Solidaridad

Solidaridad

Principio, relato y propuestas

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Solidaridad: un diagnóstico acertado El Líbero, 02.01.2017

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a caída del Muro de Berlín en 1989 fue el hito que marcó el derrumbe de los socialismos reales y el signo más patente del fracaso del proyecto de la izquierda revolucionaria del siglo XX. En nuestro país, que no escapó a la confrontación de la Guerra Fría, la defensa de la libertad fue el eje aglutinador de la derecha política contra el gobierno de Salvador Allende y, a la larga, el principal tronco de su programa político, tanto bajo Pinochet como durante los gobiernos de la Concertación.

Articulados bajo una lectura del principio de subsidiaridad que ha sido puesta en entredicho en los últimos años, el dominio técnico de un modelo económico exitoso en muchos ámbitos, la idea de mérito y la reducción del Estado, entre otras, siempre tuvieron como objetivo la defensa de la libertad. Al pararnos en el Chile del bicentenario, 30 años después del regreso a la democracia, podría pensarse que la derecha fue totalmente exitosa: el consumo se disparó y hoy personas como José Joaquín Brunner y Eugenio Tironi —íconos del “No” y de las luchas contra la dictadura— defienden la libertad económica con “uñas y dientes”.

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Sin embargo, desde la revolución pingüina en adelante algo estaba pasando, algo se estaba incubando, y empezaron a surgir dudas no desde la izquierda, sino desde el otro polo, acerca de la pura defensa de la libertad como ideal político. Es así que en torno a movimientos universitarios, en mi caso Solidaridad UC, se empezó a aglutinar un diagnóstico crítico de la mirada complaciente (y muchas veces estrecha) que había predominado en buena parte de la derecha durante los anteriores 30 años.

Varias cosas nos llevaron a eso.

En primer lugar, había una crítica a entender —o al menos, dar a entender— la realización humana desde un punto de vista puramente material y, por tanto, la constante inclinación a fijar el parámetro del éxito del desarrollo y de las políticas públicas únicamente en aquello que incrementa los resultados macroeconómicos. Obviamente, la utilidad de las herramientas técnicas es innegable, pero insuficiente por sí sola para conducir los anhelos e inquietudes que siempre están presentes en

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una sociedad. A diferencia de tractores y máquinas, los ciudadanos tenemos ciertas aspiraciones, en suma, un sentido de trascendencia, que nos orienta y nos mueve actuar. Aquí radica la imposibilidad casi patológica de la derecha para empatizar con los anhelos ciudadanos, y la obsesión de responder a ellos con cifras y resultados económicos.

Criticábamos, también, esa visión que reducía la libertad a aquello que Isaiah Berlin llamó libertad negativa, es decir, la libertad como sola ausencia de coerción externa. Nuestra vida social busca algo más que no ser oprimidos, y por ende, algo más que elegir entre distintos productos en el supermercado, o entre Fonasa e Isapre. Desde luego, esto es un avance respecto de los Estados totalitarios, pero está lejos de colmar nuestras expectativas o de ser apto para dotar de legitimidad a cualquier orden.

Por otra parte, no basta con vencer la opresión y contar con ciertos grados elementales de libertad para sentirnos parte de una misma comunidad. En sentido

estricto, si compartimos una empresa común es para participar en alguna medida de los beneficios que de ella se siguen.

Si bien la igualdad absoluta predicada por la izquierda es inverosímil y peligrosa, la respuesta desde una visión estrecha de la igualdad de oportunidades asume que la vida sólo depende del mérito, olvidando que las redes de apoyo y el desigual acceso a distintos bienes condicionan la posibilidad de surgir. Aún más, olvidan que la razón por la cual vivimos en sociedad es alcanzar y compartir bienes humanos que no se consiguen en soledad. ¿Si no participo de los bienes que produce mi comunidad, qué hago ahí? ¿Qué tengo en común con los otros? Tampoco buscamos ser iguales, pero es imprescindible que exista alguna razón que dé sentido a la diferencia de resultado. Esto lo olvidó demasiadas veces, en su discurso y en sus prácticas, la derecha de la transición.

La discusión, por ende, versa sobre los medios: ¿cómo reducir la desigualdad? La izquierda siem-

pre apela al estado. La derecha se ha dado cuenta de que ya no puede esgrimir como respuesta únicamente el mercado, porque el chorreo no llegó. El principio de solidaridad social nos lleva a complementar estos dos actores con la sociedad civil, en que los hombres libres se organizan y disponen para alcanzar bienes sociales. Es lo que comenzó a incubarse en la Universidad Católica y en otros lugares desde el año 2010; es lo que hoy entienden cada vez más actores públicos de este lado del espectro.

La izquierda tiene un fetiche con la Teletón, precisamente porque es una muestra de que la sociedad civil organizada puede lograr grandes empresas. Porque partimos de la base de que el Estado no lo puede todo y que los recursos son limitados. Solidaridad es orientar la libertad hacia bienes que van más allá de uno mismo, y por lo tanto no es una negación de la libertad social, es su complemento que permite sacar lo mejor de todos. No forzado, sino que libre y responsable. Al mismo tiempo, es el complemento para el

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Pensiones: Respuesta desde la Solidaridad La Segunda, 06.08.2016

discurso del mérito, porque incentiva la generación de las redes que son la base del desarrollo personal para auxiliar en la necesidad y no depender, únicamente, del Estado, posible presa de intereses partidarios.

Los nuevos tiempos han llevado a la derecha a entender, al fin, que la solidaridad no es expresión del populismo añejo de la izquierda, sino un elemento que nos protege de abandonar a cada uno a su suerte cuando llega la adversidad, alimentando los discursos que se nutren de la opresión. Esta es una buena noticia para Chile Vamos y para el país.

Antonio Correa Abogado PUC Académico U. de los Andes.

Director Ejecutivo, IdeaPaís

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a cantidad de aspectos técnicos que abriga la discusión sobre el sistema de pensiones, es quizás la razón por la que durante años no fuese posible comunicar el descontento y frustración acumulados, o siquiera formular un discurso que lo reflejara. Entre las entendibles dificultades que representan, por ejemplo, la dispersión de cotizaciones aportadas a múltiples entidades previsionales y las mermadas facultades recaudatorias de los órganos fiscalizadores, no puede perderse de vista una preocupación eminentemente humana: la jubilación por sí sola no alcanza para vivir.

Este problema golpea a la población de manera generalizada, pero parece calar más hondo en ciertos grupos que requieren respuestas urgentes.

El primero de ellos es, naturalmente, el de los adultos mayores. Tan dramática es su realidad, que 23% de ellos está obligado a trabajar para complementar su pensión; no por nada se ha instalado la necesidad de posponer la jubilación, pues el panorama después de una vida de trabajo no promete descan-

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so alguno: en promedio, las mujeres jubilan a los 65 años (no a los 60) y a los 69 los hombres (no a los 65). Esto hace imprescindible, entre otros, un cambio en el aporte estatal a la Pensión Básica Solidaria de Vejez destinado a los adultos mayores de los primeros quintiles, para aumentarlo del actual 38% del sueldo mínimo a, por lo menos, 70%.

Luego, están las mujeres, cuyo principal problema está en las lagunas previsionales. Debido a la inestabilidad laboral que sufren (trabajan 60% de su vida laboral), a la falta de corresponsabilidad en la familia (37% no trabaja para no descuidar el hogar y la crianza de los hijos, contra 2% de los hombres), a la informalidad generalizada de la fuerza del trabajo (uno de cada cinco trabajadores no cotiza) y a que viven más tiempo que los hombres (en promedio, hasta los 88 años), quedan en la desprotección más absoluta al jubilar con pensiones bajísimas. En esa línea, podría introducirse un sistema de aportes cruzados, por medio de los cuales los cónyuges contribuyan mutuamente con 50% de

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sus cotizaciones, por ejemplo, o un aumento gradual en la tasa de cotización de 10% a 15%, que sea de cargo de la trabajadora, de su empleador y del Estado.

Finalmente, están también los jóvenes. De aquellos más vulnerables entre los 20 y 24 años, 49% trabaja y 20% busca trabajo, lo que les impide acceder a estudios superiores y, consecuentemente, a sueldos altos que permitan cotizar más y asegurar mejores pensiones. Lo anterior se complica por el fenómeno de los NINI (no estudian ni trabajan), pues representan 65% de la juventud: retrasar su ingreso a la fuerza laboral, sin apoyarlo en el retorno que otorgan los estudios superiores, precariza su proyección en el sistema previsional y les impide asegurar mejores pensiones para el futuro. Para fomentar el empleo en los jóvenes, se puede trabajar en subsidios a los empleadores por su contratación y cotización, así como a los aportes que aquellos realicen por medio de Ahorro Previsional Voluntario.

Entre disquisiciones económicas y procedimentales, no puede ignorarse la fuente de esas discusiones: las pensiones no son dignas de una vejez humana. Basta de discursos refundacionales y conformistas: la respuesta a estas realidades no puede relegarse más. El momento de los cambios llegó y la inspiración más justa se encuentra en la solidaridad.

Cristián Stewart Abogado UC Coordinador Interno Construye Sociedad

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Metas Solidarias: una alternativa a los derechos sociales.

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os derechos sociales son bastante controvertidos, tanto en lo referente a su origen histórico, como también a su alcance conceptual y jurídico (especialmente, su pretendida justiciabilidad). No es este el lugar para explicar todas esas disquisiciones1. No obstante, es preciso afirmar que la noción de “derechos sociales” que se ha venido defendiendo de un tiempo a esta parte por los sectores predominantes en la izquierda chilena tiene dos notas fundamentales: la gratuidad y el monopolio —o al menos marcada preferencia— estatal en su provisión. El planteamiento es el siguiente: dado que ciertos bienes (educación, salud, previsión social, etc.) constituyen un componente mínimo del carácter de ciudadano, entonces estos deben atribuírsele a las personas como derechos inherentes y gratuitos, y el único capaz de proveer las prestaciones igualitarias que esos derechos exigen sería el Estado.

Esa reflexión tiene algo de cierta: todas las personas requieren ciertas seguridades para poder desplegar 1 El libro Propuestas Constitucionales del Centro de Estudios Públicos (CEP) permite una reflexión preliminar sobre estas materias, pues contrasta las miradas de diversos autores.

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sus potencialidades y desarrollarse como ser humano. ¿Cómo podría ser alguien arquitecto de su destino, si se debate diariamente con el miedo de no tener con qué comer cuándo envejezca o dónde atenderse si él o un ser querido padece una enfermedad? En simple: creer en la libertad supone que ella no sea un privilegio para ciertos sectores beneficiados. Es preciso asegurar ciertas condiciones mínimas para la vida digna, que permitan un piso común desde el cual pueda desplegarse la libertad.

Sin embargo, la fórmula para alcanzar ese anhelo no da lo mismo, y la propuesta de derechos sociales gratuitos y proveídos por el Estado tiene falencias profundas. Al hablar de “derechos” singulariza un debate que es eminentemente colectivo. Dicho de otro modo: acá no se trata de cómo cada uno reclama sus propios beneficios (asunto individual), sino de cómo se estructura el sistema en general para proveer las mejores condiciones posibles para todos, considerando que los requerimientos son múltiples y las capacidades siem-

pre limitadas. El “lenguaje de los derechos” simplifica algo sumamente complejo y transforma un asunto común —una deliberación política— en una relación particular. Además, asumir la gratuidad por definición implica cargar al Estado —y por ende a los contribuyentes— el financiamiento de las prestaciones sociales. Un mínimo de realismo obliga reconocer que los fondos con que cuenta el Estado para dicho propósito son limitados. Así, es un imperativo de justicia y de solidaridad dar prioridad a aquellos que tienen mayores necesidades y que no están en posición de proveerse por sí mismos sus condiciones mínimas de dignidad. La gratuidad universal desconoce dicha realidad y —como ha quedado en evidencia en el presente Gobierno— suele ser irreal y contraria a la sustentabilidad de los sistemas, perjudicando a las futuras generaciones.

Finalmente, el monopolio estatal desconoce la insuficiencia del Estado para hacerse cargo por sí solo de la provisión de las condiciones mínimas de la vida digna para todos. Por lo demás, no es deseable que sólo el Estado tenga

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este rol, pues la participación de los particulares incentiva el compromiso, la responsabilidad, la creatividad, la diversidad y la eficiencia, todos valores claves en el contexto de una sociedad civil cada vez más comprometida.

de la vida digna. De este modo, se deja espacio abierto a una reflexión realista y concreta, que busque conciliar las necesidades de la población con las capacidades financieras del momento. Y al mismo tiempo, se impone un deber constitucional de buscar En este contexto, proponemos las mejores condiciones posibles. la fórmula de las metas solidarias como una manera de em- Las metas solidarias no exclupatizar con el desafío de justicia yen necesariamente la gratuidad, social que subyace al necesario pero tampoco la suponen. ¿Qué aseguramiento de las condicio- quiere decir eso? Que depennes mínimas para la vida dig- derá de la deliberación realista na, ofreciendo un modelo rea- y concreta el estimar si es posilista y sustentable. El concepto ble o no brindar gratuidad a los de “meta constitucional” surge beneficiarios de una determinaen la Constitución alemana de da prestación, o bien deberán postguerra, como una manera éstos concurrir con parte de su de superar la sobreabundan- financiamiento. No hay dogmas cia de derechos sociales de la ni preconcepciones artificioConstitución de Weimar. Así, se sas. El cumplimiento de la meta establece una meta obligatoria exigirá evaluar cuáles son los al Estado para deliberar perió- requerimientos de los grupos dicamente acerca de cuáles son de mayor necesidad; cuáles son las condiciones sociales que re- los recursos disponibles; y de quiere toda persona. Dicha meta qué manera se concilian ambos no tiene un contenido concreto, aspectos, considerando la mulsino que es una delegación a los tiplicidad de necesidades que órganos representativos (en es- todo asunto colectivo involucra. pecial, al Parlamento) a llenar de contenido los requerimien- Finalmente, hablamos de metas tos de las condiciones mínimas “solidarias” pues su cumplimien-

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to no es algo que únicamente co- mover una sociedad civil comrresponda al Estado, sino más prometida, activa y solidariamenbien es un deber solidario de te responsable del bien común. la comunidad toda. Así, efectivamente el Estado –en cuanto Diego Schalper principal responsable del bien Sepúlveda común político– tendrá un rol Doctor (c), Universidad fundamental, pero no exclusivo. de Marburg (Alemania).

La solidaridad implica dos conLLM – Universidad Libre secuencias claves. Primero, que de Berlín (Alemania). los particulares en sus desempeños privados tienen responsabilidades asociadas a la generación de las condiciones mínimas de la vida digna (por ejemplo, en generar condiciones laborales adecuadas). Y segundo, que es perfectamente posible y, de hecho, deseable, que existan emprendimientos privados que colaboren en la provisión de las prestaciones sociales, pues de esa manera se benefician tanto los destinatarios como el sistema en general.

Las metas solidarias radican la discusión de la política social donde tiene que estar: en la deliberación política. Solo así se atiende adecuadamente a la sustentabilidad de las prestaciones sociales y se asegura una corresponsabilidad público-privada, la cual es indispensable para pro-

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Solidaridad y Subsidiaridad

La Segunda,18.05.2016

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unque no han faltado las críticas, el énfasis de la propuesta constitucional de Chile Vamos al complemento entre subsidiariedad y solidaridad es una excelente noticia. En nuestro medio, tanto partidarios como detractores suelen concebir a la subsidiariedad como sinónimo de Estado ausente o abstencionista. El motivo de este equívoco es objeto de controversia, pero Chile es de los pocos países en que el principio de subsidiariedad es comprendido de ese modo.

Dicha comprensión ha conducido al desprestigio de un criterio muy valioso. Como mostrara el libro “Subsidiariedad: más allá del Estado y del mercado” (IES, 2015), este principio se orienta, antes que todo, a proteger las competencias de las asociaciones humanas, descentralizar la toma de decisiones y promover la vitalidad de la sociedad civil. Constituye un límite natural a la acción del Estado, pero también puede propiciar su debida intervención. La subsidiariedad no se reduce a la sola esfera económica, y en ésta, por cierto, pugna con capitales demasiado concentrados o sujetos a grados de control insuficientes.

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Explicitar el complemento entre solidaridad y subsidiariedad contribuye a rescatar las dimensiones olvidadas de esta última.

Ello otorga mayor capacidad discursiva y táctica a la oposición, pues tiende a generar puentes con grupos que, rechazando la ideología del “Estado mínimo”, aprecian el significado original de la subsidiariedad (como la propuesta constitucional de la DC o los planteamientos de “Progresismo con progreso”). Lo principal, sin embargo, reside en el fondo del asunto: al enfatizar la naturaleza política —no sólo económica— de la subsidiariedad, y su necesaria vinculación con el bien público, es posible repensar una serie de instituciones y debates ineludibles en el presente.

Ello ocurre, por ejemplo, en materia de derechos sociales.

Como reconoce la propuesta de la oposición, rechazar una excesiva judicialización de la política no impide, en caso alguno, abogar con firmeza y seriedad por un mejor cumplimiento de los deberes sociales y del Estado. Tomarse en serio la relación entre solidaridad y subsidiariedad abre nuevas perspectivas,

y ellas nos ayudan a terminar con el falso dilema (que buscan instalar ciertas élites) entre un igualitarismo algo trasnochado y el viejo anhelo del laissez faire.

Claudio Alvarado Rojas Abogado – LLM, Universidad Católica.

Académico PUC – U. Andes Investigador IES

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Solidaridad

El Líbero, 06.12.2016

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do y desigual, hasta el punto que ya se ha vuelto un lugar común hablar de dos Chiles. Dos países que parecen llevar vidas completamente distintas y ajenas, que se refleja en la capacidad de acceso a la vivienda y oportunidades laborales, en el nivel de prestaciones de salud y educación, en el monto de las pensiones, entre otros, y que evidencian nuestro nivel de desintegración social.

La solidaridad, justamente, invita a sentirse parte de una comunidad y responsable del bien de los demás, aun cuando esto importe un sacrificio. Cada uno en diverso grado, sin duda, pero conscientes de que nuestras acciones (y omisiones) repercuten en el todo social. Desde luego, sería una utopía pretender revivir la filia aristotélica en las complejas sociedad contemporáneas, pero eso no impide reparar en los factores que dificultan esa unidad. Entre otros elementos, vivimos en un país sumamente segrega-

Los altos niveles de desigualdad inevitablemente tienden a distanciarnos, no sólo en términos materiales, sino también simbólicos (nuestros intereses, demandas, preocupaciones, perspectivas futuras parecen ir por caminos muy separados), hasta el punto que se hace cada vez más difícil reconocernos como parte de una comunidad por la que estemos dispuestos a responder.

Las consecuencias de esta dislocación social pueden ser nefastas: en condiciones de desintegración las conductas anómicas —es decir, que suponen una desviación o ruptura de las normas sociales— brotan con mayor frecuencia, lo que tiene como expresiones habituales la violencia,

omo cada año desde 1978, la Teletón superó otra vez la meta de recaudación. La campaña ya se ha transformado en un ícono de solidaridad entre los chilenos, logrando financiar los programas de rehabilitación a miles de niños en situación de discapacidad. Esto pareciera ser, sin embargo, una excepción en medio de un contexto de falta de solidaridad entendida no sólo como virtud moral, sino sobre todo como principio de constitución social, que hoy parece afectar a Chile. La sensación de malestar que se percibe en el ambiente tiene múltiples causas, pero entre ellas no cabe descartar la falta de cohesión, de ese sentimiento de unidad basado en metas o intereses comunes sobre los cuáles se funda una sociedad.

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la corrupción y la desconfianza.

En contextos modernos, la cohesión social se ha convertido en un desafío cada vez más complejo, por lo que no existen soluciones unívocas. No obstante, su necesidad exige repensar algunos de los aspectos de nuestro actual modelo de desarrollo. Entre ellos, el problema de la distribución equitativa de ciertos bienes, recursos y oportunidades básicas, que tanto el mercado como el Estado se han revelado incapaces de asegurar por sí solos, y que son necesarios para el despliegue de las capacidades personales y para una adecuada participación en los distintos ámbitos de la vida social. En definitiva, urge generar espacios de encuentro, vínculos de reciprocidad y bienes compartidos que nos permitan lograr una vida en común, base necesaria para una verdadera solidaridad, de la que la Teletón es una muestra notable.

Catalina Siles Investigadora IES

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¿Qué es el Estado Solidario?

El Demócrata, 18.05.2016

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n plena discusión sobre la legitimidad y viabilidad del proceso constituyente, a Chile Vamos se le ocurrió meter más pelos en la sopa: irrumpió en el debate señalando que no participará en el proceso anunciado por el Gobierno y que su propuesta constitucional considerará la existencia de un Estado Solidario. Sin duda, lo primero ha dado mucho material para debates varios, por lo que no vale la pena seguir profundizando ahí; mientras que lo segundo, ha fruncido más de un ceño en señal de incomprensión.

Después de todo, ¿qué es esto del Estado Solidario?

Como principio del orden social, es muy aclaratoria la manera en que Joseph Ratzinger, más conocido como Benedicto XVI, se refiere a la solidaridad: “El principio de subsidiaridad debe mantenerse íntimamente unido al principio de la solidaridad y viceversa, porque así como la subsidiaridad sin la solidaridad desemboca en el particularismo social, también es cierto que la solidaridad sin la subsidiaridad acabaría en el asistencialismo que humilla al necesitado”. Para ponerlo en términos de la discusión actual: la subsidiariedad que consagra nuestro ordenamiento constitucional no puede entenderse

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por sí sola, por el riesgo de segregar a los distintos miembros de la sociedad en su realidad particular, pero para ello no es necesario sacar todo de un paraguazo y reemplazarlo por un igualitarismo castrante, sino generar un justo complemento que rescate y promueva la dignidad de las personas. Así, la engañosa polarización que estamos acostumbrados a escuchar, ignora las dimensiones en las que un Estado puede encarnar el carácter de solidario.

Porque, sí, es necesario que el ordenamiento jurídico consagre la libertad de las personas, pero esa libertad debe ser una posibilidad para todos y no una mera ilusión; sí, es escandaloso el nivel de desigualdad que sufrimos, para para hacerle frente no hace falta arrasar con todo; y sí, el Estado debe estar presente en la vida de las personas, pero no de una manera que ahogue la individualidad y responsabilidad de cada uno.

Por ello, se espera de un Estado Solidario, entre otras, la promoción de la libertad de las personas y su responsabilidad individual, en un contexto de justicia social que permita que sea ejer-

cida por todos; el fomento de políticas públicas que permitan que la vida en familia sea sustentable y real, en vez de una excepción; la extensión de las redes asistenciales que permitan que todos los chilenos reciban una salud adecuada y pensiones dignas; que la relación entre empleadores y trabajadores sea justa y equilibrada, sobre la base de que ambos aportan, cada uno en lo suyo, al desarrollo de la empresa y del contexto que la rodea. Al final, una institucionalidad que refleje que en la vida en comunidad todos somos responsables de todos, y no la consagración de que cada uno se salva solo.

Con todo, el carácter solidario de una organización estatal no se agota en disquisiciones abstractas, sino que se manifiesta en concreto en la vida de las personas, particularmente en favor de los excluidos. Un caso perfectible que se encuentra en nuestra legislación, es el del pilar solidario del sistema de ahorro previsional, que es el que provee el Estado para sustentar los ahorros que las personas generan durante toda su vida; o el

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“Nie ma wolnosci bez Solidarnosci” (No hay libertad sin solidaridad) El Pulso, 15.03.2016 aporte solidario que el mismo realiza en el seguro de cesantía, que se suma a los aportes que trabajadores y empleadores cotizan, para complementar lo que reciben quienes menos tienen para subsistir. ¿Seremos capaces de promover e imitar políticas públicas en esta línea? La intrusión de conceptos de este calibre suele generar incomodidad en nuestro debate público. Acostumbrados a las oposiciones entre más Estado y más Mercado, entre igualdad y libertad, y entre Estado de bienestar y Estado ausente, nos cuesta asimilar nuevos contenidos que se mueven en la escala de grises. Por el enriquecimiento de una discusión que pide a gritos ideas nuevas, se agradece que la solidaridad sea ahora parte de las posibilidades.

Ignacio Guzmán Abogado UC / Secretario General, Construye Sociedad.

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No hay libertad sin Solidaridad”, fue el lema de aquellos polacos que desde un pequeño puerto del norte del país dieron el primer paso que finalmente terminó con la caída del Muro de Berlín y de la Cortina de Hierro, hace poco más de 25 años. No fue la guerra, ni el poder político, tampoco fueron las empresas o los grandes títulos universitarios los que dieron la fuerza al humilde electricista Lech Walesa para congregar a más de 10 millones de polacos en un sindicato -Solidaridad- que desafió al mundo entero.

El concepto fue la solidaridad. Palabra que se utiliza cotidianamente y que hasta el más humilde de los civiles la comprende, de buena o mala manera, pero la entiende. ¿Qué lecciones podemos sacar de este concepto, y proceso histórico, para el Chile de hoy? Nuestro país vive momentos cada vez más tensos, donde la desconfianza y la pérdida de cohesión social nos dividen día a día. Hemos levantado muros que segregan, muros en salud, en

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vivienda, educación, muros que nos hacen ver distintos a los que estamos de un lado o de otro.

La ciudadanía desprecia a los políticos, los empleados a sus empleadores, los automovilistas a los ciclistas, los agricultores a los indígenas, los estudiantes a sus profesores, los de regiones a los santiaguinos, y viceversa.

Por otro lado, nos hemos ido acostumbrando a vernos y a ver al resto como un consumidor. Uno indignado que exige con fuerza, y para el cual la ley del ojo por ojo es una máxima de vida. Gritamos en las calles por más derechos y al mismo tiempo limitamos cada vez más los deberes ciudadanos.

Por último, en el mundo político hay muchos que todavía insisten en intentar responder a los problemas sociales con un mapa que se escribió en la Guerra Fría y que tiene básicamente dos derroteros: Más mercado (o libertades individuales) o más Estado.

La caída del Muro de Berlín no fue el triunfo de los norteamericanos sobre los rusos, o el triunfo de la libertad sobre el colectivismo, sino que la victoria de la solidaridad por sobre el individualismo y el marxismo. Victoria que radicó en algo que el sindicato polaco entendió muy bien: el hombre es un ser social por naturaleza y requiere de redes de apoyo muy fuertes para alcanzar su máximo potencial.

Así, fue el fortalecimiento de las instituciones de la sociedad civil y de los cuerpos intermedios lo que puso contra las cuerdas a la URSS. Fueron las ideas de comunidad, fraternidad, trascendencia y colaboración las que dieron proyección a este movimiento.

En este mismo sentido, es común escuchar que las isapres llaman a nuestros hijos “cargas” o que las empresas designan a sus colaboradores como “recursos humanos”. Es común también que pasemos años viviendo en un edificio y no conozcamos a nuestros vecinos, o que trabajemos en el mismo El movimiento liderado por escritorio con alguien de quien Lech Walesa nos ayudó a enapenas sabemos su nombre. tender que la única forma de

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compatibilizar los conceptos de justicia con el de libertad está en la solidaridad. Que no se trata de libertad y justicia, sino que más bien de libertad con justicia.

Hoy, estas reflexiones tienen total validez y entregan perspectivas de futuro para muchos problemas sociales. En Chile, muchos hablan de libertad como la gran bandera de lucha, pero si esa libertad es privilegio de unos pocos, rápidamente esta se devalúa.

Tal como lo ha venido manifestando el escritor Mauricio Rojas, la libertad supone que todos podamos ejercerla realmente y que no sea solo una declaración teórica. “La libertad de leer libros es más una burla que una posibilidad para quien nunca tuvo la oportunidad de aprender a leer, la libertad de información queda reducida a muy poco cuando no se tiene la formación mínima que se requiere para procesarla, y la libertad de circulación no es más que una parodia cuando la delincuencia se apropia de nuestras calles o la falta de medios de transporte adecuados la hacen, de hecho,

imposible o sumamente costosa”.

Por su parte, la equidad no puede ser fruto de estatismos asfixiantes que homogenizan la sociedad y anulan la diversidad y la libertad, pues devienen en un igualitarismo que a veces puede rozar lo totalitario. Las personas se resisten al dirigismo estatal, porque en último término contradice su capacidad de crear, de ser responsables de su propia vida, de relacionarse y de resolver sus problemas.

El todavía joven concepto de la solidaridad nos brinda la clave para superar este dilema. Una libertad solidaria es aquella que no se encierra en sí misma, sino que se hace responsable de los demás. Se eleva por sobre el propio interés. Derrota al individualismo egoísta y asocial desde un impulso propio, y no como consecuencia de la coacción estatal.

Invita a relacionarse y a formar vínculos familiares y comunitarios. Y desde ahí construye el tejido social que otorga una efectiva y sustentable respuesta a las problemáticas sociales.

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El Revolucionario de la Solidaridad El Líbero, 08.02.2016

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l último revolucionario del siglo XX, como ha llamado un importante banco de la plaza al carismático líder sindical polaco Lech Walesa, visitará nuestro país como invitado estelar a una instancia donde compartirá con autoridades e intelectuales sobre la situación actual de nuestro país.

Sin duda, este es un buen pretexto para adentrarse en el legado de este ciudadano que, desde su posición de electricista y con una cuota de fuerte liderazgo y mucho sacrifico, logró un movimiento ciudadano que terminó doblándole la mano al comunismo.

El desafío es grande, pero la historia nos enseña. Debemos ser capaces de leer los nuevos escenarios con mayor profundidad y no quedarnos solo en ideas con olor a naftalina. Hacer un buen diagnóstico es el primer paso para enfrentar un problema.

Nicolás León Ross.

Ingeniero Comercial UC Ex Director Ejecutivo IdeaPaís.

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Walesa entra en la arena política en oposición a un gobierno que prohibía la asociación libre de trabajadores y que, además, tenía a los empleados en pésimas condiciones laborales y humanas. Atentados contra los derechos humanos, precarias condiciones para ejercer el trabajo, inseguridad, malos salarios y condicionantes sociales que eran paradójicas para un gobierno comunista que prometía la dictadura del proletariado eran algunas de las condiciones que imperaban.

Con este contexto, presionando y con múltiples manifestaciones de trabajadores que reclamaban

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libertad y mayor dignidad, Walesa, juntos a otros, decidieron organizarse en torno a la solidaridad. Como puede verse en algunos relatos, este concepto refería a aquella forma de entender una lucha en la cual “toda la gente se unía por algo”. Una propuesta potente que muestra que unidos por causas nobles se pueden obtener, tal como lo muestra la historia, resultados que parecen inimaginables.

miembros del movimiento Solidaridad, no libres de represión, encarcelamientos y un sacrificio que tuvo costos familiares, laborales y políticos. El mismo éxito que este grupo se había ganado, siendo el primer sindicato libre del bloque soviético, llevó a que en 1981, con las presiones de la URSS, se dictara una ley marcial que termina con más de 250 líderes de oposición muertos y cerca de 10.000 presos políticos, entre los que se cuenAsí, los miembros de Solidari- tan los 11 meses de reclusión dad, bajo el carismático lide- que tuvo que sortear Walesa. razgo de Walesa, empezaron a posicionarse como opositores Pero fue este período tras las real régimen comunista con una jas el que lo llevó a las máximas propuesta que le hace sentido a tribunas mundiales. Una fuerte la clase trabajadora a través de la campaña internacional por parte crítica a la opresión y, apoyados de la resistencia polaca, y en estambién, por un grupo de inte- pecial de Danuta Walesa, su mulectuales que permitía dar el paso jer, donde se mostraban los abudesde malestar hacia una coordi- sos contra los derechos humanos nación que pudiera decantar en que realizaba el régimen, termiuna verdadera propuesta política na decantando en que, en 1983 a coherente, siendo así una organi- Walesa, y con eso a todo el sindización donde cada uno cumplía cato Solidaridad, se le reconoce con su rol de manera coordinada. con el premio nobel de la paz.

Así, la historia de Walesa llega a Fueron bastantes años de lucha su auge cuando logra, con más sindical y de oposición los que del 70% de los votos, erigirse tuvieron que llevar a cuestas los como el primer presidente de la

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era democrática en Polonia. Sin dudas un logro sin precedentes que es la piedra final de un largo proceso de lucha contra la injusticia del régimen comunista.

Con un sello característico, en el que destacaba su simpleza y autenticidad -que ciertamente lo han inmiscuido en ciertas polémicas-, su sencillez que lo lleva a volver a trabajar como electricista luego de haber sido presidente, tal como fue su vida anteriormente, o gracias a su característico ímpetu que lo hace ser un líder vigoroso que no está dispuesto a callarse las injusticias, nos muestran una personalidad política de la cual tenemos mucho que aprender para encontrar luces a la crisis de representación que tenemos hoy en día.

Pero más aún podemos aprender de la propuesta política que logró plasmar mostrando que es posible erigir un discurso basado en la libertad, pero que al mismo tiempo tenga una fuerte preocupación por las injusticias y la dignidad de todas las personas. La solución a esto se encuentra desde la solidaridad,

como respuesta mediante la cual es posible construir grandes empresas comunes donde las personas, libremente, se alineen para dar respuesta a las crisis sociales que hoy vivimos.

El motor del éxito de la propuesta de Walesa a través de Solidaridad se funda en el hambre por lograr una verdadera libertad y condiciones de justicia para todos sus compañeros, trabajadores y ciudadanos de Polonia, donde, desde la genuina y activa preocupación del otro, la libre asociatividad, el trabajo gradual y el diálogo, la legítima capacidad de manifestación y presión ciudadana, y el hecho de estar dando la pelea por batallas que tienen sentido y valen la pena, terminan con cambios que logran doblarle la mano a la historia. Sin duda un estilo que pese a su distancia histórica, está más actual que nunca para dar respuesta al malestar político que hoy reina en nuestro país.

Cristóbal Ruiz Tagle Ingeniero Civil UC Ex Director de Estudios IdeaPaís.

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Un Estado Solidario para Chile ChileB, 24.12.2015

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hile necesita un Estado auténticamente solidario. Uno capaz de superar proactiva y satisfactoriamente los polos opuestos que han gobernado la discusión los últimos años, donde el contrapunto entre “Estado subsidiario” y “Estado social” aparecen como algo que debe vencerse prontamente. No existe tal contraposición entre la libertad y la justicia, sino más bien un complemento. Pues un “Estado subsidiario” que descansa en la primacía de la responsabilidad propia sin hacerse cargo de generar condiciones adecuadas para su real posibilidad, deviene rápidamente en libertades “de papel”, sólo ejercibles por mínimos sectores de la ciudadanía.

No basta con afirmar la libertad a los cinco vientos, si ésta es un privilegio y no un piso esencial capaz de cumplir la “promesa subsidiaria”. Una “subsidiaridad indiferente” decepciona a las mayorías y hace inviable la convivencia común, pues nadie está dispuesto a construir amistad colectiva cuando los fundamentos de la misma se viven de modo tan distinto entre los diferentes grupos de la sociedad.

Por su parte, un “Estado social” que busca generar condiciones de mayor justicia e integración social a costa de las libertades y generando una amplia

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burocracia estatal, prontamente deviene en un asistencialismo que achata la iniciativa propia y genera una dependencia que destruye el emprendimiento, la innovación y la creatividad. Una cosa es la legítima aspiración de igualdad y justicia sobre las base de bienes comunes para todos.

Pero algo muy distinto es que eso implique una hegemonía del Estado en la provisión de dichos bienes. Y más aún si esa hegemonía implica homogenización e igualitarismo, no reconociendo y valorando la diversidad de ideas, proyectos y grupos sociales, que descansan precisamente en la distinta valoración y ejercicio que se hace de la libertad.

Un Estado solidario parte de la base de un complemento entre subsidiaridad y rol social. Cree en la primacía de la persona humana y fomenta su responsabilidad personal, su emprendimiento y su asociatividad. Y precisamente para eso le asigna al Estado un rol proactivo en generar las condiciones sociales que permitan a todos ejercer la libertad en la realidad. Ese deber social lo asume el Estado mediante la tria-

da virtuosa de la subsidiaridad: trabajo, familia y comunidad.

Generar condiciones de trabajo adecuadas y construir un sistema de seguridad social eficiente es la base del Estado solidario, pues solo con empleos estables y buenas condiciones laborales puede exigirse responsabilidad personal (idea central de la libertad).

Luego, el Estado debe fortalecer el primer entorno de apoyo: la familia. Ese imperativo político exige medidas del Estado solidario en diversos ámbitos (laborales, previsionales, de salud, tributarios, etc.), pues solo así se hace efectiva la prioridad de la crianza de los niños y el sustento familiar como base del tejido social.

Y tercero: el Estado debe vigorizar la comunidad con un trabajo fuertemente social-subsidiario: favoreciendo la asociatividad antes que el asistencialismo; construyendo espacios públicos de comunión y colaboración; viabilizando líneas de trabajo público-privadas; e interviniendo directamente solo habiendo agotado los esfuerzos por hacer prevalecer el esfuerzo comunitario.

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Estado Solidario (III): Fernando Atria, igualitarismo y derechos sociales El Mostrador, 31.05.2016 Estas líneas generales exigen ser complementadas en futuras reflexiones (por ejemplo: este Estado solidario tiene inevitablemente un compromiso con un desarrollo regional equilibrado, con una democracia institucional de partidos y con una responsabilidad estatal para con el crecimiento económico, sin contar el deber de las familias de aportar solidariamente con recursos y trabajo al mantenimiento de los bienes comunes).

Pero por lo pronto, baste con dejar planteado el anhelo profundo del Estado solidario, que podría resumirse en el esfuerzo porque todos y cada uno tengan las condiciones necesarias para ejercer su libertad y, desde ahí, responsabilizarse con el desarrollo solidario de Chile.

Diego Schalper Sepúlveda, Coordinador Político Construye Sociedad.

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Por qué pensar en un Estado solidario? Por de pronto, porque los más pobres y vulnerables, cuyas necesidades debieran ser prioridad, no ocupan un lugar ni medianamente destacado en la agenda pública. ¿Y por qué sucede esto? En buena parte, por la influencia de ciertas ideas y corrientes de opinión, como la ideología del “Estado mínimo” criticada en la columna anterior1. Sin embargo, sería un error pensar que la solución es promover un Estado omnicomprensivo o algún igualitarismo de viejo cuño. Es lo que explicamos en el capítulo de Los invisibles2 que sustenta esta serie de columnas: en materia de bienestar social la autoridad pública tiene mucho que decir, pero no de cualquier manera.

Se trata de un asunto relevante, en especial por el auge de la discusión en torno a los derechos sociales.

Un punto de referencia acá ha sido el trabajo de Fernando Atria, quien busca avanzar hacia un nuevo género de relación colectiva— y si alguien cree que 1

http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/05/13/estado-solidario-ii-kaiser-nozick-y-el-estado-minimo/

2

http://www.ieschile.cl/wp-content/uploads/2015/10/Los-invisibles.CAlvarado.ok_.pdf

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exageramos, haría bien en revisar Neoliberalismo con rostro humano-. Para Atria, “el bienestar de cada uno es responsabilidad de todos”, “una deuda recíproca, de todos los ciudadanos respecto de todos los ciudadanos”.

Por eso habría que acabar con la “hegemonía neoliberal” y dar paso a un régimen de derechos sociales, caracterizado por transferencias y garantías universales.

Aunque a ratos los planteamientos de Atria se apoyan en situaciones de hecho difíciles de refutar (ciertamente hay “un Chile” de clínicas, consultas y colegios; y “otro” de hospitales, consultorios y escuelas), su articulación no está exenta de dificultades. Quizás ellas se originan en su peculiar comprensión de la realización humana como una tarea recíproca. Piénsese en la manera en que naturalmente se desenvuelven las relaciones humanas: otorgar igual peso o consideración a los intereses de cada persona en todos los casos resulta tan inviable como insensato. En rigor, al evaluar criterios de justicia indagamos qué exige esta de personas específicas en

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su trato con otros, y esto depende en gran medida de una compleja red de vínculos de interdependencia, actual y potencial. ¿Qué permite suponer, entonces, que todos somos igualmente responsables de los demás miembros de la comunidad?

Llegados aquí, es útil reparar en un ejemplo dado por Atria en su último libro, Derechos sociales y educación: un nuevo paradigma de lo público. Ahí el profesor de Derecho recurre a la quiebra, con vistas a mostrar en qué sentido él propone “un modo alternativo de enfrentar la escasez”.

En su opinión, “afirmar que algo es un derecho social no implica sostener que no es escaso, sino que, como aquello que es escaso es parte del contenido de la ciudadanía, su distribución debe ser igualitaria entre todos los que tienen derecho”. Es lo que reflejaría la quiebra: cuando un deudor incurre en cesación de pagos la ley establece un concurso de acreedores, asegurando un pago a todos los interesados.

Según Atria, ese sería precisamente el modelo a seguir en una comunidad política: un ré-

gimen que, ante la escasez, “ga- cias de justicia en ningún caso rantice igualitariamente a todos” anulan las libertades y responla satisfacción de sus derechos. sabilidades de personas, familias y asociaciones. Por otra parte, y El problema es que, tal como pre- tal como afirma Finnis, “los criviene el filósofo australiano John terios razonables para valorar la Finnis, no es casual que la quie- justicia distributiva no generan bra sea una de las pocas ocasio- un único modelo de distribución nes en que la ley mandata la divi- (ni siquiera un conjunto determisión formal de un fondo común. nable de modelos) en el que toConviene notar, en efecto, que el dos los hombres razonables estaprocedimiento de quiebras, a la rían obligados a concordar” (Ley vez que trata como bienes comu- Natural y Derechos Naturales). nes los derechos de los acreedores, limita rigurosamente -por Con todo, hay una dimensión razones obvias- la libertad del de la quiebra que sí contribuye deudor caído en cesación de pa- a entender el papel del Estado gos. La pregunta cae de cajón: ¿es en estas materias. En la quiedeseable (y factible) apuntar a un bra, como es sabido, se recurre modelo de relación social basa- a varios criterios al dividir la do en un único régimen y que, propiedad del deudor -recuérademás, restringe a tal nivel la dense los diferentes privilegios iniciativa personal? ¿Es el acree- y preferencias-, pero uno de dor caído en cesación de pagos esos criterios suele primar a el estándar a partir del cual cabe todo evento: la necesidad. No es organizar la vida en común? casual, por ejemplo, que se excluyan ciertos bienes del fondo Atria no lo advierte, pero los común, como las herramientas mismos motivos por los que el de trabajo de quien cayó en inprocedimiento de quiebras es ex- solvencia. Tampoco es fortuito cepcional permiten comprender que se otorgue preferencia a las por qué dicho procedimiento no remuneraciones de los depensirve como ícono de relación co- dientes del deudor. Antes de la lectiva. Por un lado, las exigen- división del acervo la ley recono-

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PRÓXIMOS PROYECTOS ce las necesidades básicas del fallido y sus trabajadores, y esto es muy sintomático del rol que corresponde a la autoridad pública.

a ayudar a todos por igual, pero si hay un ámbito en el cual debe intervenir (en serio), ese es precisamente el de las necesidades básicas insatisfechas. Y dado que -si consideramos pobreza y vulnerabilidad- esta es la realidad de al menos un tercio de la población nacional, urge repensar variadas instituciones y dinámicas sociales3.

En efecto, la justicia distributiva depende en primer orden de ciudadanos y agrupaciones (es lo que, paradójicamente, pierden de vista los paladines del “Estado mínimo”); pero ello no significa que la autoridad este exenta de responsabilidades, ni menos de No hacerlo, a fin de cuentas, fijar prioridades (y esto último sería tan problemático como es lo que ignora Atria). Así como seguir la propuesta de Atria. en la quiebra, el Estado está llamado a promover y resguardar Claudio Alvarado un nivel de vida adecuado, que Investigador IES permita a cada persona cubrir al menos sus necesidades básicas.

Si estas no son satisfechas, ser protagonista y artífice del propio destino (¿habrá que decirlo?) tiende a hacerse imposible.

Todo lo anterior puede resumirse diciendo que el papel del Estado es tan indispensable como subsidiario. Pero a diferencia de lo que muchos han creído en Chile -esto no pasa en otros lugares-, subsidiariedad y solidahttp://www.elmostrador.cl/noticias/ ridad van de la mano. El Estado 3 pais/2016/05/04/estado-solidario-i-nuestra-pono está llamado a hacer todo ni breza/

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Libro conclusivo, Encuentro sobre Política y Solidaridad (1er Semestre 2017) Idea País

Encuentro sobre política y solidaridad En el contexto del día de la Solidaridad, el Centro de Impacto Público IdeaPaís y el Movimiento Político Construye Sociedad realizaron el seminario de reflexión llamado "Solidaridad y Desarrolo Humano". En él participaron académicos cercanos al mundo socialcristiano junto a reconocidos políticos como Mario Desbordes y Camilo Escalona.

De las cosas que más llamaron la atención a los asistentes fue el fuerte contraste que se observó entre los panelistas Daniel Mansuy y Joaquín García-Huidobro con lo que expuso el reconocido analista político e Histórico militante de la UDI Gonzalo Cordero.

Los principales puntos de desencuentro fueron si diagnóstico sobre la situación actual del país, la posibilidad de articular una respuesta política desde la Solidaridad y qué tipo de principios políticos debían primar, siendo para los primeros la justicia y para Cordero la libertad.

En suma, el debate recogió las actuales tensiones que hace un tiempo viene generando el mundo socialcristiano y que tiene incómodo a algunos grupos de Chile Vamos.

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Libro Desarrollo Humano y Solidario: Nuevas Ideas para Chile Viernes 10 de marzo.

11:30 hrs. ex Congreso Nacional.

Ex ministros trabajan en propuesta presidencial El trabajo de este equipo lo plasmarán en un libro:"Propuestas para un Chile más humano y solidario".

Revista Que Pasa, 04.03.2016 Las doce áreas que abordará la iniciativa son las siguientes: → Seguridad Social y Tercera Edad: Cristóbal Ruiz Tagle, ex Director de Estudios IdeaPaís. → Salud mental: Matías Correa y Álvaro Jeria, Médicos Psiquiatras, Hospital Sótero del Río. → Economía: José Ignacio Llodrá, investigador CLAPES UC. → Educación inicial: Sebastián González, ex jefe de Gabinete SEREMI Educación, VI Región. → Inserción laboral de la mujer y los jóvenes: Ignacia López, Directora Centro Derecho Laboral A.G. → Familia y Natalidad como problema político: Catalina Siles, investigadora IES. → Sustentabilidad ambiental: Manuel José Barros, ex jefe de Gabinete Subsecretario Medioambiente. → Participación política: Daniel Rebolledo, sociólogo UC → Espacios públicos y ciudad: Francisco León, Arquitecto. → Derechos Humanos: Tomás Henríquez, Director ONG Comunidad y Justicia. → Seguridad ciudadana y reinserción penal: Sebastián Valenzuela, ex Jefe de Reinserción Penal. → Nueva Constitución: Claudio Alvarado, Investigador IES.

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