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4. Solución al Problema de las Drogas (implementación muy baja
from A cinco años de la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz: Un balance independiente
by IEANPE
El Punto 3.4 estableció un conjunto de garantías de seguridad ,y si bien se estableció la ruta de protección colectiva con el Decreto 2078 de 2017 y 660 de 2018, los pueblos étnicos siguen siendo víctimas desproporcionadas de graves violaciones de derechos humanos. Según el equipo humanitario de las Naciones Unidas, en el 2021 el 67% de las víctimas de desplazamiento forzado masivo eran pertenecientes a pueblos étnicos (44.647 personas) y en cuanto a eventos de acciones armadas, el 56% eran afrocolombianos y el 11% indígenas (Infobae, 2021b). El Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios no ha sido desarrollado.
De esta manera, las salvaguardas del Capítulo Étnico relativas a las garantías de seguridad no se han cumplido. No solo no han sido desmantelados los grupos armados y criminales subsistentes al proceso de paz, sino que tanto su accionar como su diversificación han aumentado en los territorios étnicos del país. La Fiscalía General de la Nación no realizó las adecuaciones étnicas en el diseño y puesta en marcha de la Unidad Especial establecida en el Acuerdo de Paz, y tampoco ha cumplido con los indicadores étnicos del Plan Marco de Implementación (PMI). La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad no tiene un componente étnico y no ha sido formulada la Política de Garantías establecida.
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Durante la implementación del Capítulo Étnico, más de 137 alertas tempranas han sido inefectivas con respecto a la presencia de grupos armados en los territorios de comunidades étnicas emitidas por la Defensoría del Pueblo (Defensoría del Pueblo, 2020). Según esta entidad, entre noviembre de 2016 y abril de 2020, 163 líderes y lideresas sociales miembros de pueblos étnicos han sido asesinados (Defensoría del Pueblo 2020, citado en Procuraduría 2021, 662).
De ahí que, una de las principales conclusiones del informe de la Procuraduría General de la Nación es “que uno de los factores de riesgo de la implementación del Acuerdo de Paz es el recrudecimiento del conflicto armado en los territorios, la persistencia y el aumento en la siembra, producción y comercialización del cultivo de coca, asociado a la falta de garantías de seguridad para las comunidades y los territorios de los pueblos étnicos y a la presencia de grupos armados, la ausencia del Estado en los territorios, y la falta de adecuación y articulación institucional. El desmantelamiento y la lucha contra las organizaciones criminales son factores fundamentales para la implementación del Acuerdo Final” (Procuraduría 2021, 690).
El sur de Bolívar ha visto en las últimas semanas un aumento notable de la violencia y las consecuencias humanitarias en sus territorios (ver, por ejemplo, Cruz Roja 2021). Nada diferente a la situación del Pacífico colombiano, con crisis humanitarias recurrentes en Chocó y Nariño, entre otros.
Punto 4. Solución al Problema de las Drogas (implementación muy baja)
Con el propósito de encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluidos los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas, el Gobierno y las FARC-EP acordaron: programas de sustitución de cultivos de uso ilícito (Punto 4.1.); el Programas de Prevención del Consumo y Salud Pública (Punto 4.2.) y; Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos Punto 4.3).
Aunque un gran porcentaje de este problema está en los colonizados y despojados territorios étnicos, incluidos los colectivamente titulados este punto presenta serios y preocupantes rezagos:
No hay claridad en lo que reporta el Gobierno Nacional con relación a la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) ni sobre su requerida articulación con la Reforma Rural Integral. De hecho, lo que sí se sabe es que el Gobierno Nacional ha priorizado la erradicación forzada e impulsado el regreso de las fumigaciones. Mientras tanto, las condiciones de seguridad de las comunidades y territorios étnicos