Consecuencias de un acceso limitado a la educación de calidad:

Capacidad limitada de obtener y comprender información esencial (política, social, cultural, sexual…)

El desempleo es de 2 a 4 veces mayor entre quienes tienen un nivel muy bajo de educación con respecto a quienes han tenido mejor formación.

Baja autoestima, que puede llevar al aislamiento

Dificultades de la población para comprender los derechos, obligaciones, los procesos cívicos y comunitarios

Atraso en el desarrollo científico y tecnológico del país

Una mayor propensión a accidentes en el trabajo y desconocimiento del nivel de salud y los recursos para mejorarlo

Si los jóvenes tuvieran acceso a una educación de calidad que les habilite para aportar creativa y críticamente al desarrollo inclusivo de los países, a una inserción social y laboral de calidad. Sin embargo, ante la falta de oportunidades, gran parte de estos jóvenes opta por migrar. De los 18 millones de personas menores de 17 años que viven en la región centroamericana, cerca de 7 millones (37,7%) viven en Guatemala. El imperativo más grande que tiene Guatemala es ocuparse hoy de estos niños y jóvenes que están en edad escolar, para cambiar el futuro de ellos, el de su país y la región

Derecho a la educación

La Constitución Política de la República de Guatemala establece la educación como un derecho y obliga al Estado a proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna. En la sección cuarta de la constitución, artículos 71 al 81, establece las obligaciones del Estado. Entre otros mandatos, destacando:

Que los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, primaria y básica, dentro de los límites de edad que fije la ley; que la educación impartida por el Estado es gratuita y establece la obligación al Estado de proveer y promover becas y créditos educativos

El norte de Centroamérica, pero particularmente Guatemala, requiere hacer una profunda revisión de sus políticas educativas; desde una perspectiva intersectorial y sistémica orientada a disminuir brechas educativas a partir de desigualdades económicas, sociales, territoriales, culturales y de género, entre otras, que permita aprovechar el bono demográfico para sentar las bases de un desarrollo inclusivo, robusto y sostenido que no deje a nadie atrás