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Arturo Palma Carro

para atender las necesidades de la población, para mejorar el medio ambiente, para proveer una mejor y más rentable agricultura y, en general, propiciar el desarrollo. Hay que buscar la oportunidad de encontrar los recursos y la manera de ejercerlos eficaz y eficientemente.

Debemos ser capaces de contrarrestar los factores que obstaculizan el desarrollo del sector. La solución al problema hídrico está tanto en construir nueva infraestructura como en el cambio de políticas públicas para su operación. Pero lo más urgente: hay necesidad de fortalecer a las instituciones del agua. Debemos pensar si una dependencia que está supeditada a otras áreas es suficientemente fuerte para poder cumplir con sus responsabilidades. Debemos pensar si se debe subir a la Conagua a nivel de secretaría de Estado.

Los organismos operadores de México

ARTURO PALMA CARRO Ingeniero civil con maestría ejecutiva en Administración pública. Más de 30 años de experiencia como empresario en los sectores hídrico, de infraestructura y ambiental; desde 2011 es director general de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero. Es presidente del Consejo Directivo de la ANEAS.

Sin planeación no habría mejoras en los sistemas de agua en el país. Según el artículo 115 constitucional, desde 1983 la prestación de los servicios de agua y saneamiento corresponde a los municipios; no se les dio la debida asistencia técnica, y por ello no ha sido la transición más conveniente. Es necesario trabajar de la mano los tres niveles de gobierno y promover la profesionalización de los organismos operadores, pero debemos concentrarnos en cómo vamos a mejorarlo. Solamente con la participación de la sociedad podremos lograrlo.

La Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento tiene 37 años de historia; está conformada por más de 500 organismos operadores y comisiones estatales que en conjunto dan servicio de agua y saneamiento a más de 100 millones de mexicanos. Trabajamos con los tres órdenes del gobierno con el único objetivo de brindar los servicios de agua y saneamiento a la población, promoviendo la planeación y el seguimiento de programas y proyectos para poder cumplir con este anhelado derecho humano al agua.

En la actualidad, existen 3,500 prestadores de servicios, 672 organismos operadores formales, 1,500 organismos descentralizados, 1,329 comités rurales y ejidales o de usos y costumbres; también existen 31 comisiones estatales responsables de coordinar las acciones en materia hídrica en las entidades federativas.

Es necesario que fortalezcamos al sector. Necesitamos que al menos otros 500 organismos centralizados, que son una oficina más de la presidencia municipal, los transformemos en descentralizados.

Los prestadores de servicio se pueden clasificar de acuerdo con la población atendida. Se estima que el 80% de los organismos estatales son eficientes, en contraste con el 2% de los organismos paramunicipales, que son los que alcanzan la eficiencia.

Sin duda el eslabón más débil es el municipio, y es en el que recae, de acuerdo con el artículo 115 constitucional, la obligación de prestar los servicios. El 80% de los organismos atiende a poblaciones menores de 100 mil habitantes. Tenemos varios casos de éxito de organismos grandes, pequeños y medianos: Tecate, Monterrey, León... pero la mayoría de los organismos operadores son financieramente insostenibles. El costo de producción del agua y el servicio de alcantarillado y saneamiento es superior a las tarifas, y existen sistemas, como el Cutzamala, a los que se le subsidia la energía. Debemos centrarnos de apoyar a los pequeños organismos operadores que no cuentan con el subsidio y requieren inversiones urgentes para poder seguir operando.

No estamos pidiendo que solamente los subsidien: queremos que todos los organismos operadores sean autosuficientes; de ahí la importancia de planear para fortalecerlos. Los costos operativos, como energía eléctrica, químicos y gasolina, se incrementan constantemente, mientras las tarifas se mantienen. Y si se suman las cargas financieras con las bajas eficiencias comerciales de los organismos, éstos no cuentan con recursos para realizar mantenimiento, rehabilitación, reposición, modernización de infraestructura, el reúso y el incremento de eficiencias. Por la misma razón, no tenemos un servicio continuo. No se cobra ni siquiera lo que se tiene autorizado.

Debemos despolitizar el sector. Son los congresos locales los que autorizan las tarifas y son los mismos que piden el voto; entonces, necesitamos crear órganos externos consultivos, técnicos, que sean los que fijen de una manera técnica la tarifa para que al menos cubra los costos de operación.

El costo promedio nacional del servicio doméstico para el usuario es cercano a los 19 pesos por metro cúbico, mientras que la tarifa que tenemos autorizada es de 14 pesos. El cobro real por metro cúbico es de solamente 3.3 pesos. Esto es debido mucho a las bajas eficiencias físicas y comerciales.

Necesitamos crear una cultura del pago. Que sea como la CFE, como la televisión de paga, como el agua embotellada: que la gente que reciba un buen servicio, pague el agua. Debemos contar con las inversiones necesarias para garantizar la cobertura universal, lo cual requiere que demos agua hoy.

Es importante mencionar que, entre todos los organismos en el ámbito nacional, recaudamos unos 47,000 millones de

pesos, mientras que la venta de botellas de agua está arriba de los 63,000 millones de pesos. Necesitamos crear políticas públicas, un marco normativo que fortalezca al sector, y más ahora que todas las inversiones vienen a la baja.

Las ciudades crecen y sus demandas también. Es necesario garantizar las asignaciones de agua; hay que encontrar nuevas fuentes de abastecimiento y atender las infraestructuras que, por su antigüedad, necesitan mantenimiento y reposición. No todo es recurso económico; como ingenieros, necesitamos planear para ejercer los recursos económicos de la mejor manera.

Es indispensable contar con un presupuesto adecuado para lograr el tan anhelado derecho humano al agua. En los últimos años, la inversión en el sector ha disminuido más de 70%, y se requieren presupuestos acordes a las necesidades del país. De acuerdo con el BID, la inversión recomendada en México para 2020 representaría 72,762 millones de pesos, pero sólo se invirtieron 6,938 millones (sólo el 0.03% en relación con el PIB), 11 veces menos.

Si consideramos un costo promedio de $17,000 por habitantes para poder dotar de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, solamente para atender el crecimiento de la población anual en el país necesitamos 24,000 millones de pesos. Nuestro presupuesto anual, contemplando la Conagua, la Sedatu, todas las instituciones federales, estatales, municipales, suma cerca de los 7,000 millones de pesos, cuando lo requerido total es de 78,000 millones.

Informes de la Unesco detallan que por cada peso invertido en agua y saneamiento se ahorran entre 3 y 7 pesos en salud. En el mundo mueren más de 3 millones y medio de personas anualmente debido a problemas con la calidad del agua. Es necesario fortalecer los ingresos de los organismos municipales a través de incrementar la recaudación. Es por eso que la actualización constante es el factor clave para la eficiencia de las áreas comerciales.

Tenemos casos exitosos: Sapal, en León; Agua y Drenaje en Monterrey; La Piedad, un organismo más pequeño. ¿Y cómo lo han logrado? ¿Cómo se han podido fortalecer? Pues, obviamente, fue a través de consejos de administración, con participación de la sociedad, algo vital para mejorar este servicio.

Debe favorecerse la eficiencia en la administración del agua a través de la innovación y las prácticas administrativas, de operación, de producción, distribución y manejo al usuario. Introducir una gestión profesional, estratégica de los mandos que garanticen la eficiencia en las diversas tareas de administración y en la operación del servicio, que se exprese en una empresa con un estándar de eficiencia general.

Es imprescindible garantizar la continuidad de proyectos, directrices a largo plazo, dando continuidad y lógica administrativa al sistema de agua potable, aun a pesar de los cambios de gobierno. En la toma de decisiones del organismo operador se debe reducir de manera importante el factor político-electoral, que limita y en ocasiones distorsiona la lógica administrativa y de los puestos de los mandos.

Se requiere la incorporación de nuevas tecnologías de operación y administración para la gestión del sistema. Es importante cambiar a nuevos sistemas de gestión. La profesionalización del trabajador, el manejo de habilidades, la capacitación y eficiencia se convierten en factores clave para lograr los objetivos del organismo operador.

Estamos convencidos en la ANEAS de que la participación de todos los actores: organismos, sociedad, gobierno, empresas… es necesaria para lograr una gobernanza efectiva del agua. En las últimas fechas se han incrementado los conflictos por no considerar la factibilidad social de obras de infraestructura hídrica; es necesario socializar los costos-beneficios de cada una de ellas, con el objetivo de que las autoridades puedan realizar proyectos exitosos y viables.

Se está platicando acerca de mejorar, de subir los estándares. ¿Quién no quiere más y mejor agua, y dejar un medio ambiente más adecuado para nuestros hijos, para las futuras generaciones? Por supuesto que todos estamos a favor de esto. Pero hay que ser muy responsables con este tema: una cosa es legislar desde una oficina, y otra cosa acompañar.

Los recientes cambios de gobierno: 15 gobernadores, más de 500 legisladores, 1,925 presidentes municipales, 30 legislaturas estatales deben considerarse una oportunidad de transformación. Otra manera de fortalecer a los organismos operadores es que se cuente con el personal capacitado al frente de ellos. Hemos visto grandes avances en los organismos estatales que tienen continuidad de gestión con un mismo personal capacitado. Recordemos que, en promedio, en los organismos municipales cada presidente municipal tiene dos directores. Gracias a que en los organismos estatales es mayor el lapso en la que están estos directores es que se logra esta continuidad, es que se han logrado avances.

El tema del agua es de seguridad nacional, sin ninguna duda. Es urgente una reestructuración en el sector de agua potable y saneamiento. Es importante conseguir las inversiones, ser más creativos en ello, aunque las inversiones vengan a la baja. Las necesidades las tenemos detectadas; necesitamos dedicarnos para encontrar unir financiamiento con las necesidades para lograr autosustentabilidad, para poder llevar a cabo estas inversiones.

Debemos contar con un marco normativo que nos permita tener organismos sustentables, que nos permita cuidar mejor el medio ambiente. Necesitamos reglamentar el artículo 4° constitucional para garantizar el derecho humano al agua. Tenemos una ley actual que poco se aplica, que poco se toma en cuenta, que ni siquiera tiene un reglamento.

Los derechos humanos al agua y al saneamiento no existen aislados uno del otro, y menos de los otros derechos humanos. La buena gestión del agua y la gobernanza son fundamentales. El agua debe ser considerada como un tema