Nardone, en tanto, acota que para confirmar la degradación efectiva de los contaminantes se pueden combinar varios ensayos y evaluar la evolución de sus concentraciones en el tiempo. “Los que mencioné anteriormente pueden ir acompañados con análisis microbiológicos y actividad biológica cuyas concentraciones demostrarán si el contaminante está siendo transformado o mineralizado”, grafica. La representante de SGS dice que, adicionalmente, la evaluación de bioindicadores puede constituir una herramienta complementaria para verificar la recuperación ambiental: “La presencia, abundancia y diversidad

de organismos sensibles a la contaminación, como determinados grupos de macroinvertebrados o insectos, puede evidenciar que las condiciones del sitio están mejorando no solo desde el punto de vista químico, sino también ecológico”. Añade que, en estos procesos, se espera que vaya disminuyendo la concentración de los compuestos de interés. Y para comprobar aquello, se pueden comparar con los niveles de remediación específicos del sitio o, de no contar con una línea base, con una muestra del mismo suelo no contaminado (muestra control).

miento ante clientes y autoridades regulatorias”, enfatiza. Desde SGS, en tanto, expresan que la clave para evitar eventuales problemas es no tratar las distintas matrices como equivalentes, ya que cada una presenta características físicas y químicas particulares que pueden afectar el resultado analítico. “Por ello, es necesario adaptar de manera integral el muestreo, la preservación, la preparación y el método de análisis a las características de la matriz y a los analitos de interés. Esta adaptación debe considerar las interferencias propias de cada matriz. En suelos, por ejemplo, la materia orgánica, las arcillas y otros componentes pueden afectar la extracción y recuperación de los analitos. En aguas, parámetros como la conductividad, los sólidos disueltos o la materia orgánica pueden generar efectos de matriz e interferencias instrumentales. En vapores, especialmente para VOCs, es crítico controlar la volatilización, adsorción, preservación y las condiciones de almacenamiento y transporte”, detalla el jefe técnico de laboratorio, Eduardo Calvo. Por su parte, Cynthia García, subgerente de laboratorio de SGS, agrega que cuando se procesan matrices con concentraciones significativamente diferentes, es fundamental implementar medidas para prevenir la contaminación cruzada. “Esto implica una adecuada limpieza del material, una secuencia de análisis que considere las concentraciones esperadas, el uso de blancos de limpieza y, cuando sea necesario, la preparación y análisis en lotes separados. De esta manera, se evita que muestras de alta concentración puedan afectar los resultados de muestras posteriores de menor concentración. Todo este proceso debe estar respaldado por un sistema de control de calidad adaptado a cada matriz, mediante controles que permitan verificar

Contar con áreas de trabajo segregadas por matriz ambiental ayuda a garantizar resultados confiables, señala Gerhard Allesch.

RESULTADOS CONFIABLES La verificación del avance de un proceso de remediación implica realizar análisis de laboratorio a distintas matrices, como son los suelos, aguas subterráneas y vapores en aire. ¿Cómo se evitan posibles interferencias analíticas y se aseguran resultados precisos y confiables? Gerhard Allesch, gerente de calidad operacional en ANAM, explica que para garantizar resultados confiables, trazables y respaldados técnicamente, “contamos con áreas de trabajo segregadas por matriz ambiental, sistemas de identificación mediante códigos de barras para asegurar la trazabilidad completa de las muestras y procesos específicos para prevenir cualquier tipo de contaminación cruzada”. Además, las áreas de lavado y el equipamiento analítico se mantienen separados por matriz, reforzando la integridad del proceso analítico. “Estos controles se complementan con procedimientos de calidad, verificaciones permanentes y el cumplimiento de los requisitos de acreditación, lo que permite entregar resultados con un alto nivel de confiabilidad y reconoci-

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Foto: ANAM

Los resultados de laboratorio permiten la comparación con criterios normativos, estándares de calidad ambiental y umbrales regulatorios usados para la evaluación de riesgos, destacan en ANAM.

el desempeño del método e identificar posibles efectos de matriz”, advierte.

EVALUACIÓN DE RIESGOS Desde ANAM, Gerhard Allesch y Marcela Díaz recuerdan que los resultados analíticos generados por el laboratorio corresponden a la cuantificación de parámetros físicos, químicos y biológicos mediante métodos validados y bajo condiciones de calidad controladas. “Estos datos, por sí solos, representan concentraciones o niveles de presencia de determinados compuestos; sin embargo, su verdadero valor radica en la comparación con criterios normativos, estándares de calidad ambiental y umbrales regulatorios utilizados para la evaluación de riesgos”, apuntan. Añaden que en el caso de los residuos, el Decreto Supremo 148 establece los criterios para determinar su peligrosidad mediante la evaluación de características como toxicidad aguda, toxicidad crónica, corrosividad, inflamabilidad y reactividad. Asimismo, ensayos como la toxicidad extrínseca permiten evaluar el potencial de liberación y migración de contaminantes hacia el medio ambiente, información clave para clasificar un residuo como peligroso y definir adecuadamente su estrategia de tratamiento o disposición final. “Por lo tanto, el aporte del laboratorio no se limita a la generación de datos analíticos, sino que entrega evidencia técnica que permite evaluar riesgos, demostrar cumplimiento regulatorio y respaldar decisiones ambientales basadas en información confiable y trazable”, dicen. En relación con este tema, Virna Nardone acota que un suelo o sitio se puede considerar remediado una vez que la concentración de los compuestos de interés, tomados post-remediación, están por debajo de los niveles específicos del sitio y de los establecidos en la evaluación de riesgo para la salud humana. “Para la determinación de esta última, ciertos parámetros establecidos como peligrosos (por ingestión, contacto dérmico o inhalación de vapores), tales como metales pesados, pesticidas, sustancias tóxicas que refieran a toxicidad intrínseca y extrínseca deben presentar valores por debajo de su concentración Tóxica Aguda Límite”, expone. La especialista de SGS agrega que, sin perjuicio de lo anterior, en aquellos proyectos donde exista un componente ecológico relevante, resulta recomendable complementar la evaluación química con indi-

cadores biológicos. “La recuperación o estabilización de comunidades de organismos bioindicadores puede aportar evidencia adicional respecto de la rehabilitación ambiental del sitio y de la efectividad de las medidas implementadas en el largo plazo”, concluye.

Foto: IDOM

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SÓLIDA Y ESTABLE

La técnica de solidificación y estabilización permite gestionar suelos y residuos contaminados con altos niveles de eficiencia. En Chile su uso se está ampliando.

iene su estatus, prestigio y muchas historias de éxito. Dicho de otra manera, la técnica de solidificación y estabilización (S&E), para la remediación de sitios contaminados, se ha hecho un nombre en Chile y en el mundo. José Manuel Bellalta, gerente general Grupo GB Cinco, expone algunos de los motivos: “Es una de las tecnologías más utilizadas para controlar contaminantes persistentes en suelos, especialmente cuando el objetivo es EDICIÓN 201 JULIO-AGOSTO 2026

evitar su propagación hacia las aguas subterráneas o el entorno. Su principal fortaleza radica en que inmoviliza los contaminantes mediante su encapsulamiento físico y químico, reduciendo significativamente su solubilidad y capacidad de lixiviación. De esta manera, disminuye el riesgo de que metales pesados, hidrocarburos u otras sustancias peligrosas sean transportados por el agua hacia acuíferos o cursos superficiales”. Frente a otras alternativas de remediación, la S&E destaca tam-

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bién por su rapidez de ejecución y por presentar costos generalmente inferiores a los que implica excavar y transportar grandes volúmenes de suelo contaminado para su disposición externa. “Además, transforma materiales inestables en una matriz sólida con buenas propiedades mecánicas, minimiza la emisión de polvo durante las obras y, en muchos casos, permite tratar el suelo directamente en el sitio, evitando movimientos masivos de tierra”, afirma el ejecutivo. Germán Monge, socio y director global de gestión sostenible y salud del suelo en el Grupo IDOM, resalta a su vez que “es una de las técnicas más consolidadas para la gestión de suelos y residuos contaminados, especialmente para reducir la movilidad de los contaminantes y controlar los riesgos para la salud humana y el medio ambiente”. Enseguida explica: “Consiste en mezclar el material contaminado con agentes ligantes, habitualmente cementos, cales o materiales puzolánicos, que inmovilizan los contaminantes mediante mecanismos físicos y químicos”. Aparte de las ventajas ya mencionadas, asegura que la S&E permite mejorar las propiedades geotécnicas del terreno, facilitando su reutilización en determinados proyectos de urbanización o infraestructura.

“La S&E suele competir directamente con alternativas como la excavación y disposición en vertedero, el lavado de suelos o determinadas técnicas biológicas”. Germán Monge, socio y director global de gestión sostenible y salud del suelo en el Grupo IDOM DESVENTAJAS El director de Proyectos en ERM, Gustavo Boria, concuerda con los beneficios de esta solución, poniendo énfasis en que se trata de “una técnica ampliamente validada y utilizada internacionalmente para tratar contaminantes inorgánicos, especialmente metales pesados, y algunos compuestos orgánicos”. Subraya, asimismo, que “su efectividad se basa en una caracterización precisa del sitio, pruebas del tratamiento bajo condiciones reales de aplicación, un diseño adaptado a las particularidades locales y la implementación de un programa de control de calidad y monitoreo que garantice su rendimiento sostenido a largo plazo”.

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APLICACIÓN EN CHILE

“Esta técnica puede formar parte de un tren de tratamiento en el que primero se eliminan los contaminantes más volátiles y, posteriormente, se inmovilizan las fracciones más pesadas o los metales presentes en el terreno”. José Manuel Bellalta, gerente general del Grupo GB Cinco

En contrapartida, detalla algunas desventajas: •

No elimina o reduce significativamente la concentración del contaminante. Únicamente lo inmoviliza (evita su migración a receptores sensibles).

•

Puede incrementar el volumen de material tratado entre 10 a 30%.

•

Requiere demostrar mediante ensayos de laboratorio, primero, y luego por monitoreo del material inertizado/estabilizado que la estabilidad química se ha alcanzado y se mantendrá en el tiempo.

•

Su desempeño puede verse afectado por cambios futuros en las condiciones geoquímicas (pH, potencial redox, presencia de sulfatos u otros factores).

•

No suele ser la mejor alternativa para contaminantes altamente volátiles o para ciertos compuestos orgánicos, salvo formulaciones específicas.

•

Generalmente requiere controles sectoriales y planes de seguimiento posteriores para verificar el mantenimiento del desempeño de la remediación.

“En términos generales, la selección de esta tecnología debe basarse en una evaluación de riesgo y en ensayos de tratabilidad de laboratorio o a escala piloto, que demuestren que se cumplen los objetivos de remediación definidos para el sitio”, sentencia Gustavo Boria. Por su parte, José Manuel Bellalta agrega que su desempeño también puede condicionarse por las características del suelo, especialmente cuando existen materiales muy compactos, rocosos o con elevados contenidos de materia orgánica.

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El representante de GB Cinco indica que, en Chile, la técnica de solidificación y estabilización “se ha consolidado como una herramienta relevante para la gestión de pasivos ambientales, particularmente en proyectos industriales, mineros e inmobiliarios. Su uso ha permitido abordar sitios contaminados en distintas zonas del país, incluyendo ciudades como Antofagasta, Copiapó, Valparaíso y Santiago, donde existen antiguos terrenos industriales que requieren procesos de saneamiento antes de su reutilización”. Bellalta añade que entre sus principales aplicaciones están el tratamiento in situ de suelos contaminados con metales pesados e hidrocarburos, proyectos de desmantelamiento de instalaciones industriales, retiro de tanques de almacenamiento de combustibles y la construcción de estructuras de confinamiento, como muros de contención, revestimientos de áreas impactadas y pretiles de seguridad para estanques. A modo de balance, afirma que “los resultados obtenidos han permitido inmovilizar eficazmente contaminantes persistentes y recuperar terrenos para nuevos usos industriales, urbanos o de infraestructura. Asimismo, la tecnología ha facilitado el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, incluyendo el D.S. 148 sobre residuos peligrosos, complementándose con metodologías internacionales de evaluación de riesgo como RBCA y estándares desarrollados por la EPA y ASTM”. Germán Monge, en tanto, ratifica que la técnica ha sido utilizada principalmente en los sectores minero e industrial, donde existen pasivos ambientales asociados a metales pesados, relaves y residuos industriales. “También ha encontrado aplicación en proyectos de recuperación de emplazamientos industriales y áreas con contaminación histórica. Los resultados obtenidos han sido generalmente positivos cuando la tecnología ha sido correctamente diseñada y validada mediante ensayos de laboratorio y pruebas piloto, lográndose reducciones significativas en la lixiviabilidad de los contaminantes y el cumplimiento de criterios regulatorios de gestión de residuos o reutilización de materiales”, especifica el ejecutivo del Grupo IDOM. Una visión distinta tiene Gustavo Boria, quien precisa que la aplicación de la S&E en nuestro país “ha sido relativamente limitada y existen pocos casos documentados públicamente con resultados técnicos publicados. Una de las principales razones es que Chile no cuenta con una legislación específica que establezca una obligación general de identificar, investigar y remediar pasivos ambientales o sitios contaminados”. En consecuencia, acota que “las actividades de remediación en Chile históricamente han sido poco frecuentes y, cuando se han desarrollado, han respondido principalmente a procesos de cierre de instalaciones, proyectos de reconversión de terrenos, requerimientos asociados al SEIA, exigencias de financiamiento internacional o decisiones voluntarias o corporativas de las empresas. Y han estado orientadas principalmente a la excavación, confinamiento y disposición controlada de materiales contaminados fuera del sitio”.

EXPERIENCIAS El director de Proyectos de ERM cuenta que la compañía dispone de profesionales internacionales y locales (geólogos, ingenieros y químicos) que han diseñado e implementado la tecnología de S&E en diversos proyectos en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia. “El enfoque adoptado es integral, partiendo de una adecuada caracterización del sitio, evaluaciones de la tecnología con ensayos de laboratorio y piloto, análisis del marco legal, su diseño e implementación óptima para cada sitio específico y la realización de análisis de riesgos para la salud humana”, releva Gustavo Boria.

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“Más que una tecnología estándar, la solidificación y estabilización debe entenderse como una solución de ingeniería que requiere un diseño específico para cada sitio”. Gustavo Boria, director de proyectos en ERM Argentina

A su vez, GB Cinco ha incorporado la solidificación y estabilización como parte de su portafolio de soluciones de remediación físico-química in situ, integrándola con otras tecnologías para desarrollar estrategias adaptadas a las características de cada sitio contaminado. “Nuestra experiencia se concentra principalmente en proyectos de desmantelamiento industrial, retiro de tanques de almacenamiento de combustibles y procesos de desinversión, donde la S&E suele complementarse con tecnologías como la extracción de vapores del suelo para obtener soluciones más eficientes. Además, la empresa la ha utilizado como una medida complementaria, posterior a procesos de extracción o saneamiento, para estabilizar los contaminantes remanentes y asegurar las condiciones del sitio para su uso futuro”, comenta José Manuel Bellalta. Agrega que en cada proyecto la compañía desarrolla formulaciones específicas de los agentes estabilizantes, respaldadas por ensayos de laboratorio que permiten verificar tanto la inmovilización efectiva de los contaminantes como la resistencia y durabilidad del material solidificado. “Esta experiencia se ha desarrollado junto a clientes de alta exigencia como Codelco, ENAP, Bayer, Kinross, Enaex, Copec y Shell/Esmax”, destaca. En el caso de IDOM, su trabajo se ha centrado, principalmente, en la evaluación y selección de alternativas de remediación para emplazamientos industriales y mineros, incluyendo el análisis de viabilidad de tecnologías de inmovilización como la S&E cuando las características del emplazamiento así lo aconsejan. “La experiencia acumulada en proyectos de gestión de suelos contaminados permite valorar esta tecnología como una solución eficaz en escenarios donde el riesgo está asociado fundamentalmente a la movilidad de los contaminantes y donde se busca una intervención rápida, segura y económicamente competitiva”, concluye Germán Monge.

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Nebulizador usado para minimizar la generación y dispersión de polvo.

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Foto: Las Salinas

Conozca medidas y recomendaciones para controlar adecuadamente las emisiones de partículas, gases y olores en las faenas de remediación ambiental.

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TIPOS Y FUENTES Según la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos (EPA), en una faena de remediación de suelos contaminados es posible distinguir dos tipos principales de emisiones atmosféricas: el material particulado y polvo sedimentable generado básicamente por el movimiento de tierras y la operación de maquinarias, y los vapores o gases, en especial compuestos orgánicos volátiles (COV), asociados al tratamiento de materiales contaminados. En la misma línea, la “Guía metodológica para la gestión de sitios contaminados”, publicada en 2025 por el Ministerio del Medio Ambiente, identifica al material particulado y el polvo generados en las labores de excavación como la emisión atmosférica más usual, advirtiendo sobre la necesidad de aplicar medidas específicas para su control. A ello se suman las emisiones asociadas a vehículos y maquinaria y, dependiendo de las características del sitio, la posible liberación de contaminantes volátiles durante la remoción y tratamiento del suelo. Juan Carlos Bordones, gerente técnico de Ambiosis -empresa que lleva dos décadas desarrollando inventarios de contaminantes atmosféricos y programas de monitoreo, así como planes de manejo de residuos peligrosos y de recuperación de terrenos degradados- refrenda lo mencionado y agrega otros elementos a tener en cuenta. “Las emisiones que se pueden generar dependen de las sustancias que se encuentren en el sitio, de su antigüedad y del clima en la zona”, dice. También pueden variar de acuerdo con el tipo de faenas que se desarrolla en este proceso, por ejemplo, “si son transformaciones físicas, químicas, tales como de dilución, concentración, mezcla, confinamiento, combustión, secado, etc.”, apunta. Con respecto a las fuentes, detalla que una parte de las emisiones proviene de las maquina-

Juan Carlos Bordones comenta que las emisiones en una faena de remediación dependen de las sustancias presentes en el sitio, de su antigüedad y del clima en la zona. rias usadas en la faena, “por sus tubos de escape, chimeneas o zonas de exposición al viento, como por ejemplo en un proceso de transporte en camiones, cintas transportadoras o tamizado”. Añade que otras emisiones se deben a la exposición del material removido por la acción del viento. En ese sentido, son relevantes las ráfagas (velocidad del viento medida en promedios de dos minutos) que tengan la energía suficiente para transportar los contaminantes atmosféricos a grandes distancias. “Las excavaciones y movimientos de tierra pueden generar emisiones difusas de material particulado y de hidrocarburos aromáticos, que pueden afectar a la calidad del aire en sus inmediaciones”, advierte.

CONTROL: ASPECTOS A CONSIDERAR ¿Qué tareas y aspectos técnicos se debieran considerar para implementar un sistema de control efectivo de las emisiones difusas asociadas a las excavaciones y movimientos de tierra?

Foto: Las Salinas

emediar un sitio contaminado no es una tarea fácil, claro está. A todo el trabajo profesional y técnico que se requiere para realizar un diagnóstico apropiado y diseñar un plan de descontaminación y recuperación efectivo, se suman los desafíos propios de la ejecución de las faenas. Entre éstos destaca el necesario control de las emisiones atmosféricas -partículas, gases y olores- que se generan, por ejemplo, durante la excavación de suelos con presencia de diversos contaminantes, que pueden afectar a quienes efectúan estas labores como también a vecinos o transeúntes de los lugares donde se desarrollan estas obras. ¿Qué medidas se pueden aplicar y conviene tener en cuenta para evitar estos problemas?

Las Salinas sumará el Núcleo Operacional para la Disminución de Olores a las medidas para controlar estas emisiones.

Juan Carlos Bordones responde que lo primero “debe ser la identificación y estimación de las emisiones que puede producir la remediación, así como las condiciones climáticas y geográficas que pueden transportar los contaminantes generados a los posibles receptores”. Enseguida señala que un factor relevante que se debe atender es “la distancia y orientación geográfica de los posibles afectados o receptores de los contaminantes emitidos, en especial su disposición respecto a la dirección del viento en las horas que se ejecutan las faenas, o en los horarios en que se producen las ráfagas de viento que pueden levantar el polvo fino o hidrocarburos desde los materiales almacenados”. Añade que otros aspectos importantes a considerar son la velocidad y dirección del viento, la proximidad a cursos de agua, las pendientes del terreno y los movimientos de vehículos o maquinarias en las cercanías del sitio de trabajo. El especialista de Ambiosis comenta, asimismo, que la efectividad de las medidas depende del objetivo de la remediación: “Cada caso debe ser analizado en su mérito. La efectividad requerida puede estar condicionada por las características propias de la zona, como su proximidad a zonas pobladas o la reiteración de ráfagas de viento o arrastre de sedimentos por cursos de agua”, sostiene.

TECNOLOGÍAS Y MONITOREO Con respecto a las técnicas o medidas específicas para controlar la polución atmosférica durante las faenas de saneamiento, el “Manual de tecnologías de remediación de sitios contaminados”, elaborado por Fundación Chile con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente, identifica opciones que permiten capturar los contaminantes volátiles en la fuente antes de que se dispersen en el aire, como la extracción de vapores desde el suelo, el air sparging asociado a extracción, la biorremediación y la desorción térmica. Para evitar la dispersión desde el suelo, en tanto, menciona el uso de coberturas, barreras de contención, y sistemas de estabilización de los contaminantes, entre otros. En el caso de la excavación convencional, en tanto, pone énfasis en el control del polvo y el monitoreo de la calidad del aire, pero no hacen referencia a medidas de supresión o captura de las emisiones. Respecto de esto último, otras publicaciones técnicas señalan que para controlar el polvo y el material particulado se suelen aplicar medidas como la nebulización o aspersión de agua, la humectación controlada y las espumas supresoras. Para los compuestos orgánicos volátiles, a su vez, se utiliza el encapsulamiento o la instalación de cubiertas temporales en la excavación,

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“El proceso de remediación de Las Salinas se desarrolla con un sistema de monitoreo ambiental permanente, que considera distintas variables y herramientas complementarias”, apunta Daniel Pérez. la extracción localizada con presión negativa y el tratamiento con carbón activado, entre otras alternativas. Con respecto a este tema, Juan Carlos Bordones señala que un aspecto relevante a considerar en el diseño de la tecnología que se usará para controlar las emisiones es “la exposición a los contaminantes atmosféricos que pueda afectar a los propios operadores, pues serán los que están más expuestos por más tiempo y a mayores concentraciones”. La implementación de un sistema de monitoreo de la calidad del aire en el entorno de las faenas de remediación ambiental es otro aspecto clave. El experto de Ambiosis indica que es recomendable orientar el diseño de estos sistemas con información local, considerando “las características propias de cada caso, los contaminantes a monitorear, así como los posibles medios de dispersión”. Asimismo, comenta que “el seguimiento puede requerir de monitoreo de cumplimiento normativo, por lo cual se debe considerar la tecnología de medición oficial de los contaminantes atmosféricos vigente a la fecha de su implementación. Un seguimiento continuo de variables no normadas, como el viento y su uso en el control dinámico de las emisiones puede ser más sencillo, efectivo y económico”.

LA EXPERIENCIA DE LAS SALINAS Uno de los proyectos de remediación ambiental más importantes que se desarrolla en Chile es el que Las Salinas está ejecutando en Viña del Mar. La iniciativa busca descontaminar

y recuperar para futuros usos urbanos un terreno de 16 hectáreas ubicado en el borde costero, el cual durante décadas se utilizó como centro de almacenamiento y distribución de combustibles. El trabajo se dividió en dos sectores (paños) y actualmente supera el 50% de avance en el Paño Sur. La tecnología de saneamiento empleada es la biorremediación en que bacterias nativas absorben y digieren los hidrocarburos presentes en el suelo. Para eso se excava el terreno y se instalan biopilas donde se generan condiciones idóneas para los microorganismos, acelerando el proceso de degradación natural de los contaminantes. Pese a que la empresa ha adoptado diversas medidas para controlar las emisiones atmosféricas derivadas de estas faenas, se han registrado denuncias y fiscalizaciones por percepciones de olor en el entorno. Frente a eso, la compañía decidió sumar una nueva medida para reducir dichas emisiones: el Núcleo Operacional para la Disminución de Olores (NODO), una instalación transitoria que encapsulará la mezcla de suelo y compost durante el proceso de biorremediación. Además de su estructura exterior, esta tecnología contará con un sistema de ventilación, extracción y tratamiento de aire. “Durante su operación, la extracción de aire será superior a la inyección. Esto permite generar presión negativa al interior de la instalación, favoreciendo que el aire permanezca contenido y sea conducido hacia los equipos de tratamiento. El sistema considera 32 rejillas de extracción de aire, una red de ductos y cuatro equipos de tratamiento. Antes de volver a la atmósfera, el aire capturado pasará por filtros de partículas y carbón activado. Así, el sistema per-

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mitirá tratar el aire proveniente de la actividad encapsulada antes de retornarlo al exterior”, explican desde la empresa. El NODO se integrará a un sistema más amplio de seguimiento ambiental y control de emisiones que aplican en Las Salinas. Daniel Pérez, gerente de ingeniería y construcción de la empresa, expone: “El proceso de remediación de Las Salinas se desarrolla con un sistema de monitoreo ambiental permanente, que considera distintas variables y herramientas complementarias para realizar un seguimiento continuo de las condiciones del terreno y su entorno. Este sistema permite anticiparse a eventuales situaciones, adoptar medidas preventivas y reforzar las acciones operacionales cuando corresponde”. Una de las principales herramientas es una plataforma online de monitoreo que funciona 24/7. En ésta se integra la información obtenida durante las faenas y se realiza un seguimiento continuo de las condiciones ambientales. La plataforma incorpora umbrales operativos internos y genera alertas que permiten apoyar la toma de decisiones de manera oportuna. “A ello se suma una red de sensores ubicados en diversos puntos del terreno, que permite realizar mediciones permanentes de variables relevantes para el desarrollo de los trabajos. Entre ellas se encuentran los compuestos orgánicos volátiles (COV), el material particulado y las condiciones meteorológicas. La distribución de estos equipos permite contar con información representativa de distintos sectores del terreno y observar oportunamente cualquier variación”, destaca el especialista. El monitoreo se complementa con una estación de calidad del aire, que entrega información continua sobre las condiciones ambientales del entorno. Además, se realizan mediciones mediante olfatometría dinámica, incorporando a personas especialmente entrenadas para identificar y evaluar la presencia de olores en el ambiente. Esta herramienta complementa las mediciones instrumentales. “La integración de la plataforma, los sensores, la estación de calidad del aire y la olfatometría permite contar con información permanente y tomar medidas inmediatas en terreno cuando las condiciones así lo requieren. El objetivo es actuar preventivamente y reducir al máximo la percepción de olores que pueda generarse en determinados momentos de las faenas. Si bien, de acuerdo con los registros de monitoreo, las concentraciones se han mantenido bajo los umbrales definidos, pueden generar incomodidad, por lo que existe una preocupación permanente por prevenirlos y abordarlos oportunamente”, asegura Daniel Pérez. El gerente de ingeniería y construcción

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de Las Salinas acota que las autoridades han realizado 17 fiscalizaciones en el terreno, en las que se ha puesto a disposición los antecedentes requeridos para mostrar el cumplimiento de las medidas establecidas. Asimismo, subraya que la compañía mantiene un diálogo permanente con los vecinos para abordar las distintas situaciones que puedan presentarse durante las faenas. “Para el proyecto, el bienestar de las personas y una relación transparente con el entorno son elementos centrales durante todo el proceso de remediación”, dice. Y enseguida remarca: “Las Salinas está próximo a cumplir dos años de trabajo en favor de la descontaminación del terreno, dando estricto cumplimiento al proyecto que cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, ratificada por el Comité de Ministros. A la fecha, ya se completó el saneamiento de las primeras dos hectáreas en el Paño Sur Alto y se registra más de un 50% de avance en los trabajos de terreno en el Paño Sur Bajo, demostrando la efectividad de la biorremediación. Se trata de un hito relevante y de un precedente muy positivo para quienes trabajamos por la regeneración ambiental en Chile”.

MATERIAL PARTICULADO Y COV El material particulado es otra de las variables que se monitorea de manera permanente mediante una estación de calidad del aire operada por una empresa técnica certificada por el Ministerio del Medio Ambiente. A esto se suman mediciones realizadas directamente en los frentes de trabajo y equipos móviles usados por los trabajadores. “Sobre la base de este seguimiento se han implementado medidas operacionales orientadas a minimizar la generación y dispersión de polvo, a través de nebulizadores. Además, cuidamos la limitación de la velocidad de los vehículos y camiones en la zona de trabajo, la cobertura de las cargas de los camiones, la humectación de los caminos internos, la limpieza periódica de las áreas de acceso y el uso de maquinaria con tecnología avanzada para reducir emisiones”, detalla Daniel Pérez comenta. Estas medidas se complementan con el monitoreo continuo y permiten ajustar las condiciones de operación en función de los datos registrados. El sistema también aporta antecedentes para analizar eventuales variaciones asociadas a las actividades del proyecto de

factores externos, como el tránsito ajeno a la obra o las condiciones meteorológicas características de la zona costera. El ejecutivo añade que la biorremediación fue seleccionada por sus ventajas ambientales y porque permite tratar el suelo con controles específicos orientados a minimizar la movilización de contaminantes. Luego afirma que el proceso cuenta con mediciones permanentes de COV, tanto en los frentes de trabajo como en el perímetro del terreno, utilizando equipos especializados y estaciones complementarias. Estos registros se contrastan con umbrales operativos y forman parte de una plataforma digital que integra información ambiental y meteorológica, y genera alertas para apoyar la toma de decisiones. “Toda esta información está disponible, además, en nuestra página web, y es puesta en conocimiento de manera continua a los participantes del Plan de Monitoreo Participativo, quienes vienen haciendo seguimiento de los avances del proyecto de saneamiento desde el inicio. También contamos con visitas periódicas al terreno abiertas a toda la comunidad que desee conocer más del proyecto de saneamiento y cómo se está implementando”, concluye.

26 PUNTOS DE VISTA

Flavia Liberona Directora ejecutiva de Fundación Terram

100 años de parques nacionales

n la medida que hemos ido entendiendo la importancia que tiene la conservación de la biodiversidad en nuestra vida cotidiana, los seres humanos, la naturaleza o los ecosistemas naturales han ido adquiriendo mayor relevancia. Hoy proteger, conservar y/o gestionar la naturaleza no es un capricho de los gobiernos, de las personas o instituciones que tienen la capacidad de hacerlo, es una necesidad urgente para frenar el deterioro ambiental y ecológico en que se encuentra el planeta producto de la actividad humana. Durante su mandato, los presidentes de la República suelen crear áreas protegidas (parques y reservas). Pero sabemos que solo una declaratoria no basta; se requiere que mediante actos concretos y la asignación de un presupuesto adecuado, el Estado se comprometa en la administración y gestión de dichos territorios. Sin embargo, allí tenemos un gran problema: el financiamiento estatal es del todo insuficiente para resguardar el patrimonio natural del país. Entonces deberíamos abrir la conversación sobre qué debe financiar el Estado y qué eventualmente podrían financiar los privados, particularmente organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la conservación. Con la entrada en funcionamiento del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), el presupuesto para la gestión y administración de áreas protegidas será reunido en una sola institución pública, lo cual es importante para hacer un uso eficiente de los recursos. Pero también es urgente incrementar el presupuesto para resguardar la naturaleza. Entonces hay algunas cosas que debiéramos conversar: ¿Qué queremos conservar? ¿Cuánto debe poner el Estado para proteger el patrimonio que nos pertenece a todas y todos? ¿Deberíamos conservar dentro y fuera de áreas protegidas? ¿Los privados deben o pueden aportar a las acciones de conservación definidas por el Estado? Desde nuestro punto de vista, el patrimonio natural pertenece a todos los habitantes del país y por tanto es el Estado quien debe ser el garante de su conservación. Para ello se requiere priorizar y definir cuáles son los ecosistemas y especies más relevantes. Además, deberíamos poder consensuar cuál es el presupuesto para garantizar acciones de conservación efectiva terrestre y marina, como también cuánto personal se requiere para aquello. Pero sin duda la definición más compleja y en la cual se requieren establecer límites claros, es aquella relacionada con qué financiamiento debe entregar el Estado y cuál pueden aportar los privados y para qué fines. Con la reciente entrada en operaciones SBAP, parece un momento propicio para retomar estas conversaciones.

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CLAVES PARA EL SANEAMIENTO Este proceso debe considerar una adecuada caracterización, las mejores tecnologías y métodos disponibles, trazabilidad, controles analíticos y otros factores.

n el Chile de hoy, la salud e integridad de las personas y de los ecosistemas debe priorizarse frente a cualquier riesgo, como la presencia de contaminantes en el suelo, aguas u otros componentes ambientales. Si la evaluación así lo determina, el sitio afectado debe someterse a un proceso de remediación o saneamiento. Lo mismo ocurrirá cuando existe un pasivo ambiental que impide

utilizar el terreno de manera segura, o cuando se proyecta su reconversión, ampliación o habilitación para un nuevo uso. La contaminación puede originarse por derrames de sustancias químicas, filtraciones, acumulación de metales pesados, disposición inadecuada de residuos, antiguos procesos industriales, faenas mineras y emergencias ambientales, principalmente.

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La decisión de remediar y la definición de los objetivos del proyecto “deben sustentarse en una adecuada caracterización del sitio, que es fundamental. Esto implica identificar los contaminantes, determinar su concentración y distribución, analizar las vías de exposición y evaluar los riesgos asociados, considerando además el uso actual y futuro que se quiere dar al terreno. Para esta labor, Chile aún no cuenta con una norma general

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de calidad ambiental para suelos que establezca concentraciones máximas de contaminantes aplicables de manera general y que, por sí solas, permitan determinar que un suelo se encuentra ‘contaminado’ o que obliguen a su remediación”, señala Gonzalo Velásquez, gerente de medio ambiente de Hidronor. Explica también que no todos los sitios requieren la misma intervención. “Dependiendo de los resultados del diagnóstico y de la evaluación de riesgos, puede ser necesario remover, tratar, estabilizar o confinar los contaminantes, además de implementar controles y monitoreos posteriores. El propósito final es controlar los riesgos y recuperar el sitio hasta alcanzar condiciones compatibles con su uso proyectado, resguardando la salud de las personas y el medio ambiente”, asegura.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS Actualmente, existen tecnologías y metodologías capaces de abordar distintos tipos de contaminantes y condiciones de terreno. Entre las alternativas disponibles están la excavación y retiro del material contaminado, los tratamientos de estabilización y solidificación, el confinamiento, los tratamientos físico-químicos y las soluciones aplicadas directamente en el sitio. “La selección debe realizarse caso a caso, considerando la naturaleza y concentración de los contaminantes, el tipo de suelo, la extensión del área afectada, los riesgos, el uso futuro del terreno y la factibilidad técnica, ambiental y económica”, plantea Velásquez. Para aportar a esa labor, el Ministerio del Medio Ambiente desarrolló la Guía Metodológica para la Gestión de Suelos con Potencial Presencia de Contaminantes (SPPC), que entrega procedimientos para la evaluación, remediación y manejo de estos sitios bajo un enfoque basado en riesgos. Además, el país está avanzando en una Política Nacional de Sitios Contaminados y en la elaboración de una norma primaria de calidad ambiental para suelos. Y el manejo de los residuos peligrosos retirados durante una remediación debe cumplir con lo establecido por el D.S. 148/2003 del MINSAL y las demás disposiciones ambientales y sanitarias aplicables. Pese a esos avances, el especialista de Hidronor considera que “Chile aún debe fortalecer su marco regulatorio específico para suelos contaminados. Por eso que, en algunos proyectos, también se recurre a referencias, metodologías y valores internacionales técnicamente reconocidos. Lo importante es que estos criterios sean seleccionados y justificados de acuerdo con las

características del sitio y con los riesgos que se busca controlar”. Más allá de la disponibilidad de tecnologías, deja en claro que un proyecto de alto estándar requiere una correcta caracterización, objetivos de remediación claramente definidos, trazabilidad, operadores autorizados, controles analíticos y verificación posterior de los resultados.

DESAFÍOS A SUPERAR Además de una regulación en la materia, Gonzalo Velásquez cree necesario “fortalecer y actualizar permanentemente los catastros, mejorar la información disponible sobre los SPPC, establecer mecanismos que permitan priorizar las intervenciones de acuerdo con el nivel de riesgo, y una mayor coordinación entre los distintos organismos competentes, especialmente cuando la contaminación puede afectar simultáneamente el suelo y las aguas superficiales y subterráneas”, manifiesta. En el plano técnico, estima fundamental aumentar la capacidad de caracterización y monitoreo, promover el uso de laboratorios acreditados e incorporar la evaluación de riesgos desde las primeras etapas. “Una caracterización insuficiente puede llevar a seleccionar tecnologías inadecuadas, subestimar la extensión de la contaminación o elevar innecesariamente los costos y plazos del proyecto”, advierte. Además, apuesta por avanzar desde una lógica reactiva hacia una gestión preventiva; incorporar el saneamiento de manera temprana en la planificación de cierres, reconversiones y nuevos proyectos; y fortalecer la colaboración entre el sector público, la industria, la academia y las empresas especializadas.

SOLUCIONES INTEGRALES Hidronor ofrece soluciones integrales para la remediación y saneamiento de terrenos contaminados, abordando las distintas etapas del proceso. Los servicios incluyen planes de muestreo, análisis y caracterización físico-química; identificación de contaminantes; definición de alternativas de manejo; controles analíticos; extracción del material contaminado; transporte autorizado; tratamiento de estabilización; disposición final en instalaciones de seguridad; acondicionamiento del terreno y verificación de los resultados. “La compañía cuenta con capacidades propias para el tratamiento y disposición segura de residuos peligrosos, además de un laboratorio para análisis orgánicos e inorgánicos. Esto permi-

Chile debe fortalecer su marco regulatorio específico para suelos contaminados.

“Recuperar un sitio contaminado significa controlar un riesgo y también puede devolver valor ambiental, social y productivo a un territorio”. Gonzalo Velásquez, gerente de medio ambiente de Hidronor te entregar trazabilidad durante todo el proceso, desde la caracterización inicial hasta el destino final de los materiales retirados”, resalta Velásquez. Agrega que en más de 30 años de experiencia en esta área, Hidronor ha gestionado más de 650 mil toneladas de suelos contaminados, incluyendo materiales afectados por hidrocarburos, metales pesados y otros contaminantes industriales. Concretamente, la empresa ha participado como operador en proyectos de recuperación de pasivos ambientales, sitios industriales y terrenos en proceso de reconversión, “combinando experiencia técnica, capacidad operativa y una gestión segura de los residuos resultantes”, afirma su gerente de Medio Ambiente.

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PARA HABILITAR INVERSIONES Una gestión basada en evaluación de riesgos, nuevas tecnologías y reglas claras permitiría recuperar terrenos, dar certeza a las inversiones y prevenir impactos ambientales, sostienen en Grupo GB CINCO.

a remediación ambiental está adquiriendo creciente importancia en Chile. El desarrollo histórico de actividades mineras, energéticas, industriales y de infraestructura ha dejado terrenos donde la presencia potencial de contaminantes obliga a evaluar riesgos antes de iniciar nuevos proyectos, modificar instalaciones

o definir futuros usos del territorio. El desafío es relevante. En el país existen más de 10.000 sitios potencialmente contaminados, una realidad que puede condicionar la viabilidad técnica, ambiental y social de nuevos desarrollos. Frente a este escenario, la caracterización, evaluación de riesgos y remediación

La Oxidación Catalítica KatOx es una de las soluciones que aplica GB CINCO para descontaminar suelos y aguas.

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permiten transformar antiguos pasivos ambientales en terrenos que pueden reincorporarse de manera segura a la actividad productiva. “La remediación no debería entenderse solamente como un costo asociado al cumplimiento ambiental. Bien ejecutada, puede transformarse en un habilitador de inversión, porque permite gestio-

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nar riesgos, recuperar terrenos y entregar mayor certeza a los proyectos”, señala José Manuel Bellalta, gerente general de Grupo GB CINCO. La compañía cuenta con más de 400 estudios de caracterización y proyectos de saneamiento y ha incorporado distintas soluciones para abordar contaminación de suelos y aguas, entre ellas la Oxidación Catalítica KatOx, extracción multifase y barreras hidráulicas, cuya aplicación depende de las características de cada sitio y los contaminantes presentes.

TECNOLOGÍA Y EXPERIENCIA Uno de los cambios que está experimentando la industria es la incorporación de tecnologías orientadas a aumentar la precisión y reducir los tiempos de intervención. Grupo GB CINCO mantiene una alianza con la canadiense Ivey International, incorporando soluciones como Ivey-Sol, ATOMI-SOL y DECON-IT, que pueden reducir entre 30% y 40% los plazos de remediación. A ello se suma una relación de más de 15 años con la empresa BfU de Argentina, cuya experiencia considera más de 800 sitios intervenidos y 110 remediaciones en los sectores de petróleo y gas. “Cada sitio contaminado tiene condiciones distintas. Por eso, más que aplicar soluciones estandarizadas, se necesita investigar, caracterizar, evaluar el riesgo y definir la tecnología adecuada. La experiencia internacional muestra que la remediación moderna debe sustentarse en información técnica y gestión de riesgos”, explica Bellalta. Este enfoque adquiere también importancia frente a eventos climáticos extremos. Las lluvias intensas pueden movilizar contaminantes confinados en los suelos. A través de la escorrentía y la erosión, hidrocarburos, metales pesados, pesticidas, fertilizantes o solventes pueden desplazarse hacia ríos, esteros y acuíferos. Por ello, la remediación también puede formar parte de una estrategia preventiva de resiliencia ambiental y protección de los recursos hídricos.

LEY DE SUELOS El desarrollo tecnológico requiere además un marco institucional que establezca criterios claros. En ese contexto, el proyecto de Ley Marco de Suelos aparece como una oportunidad para avanzar hacia una gestión sistemática de terrenos degradados y sitios contaminados. La iniciativa podría contribuir a establecer estándares de remediación, catastros de sitios contaminados y mecanismos de gestión territorial, entregando mayor certeza jurídica a pro-

La remediación bien ejecutada permite gestionar riesgos y recuperar terrenos, destacan en la empresa.

La compañía dispone de tecnologías que pueden reducir entre 30% y 40% los plazos de remediación. yectos mineros, energéticos y de infraestructura. Para el Grupo GB CINCO, este marco permitiría avanzar desde una lógica reactiva hacia una gestión preventiva, capaz de identificar riesgos antes de que se transformen en contingencias operacionales, territoriales o judiciales. “Chile necesita reglas que permitan saber cómo investigar un sitio, cómo evaluar sus riesgos y bajo qué criterios determinar las medidas de gestión o remediación necesarias. Una Ley de Suelos puede entregar esa certeza y, al mismo tiempo, compatibilizar protección ambiental con desarrollo económico”, sostiene Bellalta. El desafío no consiste únicamente en

acelerar inversiones, sino en reducir las incertidumbres que pueden comprometerlas. Bajo esta perspectiva, la remediación deja de ocupar un lugar posterior al problema y pasa a integrarse tempranamente en la planificación. Para el Grupo GB CINCO, combinar capacidades técnicas, innovación, experiencia internacional y una institucionalidad moderna permitiría cambiar la forma en que Chile enfrenta sus pasivos ambientales: pasar de administrarlos como una deuda del pasado a recuperarlos como parte de una estrategia de desarrollo sostenible, seguridad hídrica y certeza para nuevas inversiones.

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Con más de 40 años de experiencia, Séché desarrolla soluciones para recuperar suelos y aguas contaminadas, transformar antiguos pasivos ambientales y devolver valor a territorios afectados por actividades industriales, mineras y energéticas.

a contaminación de suelos representa un desafío creciente, especialmente en zonas industrializadas y densamente pobladas. En Chile, el Ministerio del Medio Ambiente ha identificado más de 10.000 sitios con potencial presencia de contaminantes (SPPC), muchos de ellos ubicados en áreas con un importante potencial de desarrollo urbano y productivo. Este escenario plantea la necesidad de avanzar desde el modelo tradicional de excavar y eliminar hacia soluciones que permitan tratar, EDICIÓN 201 JULIO-AGOSTO 2026

recuperar y valorizar los materiales contaminados. La limitada capacidad disponible para recibir este tipo de residuos, junto con la necesidad de disminuir la presión sobre nuevos territorios, convierte a la remediación ambiental en una herramienta estratégica para el desarrollo sostenible del país. “Actualmente, existe un catastro de más de 10.000 sitios con potencial presencia de contaminantes en Chile. El modelo lineal de excavar y eliminar no resulta sostenible debido, entre otros factores, a la limitada capacidad local

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para recibir materiales contaminados. La remediación permite gestionar estos sitios de manera segura, recuperar los suelos y habilitar nuevas posibilidades de desarrollo”, explica Maurice Menadier, Environmental Services Manager de Séché.

GESTIÓN Y TRATAMIENTO Hoy, conservar el suelo no significa únicamente proteger los terrenos que permanecen intactos, sino también recuperar aquellos que han sido impactados y transformarlos en espacios seguros. Esta mirada se relaciona con conceptos internacionales como la regeneración de brownfields, la estrategia Zero Net Land Take -o cero artificialización neta del sueloy la Soil Circularity. Estos enfoques buscan priorizar la recuperación de terrenos previamente intervenidos antes de expandir las ciudades hacia áreas naturales, integrando remediación ambiental, regeneración urbana y economía circular. Con más de 40 años de experiencia, el Grupo Séché se especializa en la gestión y tratamiento de residuos industriales complejos y en la rehabilitación de sitios contaminados. Cada proyecto es abordado de manera particular mediante un trabajo multidisciplinario que combina diagnóstico, ingeniería, tratamiento de suelos, remediación de aguas subterráneas, gestión de residuos y monitoreo ambiental. Las alternativas de tratamiento se definen de acuerdo con las características del sitio y los contaminantes presentes. Entre ellas se encuentra la biorremediación, que utiliza microorganismos para degradar contaminantes orgánicos; la estabilización físico-química, que permite inmovilizar sustancias y disminuir su movilidad; y los tratamientos térmicos, que emplean calor para separar o destruir determinados contaminantes. La selección o combinación de estas tecnologías permite privilegiar el tratamiento y la reutilización de los materiales por sobre su eliminación.

Durante la intervención se gestionaron 175.000 metros cúbicos de material excavado. Cerca del 40% fue reutilizado directamente en la obra, mientras que el volumen restante fue enviado a tratamiento para su posterior valorización. Una vez finalizada la remediación, el terreno fue entregado al municipio y quedó disponible para nuevos desarrollos urbanos. La compañía también participó en el saneamiento de 12 hectáreas correspondientes al terreno donde se construyó el nuevo Centro Acuático Olímpico de París. En Perú, en tanto, ha ejecutado proyectos asociados a derrames de petróleo, incluyendo el tratamiento de cerca de 35.000 toneladas de arena en la costa y la remediación de 5.750 metros lineales en zonas de la selva, mediante un trabajo coordinado con las comunidades locales. Estas experiencias demuestran que la remediación va más allá de eliminar contaminantes. Su propósito es controlar los riesgos, recuperar materiales, conservar el valor del suelo y preparar los terrenos para nuevos usos. La medición de la huella de carbono y la aplicación de principios de economía circular permiten, además, reducir los impactos asociados a cada intervención.

EXPERIENCIAS DE REMEDIACIÓN En Chile, esta experiencia se materializa en la remediación ambiental del proyecto Las Salinas, en Viña del Mar, una de las iniciativas de rehabilitación urbana más relevantes de Latinoamérica. El proyecto considera la recuperación de un terreno de aproximadamente 16 hectáreas, ocupado durante más de un siglo por instalaciones asociadas al almacenamiento y distribución de combustibles. La intervención combina excavación selectiva, remediación de aguas subterráneas, un sistema permanente de monitoreo ambiental y la biorremediación de suelos mediante biopilas. En estas estructuras se controlan variables como la aireación, la humedad y la temperatura para favorecer la acción de los microorganismos presentes naturalmente en el suelo y degradar los hidrocarburos. A la fecha, el proyecto registra 18 biopilas conformadas, 17 liberadas y 12 cosechadas. Estos avances reflejan la efectividad del tratamiento aplicado y permiten que los suelos recuperados puedan ser reutilizados de manera segura dentro del mismo proyecto. De esta forma, se evita el traslado masivo de material, se reduce la generación de residuos y disminuye la necesidad de extraer nuevos recursos. La trayectoria internacional del Grupo Séché respalda este modelo. En Francia, la compañía concluyó en 2025 la rehabilitación de la antigua refinería de Frontignan-la-Peyrade, recuperando un terreno industrial de 11 hectáreas afectado por décadas de actividad petrolera. El proyecto incorporó una carpa móvil de confinamiento para controlar emisiones, tratamiento de aguas subterráneas y soluciones especialmente adaptadas a un entorno urbano.

Séché trabaja en la remediación del proyecto Las Salinas, en Viña del Mar, una de las iniciativas de rehabilitación urbana más relevantes de Latinoamérica.

La biorremediación mediante biopilas es una de las soluciones para tratar los suelos que aplica la empresa.

En un escenario donde el suelo disponible es cada vez más escaso, recuperar terrenos degradados constituye una decisión ambiental, social y estratégica. La remediación permite transformar antiguos pasivos en oportunidades de desarrollo, disminuir la presión sobre los ecosistemas naturales y avanzar hacia ciudades más sostenibles. Porque conservar el suelo también significa recuperarlo, regenerarlo y darle una nueva vida para las futuras generaciones.

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Michelle Rossi Núñez Líder Área Suelos Gestión Ambiental Consultores (GAC)

Sitios contaminados: oportunidad para restaurar

ientras Chile espera dos instrumentos muy relevantes para la gestión de suelos -la Ley Marco de Suelos y la futura Norma Primaria de Calidad Ambiental para Suelos- la investigación científica está reformulando cómo entendemos la remediación y restauración de sitios contaminados, lo cual se refleja en las estrategias más recientes. Los avances en remediación ocurren, muchas veces, a escalas que escapan a la observación directa. Algunas bacterias inducen biomineralización, generando sulfuros, carbonatos o fosfatos que reaccionan con metales y los estabilizan, o modifican su estado de oxidación mediante transferencia de electrones. Así, el Cr(VI), altamente móvil y tóxico, puede reducirse a Cr(III), menos soluble. El biochar, por su parte, favorece la adsorción e inmovilización de metales mediante su estructura porosa y grupos funcionales, mientras el aumento del pH favorece su precipitación. Los nanomateriales pueden intervenir en la transferencia de electrones; por ejemplo, las nanopartículas de hierro cero valente pueden liberar electrones que degradan solventes clorados y favorecen la inmovilización de metales. La tendencia actual apunta a combinar microorganismos, plantas y materiales adsorbentes con herramientas como la biotecnología y la inteligencia artificial, utilizada para modelar y optimizar sistemas de restauración cada vez más complejos. Más que una colección de tecnologías novedosas, esto refleja una transformación conceptual en donde la restauración de sitios contaminados ya no se concibe como la aplicación de una herramienta aislada sobre un contaminante específico, sino como la intervención de los procesos que controlan su comportamiento. Esta discusión tampoco es ajena a Chile. Los antecedentes técnicos considerados durante la elaboración de la futura norma primaria de calidad reflejan años de desarrollo científico en torno a la contaminación, destacando la importancia de comprender la movilidad de los contaminantes, sus fracciones geoquímicas, las concentraciones naturales de fondo y los riesgos asociados a la salud de la población. A nivel nacional, la investigación también ha incorporado enfoques como la electrocinética, aplicada, entre otras estrategias, a potenciar procesos de fitorremediación. Todo esto plantea una pregunta relevante para Chile. Si la ciencia está avanzando hacia una comprensión más sistémica de la contaminación, ¿podemos construir nuestra gestión de sitios contaminados bajo esa misma mirada? Hoy existe una oportunidad para que los instrumentos normativos incorporen este paradigma desde su nacimiento.

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REMEDIACIÓN A LA MEDIDA IDOM desarrolla soluciones integrales para recuperar sitios contaminados que se adaptan a las necesidades de cada caso. Germán Monge Ganuzas Socio y Director Global de Gestión Sostenible y Salud del Suelo IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U. gm@idom.com

a recuperación de suelos contaminados y pasivos ambientales requiere mucho más que aplicar una tecnología de remediación. El éxito de cualquier proyecto depende, primero, de un diagnóstico riguroso que permita comprender la naturaleza de los contaminantes, su distribución, las vías de exposición y los riesgos reales para las personas y el medio ambiente. Tan importante como conocer el problema es definir correctamente los objetivos de remediación, a partir de criterios técnicos y de riesgo, considerando el uso actual y futuro del emplazamiento y comparando los resultados con referencias y estándares adecuados. El objetivo no siempre debe ser eliminar toda la contaminación, sino garantizar niveles de protección compatibles con el entorno y los usos previstos. Una vez caracterizado el emplazamiento, resulta esencial realizar estudios de tratabilidad y análisis de alternativas para seleccionar la so-

lución más adecuada. Existen numerosas tecnologías disponibles –biológicas, físico-químicas, térmicas, de confinamiento o estabilización–, pero ninguna constituye una respuesta universal y, en muchos casos, lo mejor es combinar distintas técnicas para optimizar los resultados. La elección debe basarse en la eficacia técnica, la viabilidad económica y los impactos ambientales y sociales asociados. Los enfoques más avanzados incorporan además criterios de sostenibilidad desde las primeras etapas del proyecto, evaluando aspectos como la huella de carbono, el consumo de recursos, la generación de residuos, los costos del ciclo de vida y la aceptación social. La experiencia demuestra que no existen soluciones estándar. Cada sitio presenta condicionantes ambientales, técnicas y económicas propias que exigen auténticos trajes a medida. En IDOM llevamos más de 30 años desarrollando este tipo de soluciones, acompañando a nuestros clientes en la evaluación de riesgos, el análisis de alternativas y la selección de las mejores técnicas disponibles. Una experiencia contrastada que nos permite diseñar estrategias eficaces, sostenibles y adaptadas a las necesidades de cada proyecto.

Foto: www.lamor.com

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Esa cualidad distingue a Lamor, empresa especialista en atención de derrames, remediación de sitios contaminados y gestión de residuos peligrosos.

ás de 6 millones de toneladas de suelo con hidrocarburos, en un área de unos 114 km2. Esa enorme cantidad de terreno ha descontaminado la empresa Lamor desde 2021 en Kuwait, en conjunto con Khalid Ali Al-Kharafi, para mitigar la catástrofe

ambiental generada durante la guerra del Golfo de 1991 por el mayor derrame de petróleo causado por el hombre en nuestro planeta. “Es el proyecto de remediación más grande que existe actualmente en el mundo”, asegura Felipe Salazar, Gerente de Desarrollo de Nego-

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cio para América de la compañía global de origen finlandés que se distingue por su expertise en el manejo de hidrocarburos. Con más de 40 años en el mercado, Lamor nació fabricando equipos para la contención y limpieza de derrames de hidrocarburos, y con

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el tiempo evolucionó hacia la provisión de servicios expertos para responder directamente a este tipo de emergencias. En base a esa experiencia, a lo largo de los años la empresa ha consolidado tres líneas de negocio: atención de derrames de hidrocarburos, remediación de sitios contaminados y gestión de residuos peligrosos, en particular de tipo oleoso. “En Chile, comenzamos a desarrollar proyectos piloto en 2016 y nos instalamos formalmente en 2018. Hoy actuamos en todas nuestras líneas de negocio y tenemos proyectos a lo largo de todo el país”, destaca Salazar.

La empresa ha remediado suelos afectados con petróleo en la Patagonia.

REMEDIACIÓN Y DERRAMES Los servicios de remediación ambiental que ofrece Lamor se dividen en dos grandes áreas. Por una parte está la consultoría para el desarrollo de estudios de fase I y fase II, así como análisis de riesgos, en suelos contaminados, de acuerdo a la normativa chilena. La segunda es el servicio de saneamiento y rehabilitación potencial de sitios contaminados, aprovechando la experiencia adquirida en la atención de derrames de hidrocarburos. Para eso, aplican un enfoque integral que aborda la contaminación del suelo y las aguas subterráneas. El proceso considera las siguientes etapas: evaluación y caracterización del sitio; evaluación de riesgos; elaboración del plan de acción correctiva; obtención de la aprobación regulatoria del plan de saneamiento; diseño, construcción y puesta en marcha de la solución propuesta; control y muestreo para evaluar el progreso de la descontaminación; evaluación final del proceso; supervisión y mantenimiento a largo plazo. En ese contexto, Lamor aplica diversas tecnologías de remediación, varias de ellas mejoradas por la propia compañía, adaptadas a las características de cada sitio y tipo de contaminación. Entre éstas se cuentan la biorremediación, la oxidación química ISCO, la extracción de vapores del suelo (SVE, por su sigla en inglés), el biosparging, el lavado de suelos, entre otras. Esta combinación de soluciones le permite a la compañía abordar distintos escenarios de contaminación, ya sea en suelo, agua subterránea o ambos, con la tecnología más adecuada para cada caso, optimizando tiempos y resultados de remediación. En cuanto a su experiencia en Chile, Felipe Salazar señala: “Hemos ejecutado proyectos de remediación en diversos sitios, como predios contaminados de ex instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos y en estaciones de servicios de

se dedica a desarrollar productos y acciones de respuesta para proteger el medio ambiente. En ese marco, la compañía ofrece dos frentes de servicio complementarios: por un lado, el servicio de Oil Spill Response, con capacidad de respuesta operativa ante emergencias; y por otro, la venta y arriendo de una gama completa de tecnología especializada, prestando asesoría desde la puesta en marcha hasta el mantenimiento y las reparaciones de los equipos e insumos. Estos últimos incluyen: barreras de contención de petróleo, sistemas de recuperación, bombas y unidades de potencia, embarcaciones de trabajo, unidades de almacenamiento de petróleo, sensores y absorbentes.

PROYECCIONES EN CHILE

Felipe Salazar apuesta por el crecimiento de Lamor en Chile.

Labores de remediación de un sitio contaminado en la región de O’Higgins. expendio de combustible donde han ocurrido filtraciones o derrames a los suelos. También hemos remediado suelos en la Patagonia, pasivos provenientes de antiguas operaciones de la industria petrolera”. Esto se suma a su experiencia internacional de remediación en ambientes muy distintos “como el desierto de Kuwait, la Amazonía peruana y ecuatoriana, entre otra variedad de sitios que nos han hecho aprender y perfeccionar nuestras metodologías”, apunta. En la línea de atención de derrames, Lamor

Con respecto a las proyecciones de la compañía, el especialista comenta: “Queremos contribuir a que Chile avance en la remediación de sus pasivos ambientales y suelos contaminados. El país requiere tecnologías y servicios especializados, y ahí es donde Lamor puede aportar un know-how relevante en la gestión de hidrocarburos: no somos una empresa dedicada al manejo de residuos urbanos o peligrosos en general, sino que desde nuestros orígenes nos hemos especializado exclusivamente en hidrocarburos”. Agrega que esperan seguir aportando a quienes necesitan sanear predios contaminados para recuperarlos para nuevos usos, ya sean industriales, comerciales o residenciales. Asimismo, apuntan a fortalecer sus servicios de atención de derrames. “Contamos ya con cinco bases de respuesta operativas para atender emergencias a lo largo de Chile y nuestra idea es sumar otras para apoyar a las emergencias ambientales que se puedan suscitar ya sea en ambiente marino o terrestre”, dice. Enseguida, Felipe Salazar enfatiza: “Lamor tiene un plan estratégico de crecimiento sólido para Chile, y creemos firmemente que podemos aportar en todas las líneas de negocio que manejamos como compañía. No hablamos solo de crecer en volumen, sino de acompañar al país en los distintos frentes donde tenemos experiencia probada: desde la respuesta a derrames y la protección de ecosistemas costeros, hasta la remediación de suelos contaminados y el desarrollo de tecnología especializada para la industria de hidrocarburos. Chile está en un momento donde la exigencia ambiental y regulatoria va en aumento, y eso abre una oportunidad clara para una empresa como Lamor, que lleva décadas desarrollando soluciones técnicas de primer nivel. Nuestro objetivo es consolidarnos como un socio estratégico de largo plazo para la industria y para el país, no solo como un proveedor puntual”.

ANULAN DECRETO REP PARA ACEITES LUBRICANTES USADOS

TC DESCARTÓ INDEMNIZACIÓN POR RCA ANULADA Y MICRO-RELOCALIZACIONES ACUÍCOLAS El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucionales el derecho a indemnización por la anulación judicial de una resolución de calificación ambiental (RCA) y las micro-relocalizaciones de concesiones acuícolas, por lo cual estas disposiciones ambientales quedaron fuera de la Ley sobre Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, aprobada y despachada en agosto por el Congreso. La primera norma establecía que, si una RCA era anulada judicialmente, el titular del proyecto podía exigir al Estado la restitución de los gastos directos, efectivos y no recuperables asociados a la inversión, otorgando así una suerte de compensación estatal para esos casos. En cuanto a las micro-relocalizaciones, el TC impugnó las modificaciones propuestas a la Ley 20.434 que permitirían a las concesiones acuícolas desplazarse hasta 350 metros sin someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Asimismo, el Tribunal descartó la disposición que buscaba limitar las reclamaciones de quienes no hubieran formulado observaciones durante la participación ciudadana de un proyecto de inversión. La nueva Ley introducirá ajustes relevantes al SEIA y a los procedimientos administrativos, con miras a agilizar la tramitación y dar mayor certidumbre jurídica a los inversionistas. En ese contexto, plantea entre otros cambios: reduce a 12 meses el plazo para que terceros ajenos a un proyecto puedan solicitar la invalidación de una RCA; los órganos sectoriales tendrán un año para responder a los proyectos de inversión en trámite, considerando todos los actos administrativos del Estado; se establecen criterios de proporcionalidad en la evaluación, priorizando tramitaciones simplificadas para proyectos de infraestructura crítica, reconstrucción e iniciativas de bajo impacto ambiental; se fortalece la rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental. EDICIÓN 201 JULIO-AGOSTO 2026

El Segundo Tribunal Ambiental anuló el Decreto Supremo N° 47/2023, que fija las metas de recolección y valorización de aceites lubricantes usado (ALU), dictado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) en el marco de la aplicación de la Ley 20.920 sobre Responsabilidad Extendida del Productor (REP), ordenándole dictar a la brevedad una nueva regulación. El fallo se sustenta en que, según el órgano judicial, el MMA incurrió en ilegalidades, primero, al establecer restricciones que en la práctica impi-

den a los productores optar por sistemas individuales de gestión y, luego, al permitir a los comercializadores valorizar por sí mismos estos residuos, facultad que la Ley REP reserva solo para los consumidores industriales. El nuevo decreto deberá subsanar estos aspectos.

EMANUEL IBARRA ASUME EN LA SMA Tras ser escogido mediante el Sistema de Alta Dirección Pública, el 1 de septiembre Emanuel Ibarra Soto asume la conducción de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), organismo encargado de ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental establecidos por la normativa vigente. Ibarra es abogado de la U. Católica y magíster en Medio Ambiente, Evaluación, Gestión y Derecho Ambiental de la U. Finis Terrae. Cuenta con una amplia trayectoria profesional vinculada al derecho y la institucionalidad ambiental, en el sector público y privado. Entre 2013 y 2023 trabajó en la SMA, desempeñando diversos cargos, incluido el de Superintendente subrogante.

MP10

El Ministerio del Medio Ambiente inició la revisión de la norma de calidad para material particulado respirable. La autoridad indicó que el objetivo es evaluar, a la luz de nueva evidencia científica y los antecedentes recabados en los territorios, si esta regulación sigue cuidando de modo efectivo la salud de las personas. Hoy existen 22 zonas del país, en 13 regiones, declaradas latentes o saturadas por este contaminante.

DESCONTAMINACIÓN DEL LAGO VILLARRICA Tras su publicación en el Diario Oficial, el 13 de agosto entró en vigencia el Plan de Descontaminación del Lago Villarrica, el primero destinado a un medio hídrico que se dicta en el país. Su objetivo es recuperar los niveles establecidos en la Norma Secundaria de Calidad Ambiental para este cuerpo de agua en un plazo de 15 años, a través de medidas orientadas principalmente a reducir las emisiones de nutrientes, como el fósforo, que son los principales contaminantes que afectan a su cuenca. Contempla una inversión estimada de US$ 56,13 millones para implementar una serie de medidas, entre las que destacan el establecimiento de una norma de emisión por carga de fósforo para pisciculturas, una planta de tratamiento para aguas servidas en la comuna de Curarrehue y un programa para conectar viviendas de Villarrica y Pucón al sistema de alcantarillado.

40 PUNTOS DE VISTA

na de cada cinco hectáreas (21%) del territorio nacional está protegida. Y una de las principales metas de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2025-2030 es que a fines de la década, el 30% de las áreas terrestres y marino-costeras esté bajo resguardo. Es un desafío que deberá asumir y liderar el Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que está en pleno proceso de instalación. El organismo estatal fue creado por la Ley Nº 21.600 que unifica la administración de la naturaleza y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).

Conciliar o armonizar el cuidado y conservación de la biodiversidad con el desarrollo productivo no es una discusión nueva, pero sí de una relevancia mucho mayor en la última década. Esto, por la creciente conciencia que existe sobre el impacto que genera su pérdida en el desarrollo humano, el empoderamiento de las comunidades y el rol más proactivo en este ámbito de un grupo creciente de grandes empresas, principalmente. Un tema muy vigente que dio vida al siguiente conversatorio entre especialistas del Gobierno, empresas y del área de la consultoría.

INVITADOS

TOMÁS SARATSCHEFF Director del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)

OLGA SEPÚLVEåDA Gerenta de Medio Ambiente y Conservación de Teck

SILVIA GUTIÉRREZ Gerenta de Cumplimiento Ambiental de Gestión Ambiental Consultores

CONSTANZA ABARCA Gerenta de Asuntos Regulatorios de CCU

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CONSTANZA PANTALEÓN Directora Ejecutiva de Acción Empresas

PUNTOS DE VISTA

nduAmbiente: Desde sus distintas perspectivas, ¿qué pasos significativos se han dado en nuestro país para la necesaria armonización entre el cuidado de la biodiversidad y el desarrollo productivo, y cómo ven el panorama hoy en día al respecto?

Saratscheff: A mi juicio, claramente la regulación ha ido avanzando en este ámbito. En 1994 se dicta la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y en 2005, cuando aún no contábamos con institucionalidad ambiental, la OCDE emite un informe dando cuenta de que en nuestro país se requiere un ministerio, una instancia judicial y otros organismos en la materia. Ese año, entonces, se comienza a escribir una historia que hoy estamos tratando de cerrar con la implementación del SBAP. Cabe recordar que fue en 2010 cuando la Ley 20.417 creó el Ministerio y la Superintendencia del Medio Ambiente, así como el Servicio de Evaluación Ambiental, y dejó mandatada la creación del SBAP. Dos años después fue el turno de los tribunales ambientales y el 2023, vía ley, se crea el Servicio que dirijo, aunque esto se comenzó a concretar el 2024. Estamos avanzando en la construcción institucional porque el SBAP entrará en régimen recién en un par de años más, cuando ya

tenga todos sus “brazos” e instrumentos montados. En ese momento podremos decir que Chile tiene su institucionalidad ambiental completa. Ahora bien, la armonización o compatibilización entre resguardo de la biodiversidad y desarrollo productivo requiere ser afinada con elementos que no están a veces ni en las leyes ni en sus reglamentos. Por ejemplo, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) se rige mucho por guías. Este es un trabajo que estamos haciendo para poder contribuir a ese objetivo. Abarca: Nosotros presentamos el primer estudio de impacto ambiental (EIA) de CCU en 1998, así que somos usuarios del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) desde hace muchos años. En todo este tiempo ha habido muchos cambios y se ha producido un proceso de maduración en paralelo al establecimiento de nuevos estándares. No ha sido un camino fácil, ya que entremedio ha habido cambios de normas, de reglamentos, actualización de las guías del SEA, etc. Entonces, para la industria, preocuparse por el tema de la biodiversidad no ha sido un proceso exento de dificultades. Yo, en particular, estoy en el sector cervecero y ahora, como empresa, estamos

obligados tener una mirada en esta área que antes era impensada. En ese contexto, nuestra descarga de riles (residuos industriales líquidos) tratados se deposita en el estero Las Cruces, siendo útil para el humedal San Luis de Quilicura. O sea, somos uno de los principales aportantes de agua de ese lugar, por lo que nos tenemos que preocupar de cumplir un estándar superior al DS 90 para no afectar su biodiversidad. También los municipios y sus planes reguladores están involucrados en esto. Respondiendo a la pregunta planteada, creo que hemos avanzado a nivel de política pública y también madurado como usuarios, pero todavía quedan muchas conexiones que hacer. El desafío de compatibilizar la protección de la biodiversidad con el desarrollo productivo tiene que ver, primero, con el conocimiento profundo que debe tener la industria sobre este tema. Y también con la armonización de los instrumentos normativos y de nuestra legislación ambiental relacionados con este tema, como la Ley de Biodiversidad, la Ley de Humedales y el reglamento del SEIA, para que efectivamente podamos, con certeza jurídica y también con una mirada de protección, encontrar los mecanismos públicos y privados para llevar adelante este tremendo desafío.

Los invitados valoraron los avances de la normativa e institucionalidad ambiental en Chile en pro del cuidado de la biodiversidad.

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Sepúlveda: Complementando lo dicho, hay que considerar que las distintas industrias tienen diferentes regulaciones internas. Tomás (Saratscheff) nos describió cómo ha avanzado la legislación ambiental, pero nosotros como empresas debemos aportar algo adicional. La minería, donde yo trabajo, cuenta con certificaciones globales que le exigen ir más allá que otros rubros. En ese sentido, en Teck avanzamos de la mano de la regulación ambiental, pero también tenemos estrategias internas de biodiversidad que nos llevan a ir más allá de lo que nos obliga la normativa. La compañía trabaja muy fuerte en la implementación de planes de manejo en este ámbito en sus áreas de operación. Y también tenemos algunas otras estrategias a nivel global que no se enfocan únicamente en las faenas, porque no solo nos interesa conocer el impacto que generan nuestras operaciones, sino también el comportamiento global de la problemática ambiental, sobre todo de la biodiversidad. En ese contexto, destaco el proyecto de conservación que tenemos en el salar de Alconcha, el cual logró la aprobación ambiental luego de más de tres años de evaluación. Esto es relevante porque es muy complejo evaluar hoy iniciativas vinculadas a la biodiversidad. Uno de sus aspectos importantes es que es de largo plazo y cuenta con financiamiento, porque uno de los problemas que existen en este ámbito es la falta de recursos. En resumen, no podemos quedarnos solo con lo que la legislación ambiental nos pide, que actualmente es mucho más exigente y se acerca a los estándares internacionales. Además, es el financiamiento de los privados lo que va a impulsar la agenda del Gobierno para ayudar a la conservación global de las especies en el país.

GESTIÓN COMPLEJA InduAmbiente: Constanza (Pantaleón) y Silvia (Gutiérrez), ¿cuál es su visión sobre este tema, considerando además que hoy las comunidades están mucho más pendientes de lo que hacen las empresas en esta materia? Pantaleón: Estando bien de acuerdo con lo que aquí se ha dicho, desde Acción Empresas tenemos la ventaja de poder observar lo que hacen distintos rubros de empresas, incluidas las de la banca a propósito

colaborativa -incorporando los códigos empresariales, las regulaciones del SBAP y la mirada de la academia, las consultoras y ONGs- un espacio de diálogo sin generarnos la angustia de que los problemas tienen que estar resueltos mañana. Tenemos que ir paso a paso, con cada empresa trabajando a su ritmo.

“El desafío de compatibilizar la protección de la biodiversidad con el desarrollo productivo tiene que ver con el conocimiento profundo que debe tener la industria sobre este tema. Y también con la armonización de los instrumentos normativos”. Constanza Abarca del tema del financiamiento. La gestión de la biodiversidad es un tema complejo que no puede mirarse de manera aislada, sino considerando su entorno y los servicios que presta, cómo la valoro y cuál es su relación con el sector industrial. Por ejemplo, las compañías mineras y de generación de energía se encuentran con la biodiversidad en las puertas de sus operaciones, por lo que el vínculo con ella y la comunidad que las rodea se hace más evidente. Esto las ha llevado a liderar el proceso para su protección. Sin embargo, todos generamos un impacto y tenemos una dependencia súper clara con la biodiversidad en los humedales y otros lugares. Estamos empezando a instalar en la conversación esa realidad a través de un plan de acción empresarial para la biodiversidad. La idea es ir generando de manera

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Gutiérrez: Desde el punto de vista de los consultores, en GAC hemos iniciado el camino de hacer asesorías en biodiversidad en base a estándares internacionales. También considero que Chile ha avanzado mucho en materia de institucionalidad ambiental y a nivel internacional esto es muy valorado. Así lo he comprobado cuando me ha tocado hacer verificaciones o validaciones de gestión ambiental en materia de estándares. Sin embargo, aún nos queda una brecha, que tiene que ver con preocuparnos de la biodiversidad y avanzar un paso más allá. En esa línea, hemos hecho varios trabajos de levantamiento de líneas de base y de definición de indicadores y métricas para poder hacer comparaciones entre empresas, especialmente mineras y de energía, a nivel mundial. Al respecto, por un lado, veo que las empresas no comprenden bien cómo hacer esta bajada, porque se quedan con sus resoluciones de calificación ambiental (RCA) y los demás permisos, en circunstancias que lo que estamos hablando es otra cosa. Deben avanzar más allá y entender que la naturaleza con la que se vinculan es un activo dentro de sus operaciones, por lo que deben preocuparse de ella. Porque hoy, a través del SEIA, las empresas pueden evaluar sus proyectos y comprometerse con medidas, pero falta mucho para que avancen hacia la gestión de la biodiversidad. Por otro lado, existe desconocimiento en esta área, por lo que el Estado y el sector privado deben hacer un esfuerzo conjunto para hacer capacitaciones que permitan tener conversaciones informadas, que son de mediano y largo plazo. Veo mucha brecha también en el manejo de los términos que están fuera del SEIA. Esto es importante porque las empresas muchas veces no saben hasta qué punto tienen que hacerse cargo de los impactos que generan en la naturaleza. Esta es una preocupación que genera más rechazo que cercanía con el tema, porque las compañías pueden comprometerse, pero tienen el temor de hacerlo mucho más allá de lo que quieren o pueden.

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“Es el financiamiento de los privados el que va a impulsar la agenda del Gobierno para ayudar a la conservación global de las especies en el país”. Olga Sepúlveda

INSTALACIÓN DEL SBAP InduAmbiente: El último informe sobre el Estado del Medio Ambiente en Chile señala que en nuestro país el 22% del territorio está protegido y se espera que con la implementación del SBAP ese porcentaje siga aumentando. Tomás (Saratscheff), ¿existe un buen diagnóstico en Chile del estado o salud de la biodiversidad y de las áreas que se requiere proteger? Saratscheff: La respuesta es bien subjetiva, porque habría que precisar qué es un buen diagnóstico. En todos los países tenemos distintos niveles de entendimiento, conocimiento, datos e información sobre este tema, pero de ahí a que sea buena y suficiente es discutible. Conocer el estado de la biodiversidad es muy complejo considerando el extenso país que tenemos. Nunca tendremos un detalle completo, por lo que debemos focalizar los esfuerzos en aquellas especies que queremos saber cómo están. Personalmente me interesan dos ámbitos: primero, la extensión o superficie ecosistémica. En Chile, varios ecosistemas terrestres están sumamente reducidos. Por ejemplo, en la Cordillera de la Costa, entre las regiones de Valparaíso y la Araucanía, han disminuido de manera importante especies de bosque nativo como el Ruil y el Queule. De estos pisos vegetacionales quedan solo unos cientos de hectáreas. El segundo es el enfoque de especies. Si tenemos algunas al borde de la extinción debemos ponerle lupa y preocuparnos de ellas. No quiero ser conformista, pero estamos relativamente bien respecto al trabajo que estamos desarrollando para evitar que ciertas especies desaparezcan.

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DEFINICIÓN DE SITIOS PRIORITARIOS

InduAmbiente: Con la instalación del SBAP ese trabajo debiera fortalecerse, ¿en qué etapa está ese proceso? Saratscheff: La implementación del SBAP lleva dos años y algunos meses. El Servicio entró en funcionamiento en marzo de 2024, cuando se pudo contratar a la primera persona, Patricia Ibáñez, quien fue la primera directora interina. Y entre el 2025 y abril de 2026, cuando asumí como director, se contrataron cerca de 200 personas, mientras que otras 28 llegaron desde el Ministerio del Medio Ambiente. A la par, se fue montando su estructura básica. El 1 de febrero pasado entró en operaciones, que es un concepto distinto. Desde ese día ya se puede pronunciar en el SEIA, acusar recibo de denuncias, ir a fiscalizar, emitir informes a la Dirección General de Aguas por solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas, así como gestionar algunos instrumentos que tiene. La mayoría de éstos, eso sí, aún no se implementan, lo que no ocurrirá pronto, ya que varios son complejos y requieren de reglamentos que están en manos del MMA.

InduAmbiente: Olga (Sepúlveda) y Constanza (Abarca), ¿la forma en que se están definiendo los sitios prioritarios para la conservación genera reparos en sus empresas y tiene impactos en su operación? Sepúlveda: En Teck hicimos una revisión y no nos impacta mayormente. A otras compañías mineras sí. Nosotros trabajamos con el Consejo Minero y entregamos nuestras propuestas.

“No se le puede exigir solo al titular de un proyecto el cuidado de un área porque hay espacios y ecosistemas que son compartidos por muchos usuarios”. Silvia Gutiérrez

InduAmbiente: Dado que también se está implementando el Servicio Nacional Forestal (Sernafor), ¿existe un trabajo conjunto para evitar el traslape de competencias? Saratscheff: Por cierto, e incluso hemos tenido un trabajo importante de coordinación con la Conaf. Sernafor va a entrar en funcionamiento en mayo de 2027 y el traspaso de las áreas silvestres protegidas y de su personal al SBAP se producirá dos meses antes. InduAmbiente: ¿Qué problemas gatillaron la postergación del traspaso de esas áreas al SBAP, que ocurriría en 2026? Saratscheff: Cuando llegué al SBAP, el 9 de abril, me encontré con un equipo muy entusiasta y motivado en realizar este traspaso antes del 1 de agosto de este año. Existían avances, pero yo solicité evaluar la situación y resolver si era posible realizar tal proceso antes de esa fecha. Recogí los antecedentes y llegué a la conclusión que era imposible cumplir con el plazo sin que se produjera algún problema grave. Había metas autoimpuestas que no se cumplieron, como que en julio de 2025 iban a estar todas las oficinas y directores regio-

nales instalados. De hecho, cuando yo asumí aún faltaban varias oficinas por instalarse y directores por elegirse vía Alta Dirección Pública. Asimismo, en enero de 2026 la Dirección de Presupuestos detectó varias irregularidades en planificación presupuestaria asociadas a remuneraciones. Era un problema grave que había que resolver, de lo contrario tendríamos un agujero presupuestario de unos 1.000 millones de pesos en enero de 2027. Por último, el diseño de la institución tenía un error grave: muy poco personal en regiones para el área de operaciones que requiere un trabajo gigante, considerando que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas maneja casi un cuarto del territorio nacional. Por ejemplo, Conaf en Magallanes, para administración y finanzas, y gestión del personal, tiene 23 personas; mientras que el SBAP tendría solo dos. Por eso, decidí hacer una reestructuración y redistribuir cargas. Esas y otras razones hacían imposible cumplir la fecha del 1 de agosto sin que se produjera algún descalabro.

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Abarca: Muchas veces se mira a la minería y energía porque son los sectores que lideran estos temas, lo que a mí me parece muy bien, pero también me gusta darle sentido de realidad a otro tipo de industrias como el agro. Cuando revisamos las modificaciones de los sitios prioritarios nos dimos cuenta de que muchas hectáreas de campo estaban siendo afectadas. Son zonas que históricamente se han usado para el cultivo de uva y donde nosotros estamos emplazados. Hicimos informes justificando por qué áreas que se agregaron a sitios prioritarios no debían estar incluidas. Creemos que esa revisión tiene que ser más exhaustiva. Debe haber un análisis científico que explique explique la razón por la cual un límite se corre para allá o para acá. Es muy relevante que se repiense la forma cómo se establecen los límites de los sitios prioritarios. Saratscheff: Quiero ser bien claro: los sitios prioritarios se establecieron con una metodología bastante más liviana de la que se requiere hoy en día. Y con el cambio de la ley se le modificaron las reglas a un polígono que, cuando fue definido, no las tenía. Hoy, entonces, hay que redefinir o reestudiar esos polígonos entendiendo las nuevas reglas. InduAmbiente: Ese proceso de definición de sitios prioritarios está suspendido hasta que se dicte un reglamento para hacerlo… Saratscheff: Exacto, y es el Ministerio del Medio Ambiente el que tiene esa potestad. InduAmbiente: Constanza (Pantaleón) y Silvia (Gutiérrez), ¿qué otros aspectos se debieran considerar en la definición de sitios prioritarios?

PUNTOS DE VISTA

Pantaleón: En línea con lo que hablábamos antes, hay que basarse en los datos, en la ciencia y en lo que existe. Ahora bien, hay que preguntarse para qué necesitamos la información sobre la biodiversidad, porque, este es un tema súper complejo. La idea es que si hay datos valiosos sobre éstos sitios sirvan para su adecuada gestión, y permitan al sector productivo y a la comunidad saber cómo les afectan e impactan y poder mejorar su vínculo con ellos para llegar a un equilibrio. Entonces, la definición de los sitios prioritarios debe basarse en datos más técnicos, conociendo las posiciones de los diferentes actores y reconociendo la realidad de los instrumentos y necesidades que tenemos hoy. Hace 20 años no se hablaba de biodiversidad, pero hoy sí porque hay mayor preocupación social sobre el tema. Eso se puede comprobar, fácilmente, al ver que las plataformas de streaming ofrecen variada programación sobre distintas especies. Así, el conocimiento y la valoración de la biodiversidad aumenta y, a la vez, el saber científico es el que va a permitir establecer los

lineamientos de los sitios prioritarios y cómo nos relacionamos con ellos. InduAmbiente: ¿Hay buena información para efectuar este proceso?, ¿se están haciendo suficientes estudios sobre la materia? Pantaleón: Se está avanzando, de manera colaborativa, en el levantamiento de datos como de metodologías y formas de trabajar. El desafío es definir qué datos queremos reunir y para qué. Nosotros estamos desarrollando documentos que ayuden a las empresas, en sus distintos niveles, a progresar en esta área. Por ejemplo, en el marco del plan de acción que les comenté, acabamos de publicar una guía sobre la gestión integral en biodiversidad para empresas de distinto tamaño. Lo que viene ahora es la sistematización de la información recopilada. Gutiérrez: A nosotros nos impactan bien de cerca todos los cambios regulatorios y con las definiciones de sitios prioritarios nos toca acompañar a los clientes para que

puedan discutir en el SEIA la delimitación de los sitios efectuada por el Estado. Según mi experiencia, creo que debemos trabajar en este ámbito de manera más dinámica. Siento que el SEIA, muchas veces, rigidiza las evaluaciones ambientales cuando nuestros ecosistemas son dinámicos. Por otra parte, en el intento de establecer métricas de biodiversidad, nos encontramos con industrias que comparten propiedades con otros usuarios dentro de una cuenca. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque los ecosistemas son únicos, no dependen de una división administrativa, política o de propiedad. Tenemos muchos datos por el levantamiento de líneas base y el Estado, me imagino, también tiene mucha información de sitios, por lo que el trabajo debe ser conjunto. No se le puede exigir solo al titular de un proyecto el cuidado de un área porque, como ya dije, hay espacios y ecosistemas que son compartidos por muchos usuarios. Y la delimitación y coordinación de las partes debe estar a cargo de alguien, porque nos debe unir el gran objetivo de cuidar y conservar nuestros ecosistemas. Ese es el gran desafío.

46 PUNTOS DE VISTA

MEDIDAS DE COMPENSACIÓN

carle el mayor provecho a los recursos considerando que no son ilimitados, podría crearse, por ejemplo, un sistema para que un área que fue compensada por una empresa pase a cargo de otra que necesite hacer lo mismo una vez que la primera cumplió su labor. Asimismo, debemos aprender del SEIA y aprovechar los datos históricos generados en la evaluación de proyectos para tener más conocimiento sobre nuestra diversidad y otros temas.

InduAmbiente: ¿Las empresas consideran excesivas las medidas de compensación por pérdidas de biodiversidad que les exigen para la aprobación ambiental de sus proyectos? Gutiérrez: En parte sí. En hartas ocasiones les cuesta entender las exigencias que les hacen en el marco del SEIA, más aún considerando que otros usuarios de las cuencas o que comparten ecosistemas no están sometidos a obligaciones. Éstas deben ser proporcionales y, en ese sentido, el rol del Estado es fundamental. En mi calidad de consultora me toca ver la ejecución de las medidas ambientales por parte de las empresas y puedo decir que hay una cuantiosa inversión. Lamentablemente, eso sí, muchas veces no se ve el beneficio de estos desembolsos porque el SEIA te obliga a definir sitios de compensación, mitigación, reforestación o relocalización de especies, y los privados implementan las iniciativas, las miden y monitorean, pero son de corto plazo. Entonces, para que estos esfuerzos se vean reflejados en una ganancia, en una naturaleza positiva, debiéramos ir más allá y conservar lo que se hizo a lo largo del tiempo. Es fundamental que los titulares escojan bien los sitios donde llevarán a cabo las medidas de compensación para que la inversión valga la pena y pueda cumplir con el objetivo y la necesidad de cuidar la naturaleza en el largo plazo. Porque hay sitios que se están degradando y no los estamos mirando. Abarca: A veces esas medidas se transforman en un gravamen para el privado, porque debe preocuparse de proteger un sitio en circunstancias que su foco está en su giro comercial. Y no tiene incentivos para hacerlo. Por eso, es bueno definir qué tipo de industria regulamos porque no todas las empresas tienen los mismos presupuestos y la misma gente dedicada a estos temas. El desafío es compatibilizar ambas labores. InduAmbiente: En el caso de Teck, Olga (Sepúlveda), ¿qué dificultades han encontrado para cumplir lo que se les exige en las RCA en materia de biodiversidad? Sepúlveda: Lo más complejo que estamos viendo es que hoy ya no hay áreas de compensación, al menos, en el norte. Debe-

METAS 30x30

“La definición de los sitios prioritarios debe basarse en datos más técnicos y conociendo las posiciones de los diferentes actores”. Constanza Pantaleón

mos buscar ecosistemas similares a los que se va a impactar y en esta zona es muy difícil encontrarlos porque los sistemas están degradados o hay otras mineras o empresas en el mismo entorno. De ahí que tuvimos que ir a otra región a buscar áreas de compensación. Entonces, si queremos hacer una expansión, ¿dónde compensamos? Eso nos preocupa mucho. Y en esto debiera ayudarnos la legislación ambiental para, por ejemplo, implementar medidas dentro de un área bajo una modalidad de protección como un parque nacional. Hoy no se puede. Queremos aportar al sistema con algo tangible, porque a veces hacemos compensaciones en sectores que no son muy relevantes a nivel nacional. El crecimiento de la minería, en general, se verá restringido por este tipo de limitaciones que imponen los procesos de evaluación ambiental de proyectos. Así las cosas, se necesita una coordinación en la materia y que tanto la regulación como el sector público la vean como un proceso positivo. Y que también sea beneficiosa para el privado para que pueda desarrollar sus proyectos y, a la vez, desvincularse de una gestión que no le corresponde, en este caso de la biodiversidad. También, para sa-

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Saratscheff: Recogiendo lo que aquí se ha dicho, quisiera comentar que la verdad es que ningún país tiene la capacidad suficiente en su Estado para poder hacerle frente al desafío de la biodiversidad de manera global. Los países que han entendido eso mejor han logrado justamente sostener una regulación y realizar una gestión en esta área mucho más sólida. Por ejemplo, Costa Rica y Nueva Zelanda enfrentaron este reto, lo posicionaron en el centro de su desarrollo económico e invitaron a todos los segmentos de la sociedad a participar en la gestión de la biodiversidad. Respecto a lo último, hay que diferenciar lo regulatorio y la evaluación de impacto ambiental de los proyectos, que tiene que ver con mitigación, del trabajo que va más allá de los efectos sobre un territorio, porque gestión se debe hacer haya o no impactos. En concreto, las especies exóticas invasoras son una amenaza muy grave para los ecosistemas. Lo mismo que los incendios forestales, la contaminación y otros factores. La Ley 21.600, que viene a cerrar la institucionalidad ambiental, incorporó esta realidad gracias a que tomó como referencia lo que ocurre en Nueva Zelanda, lo que se refleja en varios de sus artículos. Este cuerpo legal es mucho más moderno que la Ley de Caza o la Ley de Bosque Nativo, y comprende que la gestión de la biodiversidad debe hacerse con todos los sectores de manera participativa. El manejo de las áreas protegidas y los instrumentos de conservación de la biodiversidad, dentro de esas áreas, tienen integrados estos nuevos conceptos. Dicho esto, en el marco de los espacios y oportunidades que ofrece la nueva regulación, hago un llamado a todos los sectores de la sociedad a participar en la gestión de la biodiversidad. Porque sería bien absurdo que por la creación del SBAP

PUNTOS DE VISTA

fuera más difícil hacer conservación de especies en Chile. Todo lo contrario: nuestra misión es hacer que ese proceso sea más sencillo y sumar a todo Chile a que colabore en esta tarea. InduAmbiente: Desde el SBAP, ¿ven posible alcanzar la meta 30x30, de proteger al menos el 30% de las áreas terrestres y marino-costeras al 2030, establecida en la Estrategia Nacional de Biodiversidad? Saratscheff: Es posible, pero eso no depende en gran medida del SBAP. Las metas 30x30 son varias y algunas de ellas son muy difíciles de cumplir según la mayor parte de los actores de la conservación en Chile. Hay otras que sí son posibles de alcanzar y, en ese sentido, nuestro país quedará bien posicionado en torno al cumplimiento de los objetivos en este tema si nos comparamos con los pares. Nuestra misión como servicio del Estado es impulsar la gestión de las áreas protegidas y trabajaremos arduamente para lograr las metas propuestas. InduAmbiente: Desde el sector privado, ¿ustedes creen que el país puede alcanzar la meta principal mencionada?, ¿qué condiciones se debieran dar para eso? Pantaleón: Sí, nosotros estamos trabajando para eso, avanzando en la técnica y en el conocimiento. Por ahora creo que la vamos a conseguir, pero debemos seguir dando pasos de manera colaborativa e ir creando caminos para que todos se puedan sumar, incluidas las pequeñas empresas. Las claves, aunque parezcan obvias, son la coordinación intersectorial, aprender del pasado, tomarnos el tiempo para escucharnos y efectivamente darnos plazos de trabajo realistas. Son desafíos atractivos que no son fáciles de cumplir. Abarca: Primero, hay que superar la brecha del conocimiento. Eso es fundamental, ya que no se puede depender solo de la voluntad de las empresas que tienen compromisos internacionales o de la banca que presiona para que se produzcan avances. Estos deben llegar de la mano de la industria nacional, a la cual se le debe explicar, aunque sea un trabajo de hormiga, el valor de gestionar y proteger la biodiversidad y lograr la meta del 30x30, que es un proyecto país. También hay que avanzar fuertemente en la obtención de financiamiento para esta

“Hago un llamado a todos los sectores de la sociedad a participar en la gestión de la biodiversidad… Nuestra misión es hacer que ese proceso sea más sencillo”. Tomás Saratscheff

labor. Se trata de un salto cuántico que hay que empezar a dar desde ya. Sepúlveda: Es una pregunta difícil, porque hay un montón de datos que inciden en el cumplimiento de la meta 30x30. Por ejemplo, todo lo que es conservación privada no se incluye en ese desafío, sino solo lo que está dentro de la figura de protección oficial que es parte de la Ley 21.600 y que está a cargo del SBAP. De ahí que sea necesario un cambio, para que las áreas de conservación privadas, que en muchos casos están mejor gestionadas, financiadas y con planificaciones de largo plazo, también sean incorporadas a la meta. Teck, en particular, está trabajando en un modelo de áreas protegidas privadas y también contribuyendo a fortalecer figuras de protección oficial. Esto último no nos sirve para generar créditos de biodiversidad, pero sí permite tener un área privada de conservación que, en el largo plazo, puede financiarse no solo con el aporte de la empresa. Por otra parte, tenemos un puerto que

está al lado de un área marina protegida que va a administrar el Estado. La pregunta que surge, entonces, es ¿cómo la empresa puede ayudar a su fortalecimiento, formando parte de ecosistemas similares pero con administradores distintos, si no le está permitido realizar donaciones directas? Entonces, ¿cómo Teck participa o colabora con el Estado en un área que tiene un plan de manejo que le beneficia, existiendo incompatibilidad entre ambas partes por leyes internas? Ante eso, estamos entregando recursos al Fondo Naturaleza Chile, que se interna en los planes de manejo y nos permite mirar qué se está haciendo y adoptar algunas acciones. Este modelo, que nos permite interactuar con el Gobierno, muchas empresas no lo conocen. Gutiérrez: Por mi parte, también creo que la meta es factible de alcanzar y muchos privados tienen hartos deseos de colaborar. Sin embargo, no sé si los plazos nos van a dar, sobre todo porque el SBAP recién se está articulando como servicio. Lo ideal es que todos contribuyan a su cumplimiento, pero falta flexibilizar la legislación, porque trabajar por una naturaleza positiva es una tarea conjunta. Hoy avanzamos de una manera muy segmentada en circunstancias que numerosas operaciones industriales son dependientes de la naturaleza en muchos aspectos. Debe haber un vínculo entre la industria y el Estado que sea orgánico y no rígido en este tema, sin demasiadas restricciones para que las empresas puedan realizar su aporte a la gestión adecuada de la biodiversidad. InduAmbiente: Al respecto, representantes del Gobierno y del Congreso han planteado la idea de flexibilizar la Ley de Humedales Urbanos, ¿está de acuerdo? Gutiérrez: Eso es muy importante y tiene que ver con la delimitación de esas áreas, porque ocurre que la mayoría de ellos están emplazados cerca de instalaciones industriales. Esto ha traído muchas dificultades a los titulares de proyectos, porque regular ahora, dada esta proximidad, es complejo. Entiendo el interés del Estado por proteger muchos humedales urbanos para aportar a la meta 30x30, pero esto tiene que ir de la mano con permitir y facilitar el desarrollo. Se deben resguardar los sitios que son realmente relevantes y delimitarlos adecuadamente para que los privados tengan mayor certeza.

PUNTOS DE VISTA 49

Eduardo Astorga Ph.D. Profesor de Derecho Ambiental

Megarreforma del SEIA: cómo aumentar las certezas

a discusión sobre la llamada “megarreforma ambiental” da cuenta de una necesidad compartida: contar con un sistema de evaluación ambiental que entregue mayores certezas, reduzca controversias y permita tomar decisiones oportunas, sin debilitar los estándares de protección ambiental. Entre las medidas planteadas se encuentran la reducción del plazo de invalidación a seis meses, incentivos para centrales de generación de energías no convencionales, el fortalecimiento de la rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), un mayor énfasis en los impactos, plazos para regular los sitios prioritarios que el país requiere, términos acotados para las actuaciones del Consejo de Monumentos Nacionales y nuevos criterios para intervenciones menores que no requieran autorización. Son avances relevantes, pero insuficientes si queremos abordar algunas deudas regulatorias más significativas que anteceden a la evaluación de los proyectos. Para eso es fundamental, primero, “ordenar la casa”. Buena parte de las controversias que llegan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) tienen su origen en una pregunta que debió abordarse antes: ¿es éste el lugar adecuado para desarrollar esta actividad? No parece razonable que las decisiones de localización continúen adoptándose caso a caso, sin marcos previos que orienten dónde determinadas actividades son compatibles con las características ambientales y territoriales de cada zona y bajo qué condiciones. Aquí tienen un papel fundamental el ordenamiento territorial y la Evaluación Ambiental Estratégica. Chile cuenta con esta institucionalidad y con las herramientas para definir con anticipación los valores ambientales que queremos proteger. Esto reduciría en forma clave la incertidumbre para los proyectos. El segundo paso es generar mayor certeza sobre aquello que debe ser evaluado. La desconfianza entre autoridades, titulares y otros actores, también forma parte del problema. Debemos avanzar hacia mecanismos de diálogo temprano que permitan acordar los contenidos y alcances de la evaluación, materia que fue depreciada por la Ley 20.417. Una alternativa, ya aplicada por CONAMA en sus primeros años, consiste en que el promotor pueda someter previamente a consideración de la autoridad los términos de referencia del estudio, definiendo con anticipación los contenidos mínimos, antecedentes y materias que deberán ser abordados. Mientras antes exista claridad sobre qué debe estudiarse y con qué profundidad, menor será el riesgo de nuevas exigencias durante la tramitación, con sus consiguientes retrasos y costos. La certeza no consiste en evaluar menos, sino en saber desde el comienzo qué se debe evaluar y con qué estándares. Si el objetivo es darle más certeza a la inversión, simplemente hacer más rápido el SEIA es insuficiente. Esto se construye antes de que un proyecto ingrese al sistema: saber dónde es compatible desarrollar una actividad, bajo qué condiciones y qué alternativas deberían considerarse. Se trata de problemas que siguen estando fuera del SEIA.

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PREVENCIÓN EXTREMA Los eventos climáticos extremos registrados durante el invierno han desnudado la falta de preparación de las ciudades en Chile. ¿Cómo prevenirlos de mejor forma?

er más reactivos que proactivos forma parte de la idiosincrasia de muchos chilenos y, por extensión, de una parte importante de sus instituciones. Y en todo ámbito de acción. Un ejemplo: al 6 de julio pasado, a casi cinco años de la promulgación de la Ley 21.364 –que creó en Chile el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres–, el 77% de las comunas de las regiones del norte del país no contaba con un Plan de Reducción de Riesgo de Desastres (PRDD). Esto, según un estudio de la Corporación Ciudades que también reveló que 127 comunas, de un total de 345, no disponían a esa fecha de un plan en la materia. Tales antecedentes quedaron al descubierto en un periodo marcado por eventos climáticos extremos que han afectado a la gran mayoría de las regiones del país. Los episodios de intensas y prolongadas lluvias, EDICIÓN 201 JULIO-AGOSTO 2026

acompañados usualmente de fuertes vientos y remociones de terreno, dejaron una vez más en evidencia la vulnerabilidad de nuestros centros poblados y su falta de preparación y prevención para afrontar, sin grandes consecuencias, emergencias de este tipo.

FORTALEZAS Y DEBILIDADES Sin perjuicio de lo anterior, Jorge Gironás, director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable UC (Cedeus), comenta que las ciudades chilenas “han avanzado de manera importante en algunos aspectos, particularmente en el desarrollo de infraestructura de evacuación de aguas lluvias y en una mayor comprensión del riesgo asociado a eventos hidrometeorológicos.

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Sin embargo, ese avance ha estado centrado, principalmente, en responder a los eventos una vez que ocurren, más que en reducir sistemáticamente el riesgo. Una de las principales debilidades es que históricamente hemos entendido el drenaje urbano como un problema de evacuación del agua mediante colectores, cuando en realidad debiera abordarse como un problema de gestión del agua lluvia. Esto implica incorporar estrategias que favorezcan la infiltración, el almacenamiento temporal y el retardo del escurrimiento antes de que el agua llegue a la red de drenaje”. Agrega que muchas de las ciudades en Chile “siguen creciendo sobre áreas naturalmente expuestas a inundaciones, y la planificación territorial aún incorpora de manera insuficiente la información sobre amenazas naturales. A ello se suma una institucionalidad fragmentada en la que la planificación urbana, el manejo de áreas verdes y la gestión del drenaje a distintas escalas dependen de organismos distintos, dificultando el desarrollo de soluciones integrales”. Respecto al viento, propone avanzar hacia ciudades cuya infraestructura, vegetación y redes de servicios sean más resilientes frente a este fenómeno. “Esta labor es difícil dada la infraestructura involucrada, pero motiva a que los nuevos desarrollos consideren cables soterrados”, plantea. Menos halagüeño es el diagnóstico de Pedro Serrano, académico

Para Jorge Gironás, la infraestructura verde constituye una de las herramientas más prometedoras para aumentar la resiliencia urbana.

“Nuestras ciudades no están preparadas para eventos climáticos como los ríos atmosféricos”, señala Pedro Serrano.

del Departamento de Arquitectura de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM). Afirma: “Lo que ocurrió en Tocopilla es un buen ejemplo de que no estamos preparados para eventos propios del cambio climático, como los ríos atmosféricos que estamos midiendo. Mucha agua cayendo en cortos plazos no era lo normal, menos en el desierto de Atacama. Y en la provincia de Valparaíso, por el exceso de carga líquida, muchos suelos se desplazaron catastróficamente con remociones de masas, generando daños en viviendas y cortes de tránsito, inundaciones, barriales y grandes socavones en vías públicas”. A su juicio, en las urbes situadas entre las regiones de Tarapacá y Atacama, que no fueron diseñadas para recibir grandes lluvias en poco tiempo, “habrá que replanificar, hacer estudios topográficos y ensayos tridimensionales en escalas medibles para determinar desde ya las áreas expuestas y los lugares de almacenamiento, retención, conducción y desvíos de grandes

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volúmenes de agua. Y, por supuesto, desarrollar muchas redes de aguas lluvia que nunca fueron pensadas”.

INFRAESTRUCTURA VERDE Para Jorge Gironás, la infraestructura verde constituye una de las herramientas más prometedoras para aumentar la resiliencia urbana, y el concepto de “ciudades esponja” representa un cambio de paradigma: en lugar de evacuar rápidamente toda el agua, se busca retenerla, infiltrarla y manejarla donde cae. “Aunque este tipo de estrategia es más efectiva con eventos de frecuencia media y alta, ya que para los más extremos es crucial que operen de buena manera los elementos de conducción, siendo clave mantener y conservar la red de drenaje natural”, aclara. Añade que una ventaja importante de esta estrategia es que entrega soluciones mucho más flexibles frente a la incertidumbre del cambio climático. “Hoy no sabemos con suficiente certeza cómo evolucionarán las lluvias intensas de corta duración, que son las que determinan en mayor grado el diseño de los sistemas de drenaje urbano. En ese contexto, resulta más razonable promover soluciones capaces de adaptarse a distintos escenarios futuros que sobredimensionar infraestructura basada en proyecciones altamente inciertas”, asegura. El director del Cedeus UC resalta, además, que estas soluciones en-

Mayor seguridad en laderas Socavones, cortes de rutas, activación de quebradas y otras afectaciones han provocado la seguidilla de sistemas frontales en distintas zonas del país. Ante eso, especialistas que participaron en el Manual de Recomendaciones de Diseño y Construcción de Edificaciones en Laderas de Dunas y Maicillos –encargado por el Ministerio de Vivienda y la Cámara Chilena de la Construcción– llamaron a incorporar con mayor fuerza la gestión del agua en el diseño, construcción, inspección y mantención de obras emplazadas en suelos erosionables. Para Michel Kure, presidente del Comité que desarrolló el Manual, uno de los principales aprendizajes es que las lluvias no deben tratarse solo como un problema hidráulico. “En laderas de dunas y maicillos, las precipitaciones pueden transformarse también en un problema geotécnico, constructivo y urbano. Pueden generar aumento de humedad, erosión superficial, formación de cárcavas, socavación de fundaciones y tuberías, obstrucción de colectores, filtraciones y deslizamientos locales o globales”, explica. A partir del Manual, los especialistas recomiendan diseñar el manejo del agua de manera integral, considerando captación, conducción, evacuación, disipación y control de infiltraciones. Esto implica no solo dimensionar colectores, sino también proyectar canaletas o cunetas de coronación, bajantes pluviales, canalizaciones cerradas, disipadores de energía y descargas controladas, evitando la infiltración descontrolada y la erosión aguas abajo. Otra recomendación clave es respetar el drenaje natural del terreno y evitar que la urbanización aumente los caudales descargados hacia sectores bajos o vulnerables. Patricia Rodríguez, ingeniera civil y vicepresidenta del Comité, afirma: “La intervención de una ladera para la construcción de obras de infraestructura requiere siempre de una evaluación de estabilidad local y global del terreno, y de su influencia sobre estructuras existentes o proyectadas”.

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En las “ciudades esponja”, en vez de evacuarse rápidamente toda el agua lluvia, se busca retenerla, infiltrarla y manejarla donde cae. tregan múltiples beneficios simultáneos. “Un parque inundable, un cauce rehabilitado o un humedal urbano no sólo contribuyen al manejo de aguas lluvias, sino que también generan espacios recreativos, mejoran la biodiversidad, reducen las islas de calor y aumentan el valor paisajístico de la ciudad”, indica. Para avanzar hacia este modelo, eso sí, es indispensable superar algunas barreras. Lo explica: “Se requiere una mejor coordinación entre las instituciones responsables del drenaje urbano y aquellas encargadas del espacio público y las áreas verdes; fortalecer el conocimiento técnico sobre el funcionamiento real de estas soluciones; y actualizar la normativa para reconocer los beneficios asociados al control de las lluvias frecuentes, que son precisamente donde la infraestructura verde produce sus mayores aportes”. Pedro Serrano, por su parte, es cauteloso y señala que más allá de las ciudades esponja, “necesitamos equilibrar una población global que genera megaciudades con millones de habitantes que han desplazado del suelo a seres vivos, animales, vegetales y hongos, cubriendo con toneladas de asfalto y hormigón miles de hectáreas que ya no están en equilibrio con nada”.

OTRAS RECOMENDACIONES Según el académico de la USM, que también ejerce como presidente del Directorio de Fundación Terram, cada territorio particular tiene amenazas mayores y menores que se pueden estudiar y modelar para definir algoritmos predictivos que permitan predeterminar las condiciones necesarias para amortiguar posibles eventos climáticos extremos. Jorge Gironás, en tanto, reitera la necesidad de incorporar la gestión del riesgo como un criterio permanente en la planificación urbana. “En muchos casos no es posible eliminar la amenaza, pero sí reducir significativamente el riesgo disminuyendo la exposición y la vulnerabilidad, es decir, las consecuencias. Esto implica evitar nuevos desarrollos urbanos en zonas de alta amenaza, organizar los usos del suelo según la recurrencia esperada de inundaciones o remociones en masa, y diseñar infraestructura capaz de adaptarse a condiciones futuras inciertas. Las medidas no estructurales, como la planificación territorial, la actualización normativa y los sistemas de información para apoyar la toma de decisiones son tan importantes como las obras de ingeniería”, sentencia. Añade que el Cedeus “ha contribuido precisamente a promover este cambio de enfoque. Nuestro trabajo ha demostrado la importancia de complementar la infraestructura gris tradicional con soluciones basadas en la naturaleza, evaluando cuantitativamente sus beneficios mediante modelación hidrológica e hidráulica. También hemos desarrollado herramientas para apoyar la planificación urbana considerando el riesgo de inundaciones, la gestión hídrica integrada y la adaptación al cambio climático”.

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Centro de gestión integral de residuos impulsado por EBI Chile en la región de Valparaíso contempla reciclaje, compostaje, valorización energética y disposición final, en un contexto de cierre inminente del actual relleno sanitario de El Molle.

a necesidad de contar con una solución definitiva, sostenible y de largo plazo para la gestión de residuos, se ha transformado en uno de los desafíos ambientales más relevantes para la Región de Valparaíso. El aumento sostenido en la generación de desechos domiciliarios, junto con la reducción progresiva de la capacidad disponible en instalaciones actualmente operativas, ha llevado a autoridades, municipios y actores del sector a advertir sobre la urgencia de avanzar en este sentido. En este escenario, en julio pasado, EBI Chile presentó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto Centro Metropolitano de Gestión Integral de Residuos (CMGIR), cuyo objetivo es fortalecer el tratamiento y valorización de residuos en el Gran Valparaíso, mediante un modelo que incorpora el reciclaje, compostaje, tratamiento de lixiviados, aprovechamiento de biogás y disposición final con altos estándares ambientales, ofreciendo una solución eficiente y económicamente viable.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES La iniciativa se pretende emplazar en el sector de Los Rincones, en la EDICIÓN 201 JULIO-AGOSTO 2026

zona oriente de la comuna de Viña del Mar, y considera una inversión superior a los USD 40 millones y la creación de 179 empleos durante las etapas de construcción, operación y cierre. Con una vida útil de 25 años y una capacidad de operación en promedio de 1.230.000 toneladas anuales, la propuesta también incorpora una planta de reciclaje, una planta de compostaje y sistemas de recuperación energética asociados al tratamiento de biogás. Desde la empresa destacan que dentro de un predio de 206 hectáreas, el proyecto ocupará solo 62 mientras que las 144 restantes se destinarán a conservación ambiental. Agregan que su ubicación permitirá atender directamente la creciente generación de residuos de la región, concentrada en los municipios de Viña del Mar y Valparaíso, optimizando la logística de transporte, disminuyendo emisiones de gases efecto invernadero y promoviendo una gestión alineada con los desafíos ambientales y territoriales del Gran Valparaíso. Para el gerente general de EBI Chile, José Luis Navajas, el debate sobre la infraestructura de residuos debe abordarse desde una perspectiva integral y de largo plazo. “La gestión de residuos es un servicio esencial para las ciudades y requiere planificación con décadas de anticipación. Hoy existe una

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necesidad de avanzar hacia soluciones que no solo aseguren continuidad operacional, sino que además incorporen valorización, recuperación de recursos y una mirada consistente con los objetivos de sostenibilidad que el país, y EBI Chile, se han planteado”, señala. La iniciativa se inserta además en un contexto regulatorio cada vez más exigente. En ese sentido, resaltan en la empresa que el diseño del proyecto considera elementos alineados con la Ley REP, la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos y los objetivos de economía circular a nivel país, incorporando infraestructura destinada a recuperar materiales reciclables y gestionar residuos orgánicos. Desde Kyklos, organización especializada en economía circular y sostenibilidad, indican que la disponibilidad de infraestructura es uno de los desafíos para avanzar en el cumplimiento de las metas ambientales de Chile. Su gerente de economía circular, Andrea Cifuentes, expone: “Hoy existe una brecha importante entre los residuos que generamos y nuestra capacidad para valorizarlos. Contar con infraestructura que permita reciclar, compostar y recuperar recursos es una condición necesaria para que la economía circular pueda escalar desde experiencias puntuales a una realidad regional”.

MODELO CIRCULAR Uno de los principales problemas que enfrentan las distintas regiones del país es la falta de capacidad para reciclar. En este contexto, el CMGIR es una respuesta a esta situación en la Región de Valparaíso. Desde su concepción inicial, el centro incorpora una planta para recuperar papel, cartón, plásticos, vidrio y metales, mientras que la unidad de compostaje permitirá procesar residuos orgánicos provenientes de podas, jardines, ferias y mercados. “Los residuos contienen recursos que pueden reincorporarse a nuevos ciclos productivos. El desafío es disponer de la infraestructura necesaria para capturar ese valor”, sostiene Alejandro Keller, gerente de tratamiento y energía de EBI Chile. El proyecto contempla además la captura y tratamiento del biogás generado durante la operación, con miras a desarrollar etapas posteriores de valorización energética. A ello se suma una planta de tratamiento de lixiviados que permitirá recuperar agua para distintos usos operacionales, así como un plan de mitigación y tratamiento de olores.

Cinco años en Chile La propuesta de EBI Chile para mejorar el manejo de los residuos en la región de Valparaíso fue también presentada en el encuentro “Inversiones sostenibles, economía circular y gestión integral de residuos”, organizado por la empresa a inicios de agosto para conmemorar su quinto aniversario de operaciones en nuestro país. La jornada reunió a autoridades, especialistas y representantes de los sectores público, privado y académico para analizar los desafíos actuales y futuros del país en dicha materia. La actividad contó con la participación de la embajadora de Canadá en Chile, Karolina Guay, quien destacó el desarrollo que ha experimentado la compañía en el país. “A lo largo de esta media década han demostrado que es posible combinar crecimiento, innovación y sostenibilidad, consolidándose como un referente en gestión de residuos, valorización de materiales y generación de energía renovable a partir de biogás”, indicó. A su vez, el gerente general de EBI Chile, José Luis Navajas, destacó la necesidad de avanzar hacia modelos que integren inversión, innovación, infraestructura y colaboración público-privada.

Hernán Durán Socio Principal de Eco ingeniería Sustentable

Un sistema tarifario justo para los residuos

eparo mis residuos entre orgánicos y reciclables, tal como esperaría que lo hicieran todos los ciudadanos del país. Los orgánicos se transforman en compost y, después de algunos meses, vuelvan a la tierra. Los reciclables los deposito en un contenedor que un camión recuperador retira cada dos semanas. El resto queda para el camión de basura. Realizo este esfuerzo porque considero fundamental combatir el cambio climático y reducir el exceso de residuos que terminan en rellenos sanitarios. Al gestionar los orgánicos, reduzco entre el 30 y 50% el volumen total de mis residuos. Al separar los reciclables, elimino otro 20% adicional. En términos simples: solo entre 30 y 50 % de lo que genero llega finalmente a disposición final. Además, disminuyo la producción de lixiviados y la presencia de vectores sanitarios en los alrededores de los rellenos. Lo hago porque creo en la responsabilidad ambiental y por la satisfacción profunda que me genera saber que mis acciones tienen sentido. Pero aquí aparece el problema: aunque se habla del principio “quien contamina paga”, propio de la gestión ambiental, en la práctica, el sistema de cobro no premia a quien reduce, separa y recicla. En Chile, las tarifas por retiro de residuos se definen mediante estructuras complejas entre municipalidades y el sistema público. Para las familias, el costo muchas veces depende de factores que no reflejan cuánto residuo se genera realmente ni cuánto se logra recuperar. En este esquema, solo alrededor del 20% de los hogares paga por algo ajeno; el resto está exento por no pagar contribuciones. Dicho directamente: si yo reduzco y reciclo, debería pagar menos. Si cada persona pagara según lo que efectivamente entrega para disposición final, el sistema sería más justo y eficiente. Reciclar dejaría de ser solo una buena acción y pasaría a ser una conducta que también tiene un sentido y beneficio económico. Según mis estimaciones, si el sistema tarifario se ajustara para cobrar según la cantidad real de residuos que cada hogar entrega a disposición final, podríamos reducir en al menos un 50% lo que hoy termina en rellenos sanitarios. Las cuentas son simples: si miles de hogares replicaran la separación y valorización básica (orgánicos y reciclables) los impactos ambientales disminuirían de manera inmediata y significativa. Revisando las distintas fuentes de información disponibles y descartando aquellos sitios de disposición final sin permisos adecuados, dejando sólo los rellenos sanitarios, y considerando la suma de los costos de transporte (80%) y de disposición final (20%), nos da una estimación de costo promedio nacional de $1.760 por persona al mes, con valores que oscilan entre $7.000 y $9.000 para familias de 4 y 5 personas.

RELACIONES COMUNITARIAS Los desafíos que se deben abordar para fortalecer la relación empresa-comunidad, los efectos de la implementación del Acuerdo de Escazú en dicho vínculo, y algunas recomendaciones para prevenir y gestionar los conflictos por el agua entre los distintos usuarios son parte de los temas que dan vida a esta sección.

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La relación empresa-comunidad sigue evolucionando, con desafíos emergentes que se requiere abordar para potenciarla y hacerla más sostenible.

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enerar lazos de confianza y duraderos entre personas es una tarea que hoy en día parece costar más. De ahí que lograr que las relaciones entre las empresas y las comunidades de su entorno sean armoniosas y fructíferas se ve aún más difícil. Sobre todo, porque a las primeras les puede dar más réditos caer en el asistencialismo y la filantropía que trabajar en la creación de “valor compartido”, con beneficios tangibles para ambas partes, y transitar hacia modelos que generen impacto territorial real, medible y sostenible a largo plazo. Ángeles Bustamante, jefa de Proyectos Territorios Sostenibles y Personas & Trabajo de Acción Empresas, tiene una posición formada al respecto: “En los últimos años hemos visto una evolución importante en la madurez de este vínculo. Cada vez más empresas comprenden que las comunidades no son únicamente un grupo de interés al que hay que informar o consultar, sino actores clave para la sostenibilidad de sus operaciones. Esto se ha traducido en una mayor incorporación de procesos de diálogo temprano, equipos especializados y metodologías para comprender mejor las dinámicas territoriales”. Otro avance relevante, a su juicio, es que esta relación ha comenzado a dejar de ser una respuesta frente al conflicto para convertirse, progresivamente, en una herramienta de gestión. “Hoy existe mayor conciencia de que construir confianza requiere presencia permanente, escucha activa y coherencia entre los compromisos asumidos y las decisiones que toma la empresa”, señala. Para aportar a este proceso, Acción Empresas desarrolló, precisamente, una guía de relacionamiento comunitario en la que se destaca que este nexo, cuando es efectivo, “no se limita a mantener una buena comunicación con las comunidades, sino que implica generar procesos sistemáticos de diálogo que permitan comprender el territorio e incorporar esa información en la gestión del negocio. Ese es un cambio cultural que muchas organizaciones ya están comenzando a desarrollar”, asegura.

Ángeles Bustamante resalta la madurez que ha ido adquiriendo el vínculo entre empresas y comunidades.

CIUDADANÍA EMPODERADA “Ha surgido una ciudadanía empoderada, informada y crítica”, resalta Eloísa Sánchez, directora ejecutiva de Kancha –consultora especializada en relacionamiento territorial y gestión estratégica de acuerdos–, sobre la evolución del relacionamiento comunitario. “Pasamos definitivamente de la era de la responsabilidad social paternalista -basada en la donación o el beneficio asistencialista- a una exigencia real de co-creación territorial. Hoy, las comunidades entienden su rol estratégico y exigen conversar de igual a igual. Esto ha forzado a las empresas a migrar desde la búsqueda de una ‘licencia social’, entendida como un trámite o check-list regulatorio, hacia la construcción de legitimidad territorial de largo plazo. El valor compartido hoy solo es efectivo cuando el proyecto dialoga con la voca-

Los procesos de diálogo temprano contribuyen a darle un buen curso a la relación entre las partes. ción productiva y social previa del territorio. Que la comunidad haga preguntas difíciles y exija estándares altos no es un obstáculo, sino la base para que los proyectos sean viables y sostenibles en el tiempo”, acota la especialista. Agrega que lo anterior se ve reflejado en el aumento progresivo de los presupuestos de las empresas destinados a la relación con sus comunidades y a la contratación de profesionales dedicados a esta área. “Porque la sostenibilidad social es parte del negocio, no es un favor. Existe una creciente conciencia interna de que la empresa es un actor social más y eso es una evolución que veo progresivamente, aunque depende mucho de la industria, la fase de desarrollo de un proyecto, el origen de los capitales, entre otros factores”, afirma.

BRECHAS A SUPERAR Aunque no es un área de trabajo de Fundación Terram, su directora ejecutiva, Flavia Liberona, valora que esté mejorando el diálogo entre las empresas y las comunidades, pero deja en claro que el problema central sigue muy presente: “Observamos que muchas veces estas relaciones no se dan en base a equilibrios de poder, ya que existen empresas que pueden destinar mucho tiempo y recursos a un proceso de esta naturaleza. Esto finalmente implica que un sector tiene más poder que el otro y el Estado, que debería ejercer un rol relevante, se desentiende señalando que son negociaciones entre privados”. Aunque las empresas dialogan más que antes, “esa información todavía no siempre influye en las decisiones estratégicas”, lamenta, a su vez, Ángeles Bustamante, quien considera este aspecto como la principal brecha en la materia. Complementa: “Muchas organizaciones han fortalecido sus procesos de relacionamiento, pero estos siguen operando de manera relativamente aislada de áreas como operaciones, desarrollo de proyectos o inversiones”. En Acción Empresas también vislumbran desafíos para gestionar los impactos sociales de manera sistemática. Su especialista aporta más detalles: “Con frecuencia se mide cuánto se invierte o cuántas iniciativas se ejecutan, pero existe menor desarrollo para evaluar cómo cambian efectivamente las condiciones del territorio o cómo las decisiones de la empresa afectan la vida de las personas. Sin esa información es difícil anticipar riesgos, ajustar estrategias o fortalecer la legitimidad”. Al respecto, la guía de dicha organización plantea que el valor del relacionamiento no está únicamente en generar espacios de conversación, sino en transformar esa información en un insumo para la toma de decisiones. “Cuando el territorio no forma parte de los procesos internos de gestión, el relacionamiento pierde gran parte de su potencial estratégico”, precisa el documento. Por su parte, Eloísa Sánchez puntualiza tres dimensiones de este proceso que, a su juicio, están aún al debe:

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Las empresas deben demostrar con evidencia que contribuyen al desarrollo de los territorios donde implementan sus proyectos. Falta de alfabetización técnica y activismo del temor: En zonas rurales o aisladas existe una asimetría de información enorme sobre la complejidad de los proyectos. “Esta brecha suele ser aprovechada no para educar, sino para instalar una simplificación narrativa: eslóganes emotivos y maximalistas que movilizan el miedo legítimo de las personas. Cuando el temor sustituye al dato y a la evaluación real, se bloquea cualquier posibilidad de diálogo constructivo”, expresa. El “litigio táctico” y la mercantilización del conflicto: Ha emergido una práctica preocupante centrada en la caza de vulnerabilidades en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) o en la traba de servidumbres de paso. “No se busca perfeccionar el estándar ambiental del proyecto ni proteger a la comunidad, sino instrumentalizar el marco legal para forzar negociaciones de tramo final. Esto distorsiona la buena fe del relacionamiento”, plantea. El desafío del Estado con el Acuerdo de Escazú: Aunque el tratado es un avance conceptual indiscutible en transparencia y participación, “si el Estado no dota a la institucionalidad de recursos, trazabilidad y agilidad, corremos el riesgo de transformar un principio valioso en un cuello de botella burocrático que paraliza inversiones viables sin agregar valor real al territorio”. Sánchez añade que aún cuesta erradicar la inercia de las viejas prácticas de los años 90: las negociaciones opacas a puertas cerradas. “Esas dinámicas hoy son totalmente inviables e insostenibles”, confiesa.

DESAFÍOS EMERGENTES El relacionamiento comunitario está entrando en una nueva etapa. “Hoy, las empresas ya no solo deben construir confianza, sino demostrar con evidencia cómo contribuyen al desarrollo de los territorios y cómo gestionan los impactos que generan”, sentencia Ángeles Bustamante, para quien “temas como la medición de impacto social, la debida diligencia en derechos humanos, la participación en beneficios y la legitimidad territorial adquieren un rol cada vez más relevante”. Otro desafío emergente apunta a gestionar expectativas crecientes. “Las comunidades esperan participar de manera más significativa en las decisiones que afectan sus territorios y demandan mayor transparencia respecto de los beneficios, los impactos y los mecanismos mediante los cuales las empresas contribuyen al desarrollo local. Esto exige pasar desde una lógica centrada en proyectos sociales hacia una gestión territorial integrada a la estrategia del negocio”, manifiesta. Agrega que en Acción Empresas consideran que el futuro del relacionamiento comunitario estará marcado por la capacidad de las organizaciones para integrar el territorio como una variable estratégica de decisión. “Las empresas que logren comprender mejor su contexto, medir sus impactos, anticipar riesgos y construir soluciones junto a los actores locales EDICIÓN 201 JULIO-AGOSTO 2026

Eloísa Sánchez plantea que el relacionamiento territorial “no se resuelve a la velocidad de la IA ni con acuerdos notariales”.

1 Programa, denominado Territorios Sostenibles,

impulsa Acción Empresas dirigido a sus firmas socias como un espacio para conocer buenas prácticas, fortalecer capacidades y generar aprendizajes colectivos sobre el relacionamiento comunitario.

estarán mejor preparadas para desarrollar operaciones sostenibles y fortalecer su legitimidad en el largo plazo”, concluye Bustamante. Eloísa Sánchez, en tanto, sostiene que de ahora en más el gran desafío “es resguardar la densidad del diálogo frente a dos fenómenos contemporáneos: la cultura de la trinchera digital y los incentivos alineados con la discordia”. En relación al primero, explica que “se ha instalado la falsa premisa de que hacer participación ciudadana es emitir opiniones impulsivas o polarizantes en redes sociales”. Y respecto al segundo, advierte que “existen actores cuyo rol se valida solo en la medida en que las partes no se entiendan. Prosperan en la fricción y bloquean los puentes de entendimiento porque la resolución del problema liquida su espacio de influencia”. Frente a eso, la directora ejecutiva de Kancha indica que su convicción es que el relacionamiento territorial no se resuelve a la velocidad de la inteligencia artificial ni con acuerdos notariales. “Requiere tiempo, cara a cara y rito social”, subraya Sánchez.

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ESCAZÚ Y LAS EMPRESAS Protagonistas del acuerdo regional evalúan los efectos de su implementación en el vínculo entre comunidades y organizaciones productivas en Chile.

os más de 70 mil habitantes de Escazú, un cantón de Costa Rica situado en el oeste de la provincia de San José, deben sentirse más orgullosos de su tierra natal o de acogida desde el 4 de marzo de 2018. En esa fecha se firmó el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe bajo el rótulo de Acuerdo de Escazú. La iniciativa busca garantizar el acceso a

la información, la participación ciudadana y la justicia en asuntos ambientales, además de proteger a los defensores del medio ambiente. El 11 de septiembre de 2022 sus postulados entraron en vigencia en Chile, tras su aprobación en el Congreso unos meses antes. A casi cuatro años desde aquel hito, el tratado hoy está en plena implementación. Francisco Grimberg, jefe de la División de Edu-

cación Ambiental y Participación Ciudadana del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), hace un balance de este proceso: “Es positivo. Chile cuenta con el Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú 2024-2030, estructurado en cinco líneas estratégicas: acceso a la información ambiental, participación pública, justicia ambiental, protección de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, y fortalecimiento

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de capacidades y cooperación. Entre los principales avances destacan la puesta en marcha de una gobernanza nacional y regional, y la implementación de un mecanismo anual de reporte público. El informe 2025 da cuenta de más de 300 compromisos asumidos por más de 30 instituciones públicas, incluyendo mejoras en las plataformas de información ambiental, cursos y espacios de diálogo ciudadano, fortalecimiento de los canales de denuncia y acciones dirigidas a personas y grupos en situación de vulnerabilidad, entre muchos otros. Identifica, asimismo, las principales brechas y desafíos pendientes para avanzar en la implementación efectiva del acuerdo”. También positiva es la evaluación que hace Felipe Kong, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales y miembro del Consejo Nacional de Escazú. Afirma: “El Ministerio del Medio Ambiente ha liderado adecuadamente este proceso, generando espacios de encuentro entre el Estado, las comunidades, las empresas, las universidades y las organizaciones sociales. Uno de los principales aportes de Escazú es la transparencia. Esto implica entregar información clara, completa y oportuna, pero también explicar cómo se toman las decisiones y qué ocurre con las observaciones de la ciudadanía. Esto último es clave y marca la diferencia con lo correcto o no en temas socioambientales”. Menos favorable es la percepción de la Fundación Escazú Ahora. Sebastián Benfeld, su director ejecutivo, comenta que “si bien valoramos que Chile haya dado un paso importante al suscribir el Acuerdo de Escazú e iniciar un proceso de implementación participativa, los avances observados a la fecha siguen siendo insuficientes para cumplir plenamente con los compromisos asumidos por el Estado al ratificar el tratado. El principal desafío sigue siendo avanzar desde los compromisos asumidos a su implementación efectiva, asegurando que ese proceso se construya con una participación amplia, incidente e informada de toda la ciudadanía interesada. Esto ocurrirá en la medida que incorpore la experiencia de las personas y responda a las necesidades reales de quienes ejercen diariamente sus derechos de acceso a la información, la participación y la justicia ambiental”.

MIRADA DE LARGO PLAZO Respecto al impacto del acuerdo en la relación empresa-comunidad, Francisco Grimberg precisa que sus efectos deben observarse con una mirada de largo plazo. “Si bien muchas empresas ya desarrollan prácticas de relacionamiento comunitario, Escazú refuerza el rol del Estado en la promoción de información ambiental transparente, participación temprana y diálogo efectivo. En lí-

nea con el Plan Nacional, estos aspectos, junto con la colaboración en instancias de gobernanza público-privada, han adquirido un papel central. Además, el tratado ofrece al sector privado un marco para consolidar prácticas de gestión empresarial sustentable y relaciones más armónicas con las comunidades y los territorios donde desarrolla sus actividades. Bien implementadas, estas prácticas contribuyen a generar confianza, otorgar mayor estabilidad a las decisiones de inversión y prevenir o reducir conflictos socioambientales. Esta orientación fue reafirmada en la última sesión del Consejo Nacional Estratégico Público-Privado, liderado por la ministra Francisca Toledo, en el que se destacó la importancia de fortalecer la relación entre comunidades y empresas mediante reglas claras y acceso transparente a la información”, revela.

“Una ciudadanía informada puede comprender mejor las decisiones, formular propuestas y solicitar explicaciones a las instituciones y a las empresas”. Felipe Kong, académico de la UDP y miembro del Consejo Nacional de Escazú

“El Acuerdo de Escazú no se opone al desarrollo productivo, sino que contribuye a que éste sea más legítimo, informado y sostenible”. Francisco Grimberg, jefe de la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana del Ministerio del Medio Ambiente El representante del Ministerio del Medio Ambiente precisa, asimismo, que aunque las obligaciones del acuerdo recaen principalmente en los estados, “Escazú reconoce el papel del sector privado y promueve una mayor transparencia sobre sus operaciones y riesgos, la elaboración de reportes de sostenibilidad y la participación temprana”. Con una mirada optimista, Felipe Kong señala que Escazú contribuye a “construir una re-

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lación más abierta entre comunidades y empresas. La transparencia permite que las personas comprendan mejor los proyectos, sus posibles impactos y las decisiones asociadas a ellos. A su vez, las empresas pueden conocer con mayor profundidad los territorios, sus historias, necesidades y preocupaciones. Cuando el diálogo comienza de manera temprana y la información se entrega en un lenguaje comprensible, aumentan las posibilidades de anticipar conflictos y mejorar los proyectos”. En Escazú Ahora, en tanto, sostienen que el acuerdo establece que las decisiones ambientales deben incorporar la participación efectiva de todas las personas y comunidades que pueden verse afectadas por ellas. “Ese enfoque implica reconocer que quienes habitan un territorio poseen un conocimiento valioso sobre su realidad, sus riesgos y sus oportunidades, que complementa la información técnica disponible. En ese sentido, el tratado establece un marco para que tanto el Estado como quienes impulsan proyectos refuercen sus estándares en materia de transparencia, acceso a la información y participación temprana de las comunidades, incorporando de manera efectiva sus observaciones antes de tomar cualquier decisión que les pueda afectar”, asegura Sebastián Benfeld.

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“El tratado fortalece las instituciones y entrega herramientas para adoptar decisiones más transparentes, informadas y democráticas”.

Escazú busca garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en asuntos ambientales.

Sebastián Benfeld, director ejecutivo de la Fundación Escazú Ahora ¿COMPROMISO EMPRESARIAL? ¿Se percibe un compromiso de las empresas, sobre todo de las de mayor tamaño, por operar bajo altos estándares de transparencia, realizar procesos de participación ciudadana temprana en sus proyectos y dar cabida a la justicia ambiental? Según el representante de la fundación, “no contamos con evidencia suficiente para realizar una evaluación general sobre el desempeño de las empresas en el cumplimiento del tratado, por lo que no sería responsable emitir un juicio en ese sentido. Lo que sí creemos es que las empresas tienen la obligación de cumplir con la normativa ambiental vigente y la oportunidad de hacerlo integrando en sus procesos los más altos estándares en materia de democracia y transparencia ambiental”. A juicio de Francisco Grimberg, en tanto, “sí existen señales positivas al respecto, especialmente en las grandes empresas. Un avance relevante es la regulación que exige a determinadas compañías informar sobre materias ambientales, sociales y de gobernanza en sus memorias anuales y explicar cómo éstas se integran en sus políticas, metas y decisiones estratégicas. Sin embargo, el cumplimiento de la normativa existente constituye solo el punto de partida: el desafío es

Las grandes compañías mineras procuran mantener la comunicación abierta con las comunidades indígenas. avanzar al desarrollo de prácticas concretas. Un estándar elevado supone entregar información ambiental oportuna, accesible y comprensible; desarrollar procesos de participación temprana; y aplicar procesos de debida diligencia que permitan identificar, prevenir, mitigar y comunicar los impactos ambientales y sociales de las actividades empresariales”. Agrega que en la cartera de Medio Ambiente han sido claros respecto a que el crecimiento económico y la protección de la naturaleza no son objetivos antagónicos siempre que existan reglas claras e instituciones eficaces. “En ese sentido, hemos puesto el

foco en la transparencia, lo que favorece no solo a las empresas, sino también a las comunidades relacionadas con proyectos de inversión. Esta es la lógica del Acuerdo de Escazú y como Ministerio estamos priorizando uno de sus pilares”. Por su parte, Felipe Kong manifiesta que sí se observan avances, aunque persisten diferencias entre empresas y sectores productivos, “lo que es un cuello de botella y antecedente crítico en el accionar ambiental de Chile. El compromiso se demuestra cuando una empresa entrega información clara, dialoga con las comunidades desde el inicio y explica cómo sus observaciones influyeron en el proyecto”.

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RELACIÓN VITAL Especialistas plantean opciones para prevenir y gestionar los conflictos por el agua entre los distintos usuarios y avanzar hacia la seguridad hídrica.

oy por hoy, el agua no es solo un bien esencial para la vida. Lamentablemente, también es motivo de crecientes disputas en torno a su uso, en especial en zonas donde la sequía golpea más fuerte, hay menor disponibilidad del recurso y mayor demanda o existen problemas con su gestión y gobernanza, entre otros factores. Buena parte de eso lo ratifica, por ejemplo, un estudio presentado recientemente por el

Centro UC de Derecho y Gestión de Aguas que, tras revisar 1.395 sentencias ejecutoriadas dictadas entre 2000 y 2023, reveló un aumento sostenido de la conflictividad hídrica en Chile. “La trayectoria muestra una primera década de niveles bajos y relativamente estables, seguida de un quiebre desde 2010 con un alza del 230%, pasando de 45 sentencias en 2010 a 145 sentencias en 2023, y alcanza sus máximos en 2022 y 2023. Esta evolución se puede explicar principalmente

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por la transición desde una etapa de relativa estabilidad climática (2000-2009) a otra caracterizada por la megasequía, que presentó una significativa reducción de las precipitaciones y de los caudales, así como una mayor presión sobre las fuentes de agua desde 2010. A ello se suman el crecimiento del consumo y un patrón de desarrollo intensivo en agua, que intensifica la competencia, afecta la disponibilidad y la calidad del recurso y favorece la judicialización de las controversias”, detalla Gui-

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Guillermo Donoso sostiene que para prevenir los conflictos se requiere, entre otros aspectos, una gobernanza hídrica más integrada.

llermo Donoso, director del mencionado centro. El análisis recalca que este fenómeno responde a una combinación de factores climáticos, institucionales y normativos. También muestra que estos conflictos judiciales se concentran en las regiones Metropolitana, Valparaíso, Coquimbo y O’Higgins, territorios que comparten factores como alta densidad poblacional, menor disponibilidad hídrica relativa y un uso intensivo del recurso. Y advierte que esta problemática ya no está circunscrita solo al norte del país, sino que se ha extendido progresivamente hacia la zona central y, en menor medida, hacia el sur, donde también surgen conflictos vinculados, por ejemplo, a proyectos hidroeléctricos y plantaciones forestales. En cuanto al tipo de litigios, Guillermo Donoso comenta que predominan aquellos asociados a “la asignación de derechos de aprovechamiento de aguas, la tutela de derechos fundamentales y la regularización de derechos consuetudinarios; lo cual revela problemas de otorgamiento, acceso, formalización y adminis-

tración de derechos en fuentes crecientemente escasas”. Además, señala que la mayoría de los demandantes “son personas jurídicas de los sectores agrícola y minero, así como las organizaciones de usuarios de aguas. En los recursos de protección y en las solicitudes de regularización de derechos, también destacan personas naturales vinculadas principalmente al sector agrícola. Los demandados o requeridos principales son organismos administrativos, en particular la Dirección General de Aguas (DGA). En los casos de tutela de derechos fundamentales, además de los organismos públicos, figuran como requeridos particulares”. ¿Qué hacer para frenar esta creciente disputa hídrica? El director del Centro UC de Derecho y Gestión de Aguas recomienda “fortalecer los mecanismos de prevención y de gestión de conflictos, así como perfeccionar los arreglos institucionales para asegurar una resolución oportuna y eficaz, especialmente a escala de cuenca. Esto requiere avanzar hacia una gobernanza hídrica más integrada, fortalecer las capacidades de la DGA y de las demás instituciones competentes, y generar tempranamente instancias de coordinación y diálogo entre empresas, comunidades, organizaciones de usuarios y autoridades. Estas medidas resultan particularmente necesarias en cuencas donde confluyen la escasez hídrica, una alta concentración poblacional, una intensa demanda productiva y conflictos vinculados al acceso, la disponibilidad y la calidad del agua”.

PROBLEMA MULTICAUSAL En concordancia con lo mencionado, Ulrike Broschek, subgerente de sustentabilidad en Fundación Chile y directora de Escenarios Hídricos 2030 (EH2030) –iniciativa que promueve el diálogo y la colaboración multisectorial para

alcanzar la seguridad y sostenibilidad hídrica en el país–, afirma que los conflictos hídricos se agudizan con la escasez física de agua, pero esa no es su única causa. Añade que el estudio “Transición Hídrica: el futuro del agua en Chile”, elaborado por EH 2030, identificó que “un 44% de las causas de los problemas de brecha y riesgo hídrico analizados se relacionaban con deficiencias en gestión y gobernanza, como falta de información, insuficiente coordinación institucional, fiscalización y ausencia de un marco adecuado para una gestión integrada de los recursos hídricos. Otro 17% estaba relacionado con el aumento de la demanda y sobreotorgamiento de derechos de agua, 14% con contaminación de los cursos de agua y sólo 12% se relacionaba con la disminución de la disponibilidad de agua”. La especialista enfatiza que “esto es muy relevante porque cambia la forma de entender el problema: el cambio climático acelera un problema preexistente, pero no es su única causa. En muchos territorios existe, además, un desbalance entre la disponibilidad real de agua y las demandas crecientes, sobreexplotación de fuentes superficiales y subterráneas, deterioro de ecosistemas y problemas de calidad del agua”. Ulrike Broschek recuerda, asimismo, que la OCDE en su último informe de desempeño ambiental del país advirtió que Chile mantiene una gestión hídrica altamente fragmentada y que persisten problemas asociados a la sobreasignación y sobreexplotación de las fuentes naturales, así como una insuficiente integración entre la gestión de aguas superficiales y subterráneas. “A esto se agrega un elemento fundamental: la confianza. Los conflictos aumentan cuando no hay espacios permanentes de colaboración ni coordinación de intervenciones entre los actores, o cuando las comunidades perciben que no participan de las decisiones y, probablemente lo más importante, cuando los impactos y beneficios asociados al uso del agua no se distribuyen equitativamente. El propio INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) ha relevado la importancia que tienen las asimetrías de poder entre actores en los conflictos socioambientales”, sostiene.

GOBERNANZA POR CUENCA Considerando que una de las principales causas de los riesgos y conflictos hídricos son las deficiencias en la gestión y gobernanza de las cuencas, cabe preguntarse qué condiciones se debieran dar para prevenir y resolver los eventuales problemas entre los usuarios del agua. La directora de EH2030 indica que lo pri-

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El Organismo de Cuenca del río Maipo, lanzado en julio de 2024, ha sido la primera experiencia en Chile de gobernanza a nivel de cuenca hidrográfica.

Foto: DGA-MOP

Ulrike Broschek subraya que Chile no ha logrado avanzar en esta materia “por falta de voluntad política”.

Las Mesas Estratégicas de Recursos Hídricos reúnen a actores del sector público, privado y de la sociedad civil, para elaborar planes estratégicos por cuenca.

mero es gestionar los recursos hídricos considerando la cuenca hidrográfica como la unidad base y no solo desde los límites administrativos o desde cada usuario por separado. “En una cuenca el agua y sus fuentes naturales se conectan. Debido a esto, las decisiones e intervenciones afectan a todos sus usuarios: lo que ocurre aguas arriba afecta aguas abajo y las actividades productivas, ciudades, comunidades rurales y ecosistemas dependen finalmente del mismo sistema. Esto que es algo tan fundamental es, lamentablemente, poco entendido e integrado en las actuales decisiones debido a la ausencia de políticas públicas concretas en este nivel territorial”, apunta. Añade que, por lo mismo, desde Escenarios Hídricos 2030 vienen planteando hace años la necesidad de avanzar hacia una gobernanza permanente a escala de cuenca, donde estén adecuadamente representados el Estado, los gobiernos regionales y locales, organizacio-

nes de usuarios de agua, servicios sanitarios rurales, sectores productivos, comunidades, academia, organizaciones ambientales y otros actores relevantes del territorio. Esta propuesta de institucionalidad hídrica se generó “a partir de un proceso participativo de co-construcción en el que intervinieron 745 personas de 371 instituciones de todas las regiones, junto con el análisis de experiencias internacionales y de más de 50 estudios y diagnósticos previamente desarrollados”, detalla Ulrike Broschek. No obstante, advierte que sentar a los actores en una mesa no es suficiente. “Una buena gobernanza requiere al menos información común y transparente; representatividad equilibrada; participación temprana y vinculada a las decisiones; reglas claras; capacidades técnicas; continuidad en el tiempo; mecanismos para construir acuerdos; y recursos para transformar esos acuerdos en acciones e inversiones concretas”, plantea. Enseguida señala que, mientras en países como Brasil y Perú este proceso avanza decididamente hace décadas, Chile no ha logrado

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dar pasos en esa dirección “por falta de voluntad política en las autoridades y gobiernos que han pasado”, a pesar de los innumerables esfuerzos, trabajos e incluso propuestas acordadas con todos los sectores. “Por este motivo Chile es y seguirá siendo en los próximos años el único país OCDE que no cuenta con gobernanza hídrica formal a nivel de cuenca. También es actualmente el último país en el mundo, con más bajo puntaje, en la meta ODS 6.5.1 de ‘nivel de avance en implementación de gestión integrada de recursos hídricos’, de acuerdo con el reporte entregado a Naciones Unidas en 2024. No se trata de conformar mesas de agua. La OCDE ha señalado que los organismos de cuenca son espacios de coordinación permanentes que necesitan competencias claras para la toma de decisiones y suficientes capacidades humanas y financieras, junto con una definición precisa de los roles de las autoridades nacionales, regionales y locales”, expone. La subgerente de sustentabilidad en Fundación Chile agrega que la gobernanza por cuencas permitiría pasar desde una lógica reactiva, que aborda los conflictos cuando ya se han producido, hacia un enfoque preventivo. Esto implica identificar anticipadamente riesgos, proyectar la disponibilidad y demanda futura, acordar prioridades, definir metas comunes y construir carteras de soluciones e inversiones. “Cuando los actores acuerdan visiones conjuntas de largo plazo para su cuenca, disminuye la desconfianza y los conflictos, aumentando la capacidad de anticipar, articular y escalar soluciones multipropósito”, asegura.

MESAS Y PLANES ESTRATÉGICOS En el sector público, en tanto, una de las principales iniciativas impulsadas en el último

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tiempo para mejorar la gestión del agua es la conformación de las Mesas Estratégicas de Recursos Hídricos (MERH), integradas por actores del sector público, privado y de la sociedad civil, con el objetivo de elaborar planes estratégicos en cada cuenca. Esto, “en un proceso participativo y que apunta a promover consensos entre los distintos usuarios del agua”, señalan desde la Dirección General de Aguas (DGA), institución que lidera este trabajo en el cual se han priorizado 22 cuencas. Añaden que este año se han realizado 20 sesiones de MERH en todo el país y para el segundo semestre de 2026 está programada al menos una reunión en cada cuenca priorizada. “En estas instancias participan representantes de servicios públicos, organizaciones de usuarios de agua, juntas de vigilancia, academia, sector productivo y otros actores vinculados a la gestión hídrica, quienes comparten sus visiones sobre las necesidades y desafíos de cada territorio”, apuntan en la DGA. Ulrike Broschek valora el desarrollo de Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en Cuencas (PERHC) como un avance en la construcción de una visión compartida del agua a escala territorial basada en información y planificación de largo plazo. ¿De qué manera esto puede reducir los conflictos por el uso de agua? La especialista responde: “Muchas controversias comienzan porque cada actor dispone de información distinta respecto de cuánta agua existe, cuánto se utiliza, quién la utiliza, cuál es el estado de las fuentes o cómo evolucionarán en escenarios futuros. Contar con un diagnóstico reconocido y compartido permite construir una base objetiva para la conversación”. Enseguida, advierte que, más allá de ese diagnóstico, es clave que los PERHC queden en un “espacio de trabajo permanente donde se puedan llevar a la implementación, tengan inversión e indicadores para monitorear y hacer seguimiento de sus avances y resultados. Ese espacio es a nivel mundial el Organismo de Cuenca”. Y concluye al respecto: “Se requiere, por tanto, no solamente tener planes, que además hemos desarrollado por varios años, sino contar con una institucionalidad de cuenca capaz de implementarlos, movilizar inversiones y hacer seguimiento a sus resultados”.

FISCALIZACIÓN Y PREVENCIÓN La oportuna fiscalización por parte de las autoridades también contribuye a prevenir o reducir la conflictividad hídrica, por cuanto garantiza a las comunidades que el uso productivo del agua respeta los caudales ecológicos y

la disponibilidad real de la cuenca. Con respecto a eso, en la DGA comentan: “La confianza de las comunidades se construye sobre la base de información objetiva, transparente y verificable. En ese sentido, la Dirección General de Aguas ha venido fortaleciendo sus capacidades de vigilancia y fiscalización mediante un mayor uso de información técnica, herramientas de teledetección, monitoreo de extracciones, sistemas de medición e inspecciones en terreno, con el propósito de verificar el cumplimiento de la normativa vigente y de las condiciones asociadas al uso del recurso hídrico. Asimismo, los procedimientos de fiscalización y sanción con que contamos permiten investigar eventuales incumplimientos y adoptar las medidas que contempla la ley cuando corresponda”. Añaden que su objetivo es que las comunidades tengan la certeza de que las decisiones se adoptan sobre la base de antecedentes técnicos y que el uso del agua se desarrolla dentro del marco regulatorio vigente, contribuyendo así a una gestión más transparente y sostenible del recurso. En la institución pública señalan, asimismo, que los escenarios de escasez hídrica representan uno de los mayores desafíos para la gestión del agua. Y recuerdan que, aparte de utilizar las herramientas técnicas mencionadas para verificar el correcto uso del recurso y actuar frente a eventuales incumplimientos, la legislación vigente contempla mecanismos especiales para enfrentar estas situaciones y resguardar los intereses públicos involucrados. Luego agregan: “Junto con el ejercicio de sus atribuciones legales, la DGA promueve una gestión basada en información técnica, coordinación institucional y diálogo con los distintos actores del territorio, donde la participación y actuación de las Juntas de Vigilancia y organizaciones de usuarios de aguas en general cobra vital importancia. La mejor forma de prevenir conflictos es contar con reglas claras, información confiable y una fiscalización efectiva, de manera que las decisiones se adopten con transparencia y dentro del marco que establece la ley”.

MÁS RECOMENDACIONES ¿Qué otras acciones o medidas se podrían adoptar para evitar y abordar la conflictividad entre empresas, comunidades y usuarios del agua? Ulrike Broschek entrega tres recomendaciones para complementar lo ya mencionado: • Fortalecer el rol de las empresas, avanzando desde una mirada centrada en su propia eficiencia hídrica hacia la gestión del agua en el territorio. “Una empresa puede

ser muy eficiente y, aun así, ver comprometida su sostenibilidad si opera en una cuenca sobreexplotada, contaminada o mal gestionada por otros actores. Por eso, debe conocer y abordar los riesgos de la cuenca y contribuir a soluciones colectivas”, dice. Añade que la transparencia es fundamental para construir confianza con las comunidades. “Resulta más creíble una empresa que reconoce los impactos que genera, los reporta y demuestra cómo está trabajando para prevenirlos, mitigarlos o compensarlos, que una que comunica que todo lo hace bien. Reconocer los impactos y hacerse responsable de ellos fortalece la credibilidad y la confianza, y contribuye a prevenir conflictos en los territorios”, remarca.

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Diversificar las soluciones. Según la directora de EH2030, para enfrentar la escasez, se debe complementar el aumento de la infraestructura hídrica con eficiencia hídrica, reúso, reducción de pérdidas, recarga de acuíferos, conservación y restauración de ecosistemas, y Soluciones Basadas en la Naturaleza. “Estas últimas acciones no sólo tienen mayores externalidades positivas, sino que son de menor costo y tiempo de implementación. La solución adecuada dependerá de las características de cada cuenca”, indica.

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Pasar desde proyectos aislados hacia carteras de inversión construidas a nivel de cuenca, donde el Estado, las empresas, las comunidades y otros actores puedan identificar, priorizar y financiar en conjunto las soluciones que generen más beneficios sociales, ambientales y económicos. “Solo así podremos alcanzar la escala y dimensión necesarias para responder a la magnitud de los problemas hídricos que enfrentamos. Los costos que dejarán las inundaciones y temporales de este año evidenciarán que prevenir es considerablemente menos costoso que reparar los daños, pero también revelan algo que aún no hemos dimensionado suficientemente: alcanzar la seguridad hídrica requiere inversiones significativas y sostenidas en el tiempo. Chile no ha contado con una política pública integral que permita dimensionar esa brecha de inversión, priorizarla y movilizar recursos públicos y privados a la escala requerida”, advierte Ulrike Broschek.

Consideraciones a tener en cuenta para evitar conflictos entre los usuarios del agua y mantener una relación que resulta vital para mejorar su gestión y gobernanza, en pos de la seguridad y sostenibilidad hídrica.

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Proyecto para proteger el Salar de Alconcha, desarrollado por Teck y la Comunidad Quechua de Ollagüe, busca redefinir la relación entre minería y territorio.

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más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en la comuna de Ollagüe, región de Antofagasta, comenzó oficialmente la implementación de una iniciativa que busca convertirse en un referente para la conservación ambiental y la gestión colaborativa de territorios de alto valor ecológico y cultural. Se trata del Proyecto de Conservación Salar de Alconcha, desarrollado conjuntamente por Teck y la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe (CIQO), que protegerá más de 6.000 hectáreas correspondientes a dicho ecosistema y la Quebrada de Coasa, mediante un modelo de conservación que combina biodiversidad, patrimonio cultural indígena, participación comunitaria y desarrollo territorial. La iniciativa marca un hito relevante no solo por su escala, sino también por la forma en que fue concebida. Lo que originalmente surgió como una medida de compensación ambiental asociada al proyecto Quebrada Blanca evolucionó, tras más de seis años de trabajo conjunto, hacia una propuesta construida a partir del diálogo, la participación y el conocimiento territorial de la comunidad. El inicio oficial del proyecto fue formalizado durante una ceremonia realizada en la sede social de la comunidad en Ollagüe, donde además se certificó a los primeros guardaparques pertenecientes a la propia comunidad, quienes tendrán la responsabilidad de implementar y ejecutar las acciones de protección, monitoreo y gestión definidas para el área.

MODELO INÉDITO Uno de los aspectos más distintivos del proyecto es la figura de protección adoptada para el territorio. La comunidad decidió resguardar sus tierras mediante un Derecho Real de Conservación, mecanismo legal que permite proteger de manera permanente los atributos ambientales y culturales del área.

A ello se suma la decisión de Teck de renunciar al uso extractivo, minero o comercial de los derechos de agua y concesiones mineras que posee dentro del Salar de Alconcha, destinando el territorio exclusivamente a fines de conservación. La medida busca asegurar que el área mantenga su valor ecológico y cultural en el largo plazo y refleja una visión compartida sobre el futuro del territorio. Para Lidia Mendoza, presidenta de la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe, el proyecto representa la materialización de una aspiración comunitaria de largo aliento. “El inicio del proyecto es el fruto de más de seis años de trabajo conjunto con Teck, impulsado por nuestro deseo de seguir protegiendo y resguardando nuestro territorio y patrimonio. Para nuestra comunidad es fundamental conservar un espacio que se mantiene libre de impactos y explotación, lo que nos permite dar continuidad a nuestras costumbres, ritos ancestrales y las actividades que desarrollamos”, señala.

DEL DIÁLOGO A LA IMPLEMENTACIÓN El proyecto obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable en 2025, incorporando un proceso de participación y consulta indígena que permitió recoger la visión de la comunidad respecto de un territorio considerado ancestral y de profundo significado cultural. A partir de ese trabajo, la iniciativa avanzó hacia una etapa de implementación que contempla una gobernanza compartida y un conjunto de acciones orientadas a la conservación y uso sustentable del área. “Este proyecto refleja una forma renovada de entender nuestra presencia en el territorio. La viabilidad y el éxito de nuestras operaciones dependen directamente del respeto por el entorno y del valor que le damos al conocimiento ancestral de las comunidades”, destaca Dale Webb, vicepresidente senior de Operaciones Latinoamérica de Teck.

Representantes de Teck y de la Comunidad Quechua de Ollagüe, autoridades nacionales y locales dieron inicio al proyecto que, mediante una gobernanza compartida, busca mantener el valor ecológico y cultural del Salar de Alconcha y la Quebrada de Coasa.

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Por su parte, Amparo Cornejo, Chief Sustainability Officer de la compañía, sostiene que la iniciativa representa una evolución en la forma de abordar los compromisos ambientales. “El Salar de Alconcha es la prueba tangible de que no nos conformamos con mitigar impactos, sino que buscamos generar un valor ambiental indiscutiblemente positivo y construido en alianza genuina con sus comunidades”, afirma.

PROTECCIÓN Y DESARROLLO LOCAL La puesta en marcha del proyecto considera la ejecución de un Plan de Manejo Adaptativo orientado a la protección de la biodiversidad y al fortalecimiento de las capacidades locales. Entre sus principales líneas de acción se encuentran el monitoreo permanente de recursos hídricos, estudios sobre bofedales altoandinos, investigación de especies prioritarias para la conservación, protección de la llareta (Azorella compacta), seguimiento de poblaciones de vizcachas y aves con categoría de conservación, además de estudios relacionados con los efectos del cambio climático sobre el ecosistema. A ello se suma un componente de educación ambiental y vinculación comunitaria que incorpora senderos interpretativos, programas de formación y actividades de difusión orientadas a fortalecer el conocimiento del patrimonio natural y cultural del territorio.

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL El modelo de gobernanza impulsado por la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe y Teck ya recibió reconocimiento internacional. Este año fue distinguido con el TSM Community Engagement Excellence Award, otorgado por la Asociación Minera de Canadá (Mining Association of Canada), que premia iniciativas destacadas por su excelencia en relacionamiento comunitario y gestión responsable de los recursos naturales. Para las instituciones públicas que participaron en el proceso, el proyecto constituye un ejemplo concreto de cómo la participación temprana y la colaboración entre distintos actores pueden generar soluciones innovadoras para la conservación. “Este proyecto representa un ejemplo concreto de colaboración entre el sector privado y una comunidad indígena en favor de la conservación ambiental, combinando protección del patrimonio natural, resguardo cultural y participación comunitaria para la preservación de un ecosistema de alto valor para Chile”, resalta Ignacio Malig, director nacional de Conadi. A su vez, Arturo Farías, director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), sostiene que “el Proyecto de Conservación del Salar de Alconcha tiene su origen en una medida de compensación ambiental que incorporó la participación y el conocimiento territorial de la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe, incluyendo un proceso de consulta indígena que permitió recoger su visión respecto de un territorio que posee un profundo valor ambiental, cultural y ancestral. La evaluación ambiental tiene por propósito identificar adecuadamente los impactos ambientales de los proyectos, establecer las medidas necesarias para hacerse cargo de ellos y generar espacios efectivos de participación para las comunidades y los distintos actores del territorio”. Con la certificación de los primeros guardaparques comunitarios y el inicio de las actividades en terreno, el Proyecto de Conservación Salar de Alconcha entra ahora en una nueva etapa: transformar un acuerdo construido durante años en una experiencia de conservación activa, gestión compartida y protección de largo plazo para uno de los ecosistemas más singulares del norte de Chile. EDICIÓN 201 JULIO-AGOSTO 2026

Ximena Ruz Espejo Directora ejecutiva Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo

Voluntariedad para acelerar las decisiones

n lugares donde la actividad económica convive estrechamente con las comunidades, el cumplimiento de la normativa es un piso mínimo e indispensable. Sin embargo, en la gestión ambiental del siglo XXI, limitar la acción del Estado y de las empresas a reaccionar ante una normativa o sanción resulta insuficiente. La continuidad de los proyectos y el resguardo de la calidad de vida exigen anticipar impactos, generar confianza y demostrar con evidencia que los compromisos ambientales se cumplen. Lo que hoy ocurre en Sierra Gorda es un reflejo claro de este desafío. La comuna enfrenta exigencias complejas en materia de MP10. Frente a este escenario, la respuesta no fue esperar una regulación restrictiva o un conflicto instalado, sino actuar de manera anticipada a través de un instrumento de política pública voluntaria: un Acuerdo de Producción Limpia (APL) impulsado por las empresas mineras, el municipio y organismos públicos. En Chile, la discusión ambiental suele activarse cuando el problema ya es crítico. Los instrumentos de política pública voluntaria permiten cambiar este paradigma e intervenir antes. Estas herramientas no sustituyen permisos ni regulaciones obligatorias; por el contrario, las potencian. Crean un espacio público-privado para acordar metas ambiciosas, plazos e indicadores verificables que transforman acciones aisladas en una estrategia de gestión coordinada y participativa. En el caso del aire, esto se traduce en intervenir fuentes fugitivas, mejorar monitoreos o controlar caminos no pavimentados, construyendo las medidas junto a las comunidades. Pero el valor de fondo radica en la herramienta misma. Los APL generan un marco de gobernanza compartida que reduce la incertidumbre y crea información común entre el Estado, la industria y los ciudadanos. Esta experiencia deja una lección profunda sobre la política ambiental moderna. La sustentabilidad no es un costo ni un adorno accesorio, es un habilitante esencial para el desarrollo. Los instrumentos voluntarios demuestran que la prevención es infinitamente más costo-efectiva y transformadora que la sanción reactiva. Permiten que el sector privado no solo “cumpla la ley”, sino que asuma un rol activo en la innovación y el resguardo de los territorios. La pronta firma del acuerdo en Sierra Gorda será el punto de partida de un proceso donde lo decisivo será medir, corregir y demostrar resultados. Promover y fortalecer la política pública voluntaria es entender que anticiparse no sólo mejora el aire que respiramos, sino que es la vía más sólida para construir las condiciones sociales, ambientales e institucionales que hacen posible un desarrollo sostenible en el tiempo.

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INVERSIÓN SOCIAL

A través de dos organizaciones independientes sin fines de lucro, Consorcio Santa Marta apoya iniciativas en educación de calidad, salud y bienestar, comunidades sostenibles y otras áreas que mejoran la calidad de vida de sus vecinos en Talagante y San Bernardo.

os sitios de disposición final de residuos domiciliarios suelen afrontar una situación contradictoria: por una parte, son instalaciones esenciales para evitar riesgos sanitarios para la población y, por otra, a nadie le gusta tenerlos cerca por lo cual se ven enfrentados a conflictos socioambientales y resistencia vecinal. Pese a ello, hay experiencias que demuestran que se puede mantener una convivencia armónica con el entorno y, aún más, aportar al desarrollo de las comunidades que los rodean. Ese es el caso de Consorcio Santa Marta, operador del relleno sanitario del mismo nombre, que recibe el 35% de los residuos de la Región Metropolitana. Ubicado en las inmediaciones del cerro Lonquén, en la comuna de Talagante, y con un constante flujo de camiones que cruzan algunos sectores de San Bernardo, esta empresa ha implementado durante casi 25 años un modelo de colaboración que ha permitido poner en marcha importantes iniciativas en educación de calidad, salud y bienestar, comunidades sostenibles y otras áreas para mejorar la calidad de vida de sus vecinos en ambas comunas. Este trabajo se ha articulado a través de dos organizaciones independientes sin fines de lucro: la Fundación Lonquén Solidario, en Talagante, y la Corporación Los Valles, en San Bernardo. Esta estructura ha permitido

encauzar los aportes que realiza la empresa y apalancar fondos públicos que son administrados de manera autónoma por dirigentes de las propias comunidades, para desarrollar jardines infantiles, centros kinesiológicos para adultos mayores, centros de estimulación inclusiva y programas de educación ambiental, entre otros proyectos. Una inversión social que, solo durante 2025 benefició a más de 21.264 familias en Talagante e Isla de Maipo y otras 12.500 en San Bernardo.

TRANSPARENCIA Y CONFIANZA Al inicio de las operaciones del relleno sanitario, la relación con el entorno estuvo marcada por la desconfianza natural de los vecinos frente a la instalación de un depósito de residuos. Francisca Donoso, jefa de Asuntos Corporativos de Consorcio Santa Marta, recuerda: “Cuando partimos, obviamente la gente estaba en contra; nadie quiere tener un relleno sanitario cerca. Pero hubo un grupo de personas que, si bien se oponían, estuvieron dispuestas a conversar, nos dijeron que querían saber más de la empresa, informarse, e iniciamos un diálogo constante que se mantiene hasta el día de hoy”. La compañía, entonces, impulsó la creación de canales de comunica-

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La alianza educativa ambiental con la Escuela Agrícola de Lonquén y el Jardín Infantil Harawy es parte de las iniciativas que apoya Consorcio Santa Marta. ción directos con la comunidad, incluyendo mesas de trabajo técnicas y permanentes para dar a conocer su tarea y las medidas que adoptan para mitigar sus impactos socioambientales. Esto, sumado al cumplimiento regulatorio, ayudó a que la percepción de los vecinos fuera cambiando positivamente, y abrió las puertas para avanzar hacia alianzas de beneficio mutuo. Patricia Candia, directora de Fundación Lonquén Solidario, expone: “Antes la gente estaba en contra, pero supimos poner esto en la balanza y ver que si nos uníamos, ambos nos íbamos a beneficiar, siempre que la empresa cumpliera con las normativas y siguieran siendo fiscalizados… Ya llevamos más de 20 años trabajando juntos y puedo decir que esta relación ha permitido mejorar la calidad de vida de los habitantes de Lonquén y sus alrededores”. La dirigente social agrega que la comunicación continua ante contingencias operativas -como el incendio ocurrido en 2016- ha fortalecido la confianza mutua. “Le pedimos a la empresa que nos mantenga informados de lo que pasa en el relleno, realizamos visitas periódicas a sus instalaciones y siempre mantenemos una comunicación fluida”, dice. En San Bernardo, en tanto, la expansión urbana acercó gradualmente las zonas residenciales de Lo Herrera, El Romeral y El Rodeo a las vías de tránsito de los camiones hacia el relleno sanitario, lo cual también derivó en reclamos de vecinos que se fueron resolviendo a través

Santa Marta busca desarrollar competencias en las organizaciones comunitarias para que mantengan su labor social, dice Francisca Donoso. EDICIÓN 201 JULIO-AGOSTO 2026

del acercamiento y el diálogo permanente. Tras la pandemia de Covid-19, la relación se consolidó mediante una política de puertas abiertas que registra más de 800 visitas guiadas anuales al relleno sanitario. Danae Rojas, directora de Corporación Los Valles, comenta que por medio de esas visitas los colegios, las juntas de vecinos y otras organizaciones se han dado cuenta que el sitio de disposición final es “una obra de ingeniería, que tiene una planta de tratamiento de energía, que la basura no está expuesta, y las personas quedan impactadas. Han cambiado los conceptos de nuestra población y eso ha provocado que la empresa sea vista de otra forma”.

APORTES A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD Desde la compañía destacan que buscan posicionarse como un referente en el cumplimiento normativo sanitario y ambiental. Esto, a través del trabajo conjunto con las comunidades y, además, enfocados en la innovación permanente, utilizando herramientas como la investigación y desarrollo, para la implementación de avances tecnológicos que permiten robustecer la operación. La positiva relación entre Consorcio Santa Marta y las comunidades locales se ha fortalecido con la contribución de la empresa para concretar proyectos gratuitos y abiertos a la comunidad, liderados por las organizaciones mencionadas en distintos ámbitos, partiendo por el educacional. Patricia Candia comenta que Lonquén Solidario tiene dos jardines infantiles a los que la compañía ha apoyado “desde que empezamos atendiendo a los niños en unas casas, por ahí por el año 2000” y que hoy funcionan en terrenos comprados y donados por Santa Marta. Uno se llama Las Araucarias, acoge a más de 40 niñas y niños en Talagante, y este año se reconstruirá su edificio para postular a reconocimiento oficial. El otro es la sala cuna y jardín infantil Harawy, ubicado en Isla de Maipo, reconocido desde 2019 por el Ministerio de Educación, es gratuito, atiende a unos 140 párvulos y tiene certificación ambiental. “Tenemos excelencia académica y hemos podido funcionar gracias a que es 50% financiado con la subvención del Estado y 50% por la empresa privada”, cuenta la directora de la Fundación. Este esquema asociativo se replica en San Bernardo: Danae Rojas señala que en la Corporación Los Valles existe un proyecto para recibir en comodato un terreno en la Villa Ñuke-Mapu, donde se espera tener listo en 2027 un nuevo jardín infantil, para responder al aumento de población en el sector. “Santa Marta construye el lugar con las condiciones que define JUNJI, quienes después administran y financian el funcionamiento diario del es-

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La empresa impulsa actividades recreacionales y servicios de salud para adultos mayores en Lonquén. tablecimiento. Así como en Talagante el sostenedor es la Fundación Lonquén Solidario, en San Bernardo será la Corporación Los Valles. Como estas organizaciones reciben apoyo financiero de la empresa, toda la subvención que llega de la JUNJI se destina directamente a los jardines que todos los años se pintan, se hacen mantenciones, se compra material didáctico; son de primer nivel”, expresa Francisca Donoso. En San Bernardo, asimismo, llevan varios años trabajando con la escuela Eliodoro Yáñez Ponce de León, en Lo Herrera, donde en 2025, en alianza con la consultora Kyklos, integraron la educación ambiental. Ahora, esa temática se está expandiendo también a jardines infantiles y clubes de adultos mayores en Lonquén.

SALUD Y CALIDAD DE VIDA Consorcio Santa Marta también apoya otras iniciativas que las mismas comunidades han identificado como prioritarias para mejorar su calidad de vida. En Talagante, financia un centro de estimulación inclusiva gratuito, impulsado por Lonquén Solidario, que cuenta con un equipo multidisciplinario enfocado en niños con Trastorno del Espectro Autista y otras necesidades especiales. A eso se suma un centro kinesiológico, que atiende sin costo, en especial a adultos mayores para los que también se realizan talleres, terapias y bailes. A su vez, Danae Rojas indica que, en San Bernardo, la Corporación Los Valles tiene hace dos años un centro kinesiológico “financiado en un 50% por el Gobierno Regional y 50% por Consorcio Santa Marta”, el cual en 2025 entregó más de 1.050 atenciones gratuitas, ayudando a suplir la escasez de este servicio público en el sector. Haciendo un balance general del trabajo que han mantenido con la empresa sanitaria, la dirigente social resalta: “Santa Marta es una empresa pionera, viene hace más de 20 años trabajando con las comunidades... Es muy difícil que una empresa tenga tanto compromiso con su entorno”. Desde la compañía, en tanto, subrayan que el propósito de este modelo de relacionamiento comunitario es desarrollar competencias de gestión para que estas organizaciones sin fines de lucro mantengan su labor social en el territorio, de forma independiente a la operación de la empresa. “Lo que buscamos es entregarles herramientas, en Lonquén y en Lo Herrera, tanto a las encargadas de las fundaciones –que son todas mujeres, 3 en cada equipo–, como a las personas con las que ellas trabajan… Tengo la certeza de que, si el día de mañana Santa Marta termina su vida útil, ambos equipos van a seguir haciendo su trabajo y van a seguir levantando capital, porque son mujeres que han aprendido mucho y eso es parte fundamental en la sostenibilidad de un proyecto de impacto social como el que nosotros estamos llevando a cabo”, concluye Francisca Donoso.

Sebastián Videla Hintze Ingeniero Civil de Industrias, ScD Director de Ingeniería en Videla y Cía. SpA

Resiliencia y adaptación, desafíos pendientes

uando observamos los enormes efectos que tiene el cambio climático en el mundo, y muy especialmente en nuestro país, nos asaltan dudas fundadas que nuestros proyectos estén preparados para eventos de alta intensidad. El enfoque de nuestra legislación ambiental ha intentado tratar este tema principalmente en los estudios de la línea de base. La ley 19.300 define que ésta corresponde a la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución. Este énfasis en señalar su carácter anterior al proyecto ha promovido una visión estática, que no se condice con la dinámica del medio ambiente. Posteriormente, con la inclusión del cambio climático, a través del Decreto Supremo 40/2024 que incorpora las modificaciones exigidas por el Decreto Supremo 30/2024 del Ministerio del Medio Ambiente, la descripción de la línea de base empieza a incluir un carácter predictivo. Pese a ello, este texto no es suficientemente fuerte para promover la resiliencia o la adaptación de un proyecto; por el contrario, se centra más bien en exigir nuevos estudios predictivos de compleja realización, cuya validación es esencialmente teórica. Por su parte, los grandes proyectos, guiados más bien por su interés de proteger las inversiones, han optado por introducir cambios en el diseño de ingeniería, entre ellos en los periodos de excedencia y los factores de seguridad de las obras, pero con un alcance restringido a ciertos elementos del medio ambiente. En la práctica, se puede observar que muchos otros con Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) aprobadas no tienen medidas que aseguren que pueden soportar el cambio climático. Por ello, urge que los proyectos fortalezcan una visión holística que exija en los estudios ambientales tanto las líneas de base dinámicas como las acciones que permitan soportar mejor los fenómenos climáticos. El camino a la sostenibilidad requiere proyectos que tengan la suficiente capacidad de adaptación y resiliencia.

FUTURO EDL La industria nacional del litio sienta las bases para cambiar el método tradicional de producción por otro de extracción directa (EDL). Conoce sus beneficios ambientales.

s el metal más liviano de la tabla periódica. Tanto, que puede flotar en el agua. Además, no se extrae ni con palas ni en minas a rajo abierto o subterráneas. Y está entre los denominados minerales críticos, ya que forma parte esencial de los vehículos eléctricos y de los sistemas de almacenamiento de energía. Por cierto, aludimos al litio, del que Chile tiene el privilegio de contar con las mayores reservas de mundo. Y para seguir a la cabeza de esta industria, como destaca un reciente artículo publicado en el portal de la Universidad de Chile, nuestro país ha definido hacerlo de manera sostenible y utilizar, en las futuras explotaciones, tecnologías de extracción directa (EDL), las cuales permiten recuperar el mineral sin recurrir a las extensas piscinas de evaporación utilizadas actualmente. “Y aunque estos procesos reducen significativamente la pérdida de agua, todavía presentan importantes desafíos científicos y tecnológicos”, señala el texto. En ese escenario, Novandino Litio –la empresa que formaron Codelco y SQM para producir entre 280.000 y 300.000 toneladas anuales de carbonato de litio entre 2031 y 2060– planea utilizar estas tecnologías para implementar un modelo de producción sostenible basado en innovación EDICIÓN 201 JULIO-AGOSTO 2026

tecnológica, eficiencia operacional y un menor uso de recursos naturales. Su proyecto “Salar Futuro”, ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), contempla eliminar progresivamente el uso de agua continental en las operaciones del Salar de Atacama, avanzar hacia el abastecimiento mediante fuentes de energía preferentemente renovables e incorporar nueva infraestructura fuera de la costra salina y alejada de las comunidades, minimizando así los potenciales efectos ambientales y sociales de la operación.

DESPERDICIO DE AGUA ¿Qué tan sostenible, principalmente desde el punto de vista ambiental, es la producción actual de litio en Chile? El Dr. Humberto Estay, director del Advanced Mining Technology Center (AMTC), aporta una evaluación crítica: “El método de extracción convencional de litio involucra el uso de piscinas de evaporación solar para concentrar y purificar el litio que contiene la salmuera, paso previo a los procesos para obtener carbonato o hidróxido de litio. Esta opción puede ser muy económica, pero es lenta, tiene

Foto: Inlisa

aún baja eficiencia de extracción y pierde una cantidad significativa de agua: 120 a 150 m3/ton de carbonato de litio equivalente en salmueras concentradas como Atacama, pero en fuentes diluidas podría superar los 300 m3 por tonelada. Existen evidencias que esta merma podría impactar el balance hídrico de un salar (dependiendo la hidrogeología y la tasa de extracción de salmuera) o incluso promover subsidencias (hundimiento) del mismo salar”. El diagnóstico de Mario Grágeda, director del Centro de Investigación Avanzada del Litio y Minerales Industriales (Celimin), señala otros cuestionamientos: “La producción actual de litio en Chile, concentrada principalmente en el Salar de Atacama mediante el método convencional de evaporación solar, presenta fortalezas operativas, pero también importantes desafíos de sostenibilidad socioambiental. Las piscinas de evaporación aprovechan la radiación solar del desierto (lo que otorga una huella de carbono relativamente baja en esa fase), pero conllevan la evaporación irreversible de enormes volúmenes de agua contenida en la salmuera. A esto se suma una eficiencia de recuperación de litio moderada (frecuentemente inferior al 50%) y tiempos de procesamiento prolongados (12 a 18 meses)”.

Hernán Cáceres sostiene que las tecnologías EDL “no constituyen por sí solas una solución ambiental”.

Por su parte, Hernán Cáceres, director ejecutivo del Instituto Nacional de Litio y Salares (INLiSa), sostiene que esta industria “se puede considerar sostenible” al compararla con sus símiles internacionales. Lo justifica: “El litio se produce, principalmente, a partir de dos fuentes naturales: roca y salmueras. Considerando la cadena completa, la ruta chilena presenta ventajas comparativas relevantes, con menor consumo energético, emisiones de carbono más bajas y menor uso directo de agua dulce respecto a la producción desde roca, como ocurre en Australia. Esto no equivale, sin embargo, a una sostenibilidad absoluta. El salar es un ecosistema complejo y frágil, ubicado en condiciones de extrema aridez, cuyas interacciones hidrogeológicas todavía presentan incertidumbres. Además, el proceso de evaporación solar recupera solo una parte del litio contenido en la salmuera extraída”.

AVANCES PALPABLES Más allá de la mayor o menor sostenibilidad del sector, los tres especialistas destacan avances en ese sentido. Hernán Cáceres, en primer término, resalta la reducción del uso de agua dulce y de la extracción de salmuera informada por los operadores, la incorporación de energías renovables, el fortalecimiento del monitoreo ambiental, el desarrollo de modelos hidrogeológicos más avanzados y una política pública con mayor énfasis en la protección de los ecosistemas y la participación de las comunidades. “El desafío es transformar esta ventaja energética, de carbono y de integración industrial en una sostenibilidad integral, respaldada por evidencia científica, monitoreo transparente y búsqueda de innovaciones”, indica. Humberto Estay, en tanto, valora el desarrollo actual de tecnologías de extracción directa de litio (EDL), que no solo aumentan la eficiencia y disminuyen los tiempos de producción, sino que además evitan las pérdidas por evaporación. “Estas premisas hacen a estas tecnologías muy prometedoras, aunque aún tienen desafíos”, asegura. Para Mario Grágeda, en tanto, esta industria ha mejorado sus indica-

Los procesos de extracción directa de litio “son una opción atractiva y concreta al método tradicional de evaporación”, dice Humberto Estay.

Foto: Celimin

Celimin cuenta con una planta semipiloto para la obtención directa de hidróxido de litio.

dores de sostenibilidad gracias su compromiso de reducir el consumo de agua fresca, monitorear de manera continua las cuencas e hidrogeología de los salares, e incorporar energías renovables (solar y eólica) en las plantas de procesamiento químico para reducir la huella de carbono. “Sin embargo, la brecha más importante que tiene por cerrar sigue siendo la pérdida hídrica evaporativa”, afirma.

EXTRACCIÓN DIRECTA Para resolver las limitaciones del proceso y responder a las exigencias globales de trazabilidad y sostenibilidad ambiental del litio, “los nuevos desarrollos tecnológicos en este rubro se enfocan en varias tecnologías EDL”, revela el experto del Celimin. Los detalla: “Métodos como la adsorción selectiva, el intercambio iónico o la separación por membranas permiten extraer el litio en cuestión de horas (en lugar de meses) y reinyectar la salmuera empobrecida al salar. Esto incrementa la eficiencia de recuperación por sobre el 80-90% y reduce drásticamente el consumo y pérdida de agua. Son procesos que utilizan materiales diseñados para capturar únicamente las moléculas de litio sin alterar las demás impurezas, generando una salmuera empobrecida que conserva sus minerales de origen”. Grágeda explica que lo anterior abre la posibilidad teórica de la reinyección para mitigar la pérdida hídrica, “pero no es una alternativa conEDICIÓN 201 JULIO-AGOSTO 2026

solidada ni tampoco una garantía absoluta. Constituye una materia en pleno estudio que exige rigurosas evaluaciones hidrogeológicas y geoquímicas in situ para verificar su verdadero impacto en los salares”. A la par, el director del Centro de Investigación Avanzada del Litio y Minerales Industriales subraya el avance de tecnologías para la obtención e interconversión directa de compuestos utilizando sistemas electroquímicos y de electromembranas que transforman eficientemente sales como el cloruro o carbonato de litio en hidróxido de litio (LiOH) de grado batería, reduciendo el consumo de reactivos químicos tradicionales. A su vez, Humberto Estay concuerda en que los procesos de extracción directa de litio “son una opción atractiva y concreta al método tradicional de evaporación, abarcando una amplia variedad de tecnologías, como adsorción, intercambio iónico o extracción de solvente. Cada una tiene ventajas y desventajas en aspectos como costos, eficiencia, consumo de energía y, particularmente, en impacto socioambiental, pero se proyectan como alternativas viables para evitar el método de piscinas de evaporación y el impacto medioambiental que conllevan. Existen varios proyectos en desarrollo que las consideran”. Hernán Cáceres también cree en el potencial significativo de la “familia” de tecnologías EDL, ya que “pueden aumentar la recuperación de litio, reducir la superficie ocupada por pozas de evaporación solar y disminuir la cantidad de salmuera que debe extraerse por tonelada producida. Esto abre la posibilidad de aumentar la producción sin incrementar, e incluso reduciendo, los niveles de extracción de salmuera”. Advierte, eso sí, que dichas técnicas “no constituyen por sí solas una solución ambiental. Algunas pueden requerir más energía, agua o reactivos, y todavía debe demostrarse cómo gestionar y devolver de manera segura la salmuera procesada, sin alterar la composición química ni el funcionamiento hidrogeológico del salar”. Por eso, el director ejecutivo del INLiSa plantea que la innovación extractiva debe avanzar junto con tecnologías de reinyección o reincorporación de salmueras, monitoreo hidrogeológico y ecosistémico, sensórica en tiempo real y modelos digitales que permitan detectar cambios y anticipar posibles impactos. “También son necesarios procesos más eficientes para producir carbonato, hidróxido y otros compuestos de litio de grado batería”, comenta.

APORTES DIVERSOS Cáceres subraya que el Instituto Nacional de Litio y Salares contribuye a cerrar las brechas de conocimiento y tecnología que limitan el desarrollo sostenible del litio y la protección de los salares. Su aporte se concentra en tres ámbitos: avanzar en el entendimiento integral de los salares, desarrollar capacidades nacionales para el pilotaje y la validación de tecnologías específicas para el litio y los salares, y realizar la mediación y transferencia del conocimiento en la materia. “Operamos bajo un principio de neutralidad técnica activa. Nuestro propósito no es promover anticipadamente una tecnología, sino generar, integrar y

Objetivo: INLiSa fue creado para contribuir a cerrar las brechas de conocimiento y tecnología que limitan el desarrollo sostenible del litio y la protección de los salares.

Foto: AMTC

Hace unos meses concluyó con éxito la fase de pruebas a escala piloto del proceso LiSa.

poner a disposición evidencia robusta, trazable e independiente para transformar el conocimiento en mejores decisiones públicas, mejores prácticas productivas y una mayor protección de los salares”, comenta. Por su parte, Advanced Mining Technology Center (AMTC) ha logrado avances importantes en el desarrollo del proceso LiSa, que consiste en la recuperación de agua de alta calidad desde salmueras mediante el método de destilación y cristalización por membranas. También es capaz de obtener una salmuera concentrada en litio. “El agua recuperada en este proceso es de alta pureza, por lo que puede emplearse como agua fresca que requieren los procesos EDL e incluso servir como fuente externa de agua para otro tipo de consumos”, pone de relieve Humberto Estay. Cabe destacar que hace unos meses LiSa terminó con éxito su fase de pruebas a escala piloto y se están explorando las vías para seguir con su desarrollo para que concluya como producto comercializable para toda la industria minera. Además, AMTC ha desarrollado un proceso llamado AmeLi, cuyo objetivo es eliminar magnesio de salmueras concentradas mediante un proceso circular en el que se regenera el reactivo principal. Así se ahorran costos de operación y se evita la contaminación de la salmuera por agentes externos. Este proceso permite producir hidróxido de litio directo desde salmueras de cloruro de litio sin producir carbonato de litio. “Los resultados a escala de laboratorio son prometedores, alcanzando sobre 99% de remoción de magnesio y conversiones de hidróxido de litio sobre 95%”, detalla el especialista. Por último, en el Centro de Investigación Avanzada del Litio y Minerales Industriales se ha desarrollado e implementado una planta semi-piloto para la obtención directa de hidróxido de litio a partir de cloruro de litio mediante procesos electroquímicos. Este método no genera desechos industriales y cuenta actualmente con la validación de su viabilidad técnica y económica. Ante la evolución geoquímica de los salares, caracterizada por un incremento en la concentración de sulfatos, el Celimin también desarrolla soluciones tecnológicas específicas para el procesamiento eficiente adaptado a salmueras de sulfato de litio. Asimismo, ejecuta dos proyectos ANID dedicados a la síntesis y caracterización de materiales adsorbentes propios para la extracción directa de litio para fortalecer la independencia tecnológica nacional en un eslabón clave de la cadena de suministro.

BIOTECNOLOGÍA AGROCLIMÁTICA ¿Cómo la edición genética y los bioinsumos pueden ayudar a enfrentar el cambio climático en la agricultura? Aquí se lo contamos.

in duda, una de las actividades productivas más golpeadas por la crisis climática es la agricultura. Ante eso, en los últimos años la biotecnología ha emergido como un aliado estratégico que podría aumentar la resiliencia del campo y reducir la huella ambiental de la producción de alimentos. Claro, porque, según sus impulsores, a través de herramientas como la edición genética -que permite

desarrollar, por ejemplo, cultivos tolerantes a sequías, plagas y temperaturas extremas– y la producción de bioinsumos –que reducen el uso de agroquímicos-, esta ciencia hoy ofrece soluciones que favorecen la sostenibilidad. Así lo aseguran especialistas que, a continuación, destacan los aportes de esta alternativa para enfrentar los efectos del cambio climático y analizan las condiciones existentes

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en Chile para su implementación, sin descuidar la bioseguridad ni la convivencia armónica con los modelos productivos tradicionales.

EDICIÓN GENÉTICA La edición genética o génica de especies vegetales es una de las prácticas biotecnológicas que abre más opciones para afrontar la

crisis climática. En términos generales, consiste en introducir cambios precisos y dirigidos en el ADN de las plantas para lograr mejoras específicas, sin incorporar genes de otras especies. Esto último marca la diferencia con los transgénicos u organismos genéticamente modificados (OGM), que sí lo hacen y son cuestionados entre otros aspectos por los impactos ambientales e incluso en la seguridad alimentaria que podrían tener. Según el Dr. Miguel Ángel Sánchez, director ejecutivo de ChileBio –asociación gremial que agrupa a las compañías desarrolladoras de biotecnología agrícola–, la edición genética entrega la posibilidad cierta de adaptarse a los desafíos climáticos y agrícolas, con importantes beneficios de tiempo y costos con respecto al mejoramiento genético convencional en que se cruzan dos plantas con características deseables y se seleccionan sus descendientes. “El mejoramiento convencional para obtener una nueva variedad de un cultivo requiere entre diez y quince años. Además, cada cruzamiento arrastra miles de genes que luego hay que depurar generación tras generación. La edición genética, por su parte, permite introducir, de forma precisa y dirigida, el mismo tipo de cambio que puede ocurrir espontáneamente en la naturaleza, sin incorporar genes de otras especies, lo que reduce los tiempos a 2 o 3 años y disminuye significativamente los costos. En la situación de urgencia en la que nos encontramos hoy, producto de los desafíos climáticos, esto es crucial”, subraya. Agrega que, de este modo, se pueden obtener en el corto plazo variedades tolerantes a la sequía, al calor, a suelos salinos o resistentes a plagas y enfermedades, lo que reduciría las pérdidas, el uso de agua y la aplicación de plaguicidas. Luego, asegura que “como los costos de desarrollo bajan, la tecnología deja de ser exclusiva de grandes corporaciones. Hoy startups y centros de investigación nacionales pueden trabajar en cultivos de importancia local que antes nadie abordaba por falta de escala comercial. Ese es un beneficio directo para la pequeña agricultura”. Sánchez destaca, asimismo, que en Chile tenemos ejemplos concretos: el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) “ha dado luz verde a productos editados desarrollados en el país por startups, universidades y centros de investigación públicos, incluyendo vides resistentes a hongos, manzanas con mejor vida poscosecha y líneas de trigo harinero con mayor contenido de fibra”. En el sector público, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) ha posicionado a la biotecnología agrícola como un eje estratégico para enfrentar el cambio climático y

BIOINSUMOS

Miguel Ángel Sánchez destaca que la edición genética permite adaptarse a los desafíos climáticos y agrícolas, con importantes beneficios de tiempo y costo. avanzar hacia la sostenibilidad, abordando el tema desde distintas líneas de trabajo. Una de las principales iniciativas es la edición génica basada en la tecnología CRISPR/ Cas9, con el objetivo de aumentar la productividad, la resiliencia climática y la resistencia a enfermedades en algunos cultivos estratégicos para el país, como la papa y el arroz. El principal proyecto de investigación en esta materia es desarrollado en el INIA La Platina y en su descripción se destaca que “también ofrece significativos beneficios sociales y ambientales. Al permitir el desarrollo de variedades más resistentes a plagas, enfermedades y condiciones climáticas adversas, se reduce la necesidad de pesticidas y otros insumos químicos, lo que contribuye a la preservación del medio ambiente y a la salud de los ecosistemas. Además, estas innovaciones promueven la seguridad alimentaria al asegurar un suministro constante de alimentos nutritivos y de alta calidad, beneficiando directamente a las comunidades agrícolas y mejorando la calidad de vida de los productores. La reducción de pérdidas de cosecha y el aumento de la resiliencia climática también fortalecen la economía local y nacional, creando un futuro más sostenible y próspero”. Cabe indicar que el INIA ya ha producido algunas especies adaptadas al cambio climático, pero mediante mejoramiento convencional, como el arroz Jaspe que se puede cultivar con hasta 50% menos agua, incluso mediante riego por goteo y sin inundación permanente, y la quínoa Mauka que destaca por su adaptabilidad a las condiciones de secano, un mayor rendimiento productivo y la resistencia a enfermedades como el mildiú.

Otra área de la biotecnología en que el INIA ha construido capacidades importantes es el desarrollo de bioinsumos a partir de microorganismos y otros recursos biológicos, con miras a reducir el uso de agroquímicos. Así, en el Centro Nacional de Bioinsumos, instalado en INIA Quilamapu, en Ñuble, han dado vida a productos basados en microorganismos nativos destinados, entre otras funciones, a estimular el crecimiento de plantas y cultivos, como también a controlar plagas y enfermedades. En esas mismas dependencias, el Instituto cuenta con una plataforma fundamental para su labor de investigación agropecuaria y para el desarrollo biotecnológico: el Banco de Recursos Genéticos Microbianos, inaugurado en 2013, en el cual se conservan microorganismos propios de Chile para estudiarlos y utilizarlos en diversas aplicaciones. Eduardo Tapia, investigador de INIA sobre biotecnología y bioinsumos, señala: “El rol del Banco es clave. Allí se almacenan miles de microorganismos con distintas capacidades, entre éstos, probablemente algunos solubilizadores de fósforo, potasio y fijadores de nitrógeno. Con el tiempo y en la medida que capturamos fondos, los usuarios del Banco vamos caracterizando y evaluando los potenciales de los microorganismos de la colección. Es importante realizar dos precisiones: no todos han sido desarrollados como bioinsumos hasta ahora y, en general, no logran sustituir hasta la fecha a los fertilizantes de síntesis, solo ayudan a su absorción por distintos mecanismos siendo parte de una compleja e increíble red biológica que nutre a las plantas”.

El Banco de Recursos Genéticos Microbianos es clave para desarrollar bioinsumos, dice Eduardo Tapia.

REDUCCIÓN DE EMISIONES La edición génica y los nuevos desarrollos biotecnológicos también pueden contribuir a mantener el carbono en los suelos y a reducir las emisiones de efecto invernadero en el sector agrícola. Así lo explica el Dr. Miguel Ángel Sánchez: “El desarrollo de cultivos biotecnológicos tolerantes a herbicidas facilita la adopción de siembra directa y labranza cero, prácticas que evitan remover el suelo y, con ello, evitan liberar a la atmósfera el carbono almacenado en la materia orgánica. El menor uso de maquinaria (menos arado) por la siembra directa y labranza cero significa también menos combustible quemado”. Agrega que la edición genética, en particular, podría aportar significativamente a la captación activa de carbono en el suelo. “Equipos internacionales están desarrollando variedades de cultivos como maíz, soya, algodón y canola que tengan sistemas radiculares más profundos, más abundantes y con compuestos más resistentes a la degradación, de modo que el carbono que la planta fija durante su ciclo permanezca almacenado en el suelo, en lugar de retornar rápidamente a la atmósfera. Las estimaciones publicadas señalan que cultivos con estas características podrían remover entre 0,9 y 1,2 gigatoneladas de CO2 al año hacia 2040, una cifra hasta siete veces superior a todas las compensaciones generadas por el mercado voluntario de carbono en 2023”, asegura el director ejecutivo de ChileBio.

APLICACIONES EN CHILE En la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) consideran que la biotecnología ofrece “herramientas clave para enfrentar los efectos del cambio climático y también otros desafíos de la producción agrícola”. Así lo sostiene su Gerente de Políticas Públicas, Federico Errázuriz, quien remarca que las nuevas técnicas de mejoramiento genético “permiten un desarrollo mucho más rápido y preciso de variedades que incluyen importantes ventajas como mayor resistencia a estrés hídrico, a salinidad, a ataque de insectos, etc. El tiempo de desarrollo de una variedad se acorta de 10-15 años a 3-5, y abarata el proceso. Ese es el punto central: el clima está cambiando más rápido de lo que el mejoramiento convencional puede responder, y debemos estar en constante adaptación. Por su parte, los bioinsumos están aportando nutrientes, protección y otros elementos que ayudan al crecimiento vegetativo sin las consecuencias negativas que pueden tener los insumos tradicionales”. En relación al nivel de uso que han alcan-

zado estas innovaciones entre los agricultores, comenta que han visto “numerosas empresas startups que están introduciendo al mercado nuevos bioinsumos basados en hongos, insectos, residuos, etc., algunas en forma incipiente y otras con mayor penetración”. Y en cuanto a la edición genética, Federico Errázuriz apunta que “desde 2017 el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) ha revisado muchas solicitudes de clasificación de nuevas variedades, y más de 90 han sido clasificadas como plantas convencionales (‘no transgénicas’ pues su ADN es indistinguible del de una planta común y corriente), lo que sitúa a Chile en el segundo lugar del mundo en número de productos evaluados por el sistema regulatorio, siendo una fuerte señal del enorme interés en incorporar estas nuevas variedades al mercado local. Por su parte, el rol de hub biotecnológico de semillas de interés mundial que está desempeñando Chile para el desarrollo de nuevas variedades de plantas ha provocado el gran interés en estas tecnologías”. Considerando que los pequeños agricultores son más vulnerables a la crisis climática, cabe preguntarse ¿estas herramientas biotecnológicas están llegando a este segmento?, ¿qué trabas existen para eso y cómo se podrían superar? Desde el INIA, Eduardo Tapia indica que la principal barrera para la adopción de los bioinsumos por parte de los pequeños agricultores o de la agricultura familiar campesina es “el aprender haciendo”. Agrega que para superar ese obstáculo se requieren herramientas para educar personas adultas en el extensionismo, modelo de desarrollo socioeconómico para

Federico Errázuriz destaca que la edición genética no incorpora genes foráneos a las plantas, por lo que no causa conflictos con otros cultivos.

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zonas rurales en el que se fomenta el uso de técnicas modernas para que los campesinos aumenten su producción. Y también parcelas demostrativas para diseminar el conocimiento. “Otro apoyo importante sería el incentivo con bonificaciones para bioinsumos autorizados por el SAG, tal como se hace para la compra de productos de síntesis química”, apunta.

MARCO REGULATORIO ¿Qué fortalezas y desafíos presenta el marco regulatorio chileno para el desarrollo e implementación de soluciones biotecnológicas en el sector agrícola sin descuidar la bioseguridad? El Dr. Miguel Ángel Sánchez responde: “La principal fortaleza de Chile es el SAG. Es un regulador reconocido internacionalmente por su rigurosidad técnica, y esa reputación es precisamente lo que sostiene nuestra posición como hub biotecnológico de semillas. Instituciones públicas y privadas traen al país sus materiales más valiosos porque confían en que el sistema de evaluación, supervisión y fiscalización funciona. Desde 2017, el SAG aplica un procedimiento de consulta previa, caso a caso y obligatorio antes de cualquier uso en campo, que determina si un producto editado es un OGM o un producto convencional. Si el material contiene ADN de otro organismo, se considerará OGM y deberá someterse a la normativa aplicable. Si no, el producto se trata como una variedad convencional y no corresponde a una categoría regulatoria especial. Este procedimiento ha operado con solvencia y ubica a Chile entre los países con un sistema regulatorio más activo y funcional del mundo, con más de 100 evaluaciones regulatorias a la fecha. Más de 20 países cuentan con un enfoque regulatorio similar al chileno, e incluso la Unión Europea ya aprobó el uso de estas tecnologías en su agricultura”. El especialista advierte, eso sí, que dicho procedimiento no está formalizado en un instrumento jurídico propio. “Por eso valoramos que el Ministerio de Agricultura y el SAG hayan presentado una propuesta de resolución que establece los requisitos técnicos y administrativos para determinar la normativa aplicable al material vegetal desarrollado por edición genética, sometida a consulta pública nacional. Ésta no cambia las reglas vigentes para los OGM ni relaja el estándar de bioseguridad. Al contrario, entrega mayor trazabilidad, certeza jurídica y atribuciones explícitas al SAG para fiscalizar y actuar frente a incumplimientos”, comenta. Para Federico Errázuriz, la falta de este sustento normativo es una barrera relevante para impulsar la biotecnología agrícola en Chile. “Es importante avanzar en la publicación de una resolución que formalice el proceso de incorporación

Foto: INIA

Los bioinsumos ayudan a que las plantas absorban los fertilizantes, lo que permite reducir su uso. de nuevas variedades obtenidas mediante nuevas técnicas de mejoramiento, para otorgar certezas a la industria y a los desarrolladores”, dice. Luego suma otra traba: la escasez de recursos para el desarrollo biotecnológico. “Chile invierte poco en I+D en general y el sector agrícola está compuesto en un 99% por Pymes, por lo que hay escaso financiamiento privado. Sería positivo contar con financiamiento público para apoyar el desarrollo de variedades que pueden tener un impacto público, especialmente pensando en las Pymes agrícolas”, plantea. A su vez, Eduardo Tapia expone que en el caso de los bioinsumos, existe una regulación para los plaguicidas microbianos (Resolución N° 9074, del SAG) y una para los bioestimulantes (Ley 21.349) que entregan un marco para cada área. No obstante, advierte que, “por factores económicos y tiempo de procesos, las empresas tienden a presentar productos como bioestimulantes siendo que son bioplaguicidas o tienen esas capacidades. En general, esta tendencia se ha solucionado en otros países homogenizando el nivel de requerimientos, solicitando prácticamente el mismo set de análisis de un bioplaguicida a los bioestimulantes y reconociendo ambas actividades en un solo producto si esto fuese así. De esta manera, los usuarios obtendrían productos con un mayor aseguramiento de calidad y eficacia/rendimiento y el productor de bioinsumos no enfrentaría esta definición legal compleja en la mayoría de los casos”.

COEXISTENCIA En Chile, diversas organizaciones ecolo-

gistas, campesinas y de pequeños productores han expresado que la coexistencia entre la biotecnología agrícola –especialmente, los cultivos y semillas transgénicas– y la agricultura orgánica o tradicional no es viable. Uno de sus principales argumentos es el riesgo de contaminación genética, toda vez que las semillas caídas durante la cosecha o el transporte y otros materiales puedan pasar de cultivos transgénicos a predios convencionales u orgánicos, lo que podría llevar a estos últimos a perder su certificación y el valor comercial de su producción. Por lo mismo, plantean que faltan reglas claras de coexistencia que permitan determinar, por ejemplo, quién paga por las distancias de aislamiento, controles, análisis, certificaciones y eventuales pérdidas. Otras preocupaciones son la posible afectación de la diversidad genética de especies cultivadas o de sus parientes silvestres, la eventual pérdida de semillas tradicionales y de la soberanía alimentaria, la falta de información y transparencia sobre los sitios dónde se producen semillas transgénicas para la exportación -los únicos cultivos de este tipo permitidos en Chile- y la carencia de etiquetado para distinguir los alimentos que contienen OGM. Frente a esas inquietudes, en ChileBio contestan que en Chile coexisten estas prácticas agrícolas hace más de treinta años. “La producción de semillas biotecnológicas en el país opera bajo siembra confinada, con distancias de aislamiento, ventanas de floración diferenciadas, registro georreferenciado de los predios, control de flujo de material y fiscalización del SAG en

terreno. Esa misma disciplina es la que exigen nuestros clientes en el hemisferio norte, donde la pureza varietal es el producto. Un incumplimiento no solo conlleva consecuencias regulatorias, sino que también destruye el negocio. Por eso el estándar es alto y verificable”, dice Miguel Ángel Sánchez. Sobre la transparencia, plantea que el camino es contar con más y mejor información. El especialista plantea: “Apoyamos que el procedimiento de evaluación esté formalizado, que sus criterios sean públicos y que existan instancias de consulta, como la que el propio SAG abrió con alcance nacional e internacional. La conversación pública sobre estas tecnologías es legítima y debe darse con datos sobre la mesa. ChileBio ha invertido de manera sostenida en divulgación científica precisamente por eso”. Asimismo, indica que los productos obtenidos por edición genética son indistinguibles de los que pueden surgir por mutación espontánea o por mejoramiento convencional, que nunca han sido etiquetados. Acota: “Etiquetar por el proceso y no por el producto no entrega información útil al consumidor y tiende a estigmatizar sin fundamento científico. En cambio, sí somos partidarios de la trazabilidad documental a lo largo de la cadena y del cumplimiento estricto de los requisitos de los mercados de destino”. Sánchez subraya, además, que estos modelos de producción no compiten por el mismo espacio. “La agricultura orgánica, la tradicional y la biotecnológica responden a demandas distintas y pueden coexistir, como lo hacen hoy. Nuestro compromiso es que el agricultor, sea pequeño, mediano o grande, pueda elegir con libertad e información, y que esa elección esté respaldada por un sistema regulatorio robusto”, concluye. Desde la Sociedad Nacional de Agricultura, en tanto, Federico Errázuriz primero distingue entre la transgenia y la edición genética “que no incorpora ningún gen foráneo a las plantas, por lo que las variedades que se crean no presentan riesgos distintos que una planta no editada, por lo que no es necesario aplicar manejos distintos ni genera conflictos con otros cultivos. Este enfoque es el que ya casi 30 países han implementado, y este año la Unión Europea también ha decidido autorizar el uso de estas tecnologías bajo esta lógica”. Añade que los bioinsumos también “son un tremendo apoyo a la agricultura tradicional y la orgánica, pues permiten proteger o potenciar el crecimiento vegetal en base a sustancias de origen natural en lugar de moléculas diseñadas, como en los agroquímicos. Esto, sin duda, es un gran aporte a lo que como SNA queremos para Chile: avanzar hacia ser una potencia eco alimentaria”.

Foto: Salfa

CUIDADO PARA LOS SUELOS Una revisión de las tecnologías utilizadas hoy en la industria forestal, sobre todo durante la cosecha, para reducir la erosión y compactación de los suelos.

l aprovechamiento de los residuos de todo tipo se ha ido transformando en una necesidad y hasta en un deber en nuestro país. Hasta los distintos rubros industriales se están “subiendo al barco” de la economía circular. El forestal, en particular, se ha sumado hace ya largos años a esta tendencia creciente. Solo un ejemplo: los desechos de cosecha (ramas y cortezas), dispuestos en sentido transversal a la penEDICIÓN 201 JULIO-AGOSTO 2026

diente en los terrenos cubiertos por plantaciones, sirven para cubrir las zonas de rodadura y senderos de extracción para amortiguar el peso de las máquinas y frenar el arrastre de sedimentos. ¿El objetivo? Proteger el suelo, que en este sector productivo se ve enfrentado a procesos de erosión (desgaste de la capa superficial) y compactación (pérdida de porosidad), principalmente.

Al respecto, un análisis de 2024 del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), titulado “El impacto de las plantaciones forestales en los ecosistemas de Chile”, expone que la tala rasa de los árboles en este sector, durante su cosecha, tiene “un gran potencial de erosión dependiendo del tipo de maquinaria a utilizar, topografía, tipo de suelo y época de cosecha. Además, la cosecha de plantaciones afectadas por incendios de alta severidad puede incrementar fuertemente la erosión de los suelos, alcanzando las 31 toneladas por hectárea cada año”.

PLANIFICACIÓN ADECUADA ¿Qué responde la industria forestal? Antonio Minte, gerente general de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), plantea que la cosecha forestal “implica necesariamente una intervención sobre el terreno producto del tránsito de maquinaria, el traslado de la madera y la habilitación de caminos, canchas y vías de saca. Si estas operaciones no se planifican adecuadamente pueden generar alteraciones, por lo que uno de los principales objetivos del manejo forestal sustentable es minimizar estos impactos, resguardando la salud del suelo y su capacidad productiva para el siguiente ciclo forestal”. En esa línea, el ejecutivo sostiene que el rubro forestal ha incorporado innovaciones tanto en la planificación como en la ejecución de las faenas. Aporta detalles: “Hoy las operaciones consideran variables como la pendiente, la susceptibilidad a la erosión, las características del suelo y la estacionalidad, permitiendo definir de manera más eficiente los caminos, canchas y vías de saca, reduciendo la superficie intervenida y los movimientos innecesarios de tierra. A ello se suma una creciente mecanización de las operaciones y la incorporación de equipos asistidos para trabajar en pendientes medias y altas”. Agrega que el uso de esas tecnologías logra disminuir la generación de huellas de madereo, reducir la construcción de caminos y canchas, minimizar el movimiento de tierra y operar con mayor precisión en terrenos complejos. “Y la utilización de equipos especializados para el trozado, desrame, clasificación y carguío de la madera ha permitido optimizar las operaciones y disminuir la superficie requerida para las faenas”, asegura. Luego menciona otro avance relevante en este ámbito: la incorporación de tecnologías que permiten recuperar terrenos afectados por incendios o intervenir sectores de difícil acceso con una menor alteración del suelo, ampliando las posibilidades de restauración y reforestación de estas áreas. A su juicio, estas innovaciones “se complementan con buenas prácticas de manejo del sitio una vez concluida la cosecha, orientadas a preparar el terreno para una nueva plantación, favorecer una rápida cobertura del suelo y reducir el riesgo de erosión”. En definitiva, señala que un suelo bien conservado mantiene su capacidad productiva,

Según Antonio Minte, en el rubro forestal “aún existen oportunidades para seguir optimizando las operaciones resguardando la salud del suelo”.

favorece la infiltración del agua, reduce la escorrentía y disminuye el riesgo de erosión y el arrastre de sedimentos hacia cursos y cuerpos de agua.

MAQUINARIA “AMIGABLE” Como solución para reducir o minimizar el impacto ambiental en los suelos forestales de Chile, Sergio Díaz, instructor de Maquinaria Forestal en la empresa Salfa, destaca los sistemas tipo Cut to Length (CTL), “que procesan los árboles directamente en el lugar de la cosecha, permiten reducir la remoción de la capa orgánica superficial, disminuir la erosión, evitar la formación de surcos y cárcavas, y contribuir a la conservación de nutrientes del suelo”, detalla. El especialista también releva el uso de equipos que transportan la madera suspendida sobre el vehículo, evitando el arrastre de los trozos sobre el terreno y reduciendo el deterioro del suelo. “También se han incorporado equipos con neumáticos de alta flotación y bandas auxiliares (Bandtracks), que distribuyen mejor el peso de la maquinaria y disminuyen la compactación, especialmente en terrenos sensibles (blandos) o con alta humedad”, especifica. Como representante oficial en Chile de la compañía estadounidense John Deere, Salfa ofrece maquinaria que incorpora tecnologías diseñadas para minimizar el impacto sobre el suelo durante las operaciones de cosecha. En concreto, sus harvesters realizan el volteo, desrame y trozado de los árboles directamente en el área de trabajo, “reduciendo la intervención sobre el terreno y favoreciendo la conservación de la capa superficial, la vegetación remanente y las áreas de protección. Por su parte, los forwarders operan sobre las líneas de residuos vegetales generadas durante la cosecha y transportan la madera suspendida sobre su carro, evitando el arrastre de los trozos sobre el suelo. Además, cuentan con neumáticos de gran flotación y la posibilidad de incorporar sistemas Bandtracks que favorecen la protección de los suelos forestales”, asegura Sergio Díaz. Antonio Minte, a su vez, profundiza en los beneficios de la maquinaria forestal: “Hoy existen equipos con mayor flotación y tracción, configuraciones de múltiples ruedas y sistemas que distribuyen mejor el peso, disminuyendo la presión ejercida sobre el terreno y, por lo tanto, el riesgo de compactación. Asimismo, la creciente mecanización de las faenas ha permitido reemplazar progresivamente sistemas tradicionales por configuraciones más eficientes

para cada tipo de terreno. En pendientes bajas y medias se han masificado equipos como harvester-forwarder y feller buncher-grapple skidder, mientras que en pendientes pronunciadas se han incorporado sistemas de asistencia mediante huinches, shovel logger y torres mecanizadas, que permiten trabajar con mayor estabilidad y precisión”.

HERRAMIENTAS DIGITALES Pese a los avances, el representante de Corma está convencido que en este rubro aún existen oportunidades para seguir optimizando las operaciones resguardando la salud del suelo. “Una de las principales es profundizar el uso de herramientas digitales y software especializados para planificar caminos, canchas y vías de saca, permitiendo diseñar faenas cada vez más eficientes y con menor intervención del terreno. Y existe espacio para continuar desarrollando maquinaria con menor presión sobre el suelo, mayor flotación y sistemas de asistencia más eficientes para operar en terrenos de distinta pendiente. El desafío es seguir adaptando la tecnología a las condiciones del terreno, reduciendo aún más los movimientos de tierra, la compactación y el riesgo de erosión”, apunta. En la misma línea, Sergio Díaz sostiene que la industria forestal debe seguir avanzando hacia operaciones cada vez más sostenibles y eficientes, apostando por “la incorporación de nuevas herramientas de monitoreo y gestión digital que permitan optimizar la planificación de las faenas, reducir desplazamientos innecesarios y minimizar aún más la intervención sobre el terreno. También hay espacio para seguir desarrollando tecnologías que mejoren la eficiencia energética de la maquinaria, reduzcan las emisiones y optimicen el rendimiento operativo. A esto se suma la capacitación continua de los operadores, un factor clave para aprovechar al máximo las capacidades de los equipos y asegurar una ejecución de las labores con el menor impacto posible sobre los suelos y el entorno”. Por su parte, Antonio Minte pone de manifiesto que la incorporación de nuevas tecnologías “ha generado beneficios que van más allá del área ambiental. La mayor mecanización de las faenas y el desarrollo de equipos especializados para distintos tipos de terreno han permitido reducir significativamente la exposición de los trabajadores a labores de mayor riesgo, especialmente en pendientes, elevando los estándares de seguridad y salud ocupacional”.

Foto: Salfa

Existe una creciente mecanización de las operaciones forestales y la incorporación de equipos asistidos para trabajar en pendientes medias y altas.

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José Luis Navajas Rodríguez

“C

onsolidar el crecimiento y la diversificación de EBI Chile y posicionar a la compañía como un referente en gestión integral de residuos” es uno de los principales objetivos que José Luis Navajas se ha propuesto como Gerente General de la empresa de origen canadiense, que recientemente cumplió cinco años de operaciones en Chile. Ingeniero Civil Industrial, diplomado en Ingeniería Mecánica y MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile, realizó también el Programa de Gestión de la Innovación de ESE Business School de la Universidad de los Andes. Cuenta con una amplia trayectoria en empresas vinculadas a soluciones ambientales y gestión de residuos, combinando visión estratégica y conocimiento operacional del sector. Su interés por los desafíos ambientales comenzó tempranamente. En su juventud publicó, junto a Ian Nelson y Eduardo Morandé, el libro “Cambio climático: el aporte del gas natural en la Región Metropolitana”, presentado en conjunto con la SOFOFA, la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) y Metrogas. Desde su actual cargo, José Luis Navajas lidera la estrategia y las operaciones de EBI Chile, impulsando la economía circular, la valorización y el reciclaje, junto con el desarrollo de infraestructura para el tratamiento y disposición segura de residuos. Su gestión también busca asegurar altos estándares ambientales y de seguridad y fortalecer las relaciones de largo plazo con autoridades, clientes y comunidades. Con experiencia en la conducción de equipos multidisciplinarios y una mirada estratégica del negocio, el ejecutivo identifica como prioridades para los próximos años “profundizar la transición de EBI Chile hacia la economía circular, aumentar la valorización y recuperación de residuos, desarrollar nueva infraestructura de tratamiento, incorporar innovación y tecnología a las operaciones y asegurar altos estándares de seguridad, desempeño ambiental y continuidad operacional”.

Carl Mikael Stål

iel a sus convicciones, Carl Mikael Stål produce frutas y verduras orgánicas para consumo propio en su campo, desarrolla actualmente un proyecto para generar electricidad con energía solar, y reemplazó el gas por pellets para alimentar la caldera de calefacción de su casa. Ingeniero civil químico, especializado en celulosa y papel, hoy se desempeña como gerente corporativo en Valmet para el grupo CMPC. Como tal, se dedica a promover tecnologías innovadoras y desarrollar nuevos modelos cooperativos entre la empresa, con base en Finlandia, y sus clientes. En lo inmediato, su gran objetivo es asegurar que Valmet apoye a las industrias chilenas “en mejorar de forma continua su eficiencia energética, la utilización y preservación de agua y la reducción de químicos, y en avanzar en su digitalización y productividad”. A mediano plazo, en tanto, planea contribuir a que la compañía incremente la utilización de productos derivados de la masa forestal, mientras que más a futuro el principal desafío será tener implementada una tecnología de captura de CO2 y producir e-fuel, reduciendo la huella de carbono de la organización a un mínimo. Entre sus fortalezas laborales destaca que “después de más de 30 años vinculado al desarrollo e implementación de tecnologías para la industria de la celulosa y el papel, he adquirido una visión amplia de los procesos productivos, de sus oportunidades de mejora y también de sus limitaciones. Este conocimiento me permite evaluar con objetividad el potencial de nuevas soluciones y promover innovaciones que generen valor real para nuestros clientes”. Agrega: “Mi interés por los bosques, las montañas y el mar me ha hecho especialmente consciente de la importancia de desarrollar tecnologías que contribuyan a una producción cada vez más eficiente y sostenible. Esa motivación ha estado presente a lo largo de toda mi carrera profesional”. Aunque reconoce ser impaciente en ocasiones, con los años ha aprendido que “la transformación sostenible requiere persistencia, colaboración y una visión de largo plazo para generar resultados duraderos”.

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SEGURIDAD HÍDRICA

Con miras a avanzar hacia ese objetivo, Expo Agua Santiago 2026 reunió a más de 80 expositores, 76 speakers y casi cinco mil asistentes del mundo público y privado.

l diálogo y la cooperación entre los distintos actores del sector público y privado ligados a la gestión y el uso del agua son fundamentales para avanzar hacia la seguridad hídrica. Ese fue uno de los principales mensajes que dejó la 6ª versión de Expo Agua Santiago, desarrollada el 5 y 6 de agosto en centro de eventos Metropolitan Santiago, con el objetivo de intercambiar experiencias y promover soluciones para afrontar la crisis hídrica. Organizado e impulsado por el Gobierno de Santiago, Interexpo, el Consejo Regional

Metropolitano y el Fondo de Agua SantiagoMaipo, este encuentro reunió a más de 80 expositores, 76 speakers nacionales e internacionales y unos 4.800 asistentes, provenientes del mundo gubernamental, empresarial, académico y de la sociedad civil. Su programación contempló el XIX Foro de la Economía del Agua, los Diálogos por el Agua, una rueda de negocios en que se concretaron 250 reuniones, 10 talleres estratégicos, 20 charlas y una amplia exhibición con más de 300 tecnologías e innovaciones para una ges-

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tión eficiente y sostenible del recurso hídrico. A eso se sumó la segunda edición de los Premios del Agua con los que se distinguió a empresas, instituciones y organizaciones que han impulsado iniciativas relevantes en este ámbito.

COLABORACIÓN Y CONVERGENCIA El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, destacó el carácter colaborativo del encuentro y reafirmó el compromiso regional

AGUA 87

con el resguardo de las fuentes de agua. “Esta alianza público-privada reunió a más de 80 expositores del mundo académico, público, privado y de la sociedad civil. Proteger el agua de las cuencas del Maipo y del Mapocho para las futuras generaciones es el principal desafío ambiental y climático que tenemos como región. Sin agua no hay vida, tampoco actividad económica ni turismo. Por eso seguiremos impulsando iniciativas que permitan proteger nuestras fuentes hídricas y nuestra cordillera, promoviendo también un turismo de montaña responsable y sustentable”. En ese contexto, la autoridad regional anunció la realización de la Semana de la Montaña 2026, que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, instancia que incluirá la Segunda Conferencia Internacional para la Defensa de la Cordillera de Los Andes, reafirmando el vínculo entre la protección de los ecosistemas de montaña y la seguridad hídrica de la Región Metropolitana. Por su parte, la gerenta general del Fondo de Agua Santiago-Maipo, Cristina Huidobro, destacó que Expo Agua Santiago “se transformó en una verdadera cumbre, donde entendemos que la gestión del recurso hídrico debe abordarse tanto en períodos de sequía como frente a eventos climáticos extremos”. A su vez, Javiera Sotoluque, gerente general de Interexpo, resaltó: “La alta participación, el nivel de los expositores, las ruedas de negocios y las más de 300 soluciones tecnológicas presentadas confirman que Expo Agua se ha consolidado como el principal punto de encuentro para impulsar la colaboración, la innovación y el desarrollo de soluciones concretas para una gestión más eficiente y sostenible del agua. La concurrencia de todos los sectores y el apoyo de autoridades es la mejor muestra de ello”. Por su parte, Claudia Papic, directora de contenidos de ExpoAgua, subrayó que este evento se consolidó “como un espacio donde el agua se aborda como lo que realmente es: un factor crítico de riesgo y de continuidad operacional para las empresas, y no solo un tema ambiental o de sostenibilidad discursiva. El XIX Foro de la Economía del Agua, realizado dentro de la Expo, puso sobre la mesa tres ejes que reflejan con precisión el estado actual del desafío hídrico en Chile: la urgencia de nueva infraestructura de seguridad hídrica, el nexo cada vez más estrecho entre agua y energía en el sector industrial, y el camino hacia una agricultura capaz de mantener su producción con menor disponibilidad del recurso”. Luego, recalcó que, a diferencia de otras instancias sobre agua en Chile e Iberoamérica, este encuentro “es probablemente el único espacio donde convergen realmente todas las miradas sobre el recurso hídrico en un mismo lugar

Impulsores y protagonistas de Expo Agua 2026: José Miguel Sotoluque, CEO de Interexpo; Fernando Chomalí, Cardenal y Arzobispo de Santiago; José Sáez, gerente general de Aguas Andinas; Francisco Lombardo, presidente del Foro de la Economía del Agua.

Numerosos visitantes llegaron hasta el stand de Aguas Andinas, donde el mensaje central fue “El agua de la llave nos hace bien”.

ANAM, con sus servicios de laboratorio y mediciones medioambientales, marcó presencia en Expo Agua.

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y al mismo tiempo: la academia, el Estado, los usuarios (tanto industriales como comunidades), los municipios, los gobiernos regionales y los innovadores y emprendedores del sector. No es un evento sectorial ni un foro exclusivamente técnico o exclusivamente político, sino que es una instancia multistakeholder real, donde cada actor identifica oportunidades y desafíos desde su propia perspectiva, pero con un objetivo común, que es asegurar la disponibilidad de agua para todos sus usos. Esa convergencia es difícil de replicar, y es justamente lo que permite pasar del diagnóstico a la acción concreta y a la colaboración público-privada”. La sexta versión contó con el auspicio de Aguas Andinas y Anglo American, además del patrocinio de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo, Pacto Global Red Chile y la Sociedad Nacional de Agricultura.

Nicolás Howard, Nicolás Guerra, Francisco Lazcano, Carlos Padilla, Diego Flores y Rodrigo Cereceda presentaron las tecnologías de bombeo e instrumentación de Soltex.

Carlos Rebolledo, Daniel Araneda y Cristian Asencio compartieron las innovaciones de Endress+Hauser para la sostenibilidad hídrica.

Ecoriles remarcó su liderazgo en la gestión y tratamiento de aguas residuales industriales.

Claudia Papic destacó el contenido del Foro de la Economía del Agua y la convergencia de distintas visiones sobre la gestión hídrica.

Leonardo Vallejos, Pablo Retamales y Pablo Pozas fueron parte del equipo de Simtech que destacó sus soluciones para tratamiento de aguas.

El subdirector de InduAmbiente, Cristián Araya (al centro), junto al gerente comercial de Ecoriles, Paolo Garcés; y el especialista en gestión hídrica, Carlos Berroeta.

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Alto interés generaron las alternativas tecnológicas para el manejo de aguas que expuso BFS Chile.

AGENDA AL DÍA 89

Nuevamente muy nutrida se presenta la agenda de eventos ligados a temas de medio ambiente, energía y sustentabilidad. ¿No decide a cuál(es) asistir? Acá le dejamos una breve reseña de algunos de ellos, incluyendo un seminario organizado por InduAmbiente.

XXVIII Jornadas de calidad de aguas y control de procesos Seminario “Soluciones para valorizar residuos industriales” Con la organización de InduAmbiente y el auspicio de Hidronor, el jueves 5 de noviembre se desarrollará este encuentro para analizar los avances y desafíos en la implementación de la Ley REP, presentar tecnologías y servicios que permitan a las empresas cumplir esta norma, y valorizar diversos residuos industriales, con miras a aprovechar los beneficios de la economía circular. La sede será el Hotel Radisson Blu (Av. Manquehue Norte 656, Las Condes, Santiago). Específicamente, se abordará la aplicación del decreto supremo para envases y embalajes industriales, soluciones para cumplir con las obligaciones establecidas para neumáticos fuera de uso y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como alternativas para valorizar residuos orgánicos, entre otros temas. Inscripciones en seminario@induambiente.cl

Expo Corma

4ª Cumbre del litio y energías Con la organización de CIL Lithium y la Cámara Chileno-Suiza de Comercio, el evento reunirá en Santiago, el 22 de octubre, a actores públicos, privados e internacionales para potenciar la inversión, innovación y sostenibilidad en la economía del litio. La cita internacional se proyecta como una plataforma de continuidad para reunir a inversionistas, empresas y actores institucionales en torno a este mercado emergente, las energías limpias y los desafíos de la transición energética. Los detalles en: https://cumbredellitioyenergias.com/

El principal encuentro forestal y maderero de Latinoamérica tiene su fecha asignada: del 18 al 20 de noviembre en Corma Exhibition Center, en la región del Biobío. Bajo el lema “Tecnología que nace de la tierra”, la versión 23 del evento tendrá como contenidos centrales el fomento forestal, la seguridad frente a incendios y la promoción de la madera, junto a la exhibición de tecnologías para el conjunto de la cadena del sector forestal, la madera, la celulosa y el papel. Incluye networking especializado, charlas y seminarios técnicos, muestra de innovaciones y reuniones comerciales B2B. Información adicional en: www.expocorma.cl.

En el Hotel Cabaña del Lago, en Puerto Varas, el 15 y 16 de octubre próximo se realizará este encuentro que permitirá actualizar conocimientos en materia de calidad de aguas y control de procesos, así como fomentar el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de redes profesionales. Con el auspicio de la Empresa de Servicios Sanitarios Suralis, las sesiones técnicas abordarán temáticas como: protección de recursos hídricos, potabilización de aguas naturales, laboratorio de análisis, medición en línea, estanques de tormenta y tratamiento de aguas servidas. También habrá stands de proveedores. Más antecedentes en www.aidis.cl

Expo Forede 2026 Las principales mineras de la región de Atacama, grandes proveedores industriales y de servicios, empresas locales y otras que se trasladan desde otras zonas del país, además de gremios regionales, darán vida a la décima edición de este evento. Se realizará entre el 20 y 22 de octubre, en el parque El Pretil de Copiapó, con entrada liberada. Organizada por Corproa, contempla también ruedas de negocios y conferencias donde se expondrán temáticas de interés para los sectores productivos, incluyendo las ambientales y de sostenibilidad. La muestra espera convocar a más de 350 expositores. País invitado: Australia. El sitio oficial es www.corproa.cl/forede/

92 ENTRETENCIÓN

Ser “buen vecino” dejó de ser una opción voluntaria para las compañías, en especial para las de mayor tamaño, para convertirse en una exigencia. Por eso, y como señalan en Acción Empresas, el gran desafío de las organizaciones productivas “es superar la gestión reactiva con sus comunidades y construir legitimidad territorial para obtener y mantener la ansiada licencia social”. Esto implica anticipar conflictos e incorporar a su entorno en la toma de decisiones, sobre todo cuando se gestionan proyectos con potenciales impactos socioambientales. Este tema, junto con el de remediación ambiental, constituyen los pilares de esta edición de InduAmbiente y sobre los cuales le interrogaremos a continuación. Antes de revelar las preguntas, le refrescamos la memoria con el sistema de puntaje: 7 aciertos lo eximen de tomar los libros durante los próximos dos meses; con 6 o 5 positivos puede estar tranquilo, pero en estado de alerta; con 4 puntos buenos debe reforzar sus conocimientos; y con 3 o menos darle prioridad a los estudios y mentalizarse que puede dar más. Estas son las consultas: 1. ¿Qué atributos debe tener un vínculo efectivo entre empresas y comunidades? 2. ¿Desde cuándo está vigente en Chile el Acuerdo de Escazú? 3. En las evaluaciones de riesgos de sitios potencialmente contaminados, ¿qué importancia tienen los muestreos de gases del suelo? 4. Mencione al menos dos desventajas de la técnica de solidificación y estabilización. 5. Destaque dos beneficios que genera la biotecnología agroclimática. 6. ¿Qué tecnologías abarcan los procesos de extracción directa de litio (EDL)? 7.- ¿Qué significa la abreviación SBAP? Solución en página 94

EDICIÓN 201 JULIO-AGOSTO 2026

SONAMI realizó primera Cumbre de la Minería Aprueban megaproyecto de hidrógeno y amoníaco verde La Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes aprobó por unanimidad el megaproyecto de hidrógeno y amoníaco verde de HNH Energy que, con una inversión estimada de US$11 mil millones, corresponde a la mayor iniciativa aprobada en la historia del SEIA. El proyecto –que busca aportar a la transición energética baja en carbono– se emplazará en las comunas de Punta Arenas, Laguna Blanca y San Gregorio, donde se implementarán un parque eólico de hasta 2,1 GW, una planta desaladora, instalaciones para producir amoníaco y un puerto multipropósito. Las obras comenzarían en 2027 y su producción, destinada a la exportación, partiría en 2030. Durante su construcción generaría unos 4.000 empleos y, en operación, cerca de 1.800.

Valmet multiplica la vida útil de válvulas en la minería Las condiciones extremas de abrasión en el manejo de lodos y en los procesos de filtración representan uno de los mayores desafíos para la continuidad operacional en la minería. Para resolver este problema, Valmet implementó una solución integral basada en válvulas de bola cerámica Neles E-series, integradas con sistemas inteligentes de automatización y control de flujo. Con esta tecnología, el intervalo de mantenimiento se extendió a 28.000 ciclos de operación –multiplicando por más de 4,6 veces la vida útil del equipo– y elevando de forma sustancial la disponibilidad operacional. Los dispositivos cuentan con componentes estructurales de cerámica sólida en las zonas críticas y un diseño de diámetro completo (full bore). Esto le permite resistir la abrasión extrema, altas presiones y condiciones exigentes de flujo sin perder capacidad de sellado.

Con la participación del Presidente de la República, José Antonio Kast, en la cena de clausura, la Sociedad Nacional de la Minería (SONAMI) desarrolló, en Metropolitan Santiago, la primera Cumbre de la Minería. La jornada reunió a autoridades, ejecutivos, representantes gremiales y especialistas para discutir las condiciones que necesita Chile para transformar su potencial geológico y la creciente demanda mundial de minerales críticos en nuevas inversiones, mayor producción y desarrollo regional. En su intervención, Kast señaló que “nosotros queremos darle confianza a los inversionistas y a los chilenos de que van a haber reglas claras, certeza y sostenibilidad, tanto en el desarrollo del proyecto minero como en el cuidado del medio ambiente y en la seguridad para los trabajadores de la minería”. Al respecto, uno de los ejes del encuentro fue la institucionalidad y los permisos, ocasión en que representantes del Servicio de Evaluación Ambiental, el Consejo de Monumentos Nacionales y la Dirección General de Aguas analizaron cómo destrabar el camino hacia el crecimiento, mejorar la coordinación pública y entregar mayor certeza al desarrollo de proyectos.

Impulsarán descarbonización de industria cementera Para avanzar en la descontaminación de una de las industrias con mayor intensidad de emisiones, se puso en marcha el proyecto “Descarbonización del Sector Cemento”, el cual busca generar las condiciones técnicas, regulatorias y económicas para ampliar el uso de combustibles alternativos en la producción de cemento y potenciar la valorización de residuos en Chile. La iniciativa es liderada por el Ministerio del Medio Ambiente, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Uno de sus principales focos será evaluar el potencial del coprocesamiento de neumáticos fuera de uso y otros residuos con alto poder calorífico como combustibles alternativos para hornos cementeros.

Respuestas a ¿Cuánto Sabe Ud.? 1. No se limita a mantener una buena comunicación entre las partes, sino que implica generar procesos sistemáticos de diálogo para comprender el territorio e incorporar esa información en la gestión del negocio. Además, deben ser oportunos y con todos los antecedentes disponibles.

Solución Puzle

2. El 11 de septiembre de 2022. 3. Permiten cuantificar la presencia de compuestos volátiles y evaluar posibles riesgos por inhalación o intrusión de vapores en futuras edificaciones. 4.- Por ejemplo, no reduce significativamente la concentración del contaminante y puede incrementar el volumen de material tratado entre 10 y 30%. 5. Principalmente, aumentar la resiliencia del campo y reducir la huella ambiental de la producción de alimentos. 6. Entre las tecnologías EDL destacan la adsorción selectiva, el intercambio iónico y la separación por membranas. 7. Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Arauco, Copec y Abastible producirán combustibles sintéticos Arauco, Copec y Abastible formalizaron un acuerdo de colaboración para dar inicio oficial al proyecto SynFuels Biobío, iniciativa impulsada desde Bioforest, que busca validar a escala piloto la producción de combustibles sintéticos de baja huella de carbono (e-fuels), a partir de hidrógeno verde y CO2 biogénico proveniente del proceso productivo de la celulosa. La iniciativa, que cuenta con el apoyo de CORFO a través del Programa Tecnológico para el Uso y Adopción de Hidrógeno en la Industria Chilena, busca avanzar en una alternativa más sostenible para el uso de combustibles de alta densidad energética en el transporte pesado, marítimo y aéreo. Para eso, aprovechará recursos renovables disponibles en Chile y capacidades industriales ya presentes en la región del Biobío.

Generación renovable de Colbún en Chile superó el 70% en 2025 Colbún anunció que su generación renovable en Chile alcanzó un récord de 70,3% en 2025, superando el 63% promedio del Sistema Eléctrico Nacional, y que por primera vez más de la mitad de su capacidad instalada consolidada (Chile y Perú, 57%) es renovable. El avance se explica por la entrada en operación del Parque Eólico Horizonte –la mayor inversión de la compañía– y por el aumento de contratos renovables, destacando el suministro a Codelco de 1.100 GWh/año 100% renovables por 15 años, que evita 266.000 toneladas de CO2 al año. Desde 2018 Colbún redujo su factor de emisiones en 41%, superando su meta de 30%, y hoy abastece el 24% del consumo eléctrico de la gran minería chilena. EDICIÓN 201 JULIO-AGOSTO 2026

Aguas Andinas

IFX

www.aguasandinas.cl

Tapa 2

Ambiental y Sectorial 45

Ambiente y Tecnología 83

ANAM 21

Consorcio Santa Marta www.csmarta.cl

Ecolife 11

ERM www.erm.com

Expocorma Tapa 3

www.proyectoilustrador.cl

www.remediagt.cl

www.sechegroup.cl

Simtech 56

www.simtech.cl

51-77

Soltex

www.gb5.cl

Gestión Ambiental Consultores

www.soltex.cl

Teck 26

Hidronor

www.teck.com

TM Abogados 6-Tapa 4

IDOM www.idom.com

www.oregonchem.com

Séché

GB Cinco

www.hidronor.cl

Remedia GT

www.corproa.cl/forede

Codelco y la Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas suscribieron un convenio de colaboración técnica orientado a evaluar, validar y documentar los requisitos técnicos, normativos, operacionales y ambientales para la reutilización de pasivos y subproductos mineros en obras de infraestructura pública. La firma del acuerdo se concretó en la División Ventanas, emplazamiento de alta relevancia estratégica por albergar un punto de acopio de silicato de hierro –también conocido como escoria de cobre–, que junto a los relaves y escombros mineros conforman el grupo de materiales que serán analizados.

www.neoelectra.es

Proyecto Ilustrador

www.ecolife.cl

www.gac.cl

Oregon Chem Group

Expo Forede

Codelco y MOP impulsan uso de subproductos mineros en infraestructura pública

www.inquinat.cl

Neoelectra

www.anam.cl

www.expocorma.cl

www.induambiente.com 3-53-90

Inquinat

www.ayt.cl

Tramitar de manera adecuada los permisos ambientales y sectoriales es clave para convertir un proyecto industrial en una planta operativa viable. Urbano Proyectos aborda este desafío con una gestión integral que combina evaluación temprana y coordinación técnica, anticipando riesgos y restricciones bajo su modelo de “Factibilización dinámica” y acompañando a plantas, centros logísticos e instalaciones productivas hasta su puesta en operación. Sus servicios incluyen el desarrollo y gestión de declaraciones y estudios de impacto ambiental, consultas de pertinencia, permisos ambientales sectoriales, calificaciones industriales, informes de prefactibilidad, tramitaciones sanitarias para bodegas de residuos peligrosos y no peligrosos, seguimientos ambientales y planes de compensación de emisiones. Su propuesta busca reducir incertidumbres y entregar una hoja de ruta para avanzar con cumplimiento normativo, viabilidad técnica y certeza hasta la recepción final. Consultas a: info@urbanoproyectos.com

InduAmbiente

www.ambientalysectorial.cl

Urbano Proyectos viabiliza iniciativas industriales

www.ifxnetworks.com

www.tmabogados.cl

WEG 25

Revista InduAmbiente N° 201