INDUAMBIENTE es una publicación independiente, que se distribuye en los sectores industriales y empresariales, y a profesionales, técnicos, académicos y ejecutivos relacionados con los temas de descontaminación, recursos energéticos y sustentabilidad
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CAMBIO CLIMÁTICO
EL DERROTERO AMBIENTAL
Exponemos las principales medidas de la hoja de ruta de la administración Kast en materia ambiental, así como la visión de la industria y los severos cuestionamientos de algunos especialistas.
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DESCARBONIZAR CON ERNC
Abrimos este apartado con dos artículos que detallan las medidas que están adoptando la minería y la industria en general para reducir su huella de carbono y adaptarse a este fenómeno global.
9 a 28
PUNTOS DE VISTA
¡OIGA CON ATENCIÓN!
Conozca los principales cambios que introduce la nueva norma de ruido para fuentes fijas (actividades productivas, comerciales y recreacionales) y sus posibles efectos para las empresas.
50 a 52
EL AGUA EN EL CAMPO
En nuestro foro desayuno, expertos analizan los avances y desafíos de la gestión eficiente del agua en el sector agrícola y agroindustrial considerando factores como el cambio climático.
40 a 49
COMBUSTIBLES E HIDRÓGENO VERDE
EL PODER DE LA BIOMASA
Con una revisión de los usos industriales de la biomasa abrimos esta sección, en la que también presentamos la renovada Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y otras ideas para su desarrollo sostenible.
54 a 61
BOMBAS Y VÁLVULAS
CONTROLE LA CORROSIÓN
Damos inicio a este segmento técnico anual con importantes recomendaciones de especialistas para evitar y afrontar la corrosión en los sistemas de bombeo.
63 a 76
INTERNACIONAL
COOPERACIÓN HISTÓRICA
Es la que han mantenido desde los años 90 el Estado y las empresas suizas con nuestro país en materia ambiental, sobre todo en calidad del aire, cambio climático y uso eficiente del agua.
77 a 79
MINERÍA SUSTENTABLE
DEL MAR A LOS PROCESOS
Pese a que tres grandes operaciones de la minería nacional usan agua de mar cruda en sus procesos, la posibilidad de que esta práctica se extienda en el rubro es baja. Entregamos las razones.
82 a 83
PORTADA
La tierra que jamás quiso tocar el agua es el desierto que al norte está creciendo como un estrago de luz. Pero los hombres que han visto el despoblado saben que no es cierto que la tierra esté reseca por capricho, es nada más su manera de mostrar lo que transcurre bellamente sin nosotros. Andrea Cote (Poeta colombiana)
SECCIONES
Editorial 7
En Pocas Líneas 30
Consultoría 39
Energía 80-81
Eventos 86-87
Bitácora 88-89
Agenda 90
Quién es Quién 91
Entretención 92
Pulso Empresarial 93-95
Cultura 96
COLUMNISTAS:
Lisette Pérez 23
Andrés Escobar 29
Eduardo Astorga 37
Flavia Liberona 53
Pablo Silva 69
Sebastián Videla 73
Más
dudas que certezas
El devenir del nuevo Gobierno en materia ambiental en sus primeros meses de gestión ha sembrado más dudas que certezas.
Si bien, desde su campaña electoral, el ahora presidente José Antonio Kast había dejado claro que su prioridad sería reactivar el crecimiento económico y destrabar las inversiones, para lo cual se buscaría, entre otras cosas, agilizar los procesos de evaluación ambiental, lo cierto es que las acciones, las propuestas y la forma como se ha tratado de llevar a cabo esa tarea han levantado una buena dosis de polémica que dificulta el debate serio que merece este tema. Y, peor aún, han generado un clima de incertidumbre que en ningún caso ayuda a dinamizar la economía.
Primero, fue el retiro de 43 decretos ambientales que estaban en trámite para toma de razón por parte de la Contraloría, paralizando así la puesta en marcha de diversas regulaciones e instrumentos orientados a descontaminar territorios, proteger la salud de las personas y la naturaleza. El argumento ha sido que se pretende asegurar que estas herramientas cumplan con los estándares técnicos y jurídicos para su adecuada implementación; más aún, considerando que 13 de estos decretos se habían ingresado el último día de la anterior administración. Una preocupación, por cierto, legítima y atendible, pero que también resulta cuestionable porque –aunque se hayan presentado a último momento– detrás de cada uno de los instrumentos de regulación ambiental que llegan a esa instancia hay un trabajo de meses o años en el que no solo ha participado el gobierno de turno sino también representantes de empresas, la academia y la ciudadanía, entre otros. Un retiro masivo de esos documentos es, entonces, también una señal de desconfianza y escrutinio a la forma en que se construyen las normas ambientales en Chile, lo cual también produce incertidumbre. Hasta fines de abril, cinco de estos decretos se habían reingresado a la Contraloría, de los cuales dos ya completaron su trámite. Aún quedan 38, entre los cuales figuran varios de alto interés y relevancia para la industria y la ciudadanía como la norma de calidad del aire para material particulado fino, el plan nacional de adaptación al cambio climático, la actualización de las normas para termoeléctricas y para fundiciones como también de aquella que regula las descargas de residuos líquidos a aguas superficiales. Las autoridades han dicho que con esta revisión integral, además, se pretende garantizar la calidad regulatoria de estos decretos y corregir eventuales debilidades. Si efectivamente esta instancia se emplea para mejorarlos, respetando su contenido, bienvenida sea; pero no sería aceptable que se hagan modificaciones en favor de algún sector particular sin los procedimientos y la transparencia debida.
Por otro lado, para agilizar la evaluación ambiental de los proyectos de inversión, el nuevo Gobierno ha adoptado acciones acertadas como la resolución oportuna de los recursos de reclamación que llegan al Comité de Ministros –que hasta fines de abril ya había sesionado tres veces habilitando inversiones por más de US$1.200 millones– y la búsqueda de una mejor coordinación entre los organismos sectoriales que participan como evaluadores.
Las mayores novedades, eso sí, se presentaron dentro del proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional, que ingresó al Congreso el pasado 22 de abril, donde se plantea una serie de reformas estructurales que -según el Gobierno- buscan agilizar la tramitación de proyectos, otorgar certeza jurídica a los inversionistas y reducir la discrecionalidad administrativa. En ese marco, se propone, entre otras cosas, crear un régimen especial voluntario para limitar el número de adendas, reforzar la rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental, restituir los gastos a los titulares cuyas resoluciones de calificación ambiental (RCA) sean anuladas judicialmente, limitar las vías de impugnación de una RCA, eximir de una nueva evaluación a los proyectos ya aprobados que realicen cambios dentro de su área geográfica original a menos que generen impactos sustantivos, y elevar a rango legal los plazos para resolver los recursos de reclamación.
Algunos de esos planteamientos podrían ser un aporte si se discuten e implementan apropiadamente. Otros, en cambio, según especialistas en regulación, puede que tengan hasta “vicios de inconstitucionalidad”, como ocurre con la indemnización por RCA anulada judicialmente, ya que no se estaría respetando la independencia de los poderes del Estado. Llama la atención también que algunas de las propuestas abordan aspectos incluidos en otras iniciativas que llevan años de trabajo y han ido avanzando consensuadamente en el Congreso, lo que genera otra duda: ¿qué va a pasar con esos otros proyectos de ley?
La iniciativa gubernamental, asimismo, propone postergar la implementación efectiva del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), y otorga cinco años para oficializar los sitios prioritarios para la conservación, proceso que hoy se encuentra suspendido.
¿Es esa una idea sustentable? A todas luces no, porque se está relegando la protección de la naturaleza que debiera liderar el SBAP en vez de tratar de equilibrar esa tarea con el crecimiento económico y el bienestar social. Cabe tener en cuenta también que cuando se descuida el resguardo del entorno para priorizar y acelerar el desarrollo de un proyecto de inversión, muchas veces se abre la puerta a conflictos con las comunidades y a procesos de judicialización que terminan produciendo más incertidumbre y retrasos en la materialización de las iniciativas. Y lo que se necesita para crecer es justamente lo contrario: más certezas que dudas.
CAMBIO CLIMÁTICO
Ante el cambio climático, los sectores productivos tienen un gran desafío: mitigar y/o adaptarse a sus efectos. Y es lo que están haciendo los distintos rubros, como queda reflejado en los primeros artículos de este segmento.
El aumento sostenido en el uso de energías renovables ha permitido a la gran industria y minería reducir su huella de carbono. ¿Cómo seguir avanzando?
¿A qué equivale plantar casi 600 mil árboles o retirar de circulación más de 16 mil automóviles? Al suministro de 311 GWh anuales provenientes de energías renovables no convencionales (ERNC).
Gracias a ese gran volumen de energía limpia, diversas instalaciones de Aguas Andinas –como plantas de producción, pozos de extracción y sistemas de distribución– funcionarán desde 2026 solo con ERNC aportada por la generadora Colbún. Con ello, la empresa sanitaria podrá reducir considerablemente su huella de carbono.
Como Aguas Andinas, son cada vez más las grandes compañías de distintos rubros que se abastecen, o planean hacerlo, con recursos renovables producidos en plantas solares y eólicas, principalmente.
Sobre la penetración que están teniendo estas fuentes energéticas en la industria, Javier Bustos, director ejecutivo de la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (Acenor), aporta una primera respuesta: “Este segmento viene incorporando suministro ERNC en forma progresiva en los últimos 10 años. Según los datos que tenemos disponibles, más del 70% de la energía contratada por clientes libres corresponde a energía renovable. Y lo hacen porque es una forma costo eficiente de reducir su huella de carbono, pero también porque sus precios son competitivos respecto de otras tecnologías”
Álvaro Videla destaca que los grandes consumidores industriales de ERNC son un motor de desarrollo de nuevos proyectos renovables.
Álvaro Videla, director del Centro de Energía UC, entrega otros antecedentes: “La penetración ha sido alta y sostenida, especialmente en grandes consumidores como la minería y la industria. Esto se explica por la competitividad de la energía solar y eólica, junto con contratos de suministro de largo plazo que han facilitado una tran-
“Es el sistema eléctrico el que debe
suministrar energía a precios competitivos y con la calidad adecuada”, plantea Javier Bustos.
sición acelerada hacia matrices más limpias. En la gran minería el abastecimiento eléctrico ya alcanza en torno a un 70%, con varios casos cercanos al 100% contractual, mientras que el resto de la industria nacional se sitúa cerca del 45% (similar a la penetración de ERNC en el Sistema Eléctrico Nacional - SEN), debido a que no todas las empresas industriales tienen PPAs (acuerdos de compraventa de energía limpia a largo plazo 100% renovables), sino combinaciones con energía de base”
Por su parte, Diego González, ingeniero senior del Departamento de Pronósticos del Coordinador Eléctrico Nacional, expone que “la incorporación de energías renovables ha tenido un impacto estructural en el SEN. Actualmente, este se encuentra en un proceso de transformación, puesto que en 2025 cerca de un 38% de la generación provino de fuentes solares y eólicas, cifra que se eleva a aproximadamente dos tercios al considerar también la generación hidráulica. En este contexto, los clientes libres han tenido un rol activo en la contratación de suministro renovable, contribuyendo a respaldar el desarrollo de nueva capacidad de generación”
Para dar mayor transparencia a este proceso, el Coordinador impulsa una herramienta que permite trazar y acreditar el origen renovable de la energía asociada a estos contratos, denominada Renova. Al cierre de 2024, se acreditaron 21,6 TWh de consumo renovable de clientes libres, lo que equivale a cerca del 60% del consumo total de este segmento.
INCENTIVOS Y TRABAS
El interés creciente de los clientes no regulados por incorporar ERNC a su matriz es uno de los grandes incentivos que tienen los generadores eléctricos para seguir incorporando a su cartera de proyectos plantas solares y/o
eólicas, así como sistemas de almacenamiento.
Así lo ratifica Javier Bustos: “Hoy en día, los clientes libres representan más del 60% de la demanda eléctrica, la que crece año a año, por lo que buena parte de los proyectos de generación renovable se han estado financiando con contratos de suministro firmados con ellos”
Álvaro Videla, en tanto, destaca que la demanda por energía renovable de los grandes consumidores industriales “es fundamental, siendo uno de los principales motores del desarrollo de nuevos proyectos renovables al proporcionar señales claras de precio y estabilidad mediante contratos de largo plazo”
Respecto a trabas en este mercado, el académico de la UC especifica que se relacionan, sobre todo, con “restricciones de transmisión, congestión en ciertas zonas del sistema, y limitaciones regulatorias en la flexibilidad contractual. En relación al último punto, muchos contratos tradicionales fueron diseñados para generación estable (base), mientras que las ERNC requieren esquemas más dinámicos. Sin esa flexibilidad, se vuelve más difícil para los clientes libres maximizar el uso de energía renovable sin asumir mayores riesgos o costos. La incorporación de sistemas de
renovable.
2.000 Gigawatts hora consume anualmente Teck Quebrada Blanca. Esa energía, al provenir de fuentes ERNC, le permitirá a la empresa reducir cerca de 1,6 millones de toneladas de emisiones de CO₂ al año.
Diego González valora que los clientes libres tengan un rol activo en la contratación de suministro
almacenamiento de energía ayudaría a flexibilizar el suministro de ERNC a los consumidores”
Desde Acenor, Javier Bustos sostiene que las mayores dificultades pasan por la asignación adecuada de costos y riesgos del sistema eléctrico, “el cual se encuentra en una profunda transición, de manera que las necesidades de los clientes están en el centro de las ofertas que reciben por parte de los generadores. Es difícil que estos consumidores incrementen su demanda de energía renovable si la oferta que les llega no es a precios competitivos, segura y confiable. Como en todo mercado, la oferta debe entender que necesita al cliente y preocuparse de solucionarle los problemas antes que transferirle más riesgos propios del mercado eléctrico”, comenta.
META 100%
La gran minería es el sector que más avances exhibe en materia de abastecimiento eléctrico con energías renovables, el cual se acerca al 70% de su matriz.
Entre las compañías que destacan en este ámbito en nuestro país está Anglo American Chile, que desde el 2021 abastece a Los Bronces, El Soldado y Chagres con electricidad de origen 100% renovable. También lo hace Antofagasta Minerals, cuyas cuatro faenas -Los Pelambres, Centinela, Antucoya y Zaldívaroperan solo con ERNC desde abril de 2022. Las instalaciones de BHP en Chile –Escondida y Spence– y las de Teck Quebrada Blanca hacen lo propio desde 2025, mientras que CMP cuenta con una matriz completamente renovable desde el 1 de enero pasado. Codelco, en tanto, planea alcanzar igual meta en 2030.
Bustos valora esos hitos y plantea los desafíos para que este rubro siga por la misma senda: “Ya existe una gran cantidad de empresas mi-
A partir de 2026 diversas instalaciones de Aguas Andinas operarán solo con ERNC aportada por la generadora Colbún.
neras que tienen contratos 100% renovables y casi todo el resto está transitando hacia dicha meta. Entonces, es el sistema eléctrico el que debe avanzar para proveer este suministro a precios competitivos y con la calidad adecuada para las necesidades de los clientes. También, en algunos casos, las mismas empresas mineras podrán complementar su abastecimiento con autogeneración renovable, lo cual debería ser facilitado por la regulación”
Para Álvaro Videla, en tanto, el siguiente paso en este rubro es incorporar soluciones flexibles, como almacenamiento de energía y gestión de la demanda, además de avanzar en electrificación de procesos térmicos y uso de combustibles limpios. Añade: “Cerca del 50% de la energía consumida en la gran minería corresponde a combustibles fósiles destinados a abastecer procesos térmicos, camiones de transporte de alto tonelaje, equipos móviles y maquinaria pesada. En ese sentido, para lograr la descarbonización total se debe apuntar a la electrificación de equipos móviles, procesos térmicos e incorporar el uso de combustibles alternativos
(como biocombustibles e hidrógeno verde) para procesos y maquinaria no electrificable”
MÁS PARTICIPACIÓN
Javier Bustos señala que existe margen
1 Estándar internacional se ha consolidado en Chile para trazar y certificar el origen renovable de la energía eléctrica: I-REC. Cada certificado emitido representa 1 MWh de energía generada a partir de ERNC y asegura que ese atributo es único, auditado y retirado a nombre de una empresa específica.
Desde el año 2020 que el registro Renova evidencia el crecimiento sostenido en el uso de ERNC por parte de la industria.
para incrementar la participación de las ERNC en el consumo de energía tanto industrial como minero, “pero para ello se requieren ajustes regulatorios que lo viabilicen. Entre ellos, medidas que faciliten la conexión de proyectos de consumo a la red eléctrica, la reducción del período de control de punta para evitar el uso de petróleo en esos horarios y otras iniciativas orientadas a mejorar la eficiencia del costo de suministro, disminuyendo distorsiones como las compensaciones a los pequeños medios de generación distribuida”
Para lograr ese mismo objetivo, Álvaro Videla considera “clave fortalecer la infraestructura de transmisión y avanzar en marcos regulatorios que incentiven la flexibilidad del sistema. Y la coordinación entre oferta renovable, almacenamiento y demanda será determinante para consolidar una matriz eléctrica 100% limpia”
EL APORTE DE RENOVA
Desde el año 2020 que el registro Renova evidencia el crecimiento sostenido en el uso de ERNC por parte de la industria a través de dos indicadores principales: la energía trazada y el número de clientes participantes.
La primera alcanzó en 2020 los 4.068 GWh y en 2024 llegó a 21.835 GWh. “Es decir, en cuatro años se ha multiplicado en más de cinco veces. Esto refleja el creciente interés de las empresas por acreditar que la energía renovable asociada a sus contratos cuenta con respaldo verificable en el Sistema Eléctrico Nacional”, resalta Diego González.
El número de clientes libres acreditados también ha tenido un incremento a lo largo de los años, pasando de 5 empresas en el balance 2020 a 248 al cierre de 2024. De ellas, 179 lograron trazar el 100% de su consumo eléctrico con energía renovable, o sea, acreditaron que la totalidad de su suministro provino de este tipo de fuentes durante ese año.
Resumiendo, Renova cumple tres funciones clave para el sistema:
• Trazabilidad: Permite acreditar el origen renovable de la energía consumida, evitando doble conteo y entregando respaldo verificable.
• Acceso abierto: Es una plataforma gratuita para todos los usuarios, tanto generadores como clientes.
• Soporte a la sostenibilidad: Facilita a las empresas respaldar sus reportes de emisiones y compromisos ambientales con información trazable y auditable, en línea con iniciativas como HuellaChile del Ministerio del Medio Ambiente.
El especialista da cuenta de otro beneficio de esta herramienta: “Un aspecto relevante es la diversificación de los sectores participantes. Si bien inicialmente predominó la gran minería, progresivamente se han incorporado empresas de distintos rubros, como manufactura, comercio, servicios, agroindustria e infraestructura, lo que revela una adopción transversal de este tipo de mecanismos. Actualmente, el Coordinador se encuentra en proceso de validación de la información correspondiente al cierre de 2025, cuyos resultados darán origen próximamente a la emisión de nuevos certificados”
Cabe destacar que Renova utiliza tecnología blockchain, lo que permite registrar de manera segura y trazable las transferencias de atributos renovables entre generadores y clientes libres. En términos simples, funciona como un sistema digital que certifica, de forma única y verificable, el origen de la energía, evitando doble contabilización.
¿Mejoras al sistema? “Se han identificado en la usabilidad y experiencia de usuario, las que se están abordando progresivamente. Asimismo, su evolución futura estará vinculada a eventuales cambios normativos que podrían incentivar una mayor adopción de este tipo de mecanismos en el sistema”, manifiesta el representante del Coordinador Eléctrico Nacional.
LA ADAPTACIÓN EN LA MINERÍA
¿Cómo el sector minero está afrontando los efectos del cambio climático? Revisamos los avances, urgencias y desafíos.
Menos agua disponible para sus procesos, riesgos para infraestructura crítica como depósitos de relaves, caminos y puertos. Esos son algunos efectos del cambio climático que representan una amenaza creciente para la actividad minera y que este rubro debe enfrentar con urgencia.
Para eso, de hecho, respondiendo al mandato de la Ley Marco de Cambio Climático, en diciembre pasado se publicó el Plan Sectorial para mitigar y adaptarse a este fenómeno, el cual está en su fase inicial de implementación con miras a avanzar hacia una minería resiliente al clima. Esto incluye, entre otros aspectos: evaluar los riesgos climáticos y generar planes para gestionarlos, preparar las operaciones para afrontar eventos extremos como aluviones o sequías prolongadas, aumentar el uso de agua de mar desalinizada como también la eficiencia hídrica para reducir el consumo de agua continental, y reforzar instalaciones como los depósitos de relaves para asegurar su estabilidad frente a cambios en los patrones de precipitaciones.
¿En qué áreas se ha avanzado más?, ¿qué tareas se tienen que afrontar con urgencia y qué dificultades existen para hacerlo?
RESILIENCIA HÍDRICA
“La lucha contra el cambio climático es un desafío estratégico, transversal y habilitante”
Así lo indica Jorge Barrios, Líder de Trazabilidad de la Corporación Alta Ley, organización que articula capacidades públicas y privadas para promover el desarrollo de la minería, asegurando que el sector “ha avanzado consistentemente en definir estrategias y rutas de trabajo para transitar hacia la carbono neutralidad al 2050 o incluso antes”. En ese marco, comenta que si bien hasta ahora, la mitigación ha tomado un rol protagónico con acciones concretas que apuntan a la gestión y reducción de emisiones, la adaptación al cambio climático también ha adquirido preponderancia en los últimos años, poniendo un acento especial en la resiliencia, seguridad y continuidad del negocio en el futuro.
“En ese sentido, las empresas mineras han elaborado diversos planes de trabajo, entre los que destacan esfuerzos en reducir los riesgos físicos, de biodiversidad y comunitarios que surgen de forma aledaña a los sitios donde se emplazan las operaciones”, expone.
Barrios agrega que un caso emblemático en que se aprecian avan-
ces progresivos es “la gestión del recurso hídrico, cuyo escenario de escasez posiciona al agua como un insumo estratégico con alto riesgo de abastecimiento. Esto ha llevado a las empresas a buscar el suministro a través de nuevas fuentes, invirtiendo en proyectos de infraestructura de agua de mar y tecnologías para el uso eficiente y recirculación de agua, administrando y controlando la extracción y recarga de las cuencas hidrográficas locales”
En efecto, la escasez hídrica es uno de los riesgos climáticos más sensibles para la minería en Chile. Y, ante eso, el uso de agua de mar –principalmente desalada, pero también cruda en algunos casos– es la medida de adaptación más visible y la de mayor impacto que se está concretando en el sector.
Así lo expresa, por ejemplo, el último informe de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) que proyecta la demanda hídrica de la actividad cuprífera hasta 2034: “El agua de mar continuará ganando participación hasta consolidarse como la principal fuente de suministro hídrico del sector. Su participación pasaría desde 40,7% del consumo total en 2024 a aproximadamente 67,6% en 2034, mientras que, en términos absolutos, su uso aumentaría desde 7,5 m3/s a 13,9 m3/s; un incremento cercano al 85,3%. Dentro de este total, el agua desalinizada concentraría cerca de tres cuartas partes del suministro marino hacia el final del período. La demanda de agua continental disminuiría desde 10,9 m3/s a 6,7 m3/s, reflejando la menor dispo-
Jorge Barrios destaca los avances en la gestión del agua para adaptarse a la escasez hídrica.
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Plantas desaladoras operan actualmente en el sector minero, según información de Cochilco. Diez se ubican en la región de Antofagasta, cuatro en Atacama, una en Tarapacá y otra en Coquimbo.
nibilidad relativa del recurso en zonas con escasez hídrica estructural. De esta forma, la sustitución progresiva de fuentes continentales por agua de mar constituye la principal respuesta adaptativa del sector y se proyecta que continuará siendo el eje central de su estrategia hídrica en la próxima década” Cabe resaltar, además, que esta medida permite a la minería reducir conflictos con las comunidades cercanas y otros rubros productivos por el uso de agua continental.
El mismo estudio de Cochilco advierte: “Si bien se observan avances en gestión operativa, recirculación –que promedió 73% en el período 2014-2024– y algunas mejoras tecnológicas orientadas a optimizar el uso del recurso, sus efectos han sido hasta ahora graduales y con un impacto acotado. En este escenario, el principal cambio estructural ha provenido de la sustitución progresiva de fuentes continentales por agua de mar, proceso que continuará enfrentando desafíos asociados a costos, energía, infraestructura y gestión ambiental”
PLANIFICACIÓN Y ENERGÍA
La creciente adaptación minera a la escasez hídrica es también reconocida en el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) de la Universidad de Chile, donde además destacan aspectos relacionados con la planificación y la gestión energética.
El investigador Marco Billi expone que la minería “ha mostrado bastantes avances durante los últimos años, tanto en materia de comprensión y diagnósticos de riesgos asociados al cambio climático, como en el diseño
e implementación de acciones para darle respuesta. En cuanto a lo primero, muchas empresas, sobre todo las mayores, cuentan ya hace varios años con instrumentos internos de análisis y planificación respecto de estos riesgos, aunque, raramente, son de carácter público”
Enseguida, el académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas y coordinador académico del programa de Medio Ambiente de la U. de Chile detalla que “las acciones se centran, por un lado, en el suministro hídrico para las operaciones y relaves, logrado por medio de la diversificación de las fuentes hídricas, el avance en desalación y estrategias de eficiencia hídrica. Asimismo, el uso de sistemas de generación eléctrica in situ (en muchos casos fotovoltaicos), además de reducir la huella de carbono, permite independizarse del suministro eléctrico central en caso de cortes (ej. por efecto de eventos extremos en la línea de suministro o similar). También se han tomado medidas como planes de contingencia para situaciones de inundación o derrumbe, mejoras de infraestructura y capacitación de personal, entre otras” No obstante lo mencionado, Marco Billi advierte que estos avances son difíciles de evaluar en la práctica por la falta de datos transparentes y accesibles o estudios comparativos.
En la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), en tanto, destacan la transición del sector hacia un suministro eléctrico renovable, lo que, además de ser una importante medida de mitigación, aporta a la adaptación al reducir la vulnerabilidad en el abastecimiento energético. Su gerente de estudios, Reinaldo Salazar, apunta: “La minería chilena registra
Muchas mineras tienen instrumentos de análisis de riesgos climáticos, pero no son públicos, advierte Marco Billi.
avances significativos en descarbonización, especialmente mediante la integración de energías renovables y tecnologías de eficiencia. En 2024, el 74% del consumo eléctrico del sector provino de fuentes limpias, marcando una transformación profunda de nuestra matriz energética. Un ejemplo destacado es el despliegue de la tecnología trolley assist: en julio de 2025, Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi inauguró el primer piloto de este tipo en Sudamérica, y se han sumado iniciativas de otras compañías como Escondida y Los Pelambres. Estos hitos, junto a los avances en automatización y digitalización en la mediana minería, que han permitido ahorros de hasta 10% en combustible, demuestran que la industria ya está implementando soluciones concretas para reducir su huella operativa”
TAREAS URGENTES
¿Qué tareas se deben atender y/o reforzar con urgencia para que las empresas del sector puedan hacer frente a los efectos de la crisis climática?
Desde la SONAMI consideran que se debe gestionar de manera estratégica la capacidad de respuesta ante desafíos técnicos críticos como la caída sostenida en las leyes del mineral y el estrés hídrico.
Al respecto, Reinaldo Salazar explica que actualmente, la minería enfrenta una transición productiva compleja, desde minerales oxidados hacia sulfurados de cobre, cuyo procesamiento es más complejo y bajo las tecnologías actuales, requiere más energía y agua fresca, lo que obliga a acelerar la inversión en infraestructura. En ese contexto, comenta: “Se tiene que priorizar la materialización de plantas desaladoras, sistemas avanzados de recirculación de agua y nuevas soluciones de almacenamiento energético. El agotamiento progresivo de los yacimientos tradicionales nos impone una adaptación operacional que demanda innovación constante y una modernización tecnológica que permita mantener la competitividad bajo estándares de sostenibilidad cada vez más exigentes”.
La materialización de plantas desaladoras debe ser una prioridad, indica Reinaldo Salazar.
Eugenia Gayo cree que el principal desafío es pasar a una toma de decisiones informada por riesgo climático.
A su vez, en la Corporación Alta Ley indican que, en línea con las medidas identificadas en el Plan Sectorial de Cambio Climático, el foco debiera estar “en fortalecer la resiliencia de infraestructura y operaciones frente a eventos extremos, lo que incluye planes de cierre; implementación de normativas de salud y seguridad laboral; gestión y monitoreo de depósitos de relaves; el fomento y adopción de soluciones basadas en la naturaleza e impacto positivo; la promoción de modelos de economía circular al interior
de las actividades mineras; y el aprovechamiento de infraestructuras compartidas asociadas a recursos hídricos, energéticos y de pasivos mineros”, detalla Jorge Barrios.
Por su parte, Eugenia Gayo, subdirectora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, sostiene: “La minería debería comenzar a consolidar aún más aquellas prácticas más estratégicas, como son incorporar información climática y escenarios en la gestión, lo que permite anticipar condiciones más secas o variables. Esto es consistente con un enfoque de desarrollo resiliente al clima, donde la adaptación no es reactiva, sino parte de cómo se toman decisiones hoy en un entorno distinto”
Sobre ese escenario, la académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U. de Chile, postula que el principal desafío es dar el salto desde respuestas operacionales a una toma de decisiones plenamente informada por riesgo climático. “Hoy no se trata de prepararse para escenarios futuros, sino de reconocer que las condiciones ya cambiaron y que seguir planificando con supuestos históricos implica mayores costos y riesgos”, dice.
Y añade que, en ese contexto, “es clave fortalecer la integración de información climática en decisiones estratégicas, desde inversiones hasta planificación territorial y gestión de cuencas. Esto requiere contar con información robusta, accesible y traducida en herramientas de decisión que permitan evaluar riesgos de manera sistemática y no caso a caso”.
En una línea similar, Marco Billi considera que el principal elemento que se debe fortalecer es “la transparencia y acceso a la información, que permitiría, por un lado, evaluar de manera más cabal el avance y acciones emprendidas por estos actores y, por el otro, también apoyar los propios procesos de toma de decisión de estos últimos”
El investigador del CR2 también advierte que “muchos de los avances más significativos parecen haberse hecho a nivel de sitio de extracción o relaves, pero la minería es un sistema complejo, que considera además líneas de transporte y distribución, incluyendo todas las actividades a nivel portuario y transporte marítimo, los que a menudo tienen otras dinámicas que puede quedar excluidas de los procesos de planificación de riesgo”
Por otra parte, en opinión del académico, en el sector existe un nivel de avance muy desigual entre las empresas y faltan estrategias más estructuradas para abordar los impactos del cambio climático de manera más coordinada y sistémica. “Si bien ha habido en los últimos años un cierto avance en esta materia, el sector sigue muy por detrás en términos de regulación y planificación estratégica de riesgo climático respecto de otros
8 Proyectos de desalación o impulsión de agua de mar sin desalar, en ejecución o aprobados ambientalmente, registra el catastro de Cochilco. Cuatro debieran ponerse en marcha en 2026.
sectores de Chile. El impacto cruzado de los riesgos y adaptaciones tomadas en minería y su entorno ambiental y social también está poco estudiado y evaluado, y hay una falta de acciones más integrales que consideren el riesgo en cascada sobre el socioecosistema en donde la minera se incorpora”, sostiene.
BARRERAS Y SOLUCIONES
A lo ya comentado, Marco Billi suma otras dificultades para avanzar en la adaptación minera al cambio climático: la existencia de desconfianza y conflictos con las comunidades, junto con la fragmentación del sector y la falta de incentivos claros.
A su vez, Eugenia Gayo recalca que una de las principales barreras es que, aunque existe cada vez más información, no siempre se incorpora efectivamente en la toma de decisiones, lo que mantiene una brecha entre conocimiento y acción. “Superar esto implica avanzar hacia esquemas donde la información climática sea parte estructural de la gestión, mediante plataformas y servicios que permitan anticipar riesgos y reducir la incertidum-
bre. Ignorar esta dimensión hoy no es neutro: implica decisiones más caras y más expuestas, en un contexto donde la variabilidad y los extremos ya son parte de la realidad productiva. En ese sentido, el desafío no es sólo técnico, sino de cómo el sector incorpora la anticipación como criterio central para operar en un nuevo escenario climático”, afirma la subdirectora del CR2. En la SONAMI, en tanto, consideran que el principal obstáculo para avanzar en este tema “no es la falta de diagnóstico técnico, sino la dificultad para implementar las soluciones a tiempo. Y el sistema de permisos en Chile se ha transformado en un factor crítico que muchas veces retrasa decisiones de inversión fundamentales para la sostenibilidad”, manifiesta Reinaldo Salazar. El gerente de estudios del gremio minero agrega que para superar estas brechas, “se requieren políticas públicas claras, que generen condiciones habilitantes, con un marco regulatorio más predecible, ágil y con mayor certeza jurídica, respetando los estándares legales y medioambientales. Junto con agilizar la gestión administrativa, es clave considerar incentivos económicos como la depreciación acelerada o la invariabilidad tributaria para inversiones estratégicas en eficiencia energética, hídrica y descarbonización, permitiendo que la industria se modernice a la velocidad que el contexto climático exige”
Finalmente, a modo de conclusión, desde la Corporación Alta Ley, Jorge Barrios subraya: “La adaptación al cambio climático va a operar como un factor de competitividad, en donde un cobre ‘resiliente’ será tanto o más demandado que un cobre ‘verde’. Por lo tanto, el desafío e invitación es a seguir colaborando para fortalecer y accionar las estrategias que están desplegando los actores mineros y así ser líderes en producción de minerales sostenibles, con un sello reconocido por aportar a una cadena de valor global que hace frente al cambio climático”
Relevamos las principales iniciativas públicas y privadas, así como las barreras aún presentes, para solventar la acción climática en Chile.
Convivimos con eventos meteorológicos cada vez más extremos y repetitivos como consecuencia del escenario actual de cambio climático. Y también con una escasez “pandémica” de recursos para financiar la acción climática, aquella que permite a los países y sus sectores productivos adaptarse y mitigar los efectos de este flagelo global.
De hecho, el documento “Una introducción al financiamiento climático y para la conservación de la naturaleza”, publicado por el Centro de Estudios Públicos (CEP) en 2025, señala que los requerimientos totales para el primer ítem serán de unos US$9 billones anuales hasta 2030. Y que Chile necesitaría, según estudios recientes, una inversión cercana a los $62 mil millones durante el período 2022-2050 en este ámbito. Ahora bien, numerosos especialistas destacan que los mecanismos asociados al Artículo 6.2 del Acuerdo de París permiten transformar los compromisos climáticos en señales claras de inversión, canalizando recursos hacia proyectos de mitigación con impacto ambiental comprobable.
Además, Chile cuenta con una Ley Marco de Cambio Climático que habilita la implementación de mercados de carbono y con una Hoja de Ruta de Instrumentos de Precio y Mercados de Carbono (HRIPMC) que entrega certezas, reglas claras y estándares de transparencia e integridad ambiental. “Gracias a esta institucionalidad y al trabajo de colaboración bilateral, el país ya cuenta con acuerdos con los gobiernos de Suiza y Japón que permitirán la implementación inmediata, a partir de este 2026, de 22 proyectos por un total de US$1.400 millones en inversión climática”, indican en el Ministerio del Medio Ambiente (MMA).
En la entidad detallan que los proyectos priorizados por la Hoja de
Ruta se concentran en tipologías de alto impacto y escalabilidad, como almacenamiento de energía, electromovilidad, captura y valorización de biogás en rellenos sanitarios y acciones asociadas al bosque nativo. Estas iniciativas permiten reducir emisiones de dióxido de carbono (CO2) y metano.
De acuerdo con las proyecciones del Ministerio, la HRIPMC apunta a una mitigación promedio anual cercana a las 10 millones de toneladas de CO2 equivalente y a apalancar inversiones por más de US$10.000 millones hacia 2035, “consolidando una senda de crecimiento compatible con la acción climática y el desarrollo sostenible del país”
INSTRUMENTOS DISPONIBLES
Sobre el acceso a financiamiento que tienen hoy las empresas para la acción climática, María Teresa Ruiz-Tagle, directora ejecutiva de CLG Chile –que agrupa a líderes empresariales que buscan ese objetivo–comenta que “cada vez existen más instancias vinculadas al financiamiento
1 Acuerdo de cooperación público-privado para sentar las bases de la participación de pequeños y medianos propietarios forestales en los mercados de carbono, se suscribió en marzo pasado.
“Persisten barreras estructurales y de conocimiento que limitan un flujo más ágil de capital”, sostiene María Teresa Ruiz-Tagle.
climático, como por ejemplo el Artículo 6 del Acuerdo de París y los mercados de carbono. El primero proporciona mecanismos para apoyar a los países en el cumplimiento de sus objetivos climáticos mediante la cooperación internacional. En particular, el Artículo 6.2 establece el marco para la generación de acuerdos bilaterales para Resultados de Mitigación Transferidos Internacionalmente (ITMOs), lo que genera un entorno de certidumbre y dinamismo atractivo para la inversión. En ese contexto, se ha estimado una inversión movilizada en Chile de US$ 1.400 millones en proyectos de mitigación, con alianzas estratégicas con países como Japón y Suiza”
Agrega que Chile ha profundizado el mercado de carbono, contando con una institucionalidad sólida, lo que se ve reflejado, por ejemplo, en la reciente publicación de la HRIPMC por parte del Ministerio del Medio Ambiente, estableciendo de esta forma reglas más claras para la inversión.
El financiamiento verde es uno de los pilares de la hoja de ruta al 2032 del Programa Transforma Cambio Climático que encabeza Irina Reyes.
Manifiesta, asimismo, que “un mayor nivel de disclosure (divulgación), junto con la preferencia de los inversionistas por empresas con mejores indicadores ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza), se traduce en un mayor flujo de recursos hacia empresas más verdes. Sumado a lo anterior, la taxonomía verde también representa una importante oportunidad para la inversión sostenible en Chile. Esto, en la medida en que permite identificar y clasificar actividades económicas ambientalmente sostenibles bajo criterios comunes, entregando mayor certidumbre a inversionistas y entidades financieras, reduciendo asimetrías de información y facilitando la canalización de capital hacia proyectos alineados con objetivos climáticos y ambientales”. A su vez, el Sistema de Compensación de Emisiones constituye un instrumento distinto, “mediante el cual las empresas que emiten sobre un umbral de emisiones de material particulado o CO2 pueden compensar sus emisiones a través de proyectos verdes. Esto ha permitido cubrir US$130 mi-
El sistema de compensación de emisiones permite a las industrias que emiten sobre un umbral de emisiones de material particulado o CO2 compensarlas a través de proyectos verdes.
llones anuales en 102 establecimientos afectos desde 2014. Por otro lado, los bonos temáticos, los bonos verdes, los bonos azules y los sustainable linked bonds son instrumentos clave para el financiamiento verde en Chile”, expresa María Teresa Ruiz-Tagle.
El informe del CEP, en tanto, señala que nuestro país ha avanzado en este ámbito gracias al desarrollo de “una serie de iniciativas para la identificación y movilización de recursos financieros, con un aumento explosivo de instituciones e instrumentos para ello. Así, junto con los compromisos y acuerdos adoptados a nivel internacional y local, en los últimos años se han implementado diversos mecanismos de financiamiento para su cumplimiento, desde la creación de fondos multilaterales con alcance global -que hoy desarrollan proyectos en Chile-, hasta la implementación de una Estrategia Financiera de Cambio Climático y la identificación del gasto público en esta área, entre muchas otras”
CONDICIONES FAVORABLES
Irina Reyes, gerente del Programa Transforma Cambio Climático (iniciativa público-privada que impulsa la productividad, la reducción de costos y la mejor gestión de riesgos por parte de las empresas en esta materia), plantea que el financiamiento climático es hoy una de las palancas más importantes, y también uno de los “cuellos de botella” más críticos, para mejorar la competitividad productiva de Chile. “Las empresas que logran acceder a esos recursos reducen costos operacionales, abren mercados de mayor valor y protegen sus activos frente a riesgos como la sequía, el alza de precios de la energía o las exigencias ambientales de sus compradores internacionales. Las que no acceden, en cambio, quedan expuestas a esos mismos riesgos sin herramientas para gestionarlos”, afirma. Enseguida, detalla las condiciones favorables que, según estima, hoy existen en este ámbito:
• Banca privada con interés creciente por productos verdes: “BCI, Itaú y BancoEstado han avanzado en líneas de crédito con condiciones preferenciales para proyectos con componentes de sostenibilidad, lo que abre una ventana concreta para empresas que puedan acreditar su desempeño ambiental” , asegura Irina Reyes.
• Financiamiento multilateral disponible: El CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y otros organismos internacionales han puesto en marcha iniciativas -como el proyecto Pymes Verdes- que permiten a empresas medianas acceder a capital en condiciones que la banca local no siempre puede ofrecer.
• Mercados internacionales que pagan más por producción sostenible: Compradores europeos y asiáticos exigen hoy trazabilidad ambiental como condición de acceso, lo que convierte la certificación y la gestión climática en un argumento directo de precio y ventas, y no solo de imagen.
• Seguridad energética como motor de inversión: La descarbonización productiva, impulsada por la expansión de energías renovables, “reduce la volatilidad de los costos de electricidad y calor industrial, mejorando la predictibilidad financiera de las empresas y su atractivo para inversión privada” , acota la gerente del Programa Transforma Cambio Climático.
BARRERAS ESTRUCTURALES
En contrapartida, la especialista también expone las barreras concretas que, a su juicio, limitan el alcance de este financiamiento:
• Falta de trazabilidad ambiental: Muchas empresas, especialmen-
te Pymes, no cuentan con sistemas de medición de emisiones, agua o riesgo climático. Sin esa información, la banca no puede ofrecer mejores condiciones y los mercados premium no pueden verificar lo que se les promete.
• Oferta fragmentada y difícil de navegar: “Los instrumentos disponibles están dispersos entre instituciones públicas y privadas sin una articulación clara, lo que hace difícil a una empresa mediana saber qué puerta tocar según su sector, tamaño y tipo de proyecto”, señala Reyes.
• Escasez de productos financieros para adaptación: La mayor parte de los instrumentos se orienta a mitigación (reducción de emisiones), pero los proyectos de adaptación –fundamentales para sectores como el silvoagropecuario, expuesto a sequías, incendios y pérdida de suelos– tienen una oferta financiera todavía muy incipiente, a pesar de que su retorno en reducción de pérdidas puede ser muy significativo.
• Incertidumbre regulatoria como freno a la inversión privada: La falta de reglas claras y estables en materia de mercados de carbono, certificaciones y estándares ambientales genera dudas en los privados sobre el retorno de sus inversiones climáticas.
• Concentración territorial del financiamiento: La mayor parte de los instrumentos y las instituciones financieras opera desde Santiago, mientras que muchos de los sectores productivos con mayor potencial de transformación –y mayor exposición al riesgo climático–están en regiones. “Avanzar en desconcentración territorial del acceso al capital es una deuda pendiente”, asegura la profesional.
Pese a los avances, María Teresa Ruiz-Tagle coincide en que persisten barreras estructurales y de conocimiento que limitan un flujo más ágil de capital. Comenta: “El ciclo económico actual, sumado a planes de austeridad fiscal, restringe la expansión del gasto gubernamental, reduciendo las garantías estatales para proyectos de alto riesgo. Y a nivel internacional, la inestabilidad geopolítica y los conflictos bélicos generan un entorno de incertidumbre que dificulta la planificación de inversiones de largo plazo”
No obstante, manifiesta que una de las trabas más críticas se encuentra en la “brecha de capacidades dentro de la banca comercial. Si bien existen instrumentos sofisticados a nivel corporativo, aún falta formación técnica en finanzas sostenibles para los ejecutivos que evalúan y otorgan créditos en la base de la pirámide bancaria. Se requieren, por lo tanto, incentivos claros para que toda la cadena financiera, y no solo los bancos de desarrollo o instituciones multilaterales que ya tienen esta temática priorizada, se comprometan decididamente con la acción climática”
Al respecto, resalta el crédito o bono azul de US$80 millones que Itaú otorgó a una empresa privada para una operación relacionada con los océanos y/o el agua. Y también la venta, por parte del BancoEstado, del primer bono azul del país por 100 millones de francos suizos (US$126 millones). “Con ello, fortalece su capacidad para canalizar recursos hacia distintas líneas de financiamiento azul, incluyendo empresas de menor tamaño”, subraya.
Según el estudio del CEP, aunque en Chile existe un andamiaje institucional robusto con instrumentos internacionales debidamente incorporados en nuestra legislación nacional, “la identificación y movilización de recursos sigue siendo el principal desafío. Para ello es indispensable contar con mejor información tanto de las necesidades como del uso de los recursos involucrados. Esto implica estandarizar y expandir la medición tanto del gasto público como privado en materia de cambio climático. Por otra parte, los incentivos e instrumentos económicos serán determinantes para la obtención de nuevos flujos de financiamiento. Sólo así se podrán transformar los riesgos que este es-
450 Iniciativas relacionadas con mitigación y adaptación al cambio climático, con una inversión superior a los $76 mil millones, ejecutaron entre 2022 y 2023 seis gobiernos regionales de nuestro país.
cenario presenta en oportunidades para un crecimiento sostenible”, especifica.
PILAR VERDE
El financiamiento verde es uno de los seis pilares de la Hoja de Ruta al 2032 del Programa Transforma Cambio Climático, cuyo objetivo es construir un ecosistema en el que las empresas –especialmente pequeñas y medianas– puedan acceder a capital para transformar su base productiva. “No se trata de crear fondos nuevos desde el Estado, sino de articular la oferta existente, reducir las barreras de acceso y conectar a las empresas con las oportunidades concretas que ya existen”, explica Irina Reyes.
Entre las acciones que implementa están:
• Instrumentos especializados para Pymes con banca privada y multilateral.
• Proyecto piloto Pymes Verdes del CAF: Articulación del trabajo de Nestlé con su cadena de proveedores Pymes.
• Certificaciones ambientales como llave de acceso a mercados y financiamiento.
• Información estratégica para reducir la asimetría entre empresas y capital.
• Puesta en valor del capital natural para atraer inversión a las regiones.
CLG Chile, por su parte, trabaja para que las políticas públicas climáticas nacionales integren, desde su origen, la visión del sector privado, de modo que instrumentos como los mercados de carbono, los bonos temáticos y las distintas líneas de financiamiento verde y azul puedan diseñarse e implementarse de manera atractiva y efectiva. “Esta labor se traduce en una coordinación activa entre la banca y las empresas que demandan financiamiento, facilitando un lenguaje común que contribuya a movilizar capital”, señala María Teresa Ruiz-Tagle.
Luego menciona algunos ejemplos en ese sentido: Codelco concretó en 2025 un crédito verde por US$600 millones otorgado por HSBC y Banco Santander, para avanzar en la descarbonización de su matriz energética al 2030. La misma Corporación recientemente realizó su primera compra de certificados de carbono para compensar emisiones asociadas al impuesto verde. La operación cubrió el 100% de las emisiones de CO2 afectas de la División Ventanas y se concretó mediante certificados ligados al parque eólico Los Cururos Wind Farm, de AES Andes.
“Ese caso muestra cómo el mercado de compensaciones puede transformarse en una vía concreta para movilizar recursos hacia la acción climática bajo reglas ya vigentes en Chile”, releva la directora ejecutiva de CLG Chile. Además, resalta el financiamiento por parte de Colbún, a través de la venta de bonos de carbono a Suiza, en el marco del Artículo 6.2 del Acuerdo de París, de su proyecto de almacenamiento Diego de Almagro Sur (223 MW). Se estima que esta iniciativa permitirá reducir cerca de 600 mil toneladas de CO2 equivalente entre 2026 y 2030.
Lisette Pérez
Directora Gerente
Atia Consultores
ISO 14001:2026, nueva gobernanza ASG en Chile
La publicación de la cuarta edición de la norma ISO 14001:2026 marca un punto de inflexión en la gestión ambiental global, pero para Chile, representa un llamado de atención urgente hacia la madurez operativa. Si la versión de 2015 nos enseñó a pensar en riesgos y oportunidades, esta actualización nos obliga a gestionar la supervivencia climática en un territorio particularmente vulnerable.
Para las empresas chilenas, que ya operan bajo las exigencias de reporte de la Norma de Carácter General 461 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), esta norma es la pieza que faltaba para cerrar el círculo de la sostenibilidad. La ISO 14001:2026 integra en su ADN los pilares ASG (Ambiental, Social y Gobernanza) que el mercado financiero hoy demanda como requisito básico de entrada.
El cambio más profundo no reside solo en la nueva estructura, sino en la transición de la mitigación hacia la resiliencia climática. La norma ahora exige de forma mandatoria que las organizaciones no solo evalúen su impacto en el entorno, sino cómo la degradación de la salud de los ecosistemas y la crisis climática amenazan su propia continuidad. En Chile, esto no es un ejercicio teórico. Una empresa que ignore la escasez hídrica o los eventos climáticos extremos en su matriz de planificación está hoy fuera de norma y, potencialmente, fuera de mercado.
El cambio estructural lo tiene la Planificación de Cambios (apartado 6.3), dándole más relevancia, dado que en la versión 2015 este era un concepto implícito. Un sistema de gestión ambiental que evalúa rigurosamente cualquier modificación en procesos o infraestructura antes de su ejecución, proyecta una solidez técnica que reduce la incertidumbre ante organismos fiscalizadores en Chile.
En cuanto al cumplimiento legal, el término “Obligaciones de Compliance” sustituye a los requisitos legales tradicionales, elevando la vara hacia el compromiso ético y la “licencia social”. No saber que se está incumpliendo ya no es una excusa válida, sino una falla crítica del sistema.
Asimismo, el control sobre los servicios suministrados externamente y la perspectiva de ciclo de vida se han robustecido. Ya no es posible desentenderse del impacto de un insumo o producto. La trazabilidad y la influencia sobre los proveedores pasan de ser recomendaciones a ser pilares del control operacional. Con la publicación oficial en abril de 2026, las organizaciones cuentan con una ventana de 3 años para completar su transición. Aquellas empresas que logren dominar esta nueva versión estarán años luz por delante de su competencia.
PARA REDUCIR EL METANO
Los rellenos sanitarios son las principales fuentes de este potente gas de efecto invernadero en Chile.
¿Cómo disminuir esas emisiones?
Amediados de abril, se conocieron dos estudios internacionales que posicionan a tres rellenos sanitarios que operan en Chile entre los mayores emisores de metano (CH 4) en el mundo.
Un panorama bien preocupante considerando que dicho gas de efecto invernadero tiene un poder de calentamiento que supera en más de 80 veces al dióxido de carbono (CO 2) en un periodo de 20 años.
¿Qué se está haciendo para que estos depósitos de residuos reduzcan dichas emisiones y qué otras medidas se podrían aplicar?
ESTUDIOS Y DATOS
Según el último Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de Chile (serie histórica 1990-2022), publicado por el Mi -
nisterio del Medio Ambiente en 2024, el metano representa aproximadamente el 14% de las emisiones totales de dichos contaminantes en el país. Aunque esta participación es bastante menor que la del CO 2, que se estima en un 76%, su potencial de calentamiento global es mucho más alto, por lo cual es muy relevante disminuirlo para que nuestro país pueda alcanzar la meta de carbono neutralidad a más tardar al 2050.
En ese contexto, las principales fuentes de CH 4 en Chile son los rellenos sanitarios o vertederos debido a la descomposición anaeróbica de los residuos orgánicos que allí se acumulan. Desde el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), detallan: “Las emisiones totales de metano en Chile, en el año 2022, alcanzaron las 585 kt, lo que se traduce en 16.380 kt CO2eq. De este total, 251 kt de metano provienen de la disposición y manejo de residuos en rellenos sanitarios, vale decir, cerca de un 43%.
Se espera que para el año 2024 esta partición sea similar, alcanzando cerca de 270 kt CH4, representando un 49% del total”
Para conocer mejor el panorama en esta materia, durante 2023, el MMA en colaboración con Global Methane Hub (GMH), coordinó una misión para la detección remota de grandes emisiones de metano y dióxido de carbono por parte de Carbon Mapper, organización internacional que ha desarrollado y lanzado satélites con espectrómetros para realizar dicha tarea. La iniciativa incluyó una campaña de monitoreo en rellenos sanitarios que se ejecutó mediante un avión equipado con tecnología desarrollada por la NASA, el cual efectuó una serie de sobrevuelos sobre 52 de los 103 sitios de disposición de residuos sólidos operativos a la fecha.
¿Resultados? En 13 de ellos se hallaron emisiones de metano significativas, vale decir por sobre el límite de detección del instrumento (10 kg/h), todos ubicados en la zona central del país: El Molle, El Retamo, Cemarc, La Yesca, Santiago Poniente, Loma Los Colorados, El Guanaco, Copiulemu, Ecobío, Los Ángeles, vertedero Licura Mulchén, San Pedro y Santa Marta.
En la mayoría de estos sitios, las emisiones de CH4 fueron persistentes, o sea, aparecieron en casi todos los sobrevuelos realizados. El relleno sanitario El Molle fue donde se observaron los mayores registros, con un valor promedio (4.035 kg de metano por hora) mucho más alto que el del resto de los sitios. Mientras que el menor promedio (281 kg metano por hora) se dio en Santa Marta.
Bastante más alarmantes son las cifras entregadas por dos estudios internacionales dados a conocer recientemente. Uno de ellos corresponde a un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que sitúa a Loma Los Colorados como el número 1 entre los 50 sitios creados por el hombre que emiten más metano. El reporte, realizado en base a los datos capturados por una treintena de
satélites, da cuenta que esta instalación, emplazada en la comuna de Tiltil, emite más de 100.000 toneladas anuales de CH 4. A su vez, el relleno de Santa Marta (Talagante) se ubica 7°.
El otro estudio corresponde al proyecto “Stop Methane” del Instituto Emmett de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), que elaboró un ranking global de los 25 depósitos de residuos con mayores emisiones de metano, utilizando datos públicos de Carbon Mapper, basados en observaciones satelitales directas de 2025. En el “top 10” de ese escalafón aparecen tres rellenos nacionales: Loma Los Colorados (5°, con una tasa de emisión de 5,5 toneladas por hora o t/h), Santa Marta (6°, con un registro de 5,2 t/h) y Cemarc (9°, con 5,0 t/h).
Para poner estas cifras en perspectiva, el informe advierte que una fuente que emite 5 toneladas de metano por hora contribuiría al calentamiento global en un año tanto como un millón de vehículos SUV.
DIFERENCIAS EN MEDICIÓN
Los datos de los estudios mencionados presentan cifras bien disímiles en cuanto a las emisiones de metano registradas. ¿A
Alberto Tagle destaca que con la central eléctrica en Santa Marta se han reducido unas 130.000 toneladas de metano.
qué se debe esta diferencia?, ¿qué dicen las mediciones de los operadores de los rellenos sanitarios?
Desde Consorcio Santa Marta, propietaria de la instalación del mismo nombre emplazada en Talagante, señalan que la brecha
de resultados se explica principalmente por las distintas metodologías usadas en las investigaciones.
Alberto Tagle, gerente general de la empresa, detalla: “Por una parte, la campaña realizada por Global Methane Hub (GMH) corresponde a mediciones en terreno con instrumentación móvil, que registran emisiones en condiciones operacionales reales durante recorridos específicos, lo cual permite estimar valores promedio representativos del sitio, bajo condiciones normales de operación. Por otra parte, los valores reportados en el estudio Stop Methane se basan en información proveniente de Carbon Mapper, que utiliza sensores satelitales para detectar plumas de metano de alta intensidad. Estas mediciones corresponden a eventos puntuales o episódicos, capturados en momentos específicos, y no necesariamente reflejan el comportamiento promedio del relleno sanitario”
Además, subraya que el ranking publicado por UCLA considera mediciones realizadas durante 2025, en periodos en los cuales la central de energía de Consorcio Santa Marta no se encontraba en operación, a raíz de restricciones propias del mercado eléctrico chileno, que en determinados horarios impiden la inyección de energía al sistema. “En estos escenarios, el biogás no puede ser valorizado energéticamente, lo que puede generar incrementos transitorios en las emisiones detectadas” , acota.
De manera similar, en la empresa EBI Chile, operadora del Centro de Manejo de Residuos de Concepción (Cemarc), ubicado en la comuna de Penco, comentan que las diferencias en los datos se deben a la metodología y la escala temporal de las mediciones. Enseguida, su gerente de tratamiento y energía, Alejandro Keller, pone énfasis en que el estudio Stop Methane “se basa en mediciones satelitales puntuales, separadas en el tiempo, que evalúan emisiones de momentos específicos las que pueden verse influenciadas por condiciones atmosféricas y por eventos transitorios en la operación”
En ese contexto, en la empresa sostienen que el promedio de emisiones de Cemarc durante 2025, reportado en dicho informe, “se vio distorsionado por una medición puntual que se encuentra fuera de los rangos observados tanto antes como después de dicho registro” , generando un valor superior al que representan las emisiones reales del relleno sanitario.
Keller destaca, luego, que EBI Chile realiza un monitoreo constante en terreno, “lo
que nos permite obtener una visión más representativa y trazable del comportamiento del biogás en el tiempo” . Y asegura que sus registros operacionales muestran magnitudes inferiores a los máximos puntuales reportados por los datos satelitales, “los cuales no son consistentes con la capacidad teórica del sitio, la que se sitúa en torno a 2 o 2,5 toneladas de metano por hora”
En relación a los descargos de las empresas, Juan Pablo Escudero, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez y parte del equipo del Instituto Emmett de la UCLA en Chile, señala: “Aunque el informe se basa únicamente en mediciones satelitales, la información está técnicamente verificada y públicamente disponible. Esta es una de las grandes innovaciones tecnológicas de los últimos tiempos: el metano puede detectarse desde el espacio. También es correcto que no se trata del promedio anual de todas las emisiones, sino de las mayores plumas detectadas en 2025. Sin embargo, todos los sitios mencionados en el listado fueron monitoreados varias veces, y lo que se publicó es el promedio de todas las emisiones detectadas en cada relleno durante el 2025. Los eventos de emisión relevados en el listado son preocupantemente altos”
Sobre la situación particular del relleno Cemarc, el especialista expone que “se realizaron cuatro observaciones en los meses de enero, marzo, abril y agosto (una por mes), en las que se detectaron emisiones relevantes en cada una. Sin embargo, es cierto que existe un evento particular que es muchísimo más alto que el resto y eleva el promedio de emisiones del relleno. Si bien la información ha sido verificada científicamente, cabe la posibilidad de que el satélite haya detectado un evento aislado que no represente necesariamente el promedio de emisiones”
CAUSAS Y PROPUESTAS
Más allá de las cifras, el informe de “Stop Methane” plantea también que las altas emisiones detectadas en los rellenos sanitarios en Chile podrían estar asociadas al alto porcentaje de residuos orgánicos que reciben. Agrega que aunque gran parte de estos depósitos tienen sistemas de captura del metano, las fugas o ineficiencias en el sellado permiten que grandes cantidades de gas escapen a la atmósfera. Esas y otras causas también fueron identificadas en el estudio de GMH, cuyas mediciones se analizaron y complementaron en un trabajo colaborativo con algunos operadores
EBI Chile controla las emisiones fugitivas de metano con sistemas activos de captación y otras medidas, dice Alejandro Keller.
de los rellenos sanitarios, que también permitió trazar propuestas para reducir las emisiones. Con respecto a las causas, se determinaron factores operativos y estructurales como los siguientes:
• Baja o nula extracción de biogás: Es la más recurrente, toda vez que la mayoría de los rellenos solo extrae el mínimo exigido por su resolución de calificación ambiental (aproximadamente entre 5% y 12%).
• Restricciones para la generación eléctrica: En algunos casos, las plantas generadoras se detienen por los bajos precios de la energía en el mercado o por problemas operativos y, al no haber antorchas de respaldo, el gas se libera a la atmósfera.
• Frente de trabajo demasiado extenso, lo cual dificulta la captación del metano.
• El uso de material de cobertura de mala calidad o escaso facilita la formación de grietas por donde escapa el metano.
• Demora excesiva entre la construcción de los pozos y su conexión a la red de extracción activa.
El estudio de Global Methane Hub también identificó desafíos y limitantes para mejorar las falencias mencionadas, entre los que figuran:
• Falta de incentivos: El modelo de negocio actual y los bajos precios de la energía eléctrica dificultan que los operadores inviertan en un mantenimiento óptimo de los sistemas de captura.
• Normativa débil: La legislación chilena no exige tasas de eficiencia de captura específicas, lo que permite que se cumpla la norma pero se mantengan altas emisiones ambientales.
• Poca participación de operadores: Representantes de solo 6 de los 13 rellenos en que se detectaron emisiones significativas colaboraron activamente con el estudio.
Finalmente, el informe de GMH sugiere medidas de mitigación como: minimizar el tiempo de exposición de los residuos sin cobertura, implementar sistemas de extracción activa donde no existen, y utilizar mecanismos financieros como el Sistema de Compensación de Emisiones del Impuesto Verde para financiar mejoras tecnológicas.
REDUCCIONES EN MARCHA
En la práctica, algunos operadores de rellenos sanitarios ya han puesto en marcha acciones relevantes para reducir las emisiones de metano. Así ocurre, por ejemplo, con EBI Chile y Consorcio Santa Marta que cuentan con sistemas de captación y tratamiento del biogás para aprovecharlo como fuente energética de sus centrales de generación eléctrica.
¿Cuánto se ha logrado reducir con eso? Alberto Tagle responde: “En base a las condiciones operacionales del relleno –incluyendo el volumen de residuos dispuestos, la red de captación instalada y el sistema de extracción de biogás–, en Santa Marta se estima una eficiencia de captura del orden del 60% del biogás generado. Este nivel de captura representa una reducción significativa de emisiones de metano, considerando que el gas captado es posteriormente tratado, destruido o valorizado energéticamente”
Agrega que, en términos acumulados, durante toda la operación de la central eléctrica, “se han logrado reducir cerca de 130.000 toneladas de CH4, lo que equivale a más de 3.5 millones de toneladas de CO2 equivalente. Asimismo, si se considera la operación del primer proyecto de reducción de emisiones implementado en el sitio, la reducción total alcanza casi 200.000 toneladas de CH4 y más de 5 millones de toneladas de CO2 equivalente” .
Además, destaca que se ha generado e inyectado más de 670 GWh de energía renovable no convencional al sistema eléctrico nacional, contribuyendo también a diversificar la matriz energética del país.
En cuanto a las dificultades para opti -
mizar el rendimiento del sistema, Alberto Tagle expresa que existen desafíos técnicos propios de la operación de rellenos sanitarios, como la heterogeneidad en la generación de biogás, la evolución temporal de los residuos y la necesidad de mantener y optimizar continuamente la red de captación.
No obstante, plantea que una de las principales trabas es que “en determinados periodos, el Coordinador Eléctrico Nacional limita la inyección de energía a la red, lo que impide aprovechar plenamente el biogás para generación eléctrica” . Considerando aquello, el gerente general de Consorcio Santa Marta resalta que han decidido invertir en un sistema de almacenamiento energético tipo Battery Energy Storage System (BESS), el cual permitirá guardar la energía generada a partir del biogás y gestionar mejor su entrega al sistema eléctrico, reduciendo o eliminando los periodos en que no es posible valorizar el gas captado.
En el caso de EBI Chile, Alejandro Keller comenta que la central de generación que tienen en Cemarc “produce de manera continua 2,8 MW de potencia eléctrica, equivalentes a 22 GWh/año aproximadamente, suficiente para abastecer de energía eléctrica a más de 28.000 personas de la región. Además, permite capturar y valorizar aproximadamente 500 kilogramos de metano por hora” . Eso se traduce en la mitigación de unas 12 toneladas diarias y más de 4.300 toneladas anuales.
“Este tipo de soluciones refleja el cambio de paradigma: pasar de la disposición de residuos a su valorización energética dentro de un sistema integrado” , subraya.
Luego, el ejecutivo menciona las medidas que aplican para controlar las emisiones fugitivas de metano: “EBI Chile implementa sistemas activos de captación de biogás, que incluyen redes de pozos de extracción, sistemas de conducción y unidades de tratamiento como antorchas o plantas de generación energética. A esto se suma un monitoreo continuo de variables como caudales y composición del gas, junto con programas de mantención preventiva, calibración de equipos y verificación permanente de la eficiencia de los sistemas. Estas operaciones se desarrollan bajo estrictos estándares regulatorios y son fiscalizadas periódicamente por la autoridad”
Asimismo, Keller comenta que la compañía está evaluando nuevas tecnologías para mejorar aún más la eficiencia de captura y detección de posibles emisiones.
En Consorcio Santa Marta, en tanto, informan que para controlar las fugas cuentan con un equipo técnico especializado en biogás en terreno, que realiza monitoreos periódicos de la red de captación. “Este trabajo permite identificar de manera continua los pozos con mayor producción y calidad de biogás, así como detectar oportunamente posibles desviaciones o zonas con emisiones no controladas” , dice Alberto Tagle. Adicionalmente, se aplica una estrategia de habilitación temprana de pozos, lo que implica que, una vez finalizado un frente de trabajo, se procede rápidamente a la construcción y/o conexión de pozos de captación, reduciendo así el tiempo en que el biogás puede liberarse de forma difusa a la atmósfera.
REGULACIONES Y MERCADO
Desde el sector público también se están impulsando iniciativas para disminuir las emisiones de metano.
Una de ellas es la elaboración por parte del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) del anteproyecto de norma de emisión para este contaminante, que se inició el 17 de enero pasado, como parte del Plan Sectorial de Mitigación del Ministerio de Salud para el sector residuos.
En el MMA destacan que esta norma incorpora un enfoque no
tradicional y representa un paso estratégico en la política climática de Chile, al combinar regulación ambiental con instrumentos de mercado, complementándose con un sistema de compensación de emisiones. “Se configura un Sistema de Comercio de Emisiones (ETS por sus siglas en inglés), tipo línea base y crédito, transformando las normas de emisión en un esquema que en la práctica funciona como un mercado de carbono regulado a nivel sectorial, donde los actores pueden cumplir sus obligaciones mediante reducción directa o a través de la inversión en proyectos de mitigación certificados dentro del país. Este enfoque no solo establece obligaciones regulatorias, sino que también introduce flexibilidad, promueve la mitigación costo-efectiva y fomenta la inversión en proyectos de reducción de emisiones dentro del país, alineándose además con otros instrumentos climáticos en desarrollo, como la incorporación a estos sistemas ETS del sector de grandes refrigerantes (hidroflurocarburos)” , exponen.
Agregan que se está impulsando un conjunto articulado de iniciativas complementarias a ese futuro ETS, orientadas a acelerar la reducción de emisiones no solo en el sector residuos, sino también en otros ámbitos relevantes.
Dentro de estos ejes complementarios están “los mercados de carbono, los cuales permiten movilizar inversión hacia proyectos de mitigación que cuentan con barreras de entrada, facilitando la participación del sector privado en la acción climática. Esto ya se puede ver reflejado en acciones concretas, ya que dentro del sistema de compensaciones del Impuesto Verde hay una alta participación en la venta de créditos de carbono provenientes de proyectos de rellenos sanitarios” , apuntan.
A eso se suma la implementación de una Hoja de Ruta de instrumentos de precio y mercado de carbono que articula de manera integrada el programa HuellaChile, el sistema de compensación de normas de emisión y el Impuesto Verde, y los mecanismos del artículo 6 del Acuerdo de París. “Un ejemplo concreto de esta integración es el desarrollo de proyectos bajo esquemas ‘mixtos’, que combinan instrumentos nacionales e internacionales” , como la iniciativa “Lomas Los Colorados II” de ese relleno sanitario, grafican.
En el ámbito regulatorio también se discute en el Senado un proyecto de ley que regula la prevención, el control y la reducción de emisiones de gas metano en rellenos sanitarios. La iniciativa propone establecer un marco normativo específico que obligue a los operadores de estos sitios con resolución de calificación ambiental a implementar
Los eventos de emisión relevados en el estudio de la UCLA son “preocupantemente altos”, advierte Juan Pablo Escudero.
reportes anuales de emisiones, planes de control, certificación externa de emisiones y medidas preventivas, como sistemas de captura y aprovechamiento de biogás.
Entre sus disposiciones, contempla plazos progresivos para implementar las medidas e incentivos económicos para las plantas que cumplan las metas de reducción.
A juicio de Alberto Tagle, para que estas regulaciones sean efectivas, deben considerar una mirada técnica, ambiental y también económica, que permita su implementación real por parte de los operadores. En ese marco, considera “fundamental que la normativa reconozca las diferencias de escala entre rellenos sanitarios, estableciendo exigencias proporcionales a su tamaño y nivel de generación de biogás” . Asimismo, advierte que toda exigencia tecnológica debe considerar que estos costos inevitablemente se traspasan a la tarifa de disposición de residuos, impactando a municipios y a los usuarios. Agrega que “fijar porcentajes de captura excesivamente altos o poco realistas podría generar efectos contraproducentes, ya que desincentivaría la inversión en nuevos proyectos, dificultaría la operación económicamente viable de los rellenos, y podría limitar la capacidad de los proyectos para demostrar adicionalidad en el contexto de mercados de carbono, reduciendo así una fuente relevante de financiamiento climático”
En relación con esto último, el representante de Consorcio Santa Marta opina que es clave fortalecer los incentivos económicos para viabilizar inversiones en sistemas de captación, tratamiento y valorización energética del biogás.
Enseguida, Tagle menciona otros ins -
trumentos o acciones que podrían ayudar a reducir las emisiones de metano en rellenos sanitarios: avanzar en mayor flexibilidad y coordinación con el sistema eléctrico, para evitar restricciones a la inyección de energía; reforzar la coordinación interministerial para alinear las políticas ambientales y energéticas; promover estándares técnicos y sistemas de monitoreo homogéneos que permitan comparar resultados entre sitios y mejorar la trazabilidad de las emisiones.
Para Alejandro Keller, en tanto, la discusión regulatoria en curso representa una oportunidad relevante para avanzar en la gestión de emisiones de metano en el país. “En esa línea, iniciativas como el proyecto de ley incorporan elementos que consideramos positivos, como la obligación de reportar emisiones, implementar planes de control y avanzar en certificación externa”, dice.
Sin embargo, advierte que para que estas regulaciones sean efectivas, es clave: contar con metodologías de medición estandarizadas que integren monitoreo en terreno y herramientas remotas, avanzar desde un enfoque de control hacia uno que también promueva la valorización del biogás, establecer metas progresivas y realistas junto con incentivos para la inversión en tecnologías de captura y generación de energía, y asegurar la transparencia y trazabilidad de la información permitiendo una adecuada fiscalización y confianza pública.
El representante de EBI Chile subraya que más allá de la regulación específica, “la reducción de emisiones de metano requiere una mirada sistémica, alineada con los principios de la economía circular”
En ese contexto, comenta que una de las medidas más efectivas es reducir la cantidad de residuos orgánicos que llegan a disposición final, promoviendo su valorización mediante compostaje o biodigestión. También considera clave fortalecer los instrumentos de mercado que permitan reconocer y valorizar las reducciones de emisiones, así como incentivar el desarrollo de proyectos de generación energética a partir de residuos.
A modo de conclusión, sostiene que la gestión del metano en rellenos sanitarios “representa no solo un desafío ambiental, sino también una oportunidad concreta para avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles. En esa línea, la experiencia de EBI Chile muestra que es posible transformar residuos en energía, reducir emisiones y generar valor, consolidando el rol de la gestión de residuos como un actor clave en la transición hacia una economía circular”
Andrés
Escobar
Subgerente de Proyectos
Gestión Ambiental Consultores
Permisología: un debate manido, pero polémico
Mucho se ha discutido últimamente en torno a la denominada “permisología”. El término, acuñado con ironía, pretende retratar un sistema de gestión de permisos tan complejo que parecería una disciplina autónoma. En rigor, se trata de un conjunto reiterado de críticas a la extensión, complejidad y fragmentación de los procedimientos administrativos necesarios para la materialización de proyectos, particularmente aquellos relativos a permisos y autorizaciones ambientales y sectoriales.
Dichos procedimientos son de conocimiento público para los proponentes de proyectos y se encuentran expresamente regulados en el ordenamiento jurídico. El debate surge cuando, a juicio de los titulares, los organismos del Estado exceden sus competencias, dilatan los procesos mediante exigencias adicionales o no cumplen los plazos previstos en la normativa vigente.
Los ejemplos que suelen citarse en el debate público buscan ilustrar un supuesto desacople estructural, o al menos una tensión persistente, entre dos objetivos de la política pública: el crecimiento económico y la protección del medio ambiente. En una primera mirada, los plazos requeridos para desarrollar proyectos de inversión en Chile parecen extensos (entre siete y diez años), considerando tanto la tramitación ambiental como la sectorial. En este contexto, se han impulsado iniciativas orientadas a mejorar la eficiencia administrativa, como la reciente promulgación de la Ley N° 21.770, Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales.
Sin embargo, estos plazos suelen incorporar períodos atribuibles a los propios titulares, destinados a subsanar deficiencias de los estudios o proyectos presentados, lo que obliga legítimamente a la autoridad a requerir aclaraciones o complementaciones. Asimismo, rara vez se considera la asimetría existente entre el nivel de conocimiento del proponente –que ha dedicado uno o más años al desarrollo del proyecto– y el del funcionario público encargado de evaluarlo, quien debe analizar antecedentes de alta complejidad técnica en plazos acotados y sin conocimiento previo del diseño de la iniciativa.
Finalmente, las propuestas orientadas a “destrabar” proyectos mediante la flexibilización de estándares ambientales pueden generar un efecto contrario al buscado, exacerbando la conflictividad social y la judicialización, lo que termina produciendo mayores retrasos e incertidumbre jurídica. El desafío, por tanto, no es debilitar la institucionalidad ambiental, sino fortalecerla, dotándola de mayor eficiencia, capacidad técnica y predictibilidad, sin renunciar a los niveles de protección ambiental que la sociedad exige.
AVANZA PROYECTO PARA MEJORAR LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL
El proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia, avanzó a su segundo trámite constitucional en el Congreso luego que el Senado lo despachara a la Cámara de Diputadas y Diputados.
La iniciativa, presentada por el gobierno anterior el 10 de enero de 2024, busca principalmente reforzar los instrumentos de gestión ambiental, ampliar la participación ciudadana en la evaluación de los proyectos, aumentar las certezas sobre los estándares de calificación y disminuir significativamente los plazos en las etapas de revisión y modificación de las propuestas de inversión.
En ese contexto, el Senado propuso, entre otras mejoras: incorporar la Ventanilla Única en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), una definición de impactos acumulativos y sinérgicos, incluir la figura de la Declaración Jurada, ampliar el procedimiento de participación ciudadana temprana, y hacer cambios procedimentales en el recurso de reclamación.
Cabe señalar que la tramitación de esta iniciativa, ahora en la Cámara Baja, resulta algo incierta, luego que el 22 de abril el Gobierno presentara y diera prioridad al proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social que también incluye una serie de reformas para –según afirmaron– “racionalizar el proceso de evaluación ambiental”
NUEVAS AUTORIDADES
EN EL SEA, EL SBAP Y LA SMA
El abogado y magíster en Derecho Ambiental Arturo Farías Alcaíno (en la foto) asumió como director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el pasado 6 de abril. La nueva autoridad cuenta con una trayectoria de 8 años en la misma institución, primero como abogado en la Dirección Ejecutiva y luego como encargado del área jurídica de la Dirección Regional del SEA Metropolitano. A partir de julio de 2021 lideró esta última repartición hasta la fecha de su nueva designación.
El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) también trabaja ya con un nuevo director: el biólogo e ingeniero agrónomo Tomás Saratscheff. El profesional se ha especializado en el manejo de recursos naturales y políticas públicas, sumando experiencia a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, se desempeñó como Conservation Coach en Sudamérica, África y el Caribe, apoyando procesos de planificación estratégica, fortalecimiento institucional y gestión de áreas protegidas, así como proyectos de conservación de especies amenazadas.
En la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), en tanto, asumió como Superintendenta subrogante Claudia Pastore, quien desde 2023 se desempeñaba como jefa de la División de Fiscalización del organismo. La ingeniera civil química tiene cerca de 30 años de trayectoria en el sector público, 16 de los cuales los ha desarrollado en la SMA.
TECNOLOGÍAS PARA DETECTAR VERTEDEROS Y VALORIZAR RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
Un inédito piloto tecnológico para detectar de forma temprana los vertederos ilegales de residuos de la construcción y demolición (RCD) en el país y avanzar en acciones para aprovechar estos desechos, cuya generación se estima en más de 7 millones de toneladas al año, presentaron el Ministerio del Medio Ambiente y Fundación Chile. Esto, en el marco de la iniciativa “Transitando hacia una construcción circular y descarbonizada en Chile”, financiada por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), mediante la cual se espera evitar la emisión de más de 350 mil toneladas de CO2 equivalente y fortalecer capacidades en el sector público y privado hacia 2048.
Una de las innovaciones presentadas fue SuRIS, una plataforma de teledetección automatizada de vertederos ilegales y zonas de extracción no autorizada de áridos mediante imágenes satelitales, fotografía aérea y algoritmos de análisis territorial. La herramienta fue desarrollada por el Centro Interdisciplinario para la Productividad y Construcción Sustentable de la Universidad Católica, en colaboración con el Centro de Innovación y Diseño Avanzado.
10
98,6%
De la electricidad en la minería del cobre al año 2030 provendría de fuentes renovables, “consolidando una matriz energética cada vez más limpia y alineada con los objetivos climáticos del país”. Así lo proyecta el último informe de Cochilco sobre el consumo eléctrico en este sector, el cual crecería un 20,2% entre 2025 y 2034, principalmente por la mayor demanda energética en los procesos de concentración y en el uso de agua de mar en las faenas.
Años de presidio podrían enfrentar quienes quemen basura sin autorización, de acuerdo al proyecto de ley despachado a segundo trámite en el Senado que eleva las sanciones para esta actividad que genera altos niveles de polución atmosférica, puede contaminar aguas subterráneas o producir incendios, causando daños significativos a la población y al medio ambiente.
EL DERROTERO AMBIENTAL
Exponemos la hoja de ruta de la administración Kast en esta área, así como la visión de la industria y los cuestionamientos de algunos especialistas.
Muy poco duró la “luna de miel” entre la administración de José Antonio Kast y la ciudadanía. Al día siguiente de desembarcar en La Moneda, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) retiró de Contraloría 43 decretos vinculados a esta área emitidos durante la presidencia de Gabriel Boric. La decisión paralizó la puesta en marcha de regulaciones e instrumentos para descontaminar territorios, proteger la salud
de las personas y la naturaleza, generando cuestionamientos de organizaciones ambientales y de la oposición.
Sobre esa medida y el trabajo desarrollado, José Ignacio Vial, subsecretario del Medio Ambiente, expone que “desde el inicio nuestro foco ha estado en mejorar la gestión ambiental de forma responsable, asegurándonos que los instrumentos que se aprueben en esta administración cumplan con los estándares técnicos y
jurídicos que el país requiere. En esa línea, una de las primeras medidas ha sido la revisión integral de los decretos que estaban en trámite de toma de razón, con el fin de asegurarnos de su calidad regulatoria, tener claridad de sus consecuencias, corregir eventuales debilidades y tener la certeza de que sean robustos, claros y aplicables en el tiempo. En el marco de este trabajo ya se han reingresado algunos a Contraloría, pero el proceso continúa”
¿Qué opina la industria sobre la cuestionada decisión? Jorge Cáceres, director ejecutivo del Centro Sofofa Medio Ambiente y Energía, fija la posición de la entidad gremial: “Vemos que el retiro de los 43 decretos no reviste, a priori, ningún riesgo relevante de desprotección ambiental ni a la salud. Es natural que un gobierno entrante retire iniciativas regulatorias para revisar sus alcances y fundamentos técnicos, especialmente si un número significativo fue ingresado justo antes del término del gobierno anterior”
Añade que “como gremio, nos generan dudas varios aspectos de diseño, fundamentación técnica o estimación de costos y beneficios de algunos decretos que están siendo analizados. Un ejemplo es la norma de calidad del aire para MP2,5, para la que consideramos insuficiente la información de niveles background (sin actividad antrópica) tenidos a la vista y que condiciona su cumplimiento. Y la norma de emisión para centrales termoeléctricas, que establece tratamiento diferenciado para el control de óxidos de nitrógeno, de manera débilmente justificada, así como subestimación de costos en evaluaciones de análisis de impacto económico y social”
En paralelo, en estas primeras semanas las nuevas autoridades ambientales han dado prioridad a otras acciones como la agilización de la evaluación ambiental de los proyectos de inversión, el inicio de la elaboración de la norma secundaria de calidad ambiental del lago Vichuquén, la suspensión del proceso de determinación de sitios prioritarios para la conservación, y el nombramiento de ministros de tribunales ambientales para completar los cupos pendientes de la judicatura.
EVALUACIÓN AMBIENTAL
Para agilizar la evaluación ambiental de las iniciativas de inversión, la primera tarea de esta cartera de Gobierno ha sido avanzar en la resolución oportuna de los recursos de reclamación que llegan al Comité de Ministros o a la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), reforzando la coordinación con dicho servicio y potenciando su rol de administrador del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). “El objetivo es reducir de manera sustantiva los plazos que ha demorado históricamente la administración en resolver estos recursos, ciñéndonos a los que fija la ley, algo que es muy raro que ocurra. Todo lo anterior, considerando que estas medidas buscan mejorar la gestión ambiental, sin reducir los estándares de protección reconocidos normativamente”,
“Nuestro objetivo es que exista inversión y desarrollo de proyectos en Chile, siempre resguardando el patrimonio ambiental y cumpliendo los estándares y la normativa vigente”.
José Ignacio Vial, subsecretario del Medio Ambiente
–resolución, fundamentos y acta–, para que los actores conozcan oportunamente tanto el pronunciamiento como sus razones, aumentando la certeza y la transparencia”
En relación con estos temas, desde la Sofofa, Jorge Cáceres destaca que la Ley de Permisos Sectoriales es un avance en la reducción de los plazos de tramitación de los proyectos y comenta: “Esperamos para los próximos 4 años que no sólo se materialicen las expectativas de agilización (en torno a un tercio de reducción de plazos observados actualmente), sino que también se eleven las capacidades y se fortalezca una institucionalidad de largo plazo”
1 Plan de descontaminación espera el MMA que próximamente entre en vigencia: el que busca recuperar el lago Villarrica, que actualmente se encuentra en toma de razón por parte de la Contraloría. Será el primer plan de este tipo aplicado a un cuerpo de agua en estado saturado.
especifica José Ignacio Vial. El subsecretario del Medio Ambiente indica que para el MMA, un gran desafío sigue siendo “la coordinación entre los organismos sectoriales que participan en la evaluación ambiental. Una mejor articulación permite evitar reiteraciones, observaciones tardías y dilaciones que no aportan a la calidad del proceso. Además, buscamos acortar significativamente el tiempo entre la decisión del Comité de Ministros (aprobación o rechazo) y la formalización de esa decisión
A su juicio, para reducir la alta discrecionalidad en los criterios y en el establecimiento de exigencias en los procesos de evaluación ambiental, que pueden derivar en arbitrariedades, se requiere “fortalecer la información de líneas base ambientales para elevarla en cuanto a representatividad y confiabilidad. En Sofofa estamos conduciendo estrategias colaborativas en tal sentido que esperamos continúen con el presente Gobierno. Al mismo tiempo, creemos que es fundamental elevar las capacidades tanto a nivel público como privado en este ámbito, para lo que hemos suscrito alianzas con instituciones internacionales como la Universidad de Harvard, buscando desarrollar estudios de carácter permanente tras esos fines como ocurre en los países desarrollados de la OCDE. Así se baja también el nivel de incertidumbre sobre los impactos, traduciéndose ello en una normativa robusta que termina por minimizar los espacios de discrecionalidad antes descritos, y facilitar y agilizar las evaluaciones”, señala.
“LEY MISCELÁNEA”
Destrabar la tramitación de las iniciativas de inversión en el SEIA también es parte relevante del proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social –también conocido como “Ley Miscelánea” por incluir materias de distintas áreas–, que el Ejecutivo ingresó al Congreso el 22 de abril pasado.
Bajo el título “Racionalización del proceso de evaluación ambiental”, la iniciativa plantea una serie de cambios que -según el Gobierno- buscan, además de lo indicado, otorgar certeza jurídica a los inversionistas y reducir la discrecionalidad administrativa. En ese marco, las modificaciones propuestas, algunas de las cuales han causado seria controversia, son:
• Limitar adendas y reforzar el SEA: Se propone un régimen especial voluntario que
limita el número de adendas (respuestas de los titulares a las observaciones de los servicios públicos que evalúan los proyectos) admisibles durante la evaluación. Con esto se pretende obligar a los titulares a presentar estudios más exhaustivos desde el inicio y que los organismos del Estado concentren sus requerimientos. Además, se refuerza la rectoría técnica del SEA para asegurar que los pronunciamientos de otros servicios se ajusten estrictamente a sus competencias.
• Indemnización por RCA invalidada: Se introduce un mecanismo de restitución de gastos para titulares cuyas resoluciones de calificación ambiental (RCA) sean anuladas judicialmente. Este beneficio aplica a gastos directos y efectivos realizados tras obtener el permiso, fundamentándose en que una RCA genera “confianza legítima” al ser el resultado de un proceso riguroso que puede durar entre 399 y 1.124 días.
• Se elimina el criterio de “capacidad instalada” como parámetro fijo para el ingreso de centrales eléctricas al SEIA. En su lugar, el reglamento definiría magnitudes específicas según la tecnología, reconociendo que los impactos varían dependiendo de la fuente de generación.
• Limitación de vías de impugnación: Para
“En términos de acción climática, creemos que es posible armonizar el cumplimiento de los compromisos trazados con el fortalecimiento de instrumentos que alleguen costo-efectividad para alcanzarlos”.
Jorge Cáceres, director ejecutivo del Centro Sofofa Medio Ambiente y Energía
El proyecto de “Ley Miscelánea” elimina la obligatoriedad de ingresar al SEIA para toda relocalización de concesión salmonera.
evitar la duplicidad de recursos, se establece que una RCA no podrá impugnarse mediante la solicitud de invalidación administrativa. Solo se permitirán los recursos administrativos y judiciales específicos de la normativa ambiental, limitando la acción a quienes participaron efectivamente en la evaluación.
• Modificaciones y mejoras tecnológicas: Los proyectos con RCA favorable que realicen cambios dentro de su área geográfica original no requerirán una nueva evaluación a menos que generen impactos sustantivos. Al respecto, en otro acápite, el proyecto de ley elimina la obligatoriedad de ingresar al SEIA para toda relocalización de concesión salmonera, a no ser que implique cambios de consideración. Asimismo, se exime de trámite a las mejoras tecnológicas que no aumenten significativamente las cargas ambientales.
• Plazos y medidas cautelares: Se elevan a rango legal los plazos para resolver recursos de reclamación (30 días para DIA y 60 para EIA) para reducir la incertidumbre actual. Sobre las medidas cautelares que paralizan proyectos, se fija un límite de 30 días (prorrogables) y un máximo total de seis meses, permitiendo además que estas suspensiones sean apelables ante la Corte de Apelaciones.
• Implementación del SBAP: Se amplía en un año el plazo para dictar los reglamentos que permiten el funcionamiento pleno del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), y se otorgan cinco años para oficializar los sitios prioritarios para la conservación, condicionando esto último a la existencia de planes de manejo y a la participación de los afectados.
Pese a ello, el subsecretario Vial afirma que tal proceso es “una prioridad estratégica por su despliegue territorial, su trabajo en terreno y su capacidad de ejecutar medidas concretas de conservación y gestión de áreas protegidas. Esa prioridad se ha reflejado en decisiones tempranas, como el nombramiento directo de su dirección ejecutiva, y en la meta de avanzar hacia estándares de gestión más altos en nuestras áreas protegidas, con un sistema que ponga en valor y genere orgullo por nuestro patrimonio natural”.
“REGRESIVO” E “INCONSTITUCIONAL”
Para Jorge Cáceres y la Sofofa, los conte-
Ley REP y residuos
La correcta gestión de los residuos promete ser un objetivo prioritario para el actual Gobierno. Así, al menos, lo plantea José Ignacio Vial: “Existe un diagnóstico trabajado por largo tiempo, siendo el desafío hoy avanzar en una implementación correcta y efectiva de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Un ámbito especialmente relevante es el de envases y embalajes por su peso en la generación de residuos y por el impacto que puede tener una buena implementación sobre los sistemas de gestión y la valorización. En ese contexto, valoramos el trabajo de la mesa liderada por Corfo durante el gobierno anterior que elaboró propuestas de ajustes normativos con un alto grado de consenso en la industria. Actualmente las estamos revisando para definir cuáles pueden implementarse en el corto plazo”
Más allá de la Ley REP, la autoridad sostiene que “necesitamos políticas que permitan reducir la cantidad de residuos que llega a disposición final. Por eso también estamos revisando la implementación de la Ley de Plásticos y Productos de un Solo Uso, identificando ajustes para asegurar su correcta aplicación, algunas de los cuales van a requerir incluso modificaciones legislativas”
En Sofofa, en tanto, confían en que su propuesta de impulso al reúso de materiales y sustancias de los sectores industrial y minero llegue a materializarse mediante el desarrollo del reglamento habilitante para eso contenido en el artículo 4, letra f, de la Ley REP. “Permitiría inmediatamente que más de 8 millones de toneladas de residuos dejen de disponerse anualmente en rellenos sanitarios, para los que existe creciente preocupación respecto de su vida útil o expansión”, resalta Jorge Cáceres.
El inicio de la elaboración de la norma secundaria de calidad ambiental del lago Vichuquén fue una de las primeras medidas de las nuevas autoridades del MMA.
nidos ambientales del citado proyecto de ley “pueden ser una contribución efectiva a la mayor certeza jurídica y reducción de tiempos para materializar inversiones ya aprobadas. Por ejemplo, dar señales para fortalecer las resoluciones de calificación ambiental mediante el mecanismo de reembolso de gastos ejecutados, tras una eventual anulación por tribunales cuando éstas ya han sido obtenidas, y llevar de 2 años a 6 meses los plazos de invalidación para las reclamaciones contribuyen a reducir la incertidumbre tras las aprobaciones”
Muy diferente, en cambio, es la postura de Flavia Liberona, directora
ejecutiva de Fundación Terram, quien señala que en “en los temas ambientales el proyecto de ley es claramente regresivo. Esto se puede resumir en que se plantea que las relocalizaciones de concesiones acuícolas no van a necesitar pasar por evaluación ambiental debido a que un cambio de lugar no se entiende como una modificación significativa. ¿Cómo no va a ser importante cambiar la operación de un cultivo industrial de un lugar a otro? Postular eso es bastante laxo, pues una RCA puede haber sido otorgada bajo ciertas circunstancias, las cuales cambiaron completamente y, por ende, una modificación del proyecto original al menos requiere revisarse para determinar si debe ser evaluado o no. Lo que se percibe con los cambios propuestos en materia ambiental es solo facilitar la inversión en el corto plazo sin prever si esto traerá problemas futuros”
Ariel Espinoza, abogado y ex jefe de la División Jurídica del MMA, también cuestiona el contenido ambiental de la “Ley Miscelánea”: “El proyecto de ley mezcla distintas situaciones, algunas que tienen un amplio consenso en cuanto a cómo funciona la normativa ambiental y otras que son totalmente nuevas”. Comenta que las materias en las que existe un diagnóstico consensuado estaban siendo trabajadas en tres boletines legislativos que presentan bastante avance, “por lo que
“No se entiende cuál es el fundamento para que el Estado pague y cubra el riesgo de anulación de una RCA favorable, que es del desarrollador del proyecto”.
Ariel Espinoza, ex jefe de la División Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente
RM: Nuevo plan de descontaminación
La mala calidad del aire en el centro y sur de Chile ha sido un problema de lenta resolución desde hace décadas. ¿Cómo avanzar más rápido? Desde el ministerio del Medio Ambiente, José Ignacio Vial responde: “El principal desafío es implementar efectivamente las medidas contenidas en los planes de descontaminación, especialmente en las ciudades del centrosur. Las herramientas con mayor impacto siguen siendo el programa de recambio de calefactores, que implementa el MMA, y la aislación térmica de viviendas. Por eso, estamos trabajando con muestras Seremis y los gobiernos regionales para aumentar las tasas de recambio, lo que tiene un efecto inmediato en la reducción de emisiones”
Además, la cartera enfrenta el desafío de elaborar un nuevo Plan de Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana (RM), “un instrumento complejo que requiere diálogo amplio y coordinación intersectorial”, puntualiza.
A su vez, en Sofofa consideran fundamental fortalecer instrumentos de gestión ambiental que “están demostrando ser altamente efectivos como la compensación de emisiones atmosféricas, que puede escalarse y complementarse con otros instrumentos de gestión ambiental”, asevera Jorge Cáceres.
Agrega que desde el gremio industrial “hemos impulsado este tipo de instrumentos, desarrollando propuestas y metodologías que han sido recogidas por los sucesivos gobiernos, contribuyendo así a reducir los niveles de contaminación como ya ha ocurrido en la RM. Ejemplo de ello es la estrategia que hemos conducido elaborando propuestas para la actualización de los planes de prevención y de descontaminación atmosférica, como la metodología de recambio de calefactores a leña por sistemas eléctricos de calefacción residencial y que ha beneficiado a más de 30.000 hogares de la zona central del país. Esa estrategia necesita ser fortalecida y complementada para encarar la contaminación de los más de 2 millones de hogares que siguen quemando biomasa para calefacción residencial en el país y que explican mayoritariamente las altas concentraciones de material particulado fino observadas”.
Próximamente debería iniciarse el proceso de actualización del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de la RM.
este proyecto misceláneo no se puede refundir con ellos y hace que todo el trabajo ya realizado en estas materias se pierda”.
Y en relación a los temas nuevos, el ex Fiscal del MMA considera que hay dos aspectos “realmente complejos e incomprensibles”. Uno es la restitución de gastos a los titulares por las RCA anuladas judicialmente, sobre lo cual argumenta que “no hay un fundamento para ese pago por parte del Estado, ya que se trataría de una sentencia de un tribunal de la República que falla en derecho. Cabe recordar que los tribunales ambientales se diseñaron para proteger las inversiones de las actuaciones de los órganos de la administración que protegen el medio ambiente, por lo tanto, para que un tribunal ambiental anule una RCA favorable tiene que ser por un vicio de legalidad de la evaluación. Entonces, no se entiende cuál es el fundamento para que el Estado pague y cubra ese riesgo que es del desarrollador del proyecto. Hay un fundamento que no existe y que hace que esto sea inconstitucional”.
A su juicio, también el mecanismo propuesto –que implica que el titular debe anunciar al juez que si le anulan la RCA va a proceder al cobro– genera una presión indebida a los tribunales “que, a todas luces, es inconstitucional porque implica una intromisión en la autonomía e independencia que deben tener los jueces”
Luego menciona otro vicio de inconstitucionalidad que se da en el proyecto de ley: la creación de un régimen voluntario para reducir a una sola adenda la evaluación de proyectos. “Esta propuesta contempla un mecanismo para que el Ejecutivo, después de un año, evalúe si lo transforma en definitivo. Eso, en la Constitución, está regulado en el artículo 32, número 3, y requiere un decreto con fuerza de ley y el plazo para dictarlos es únicamente de un año. Por lo tanto, esta propuesta, además de ser compleja técnicamente, tiene un vicio de inconstitucionalidad importante en la manera en que está formulada”, explica.
Eduardo Astorga
Profesor de Derecho Ambiental
LCómo ejecutar el programa ambiental del Gobierno
a agenda ambiental del actual gobierno se ha estructurado en torno a objetivos conocidos: modernización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), simplificación de procedimientos, fortalecimiento institucional, desarrollo de infraestructura hídrica y continuidad de la transición energética. Lo relevante, por tanto, es la consistencia de las decisiones con la naturaleza de los problemas del sistema ambiental chileno.
El SEIA no es solo un procedimiento administrativo. Es un dispositivo de articulación entre decisiones de inversión, protección ambiental y gestión de conflictos. Su desempeño no depende únicamente de la duración de sus procesos, sino de la calidad de la información disponible, de la coherencia de los criterios aplicados y de la capacidad del Estado para anticipar impactos sobre el territorio.
En este contexto, es fundamental la incorporación de principios de integración, como los contenidos en la Ley 21.770 sobre permisos sectoriales, que requieren de su ampliación al conjunto del SEIA.
Esto aplicado a los Estudios de Impacto Ambiental debería implicar la definición temprana de términos de referencia y la evaluación de alternativas como herramientas básicas para elevar su calidad técnica, de manera de agilizar y reducir incertidumbres en el proceso.
Las principales debilidades del sistema, sin embargo, son previas al SEIA. Persisten déficits relevantes en información ambiental y en ordenamiento territorial. En gran parte del país, las decisiones se siguen adoptando caso a caso, sin marcos previos que orienten la localización de actividades ni definan con claridad los umbrales de intervención. Esta carencia no solo afecta la protección de ecosistemas, sino que introduce evidentes incertidumbres para la propia inversión.
Por otra parte, la implementación de la Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, agrega un nuevo nivel de exigencia. Su desarrollo requiere no solo un conjunto de reglamentos, sino también una adecuada articulación con el resto de la institucionalidad ambiental que requiere de su coherencia.
En lo sectorial, en materia hídrica la desalinización y el reúso de aguas aparecen como respuestas necesarias frente a una escasez estructural. No obstante, su viabilidad depende de marcos regulatorios claros y urgentes en materias como concesiones y servidumbres.
La transición energética, por su parte, no se agota en la expansión de la generación. La integración de energías renovables, el desarrollo de almacenamiento y la gestión de la transmisión requieren una coordinación sistémica. Los cuellos de botella observados en el sistema eléctrico muestran que el problema no radica solo en la oferta, sino en la interacción entre sus distintos componentes.
En el ámbito climático, la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático y el fortalecimiento de capacidades de adaptación frente a desastres naturales resulta prioritario, incluidos los seguros catastróficos.
La modernización requiere fortalecer las bases técnicas, mejorar la información disponible, ordenar el territorio y asegurar coherencia entre instrumentos. Ese es el único marco posible para compatibilizar crecimiento y protección ambiental.
MIRADA SISTÉMICA
El nuevo escenario regulatorio de evaluación ambiental exige a las empresas una gestión enfocada en la prevención y el cumplimiento futuro.
Patricio Walker Huyghe
Gerente General de ECOS Chile www.ecos-chile.com
Las empresas que operan en Chile lo saben bien: la variable ambiental ya no es un trámite al final del proceso, es una condición que tiene que anticiparse y atraviesa todos los procesos de la organización. El debate sobre la gestión de permisos (llamada ahora “permisología”) lleva años instalado, pero hoy el contexto ha cambiado: quienes gobiernan han dado señales claras, y el país se encamina a reformas estructurales en el SEIA que reducirán plazos, limitarán la impugnabilidad de resoluciones ya otorgadas y se dará mayor autoridad técnica al Servicio de Evaluación Ambiental para filtrar observaciones sectoriales.
Eso es una señal positiva para la inversión. Pero también es una advertencia: en un sistema que se agiliza, los proyectos que llegan mal preparados quedan más expuestos a ser rechazados. La pregunta ya no es si gestionar la tramitación ambiental de forma acelerada, sino cómo hacerlo con inteligencia estratégica, y con un enfoque en la prevención y el cumplimiento futuro. Porque obtener una RCA rápido, pero con condiciones muy gravosas y/o que no podrán ser cumplidas, es un fracaso desde todo punto de vista.
La experiencia acumulada nos permite leer con claridad lo que estos cambios implican. Una
evaluación ambiental más ágil no es sinónimo de un SEIA más indulgente: cuando los plazos se acortan y la impugnabilidad se restringe, la calidad de los antecedentes técnicos se vuelve determinante desde el primer día. Las empresas con líneas de base bien construidas, participación ciudadana bien planificada, medidas idóneas y efectivas, serán las que conviertan esta reforma en una ventaja competitiva. Las que no, seguirán enfrentando adendas y demoras, ahora con menos margen para corregir.
SOCIO ESTRATÉGICO
Con más de 12 años de trayectoria y cerca de 1.000 proyectos en minería, energía, acuicultura, agroindustria e infraestructura, ECOS se posiciona como un socio estratégico para las organizaciones que necesitan trabajar en este nuevo escenario con preparación real. Porque agilizar el sistema no elimina los riesgos: un proyecto puede ser rechazado por antecedentes insuficientes, ver prolongada su aprobación por observaciones evitables, o enfrentar en operación contingencias que deriven en paralizaciones y/o procedimientos sancionatorios por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente. La velocidad del nuevo marco regu-
latorio no perdonará la falta de preparación; la amplificará. Esa condición de socio se expresa en una oferta estructurada en tres ejes, desde etapas tempranas hasta la ejecución de proyectos: asesoría ambiental estratégica (factibilidad, due diligence y evaluación ambiental); gestión del cumplimiento ambiental (auditoría, tramitación de permisos, gerenciamiento de proyectos, seguimiento y reportabilidad); y fiscalización y sanción ambiental (asesoría en procedimientos de fiscalización y sanción, programas de cumplimiento y Ley de Delitos Ambientales). A esto se suma una línea de tecnología propia –ECOSINFO Ambiental, ECOSAPP, ECOS RILes y Portal Recursos Hídricos– que actualiza la normativa aplicable e integra datos en tiempo real para facilitar decisiones y monitorear el desempeño ambiental de forma trazable y estructurada.
El valor diferencial de ECOS no está solo en la amplitud de sus servicios, sino en la capacidad de articularlos como un sistema coherente con los requerimientos de cada cliente. Porque cuando la gestión ambiental se entiende como parte del negocio –y no como una obligación externa– los proyectos avanzan con menor riesgo, mayor certeza y mejores resultados.
EL AGUA EN EL CAMPO
Como ocurre en gran parte del mundo, la agricultura es el principal consumidor de agua en Chile. De hecho, datos del último Censo Nacional Agropecuario y Forestal, correspondiente al año agrícola 2020-2021, indican que este sector representa aproximadamente el 73% del uso consun-
XIMENA RUZ
Directora Ejecutiva de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático.
OLIVIA CÓRDOVA
Integrante del Centro de Gestión y Tecnologías de Eficiencia del Agua del Duoc UC.
tivo del recurso hídrico a nivel nacional. En ese contexto, la gestión eficiente del agua en este rubro resulta cada vez más urgente, considerando que factores como el cambio climático, el crecimiento de la población y de las actividades productivas aumentan la presión sobre la disponibilidad de este bien vital.
INVITADOS
CAMILA AGUIRRE
Head of Water and Climate Development en Kilimo.
ALEJANDRO ANTÚNEZ
Investigador e ingeniero agrónomo del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).
¿Cuál es la situación actual en esta materia?, ¿qué avances se han logrado en los últimos años?, ¿cuáles son los principales desafíos para optimizar el uso de agua en la actividad agrícola y agroindustrial? Seis especialistas analizaron estos y otros temas en el foro que detallamos a continuación.
LEONARDO MÁRQUEZ
Subgerente de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Empresas IANSA.
FEDERICO ERRÁZURIZ
Gerente de Políticas Públicas de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). Ex director de la Comisión Nacional de Riego.
InduAmbiente: Iniciaremos esta conversación con una pregunta general que esperamos nos sirva para construir un panorama de la situación actual: ¿cómo calificarían el nivel de eficiencia hídrica en el sector agrícola y agroindustrial?
Ruz: Difícil pregunta, pero tengo algunos ejemplos que pueden graficar el panorama. En la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático hemos impulsado más de 250 acuerdos de producción limpia (APL) con las empresas y, si uno hace un análisis histórico de su contenido, hoy el agua es el tema prioritario de todos estos acuerdos.
En el año 2020 nos propusimos una meta: lograr que las empresas de Chile redujeran a lo menos un 10% su consumo hídrico durante el periodo de implementación de un acuerdo, que es de dos años más o menos. Y en los últimos cinco años tenemos un 32% de ahorro logrado, lo cual significa que las empresas chilenas están muy preocupadas de este tema que pasó de ser un asunto solo ambiental a ser un factor de competitividad y de resiliencia. Hay que destacar también que casi el 60% de las empresas que participan en los APL son del sector agrícola. Además, tenemos un gremio que ha estado casi 20 años con nosotros y lleva cinco acuerdos de producción limpia: ChileAlimentos que reúne a la industria procesadora de frutas y hortalizas. Ellos partieron con un consumo de, si no me equivoco, de 25 m3 de agua por tonelada producida y hoy día están en menos de 10 m3. O sea, han ido bajando en forma impresionante ese indicador, lo que para nosotros es un caso exitoso. Como ese ejemplo, tenemos otros indicadores favorables en varias industrias.
Errázuriz: Yo voy a retroceder un poco hacia el campo, donde tenemos muy buenos números generales: en Chile se supone que un 59% de la superficie regada está tecnificada, lo que está muy por sobre cualquier otro país en Sudamérica, pero eso no necesariamente implica que se estén usando bien esos equipos. La eficiencia real no la sabemos. El INIA ha hecho algunas mediciones, pero obviamente no tenemos un dato real de todo el país. Entonces, ahí tenemos una brecha.
Vamos bien: entre los dos censos agrícolas, realizados en 2007 y en 2021, la superficie tecnificada subió de cerca de un 20% a un 59%, lo que también se debe a que bajó la superficie regada. Nos falta saber cómo se está regando para ver si estamos siendo realmente eficientes. ¿Estamos regando en base al reque-
rimiento del cultivo?, ¿tenemos un programa diario de riego o se programa por la temporada? Responder esas y otras inquietudes es un desafío.
Márquez: Estoy de acuerdo con las dos intervenciones anteriores. Por el lado agrícola, Iansa tiene un 84% de la superficie de cultivo de remolacha con riego tecnificado, en tomates alrededor del 90% y, efectivamente, es muy importante la forma en que se manejan esos sistemas. Ahí, nuestros técnicos están siempre con el agricultor al lado, viendo temas como el balance de riego que va cambiando durante toda la temporada.
Por el lado industrial, en tanto, yo soy fan de los APL. Y a través de estas herramientas hemos ido viendo cómo el tema del agua ha ido migrando de ser algo que ve el área ambiental de las empresas a ser un tema operacional.
Cada vez vemos más ejemplos de falta de agua, por lo tanto, eso es un asunto crítico para los KPI de producción y los APL han servido para que toda la organización se inmiscuya en estos temas.
Antúnez: Coincido con lo que señalaba Federico (Errázuriz) en relación a la eficiencia: en 20 años hemos superado muy bien nuestro índice de tecnificación, pero está la brecha del buen uso que es indiferente del nivel tecnológico o del potencial empresarial del agricultor. Hay pequeños productores que están regando bien y otros muy mal, y también me he encontrado con empresas connotadas que no están regando con una buena eficiencia. Entonces, el problema es transversal: cómo sacarle mejor provecho a ese sistema de riego.
Encontrar los estímulos para lograr mejores eficiencias es difícil, porque a veces el agua tiene un muy bajo costo cuando viene del canal. Desde la investigación, tratamos de hacerlo mostrando a los agricultores que si riegan mejor, crece el rendimiento y la calidad de sus productos. Hoy en día, el tema energético también presiona para que se riegue mejor, ya que significa menos horas de bombeo y menores costos.
Por otro lado, la mega sequía prolongada puso un pie en el acelerador, de Rancagua al norte, para mejorar la eficiencia en riego, pero todavía hay pequeños y medianos agricultores que son reticentes a avanzar por factores culturales, de capacitación u otros, que necesitamos trabajar. Y desde Rancagua al sur el panorama es un poco más favorable, entonces la gente está menos estimulada y tenemos que encontrar cómo mejorar en ese aspecto.
Córdova: Yo también creo que este tema es algo muy cultural en algunas zonas. Por lo mismo, desde la visión académica es muy importante cómo formamos a los técnicos y profesionales para que se evidencie la necesidad de la eficiencia hídrica. Porque, este no es un tema solo ambiental, sino que afecta económicamente a las empresas en todos sus niveles. Nosotros tenemos varias iniciativas al respecto. El año pasado nuestros docentes fueron a diversas empresas e incluso en algunas grandes detectaron problemas de riego. Efectivamente, existe poca noción de que se le puede sacar el 100% de efectividad a ese riego tecnificado.
Aguirre: Nuestra empresa desarrolla proyectos de eficiencia hídrica para clientes
El impacto de la megasequía y de los factores culturales en la gestión hídrica agrícola fueron temas de conversación en el encuentro.
corporativos, específicamente en el sector agrícola, y algo que sorprende es que aún existen muchos campos que siguen regando por tendido, sobre todo en la Región Metropolitana, en la cuenca del Maipo que está altamente estresada. Eso llama más la atención cuando son empresas que tienen o podrían tener recursos para usar sistemas más eficientes, pero no lo hacen en parte porque están en los primeros sectores de riego y siguen teniendo acceso al agua.
De todos modos, creo que se ha avanzado harto en la materia. La CNR (Comisión Nacional de Riego) impulsó muchos proyectos de eficiencia hídrica, sobre todo en la pequeña y mediana agricultura, pero falta capacitación y acompañamiento continuo para que se utilice bien la tecnología instalada en los sistemas de riego.
En nuestros proyectos nos acercamos al agricultor y le ofrecemos tecnificar su riego de manera subvencionada en un 50% el primer año, después con pagos hasta cubrir el 100% de la inversión, y muchas veces vemos que no saben cómo ocupar y aprovechar esta tecnología más eficiente y prefieren seguir regando como lo hacían antes.
MEDICIONES Y HUELLAS
InduAmbiente: Alejandro (Antúnez), algunos datos del INIA señalan que la eficiencia hídrica promedio a nivel mundial es del 50%, un porcentaje que se ha mantenido por muchos años. Y que la meta es llegar al 60%. ¿Eso corresponde a la situación de Chile también?
Antúnez: De Rancagua al norte la eficiencia hídrica a nivel de la cuenca es del 90%. O sea, el agua desviada para riego tiene usos y reúsos posteriores por sucesivos regantes que hacen que, a nivel de cuenca, seamos bien eficientes. El tema es cómo cada propietario se ordena intrapredialmente, ya que un agricultor puede tener un 90% de eficiencia y otro un 30%.
Entonces yo creo que sí. Ese es un indicador somero porque no hay estudios grandes, concluyentes, y que abarquen una superficie importante, pero yo he medido riego superficial, por surco -que hoy ya no es tema porque estamos todos enfocados en riego por goteo- y la eficiencia no es del 45%, como dice la reglamentación de la CNR que todos ocupamos como estándar para los cálculos, sino que puede ser 25 o 30%. Por ejemplo, los números de campo en riego de maíz, en la
“Hoy el agua es la prioridad de todos los acuerdos de producción limpia. Las empresas chilenas están muy preocupadas de este tema que pasó de ser un asunto solo ambiental a ser un factor de competitividad y de resiliencia”.
Ximena Ruz
Sexta Región, son horrorosos y ahí tenemos que mejorar mucho. Y, por otro lado, en muchos casos la eficiencia en el riego por goteo tampoco alcanza el 90% que podría darse con este sistema.
La normativa que la CNR hizo hace 30 años está muy buena porque estandariza, pero tenemos que ir poniéndole realidad para ver cómo estamos realmente hoy día y cuál sería nuestra meta. Además, el objetivo no es llegar a la misma cifra de Arica a Magallanes, donde también estamos regando, sino que llegar a un número que sea sostenible para cada zona.
InduAmbiente: Federico (Errázuriz), ¿las empresas agrícolas están midiendo su huella hídrica o realizando mediciones de otro tipo para optimizar el uso de agua?
Errázuriz: Yo creo que el sector agrícola en el campo todavía no está tan preocupado
por la huella hídrica. Más bien se está usando tecnología que permite medir de mejor manera el nivel de humedad o si el riego aplicado tuvo el efecto deseado y eso, como decía Alejandro (Antúnez), asociado a índices de productividad, a la calidad del producto o a la reducción de costos energéticos del bombeo. El sector está todavía golpeado por la megasequía y los agricultores, en general, saben que eso se va a repetir. En ese marco, algunos más sofisticados o vinculados a la exportación, sí están pensando en la huella hídrica, en cuánta agua tiene su producto, pero yo diría que la mayoría está más preocupada de la productividad y del ahorro.
InduAmbiente: ¿Y la tecnología de medición ha ido bajando de precio?
Errázuriz: Sí, y cada vez hay más proveedores locales. Hay harta startup en el mundo de la eficiencia hídrica y medición del agua.
Córdova: Sí, en el último tiempo ha habido harto desarrollo tecnológico en esa área, con el uso de sensores e incluso biotecnología.
Antúnez: A Chile llega el top mundial en ese tipo de tecnología.
InduAmbiente: Ximena (Ruz), en algunos APL también se ha planteado la tarea de medir la huella del agua, ¿qué avances se han logrado?
Ruz: Como les comenté, el gran tema de preocupación hoy para las empresas es el agua y todos nuestros acuerdos parten con la necesidad de medir para poder definir metas.
Ahora, adicionalmente generamos un estándar permanente en torno a la gestión del agua que es el Certificado Azul. A diferencia de los APL tradicionales en que avanzamos al mismo tiempo con un grupo de empresas de un sector, en este caso las empresas de distintas áreas pueden avanzar de forma individual. Para eso, están obligadas a medir la huella del agua (nivel 1), a impulsar proyectos para mejorar la gestión hídrica (nivel 2) y a preocuparse de su entorno o de generar valor compartido (nivel 3). Las mediciones que se están haciendo son de alta calidad, por lo que es súper caro.
InduAmbiente: Estos acuerdos son voluntarios, ¿cuánto interés ha habido en parti-
“La CNR impulsó muchos proyectos de eficiencia hídrica, sobre todo en la pequeña y mediana agricultura, pero falta capacitación y acompañamiento continuo para que se utilice bien la tecnología instalada en los sistemas de riego”.
Camila Aguirre
cipar?, ¿cuántas empresas se han sumado a este APL?
Ruz: Yo diría que solo ha habido interés de grandes empresas. Hoy tenemos casi 170 establecimientos que han adherido a este Certificado Azul, que es un compromiso entre el Estado y la empresa. Varias han avanzado en el nivel uno, que es medir, algunas pocas en el nivel dos, y ninguna en el nivel tres, que es la certificación.
Pero esto ha significado dos cosas. Uno, que las empresas están viendo que este es un tema estratégico. Y, por otra parte, nos ha obligado a generar guías y reportes para las empresas; hemos hecho más de 300 capacitaciones a través de programas especiales de Corfo o de Pacto Global, que también nos ha apoyado en este tema. También hemos generado normas para verificadores de huella de agua, porque eso tampoco estaba cubierto.
En definitiva, este estándar ha sido para nosotros un trabajo de cuatro o cinco años en distintas áreas que ha permitido suplir varias deficiencias que teníamos como Estado en esta materia. Esto se va a traspasar a futuro al programa Huella Chile, porque la Ley de Cambio Climático establece que hay que medir o certificar por parte del Ministerio del Medio Ambiente tanto la huella de carbono como la huella del agua. Entonces, todo este aprendizaje va a servir, a lo mejor, para una futura reglamentación.
InduAmbiente: ¿Qué información clave entrega la medición de la huella hídrica para avanzar hacia una mayor eficiencia?
Córdova: Medir es súper relevante para conocer la cantidad de agua que se consume. Hay mucha desinformación sobre este tema en muchos sectores, particularmente en los pequeños agricultores. Y en esto, volvemos
al tema cultural porque depende de qué tan dispuestos estén ellos a hacer esas mediciones y que entiendan su utilidad. Creo que hay que hacer un tremendo trabajo para mostrar que este es un tema crítico y que el cambio de conducta y de paradigma permitirá mejorar sus cultivos.
InduAmbiente: Leonardo (Márquez), ¿qué experiencia particular tiene IANSA en esta materia?
Márquez: Primero, hay que distinguir entre la huella hídrica, que corresponde al volumen de agua utilizada, y la huella del agua que mide el impacto ambiental.
Nosotros partimos con dos plantas en el nivel uno del Certificado Azul, donde la tarea es medir la huella del agua. A pesar de que somos una empresa que tenemos recursos y profesionales para eso, nos encontramos con algunas dificultades porque para medir el impacto hay que tener otros datos. Además, considera el análisis de ciclo de vida, es decir, desde la cuna, para lo cual necesito datos del consumo de agua de los proveedores de los diferentes insumos que ocupa mi producto; hasta la tumba, lo que involucra el transporte y hasta lo que se hace en la disposición final. Entonces, el flujo de información que se debe tener es elevado.
Los resultados que se logran, eso sí, son muy buenos. Se obtiene mucha data precisa para poder tomar decisiones correctas y no partir de la “caja negra” que hay cuando solo se tiene el volumen sin otros datos. La huella del agua, en cambio, entrega más detalles y categorías donde uno puede empezar a trabajar. Es muy útil.
InduAmbiente: ¿Estas mediciones les ha permitido también mejorar la eficiencia hídrica en sus plantas de proceso agroindustrial?
Márquez: Sí, ha habido un avance progresivo. Lo primero ha sido medir para tener datos fiables y detallados por áreas y procesos. Para la huella del agua, por ejemplo, nos tocó hasta ir a sondear bomba por bomba.
También hemos hecho mejoras considerando que la remolacha extrae agua del campo y termina en la industria. De ahí nosotros sacamos azúcar, que es un producto con una humedad muy baja, por lo que recuperamos agua que después aprovechamos en el mismo proceso industrial. Además, en el tratamiento de riles, la recirculación nos ha ayudado a bajar aproximadamente en un 30% a 40% los consumos
“En Chile se supone que un 59% de la superficie regada está tecnificada, muy por sobre cualquier otro país en Sudamérica, pero eso no implica que se estén usando bien esos equipos. La eficiencia real no la sabemos”.
Federico Errázuriz
que teníamos antes. Así hemos ido mejorando la gestión y, en la medida que hemos ido avanzando, cada vez cuesta más lograr reducciones, pero seguimos trabajando en eso.
InduAmbiente: Camila (Aguirre), en los proyectos que ustedes asesoran, ¿qué lugar tiene la huella hídrica?
Aguirre: Para nosotros es el concepto clave. Nosotros trabajamos con diferentes tipos de corporaciones y empresas, que podríamos dividir en tres segmentos.
El primero tiene perfectamente medida su huella hídrica y necesita proyectos de compensación de agua para cumplir sus objetivos. Ahí tenemos, principalmente, empresas tecnológicas e internacionales, que vienen con un mindset un poco más avanzado del concepto de sostenibilidad, y también empresas que cuidan su reputación ante las comunidades.
Después tenemos los segmentos 2 y 3, que son empresas que quieren o están empezando a medir, pero no tienen un objetivo
tan claro y no saben bien qué utilidad pueden tener esas mediciones. En esos casos, a las empresas no les hace mucho sentido el concepto de huella hídrica.
Antúnez: Me gustaría señalar algo relevante sobre la huella hídrica. Quienes trabajamos en riego agrícola, hemos adoptado este factor como un indicador para nuestro rubro y creo que es errado, porque es cierto que el riego aporta un porcentaje importante al resultado final de los cultivos, pero en la agricultura hay varios otros factores que inciden en la producción. No olvidemos que lo que se está computando como huella hídrica es el resultado final de la operación, donde están todas las áreas de la agronomía, desde suelo, fertilidad, fitopatología, entomología, control de plagas, enfermedades y riego. Entonces, no se puede reportar la eficiencia hídrica como huella hídrica.
Además, esto puede ser usado perfectamente como un instrumento contra la industria chilena, como en el caso de las paltas de Petorca, por ejemplo, a pesar de que los paltos no consumen mucha más agua que un nogal. Otros países en Europa ni siquiera reportan la huella hídrica de sus cultivos. Entonces, tengamos cuidado en confundir lo que hace la huella hídrica con la eficiencia de riego, ya que son temas distintos.
REGULACIÓN E INSTITUCIONALIDAD
InduAmbiente: Federico (Errázuriz), para empujar más este tema, ¿se podría pensar en una futura ley de eficiencia hídrica como la que existe en el área energética?
Errázuriz: Hoy día tenemos la Ley de Riego que, de alguna forma, con otros objetivos, hace eso. Esta ley se crea particularmente para aumentar la superficie regada tecnificada del país, sin ninguna una consideración “ambiental” o “económica”. Esa es una base para avanzar y yo creo que tiene que ver con cómo enfocar ese instrumento. En la última modificación se trató de darle un foco más social, buscando beneficiar más a los pequeños agricultores que están más atrasados y no necesariamente la eficiencia como tal.
InduAmbiente: Pero también incorporó elementos de adaptación al cambio climático, por ejemplo, que también se relacionan con la necesidad de usar el agua de manera más eficiente.
Los invitados al foro desayuno, realizado en Novotel Providencia, analizaron las trabas y aportaron ideas para hacer un uso más eficiente del agua en la agricultura.
Errázuriz: Sí, pero yo ahí soy un poco escéptico. Se incorporaron un montón de conceptos que son ajenos a la Ley de Riego, como, por ejemplo, las soluciones basadas en la naturaleza. Yo no sé bien cuáles de éstas les interesan a los agricultores para cofinanciar un proyecto de riego. Puede ser ignorancia mía, pero no lo veo.
Pese a eso, creo que es un muy buen instrumento y que se puede ir direccionando hacia objetivos más concretos, como es mejorar el riego en los pequeños agricultores principalmente, pero también en los grandes porque son los que mueven la aguja de la eficiencia en la cuenca.
InduAmbiente: Originalmente, la Ley de Riego tenía entre sus objetivos fomentar y priorizar proyectos que fueran más eficientes en el uso del agua. Alejandro (Antúnez), ¿en la práctica, eso se ha logrado?
Antúnez: Sí, había un impulso para mejorar la eficiencia, pero eso no se logra con el solo hecho de cambiar el sistema de riego y la tecnología. Evidentemente, pasar de un riego por tendido a otro por goteo ha per-
mitido ir de un 30% de eficiencia inicial a un 50% o 60%, pero no necesariamente llegar al 90% que se podría alcanzar con ese nuevo sistema. Entonces, la “magia” no está en la tecnología, sino en la forma en que se usa.
InduAmbiente: Ximena (Ruz), ¿faltan regulaciones para avanzar en esta materia?
Ruz: Yo voy a ir un poco más arriba en la regulación. Creo que la Ley Marco de Cambio Climático modificó la forma en que se trata el tema del agua en Chile, porque entregó cierta gobernabilidad a la cadena de planes sectoriales y de adaptación en torno a esta materia, así como en los planes regionales y comunales, donde el agua es un tema central. No sé si se va a abordar bien o mal, pero eso no existía en nuestro país.
Además, la Ley Marco estableció entre sus instrumentos la Estrategia Climática a Largo Plazo en que se reconoce la cuenca como algo que antes tampoco era legalmente trabajado. Entonces, creo que hay un cambio importante en nuestra institucionalidad y lo que nos debe ocupar es cómo nos organizamos para lograr que todo eso, que hoy día
está siendo abordado por distintos actores, pueda tener frutos.
InduAmbiente: Una de las trabas habituales que se mencionan para mejorar la gestión del agua en Chile es la dispersión institucional en este ámbito, ¿eso afecta?
Ruz: Sí, por supuesto. Frente a eso, el gran tema es la coordinación, cómo nos ponemos de acuerdo para avanzar. La tecnología está, existen instituciones con distintos instrumentos, pero ¿cómo hacemos para trabajar todos juntos y avanzar a través de esos planes? Yo creo que pasa porque haya gobernadores comprometidos con su territorio, con que los instrumentos se coordinen, con definir bien los objetivos y con la implementación de las acciones. Ese trabajo se debe hacer y tener un plan por territorio que sea su Carta Gantt y con sus prioridades a trabajar.
InduAmbiente: Federico (Errázuriz), ¿qué visión tiene sobre la institucionalidad?
Errázuriz: Yo no soy tan crítico de la institucionalidad. Para mí el problema no es tanto
la dispersión, porque a fin de cuentas los que toman las decisiones del agua en Chile son, principalmente, la DGA (Dirección General de Aguas), la CNR (Comisión Nacional de Riego) y la SISS (Superintendencia de Servicios Sanitarios). Ahí se juega el partido y ese partido está mal jugado porque sus objetivos y tareas son distintas. Por ejemplo, la SISS busca que las sanitarias sean eficientes siguiendo los parámetros de una empresa modelo, pero ese modelo no asume que hay sequía y que, por ejemplo, Aguas Andinas en Santiago a veces no dispone de agua y se la piden a los agricultores que, en general, se la terminan dando, porque es imposible no hacerlo. Por su parte, la CNR apunta en otra dirección: está preocupada de aumentar la superficie de riego. Y la DGA está metida en un mar de trámites y exigencias nuevas que le pone a los usuarios.
Frente a eso, falta una visión de conjunto, con participación de las distintas instituciones, sectores y de los expertos, para definir la cuenca que queremos para 30 años más y ver cómo alineamos los instrumentos existentes para transitar hacia allá. En la crisis de Petorca, se decía “no es sequía, es saqueo”, pero es evidente que hay sequía. Es cierto que hay ladrones de agua y eso hay que perseguirlo y fiscalizarlo, pero el problema principal es que se nos está acabando el agua.
Antúnez: Complementando lo que dice Federico (Errázuriz), a mí me impresiona que con toda la tecnología que tenemos hoy, como los sistemas satelitales, imágenes aéreas, etc., no recurramos a eso para encontrar usuarios ilegales y sancionarlos de forma mucho más expedita. Hay avances como el monitoreo de las extracciones por parte de la DGA y otras iniciativas, pero ahí tenemos que mejorar para destrabar ese tema.
Ruz: ¿Pero quién se hace cargo, aparte de la DGA, de los planes de cuenca? Porque los recursos para eso no van a estar allí, sino que a lo mejor en los gobiernos regionales a través de algunos proyectos. En el caso de la Región Metropolitana, por ejemplo, existe una estrategia para el agua, para lo cual hay ciertos fondos, pero no sé si todos los que participan están hablando lo mismo. Entonces, hay una gobernanza que no está clara. Está la DGA, la CNR, pero ¿cuál es el rol del gobierno regional, que tiene otros actores y otras definiciones? Falta conversar en conjunto y contar con una institucionalidad que priorice este tema a nivel de cuenca y eso no ha resultado.
“Encontrar estímulos para mejorar la eficiencia es difícil, porque a veces el agua tiene un muy bajo costo. Desde la investigación, tratamos de mostrar a los agricultores que si riegan mejor, crece el rendimiento y calidad de sus productos”.
Alejandro Antúnez
Errázuriz: Se supone que los planes estratégicos de recursos hídricos por cuenca debieran ir para allá, pero también ha pasado que hay algunos súper dispares. El 80% de los planes son de infraestructura y, en mi opinión, eso está bien porque es lo que más necesitamos, pero hay otros planes que casi no abordan ese tema. Y en un plan de infraestructura, el gobernador debería tener un rol bien claro.
InduAmbiente: ¿Falta actualizar la Política Nacional de Recursos Hídricos? La última se publicó en 2015…
Errázuriz: Todos los gobiernos arman su estrategia, su plan, pero luego cambia el gobierno y cambia todo.
Ruz: Pero ahora hay un Plan de Adaptación de Recursos Hídricos, que según mandata la Ley Marco de Cambio Climático se tiene que ejecutar.
InduAmbiente: En algún momento se planteó crear una Subsecretaría de Recursos Hídricos, ¿serviría de algo?
Ruz: Yo creo que sí. Este tema hay que ordenarlo.
Errázuriz: A mi juicio es un buen primer paso, porque lo que haría la Subsecretaría es ordenar a tres actores principales: la DGA, la DOH (Dirección de Obras Hidráulicas) y la SISS, que ya están bajo la Subsecretaría de Obras Públicas. En ese contexto, sería mejor tener una persona dedicada al tema del agua, y no dedicada a eso más los caminos, los puertos, etc.
Sin embargo, no creo que sea la solución definitiva. En la SNA nos gustaba más la idea de algo independiente y más amplio que una subsecretaría, como una agencia.
InduAmbiente: Camila (Aguirre), ¿qué tanto afectan las posibles carencias institucionales y regulatorias en el desarrollo de sus actividades?
Aguirre: No creo que haya una carencia institucional, pero sí falta más articulación o un solo plan para la gestión del agua, lo cual es difícil de lograr. Yo también estuve en el sector público y cuando entra un gobierno nuevo, hace todo de nuevo. Sí, creo que hay instrumentos que ayudan, como la Ley Marco de Cambio Climático y los acuerdos que impulsa la Agencia, y van articulando a las empresas para que trabajen bajo un mismo objetivo.
Ahora, la situación institucional y regulatoria no nos afecta tanto porque el trabajo que hacemos es más bien porque las empresas lo quieren hacer, no por una obligación. Si hubiera un marco regulatorio establecido de eficiencia hídrica sería mucho más fácil el camino, pero el panorama actual no mueve tanto la aguja.
CAMBIO CLIMÁTICO E INVESTIGACIÓN
Márquez: A mí me gustaría abordar este tema con una perspectiva más global que tiene relación con la Estrategia de Cambio Climático y con la gestión del agua, porque por un lado de repente este recurso es un aliado, pero también se transforma en enemigo. Muchas veces tenemos agua y cultivos de remolacha bien bonitos, pero también en Ñuble hay meses críticos con escasez hídrica. Asimismo, hemos
“Cada vez vemos más ejemplos de falta de agua, por lo tanto, eso es un asunto crítico para los KPI de producción y los APL han servido para que toda la organización se inmiscuya en estos temas”.
Leonardo Márquez
tenido unos campos hermosos y, de repente, viene una lluvia intensa en abril o mayo y las cosechadoras no pueden entrar a sacar la remolacha. Incluso un año tuvimos que detener la fábrica porque toda la remolacha estaba bajo el agua.
Frente a eso, hemos tenido que ir haciendo muchas cosas en base a lo que creemos, preocupándonos de la eficiencia hídrica y también de protegernos ante los eventos climáticos. Hay instituciones y algunas reglas claras, pero vemos que todo eso va un poco lento y, a veces, nos sentimos solos en este camino.
InduAmbiente: Alejandro (Antúnez), considerando la menor disponibilidad de agua asociada al cambio climático, ¿se ha ido avanzando en el desarrollo de cultivos más eficientes desde el punto de vista hídrico?
Antúnez: Sí, claro. Se está haciendo mucho en el mundo y en particular en Chile sobre este tema. Hoy se trabaja en mejoramiento genético para contar con variedades que tengan un genotipo que sea una especie de sensor de cómo viene el año y puedan adaptarse al cambio climático. Por ejemplo, semillas de trigo que, si llueve harto, desarrollen más macollos y más espigas y, si viene poquita agua, produzcan lo justo para salvar el rendimiento.
InduAmbiente: ¿Y los agricultores están yendo a tener cultivos que demanden menos agua?
Antúnez: Sí. Y también hay cosas relevantes que estamos alumbrando. Por ejemplo, nadie en Chile había estudiado cuánto necesitábamos regar en los cultivos de papa y hoy se está terminando un
trabajo en la región de La Araucanía, donde usamos coeficientes de cultivo hechos en otros países. También estamos haciendo un trabajo similar para avellanos europeos, y queremos desarrollar información nacional para otros casos.
Se hace un trabajo intenso en buscar variedades con mejor productividad. Y volviendo al tema de la huella hídrica, más que medirla en metros cúbicos por kilo, prefiero hablar de kilos por metro cúbico, es decir, cuántos kilos se producen por cada metro cúbico de agua para evaluar qué cultivo o variedad es preferible.
Estamos en esa línea, pero también buscando cómo adaptarnos al cambio climático.
InduAmbiente: ¿Y esta información que genera la investigación cómo está llegando a las empresas y a los agricultores pequeños?
Córdova: Hay muchas empresas que recurren a lo que, en las organizaciones educacionales, llamamos desafíos de innovación abierta para buscar soluciones a ciertas problemáticas que plantean. Esto se está dando en distintas líneas, incluyendo el apoyo a la eficiencia hídrica. Y como son abiertas pueden postular diversas instituciones que plantean algunos desarrollos tecnológicos. Y la empresa va viendo qué es lo que se acomoda más a sus necesidades.
Antúnez: Siempre hay una crítica sobre cómo se aplica lo que se investiga, pero en Chile tenemos casos de trabajo conjunto bien exitosos. Por ejemplo, tenemos un productor de quillay que trabaja con nosotros hace como 15 años y hoy tiene líneas de producción que crecen en mucho menos tiempo que antes y a partir de la saponina ha generado un muy buen negocio del que nadie se entera. Por otro lado, hay algunas sombras, como los productores de maíz de la Sexta Región, donde estamos al debe: riegan muy mal, con apenas un 30% de eficiencia, y el Estado tiene que subvencionarlos, generando pérdidas y contaminación ambiental en la cuenca. En esos casos hay que buscar otras alternativas de mejora.
Errázuriz: Pero para ver el lado amable, basta que los resultados que logra el INIA lleguen a algunos asesores y ahí se genera todo un proceso de ramificación a través de los GTT (grupos de transferencia tecnológica) o de los gremios.
“Este tema es algo muy cultural en algunas zonas. Por lo mismo, es muy importante cómo formamos a los técnicos y profesionales para que se evidencie la necesidad de la eficiencia hídrica”.
Olivia Córdova
InduAmbiente: ¿La información que se obtiene en las investigaciones llega también a los APL?
Ruz: Claro. El APL parte con un diagnóstico del sector y de su motivación para hacer un acuerdo, que puede ser la necesidad de adaptación al cambio climático, la mejora de la gestión hídrica, etc. Y muchas veces, el gremio entrega ese tipo de información para apoyar a las empresas en estos cambios que están ocurriendo.
InduAmbiente: En la experiencia particular de Iansa, ¿qué relevancia tiene la investigación y la innovación en sus procesos?
Márquez: Tenemos un área de investigación y desarrollo que siempre trabaja muy de la mano con el INIA y también con los temas de innovación. Se ha avanzado bastante también en la relación con la academia. Nosotros somos expertos en lo que ocurre dentro de nuestras instalaciones, pero al centrarnos mucho en esto,
a veces no vemos algunas soluciones implementadas afuera. Ahí la academia nos retroalimenta para empezar a sondear algunas alternativas.
InduAmbiente: ¿El tipo de remolacha que ustedes producen ha ido variando en el tiempo?
Márquez: Claro. Se buscan siempre adaptaciones, variedades que sean más tolerantes a tal enfermedad o situación. Eso ha ido avanzando y es un trabajo constante; tenemos un área de investigación y desarrollo bastante dinámica en ese sentido.
AGRICULTURA REGENERATIVA
InduAmbiente: La gestión del suelo también es importante para evitar pérdidas de agua, ¿ustedes hacen algún trabajo en ese sentido?
Márquez: Sí. Hace un tiempo ya se viene hablando de la agricultura regenerativa que apunta a la conservación del suelo, considerando que es un reservorio de vida y hay que devolverle la fertilidad que uno toma. Se está trabajando bastante en este tema. Para nosotros el ideal es hacer la menor intervención posible al campo, con menos pasadas de maquinaria, lo que trae un doble beneficio: es bueno para conservar el suelo y también para reducir nuestra huella de carbono.
Córdova: En este tema, además, últimamente se ha abierto toda una línea de trabajo en biotecnología…
Antúnez: Así es, de microorganismos que son benéficos para cuidar el suelo y otros objetivos. Nosotros tenemos un banco y una fábrica donde estamos produciendo y seleccionando esas cepas.
Córdova: ¿INIA trabaja con otras organizaciones académicas?
Antúnez: Sí, tenemos convenios con ellas y también con startups, desde donde sale algún microorganismo de interés y después se produce industrialmente.
Aguirre: Me gustaría complementar algo respecto de las variedades adaptadas al cambio climático. Finalmente, todo tiende al agua: si uno tiene un mejor suelo o una mejor variedad, va a utilizar de mejor manera el agua. Además, hay temas súper impor-
tantes como la biodiversidad que también se ven afectados por el cambio climático y escasez hídrica. De hecho, nosotros tenemos una herramienta en que estamos midiendo la eficiencia hídrica en proyectos de agricultura regenerativa y los resultados son impactantes. Hemos visto cómo al cambiar un par de cosas en la labranza del suelo se pueden lograr mejoras fundamentales en el uso del agua: de necesitar cinco horas de riego al día, podemos pasar a requerir solo seis horas a la semana, gracias a los cambios en la permeabilidad del suelo.
Esos son conceptos que no debemos olvidar porque no solo se trata de tecnología, sino que hay que ver todo lo que ocurre en el campo, esa es la clave de estos proyectos integrales.
InduAmbiente: ¿Hay instancias establecidas en que estas buenas prácticas se compartan entre los agricultores?
Errázuriz: Sí, la primera son los grupos de transferencia tecnológica (GTT). El INIA lleva muchos de ellos y hay otros que están asociados a la SNA a través de la Fundación GTT. Son grupos de agricultores de similar nivel tecnológico y la mayoría de las veces dedicados al mismo cultivo, que comparten sus problemas y tienen un asesor que los guía. Cada reunión se hace en el campo de alguno de esos agricultores que comparte sus indicadores, cuenta lo bueno y lo malo que le ocurre, y se comparten experiencias de solución. Es una metodología que viene de Francia, se instaló en Chile hace muchos años, es bien silenciosa, pero funciona bastante bien.
InduAmbiente: ¿Y ahí participan también agricultores pequeños?
Errázuriz: En general, no.
Antúnez: Nosotros trabajamos ahí con gente apoyada por INDAP (Instituto de Desarrollo Agropecuario, del Ministerio de Agricultura).
Errázuriz: Sí. Los que ya están comercializando, generalmente con inicio de actividades, puede que participen en los GTT, pero en general esos grupos apuntan a los agricultores medianos.
Lo otro es la labor que hacemos los gremios, partiendo por los comités más específicos, a través de los cuales se comparte información que va lentamente permeando.
TECNOLOGÍAS Y CAPACITACIÓN
InduAmbiente: Ximena (Ruz), ¿el uso de la inteligencia artificial está muy en boga, ¿cómo puede impactar específicamente en esta área?
Ruz: Creo que puede impactar en las áreas donde se necesita manejar mucha información, muchos datos. De todas maneras es un gran desafío. En el tema de riego, podría ayudar a ver y gestionar cómo se distribuyen las aguas. Por lo tanto, las instituciones públicas como la DGA tienen que armarse con estas herramientas para que, por ejemplo, les permita una mejor fiscalización. Y también las empresas que necesitan monitorear su riego tecnificado y definir cuál es la cantidad óptima de agua para cada una de las plantas. Es un gran tema y creo que Chile también muestra avances en esto.
InduAmbiente: ¿Qué se está haciendo para que los agricultores mejoren la operación de los sistemas de riego tecnificado ya instalados?
Antúnez: Hay desarrollos que están a nivel comercial, que incorporan imágenes aéreas, control de riego predial y toma de decisiones. Ahora viene todo el machine learning, los modelos, etc. En Chile, se desarrollan proyectos bien innovadores y tenemos hartos especialistas. El asunto es cómo ese conocimiento llega hacia el productor y cómo se utiliza. Es un proceso lento y el pequeño agricultor no siempre lo valora porque no ve el beneficio de cambiar su sistema de riego, por ejemplo. A veces incluso vemos pequeños agricultores que cambian de surco a riego por goteo y luego abandonan su uso. En esos casos, ¿para qué vamos a aplicar plataformas satelitales u otras tecnologías más sofisticadas en proyectos que se pagan con subsidios de varios millones de pesos, que después vamos a ver y no existen? Ahí, hay mucho que hacer.
Por otro lado, también tenemos proyectos con empresas y tecnologías muy avanzadas que hemos logrado bajar a pequeños agricultores a través de asesores que los ayudan en eso.
Errázuriz: Yo creo que ahí tenemos dos factores culturales muy importantes. El primero es que los agricultores en general tienen un promedio de edad bien avanzado y es difícil que se entusiasmen con una tecnolo-
gía muy novedosa. Eso ocurre sobre todo en los pequeños agricultores que se empeñaron toda su vida para que sus hijos tuvieran un mejor futuro, por lo que faltan jóvenes en el campo. Nosotros creemos que la tecnología de riego es un aliciente para que vuelvan, pero en muchas mejores condiciones.
Y el segundo factor cultural es que el agua no se ve como un insumo y no se incluye entre los costos, como puede ser un fertilizante. Eso es absurdo, porque es, por lejos, el insumo más importante, pero no se maneja de esa manera y esa es una visión cultural súper compleja de modificar.
Córdova: Me gustaría comentar algo al respecto. Nosotros en las carreras de Técnico Agrícola e Ingeniero Agrícola en 2025 actualizamos la malla porque es muy necesario que los estudiantes conozcan y manejen este tipo de tecnologías. De hecho, ellos trabajan con algunos softwares donde tienen cargados megadatos, en base a los cuales pueden tomar decisiones; también se enseña el uso de drones y el pensamiento crítico en torno a las imágenes que se obtienen, etc. Esa es una necesidad porque cuando vamos a colaborar con una empresa, muchas veces ocurre que ellos tienen tecnología, pero no saben cómo usarla. Entonces, nosotros tratamos de aportar, eventualmente capacitando a alguien para que puedan aprovechar esos recursos.
InduAmbiente: Camila (Aguirre), cuando ustedes desarrollan proyectos que involucran tecnología, ¿hacen un acompañamiento para el buen uso?
Aguirre: Sí, ese es el corazón de nuestros proyectos: acompañamiento continuo y capacitación en terreno a los agricultores. En Kilimo creamos un software que ayuda a regar mejor, pero cuesta mucho que los usuarios suban los datos para que eso funcione. Entonces, tenemos un equipo de agrónomos que va al campo y anotan los datos. Eso ocurre en campos medianos; los pequeños son otra historia.
En ese contexto, hablar de inteligencia artificial lo veo lejano en el segmento de la pequeña y mediana agricultura. Creo que es en ese sector donde debemos poner más esfuerzos si queremos mejorar la eficiencia hídrica y la sostenibilidad a nivel país. Con capacitación continua, con acompañamiento del Estado y de los privados, ya que ninguno de los dos se la puede por sí solo, y también el apoyo de las universidades.
¡OIGA CON ATENCIÓN!
Revisamos los principales cambios de la nueva norma de ruido para fuentes fijas y sus posibles efectos para las empresas.
Controlar mejor la contaminación acústica generada por actividades productivas, comerciales y recreacionales, entre otras, para proteger la salud de las personas, otorgando al mismo tiempo mayor certeza para el desarrollo de los proyectos.
Ese es el principal objetivo que se espera cumplir con la nueva norma de emisión de ruido para fuentes fijas, oficializada el 27 de febrero pasado
a través del Decreto Supremo (DS) N° 14/2024 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Esta regulación se elaboró a partir de la revisión del DS 38 de 2011 y, aunque entrará en vigor recién a partir del próximo año (ver dato), trae novedades relevantes que conviene conocer. En especial por parte de los sujetos regulados que deberán hacer diversas adecuaciones para cumplir con las nuevas exigencias.
Foto: Gerard Ingeniería Acústica
PRINCIPALES MODIFICACIONES
Tal como se mencionó, la actualización de esta norma “busca fortalecer su implementación, entregando mayor certeza técnica y jurídica”, apunta Víctor Hugo Lobos, jefe de la sección de ruido del Departamento de Ruido, Lumínica y Olores del MMA.
Enseguida detalla que para eso, “se precisan las fuentes reguladas y las combinaciones de usos de suelo para la determinación de zonas urbanas que definen el límite en receptores urbanos, se incorpora un nuevo esquema de límites en zonas rurales y se actualizan los métodos de medición de las emisiones de ruido. Asimismo, se integra un enfoque preventivo que promueve buenas prácticas en las fuentes más denunciadas y se refuerza la fiscalización, habilitando la participación de los municipios en el control de fuentes de menor magnitud”
El especialista agrega que esta modificación normativa reconoce la diversidad de fuentes fijas reguladas, incorporando metodologías específicas para ciertos casos, como los parques eólicos, lo que permite una evaluación más precisa de sus emisiones.
En efecto, las principales modificaciones de la nueva norma son las siguientes:
• Se identifican expresamente las fuentes fijas reguladas que corresponden “a toda actividad, proceso, operación, movimientos o ejecución de faenas que se desarrollen en un predio, recinto o establecimiento espacialmente determinado y que generen emisiones de ruido hacia la comunidad”, dice el documento. Y luego las detalla: actividades productivas, comerciales, de esparcimiento y de servicios; faenas constructivas; y elementos de infraestructura de transporte, sanitaria, energética y/o de telecomunicaciones.
La actualización de la norma fortalece la protección de la salud de las personas y da más certeza a los regulados, destaca Víctor Hugo Lobos.
A eso se suma “toda maquinaria, equipo o aparato, tales como grupos electrógenos, motores, calderas, compresores, equipos de climatización, de ventilación, de extracción, y similares, o compuesto por una combinación de ellos”, aun cuando funcionen en viviendas o edificaciones habitacionales, sean o no condominios. También se consideran como parte de una fuente fija los vehículos usados para ejecutar actividades en el emplazamiento de dicho sujeto regulado. En contraparte, se excluyen los sistemas de alarma y emergencia, las voladuras y/o tronaduras.
• Se explicitan las combinaciones de usos de suelo en las áreas urbanas que determinan las Zonas I a IV, de acuerdo con los instrumentos de planificación territorial. Con esto se pretende evitar interpretaciones ambiguas en su aplicación.
• Se incorpora un esquema de límites de emisión para zonas rurales, estructurado en función de rangos de ruido de fondo.
• Se establece un nuevo método para determinar el nivel de emisión, con miras a lograr una mayor representatividad, incorporando aspectos como la corrección por ruido impulsivo (“aquel caracterizado por la presencia de ascensos súbitos del nivel de presión sonora de duración muy breve comparada con el tiempo que transcurre entre ellos”, señala la norma) para el periodo nocturno.
• Se incluye un método específico para determinar el nivel de emisión de ruido en los parques eólicos, incorporando el descriptor L90 (definido en la regulación como “el valor de nivel de presión sonora, expresado en dBA y obtenido en respuesta rápida, por sobre el cual se encuentran el 90% de los datos observados”), mediciones continuas y una metodología que correlaciona los niveles de ruido con la velocidad del viento.
• Plantea un enfoque preventivo de buenas prácticas para las faenas de construcción y los locales nocturnos.
• Reconoce mecanismos de colaboración entre la Superintendencia del Medio Ambiente y los municipios para fortalecer la fiscalización.
A modo de conclusión, Víctor Hugo Lobos asegura: “En conjunto, la norma fortalece la protección de la salud de las personas y entrega mayor certeza a los regulados, favoreciendo un mejor control del ruido. Además, considera una entrada en vigencia gradual, lo que facilita una adecuada adaptación técnica e institucional”
ADECUACIONES Y BENEFICIOS
¿Qué adecuaciones técnicas deberán hacer los sujetos regulados para cumplir con las nuevas exigencias planteadas por esta norma?
El jefe de la sección de ruido del Departamento de Ruido, Lumínica y Olores del MMA, responde: “Las empresas deberán fortalecer sus procesos de medición, seguimiento y gestión del ruido. Esto implica realizar mediciones más representativas, con mayores tiempos de registro, ajustar sus evaluaciones de ruido y, en algunos casos, implementar medidas de mitigación y control, especialmente en fuentes fijas ubicadas en zonas rurales”
Añade que, de acuerdo con el Análisis General de Impacto Económico y Social de la norma, los costos asociados a su implementación se estiman en unos USD 612.272 anuales. “De este total, cerca del 89% corresponde a mayores tiempos de medición en el marco de seguimientos asociados a Resoluciones de Calificación Ambiental, un 7% a actividades de fiscalización y sólo un 4% a inversiones en medidas de mitigación. En este contexto, los costos se concentran principalmente en la gestión y verificación del cumplimiento, más que en inversiones directas en infraestructura”, sostiene.
En contraparte, el representante del Ministerio del Medio Ambiente subraya que la implementación de la norma generará efectos socioambientales positivos relevantes, partiendo por la reducción de la exposición al ruido, lo que contribuye a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas, y también trae beneficios económicos. “Adicionalmente, el fortalecimiento de la certeza técnica y jurídica permitirá una gestión más eficaz y equitativa del ruido a nivel territorial”, plantea.
EFECTOS PARA LAS EMPRESAS
Ahondando en los efectos que las modificaciones técnicas que trae el DS 14/2024 podrían tener en las empresas, el ingeniero acústico Christian Gerard expone: “La primera adecuación importante tiene que ver con el cambio de ponderación temporal para el nivel de presión sonora máximo
(NPSmáx), el cual se utiliza para obtener el Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC): al cambiar de Slow a Fast, podría modificarse al alza el NPC, con lo cual una actividad que cumple en la actualidad podría dejar de cumplir”
Agrega que la corrección por ruido impulsivo, “podría impactar aumentando el NPC en muchos casos para el ruido industrial donde se produzca este tipo de ruido, sin embargo, esto aplicará solamente al periodo nocturno (entre 21:00 y 7:00)”
El gerente general de la empresa Gerard Ingeniería Acústica advierte también sobre las posibles consecuencias de otras dos modificaciones: “Los tiempos de medición aumentan: actualmente se evalúa con una medición de 3 minutos y pasará a utilizarse un lapso temporal de 15 minutos, lo cual podría encarecer el costo de la evaluación. Además, la homologación de las zonas sufrió modificaciones y se incorporó al cuerpo de la norma, lo cual podría influir en los máximos permitidos a los que estarán afectos los eventuales receptores de ruido de una determinada empresa”
Como aspecto positivo, el especialista destaca que el nuevo esquema de límites de emisión para zonas rurales “impactará a todas las empresas cuyos eventuales receptores de ruido se ubiquen fuera del límite urbano. Actualmente, si se mide un ruido de fondo de 20 dB(A) el límite es 30 dB(A); con la modificación no existirá límite inferior a 40 dB(A), tanto para periodo diurno como para el periodo nocturno”, apunta.
Con respecto al método incorporado para determinar el nivel de emisión de ruido en los parques eólicos, Christian Gerard indica que “es probable que con el límite inferior del máximo permitido a 40 dB(A), la in-
Christian Gerard analiza los efectos que las modificaciones técnicas planteadas podrían tener para las empresas.
troducción del nuevo sistema de medición y nuevo descriptor L90, mejore las posibilidades de cumplimiento, pero es importante esperar al protocolo de medición para poder contar con mayor certeza, el cual debería estar publicado el 27 de agosto de 2026”.
Y en cuanto a la inclusión de las municipalidades en la tarea fiscalizadora, comenta que “esto solamente afectará a actividades de esparcimiento, servicio y comerciales”
A juicio de Christian Gerard, en este nuevo escenario normativo, lo más difícil será “pasar del incumplimiento al cumplimiento para las empresas que, debido a la modificación del descriptor NPC, queden superando los niveles máximos permitidos”
Al mismo tiempo advierte: “Se estima que la inversión de recursos para la contratación de una evaluación acústica podría incrementarse por el aumento en los tiempos de medición. Pero los incrementos más importantes, aunque difíciles de dimensionar, serán debido al cambio en la obtención del NPC, por la introducción del NPSmáx en ponderación rápida y la corrección por ruido impulsivo, lo cual podría hacer que un número importante de empresas pasen del cumplimiento al incumplimiento y tengan que implementar medidas de control de ruido, con el gasto que esto conlleva”
Foto: Gerard Ingeniería Acústica
Flavia Liberona
Directora Ejecutiva Fundación Terram
¿Hacia dónde va la institucionalidad ambiental?
El reciente anuncio del presidente Kast en relación a las modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) con el propósito de reducir los tiempos de tramitación de los proyectos que ingresan a calificación ambiental, no se hace cargo de algunos problemas que presenta el sistema.
En general, los tiempos de demora en el SEIA, ya sea de las declaraciones o de los estudios, se deben a los días en que el titular de un proyecto suspende el plazo de tramitación con el propósito de contestar las observaciones de los servicios públicos y/o ciudadanía, y no a la tramitación efectiva por parte de esta institución. En el caso de los estudios de impacto ambiental (EIA) la suspensión de las tramitaciones efectuadas por los titulares de proyectos entre los años 2022-2026 fue en promedio de 764 días, mientras que para las declaraciones de impacto ambiental (DIA) fue de 246 días en ese mismo periodo.
Al respecto, cabe señalar que para entender los problemas que presenta el SEIA, es importante conocer cómo funciona y desde ahí proponer cómo se puede mejorar el sistema. En ese sentido, sería deseable que los funcionarios públicos contaran con tiempo suficiente para realizar una acuciosa revisión de los proyectos cuando ingresan a evaluación ambiental y así determinar preventivamente si les falta información relevante y esencial para ser calificados ambientalmente.
En el proyecto de ley sobre Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico, presentado por el Gobierno, se propone que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) tenga la autoridad para filtrar observaciones que provienen de organismos sectoriales, abriendo la interrogante respecto a lo que sucederá con las que realice la ciudadanía que participa en el proceso. Esto, a todas luces, parece no ser una solución para abordar la problemática que dice relación con los tiempos de tramitación de proyectos en evaluación. Lo anterior debido a que el SEA tiene entre sus funciones principales administrar el SEIA, así como coordinar a los organismos del Estado involucrados en el mismo, ejerciendo la rectoría técnica exclusiva y excluyente en la evaluación de impacto ambiental. Además, a dicho Servicio le corresponde promover y facilitar la participación ciudadana en la evaluación de proyectos. En este sentido, la propuesta desnaturaliza la función del SEA como ente coordinador de la evaluación ambiental de proyectos y resta competencias a los servicios públicos sectoriales, pudiendo generar un debilitamiento significativo de los procesos de evaluación ambiental, lo que va en sentido opuesto al espíritu de la ley.
Por último, cabe señalar que actualmente está en tramitación en el parlamento, un proyecto de ley que justamente modifica el SEIA (Bol N° 16.552-12), iniciativa legal que acaba de pasar a segundo trámite constitucional. Por ende, sería más sensato, eficiente y eficaz reunir todas las reformas que involucran al SEA en un solo proyecto.
EL PODER DE LA BIOMASA
Fundamental en la oferta de energía primaria en Chile, la biomasa sigue teniendo un uso creciente a nivel industrial y domiciliario.
Si de protagonismo se trata, la biomasa tiene poco que envidiarle al petróleo en Chile. De hecho, de acuerdo al Balance Nacional de Energía 2024, esta alternativa orgánica representa aproximadamente un 27% de la matriz de oferta de energía primaria -la participación que tienen los energéticos capturados directamente de recursos naturales en el consumo total-, situándose levemente por debajo de los derivados del petróleo.
Respecto a su uso, el 48% de la biomasa se destina a la generación de electricidad, mientras que el resto se distribuye entre los distintos sectores de consumo final, como industria, minería, comercial, público y residencial.
Daniela Espinoza, gerenta de la Asociación Chilena de Biomasa (AChbiom), aporta otros datos: “La biomasa -incluyendo la sólida, el licor negro y el biogás- representa aproximadamente un 15% del consumo en el sector de industria y minería. En términos de evolución, este porcentaje se ha mantenido relativamente estable en los últimos años. No obstante, se observa un interés creciente por parte de distintas industrias en incorporar biomasa como alternativa a los combustibles fósiles, considerando que es una fuente renovable y de alta disponibilidad”
Indica, asimismo, que a nivel domiciliario esta fuente es el principal combustible destinado a la calefacción del centro sur del país, con un consumo al alza de pellet de biomasa.
Aunque en la Corporación Chilena de la Madera (Corma) no tienen una cuantificación precisa, Antonio Minte, su gerente general, afirma que
se observa un crecimiento en el uso de biomasa en la industria, lo que “se explica principalmente por el recambio de calderas que anteriormente operaban con carbón o diésel. Actualmente, la biomasa industrial tiene un posicionamiento importante, representando cerca del 20% de la energía utilizada en este sector en Chile. Este porcentaje está impulsado, sobre todo, por la industria de la celulosa, aunque cada vez más sectores con altos requerimientos térmicos la están adoptando como una alternativa eficiente y sostenible para la generación de calor y vapor”.
MAYORITARIAMENTE FORESTAL
Aunque las fuentes de biomasa son diversas, las principales provienen de la cadena de la industria forestal, como los remanentes de cosecha y los subproductos industriales de aserraderos y plantas de tableros. También existe un crecimiento en el uso de residuos provenientes de cultivos frutales y agrícolas.
El ejecutivo de Corma agrega: “Su principal aplicación es la generación de energía térmica, especialmente en contextos donde la electricidad resulta más costosa y las alternativas más competitivas siguen siendo combustibles fósiles como gas natural, GLP o diésel. Aunque la biomasa tiene espacio para seguir aumentando su participación, dada la meta de carbono neutralidad de Chile, este crecimiento presenta desafíos, ya que avanzar de un 20% a un 21% implica una complejidad mayor que pasar de 0 a 1%, pese a representar la misma variación porcentual”
Daniela Espinoza coincide en que la biomasa más utilizada proviene de la industria forestal, a partir de subproductos y residuos generados en distintas etapas de la cadena, como astillas, aserrín, viruta, corteza y residuos de cosecha. No obstante, plantea que “el uso de biomasa agrícola es poco visible en las estadísticas, ya que los residuos de podas y otros desechos de la industria frutícola son utilizados en muchos casos para autoconsumo energético dentro de las propias empresas”
Sobre sus aplicaciones industriales, concretamente para la generación de energía térmica, destaca su empleo en secado, generación de vapor y calefacción de procesos, así como también en grandes calderas de generación eléctrica y en sistemas de cogeneración.
José Ponce, socio de Solartex, en un artículo técnico publicado en el blog de la empresa, destaca tres aplicaciones prácticas de esta fuente energética:
— Calefacción y climatización distrital:
En el sur chileno, varios municipios han implementado redes de calefacción distrital alimentadas por astillas de madera, optimizando la eficiencia térmica mediante sistemas de Scada y smart meters que supervisan el consumo en tiempo real.
Producción de biogás:
La digestión anaeróbica permite transformar residuos orgánicos urbanos y estiércol en biogás, que puede emplearse para generación eléctrica o como combustible vehicular. “En zonas agrícolas, los sistemas híbridos que integran biogás con paneles solares y baterías ofrecen una solución energética autónoma”, acota.
— Procesos industriales:
Las plantas procesadoras de alimentos, fábricas de papel y aserraderos pueden aprovechar sus propios desechos como fuente de calor industrial, reduciendo costos energéticos y dependencia de gas o petróleo.
GRANDES VENTAJAS
Junto con ser un recurso versátil, que aporta soluciones tanto para la generación de calor como de electricidad, y de manera simultánea a través de la cogeneración, la biomasa “es una energía gestionable, capaz de proveer suministro continuo, lo que resulta especialmente relevante en el ámbito eléctrico, donde complementa a fuentes variables”, resalta Daniela Espinoza.
Desde una mirada ambiental, la gerenta de AChbiom añade que “la biomasa es una fuente renovable, por lo que reduce emisiones de gases
“Parte del quehacer de AChbiom es contribuir a posicionar la biomasa como una solución energética sostenible, segura y estratégica, clave para avanzar hacia la carbononeutralidad”.
Daniela Espinoza, gerenta de AChbiom
de efecto invernadero y aporta un atributo verde. Y utilizada con tecnologías adecuadas, es plenamente compatible con las exigencias ambientales vigentes, incluyendo los planes de prevención y descontaminación atmosférica”
Además, al ser un recurso local, entrega una mayor estabilidad en los costos y seguridad en el suministro, aspectos especialmente relevantes en el contexto actual de volatilidad en los precios de energéticos importados. Antonio Minte pone de relieve esos mismos atributos y también iniciativas con este recurso que van más allá de la generación energética: por ejemplo, la valorización de subproductos como las cenizas para la producción de biofertilizantes, o la captura de dióxido de carbono (CO2) biogénico como insumo para industrias emergentes como la del hidrógeno verde.
Luego va más allá: “Otra oportunidad relevante para Chile es el aprovechamiento del calor residual. En muchos casos, estas instalaciones generan más calor del que se utiliza, el cual podría destinarse a sistemas de calefacción para comunidades cercanas a las industrias. Este modelo ya se aplica en otros países, pero en Chile su desarrollo ha sido limitado pese a intentos previos, debido a la falta de continuidad en las políticas públicas y a barreras normativas. Con cier-
Las principales fuentes de biomasa son los remanentes de la cosecha forestal y los subproductos industriales de aserraderos y plantas de tableros.
con un conjunto de atributos tan amplio y estratégico”
608 Megawatts aporta la biomasa al Sistema Eléctrico Nacional, representando el 1,6% de la potencia neta total. En pruebas hay otros 3 MW y aprobados 338 MW.
8 Plantas industriales de Arauco producen, aproximadamente, 870 MW a partir de biomasa. De estos, 337 MW se aportan al Sistema Eléctrico Nacional.
tos apoyos internacionales esta alternativa podría contribuir significativamente a reducir la contaminación en la zona centro sur del país”, detalla.
POTENCIAR CADENAS
La biomasa ¿puede seguir ganando protagonismo en la transición energética? Para el gerente de Corma, eso es posible solo si “se fortalecen las cadenas productivas del sector forestal, que además generan beneficios adicionales como empleo, recuperación de suelos y captura de carbono. En este contexto, Chile debe retomar el impulso a la forestación y poner en valor el rol de los bosques en la provisión de biomateriales, bioproductos, bioenergía y servicios ecosistémicos. Difícilmente se encuentran otras actividades productivas
Daniela Espinoza, en tanto, considera que esta fuente energética tiene potencial para ampliar su aporte a la matriz, “especialmente en aquellos sectores donde la electrificación no resulta costo-eficiente o es más compleja, como en los procesos industriales. Además, más allá de su uso tradicional en procesos de combustión, la biomasa puede utilizarse en la producción de biocombustibles sólidos, líquidos y gaseosos, capaces de sustituir combustibles fósiles en distintos sectores. Y es relevante su potencial de integración con nuevas industrias, como la del hidrógeno verde, así como en la captura y uso de CO2 biogénico”, manifiesta.
Para que la biomasa aumente su demanda en AChbiom creen necesario superar las siguientes brechas:
• Avanzar en la implementación efectiva de la Ley de Biocombustibles Sólidos.
• Fomentar el recambio hacia equipos más eficientes y de bajas emisiones. En esa línea, abogan por la creación de instrumentos que permitan la reconversión energética en el sector industrial.
• Consolidar un mercado de carbono.
• Revisar instrumentos como los impuestos verdes aplicables a calderas de biomasa.
• Promover la reforestación, el manejo sostenible y el apoyo a pymes del sector, lo que es clave para el crecimiento de la bioenergía en Chile.
José Ponce, en tanto, apunta a la integración de esta opción energética: “La biomasa puede coexistir con la energía solar, los sistemas eólicos y las baterías, conformando redes híbridas estables. Por ejemplo, un invernadero podría funcionar con energía solar diurna y calderas de biomasa nocturnas,
“Hoy,
las energías solar y eólica están lejos de alcanzar el nivel de aporte de la biomasa, especialmente en la generación térmica tanto a nivel industrial como domiciliaria”.
Antonio Minte, gerente general de Corma
gestionadas por un software de control remoto”, ejemplifica.
AUTOABASTECIMIENTO
Una de las empresas que más ha apostado por la generación de energía a partir de biomasa forestal es Arauco. En el documento “Hoja de ruta climática para el sector privado en Chile 2025-2035” se expone que esta compañía, hace ya más de 20 años, tomó la decisión de producir ERNC como parte de su estrategia de sostenibilidad y competitividad. Para eso, implementó una estrategia de valorización de la biomasa para la autogeneración de energía limpia, transformando un residuo en un recurso estratégico. La solución se basa en:
• Uso de biomasa propia: Proviene principalmente de los residuos de la cosecha forestal (biomasa forestal) y del licor negro, un subproducto del proceso de producción de celulosa (biomasa industrial).
• Inversión en tecnología: Invirtió en la construcción y modernización de calderas de biomasa y turbinas de vapor en sus plantas industriales. Estos equipos permiten generar energía térmica (vapor) para los procesos productivos y, simultáneamente, energía eléctrica renovable.
• Inyección de excedentes: El sistema genera más energía de la que la compañía consume. Este excedente de energía limpia es inyectado al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), contribuyendo a la descarbonización de la matriz energética del país.
En el caso de CMPC, la otra megaempresa forestal que opera en Chile, su Reporte Integrado 2024 señala que el negocio de celulosa concentraba a ese año el 79,96% del consumo total de energía de la compañía. Para eso, optimiza el uso de licor negro y aprovecha el 100% del metanol generado en sus operaciones. “Así, las plantas se autoabastecen con energía renovable proveniente de biomasa”, asegura el texto.
Revise la renovada Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y otras propuestas para desarrollar esta industria de modo sostenible.
Que en 2035, la demanda doméstica sea de 100 a 200 mil toneladas anuales (kt/año) de hidrógeno verde equivalente (H2V eq) y las exportaciones fluctúen entre 300 y 700 mil toneladas al año. Y a 2050, la producción nacional (demanda interna y exportación) esté entre 2.000 y 3.500 kt/año.
Esas son las metas planteadas en la actualización de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y Derivados, publicada en marzo recién pasado, que “entrega orientaciones para alcanzar una industria competitiva que aporte a la descarbonización, al crecimiento económico y a la seguridad energética”, señala el documento.
Esta herramienta fue elaborada con participación público-privada y busca dar continuidad a un ciclo que se inició en 2020, como una política de Estado.
Para guiar y fundamentar las acciones de corto y mediano plazo, la renovada Estrategia define además:
• Tres focos estratégicos:
- Impulsar la demanda interna y la descarbonización de sectores clave
como la minería, la agricultura y el transporte, evaluando aplicaciones actuales del H2V y potenciales nuevos usos. Se busca reducir riesgos mediante el desarrollo de proyectos escalables que generen encadenamientos productivos, empleos calificados, capacidades y desarrollo tecnológico local.
- Crear un nuevo sector exportador basado en productos como fertilizantes para la agricultura, explosivos para la minería, combustibles sintéticos para la aviación y el transporte marítimo. Según el documento, esto contribuiría a ampliar y diversificar la matriz exportadora del país con atributos de sostenibilidad, como también a “agregar valor y generar demanda por nuestros productos agrícolas, mineros y otros bienes que puedan producirse con una menor huella de carbono, gracias al uso de H2V y derivados”.
- Generar una gobernanza para el desarrollo sostenible de esta industria y crear valor local, identificando roles para las distintas regiones y/o macrozonas. El objetivo aquí es seguir “avanzando en una coordinación multisectorial y multinivel de colaboración público-público, privada-
Fotos:
H2 Chile
Incentivos
En el Senado se discute un proyecto de ley de incentivos tributarios que, según Ricardo Rodríguez, “aborda correctamente una de las principales brechas para el desarrollo del hidrógeno verde: la falta de competitividad frente a alternativas fósiles y la ausencia de una demanda suficientemente robusta en etapas tempranas”
En particular, uno de los aspectos que más valora es que “corresponde a un crédito tributario contra el impuesto de primera categoría, lo que permite incentivar la demanda de manera eficiente, reduciendo la brecha de costos sin implicar un gasto fiscal directo si los proyectos no se materializan”. También considera acertado el diseño mediante licitaciones, donde los proyectos compiten en función del menor beneficio solicitado por unidad de producción.
En cuanto a los aspectos a mejorar, el director de estudios de H2 Chile cree relevante fortalecer la institucionalidad del proceso de adjudicación asegurando que el Comité de Asignación propuesto “opere bajo criterios estrictamente técnicos, con estándares claros de evaluación y sin espacios de discrecionalidad en la toma de decisiones”. Asimismo, considera importante asegurar que el diseño del incentivo “sea plenamente bancable, es decir, que efectivamente permita a los proyectos cerrar financiamiento”.
Desde FIMA, Felipe Pino advierte que, más allá del contenido específico de dicho proyecto de ley, “resulta políticamente complejo el desarrollo de incentivos por parte del Estado respecto de ciertas actividades por sobre otras”. En su opinión, este tipo de estímulos se debieran generar para todas las energías renovables no convencionales y no solo en aquellas que se usarán para el eventual desarrollo del H2V. Así, “estaríamos promoviendo la transición energética nacional de forma integral, y no solo la oportunidad económica detrás de la transición energética global, junto con protegernos de los costos en caso de que la industria del hidrógeno no logre cumplir con las nuevas expectativas”, sostiene.
privada y público-privada, así como en el trabajo conjunto del Estado con la academia y la participación de la sociedad civil”. Se reitera el rol articulador del Estado para generar las condiciones habilitantes y de atracción de inversiones, como también para orientar a la industria hacia un desarrollo que equilibre las dimensiones económica, social y ambiental en los territorios.
• Siete temas críticos para la toma de decisiones de inversión y para el avance de la industria, en los cuales se requiere una gestión del Estado para estimular y facilitar la coordinación multisectorial. Estos son: costos de producción, permisos y regulación, incentivos económicos, capital humano, posicionamiento internacional, infraestructura y logística, transparencia y participación.
• Nueve hitos de control al año 2030 que, en conjunto con las metas, permitirán evaluar los avances en el desarrollo de la industria. Según indica la Estrategia, a esa fecha se espera contar con:
- Instrumentos y mecanismos operativos (financieros u otros) para acortar brechas de costos respecto a los combustibles fósiles.
- Proveedores en el país a lo largo de la cadena de valor.
- Regulaciones habilitantes.
- Un sistema de certificación instalado.
- Instalaciones de infraestructura portuaria y logística de uso compartido en al menos dos regiones.
- Polos industriales interregionales (hubs) consolidados de demanda interna y cadenas de valor.
- Una industria que incorpore el uso sustentable de agua desalada y/o reciclada.
- Diez programas para instituciones de educación superior y liceos técnico-profesionales.
- Al menos dos proyectos de escala industrial que alcancen la decisión final de inversión.
AJUSTES Y URGENCIAS
La presentación de la nueva Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y Derivados se da en un escenario en que el último tiempo se han suspendido y postergado proyectos relevantes para esta industria en Chile. ¿Ese panorama dificulta alcanzar las metas planteadas en este instrumento?
Ricardo Rodríguez, director de estudios de la Asociación Chilena del Hidrógeno (H2 Chile), indica que esta reciente actualización “responde precisamente a la necesidad de ajustar metas, prioridades y supuestos en función de la evolución del mercado global”
Añade que este tipo de revisiones no es exclusivo de Chile y que la suspensión o postergación de proyectos es “esperable en una industria emergente, intensiva en capital y basada en tecnologías en proceso de escalamiento. Los desarrolladores deben tomar decisiones en función de múltiples variables, muchas de ellas globales: desde cambios en políticas públicas –como los incentivos en Estados Unidos o Europa– hasta factores macroeconómicos y geopolíticos, como los conflictos internacionales recientes, que afectan precios de energía, costos de financiamiento y expectativas de demanda”
Sobre ese escenario, Rodríguez sostiene que lo relevante es que exista un entorno que permita que los proyectos viables avancen y se consoliden. Enseguida postula: “La transición energética global –impulsada por compromisos climáticos, seguridad energética y competitividad industrial– sigue siendo una tendencia de largo plazo, lo que sugiere que, pese a ajustes en el corto plazo, la
Contar con incentivos efectivos es una de las urgencias para Ricardo Rodríguez.
trayectoria de desarrollo del hidrógeno verde se mantendrá positiva” Luego, el representante de H2 Chile señala que, en conversaciones recientes con la autoridad, han planteado cinco ámbitos incluidos de la Estrategia que se debieran implementar con mayor urgencia:
• Permisos y regulación: “Hoy es clave reducir incertidumbre y plazos, priorizando proyectos estratégicos y acelerando la implementación de la Ley de Permisos Sectoriales, junto con ajustes al sistema de evaluación ambiental”, expone.
• Consolidar un marco efectivo de incentivos, avanzando con instrumentos como el proyecto de ley de incentivos tributarios (ver recuadro), que permita activar la demanda y facilitar decisiones de inversión en el corto plazo.
• Habilitar infraestructura crítica, como puertos, logística y servicios asociados para capturar oportunidades de exportación y reducir costos. “Este es un factor habilitante que requiere planificación anticipada y coordinación público-privada”, dice Rodríguez.
• Reducir el costo de la electricidad, que hoy representa entre un 60% y 70% del costo de producción del hidrógeno, para así materializar la principal ventaja de Chile frente a otros polos globales.
• Avanzar en ordenamiento territorial y desarrollo de hubs industriales. “En la práctica esto implica definir zonas prioritarias, coordinar inversiones y asegurar sostenibilidad ambiental y social, elementos clave para dar viabilidad de largo plazo a la industria”, expresa.
En el contexto descrito, Ricardo Rodríguez opina que las propuestas más complejas de concretar son “aquellas que requieren mayor coordinación sistémica y donde convergen múltiples actores, tiempos e incertidumbres”, como son los últimos tres puntos mencionados y la construcción de una demanda sostenida local e internacional.
CUESTIONAMIENTOS
Por cierto, la forma en que se está impulsando el desarrollo del H2V en Chile también enfrenta cuestionamientos. Desde la organización no gubernamental FIMA, por ejemplo, su coordinador de programa, Felipe Pino, plantea: “Si bien me parece positivo que el gremio del hidrógeno verde haya asumido la falta de demanda existente sobre este commodity, la verdad es que todavía hay cierto nivel de negación sobre las razones detrás de dicho fenómeno. Pareciera ser que se asocia a la actual ‘crisis energética’ y a supuestas ‘brechas regulatorias’ para la industria, pero lo cierto es que muchas barreras responden al modelo mismo de generar hidrógeno verde para exportación, lo cual conllevará inevitablemente una preferencia por la generación de megaproyectos, con cade-
A juicio de Felipe Pino, la Estrategia sigue dejando en segundo plano a las comunidades locales.
nas de valor intensivas a nivel territorial, y por lo tanto altos impactos socioambientales, lo cual implica a su vez una mayor dificultad para la distribución de beneficios e impactos y una verdadera legitimidad social de la industria”
En ese marco, advierte que a pesar de que la renovada Estrategia incluye un foco estratégico sobre gobernanza para el desarrollo sostenible de esta industria, “no existe claridad sobre las prácticas específicas que mejorarán los estándares de participación y transparencia”. Al mismo tiempo considera que se sigue “dejando en un segundo plano a las comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil en la planificación y despliegue de los proyectos de hidrógeno que buscan operar en el país”
Felipe Pino comenta también que, tomando en cuenta los impactos socioambientales de los megaproyectos exportadores de H2V, “parece razonable priorizar el desarrollo de proyectos para demanda interna, los cuales debieran ser de menor escala, y con cadenas de valor más eficientes y con menor impacto territorial. Además, ello implicaría vincular el hidrógeno con una verdadera oportunidad para descarbonizar industrias contaminantes, y no solo aprovecharlo como una eventual oportunidad de diversificación económica. Sin embargo, todavía no existen propuestas concretas que aseguren que la satisfacción de demanda interna será verdaderamente prioritaria para el modelo de esta industria”
Competitividad
El mayor costo del hidrógeno verde sigue siendo la principal traba para que sea una opción competitiva, por ejemplo, frente a los combustibles fósiles, pero su aporte ambiental también es hoy un factor relevante para algunas industrias.
Así lo expone Ricardo Rodríguez: “La competitividad del hidrógeno no depende solo de su costo de producción, sino también de la disposición a pagar de cada sector. Esta varía según el peso que tiene el hidrógeno o sus derivados dentro del costo total del producto final y, cada vez más, según la presión por cumplir metas de descarbonización. Por ejemplo, en sectores como fertilizantes o explosivos para la minería, el costo del hidrógeno es un componente relevante, pero también lo es la necesidad de reducir la huella de carbono para mantener acceso a mercados o cumplir estándares regulatorios”.
En ese marco, el representante de H2 Chile afirma que los primeros espacios de competitividad “se darán en aplicaciones donde la electrificación directa es difícil o inviable, como ciertos procesos industriales, transporte pesado, minería y la producción de derivados como amoníaco o combustibles sintéticos, donde el hidrógeno cumple un rol clave como insumo”
IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES
Además de los eventuales impactos en los territorios, el uso intensivo de agua y la falta de una evaluación socioambiental suficiente de los proyectos son algunas críticas al desarrollo de esta industria, ¿cómo se están abordando estos temas para hacer sostenible esta actividad?
Ricardo Rodríguez asegura: “Los proyectos de hidrógeno verde en Chile están abordando estos temas de manera activa y, en muchos casos, yendo más allá de lo exigido por la normativa vigente”
Luego, el representante de H2 Chile resalta que la producción de hidrógeno requiere agua, “pero en magnitudes significativamente menores en comparación con otras industrias relevantes en el país, como la minería o la agricultura. Además, la gran mayoría de los proyectos en desarrollo considera el uso de agua desalada, evitando competir con el consumo humano o productivo continental. Incluso, algunos proyectos están evaluando o incorporando el uso de aguas residuales tratadas, lo que refuerza un enfoque de economía circular”
En cuanto a los efectos de estas iniciativas sobre los territorios, destaca que todos los proyectos deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pero que en la práctica los desarrolladores además buscan generar una buena relación con las comunidades y el entorno. “Esto se traduce en procesos de evaluación más exhaustivos, instancias de participación temprana y el desarrollo de medidas de mitigación y beneficios locales. En esa misma línea, la evaluación socioambiental no se aborda como un trámite, sino como parte integral del diseño de los proyectos. Existe una comprensión creciente de que la sostenibilidad territorial es clave para el desarrollo de la industria, tanto desde el punto de vista reputacional como operativo”, afirma.
Finalmente, Rodríguez subraya que el desarrollo del hidrógeno verde “responde a una vocación ambiental estructural: contribuir a la descarbonización de sectores difíciles de abatir y enfrentar la emergencia del cambio climático. En ese sentido, el desafío no es solo desarrollar una nueva industria, sino hacerlo de manera sostenible, integrándose adecuadamente a los territorios y generando beneficios concretos para el país”
Desde FIMA, en tanto, Felipe Pino sostiene que “el gran ausente de la actualización de la Estrategia son los desafíos aparejados a nuestro Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual todavía no cuenta con la capacidad para identificar adecuadamente los impactos socioambientales de este tipo de industrias”. Al respecto, recuerda que “no existe una tipología específica para los proyectos de hidrógeno verde, que implican la combinación de diversas fases interdependientes”, lo cual hace más difícil proponer medidas de mitigación, reparación y compensación adecuadas.
En términos más amplios, a su juicio, el reajuste de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde es bastante débil en materia socioambiental. “Habríamos esperado compromisos mucho más específicos para promover que la industria se planifique e implemente con cumplimiento irrestricto de los derechos humanos, altos estándares de transparencia y rendición de cuentas, y un alto nivel de desempeño en materia ambiental. Esperamos que la adecuación del Plan de Acción dé señales más fuertes en ese sentido, pero la agenda de desregulación ambiental del gobierno actual es bastante desesperanzadora”
Enseguida, Felipe Pino plantea que “el eventual desarrollo de esta industria debe reconocer que su existencia responde precisamente a la necesidad de mitigar el cambio climático, y generar energía de manera más sustentable y responsable”. Y concluye: “Mientras no exista una verdadera priorización de desarrollar instrumentos que aseguren el cumplimiento de estándares ambientales y la protección de los derechos humanos por parte de las industrias (debida diligencia empresarial), las posibilidades de que el hidrógeno verde se posicione como una industria estratégica para el país seguirán siendo relativamente bajas, y poco atractivas para los inversionistas”
BOMBAS Y VÁLVULAS
Recomendaciones para controlar la corrosión en los sistemas de bombeo, las cualidades que deben tener las válvulas de las plantas desaladoras y también aquellas que se usan para manejar relaves mineros.
Eso y más es parte de la útil información que encontrará en las siguientes páginas.
CONTROLE LA CORROSIÓN
La corrosión puede afectar seriamente a los sistemas de bombeo. Sepa cómo evitarla y afrontarla.
¿Su equipo de bombeo ya no muestra la eficiencia habitual o presenta ruidos extraños? Entonces, ponga atención porque puede que esté siendo afectado por la corrosión, una amenaza recurrente para los equipos industriales que “suele manifestarse inicialmente mediante señales operacionales y cambios en el desempeño del sistema”
Así lo indica Javiera Aguirre, jefa de la Unidad de Corrosión y Desgaste de Materiales del Dictuc, quien explica que uno de los primeros signos es “la disminución en la eficiencia de la bomba, que puede reflejarse en menor caudal debido al deterioro del impulsor o de las superficies internas. También pueden observarse vibraciones anómalas, aumento en el consumo de energía o ruidos
inusuales, asociados al desgaste irregular de componentes internos”
Similar análisis entrega Cristian Zapata, jefe de la División Bombas de la empresa Soltex, añadiendo otros síntomas: “Pérdida progresiva de caudal o presión sin causa mecánica aparente, fugas prematuras en sellos, vibración excesiva, ruido inusual y mayor consumo eléctrico son indicadores claros. En inspección directa, la presencia de picaduras, manchas de óxido o adelgazamiento de paredes confirma el diagnóstico”
Sobre el escenario descrito por los especialistas, cabe preguntarse: ¿cómo se puede evitar y/o afrontar la corrosión en los sistemas de bombeo industrial, para así prevenir sus negativos efectos?
COMPONENTES MÁS EXPUESTOS
Javiera Aguirre es Químico, Magíster y Doctor en Ciencias de la Ingeniería, con especialidad en Ingeniería Mecánica, y tiene más de 10 años de experiencia en análisis de la corrosión y degradación de materiales en entornos industriales. De acuerdo con eso, comenta que en los sistemas de bombeo, los componentes más expuestos a este problema son aquellos que están en contacto directo con el fluido bombeado o con ambientes agresivos, como los impulsores, carcasas, ejes, sellos mecánicos, válvulas, tuberías de succión y descarga, y accesorios como bridas o conexiones.
Enseguida, añade: “La susceptibilidad a la corrosión depende principalmente de factores como la composición química del fluido (pH, presencia de cloruros, oxígeno disuelto, sólidos), la temperatura y las condiciones hidráulicas del sistema. En muchos casos, la corrosión también se ve favorecida por fenómenos combinados como erosión-corrosión, particularmente en zonas de alta velocidad de flujo o cambios de dirección del fluido, como en codos o en el borde de ataque de los impulsores”.
Complementado lo señalado, Cristian Zapata comenta que “los puntos más vulnerables son la carcasa, el impulsor y el eje. En equipos con sello mecánico, las caras de fricción y los resortes también son críticos por su contacto permanente con el fluido. Tuberías, bridas y pernos de sujeción completan el cuadro, especialmente donde conviven materiales distintos con riesgo de corrosión galvánica”
MEDIDAS PREVENTIVAS
Con respecto a las medidas que podrían evitar que la corrosión dañe los sistemas de bombeo, el experto de Soltex apunta: “Todo comienza con la correcta selección de materiales según pH, temperatura y química del fluido. El uso de aleaciones resistentes –dúplex, súper dúplex o base níquel– y recubrimientos epóxicos internos extienden la vida útil del equipo. Complementariamente, el uso de aisladores dieléctricos en uniones bridadas y operar siempre dentro del rango de diseño son medidas igualmente determinantes”
En la misma línea, Javiera Aguirre plantea que para prevenir la corrosión en estos casos se deben complementar tres estrategias principales: la selección adecuada de materiales, la protección de superficies y, cuando sea factible, el control químico del fluido.
Luego detalla: “Una de las medidas más efectivas es la correcta selección de materiales, utilizando aleaciones resistentes a la corrosión o materiales poliméricos cuando el proceso lo permite. Su principal ventaja es que constituye una solución intrínseca y de largo plazo, aunque puede implicar mayores costos iniciales de inversión”
Agrega que otra alternativa es la aplicación de recubrimientos protectores, como pinturas epóxicas, recubrimientos cerámicos o revestimientos poliméricos. “Estos sistemas actúan como barreras físicas que aíslan el metal del medio agresivo. Su ventaja es que permiten proteger equipos existentes a un costo relativamente moderado, aunque requieren inspección y
Javiera Aguirre advierte que la corrosión reduce la eficiencia de las bombas.
Usar aleaciones resistentes ayuda a prevenir este problema, dice Cristian Zapata.
mantenimiento periódico, ya que cualquier daño en el recubrimiento puede generar focos localizados de corrosión”, advierte.
La especialista del Dictuc sostiene que también es común el uso de inhibidores de corrosión, “que son compuestos químicos que se añaden al fluido para reducir la velocidad de reacción de degradación química. Puede ser una alternativa flexible, pero su efectividad depende de una dosificación adecuada y del monitoreo continuo del sistema”
REPARACIÓN Y REEMPLAZO
¿Qué componentes de los sistemas de bombeo afectados por la corrosión se pueden reparar y cuáles, necesariamente, se deben reemplazar?
Javiera Aguirre responde: “La posibilidad de reparación depende principalmente del grado de daño y del componente afectado. Elementos estructurales como carcasas de bombas, volutas o ciertas tuberías pueden ser reparados mediante soldadura, metalización o aplicación de recubrimientos de reparación, siempre que el valor y el tiempo de reparación no superen los costos y plazos de reparación del componente nuevo. En cambio, componentes críticos de la bomba, como impulsores, ejes, sellos mecánicos o rodamientos, generalmente deben ser reemplazados, ya que la corrosión puede alterar su geometría afectando su desempeño”
Además, explica que, en muchos casos, cuando el daño es recurrente, “el reemplazo se acompaña de cambios en materiales o rediseño del componente, con el objetivo de aumentar su resistencia a las condiciones agresivas del proceso”
Por su parte, Cristian Zapata indica que si bien algunos componentes con daño superficial menor pueden recuperarse puntualmente, en la mayoría de los casos la recomendación es reemplazar las partes afectadas por repuestos originales. “Esto no solo garantiza el correcto rendimiento hidráulico del equipo, sino que preserva las condiciones de garantía del fabricante, que en general no amparan componentes intervenidos o reparados con materiales no certificados. Impulsores, sellos mecánicos y cierres axiales son los casos más representativos donde el reemplazo es la única alternativa válida desde el punto de vista técnico y contractual”, concluye el representante de Soltex. Impulsor de una bomba afectado por la corrosión.
Foto: Dictuc
VÁLVULAS PARA DESALADORAS
¿Qué características deben tener las válvulas usadas en las plantas que desalinizan el agua de mar y cómo se puede optimizar su rendimiento? Revise algunos consejos.
Foto: Fitvalv
La creciente escasez hídrica está impulsando con fuerza el desarrollo de proyectos para desalinizar agua de mar en Chile. Una solución que plantea diversos retos, entre los cuales está la correcta elección de componentes como las válvulas que intervienen en este proceso industrial que se desarrolla en un escenario “poco amigable”.
Así lo expresan en KSB Chile, proveedor de bombas y válvulas para estas aplicaciones: “Los equipos utilizados en plantas de desalación están expuestos a condiciones desafiantes, altas cantidades de cloruros, elementos abrasivos, salmueras de alta concentración, presiones elevadas y flujos internos importantes. Todos estos elementos hacen que debamos prestar especial atención en las selecciones específicas de cada equipo, pensando en asegurar el mejor funcionamiento bajo las condiciones particulares de cada línea de proceso”
De manera complementaria, Karl Kellinghusen, gerente de ventas de Fitvalv, empresa que también suministra válvulas para plantas desaladoras, detalla que estos dispositivos están expuestos “a condiciones altamente exigentes, entre las que destacan: corrosión severa por agua de mar, altas presiones en procesos de ósmosis inversa, presencia de sóli dos en etapas de pretratamiento, exposición a químicos agresi vos, y formación de incrustaciones y biofouling”
CONDICIONES Y CUALIDADES
Sobre el escenario descrito, los especialistas señalan las condiciones y cualidades que debieran cumplir las válvulas para responder adecuadamente a dichas exigencias.
“Primero, ser correctamente seleccionadas según las características propias del proceso y la operación, ese es uno de los puntos clave para el buen desempeño de los equipos. Podríamos tener componentes en metalurgias especiales y presiones nominales altas, pero si no han sido correctamente seleccionados para las condiciones de proceso, podrían destruirse en cuestión de minutos. Cada equipo debe ser seleccionado para la línea y proceso específico dentro de la planta desaladora”, advierten en KSB Chile.
Karl Kellinghusen señala que las válvulas para plantas desaladoras están expuestas a condiciones muy exigentes.
Las válvulas se deben seleccionar según las características propias del proceso y la operación.
turbulencias que desgasten los equipos y priorizar una ubicación que facilite el mantenimiento posterior”
Agregan que un diseño hidráulico erróneo del proceso puede producir vibraciones, cavitación, velocidades excesivas del flujo y desgaste apresurado. “Llevar a cabo un estudio detallado de todo el proceso y de su sistema de control es fundamental para lograr su optimización y mejorar el rendimiento”, aseguran.
En cuanto a las características, Mario Vásquez, brand manager del grupo Fitvalv, sostiene que las válvulas empleadas en desalación debieran tener: “Alta resistencia a la corrosión, hermeticidad confiable, capacidad de trabajo en alta presión, resistencia a la abrasión cuando hay sólidos presentes y bajo requerimiento de mantenimiento”
Con respecto a los tipos de dispositivos que pueden resultar más útiles, recomiendan el uso de válvulas de control y precisión para líneas de impulsión, distribución y alta presión; así como las válvulas de cuchilla para aplicaciones con presencia de sólidos como la etapa de pretratamiento, las líneas con lodos y rechazo de salmuera cuando existe arrastre de partículas.
DISEÑO DEL SISTEMA
¿Qué aspectos de diseño de los sistemas son claves para optimizar el funcionamiento de las válvulas dentro de las plantas desaladoras?
Desde KSB Chile responden: “Si buscamos optimización del funcionamiento es necesario ver todos los aspectos del sistema. Tanto el diseño hidráulico, el mecánico y el control afectarán al comportamiento de los equipos y a su desempeño. Una selección adecuada de las válvulas es un punto importante, luego debemos considerar los materiales correctos para resistir las demandas del proceso, minimizar las pérdidas de carga del sistema, evitar
Similares conceptos expone Karl Kellinghusen, indicando que “un diseño adecuado del sistema es fundamental para maximizar la vida útil y eficiencia de las válvulas”. Añade que para eso es necesaria una “correcta selección del tipo de válvula según aplicación, la implementación de sistemas de filtrado previo, la ubicación estratégica dentro del proceso y la minimización de turbulencias y golpes de ariete”. El gerente de ventas de Fitvalv acota, además, que un sistema eficiente no depende de una sola tecnología, sino de la correcta combinación entre válvulas de control y precisión, con soluciones robustas para el manejo de sólidos.
PREVENCIÓN Y MANTENIMIENTO
Los expertos entregan, asimismo, algunos consejos para cuidar y extender la vida útil de las válvulas usadas en plantas desaladoras.
“Es importante llevar un control de la calidad del fluido, evitando que el pretratamiento tenga un mal funcionamiento, ya que esto contaminaría todos los pasos posteriores generando un desgaste apresurado. Siempre se debe operar dentro de los rangos de diseño establecidos o estaremos ‘sacrificando’ los equipos. Evitar a toda costa que los componentes presenten cavitación o golpes de ariete que puedan generar daños severos”, apuntan desde KSB Chile.
De igual modo, indican que se debe tener un plan de mantenimiento programado “y no trabajar a la falla, realizando cambio de componentes internos como asientos, oring’s y empaques. Es posible observar historiales de torque en las válvulas, con el fin de tener una noción de su comportamiento interno y estar preparados para realizar una revisión del equipo”
En la misma línea, desde Fitvalv, Mario Vásquez aconseja: “Realizar inspecciones periódicas, monitorear y controlar posibles fugas, operar las válvulas de forma adecuada evitando golpes de ariete y ejecutar limpieza e inspección interna de manera programada”
Foto: KSB
BOMBEO BAJO EL AGUA
¿Sabe qué características técnicas que deben tener las bombas sumergibles que operan con aguas servidas? Aquí se lo contamos.
Las bombas sumergibles que actualmente se destinan al manejo de aguas servidas deben tener una característica esencial: estar diseñadas, ante todo, para asegurar su continuidad operacional en condiciones altamente exigentes. “En este tipo de aplicaciones el principal desafío no es solo movilizar el fluido, sino hacerlo de forma confiable frente a la presencia constante de sólidos, fibras largas, residuos orgánicos y elementos que pueden generar atascamientos”, asegura César Palza, gerente de industria y minería de PGIC, empresa que las provee.
Por eso, plantea, “uno de sus atributos más relevantes es contar con un diseño hidráulico que minimice el riesgo de obstrucción. Además, deben incorporar impulsores de alto paso de sólidos, configuraciones tipo vortex y geometrías especialmente desarrolladas para el manejo de fibras. A esto se
suma la protección del motor. Desde nuestra experiencia, es indispensable que estos equipos incorporen sensores térmicos, como termistores, que permitan anticipar sobrecalentamientos y evitar fallas mayores en los bobinados. También es clave la calidad de los materiales y sistemas de sellado, especialmente en ambientes agresivos donde la corrosión y la abrasión pueden reducir significativamente la vida útil de la bomba”.
En Bombas Holzapfel, en tanto, resaltan que su diseño compacto, hermético y resistente a la corrosión las hace ideales para su uso no solo en plantas de tratamiento de aguas servidas, sino también en viviendas rurales, industrias y sistemas de alcantarillado. “Existen modelos con impulsores vortex, de canal y trituradoras, adaptados a distintos tipos de fluidos. Son esenciales en contextos donde se requiere bombeo confiable y continuo”, señalan.
CORRECTA SELECCIÓN
Más allá de las tecnologías que incorporen estos dispositivos, el especialista de PGIC sostiene que lo más importante es su correcta selección para cada proceso. “Una solución bien dimensionada desde el inicio puede impactar directamente en costos operacionales, mantenimiento y continuidad del servicio”, afirma.
En Holzapfel también exponen la importancia de escoger la bomba sumergible adecuada para cada aplicación específica, “considerando factores como la capacidad de bombeo requerida, la profundidad de sumersión, la potencia del motor, el tipo de líquido a bombear y otras características técnicas relevantes”
Palza destaca, asimismo, las mejoras en confiabilidad y ampliación del rango de aplicación que han tenido las bombas sumergibles. Añade: “Uno de los avances más importantes ha
sido la incorporación de nuevos materiales, tanto en componentes hidráulicos como en partes estructurales, lo que ha permitido trabajar con fluidos más abrasivos y corrosivos, y con mayores cargas de sólidos. También ha habido mejoras significativas en el diseño de impulsores, orientadas a reducir bloqueos y aumentar la eficiencia hidráulica. Hoy vemos soluciones mucho más especializadas según el tipo de agua servida o residual que se deba manejar”, detalla.
Pese a las optimizaciones, los equipos pueden fallar, principalmente, por tres factores: sobrecarga eléctrica, desgaste mecánico y operación fuera de las condiciones de diseño. “Una de las más comunes es el quemado de bobinados, generalmente asociado a bloqueos por sólidos, trabajo en seco o fallas en la alimentación eléctrica. Además, son frecuentes los problemas de aislación, muchas veces causados por ingreso de humedad, deterioro de cables o desgaste de sellos mecánicos”, especifica Palza. Para prevenir este tipo de eventos, el mantenimiento de las bombas debe ser preventivo y periódico, siguiendo las pautas del fabricante.
Agrega: “Esto incluye revisión del consumo eléctrico, control de temperatura, inspección de sellos, verificación de aislación y limpieza del sistema hidráulico”.
SOLUCIONES DE INGENIERÍA
Como ventaja competitiva, en PGIC comentan que no ofrecen equipos como productos estándar, “sino como soluciones de ingeniería adaptada a la necesidad real de cada cliente. Cada aplicación tiene variables distintas: tipo de fluido, porcentaje y tamaño de sólidos, altura de impulsión, régimen de trabajo y criticidad operacional. Por eso, nuestro enfoque es entregar soluciones customizadas que respondan a esas condiciones específicas. A esto se suma la capacidad de integrar diseños innovadores y tecnologías complementarias que mejoren el desempeño del sistema completo, no solo de la bomba. Además, contamos con acompañamiento en las etapas de selección, puesta en marcha, mantenimiento y postventa, lo que permite asegurar continuidad operacional y tiempos de respuesta adecuados”, releva César Palza.
EPablo Silva Especialista en Recursos Hídricos Formation Environmental
Agua como activo en pasivos ambientales
n el camino hacia una minería de cobre verde con trazabilidad ambiental, resulta esencial distinguir entre la operación responsable en curso y los pasivos históricos. Chile enfrenta un desafío estructural con más de 800 depósitos de relaves identificados a nivel nacional, según el catastro del Servicio Nacional de Geología y Minería. Sin embargo, la preocupación no debe centrarse únicamente en los proyectos que están operando bajo monitoreo constante y cumplimiento normativo –los cuales requieren mantener estándares de seguridad técnica–, sino también en la incertidumbre que rodea a los relaves abandonados.
¿Quién se hace cargo? El problema trasciende la minería vigente y se concentra en la orfandad de los pasivos históricos. La política pública y el sector aún deben resolver la responsabilidad técnica y financiera sobre sitios que ya no forman parte de operaciones activas.
Existe, además, un vacío relevante: en cerca de 300 depósitos no hay un propietario identificado, lo que impide ejecutar planes de remediación o cierre. A esto se suma que alrededor del 80% de los relaves se encuentran inactivos o abandonados, sin vigilancia, pese a su potencial interacción con suelos y ecosistemas. En 265 casos, incluso, se desconoce su método de construcción o estabilidad, lo que contrasta con los estándares actuales de la industria.
En este contexto, el agua cumple un rol crítico como vector de movilidad de contaminantes. Su interacción con el tiempo y el subsuelo puede extender estos efectos por décadas, especialmente hacia acuíferos. Por ello, el monitoreo hidrogeológico no solo responde a una exigencia normativa, sino que valida la gestión de las operaciones modernas.
Un seguimiento activo permite mantener control, reducir incertidumbre y aportar certeza técnica a la toma de decisiones. Asimismo, facilita anticipar riesgos, fortalecer la confianza con las comunidades y diferenciar la operación responsable de los pasivos sin gestión. Esta aproximación también contribuye a la seguridad jurídica, alineando las operaciones con estándares internacionales y con futuros marcos regulatorios, como una Ley Marco de Suelos y Aguas.
El desafío para Chile radica en no soltar la mano de quienes hoy están cumpliendo, evitando la pérdida de trazabilidad y el riesgo de abandono. Al mismo tiempo, urge resolver quién asume la gestión de los relaves abandonados que se concentran en regiones como Antofagasta, Atacama y la Metropolitana. La combinación de ciencia aplicada y monitoreo riguroso permite a la industria responsable liderar la narrativa de sostenibilidad, demostrando que donde hay propiedad, gestión y tecnología, la gestión hídrica y ambiental deja de ser un riesgo para convertirse en una garantía de seguridad.
ESPECIALES PARA RELAVES
Las válvulas que operan con estos residuos mineros deben contar con diseños robustos y características especiales para soportar condiciones muy exigentes.
No cualquier equipo, dispositivo o tecnología logra operar con eficiencia en contacto con los relaves, ese material sólido finamente molido que se descarta en operaciones mineras.
Las válvulas que lo hacen, por ejemplo, deben tener “resistencia a la abrasión, capacidad de manejo de sólidos, estanqueidad absoluta y robustez estructural”, sostiene Álvaro Oyarzún, gerente de Torque y Herramientas Exóticas en Flow Valve, empresa que provee estas soluciones.
El ejecutivo menciona los tipos de válvulas que son ideales para esta aplicación: de bola con asientos metálicos y de cuchillo cero fugas, “especialmente cuando se complementan con sistemas de protección como discos de ruptura”, acota.
Jonathan Cerezo, Flow Control Service Team Leader en Valmet, explica que estos elementos mecánicos “deben soportar uno de los desafíos operacionales más exigentes de la industria minera: lodos altamente abrasivos que pueden llegar a contener hasta 80% de sólidos, y condiciones químicas variables que aceleran su desgaste y corrosión (densidad, presión y caudal). Tal situación genera un desgaste acelerado en los equipos, afectando directamente su vida útil y la continuidad operacional”
Agrega que, por ese motivo, las válvulas de relaves deben tener diseños robustos y materiales de alta resistencia para operar bajo estrés mecánico continuo, capacidad para soportar ambientes extremos (frío, calor y radiación UV) y elementos de sellado en elastómero. Menciona algunos ejemplos:
• Tipo pinch: Ampliamente utilizadas por su capacidad de manejo de fluidos con alto contenido de sólidos y su diseño que evita zonas de acumulación.
• De cuchilla: Adecuadas para servicios de corte y aislamiento en líneas de relaves.
• Con revestimientos cerámicos: Diseñadas para aplicaciones donde la abrasión es extrema y se requiere maximizar la vida útil de los componentes internos.
FALLAS Y SOLUCIONES
Según Jonathan Cerezo, una selección o especificación inadecuada de las válvulas puede derivar en fugas, fallas prematuras y detenciones no programadas, impactando la eficiencia del proceso e incluso generando riesgos operacionales y ambientales. “Por ello, es fundamental considerar soluciones diseñadas específicamente para este tipo de servicio, donde el foco no solo esté en el costo inicial, sino en el costo total, privilegiando confiabilidad, durabilidad y facilidad de mantenimiento”, afirma.
El especialista de Valmet especifica que las fallas más comunes que sufren estas soluciones se originan por su desgaste acelerado por abrasión, debido a un alto contenido de sólidos; corrosión química, a causa de los reactivos y variabilidad del pH; turbulencia interna que genera erosión localizada en válvulas convencionales (bola y mariposa); y daños en válvulas metálicas cuando se usan en aplicaciones no adecuadas (por ejemplo, mariposa en condiciones de abrasión severa).
Luego añade: “La correcta selección y gestión de válvulas para sistemas de relaves requiere no solo tecnología adecuada, sino también conocimiento
El mantenimiento de estas válvulas implica su inspección, limpieza y verificación de operación, además del reemplazo de componentes desgastados.
integral del proceso y experiencia en terreno considerando variables como: características del fluido (granulometría, concentración de sólidos y abrasividad); condiciones operacionales (presión, temperatura y caudal); y requerimientos de operación (control, aislamiento y frecuencia de maniobra)”
Álvaro Oyarzún, en tanto, comenta que estas válvulas no solo resaltan por su gran desempeño en condiciones severas, sino también “por su alta confiabilidad operacional y baja tasa de fallas, incluso en aplicaciones con alta variabilidad de carga y concentración de sólidos”
También detalla que cuando estos dispositivos presentan desperfectos en relaves se asocian principalmente a abrasión por sólidos, pérdida de estanqueidad, obstrucción por acumulación de material y efectos hidráulicos
como sobrepresiones o cavitación. “El desgaste erosivo afecta componentes críticos como asientos, bolas o cuchillas, mientras que la presencia de partículas puede generar fugas al interferir en las superficies de sellado. Asimismo, la acumulación de lodos es capaz de provocar atascamientos y fallas operacionales, y los transientes hidráulicos pueden derivar en daños estructurales”, plantea. Para resolver esos problemas, el experto de Flow Valve sostiene que se deben utilizar materiales endurecidos y recubrimientos resistentes al desgaste, usar sistemas de sellado metal-metal y diseños de paso completo que eviten obstrucciones, e incorporar dispositivos de protección como discos de ruptura.
MANTENIMIENTO Y VIDA ÚTIL
El mantenimiento adecuado de estas válvulas es fundamental para prevenir que fallen y extender su vida útil. Al respecto, Oyarzún precisa que este proceso implica la inspección, limpieza, verificación de operación y reemplazo de componentes desgastados como asientos, sellos y cuchillas. Al mismo tiempo, recomienda “combinar mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos para asegurar la estanqueidad y funcionamiento de las válvulas” Luego comenta: “Existen casos de alta confiabilidad donde nuestras válvulas han operado por más de 25 años sin fallas estructurales, evidenciando que una correcta selección, materiales adecuados y una estrategia de mantenimiento eficiente permiten extender significativamente su vida útil”
Jonathan Cerezo, por su parte, expresa que el mantenimiento de válvulas para relaves se orienta a minimizar intervenciones, que consisten básicamente en “inspecciones periódicas y reemplazo del elastómero (manguito o sleeve) en válvulas pinch o de cuchillo, que es la parte expuesta a los lodos. También se suele hacer una verificación de actuadores y mecanismos cerrados, especialmente en instalaciones remotas con acceso limitado. Y su vida útil depende de la abrasividad del relave y la selección correcta del elastómero, pero los diseños actuales permiten una larga vida en operación continua y una reducción significativa de paradas no planificadas gracias a materiales más resistentes y selecciones optimizadas”
SOLUCIONES INTEGRALES
El ejecutivo de Valmet agrega que la oferta de la empresa para esta aplicación combina tecnología, experiencia y soporte local. Como fabricante de sus propias válvulas –bajo marcas como Flowrox, Neles, Neles Easyflow y otras– “puede asegurar control sobre el diseño, la calidad y la trazabilidad de los equipos. Esto se traduce en soluciones optimizadas y específicas para aplicaciones críticas como el manejo de relaves, con altos estándares de desempeño y confiabilidad”, asegura.
Agrega que las válvulas de la compañía destacan por su diseño para lodos severos; elastómeros de alto desempeño; trayectoria de flujo completamente abierta en válvulas pinch, actuando como una tubería sin restricciones cuando están abiertas; cierre hermético clase VI, importante en conducción de relaves; y portafolio integral, que incluye control, on/off, ESD, actuadores y controladores inteligentes.
A su vez, Álvaro Oyarzún indica que el gran atributo de las válvulas para relaves de Flow Valve es su desempeño sobresaliente en condiciones extremas. Esto, gracias a válvulas de cuchillo cero fugas y válvulas de bola con asientos metálicos que operan con alta carga de sólidos y alta confiabilidad. “Además, la empresa ofrece una solución integral (con válvulas, discos de ruptura, bombas y actuadores), optimizando el comportamiento hidráulico completo. Y como aspecto diferenciador, incorpora soporte técnico en terreno y herramientas de torque controlado con trazabilidad. Con ello posibilita un apriete preciso, auditable y alineado a estándares, asegurando calidad y continuidad operacional”, subraya.
OPTIMIZA LA AIREACIÓN
La plataforma VACOMASS integra control inteligente, sensores de alta exactitud y válvulas diseñadas para este proceso en las PTAS.
Patricio Valenzuela Gerente de Negocios División Tratamiento de Aguas Simtech
En Chile, mantener una cobertura de alcantarillado cercana al 97% implica operar plantas altamente intensivas en energía, donde la aireación representa entre 65% y 70% del consumo total (SISS, 2023). En este escenario, mejorar la eficiencia del proceso no solo reduce costos operacionales: también contribuye directamente a disminuir emisiones y avanzar hacia un saneamiento más sostenible.
Por eso, la optimización de la aireación se ha convertido en una prioridad global. El aumento sostenido de los costos eléctricos y las metas de reducción de CO2 obligan a las plantas de tratamiento de aguas servidas (PTAS) a adoptar tecnologías capaces de ajustar el suministro de oxígeno con precisión, estabilidad y bajo consumo energético. Aquí es donde la plataforma VACOMASS marca una diferencia real.
El sistema integra control inteligente, sensores de alta exactitud y válvulas diseñadas específicamente para aireación, logrando una gestión del oxígeno mucho más eficiente que los esquemas tradicionales basados en parámetros PI/PID. Su controlador avanzado incorpora un factor P (Proporcional) autoajustable y un factor I (Integral) multietapa que se adaptan dinámicamente a variaciones de carga, temperatura, salinidad y presión del cabezal. Esto permite mantener el oxígeno disuelto (OD) estable, reducir la desviación estándar y operar con consignas más bajas sin comprometer la nitrificación. El resultado es un proceso más robusto y de menor consumo energético.
MÁS BENEFICIOS
VACOMASS también permite implementar control de oxígeno basado en amonio, ajustan-
do automáticamente el OD-SET según la carga real de NH4-N. Cuando la carga disminuye –por ejemplo, durante la noche– el sistema reduce el OD de forma segura, logrando ahorros de aireación cercanos al 30%. Y ante eventos de lluvia o variaciones bruscas, el algoritmo responde rápidamente, estabilizando el proceso sin intervención manual.
Otro componente clave es el control dinámico de la presión del cabezal mediante las estrategias VMA (válvula más abierta) y VMI (válvula más importante). En lugar de operar con una presión fija sobredimensionada, Vacomass ajusta automáticamente la presión mínima necesaria según las condiciones reales de la red de aireación. Esto reduce pérdidas de carga y genera ahorros adicionales del 8% a 10%. En instalaciones reales, se ha logrado, por ejemplo, que una presión del cabezal pase de 680 mbar constantes a un
rango optimizado de 590-670 mbar, con un ahorro directo del 9,2%.
Los resultados en terreno son consistentes: mejor nitrificación durante el día, mayor desnitrificación nocturna, menor uso de carbono externo y reducciones significativas de DBO/DQO en el efluente. En una planta de 35.000 m³/d, la combinación de control inteligente, estrategias dependientes de la carga y optimización de presión generó ahorros energéticos de hasta 19% y reducciones de químicos de 22%, equivalentes a USD 222.395 anuales y cerca de USD 4,4 millones en un ciclo de 20 años.
En síntesis, Chile necesita tecnologías validadas para su realidad hídrica y energética. Y VACOMASS, ampliamente utilizada en Europa, ofrece una solución integral para optimizar la aireación, reducir costos operacionales y avanzar hacia un tratamiento de aguas más eficiente y sostenible.
Sebastián Videla
Gerente de Ingeniería en Videla y Cía.
Desafíos en transporte de cargas peligrosas
En la Ruta 5 Norte, a la altura de la comuna de Renca, el jueves 19 de febrero un camión de gas licuado (GLP) explotó provocando el lamentable fallecimiento de al menos 15 personas, según los últimos reportes conocidos al respecto. Luego de la tragedia se explicó que todo fue un evento fortuito, no predecible. Y como resaltando la calidad de la tecnología, se informó que el camión siniestrado sufrió solo la rotura de uno de los tres compartimentos independientes, evitando un evento mucho más catastrófico.
Al respecto cabe recordar lo que sucedió un 11 de Julio de 1978 en el camping Les Alfaques (Tarragona) donde estalló un camión cargado con propileno causando la muerte de 215 personas y 300 heridos. En esa oportunidad, en Barcelona me correspondió ser parte de un grupo de tres especialistas que revisamos lo sucedido, concluyendo en la necesidad de actualizar la tecnología y las normas. En Europa a partir de este accidente se establecieron estándares de mayor exigencia, incluyendo el control continuo del transporte respectivo.
En Chile, los accidentes con mercancías peligrosas han involucrado químicos tales como ácidos sulfúrico y clorhídrico, GLP, combustibles líquidos y otros productos. Existen dos cuerpos normativos principales: la Ley de Tránsito y el Decreto 298/1994, con actualización el 2022, que, en general, tiene un perfil inferior a las exigencias europeas, no homologable internacionalmente, siendo esencialmente reactiva, sin incorporar seguimiento y monitoreo. En nuestro país es frecuente observar camiones que circulan a alta velocidad, causa probable del accidente de Renca, situación que pudo bien ser controlada al pasar por pórticos de una autopista. Por otra parte, es bastante común que existan instalaciones de almacenamiento de combustibles en zonas urbanas que están en las cercanías de la población, siendo que deberían ubicarse fuera del radio urbano de las ciudades, como medida preventiva frente a posibles eventos de alta peligrosidad. Si bien cabe reconocer que las principales empresas distribuidoras cumplen la normativa, esto no es suficiente para prevenir accidentes. Estos eventos se caracterizan por su alta severidad y baja frecuencia, donde este último factor genera que exista escasa preocupación por mejorar la seguridad.
Considerando que el uso de camiones cubre el grueso de la carga, es un desafío pendiente renovar estas normativas introduciendo, entre otras modificaciones, el monitoreo continuo para garantizar un tránsito seguro por las carreteras y ciudades, donde no cabe esperar nuevos accidentes para actuar.
CONTINUIDAD OPERACIONAL
Ese es parte de los beneficios que garantizan las válvulas Dorot en el control de fluidos industriales.
Eduardo Tapia Product Manager Válvulas y Actuadores en SOLTEX etapia@soltex.cl
En el ecosistema industrial y urbano de Chile, la gestión del agua y otros fluidos de proceso representa una oportunidad fascinante para la innovación y el aprendizaje continuo. Lejos de ser un simple ítem de mantenimiento, el control eficiente de estos recursos es el corazón de la continuidad operacional.
Desde las altitudes de la gran minería
hasta las modernas plantas desalinizadoras en la costa, las válvulas inteligentes de control de Dorot (Grupo Aquestia) se ha consolidado como el estándar de fiabilidad.
Esta tecnología representa la vanguardia en la protección de infraestructuras, permitiendo una automatización avanzada y eficiente sin necesidad de fuentes de energía externas.
MINERÍA Y DESALINIZACIÓN
La minería del cobre y la creciente industria del litio comparten desafíos severos: fluidos con alta carga de sólidos, químicos agresivos y geografías con desniveles topográficos extremos.
En esas actividades, como también en los procesos de desalinización, esta tecnología aporta resistencia en condiciones extremas:
• Gestión de altura y presión: En el transporte de concentrado o suministro de agua industrial, las válvulas Dorot (series 100 y 300) permiten un control preciso del golpe de ariete. Mediante pilotos de anticipación de onda, protegen las líneas contra fallas catastróficas por detenciones repentinas de los sistemas de bombeo.
• Lixiviación y alta salinidad: En minería no metálica y plantas de ósmosis inversa, el control de fluidos requiere soportar la corrosión galvánica y altas presiones. La utilización de válvulas con recubrimientos especiales y materiales de alta gama (Dúplex, Súper Dúplex, Titanio) asegura que el equipo no solo controle el flujo, sino que sobreviva al entorno.
SANEAMIENTO Y AGRICULTURA
En estos ámbitos, la tecnología Dorot ayuda a reducir pérdidas y aumentar la eficiencia:
• Sector sanitario: Aquí el foco principal es el control de la presión de agua no contabilizada (PANC). Las válvulas reductoras de presión (PRV) permiten la modulación por caudal, ajustando la presión de salida a la demanda real (reduciéndola en la noche) para minimizar fugas invisibles y evitar la rotura de matrices envejecidas.
• Agricultura de precisión: En sistemas de riego, mantener una presión constante
Estas válvulas cuentan con un diseño hidrodinámico avanzado para que el agua fluya sin obstáculos.
La tecnología Dorot contribuye a proteger la infraestructura de conducción de fluidos.
es vital para garantizar la uniformidad en la aplicación de agua y fertilizantes, optimizando el recurso hídrico.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
El control de fluidos industriales no se trata solo de “abrir o cerrar”, sino de la capacidad de adaptación a la demanda real del sistema. Las soluciones de Dorot destacan por su ingeniería superior, que se refleja en las siguientes características y beneficios:
• Diseño hidrodinámico avanzado: El
cuerpo (especialmente en la Serie S300) está optimizado para que el agua fluya sin obstáculos. Esto garantiza una caída de presión muy baja cuando la válvula está abierta, ahorrando energía en el bombeo.
• Simplicidad de sellado directo: Al usar tecnologías como el sellado directo por diafragma (Serie S100), se eliminan ejes rígidos y piezas pesadas. Esto reduce el desgaste por fricción y permite que el cuerpo de su válvula funcione mejor con agua que contenga sedimentos, y en su circuito de control utilizando filtros dobles o autolimpiantes.
• Control de bajo flujo estable: A diferencia de las válvulas comunes que vibran o fallan cuando hay poco consumo (como en la noche), estas válvulas regulan de forma silenciosa y estable hasta casi caudal cero, evitando microgolpes de ariete que dañan las tuberías.
• Modularidad de cámara in situ: Permiten pasar de una a doble cámara (para un control más sensible) simplemente insertando un disco interno. Lo mejor es que se hace sin desmontar la válvula de la tubería, minimizando el tiempo que el sistema está detenido.
• Resistencia química y estanqueidad: Utilizan materiales que no se oxidan, como plásticos reforzados en la serie para riego o aleaciones como el Súper Dúplex para agua de mar. Esto asegura un cierre perfecto y larga vida útil incluso en los suelos y climas más agresivos de Chile.
ALIANZA AQUESTIA - SOLTEX
La elección de una válvula de control no debe basarse únicamente en el diámetro de la tubería, sino en el comportamiento dinámico del fluido. Contar con tecnología de clase mundial como la de Dorot, desarrollada por el Grupo Aquestia y respaldada en Chile por la distribución experta de Soltex, garantiza dos factores clave: dimensionamiento preciso (sizing) y soporte especializado de postventa. No basta con instalar el equipo; es imperativo calibrar los pilotos y configurar los orificios de restricción para que el sistema responda a las condiciones específicas de la hidráulica local (temperatura, viscosidad y transientes). Esta integración de inteligencia hídrica reduce el CAPEX, al proteger la infraestructura, y disminuye significativamente el OPEX, al automatizar procesos que antes requerían intervención manual.
Con la optimización y el control remoto de sistemas de recirculación de agua, BFS aporta a la sostenibilidad hídrica minera e industrial.
Tomás Olivares V.
Jefe Departamento Ingeniería y Desarrollo BFS Chile
El agua constituye un recurso crítico y escaso, particularmente en el desierto chileno, donde la legislación nacional resguarda estrictamente los derechos hídricos. En este contexto, se han extremado los esfuerzos por implementar estrategias que aseguren el suministro y maximicen el aprovechamiento del recurso, garantizando así el cumplimiento de la normativa vigente.
CONDICIONES EXTREMAS
Para dar respuesta a los requerimientos de una faena minera, se determinó la necesidad de encontrar una alternativa confiable para el ajuste del caudal mediante la recirculación del sistema de bombeo. Se estableció como requisito fundamental que dicho control fuera realizado de forma remota, dada la distancia de aproximadamente 34 km que separa la estación de impulsión de la zona de operaciones. Asimismo, se buscó una solución que
integrara precisión en el control de flujo y seguridad para el personal encargado de las maniobras en actuadores o cambios de placas de orificio. El principal desafío técnico consistió en el control de presiones de entrada de 42 bar a presión atmosférica, todo esto en un espacio físico reducido.
Gracias a la colaboración técnica entre la compañía minera y la ingeniería de BFS Chile, los desafíos de diseño en la recirculación del agua fueron resueltos de manera satisfactoria. A pesar de las aprehensiones iniciales por las bajas temperaturas y el aislamiento geográfico, se optó por una propuesta técnica y económicamente viable que cumpliera con los objetivos estratégicos definidos.
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
El proyecto fue desarrollado de manera conjunta entre la compañía minera y BFS Chile. La solución de ingeniería seleccionada consistió en la instalación de tres válvulas Bermad:
• Una unidad para reducción de presión hasta 7 bar.
• Una unidad para control del flujo de recirculación.
• Una unidad de alivio para protección del sistema.
Dichos equipos fueron ubicados para permitir la regulación del flujo mediante una recirculación gestionada por un PLC (controlador lógico programable). Estas válvulas operan de forma hidráulica y permiten una configuración personalizada, adaptándose a condiciones de operación en ambientes extremos.
Con más de 30 años de experiencia, BFS continúa entregando soluciones de ingeniería a la medida, respaldadas por equipos técnicos especializados que responden a los desafíos actuales de la industria y a las exigencias de sostenibilidad hídrica.
Válvula 718 de control electrónico Bermad.
COOPERACIÓN HISTÓRICA
Es la que tienen el estado y empresas suizas con Chile en materia ambiental, sobre todo en calidad del aire, cambio climático y uso eficiente del agua.
Aunque entre Zúrich y Santiago, las ciudades más grandes y pobladas de Suiza y Chile, respectivamente, hay cerca de 12 mil kilómetros de distancia, la colaboración ambiental de la nación europea con nuestro país ha sido muy fluida y permanente en el tiempo. De hecho, data de comienzos de la década de los años 90.
“Desde la creación de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), el apoyo de Suiza a Chile se ha centrado prioritariamente en el área medioambiental. Ejemplo de ello, es que ya en 1993 existía una comisión encargada de explorar materias para desarrollar un programa de cooperación en la materia, así como también asistencia técnica”, señala un artículo del organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La AGCID recuerda que la ayuda del país alpino estuvo centrada, en las primeras dos décadas, en el mejoramiento de la calidad del aire, tanto en Santiago como en otras ciudades, aportando su experiencia y conocimiento en temas normativos, tecnológicos y de instrumentos económicos. Con posterioridad se ha enfocado también en las áreas de cambio climático y gestión del agua.
APOYO FINANCIERO
Uno de los hitos de este fructífero vínculo se dio en diciembre de 2023, cuando en medio de la COP28 de Dubái la, en ese entonces, ministra del Medio Ambiente de Chile, Maisa Rojas, y el consejero Federal de Suiza, Albert Rösti, firmaron un acuerdo de cooperación climática para aportar a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel nacional. Esto, en el marco de los mecanismos asociados al Artículo 6.2 del Acuerdo de París.
¿En qué consiste? En un apoyo conceptual y financiero para el desarrollo de programas de energías renovables y captación de metano en sectores como la electromovilidad, la gestión de residuos, la eficiencia energética o el almacenamiento de energía, acelerando el proceso de descarbonización de la matriz energética en Chile.
Lo anterior no es azaroso considerando que el reconocido desarrollo sostenible de Suiza se basa “en su posición de liderazgo como plaza financiera internacional, con instituciones de referencia mundial como UBS, junto con una creciente incorporación de tecnología e innovación. Asimismo, Suiza ha sabido preservar de manera ejemplar su entorno, consolidando una imagen país asociada a altos estándares ambientales, orden, eficiencia y sostenibilidad”, resalta Felipe
Wilenmann, presidente de la Cámara ChilenoSuiza de Comercio (CCHSC).
El citado acuerdo permite que Suiza invierta en proyectos de mitigación desarrollados en Chile mediante la compra de certificados de reducción de emisiones (ITMOs), las que puede contabilizar para cumplir sus metas climáticas. Nuestro país, en tanto, recibirá inversiones directas de hasta 100 millones de dólares, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de su población, al cumplimiento de la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El convenio rindió frutos en octubre de 2025, cuando Chile dio luz verde al primer proyecto a nivel local, y en América Latina y el Caribe, bajo el paraguas del Acuerdo de París. La iniciativa autorizada por el Ministerio del Medio Ambiente consiste en el recambio de una caldera a carbón por otro equipo a biomasa en una planta de la región del Ñuble. Con esta medida se logran reducir emisiones de gases de efecto invernadero y se fomenta la participación del sector industrial en los mercados de carbono.
En un reciente seminario -y gracias a que Chile cuenta con una Ley Marco de Cambio Climático, una Hoja de Ruta de Instrumentos de Precio y Mercados de Carbono y colaboración bilateral con los gobiernos de Suiza y Japón- se anunció que a partir de este 2026 se implementarán 22 proyectos por un total de US$1.400 millones en inversión climática.
En la ocasión, Charlotte Bleisch, embajadora de Suiza en Chile, aseguró que “Chile ofrece condiciones particularmente favorables para el desarrollo de mercados de carbono cooperativos. Cuenta con un marco institucional sólido, reglas claras para la implementación del Artículo 6.2 del Acuerdo de París, y una gobernanza que asegura transparencia, trazabilidad y ausencia de doble contabilidad”
Los proyectos priorizados por la Hoja de Ruta se concentran en tipologías de alto im-
En Endress+Hauser suministran tecnologías avanzadas para el control ambiental.
pacto y escalabilidad, como almacenamiento de energía, electromovilidad, captura y valorización de biogás en rellenos sanitarios y acciones asociadas al bosque nativo. De acuerdo con las proyecciones del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), ese instrumento económico permitirá “una mitigación promedio anual cercana a 10 millones de toneladas de CO2 equivalente y apalancar inversiones por más de US$10.000 millones hacia 2035, consolidando una senda de crecimiento compatible con la acción climática y el desarrollo sostenible del país”
PROYECTO SUIZAGUA
Suiza también ha aportado a una mejor gestión de los recursos hídricos en territorio nacional, en particular a través del proyecto SuizAgua Chile, una alianza público-privada que desde 2013 ha contribuido al uso eficiente del agua, impulsando más de 40 proyectos. Contempla la medición de la huella del agua, planes de acción para reducir su uso y un trabajo colaborativo con las comunidades donde operan empresas, lo que traduce en mutuo beneficio.
La iniciativa cuenta con la cooperación del gobierno de Suiza y es implementada por Fundación Chile, que, en el marco del programa latinoamericano El Agua nos Une (del que SuizAgua forma parte), impulsa junto a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático el estándar Certificado Azul.
LIDERAZGO EMPRESARIAL
Para la Cámara Chileno-Suiza de Comercio, nuestro país ofrece un gran potencial hídrico renovable, liderazgo político en hidrógeno verde y proyectos piloto en minería y transporte sostenible.
Sobre el mercado de proveedores suizos de bienes y servicios presente en Chile, Felipe Wilenmann plantea que “comparte varias características con el de otros países del norte de Europa. En su mayoría, se trata de empresas multinacionales medianas y grandes, con presencia en sectores estratégicos como minería, energía, industria, servicios y finanzas. Estas empresas se distinguen por su excelencia operativa, altos estándares de calidad, confiabilidad y una fuerte orientación a la innovación. Dado que muchas veces no compiten en costo frente a proveedores asiáticos, su propuesta de valor se basa precisamente en ofrecer soluciones sofisticadas, eficientes y sostenibles”
La entidad también destaca a varias compañías que aportan a la sostenibilidad de nuestro país, las cuales habitualmente marcan
En enero pasado, la Cámara Chileno-Suiza de Comercio entregó los premios de la primera edición de los Swiss Sustainability Awards.
presencia en ferias como la reciente AquaSur: “Por ejemplo, ABB es una de las compañías más relevantes en Chile en electrificación y automatización de procesos, contribuyendo a una mayor eficiencia energética y productiva; Rever ha introducido drones aéreos en Chile y, según entendemos, próximamente podría ampliar su oferta hacia drones acuáticos, lo que abre nuevas oportunidades para el monitoreo y operación en sectores vinculados al medio ambiente y la industria. Y Zurich, referente mundial en seguros, contribuye a la sostenibilidad desde la gestión de riesgos, la resiliencia y la protección de personas y empresas”, detalla el ejecutivo.
En la CCHSC resaltan, asimismo, a compañías como Burckhardt Compression, EBP y Endress+Hauser, que fueron parte del pabellón suizo de Hyvolution Chile 2025, por sus soluciones claves para la industria del hidrógeno verde.
Por otra parte, la Cámara entregó en enero último los premios de la primera edición de los Swiss Sustainability Awards, una iniciativa orientada a reconocer a empresas que integran la sostenibilidad como un eje estratégico de su desarrollo mediante proyectos con impacto ambiental y social concreto.
En la categoría Compromiso Social, las empresas reconocidas fueron Roche (1ª), ABB (2ª) y LiderFractal (3ª), en tanto que en Liderazgo Ambiental se galardonó a EBP (1ª), Nestlé (2ª) y Aqua4D (3ª).
3 Comités de la CCHSC abordan temas estrechamente relacionados con la sustentabilidad: los de Innovación; Educación, Empleo y Personas; y Sostenibilidad. Este último trabaja en temas como gestión hídrica, carbono, minería, diversidad e inclusión.
MEDICIÓN Y SOSTENIBILIDAD
Endress+Hauser (E+H) es una de las empresas suizas en Chile que más huella ha dejado en el ámbito del desarrollo sostenible. Así lo resalta Tatiana Ivanov, Head of Quality & Sustainability de la compañía, “nuestro principal aporte ha sido poner la medición y la transparencia al servicio de la sostenibilidad. En Chile, muchas industrias avanzan en eficiencia energética, reducción de emisiones y optimización de recursos, pero ese avance solo es posible cuando existen datos confiables que permitan tomar decisiones informadas. Como Endress+Hauser hemos contribuido a ese desarrollo entregando tecnologías avanzadas
para el control ambiental, la medición precisa y la digitalización industrial, que ayudan a las empresas a controlar mejor sus procesos, reducir pérdidas, optimizar el uso de energía y materias primas, y hoy, de forma creciente, cuantificar su impacto ambiental”
Para la ejecutiva, el origen suizo de la empresa “ha influido profundamente en nuestra forma de entender el negocio. Existe una tradición muy arraigada, derivada de nuestra cultura corporativa, de calidad, rigurosidad técnica y visión de largo plazo, donde la confiabilidad y la trazabilidad no son opcionales, sino un estándar. Más que reaccionar a exigencias externas, buscamos anticiparnos y ofrecer soluciones que sigan siendo válidas en el tiempo, tanto desde el punto de vista técnico como ambiental”
Apuntando a los desafíos de E+H, expone que uno de los principales “es avanzar desde compromisos generales hacia información ambiental cada vez más concreta y comparable, basada en datos verificables. Por eso estamos trabajando en la trazabilidad de la huella de carbono de los equipos, lo que permite a nuestros clientes integrar ese dato directamente en sus reportes de sostenibilidad y en la evaluación de nuevos proyectos. Otro desafío es reducir en un 35% las emisiones de la cadena de suministro al 2034, lo cual requiere un trabajo colaborativo con proveedores, incorporando eficiencia energética, energías renovables y mejoras operacionales, para avanzar así a la carbono-neutralidad al 2050”
Presentamos
oportunidades para recuperar calor y ahorrar combustible en plantas que producen harina de pescado y conservas.
Arnulfo Oelker Behn
Gerente Técnico de Thermal Engineering aoelker@thermal.cl
Las plantas pesqueras –especialmente aquellas que producen harina de pescado y conservas– son altamente intensivas en consumo de energía térmica y eléctrica, insumo que representa una fracción importante del OPEX total.
No obstante, en sus procesos productivos existe una alta disponibilidad de fuentes de calor reutilizable, las cuales se identifican y cuantifican en el presente artículo.
DEMANDAS TÉRMICAS
En las plantas de harina de pescado, el rendimiento de producción de harina es de 20 a 25% y aceite de 5 a 8% por tonelada de pescado. El resto corresponde a agua evaporada y líquidos (agua de cola).
En el caso de las conservas, el rendimiento es de 50 a 65% de producto en conserva por tonelada de pescado, mientras que el resto son cabezas, vísceras y espinas que se utilizan para producir harina de pescado.
El contenido de agua en el pescado es de 70 a 75% y de 8 a 10% en la harina.
Los consumos de energía térmica (vapor) asociados a los principales procesos en las plantas de harina de pescado y en la producción de conservas se presentan en las tablas adjuntas.
PÉRDIDAS DE CALOR
Las principales pérdidas de calor en las plantas de harina de pescado son:
• Gases del secador: Poseen una temperatura de 120-180 °C, una humedad de 2040% y representan un 35 a 50% de todas las pérdidas de calor.
• Vapores condensados del evaporador de agua de cola, donde se registran temperaturas de 60-75 °C y 70-90 °C. Son un 20 a 30% del total de pérdidas.
• Residuos líquidos (riles): Tienen una temperatura de 30 a 70 °C y corresponden a una pérdida de 5 a 10% del total.
En resumen, la producción de harina consume unas 0.60 toneladas de vapor por tonelada de pescado, con pérdidas de energía de 30 a 40%, de las cuales 20 a 30% son recuperables.
En la producción de conservas, las principales pérdidas de calor están en:
• Vapor flash y condensado descargado por retorta/autoclaves. Es un 30 a 35% del total perdido.
• Vapores descargados por proceso de precocción/cocción, que corresponden a 15 a 25% de todas las pérdidas.
• Vapor y aire expulsado del exhaust box, que representan un 10 a 15% de las pérdidas totales y son de difícil recuperación.
• Lavado de latas, equipos, preparación salsas, CIP. Aquí se registra agua caliente descargada a 40 a 80 °C, que corresponde a un 10 a 20 % de las pérdidas totales. En resumen, las conservas consumen aproximadamente 0.35 toneladas de vapor por tonelada de pescado, con pérdidas de energía de 25 a 35%, de las cuales 15 a 25% se pueden recuperar.
RECUPERACIÓN Y AHORRO
A continuación se presentan las principales
Materia prima
Cocedor Prensa
Separación
Decantador
Colador W-SL Separador
Secador al vacío
Evaporador
Secador
Enfriamiento
Aceite de pescado seco
Aceite Agua
Harina de pescado
Fig. 1: Proceso productivo planta harina de pescado
del agua de cola. Ahorro: 5 a 15% del calor total.
— Plantas de conservas:
-Recuperación agua caliente de enfriamiento para ser utilizada en caldera, pre-cocción o lavado. Ahorro: 10 a 15%.
-Recuperación vapor flash autoclaves, para ser utilizado en exhaust box y precalentamiento. Ahorro: 3 a 8%.
Tabla 2: Consumo de vapor en producción de conservas
alternativas para recuperar calor, ahorrar combustibles y reducir emisiones en los procesos señalados.
— Plantas de harina de pescado:
-Recuperación calor en secadores de harina, permiten ahorrar 10 a 20% del consumo del secador (8 a 10% del calor total).
-Optimización de evaporadores (agua de cola),
mediante evaporadores multiefecto, termocompresión o compresión mecánica, permiten ahorrar 50 a 70% con evaporador multiefecto y hasta 90% con compresión mecánica (5 a 12% del calor total).
-Implementación de una bomba de calor para generar agua caliente a 40-90 °C que se puede utilizar de manera directa, como también en el precalentamiento de cocedores, del aire de secado o
-Recuperación del calor de los riles, normalmente descargados a 35 °C, permiten generar agua para lavado y servicios. Ahorro: 3 a 8%.
-Utilización de bombas de calor, al igual que para el caso de la planta de harina.
— Alternativas de eficiencia energética:
En relación con la generación, distribución de vapor y retorno de condensado se pueden implementar las siguientes medidas:
-Economizadores para calderas. Ahorro: 5 a 7% del consumo de la caldera.
-Recuperador del calor de las purgas. Ahorro: 2 a 3% del consumo total de combustible.
-Recuperación de condensado (90 a 100 °C) y vapor flash. Ahorro: 5 a 15% del consumo total de combustible.
-Mejorar el aislamiento térmico.
-Incorporar sistemas O2 trim a los quemadores. Ahorro: 1 a 3% de combustible.
Tabla 1: Consumo de vapor en plantas de harina de pescado
Fig. 2: Flujo planta de conservas
DEL MAR A LOS PROCESOS
Aunque tres faenas mineras en Chile usan agua marina sin desalar, la posibilidad de que esta práctica se extienda en el rubro es limitada. ¿Por qué?
Cuesta imaginarse la dimensión de una tubería de 144 kilómetros. Como ayuda, es la distancia que hay entre Santiago y Quillota. Y también será la extensión que tendrá el segundo sistema de impulsión de agua de mar que implementa Antofagasta Minerals como parte de su Proyecto Nueva Centinela, que le permitirá no solo duplicar su abastecimiento del recurso, sino también aumentar en un 100% su capacidad de procesamiento de minerales y ampliar su vida útil por al menos 30 años más.
Centinela, Antucoya –otra operación de Antofagasta Minerals– y Sierra Gorda son las tres faenas de la gran minería nacional que operan con agua de mar sin desalar o cruda. Las dos primeras emplean en un 100% este insumo, mientras que Sierra Gorda lo hace en un 90%, toda vez que alrededor del 10% del recurso marino lo desala para consumo humano y el uso en algunos procesos industriales. Según informa esta última empresa, la salmuera de descarte que se genera no se devuelve al mar y se reincorpora al proceso, mientras que una fracción menor se utiliza para la humectación de caminos.
El estudio “Proyección de la demanda de agua en la minería del cobre en Chile período 2025-2034”, desarrollado por la Comisión Chilena
Minera Sierra Gorda ha innovado con el uso de costra salina para cerrar depósitos de relaves.
CRECIMIENTO ACOTADO
Claudia Arancibia, analista de Estrategias y Políticas Públicas de Cochilco, explica que el uso de agua de mar sin desalar ha aumentado en la última década como alternativa para reducir la extracción de aguas continentales, especialmente en zonas con escasez hídrica. Sin embargo, este crecimiento ha sido acotado en términos absolutos, pasando de aproximadamente 1,3 m³/s en 2015 a 2,3 m³/s en 2024.
“En consecuencia, su participación sigue siendo menor dentro del consumo total de agua de mar, en el cual predomina el uso de agua desalinizada. En 2024, el agua de mar sin desalar alcanzó los 2,3 m3/s, equivalente a cerca del 30% del total utilizado en minería, mientras que el 70% restante correspondió a agua desalinizada. Desde el punto de vista técnico, se trata de una solución de aplicación específica, viable principalmente en operaciones cuyas condiciones de proceso permiten tolerar altas concentraciones de sales disueltas”, sostiene.
La especialista precisa que su uso es más viable en operaciones hidrometalúrgicas, mientras que en plantas concentradoras la salinidad puede afectar la eficiencia de la flotación y la recuperación metalúrgica. “Además, requiere diseños y tecnologías específicas, considerando selección de materiales, control de corrosión y configuraciones operacionales adaptadas, por lo que su implementación se concentra en faenas concebidas desde su diseño para operar con agua de mar directa. No constituye una solución universal para la minería, sino una alternativa técnicamente viable solo en ciertos tipos de faena”, expone.
PROS Y CONTRAS
1.500
Millones de dólares, aproximadamente, se están invirtiendo en la construcción del segundo sistema de impulsión de agua de mar en el proyecto Nueva Centinela. Es desarrollado bajo el modelo Build Own Operate Transfer (BOOT).
del Cobre (Cochilco), hace la siguiente proyección sobre ésta y otras opciones de abastecimiento hídrico para el rubro: “El agua de mar continuará ganando participación hasta consolidarse como la principal fuente de suministro hídrico del sector. Su aporte pasaría desde 40,7% del consumo total en 2024 a aproximadamente 67,6% en 2034, mientras que, en términos absolutos, su uso aumentaría desde 7,5 m³/s a 13,9 m³/s, un incremento cercano al 85,3%. Dentro de este total, el agua desalinizada concentraría cerca de tres cuartas partes del suministro marino hacia el final del período. La demanda de agua continental disminuiría desde 10,9 m³/s a 6,7 m³/s, reflejando la menor disponibilidad relativa del recurso en zonas con escasez hídrica estructural”
José Tomás Morel, gerente de Estudios del Consejo Minero, valora la experiencia acumulada con esta opción de abastecimiento hídrico por parte de Centinela, Antucoya y Sierra Gorda. De ahí que, sin pretender recoger todos los aprendizajes obtenidos, plantea que su ventaja principal, por sobre el empleo de agua desalada, “es el ahorro del costo de inversión y operación que implican las plantas desaladoras. Y la mayor desventaja es la corrosión de las tuberías y desgaste de las bombas, que obliga a mayores inversiones en conducción de agua. De este modo, como criterio básico de elección entre una y otra alternativa, podemos ver que es más probable el uso de agua de mar cruda en faenas menos alejadas de la costa, donde los costos en tuberías y bombeo son relativamente menores que los costos asociados a la planta de desalación, en comparación con faenas más distantes”
Asegura, asimismo, que antes que una empresa minera decida el uso de agua de mar cruda “deben testearse las recuperaciones metalúrgicas, que pueden variar entre yacimientos, siendo especialmente sensible la recuperación de molibdeno. En definitiva, como puede apreciarse, el uso de agua de mar cruda no es la mejor solución en todos los casos”
Resumiendo los beneficios del uso de agua de mar sin desalar, Claudia Arancibia detalla que “permite reducir la extracción de aguas continentales y evita los costos asociados a la desalación, lo que puede traducirse en menores requerimientos de inversión y operación en ciertos casos. Además, contribuye a diversificar la matriz hídrica en zonas con escasez de agua”. Luego reitera sus limitaciones de mayor relevancia: “Su aplicabilidad es restringida a ciertos procesos (principalmente hidrometalurgia), puede afectar el desempeño metalúrgico en concentración, y exige adaptaciones en diseño y operación debido a la corrosión, incrustaciones y compatibilidad de materiales. A esto se suman los costos energéticos asociados al transporte desde la costa hacia las faenas”, afirma.
SEGURIDAD A LA CARGA
Expertos proponen medidas para prevenir accidentes en el transporte de sustancias peligrosas como el ocurrido en febrero en Santiago.
Un reguero de muerte, destrucción y alarma pública. Eso y más dejó como saldo la explosión de un camión que transportaba gas licuado, el pasado 19 de febrero, en una autopista en la comuna de Renca, en Santiago.
El mortífero accidente reactivó las alertas sobre los riesgos del transporte de sustancias peligrosas en entornos urbanos.
A modo de diagnóstico de la realidad en Chile en este ámbito, Carlos López, gerente general de Chile Transporte –que agrupa a las grandes empresas que movilizan carga por carretera–, plantea que “desde el gremio observamos brechas estructurales en el transporte de sustancias peligro-
sas en nuestro país. Primero, existe una infraestructura vial insuficiente: falta señalización específica, zonas de descanso adecuadas y espacios segregados, lo que dificulta cumplir la normativa y aumenta los riesgos. También persisten condiciones operativas exigentes, como informalidad, presión por tiempos de entrega y una desalineación entre la normativa laboral y la operación real. Esto puede derivar en conductas de riesgo como exceso de velocidad o fatiga. A esto se suman debilidades en la fiscalización, con limitaciones en cobertura y efectividad, especialmente en control de velocidad y seguimiento”
Por último, el ejecutivo gremial asegura que “falta mayor corresponsabilidad en la cadena logística: los generadores de carga influyen directamente
Foto: Superintendencia del Medio Ambiente
en las condiciones de operación, pero no siempre están incorporados en las exigencias regulatorias”
Aunque señala la dificultad de hacer una evaluación global por no contar con toda la información necesaria, Ernst von Leyser, gerente del Grupo Polykarpo –que entre sus servicios ofrece el transporte de productos químicos–, sostiene que “las empresas de transporte de gas y otras sustancias peligrosas operan con altos estándares de cumplimiento y control de las variables críticas del proceso, tanto en la capacitación como en la selección y supervisión del personal”
No obstante, manifiesta que la normativa que regula el transporte de cargas peligrosas en Chile –el Decreto 298 de 1995– “está desactualizada en comparación con los estándares y controles que hoy aplica la industria química. Un ejemplo de ello es el trabajo desarrollado por Asiquim a través del Sistema de Homologación de Transporte Carretero (SHTC), herramienta que la propia industria ha implementado para resguardar la seguridad de las personas y del medio ambiente”.
MEDIDAS A APLICAR
En este contexto, en Polykarpo consideran fundamental avanzar en la actualización de la normativa y en un mayor control de esta actividad, alineándola con estándares internacionales, especialmente europeos.
“Desde el sector privado se han realizado esfuerzos en esta línea, incluyendo la implementación del SHTC y la presentación de propuestas al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, pero aún no se han concretado avances significativos”, lamenta Ernst von Leyser.
Asimismo, considera “importante reforzar la fiscalización en ruta y promover una mayor integración entre regulación, tecnología y cultura organizacional, de manera de asegurar que los estándares se apliquen de forma homogénea en toda la industria”
Por su parte, Enrique Calderón, jefe de la carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales de la Universidad Técnica
Federico Santa María, sede Viña del Mar, argumenta en una columna que “aunque Chile ha avanzado en institucionalidad de gestión del riesgo de desastres, el desafío pendiente es profundizar la integración de los riesgos tecnológicos -entre ellos, el transporte de sustancias peligrosas- dentro de una lógica verdaderamente preventiva, territorial y multisectorial”.
Al respecto, comenta que “los sistemas realmente seguros se construyen sobre múltiples capas de defensa: monitoreo operacional continuo, supervisión del transportista, gestión de fatiga y velocidad, planificación de rutas sensibles, fiscalización disuasiva y preparación territorial para emergencias tecnológicas”
Carlos López, en tanto, aboga por la aplicación de un enfoque integral. Enseguida, el gerente general de Chile
Transporte detalla algunas propuestas en ese sentido:
• Fortalecer la infraestructura vial con zonas de descanso, señalización especializada y espacios segregados.
• Avanzar en fiscalización inteligente mediante tecnologías como GPS, control automatizado de velocidad y trazabilidad, junto con una
Carlos López menciona las brechas estructurales en el transporte de productos peligrosos.
“Superamos el cumplimiento normativo para ofrecer una capa superior de seguridad en el transporte de sustancias peligrosas”, subraya Ernst von Leyser de Polykarpo.
mayor coordinación entre organismos.
• Impulsar un modelo de corresponsabilidad, incorporando activamente a los generadores de carga en las exigencias de seguridad.
• Reforzar la formación de conductores con capacitación especializada y estándares sectoriales.
• Implementar sistemas de evaluación del comportamiento en ruta para incentivar conductas seguras.
• Fortalecer la articulación público-privada para abordar de forma conjunta los desafíos estructurales del sector.
ALTOS ESTÁNDARES
Para graficar las medidas concretas que pueden adoptar las empresas para ofrecer un transporte más seguro, Ernst von Leyser comenta que la gestión de Polykarpo “se sustenta en los más altos estándares, integrando certificaciones ISO en calidad, medio ambiente, seguridad laboral y seguridad vial, lo que nos permite operar bajo un marco robusto de control y mejora continua”
Destaca, asimismo, el reconocimiento Nivel Oro entregado por TÜV Rheinland a su taller de mantenimiento y su adhesión, como socios de Asiquim, a estándares internacionales como Responsible Care y el SHTC, “superando el cumplimiento normativo para ofrecer una capa superior de seguridad en el transporte de sustancias peligrosas”, subraya.
El ejecutivo agrega: “Nuestro enfoque comienza con un riguroso proceso de selección de personal, basado en valores como la seguridad, el respeto, la integridad y el cuidado del entorno, incluyendo a clientes, transeúntes y otros usuarios de la vía. A ello se suma una capacitación continua que abarca evaluaciones médicas, conducción segura y comportamiento vial, donde el respeto por las normas -como los límites de velocidad- es un estándar intransable”
Asimismo, indica que otras acciones aplicadas por la empresa son: mantenimientos preventivos y programados en sus talleres en función de los kilómetros y horas de uso de los camiones, incorporación de herramientas de monitoreo y control que permiten gestionar variables críticas en tiempo real, y la conformación de una brigada de emergencia integrada por personal propio.
Con casi 31 mil visitantes y 550 expositores, Aquasur 2026 marcó récords como vitrina de soluciones sostenibles para la acuicultura.
La convocatoria más alta de su historia.
Con ese gran resultado cerró sus puertas Aquasur 2026, la feria acuícola más importante del hemisferio sur que una vez más se desarrolló en la comuna de Puerto Montt, en la región de Los Lagos.
Su XIII edición reunió a 30.959 visitantes, quienes pudieron conocer de cerca las soluciones e innovaciones presentadas por 550 expositores provenientes de 34 países en una superficie de unos 20 mil metros cuadrados.
“Esta fue, sin duda, la versión más importante en la historia de Aquasur. Tuvimos un 37% más de visitas que en la edición anterior, con un alto nivel de participación y calidad en los contenidos; contamos con la presencia del Presidente Kast en la inauguración, un hito para la feria que da cuenta de la relevancia que hoy tiene la acuicultu-
ra para el país; y el congreso internacional abordó los principales desafíos y oportunidades de esta industria”, destaca Francisco Sotomayor, CEO de GL events Chile y director ejecutivo de FISA, organizadora de la exhibición, que junto a sus eventos paralelos tuvieron en la sostenibilidad uno de sus principales focos.
Aquasur no solo fue una vitrina para la vanguardia tecnológica de la acuicultura, sino también un aporte al conocimiento y a la discusión en torno al rubro. De hecho, su congreso contó con seis paneles de conversación y 57 relatores de alto nivel, incluyendo científicos de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) y la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), el director general de Acuicultura del Ministerio de Comercio, Indus-
37% más de visitas registró Aquasur 2026 respecto a la versión de 2024.
tria y Pesca de Noruega, más otros investigadores de universidades chilenas y extranjeras. El evento se constituyó, además, en el epicentro de otros hitos para el rubro: albergó, por ejemplo, la primera sesión del Plan Salmón 2050, una hoja de ruta técnica y política para la sostenibilidad de la acuicultura, la protección ambiental y el bienestar social en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes.
Proterm marcó presencia con profesionales de alto nivel y servicios cada vez más diversificados.
Carlos Saul presentó las soluciones de AyT para monitorear la calidad del aire.
La puesta en escena de KSB fue ampliamente reconocida.
Muy visitado estuvo el espacio de Simtech durante los tres días de la feria.
Gasco dio a conocer sus innovaciones eficientes para la industria acuícola.
Ejecutivos y profesionales de Resiter destacaron sus soluciones para valorizar residuos.
Las bombas, válvulas y otros instrumentos de Soltex fueron protagonistas del evento.
Experiencia, innovación y confianza: las credenciales de Dilaco.
Los especialistas de ANAM relevaron las ventajas de sus análisis ambientales.
Rodrigo Rubio, Eduardo Rodríguez y Rosario Montenegro lideraron el stand de Neoelectra.
Una gran convocatoria tuvo la edición 2026 de Aquasur. La próxima versión será en 2028.
Los temas de energía siguen acaparando el protagonismo en los eventos ligados a la sostenibilidad. Y tendrán, por cierto, un lugar destacado en la próxima Exponor, la principal feria de 2026 en Chile. Te dejamos una reseña de esta exhibición y de otros encuentros.
Seminario sobre desalinización
“Estado actual y desafíos para la desalinización a nivel de cuenca” se denomina el seminario que realizará AIDIS Chile, el 15 de mayo, en Pullman Santiago Vitacura. Su propósito es presentar el estado actual y los nuevos desafíos de la desalinización en Chile, enfocándose en su uso compartido a nivel de cuenca. Se analizarán y discutirán los aspectos técnicos, legales, ambientales y económicos que se deben considerar para su exitosa implementación.
Reserva tu cupo en www.aidis.cl
XXIII Conferencia ElecGas
“Transición energética con foco en los clientes: seguridad, competitividad y precios en un sistema en transformación” es el eslogan de este evento a desarrollarse el 17 de junio en el hotel Best Western Premier Marina Las Condes. Su objetivo es consolidar un espacio de diálogo estratégico entre autoridades, empresas y expertos, abordando los desafíos de una transición energética que, junto con avanzar hacia una matriz más limpia, debe garantizar seguridad de suministro, precios competitivos y sostenibilidad en el largo plazo. Espera más de 200 participantes. Su sitio oficial es www.elecgas.cl
4ª cumbre del litio y energías
Con la organización de CIL Lithium y la Cámara Chileno-Suiza de Comercio, el evento reunirá en Santiago, el 22 de octubre de 2026, a actores públicos, privados e internacionales para potenciar la inversión, innovación y sostenibilidad en la economía del litio. La cita internacional se proyecta como una plataforma de continuidad para reunir a inversionistas, empresas y actores institucionales en torno a la economía del litio, las energías limpias y los desafíos de la transición energética.
Encuentro anual de las energías renovables y el almacenamiento
En el contexto de su 22° aniversario, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento está convocando a este tradicional evento bajo el lema “Acera: la batería renovable que Chile necesita”. La cita es el jueves 4 de junio, entre las 19 y 23 horas, en Metropolitan Santiago. Más antecedentes en www.acera.cl
Hyvolution Chile
Entre el 1 y el 3 de septiembre próximos, en el Metropolitan Santiago, el hidrógeno verde, las energías renovables y la eficiencia energética tendrán todo el foco de atención en este encuentro en vías de consolidación. Bajo el lema “Renovando el futuro energético de la industria”, la edición de este año buscará ampliar su alcance internacional, fortalecer la participación de nuevas tecnologías y soluciones, y consolidarse como una plataforma clave para abordar los desafíos de financiamiento, infraestructura y regulación que enfrenta la industria del hidrógeno verde en la región. Averigüe más en https://chile.hyvolution.com/
Exponor
Esta exhibición internacional de tecnologías e innovaciones para las industrias minera y energética nacional se efectuará nuevamente en Antofagasta, entre el 8 y 11 de junio. Contará con más de un millar de stands, ruedas de negocios con grandes compañías, tres jornadas de networking, seminarios con los temas más relevantes de la industria, charlas técnicas de expositores, visitas a faenas mineras y distintos espacios para innovadores y pymes del rubro. La organiza la Asociación de Industriales de Antofagasta. Información adicional en www. exponor.cl
Patricio Walker Huyghe
Cuenta Patricio Walker que, luego de sumar más de una década de experiencia en el sector público, en 2023 se integró a la consultora ECOS Chile como Profesional Senior, director de proyectos y asesor en evaluación, seguimiento y cumplimiento ambiental, con foco en recursos hídricos y gestión ambiental –áreas en las que se ha especializado– en industrias como minería, energía, acuicultura y sanitaria. Y este año asumió la Gerencia General “con énfasis en liderar la compañía en su estrategia de crecimiento sostenible e internacionalización”. En ese rol su foco es ampliar la cartera de clientes en los servicios que provee la compañía, “que van desde los estudios de prefactibilidad hasta el cumplimiento de las obligaciones ambientales de proyectos en ejecución, asegurando la excelencia técnica y generando valor para los clientes mediante una gestión estratégica e integrada del cumplimiento ambiental y social”, señala el Ingeniero Civil, mención en Medio Ambiente, de la U. Católica, con un magíster en Ciencias de la Ingeniería y otro en Gestión, Evaluación y Derecho Ambiental. Además, debe asegurar el fortalecimiento continuo de las capacidades internas en los equipos multidisciplinarios, junto con el desarrollo de metodologías y herramientas que permitan potenciar y ampliar el ámbito de acción de la consultora.
Con capacidad analítica y de trabajo colaborativo, a mediano plazo pretende seguir contribuyendo, desde ECOS Chile, a que los proyectos y operaciones se desarrollen con una lógica de convergencia entre el cumplimiento regulatorio y sus estrategias operacionales y de sostenibilidad. Añade: “En paralelo, buscaré abrir espacios para aportar en discusiones sobre mejoras a instrumentos, criterios y políticas públicas que fortalezcan la certeza y la protección ambiental”
En el sector público, Patricio Walker trabajó como especialista en recursos hídricos y evaluador en la Comisión Nacional de Medio Ambiente y en el Servicio de Evaluación Ambiental, y como fiscalizador en la Superintendencia del Medio Ambiente, donde finalmente asumió la jefatura de la sección de recursos hídricos y biodiversidad.
Con especial interés por la docencia y la divulgación técnica, además, ejerce como académico y participa de modo permanente en charlas, congresos y publicaciones.
PPablo Méndez Ortiz
or el camino del derecho ha transitado la vida profesional de Pablo Méndez, quien es abogado de la Universidad de Valparaíso, Máster en Derecho de New York University y Doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona.
Desde julio de 2022, como socio de TM Abogados, se encarga de la asesoría y defensa judicial de clientes en sus áreas de especialización: derecho público, medio ambiente y recursos naturales. También realiza asesorías en evaluación y planificación estratégica de proyectos de inversión, incluyendo apoyo en solicitud de permisos complejos (ambientales y sectoriales); y litigación en tribunales superiores de justicia y ambientales.
En lo inmediato, su foco está puesto en acompañar a clientes en la tramitación de proyectos, especialmente en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y en la obtención de permisos sectoriales. A mediano plazo, su objetivo “es fortalecer una práctica que se integre tempranamente en los proyectos, trabajando coordinadamente con equipos técnicos para ordenar la tramitación, acotar incertidumbre y mejorar la toma de decisiones. Y a largo plazo, mi desafío será consolidar una práctica especializada en proyectos complejos, capaz de aportar no solo en la resolución de problemas, sino en su prevención, contribuyendo a procesos más eficientes y predecibles”, explicita.
Pablo Méndez es, además, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Chile, participa constantemente en foros y conferencias en materia ambiental, y mantiene un seguimiento sistemático de la jurisprudencia y decisiones administrativas en materia ambiental para traducirlas en insumos útiles para la práctica profesional. Y ha desarrollado publicaciones en los ámbitos del derecho administrativo y regulatorio, varias de ellas vinculadas al funcionamiento del sistema ambiental.
Entre sus fortalezas destaca la capacidad “para trabajar con especialistas de otras áreas, sumándome como uno más del equipo; y para ordenar problemas complejos y traducirlos en ideas claras, algo importante en los contextos ambientales donde intervienen múltiples variables técnicas y jurídicas”, afirma.
Es una realidad incuestionable que las temperaturas y los eventos climáticos extremos han aumentado progresivamente a nivel global. En Chile podemos dar evidencia de eso, así como de una disminución persistente en el promedio de las lluvias. Esto genera trastornos de distinta índole que afectan tanto a las personas como a los ecosistemas y los sectores productivos. Por ejemplo, el cambio climático impacta severamente a la agroindustria, ya que el incremento en la frecuencia de sequías genera una disminución de la productividad y modificaciones en la estacionalidad de distintos cultivos. Un tema muy en boga que aborda el Especial de esta edición, sobre el que se debe estar informado y que nutre la primera parte del siguiente cuestionario. Basta de preámbulos y vamos al sistema de puntaje: con las 7 respuestas correctas usted queda en lo más alto del podio de este desafío intelectual; con 6 o 5 aciertos sigue estando en la élite; 4 buenas pueden significarle un tropiezo o una mejoría; pero con 3 o menos positivos no hay excusas para ponerse a estudiar. Llegó el momento de las preguntas:
1. ¿Qué porcentaje de la energía contratada por los clientes libres proviene de fuentes renovables?
2. ¿Cuántas plantas desaladoras operan actualmente en el sector minero?
3. ¿Qué permite el artículo 6 del Acuerdo de París?
4. ¿Qué usos se le dan hoy en día a la biomasa en nuestro país?
5. ¿Qué señales operacionales y cambios en su desempeño dan indicios de corrosión en un sistema de bombeo industrial?
6. ¿Cuál es el principal objetivo de la nueva norma de ruido para fuentes fijas?
7. Mencione las tres grandes faenas mineras que operan con agua de mar cruda en Chile.
Solución en página 94
WEG Sales Meeting 2026
WEG Chile realizó la 22ª edición de su WEG Sales Meeting, espacio clave para que su equipo de trabajo comparta experiencias y proyecte los desafíos que vienen. Durante la jornada revisaron las metas alcanzadas en 2025, analizaron oportunidades del mercado y alinearon sus perspectivas y objetivos para este año. Los colaboradores participaron en una charla motivacional que los invitó a reflexionar sobre la labor en equipo, el compromiso y la importancia de seguir creciendo juntos. El evento finalizó con un cóctel y una cena.
Aceros AZA inauguró centro de reciclaje en Puerto Montt
Aceros AZA, principal productor de acero y mayor reciclador de chatarra ferrosa del país, inauguró en Puerto Montt un nuevo centro de reciclaje, que contempla un plan de compra mensual de aproximadamente 1.500 toneladas de chatarra. La iniciativa busca ampliar la red de economía circular y contribuir activamente al desarrollo sostenible del sur de Chile. La compañía, que produce “acero verde” para la construcción a partir de la reutilización de chatarra industrial y domiciliaria, cuenta con otros tres centros de reciclaje regional: en Antofagasta, Concepción y Temuco.
Nuevo gerente general en Johnson Screens
Roberto Montiglio asumió como gerente general de Johnson Screens Chile -empresa líder mundial en filtros de aire-, encargándose de la operación completa en nuestro país, incluyendo las áreas comerciales y la fábrica ubicada en Lampa. El ejecutivo es ingeniero civil mecánico de la Universidad de Chile, con un postgrado en Marketing Industrial y un MBA Executive de la misma casa de estudios. Durante sus más de 24 años de experiencia ha liderado empresas en Chile y Brasil, atendiendo los mercados de minería, cemento, celulosa y papel.
Albemarle presentó inédito proyecto al SEIA
La empresa Albemarle ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) su proyecto “Transición hacia la extracción directa de litio (TED)”, el primero basado en esta tecnología emergente –que podría aumentar la recuperación del mineral en menos tiempo y reducir los impactos hídricos de esta industria– que inicia su tramitación ambiental en Chile. La compañía resaltó que esta iniciativa –que se emplazaría en la comuna de San Pedro de Atacama– busca avanzar hacia una producción más eficiente y sostenible en el Salar de Atacama.
Respuestas a ¿Cuánto Sabe Ud.?
1. Más del 70%, según registros de la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (Acenor).
2. Son 16, según información de Cochilco. Otras 8 están en distintos grados de desarrollo.
3. Permite la cooperación internacional para abordar el cambio climático y desbloquear el apoyo financiero a los países en desarrollo.
4. El 48% de la biomasa se destina a la generación de electricidad, mientras que el resto se distribuye entre los distintos sectores de consumo final, como industria, minería, comercial, público y residencial.
5. Por ejemplo, una disminución en la eficiencia de la bomba, que puede reflejarse en menor caudal debido al deterioro del impulsor o de las superficies internas.
6. Controlar mejor la contaminación acústica generada por actividades productivas, comerciales y recreacionales para proteger la salud de las personas.
7. Centinela, Antucoya (ambas operadas por Antofagasta Minerals) y Sierra Gorda.
APL: US$172 millones en ahorros para empresas participantes
Un reciente informe de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo corroboró que los acuerdos de producción limpia (APL) se han consolidado como una herramienta costo-efectiva para mejorar la productividad de las empresas, con resultados verificables en eficiencia, reducción de costos y gestión de riesgos. El reporte “Impactos y desafíos 2025: cómo las empresas avanzan en sostenibilidad y productividad en Chile”, entre el 2022 y 2025 los APL movilizaron más de US$33 millones en inversión y generaron ahorros privados por US$172 millones. En el mismo período se registraron reducciones superiores a 683 mil toneladas de CO2 equivalente y una disminución del 24% en el consumo de agua.
WOM habilitó puntos de reciclaje electrónico
WOM dio a conocer la implementación de un nuevo programa de reciclaje electrónico que marca un importante avance en su compromiso con la sostenibilidad: ahora, sus 165 tiendas a lo largo de Chile cuentan con puntos habilitados para recibir dispositivos electrónicos en desuso, como celulares, tablets, cargadores, audífonos, smartwatches, parlantes móviles e incluso consolas como Nintendo Switch. Quedan excluidos equipos de mayor tamaño como laptops o impresoras, así como aquellos que presenten baterías dañadas o reventadas.
Chilexpress, otra vez la empresa más sostenible del sector courier
Por sexto año consecutivo, Chilexpress obtuvo el primer lugar en la industria courier en el ranking Merco Responsabilidad ESG. Este estudio es uno de los más relevantes a nivel nacional para evaluar la gestión responsable de las empresas en los ámbitos ambiental, social y de gobierno corporativo. Entre los logros que lo hicieron posible están el cumplimiento de la meta de enviar cero residuos a rellenos sanitarios en toda su operación, la implementación de una estrategia de economía circular, y el despliegue de una flota eléctrica que ya supera los cinco millones de entregas en siete ciudades del país.
Codelco lanzó hoja de ruta de economía circular
Codelco anunció la consolidación de su hoja de ruta de economía circular, una estrategia integral con una meta ambiciosa: valorizar el 70% de sus residuos no peligrosos al año 2030. La iniciativa define 18 acciones concretas para alcanzar las metas de valorización de 2026. Esta cifra escala a 54 en la planificación para 2030. Las medidas se enfocan, sobre todo, en la gestión de los principales residuos no peligrosos generados por la Corporación, como son los neumáticos fuera de uso, los escombros originados en distintas etapas de las operaciones y los metales provenientes de chatarra e insumos desgastados.
Copec logró exigente certificación en gestión de residuos
Copec logró un hito clave en su estrategia Cero Residuos al 2029 al certificar la estación de servicio y tienda Pronto Copec de Pedro Fontova, en la comuna de Huechuraba (Santiago), bajo el estándar TRUE Zero Waste Certification, uno de los más exigentes a nivel global en gestión de residuos y economía circular. Se trata de la primera instalación en Chile en obtener este reconocimiento, el cual fue posible gracias a la implementación de un sistema de gestión de residuos integral y trazable, lo que le permitió llegar a una tasa de desvío de residuos de un 91,4%.
Syncore y Liberty impulsan
Syncore, empresa chilena de construcción y proyectos EPC que presta servicios a la gran minería, y Liberty Industrial, reconocida contratista internacional especializada en deconstrucción y remediación, anunciaron una alianza estratégica para ofrecer soluciones integradas llave en mano de cierre de minas y transformación de sitios en Chile. Los servicios abordarán la participación temprana del contratista (ECI), estudios de cierre de activos, desmantelamiento, deconstrucción, demolición, recuperación y reciclaje de recursos, remediación y rehabilitación.
Aguas Andinas www.aguasandinas.cl Tapa 2
Ambiental y Sectorial www.ambientalysectorial.cl 17
